Ante la sanción irregular de la Ley de Zonificación que habilita la megaminería en la meseta central de Chubut y la brutal represión de la protesta social desde la noche del miércoles 15 de diciembre, en vistas de alcanzar la paz social, las personas y organizaciones abajo firmantes reclamamos la derogación inmediata de la Ley XVII Nº 149, promulgada a través del Decreto 1285/21. 

La decisión del gobierno y la legislatura provincial de avanzar con la megaminería no cuenta con licencia social, a lo que se suma el cuestionamiento de diversos organismos científicos y académicos (entre ellos CENPAT/Conicet y universidades públicas de la zona). La aprobación de la zonificación minera ha sido posible mediante un proceso de  degradación institucional y democrática, agravado por la brutal represión arremetida contra la ciudadanía que ejerce su derecho a la protesta, colmando las calles de Chubut. 

En el año 2003, un 82% de la población de Esquel votó el “No A La Mina”, un plebiscito histórico que dejó claro que la minería no tenía licencia social en la zona. Ese mismo año, se sancionó la primera de muchas leyes provinciales que prohíben la minería a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas. En vistas de reforzar este mensaje, el movimiento de asambleas territoriales impulsó dos nuevas instancias de iniciativa popular en 2014 y en 2020. 

A pesar de esto, la dirigencia política provincial buscó avanzar en las medidas para habilitar la megaminería en la provincia y construir un blindaje jurídico y judicial que debilite al máximo el acceso a la justicia en materia de derechos humanos y ambientales. En una sesión del 2 de diciembre, la legislatura de la provincia había reformado  la ley de amparo, limitado las medidas cautelares contra el Estado y designado a  4 jueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut.

El accionar de las fuerzas de seguridad en Chubut registra graves violaciones a los derechos humanos, como se desprende de las denuncias presentadas por las asambleas y el registro audiovisual y fotográfico de medios independientes. Estos advierten de personas detenidas de manera arbitraria, múltiples ciudadanos/as y manifestantes heridos de bala de goma, situaciones de persecución y hostigamiento contra defensores/as ambientales; asi como violación directa del artículo 9 del Acuerdo de Escazú. En un contexto de emergencia hídrica, profundizada por la aceleración del cambio climático, la larga trayectoria en la defensa del agua en la provincia de Chubut sólo puede crecer. Al igual que lo sucedido en la provincia de Mendoza hace 2 años, para restituir el pacto social y la legitimidad democrática es necesario garantizar la voluntad popular y, no solamente revertir la zonificación minera, sino avanzar en un contexto institucional y jurídico que garantice el bienestar de las personas y la vida en todo el territorio. Las Iniciativas Populares apoyadas por la misma ciudadanía representan el camino genuino para otorgar a la población local y las comunidades originarias el debido proceso de consulta y participación que fue obturado en más de una ocasión; medidas necesarias para encauzar el proceso en un sentido democrático. Lo que está en peligro hoy en Chubut no es solo el agua y los territorios sino también la paz social, los derechos humanos  y la democracia.