Etiqueta Archivos: Delitos Ambientales

ecocidios de Pingüinos de Magallanes

Avanza la causa por el ecocidio de pingüinos  en Punta Tombo

Chubut,  16 de junio de 2023.- En el día de hoy, Fundación Patagonia Natural, Asociación Argentina de Abogadas/os Ambientalistas y Greenpeace Argentina fueron aceptados como querellantes en la causa por el ecocidio de Pingüinos de Magallanes perpetrado en la Reserva Punta Tombo, en la Provincia de Chubut. En el mismo, cientos de Pingüinos de Magallanes fueron víctimas de un verdadero crimen ambiental.

Punta Tombo (Chubut) es la colonia de pingüinos de Magallanes más grande del mundo. En la época de reproducción, mediados de octubre,  se pueden encontrar más de un millón de ejemplares en la reserva. 

La denuncia presentada por las organizaciones señala la posible configuración del delito de Crueldad contra los animales, establecido en la Ley 14.346 de Maltrato Animal, y solicita la adopción de medidas inmediatas para proteger a los pingüinos afectados. 

De acuerdo a las organizaciones, este tipo de masacres constituye un delito penal y debe ser investigado y sancionado como tal. El daño causado es irreversible y la justicia debe actuar en consonancia con la gravedad de los hechos. A su vez,  enfatizan la necesidad de sancionar un proyecto de ley que incorpore un Capítulo Penal Ambiental en el Código Penal Argentino.

El caso de la masacre de pingüinos en Punta Tombo es un ejemplo del involucramiento activo de organizaciones y la ciudadanía en la protección de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad. La participación ciudadana es fundamental para garantizar cambios significativos en las políticas y prácticas que afectan al entorno natural. La sociedad tiene el derecho y la responsabilidad de exigir a las autoridades que actúen en defensa del ambiente y tomen medidas efectivas para prevenir y sancionar los delitos ambientales.

Sobre la reserva Punta Tombo

La Reserva Punta Tombo, ubicada en la provincia de Chubut, alberga una de las mayores colonias continentales de pingüinos de Magallanes del planeta. Lamentablemente, en el año 2021, esta reserva fue testigo de una masacre sin precedentes, en la cual las topadoras pasaron por encima de la mayor colonia de pingüinos de Magallanes del mundo. Este acto atroz constituye un ecocidio, un daño grave e irreversible contra la biodiversidad, los ecosistemas y los derechos de la naturaleza. 

Punta Tombo se extiende a lo largo de más de 210 hectáreas en la estepa patagónica, ubicándose sobre la costa del Océano Atlántico, en el departamento Florentino Ameghino, a 110 km de la ciudad de Rawson, capital provincial. ​El pingüino Magallánico, cuyo ​Estado de Conservación de acuerdo a la catalogación en la lista roja  de la IUCN es de Casi Amenazado, no sólo ha sufrido los impactos de la actividad humana en tierra, sino que también está amenazado por actividades que avanzan sobre el mar, ​principalmente la industria​ petr​olera​, la pesca intensiva y los efectos del cambio climático sobre los océanos.

Se estima que al menos 175 nidos fueron destruidos en todas las áreas de nidificación. Además, se instaló un alambrado electrificado a lo largo de 900 metros. En diferentes sectores, dicho alambrado impidió la libre circulación de los pingüinos al encontrarse a una altura inferior a la de esta especie. Este hecho ocurrió en el momento crítico del ciclo reproductivo, donde los pichones están eclosionando o tienen muy pocos días de vida, y deben ser alimentados con frecuencia por los pingüinos adultos.

FOTOS

Contactos de prensa: 

Asociación  Argentina de Abogadas/os Ambientalistas: Alejo di Risio  +5491123904594
Greenpeace Argentina: Florencia Rodriguez +5491137612969 / Mariana Ciaschini+54911.3304.3316

Matanza de pingüinos en Punta Tombo: organizaciones presentan querella penal

22 de noviembre de 2022.-

Las organizaciones Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Fundación Patagonia Natural y Greenpeace Argentina presentaron una querella penal respecto al ecocidio de cientos de pingüinos que tuvo lugar en la Reserva Natural Punta Tombo (Chubut), en 2021. En esta reserva se encuentra la mayor colonia de pingüinos de Magallanes del mundo. 

Durante agosto y noviembre de 2021, sin autorización previa de impacto ambiental y mediante la utilización de retroexcavadora, se abrieron caminos, realizaron desmontes de vegetación nativa y movimientos de suelo sobre el Área de la Colonia de Pingüinos de Magallanes y la ribera marina Punta Clara que limita con la Reserva Natural Punta Tombo, lo que ocasionó graves daños a la fauna, flora y los ecosistemas asociados.

Se estima que al menos 175 nidos fueron destruidos en todas las áreas de nidificación. Además, se instaló un alambrado electrificado a lo largo de 900 metros. En diferentes sectores, dicho alambrado impidió la libre circulación de los pingüinos al encontrarse a una altura inferior a la de esta especie. Este hecho ocurrió en el momento crítico del ciclo reproductivo, donde los pichones están eclosionando o tienen muy pocos días de vida, y deben ser alimentados con frecuencia por los pingüinos adultos. 

“Lo sucedido da cuenta que estamos ante una masacre de pinguinos a cielo abierto, actos atroces de crueldad animal y daños a los ecosistemas que no pueden quedar impunes”, sostuvo Lucas Micheloud, Co-director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. “Necesitamos que la justicia condene a los responsables con las máximas penas previstas para estos hechos y que el Congreso de la Nación avance urgentemente en la reforma del código penal tipificando los crímenes ambientales”.

José María Musmeci, Director Ejecutivo de Fundación Patagonia Natural afirmó: “Es necesaria  y muy positiva la intervención de la justicia para reforzar los esfuerzos de conservación constante y limitar el accionar arrogante sobre la biodiversidad que nos pertenece a todos y no al propietario del área”. 

“Estamos frente a un verdadero ecocidio. Este es un claro ejemplo de cómo los ecosistemas y las especies son vulnerados a diario por la actividad humana. No podemos permitir que más hechos como este ocurran, necesitamos con urgencia una ley de delitos ambientales, que contemple penas específicas para estos crímenes”, mencionó Bruno Giambelluca, coordinador de la campaña de clima y energía de Greenpeace. 

Más información sobre la especie: 

El pingüino de Magallanes se caracteriza por medir unos 50 cm de altura aproximadamente, y su plumaje es blanco y negro. El color del plumaje le garantiza un eficiente mimetismo con el medio marino, y una serie de características relativas a la adaptación al clima, le permiten minimizar la pérdida de calor corporal. Se alimentan de peces, como sardinas, pejerreyes, anchoas y otros. Anidan en terrenos blandos cercanos a la costa y padres y madres se turnan para empollar los huevos y buscar alimento. Las crías alcanzan la madurez a los 90 días.

Más información sobre delitos ambientales: 

México y Brasil han avanzando en la tipificación de los delitos ambientales y cuentan con tribunales ambientales especializados. 

En Argentina, el Código Penal vigente, aunque con distintas reformas, es de 1921 y no cuenta actualmente con un capítulo penal ambiental que tipifique conductas cuyo obrar puedan afectar el ambiente y la madre tierra. Solo existen algunos tipos penales en leyes especiales. Algunas de las iniciativas que están hoy en el Congreso de la Nación apuntan a incorporar un capítulo en el código vigente o una ley especial, como la de Fauna y Residuos Peligrosos, y otras proponen una reforma general del Código Penal que incorporen los crímenes ambientales.

Basurero petrolero en Vaca Muerta

Vaca Muerta: Se detectan graves irregularidades en los residuos tóxicos del fracking

Ante la escandalosa situación revelada en un allanamiento de la fiscalía de Neuquén

Por primera vez en el marco de la causa iniciada en diciembre de 2020, fue allanado el interior de las plantas donde están depositados los residuos petroleros de Vaca Muerta. El relevamiento in situ fue llevado adelante por la Fiscalía de Neuquén y se dio en el marco de la investigación penal iniciada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. La causa investiga el escandaloso negocio millonario de los basurales petroleros en Vaca Muerta, al denunciar penalmente a la empresa COMARSA por acumular residuos peligrosos en las dos plantas inspeccionadas: Neuquén y Añelo.

Enormes irregularidades fueron constatadas en dicho allanamiento, con flagrantes violaciones a lo que la ley penal en materia de residuos peligros, dentro de los que se encuentra la “basura petrolera”. Una clase especial de residuo clasificado como “peligroso” puesto  que contiene restos radiactivos y metales pesados. También se encontró suelo empetrolado, líquidos con aceite y líquidos con petróleo, cuyo origen no se encuentra registrado. La planta se encuentra, ya desde hace varios años, en su límite de capacidad de procesamiento, lo cual implica que los residuos provenientes del fracking no deberían ser nuevamente incorporados en esta cadena de procesamiento.

Impresiona aún el descomunal volumen de residuos allí acumulados.

Rafael Colombo, impulsor de la denuncia penal.

En el allanamiento participaron la Ingeniera Cecilia Bianco, del área tóxicos de Taller Ecologista y el investigador Martín Alvarez Mullaly, del Observatorio Petrolero Sur. Bianco es una de las autoras del informe “La Basura del Fracking en Vaca Muerta”, que sistematiza la evidencia que ratifica la entidad, gravedad y cantidad de conductas irregulares detalladas cometidas por la empresa COMARSA y sobre el cual brindó testimonio formal ante el organismo fiscal. Al concluir el allanamiento, enfatizó: “La ausencia de información es escandalosa, incluso en las actas de inspección que se hicieron en ambas plantas. El control de napas, sin pozos freatímetros, es tan solo uno de los múltiples residuos peligrosos que deben tener un seguimiento exhaustivo por ley”.

Por su parte, Rafael Colombo, letrado impulsor de la denuncia en representación  de la Asociación de Abogados/as Ambientalistas, tuvo oportunidad de volver a recorrer las inmediaciones de las plantas pertenecientes a la empresa Comarsa: “Presentamos la denuncia hace poco más de 12 meses y la situación no ha cambiado. La basura del Parque Industrial de Neuquén continúa expuesta a cielo abierto. Impresiona aún el descomunal volumen de residuos allí acumulados. También persiste el riesgo que recae sobre una comunidad de vecinos/as lindantes a la planta, no observándose presencia alguna del estado para prevenir potenciales daños sobre la salud de las familias que allí viven en condiciones de vulnerabilidad”. 

La denuncia penal presentada en diciembre de 2020

El allanamiento fue requerido por la Fiscalía especializada en Delitos Ambientales del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén, en el marco de la investigación en curso que pesa sobre Comarsa, las corporaciones petroleras que operan en Vaca Muerta y los funcionarios públicos del estado provincial.

En diciembre de 2020, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas reveló el escandaloso negocio millonario de los basurales petroleros en Vaca Muerta, al denunciar penalmente a la empresa COMARSA por acumular residuos peligrosos en sus plantas de Neuquén y Añelo; a las compañías petroleras como YPF, Shell, Chevron, entre otras, por producir esos residuos en el marco de las perforaciones – fracking mediante – para extraer hidrocarburos no convencionales; y a los funcionarios públicos del gobierno provincial responsables.

Los pinguinos magallanes

Denuncia penal ante la masacre de pingüinos magallanes en la Reserva de Punta Tombo

➡️ Ante la masacre de pingüinos en Punta Tombo, desde Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace Argentina solicitamos el inmediato embargo del bien para que el terreno forme parte de la reserva. También la incorporación de otros delitos a la denuncia penal ante el Min. Público Fiscal de #Chubut.

🌎 Estamos ante un #Ecocidio. Se generó un daño grave, a gran escala e irreversible contra la biodiversidad, los ecosistemas y los derechos de la madre tierra, comprometiendo la reproducción y desarrollo de una de las colonias de pingüinos más importantes del mundo, alterando significativamente la continuidad de los ciclos vitales de la Naturaleza y afectando severamente su capacidad de regeneración

🌿 Es precisamente por la impunidad de este tipo de crímenes que necesitamos avanzar en la implementación de los #DerechosDeLaNaturaleza y en la sanción de un proyecto de ley que incorpore los #DelitosAmbientales en un Capítulo Penal Ambiental en el Código Penal Argentino. Argentina no posee regulaciones penales-ambientales que estén a la altura de la presente crisis ecológica y de eventos como el de la masacre de pingüinos.

Fumigar

La justicia imputó penalmente a un productor agropecuario por fumigar con agrotóxicos

Ante las sistemáticas fumigaciones desde 2015 a una familia. 

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, en conjunto con Capibara NDS y la Multisectorial Paren de Fumigarnos comunicamos que el pasado martes 26 de octubre, la justicia imputó a un productor agropecuario por ser penalmente responsable de fumigar con agrotóxicos a Norma Cabrera y su familia, en la localidad de Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe. Este sería el primer proceso en Santa Fe que podría llegar a una condena por los alcances de la Ley de Residuos Peligrosos.

Asimismo, por solicitud de la fiscalía y la querella, el juez interviniente dictó una medida cautelar ordenando el cese de la aplicación de agrotóxicos de cualquier clase hasta una distancia de 500 metros contados desde el límite de la zona urbana. Desde la querella se señaló que las prácticas llevadas a cabo por el productor agropecuario imputado son un fiel reflejo de un modelo de agroindustria de base biotecnológica que depende de la aplicación de millones de litros de herbicidas agrotóxicos. Durante al menos 6 años, este productor aplicó agrotóxicos a sabiendas de que podría estar dañando la salud de la familia Cabrera y jamás tomó medida alguna para minimizar los riesgos o evitar que se produjeran daños sobre la salud humana o el ambiente.

Adicionalmente, argumentan que nunca se respetó la distancia mínima de la legislación provincial; las fumigaciones se realizaban sin dar previo aviso a la familia Cabrera; no se contó, en muchos casos, con la receta agronómica correspondiente; sin tener en cuenta la dirección del viento; sin importarle en lo más mínimo que inmediatamente frente al campo que arrienda y donde se aplican agrotóxicos de manera indiscriminada, viva una familia compuesta por un matrimonio, sus hijos y nietos. Sin importar que esa familia tenga en su terreno una pequeña y modesta granja para la cría de animales; sin importarle que esa familia tenga una huerta orgánica.

La denuncia de Norma Cabrera.

En 2018 presentó una denuncia penal, acusando al productor aplicador terrestre de los herbicidas agrotóxicos, por ser responsables de la auténtica pesadilla toxicológica y sanitaria, que se suma a una persecución y hostigamiento político por parte de la Municipalidad de Cañada de Gómez.

Las fumigaciones comenzaron en noviembre de 2015 y hasta el día de la fecha. Tanto el Municipio como la Fiscalía local no han tomado intervención ante la amenaza a la salud de la familia Cabrera, su granja y el ambiente. Se han ocasionado graves daños en la salud de Norma Cabrera, su esposo, hijos, y nietos, provocando a su vez el fallecimiento de sus animales de granja y la pérdida de sus huertas de hortalizas.

A lo largo de los últimos 3 años, la investigación penal ha producido significativos avances gracias al compromiso de la fiscalía del Ministerio Público de la Acusación, que ha presentado evidencia que respalda las denuncias realizadas por Norma Cabrera y su familia. Al menos 10 episodios de fumigación, la mayoría de ellas, con apenas 15 metros de distancia entre el límite del campo del productor y el hogar de la familia Cabrera.

Se realizaron extracción de muestras de sangre, tierra y agua que, tras ser debidamente analizadas en laboratorios revelaron la presencia de glifosato en el cuerpo de Norma Cabrera, en la tierra y el agua de la casa.Es por todo lo anterior que la fiscalía y la querella decidieron solicitar la imputación al productor en razón de la cuantiosa evidencia aportada y producida a lo largo de la investigación penal.

Concretamente, el hecho imputado haber envenenado, adulterado y contaminado, de un modo peligroso para la salud, el suelo, la atmósfera y el ambiente en general, en calidad de autor. Desde la fiscalía y la querella solicitamos una medida cautelar donde se le ordena al productor el cese de aplicación de productos fitosanitarios de cualquier clase hasta una distancia de 500 metros contados desde el límite de la zona urbana.