Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) celebramos el fallo trascendental del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén que investiga el escandaloso negocio millonario de los basurales petroleros en Vaca Muerta. El Tribunal dictó una resolución donde reinstauró embargos por 7 millones de dólares sobre los bienes que COMARSA – empresa acusada por delitos de contaminación y defraudación – posee en tanto en el Parque Industrial de Neuquén como en su planta en Añelo.
La decisión surge tras una impugnación presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén y la fiscalía de Delitos Ambientales local.
Con este fallo, se abren nuevas oportunidades para la judicialización de prácticas contaminantes, en áreas donde la industria fósil suele actuar con impunidad como Vaca Muerta. La reinstauración de los embargos por 7 millones de dólares refuerza la capacidad de las organizaciones ambientales para exigir responsabilidad y rendición de cuentas a las empresas que operan de manera negligente o ilícita.
Los embargos no solo afectan a los bienes de Comarsa, sino también a las cuentas bancarias y billeteras virtuales de dos de los tres imputados: J.M.L, presidente y accionista mayoritario de Comarsa desde 2014, y H.E.B, quien tuvo funciones de administración y control hasta enero de 2021.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén, anuló un fallo previo que limitaba el embargo al monto correspondiente a las multas vigentes por contaminación según la legislación específica. El nuevo fallo restaura el embargo original. Coincide con el criterio de la fiscalía y las querellas particulares, considerando que las medidas cautelares también pueden alcanzar el decomiso de bienes obtenidos a partir de actividades ilícitas. Esto marca un precedente importante para futuros casos de contaminación ambiental.
Desde 2014, Comarsa ha sido objeto de investigaciones impulsadas a partir de denuncias de organizaciones y colectivos locales de Neuquén, por haber contaminado el ambiente y puesto en peligro la salud de la población local. Estas acciones han tenido lugar en un predio ubicado en el parque industrial de Neuquén capital, donde la empresa realiza supuestas actividades de recuperación de residuos peligrosos. El modelo de combustibles fósiles asociado a Vaca Muerta inherentemente involucra casos como el de Comarsa donde los residuos peligrosos y radioactivos no son tratados de manera adecuada. De incorporar este costo, los márgenes apenas rentables de la industria petrolera nacional no serían suficientes.
La maniobra investigada abarca desde 2014 hasta la actualidad, y se centra en un predio ubicado en el parque industrial de Neuquén capital. Comarsa es acusada de contaminar el ambiente y poner en peligro la salud de la población, en violación de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos y el Código Penal. Los imputados enfrentan cargos por contaminación peligrosa para la salud pública (artículos 57 y 55 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, con remisión al artículo 200 del Código Penal) y administración fraudulenta (artículo 173, inciso 7, del Código Penal).
Al reafirmar y ampliar las medidas cautelares, la corte envía un mensaje contundente a las empresas y actores involucrados en actividades contaminantes: la justicia está dispuesta a actuar con firmeza en casos de delitos ambientales y de afectación a la salud pública.
