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Libertad a las personas detenidas: buscan atacar el derecho a la protesta

⚖ Por la arbitrariedad de las detenciones queda de manifiesto que forma parte de una persecución política y ataque a la libertad de expresión y el derecho de protesta.

📝 El pedido de la fiscalía, de indagatoria y detención, enumera a todas las personas detenidas y las circunstancias que lo justificarían de manera absolutamente genérica, cargadas de una condena política. Deberían describirse persona a persona y con detalle -y referencia a pruebas concretas- las razones para privar de la libertad a las personas. La Justicia está actuando no en función de elementos objetivos del caso y respetando las normas procesales, sino en respuesta a una presión expresa del gobierno. Legalmente, en lugar de atribuir conductas delictivas concretas, como exigen las garantías penales, se describe un contexto general y tendencioso, sin distinguir casos ni precisar prueba.

❌ Todos los organismos estatales involucrados están avanzando con una absoluta falta de transparencia, antidemocráticamente. El Ministerio de Seguridad que dio las órdenes de reprimir y que en la causa penal se presentó como querellante; la Policía, en la calle; la Fiscalía, solicitando las detenciones en base a tuits de un organismo que no existe en el organigrama estatal. Ahora es momento de que la Jueza Federal Servini de Cubría se expida rápidamente. Durante las primeras 24hs después de detenidas las personas, los funcionarios responsables negaron su paradero a familiares y organismos de derechos humanos. No respondieron al pedido de información, lo que contradice la defensa del orden democrático y constitucional.

⚖ Exigimos el cierre de la causa que lleva el fiscal Stornelli y que se encuentra en manos de la jueza Servini de Cubría. Debe dictar excarcelaciones para que todas las personas sean inmediatamente puestas en libertad y poner fin a estas criminalizaciones sin ningún tipo de pruebas a personas que ejercían pacíficamente su derecho a la protesta.

Repudio a la condena contra el abogado Alberto Nallar

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) expresan su más enérgico repudio y denuncia ante la condena judicial del abogado Alberto Nallar, por su labor en defensa del derecho a la protesta de miembros de comunidades indígenas y de otros colectivos en contra de la reforma constitucional aprobada y sancionada el pasado 20 de junio en la provincia de Jujuy. La condena a un abogado por defender los derechos humanos de la ciudadanía jujeña es una escalada más de las instituciones de esa provincia en contra de la vigencia de un estado democrático de derecho.

Alberto Nallar ha sido condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva, se le impuso una multa de 7 millones de pesos y se le inhabilitó para ejercer su profesión, todo ello bajo acusaciones de instigación a cometer delitos, incitación a la violencia y motín. Estas acusaciones carecen de fundamentos, tanto fácticos como legales sólidos.

La condena de Alberto Nallar es una violación grave a la libertad de expresión, el derecho a peticionar a las autoridades y la defensa de los derechos de lxs manifestantes en una sociedad democrática. Exigimos la revisión inmediata de esta sentencia y la protección de los defensores de derechos humanos en Jujuy y en todo el país. La criminalización judicial de lxs abogadxs defensores de derechos humanos y socioambientales contradice explícitamente lo dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando se pronunció para que el gobierno jujeño garantice el derechos a la protesta en lugar de limitarlo. Lamentamos que el gobierno provincial haya impulsado estas acusaciones infundadas y que el poder judicial jujeño haya avalado este pedido, demostrando una vez más su falta de imparcialidad y su incumplimiento de sus deberes de control.

La Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas apoya el pedido de organizaciones en el compromiso de informar sobre esta situación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instancias que han reclamado en reiteradas ocasiones por la no criminalización de manifestantes en Jujuy y en otras partes del mundo.

Nos solidarizamos con Alberto Nallar y todas las personas que luchan por la justicia social y ambiental a lo largo de todo el país. La lucha por los derechos humanos y la justicia no puede ser criminalizada ni silenciada.

Comunidades indígenas de la Provincia de Jujuy y organizaciones de la sociedad civil impulsan acciones por la nulidad de la reforma constitucional

Llega el Tercer Malón de la Paz a la Ciudad de Buenos Aires en rechazo a la reforma constitucional en Jujuy. Más de 60 comunidades indígenas de la provincia y distintas organizaciones y expertos impulsan una acción de inconstitucionalidad para que la reforma se anule. En este marco, el lunes 31 de julio y martes 1 de agosto estarán realizando distintas actividades en el Congreso Nacional junto a legisladores y legisladoras, representantes de diferentes fuerzas políticas y de organismos de derechos humanos. También han solicitado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación los reciba en una audiencia.

Entre el lunes y el martes, comunidades indígenas integrantes del Tercer Malón de la Paz llegarán a Buenos Aires para exigir la declaración de inconstitucionalidad de la reforma aprobada y sancionada el pasado 20 de junio, entre otros reclamos. La movilización da continuidad a las manifestaciones que las comunidades indígenas vienen llevando adelante, junto a otros actores sociales, en distintos puntos de la provincia de Jujuy desde hace más de 40 días.

En este contexto, más de 60 comunidades indígenas junto a organizaciones de sociedad civil presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Jujuy contra la Constitución provincial. Solicitaron, además, una medida cautelar con el fin de que se suspenda la aplicación de dicha constitución hasta que se dicte sentencia, teniendo en cuenta los daños potencialmente irreversibles que su aplicación puede ocasionar hasta entonces. Esta medida cautelar ya fue rechazada por la justicia jujeña, con lo cual organizaciones y comunidades interpusieron un recurso por el modo irregular de su dictado y por los argumentos meramente formales que se indicaron para justificar su denegación. Este accionar suma un nuevo obstáculo en el acceso a la justicia solicitado por las comunidades y las organizaciones.

Acción de inconstitucionalidad de la reforma

Días atrás,más de 60 comunidades indígenas de la Provincia de Jujuy y organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y ENDEPA, presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Jujuy una acción de inconstitucionalidad. Destacados expertos ya han presentado Amicus Curiae en la causa, y hay organizaciones y especialistas que se incorporarán a la acción en los próximos días.

La acción presentada tiene como objeto la declaración de la nulidad e inconstitucionalidad de la Constitución de la Provincia de Jujuy (sancionada por la Convención Constituyente el 20 de junio de 2023) y de la Ley Nº 6.302 que declaró la necesidad de la reforma parcial de la Constitución provincial.

Para el caso de que esto no suceda, las partes solicitan que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de determinados artículos que han excedido el mandato constituyente, al fijar prohibiciones a la protesta social y legislar vulnerando principios ambientales vigentes.

A su vez, organizaciones y comunidades solicitaron una medida cautelar a efectos de que se suspenda la aplicación de la Constitución de la Provincia de Jujuy reformada hasta tanto se dicte sentencia en la presente acción de inconstitucionalidad. Como respuesta al rechazo de esta medida, por parte de la justicia jujeña, organizaciones y comunidades recurrieron la decisión por el daño que puede ocasionar la aplicación de la constitución cuestionada. Entre otros, se destaca que podrían dictarse leyes en su consecuencia, que produzcan daño y normas inválidas. Además, la resolución fue dictada por un único juez, cuando una resolución de tales características debe ser decidida por el Tribunal en pleno (conformado por nueve jueces), o –en última instancia- mediante la integración de la Sala Contenciosa Administrativa.

¿Qué está pasando en Jujuy?

El pasado 15 de junio la Asamblea Constituyente de la provincia de Jujuy aprobó un texto constitucional que viola derechos garantizados en la Constitución de la Nación Argentina, tanto por su proceso como por su contenido. Este proceso, que requería de una discusión amplia, plural y transparente, se llevó adelante en menos de tres semanas entre la elección de los constituyentes y la aprobación del texto. La reforma constitucional de la provincia de Jujuy violó los derechos de acceso a la información, la participación ciudadana y la consulta previa libre e informada a pueblos indígenas. Tampoco aseguró que las personas defensoras ambientales tuvieran un espacio adecuado para el ejercicio de sus derechos.

Las manifestaciones públicas de comunidades y pueblos indígenas, movimientos sociales, sindicales y políticos de esa provincia, continuaron durante más de 40 días posteriores a la aprobación y tuvieron como respuesta intervenciones represivas por parte de la policía de la provincia en los distintos focos de protesta social. Durante las semanas siguientes se llevaron adelante allanamientos y detenciones arbitrarias, con indicios de hostigamiento y dilaciones no justificadas. La intimidación a comunidades y miembros de la sociedad civil continúan a la fecha.

Acción de Inconstitucionalidad y otros materiales de prensa

Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales (ANDHES)

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas – Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE)

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)

AMAI Asociacion de Mujeres Abogadas Indígenas

Amnistía Internacional Argentina

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Consciente Colectivo

Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA)

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

Servicio Paz y Justicia de Argentina (SERPAJ)

Repudio a la violación masiva de derechos humanos y democráticos en Jujuy

Desde la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) repudiamos la violación masiva de derechos humanos y ambientales que está sucediendo en Jujuy. En los últimos días, hemos visto cómo el gobierno de Gerardo Morales ha llevado a cabo una serie de acciones planificadas contra las personas, líderes de organizaciones sindicales y de comunidades indígenas que están ejerciendo el derecho a la protesta contra la sanción de una reforma de la constitución inconsulta y que afecta sus derechos, incluyendo:

Allanamientos a domicilios particulares y centros de trabajo, con nulo control por parte de los juzgados de garantías,
Más de 20 detenciones arbitrarias e inmediatas de docentes, sindicalistas, referentes/as de comunidades indígenas y ciudadanos
Detención a abogados/as defensores de manifestantes criminalizados
Violación del derecho a la protesta
Persecución política a líderes de organizaciones y comunidades indígenas
Presencia de la policía en la universidad, con amenazas de represión a los estudiantes
Detención de un profesor de la Universidad Nacional de Jujuy
Amenaza del gobierno de expropiar la sede de la UBA en Tilcara

Las movilizaciones sociales comenzaron a raíz de la aprobación durante la noche del jueves 15 de una reforma constitucional con una absoluta irregularidad en el procedimiento. No se respetó el derecho a la consulta, ni se respetaron los plazos previstos, ni permitieron la participación de distintos sectores sociales. El procedimiento es incompatible con los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados y a participar en asuntos que les afectan de manera directa. Tampoco se tuvieron en cuenta los detalles de los artículos que modifican el derecho a la protesta de organizaciones sociales, estudiantiles, políticas, sindicales y de trabajadores/as.

Todas estas acciones se dan en rechazo a la aprobación de una reforma constitucional que, desoyendo los legítimos reclamos populares, intenta aprobarse a espaldas del pueblo. A su vez, pretende sostenerse en el ejercicio de un poder ilegítimo pese a que cada vez más localidades, por medio de sus concejos deliberantes o comisiones municipales, han rechazado esta reforma. Esto incluye, hasta ahora, a los departamentos de Purmamarca, Humahuaca, Maimará, Tilcara, Abra Pampa, La Quiaca, Cochinoca, Rinconada, El Aguilar, Puesto del Marqués y Libertador General San Martín.

El Gobierno está utilizando el poder estatal para silenciar las movilizaciones y acciones legítimas en una sociedad democrática contra la reforma constitucional. Estas acciones, sumadas a todas las registradas desde el inicio de la movilización social, constituyen una violación masiva de los derechos humanos y del consenso democrático por parte del gobierno de Jujuy. Este objetivo fue anunciado por el Fiscal del Estado (que anunció que había más de 100 causas), el Ministro de Seguridad y el Procurador General de la provincia, que detallaron los pasos que iban a seguir para criminalizar a las personas que pudieron identificar como participantes de las protestas. El gobierno provincial se ha querellado en todas las causas abiertas, ha solicitado la unificación de todas las causas en dos grandes causas y está buscando estrategias jurídicas para lograr las penas más altas posibles para los/as manifestantes.

Se conoció también la información de que se libraron órdenes de detención para varios abogados y abogadas que en las últimas semanas defendieron a manifestantes criminalizados/as y/o hicieron presentaciones judiciales en contra de la reforma constitucional. Se los acusa del delito de sedición. Al menos uno de ellos (el Dr. Alberto Nallar) ya fue detenido. Esto constituye una escalada represiva de extrema gravedad en tanto se apunta a defensoras y defensores de los derechos humanos y se obstaculiza el derecho de defensa de los otros criminalizados. Esto se encuentra también en clara violación del Acuerdo de Escazú, ratificado por la Argentina y que protege a los defensores y defensoras ambientales en el territorio.

Instamos al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, tanto a nivel provincial como nacional, a cumplir con las normas fundamentales del Estado de Derecho. En particular, como lo expresó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a “respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respeten los derechos sindicales y de los pueblos originarios.”

El gobierno de Gerardo Morales debe cesar inmediatamente las represiones, respetar los derechos humanos de la población y dar espacio a los reclamos populares. A su vez, debe tomar las medidas necesarias para dejar sin efecto la reforma inconstitucional que su gobierno llevó a cabo.

Exigimos al gobierno de Gerardo Morales que cese inmediatamente las represiones, respete los derechos humanos de la población y de espacio a los reclamos populares para que se dé marcha atrás con la reforma inconstitucional que su gobierno intenta llevar a cabo.

*Foto de portada: Julia Carrizo

Rechazo ante la represión en Andalgala y el avance de la megaminería

Ante la brutal represión ejercida por las fuerzas de seguridad de Catamarca

Ante la brutal represión ejercida por las fuerzas de seguridad de la provincia de Catamarca, que el día de ayer reprimieron con gases lacrimógenos y balas de goma a vecinos y vecinas de Choya que realizaban un acampe pacífico, desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas reclamamos la liberación inmediata de la detenida Karina Orquera y el libre ejercicio del derecho a la protesta en todo el territorio nacional.

La minería, como cualquier otra actividad, no debe realizarse sin consulta previa, libre e informada a las comunidades locales. El pueblo de Andalgalá ha realizado más de 600 manifestaciones pacíficas desde 1996 para exigir el cese de las actividades mineras en el cerro Aconquija. Se ha proclamado de manera irresoluta y persistente en contra de la minera canadiense Yamana Gold que se encuentra instalada en su territorio. Desde el año 1997 que, de una forma u otra, la megaminería intenta avanzar en la cuenca del Río Andalgalá en detrimento del marco democrático.

A pesar de encontrarse en zona periglaciar (expresamente prohibido por la Ley de Glaciares) el Proyecto MARA por Yamana Gold ha logrado avanzar en diversas etapas. En los últimos 20 años de lucha contra la megaminería en el país, mediante un ejercicio de democracia directa, la sociedad ha logrado incluir en el marco regulatorio siete leyes provinciales que prohíben la megaminería con uso de sustancias tóxicas. A 45 años de la primera caminata de las Madres de Plaza de Mayo, recuperamos y reivindicamos el derecho a la protesta pacífica como ejercicio de la voluntad popular. La construcción de una verdadera democracia exige el freno de esta práctica extrema del extractivismo, que precisa degradar los marcos institucionales y democráticos para poder avanzar.

La violencia institucional ejercida desde el estado contra defensores ambientales y asambleas constituidas en defensa de sus territorios y bienes comunes, reduce dramáticamente la democracia participativa socio-ambiental, incumpliendo no solo con la legislación constitucional ambiental sino con el Acuerdo de Escazú, ratificado por el Estado Argentino. La ausencia de mecanismos de participación ciudadana en la construcción institucional de las decisiones políticas, compromete la realización de los más elementales derechos humanos ambientales del pueblo catamarqueño, cuya determinación en defensa del agua, la vida, y el valor inherente de sus cerros se impone contra el avance de la megaminería.

Para lograr restituir la legitimidad democrática y el ejercicio pleno de los derechos garantizados por la Carta Fundamental, es necesario que la provincia de Catamarca garantice la voluntad popular y, no solamente le de un freno al proyecto MARA, sino que también avance en el contexto institucional y jurídico y en la defensa de los bienes comunes del territorio

Argentina – 4 de Mayo 2022

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas // Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Justicia Social y Ecológica