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Península Valdés en Peligro: Cámaras de la economía regional, asambleas vecinales y organizaciones conservacionistas presentan una acción legal cuestionando la terminal petrolera en el Golfo San Matías 

Ante el irregular avance del oleoducto desde Vaca Muerta al golfo San Matías.

Un amplio colectivo por el ambiente, la economía y la cultura le reclamó judicialmente al estado Chubutense prevenir y evitar el daño por la terminal petrolera del proyecto Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur. El bloque diverso presentó una acción legal en la provincia de Chubut por el ilegítimo avance del del proyecto para la realización de un ducto que transportará hidrocarburos desde Vaca muerta atravesando toda la provincia de Río Negro y parte de Neuquén y finalizará en un puerto de carga con dos monoboyas en el Golfo San Matías (Río Negro).

La iniciativa, presentada en el marco del segundo aniversario del Atlanticazo, destaca los riesgos y las consecuencias devastadoras que la terminal portuaria representa para la región. Es clave destacar que la fuerte conectividad oceanográfica y biológica entre el enclave donde se establecerá la terminal portuaria y el Golfo San José y el Golfo Nuevo; estos dos últimos componentes claves del entorno de la Península Valdés. Área ampliamente protegida, no solo a nivel provincial, sino también a nivel internacional por la Convención de Ramsar y por UNESCO en su carácter de Sitio de Patrimonio Mundial.

La acción fue interpuesta con fundamento en la inacción previa de la Provincia de Chubut en relación al puerto petrolero con enorme impacto en la región. Quedó radicada en el Juzgado Civil y Comercial de Puerto Madryn Titular del Juzgado Dra. María Laura Eroles. A través de un escrito se solicitó a las dependencias provinciales, conforme lo establece la ley XI 18, a tomar medidas preventivas y transparentar el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental e intervenir eficaz y activamente en él.

Entre las organizaciones que conforman la alianza están la Cámara de Turismo y Servicios de Península Valdés (CAPENVAL), la Asociación Red de Alquileres Temporarios de Puerto Madryn, el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), Asamblea Vecinal de Puerto Pirámides, la Asociación Argentina de Guías Balleneros, la Cámara Patagónica de Empresas de Avistajes de Ballenas, la Fundación Península Valdés Orca Research, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, la Fundación Greenpeace Argentina, la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación Patagonia Natural, la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo Península Valdés, la Asociación de Guías Profesionales de Turismo del Chubut y la Asamblea No a la Mina de Esquel.

Este colectivo refleja la preocupación de varios sectores de la sociedad civil que advierten que este puerto con dos monoboyas se emplazará a 30 km de la Península Valdés, afectando claramente la biodiversidad y la economía de las áreas marinas involucradas. Las infraestructuras costeras, se emplazarán en importantes enclaves de biodiversidad, con inmenso valor para las comunidades locales y actividades económicas que esta sustenta. El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, y su terminal petrolera es una clara amenaza al patrimonio biocultural, histórico, socio-productivo en la zona. En definitiva, a los bienes comunes, afectando principal pero no excluyentemente a la pesca artesanal y deportiva, turismo de avistaje de fauna, deportes acuáticos y buceo, entre otros. 

Las organizaciones exponen la omisión antijurídica del estado chubutense al no implementar acciones y políticas preventivas, exponiendo al territorio, su biodiversidad y a miles de familias a un riesgo previsible de daño social y ambiental. 

La reforma de la ley 3308 de Rio Negro, que protegía las aguas y costas del Golfo San Matias de la industria petrolera, hizo que vecinos, vecinas y organizaciones de distintas partes del país llevaran a la Justicia la modificación de la referida Ley con una acción de inconstitucionalidad que fue presentada ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en diciembre de 2022. El caso se encuentra actualmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La reforma que quitó la protección a San Matias viola el Acuerdo de Escazú, al carecer de transparencia y verdadera participación ciudadana. Además, atenta contra principios constitucionales de progresión y no regresión en materia ambiental, ya que desprotege al Golfo ante el avance petrolero. 

Las organizaciones explicitan que, según la normativa provincial y nacional, la autoridad provincial de Chubut tiene la responsabilidad de adoptar medidas necesarias para la preservación de las condiciones naturales. La acción se funda en los artículos 38, 41 y 155 de la ley XI N° 35, Código Ambiental de la provincia, y el artículo 39 de la ley de Áreas Naturales Protegidas. 

En la acción, las organizaciones manifiestan actuar en nombre de un interés colectivo: la preservación de los ecosistemas costeros marinos, su equilibrio ecológico, biodiversidad y las actividades turísticas, productivas y comerciales asociadas. 

Las monoboyas petroleras amenazan a más de 150 especies marinas únicas en la región, la rica biodiversidad del Área Natural Protegida Península Valdés, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Se pueden mencionar entre ellas: 

Colonias reproductivas del pingüino de Magallanes; una de las principales zonas de reproducción de la Ballena Franca Austral; sitios de anidación de aves playeras y costeras; colonias de lobos y elefantes marinos; sitios de caza de Orcas entre otros dependen de la calidad de las aguas del Golfo San Matias y se ponen en riesgo con este proyecto.

Un evento como el sucedido el pasado 28 de diciembre en la Ría de Bahía Blanca con la rotura de un ducto de carga de una monoboya similar a la instalarse en San Matías, tiñendo de petróleo crudo las aguas, tendría un impacto directo en la Península Valdés, ya que la circulación oceánica indefectiblemente lo arrastraría hacia allí. (1)

(2) también se puede citar como caso de derrame de crudo lo sucedido en Caleta Córdova en el 2007 con aproximadamente 300m3 de petróleo que impactaron negativamente a lo largo de 5km de costa en el Golfo San Jorge (es un ejemplo puntual de la Provincia)

En concordancia con el principio constitucional de no causar daño ambiental (Artículo 19 de la Constitución Nacional), las organizaciones exigen información detallada a la Provincia de Chubut sobre las medidas preventivas y la participación de los Chubutenses en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. Además, instan a la provincia a iniciar diálogos interprovinciales para abordar colectivamente los desafíos de la conservación de los bienes comunes.

Este llamado se basa en el derecho constitucional al ambiente sano, reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, respaldado por tratados internacionales como el Convenio de Escazú, que destaca la importancia del acceso a la información ambiental y la participación ciudadana en asuntos ambientales. Las organizaciones subrayan que la prevención es fundamental y que el acceso a la información es clave para tomar decisiones informadas y responsables. Se espera que la provincia de Chubut, en su papel de garante del derecho humano al ambiente sano, tome medidas efectivas y transparentes.

  1. https://www.eldia.com/nota/2023-12-31-13-35-0-preocupa-un-tremendo-derrame-de-petroleo-en-bahia-blanca-que-paso–informacion-general


Atlanticazo, Mar Argentino, exploración offshore

Encuentro Plurinacional Atlanticazo

Compartimos el documento realizado el pasado 4 de noviembre en el Atlanticazo por el Mar Argentino de Puerto Madryn. El encuentro sirvió para compartir problemáticas y reclamos en relación al cuidado del agua, defensa del territorio y en defensa del Mar Argentino. Nos reunimos junto a diversas organizaciones, asambleas y comunidades de distintos puntos del país para marchar y visibilizar la resistencia que se opone a la exploración sísmica en el Mar Argentino. Compartimos estas reflexiones acerca de la unidad territorial y los derechos socioambientales de las comunidades costeras argentinas son de fundamental importancia para una justicia social y ambiental.

Documento del Encuentro Plurinacional ATLANTICAZO

4 de noviembre, PTO. MADRYN, CHUBUT.

El Atlanticazo, hijo del Chubutazo, nació el 30 de diciembre de 2021 cuando se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la realización de la exploración sísmica en el Mar Argentino. Ahí nació la decisión de marchar los 4 de cada mes, como símbolo de resistencia y del NO PASARÁN que gritamos aún hoy.

El mar es uno solo, estamos acá para demostrar que la fragmentación de los territorios que nos quieren imponer es una fantasía de los gobiernos y sus funcionarios. Somos, de la cordillera al mar, un solo cuerpo-territorio.

En un nuevo día 4, nos convocamos en Pto. Madryn diversas organizaciones, asambleas y comunidades de distintos puntos del país donde compartimos las diferentes problemáticas y los reclamos comunes en relación al cuidado del agua, defensa del territorio y del mar argentino. Estos espacios nos permiten recuperar la identidad como comunidad costera: ser habitantes de una costa, compartir el mar y los golfos nos da la fuerza, nos une. Debemos volver al mar, a sentirnos parte de él.

Durante la jornada nos encontramos, abrazamos, emocionamos y marchamos juntes a lo largo de la playa, buscando visibilizar los proyectos extractivos que quieren imponer desde los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, con la total connivencia del poder judicial que mira para otro lado ante nuestros reclamos.

Mientras las causas en contra de las empresas y los intereses económicos se frenan y caen, la judicialización de la protesta y de les defensores ambientales se incrementa en todo el país al ritmo que el capitalismo extractivista necesita. En Chubut, un reciente fallo a 40 años de la democracia, absuelve a policías torturadores de vecines en el marco del Chubutazo, pero embarga y criminaliza a les defensores ambientales rápidamente. En Jujuy la dictadura minera y el gobierno fascista de Morales reprime al pueblo y procesa a un abogado ambientalista. Legislaturas sesionando a puertas cerradas, a espaldas del pueblo, audiencias públicas armadas para habilitar proyectos ecocidas y no para garantizar la participación de las comunidades y la autodeterminación de los pueblos. Cámaras y Cortes judiciales completamente cooptadas por intereses políticos y económicos, instituciones científicas a disposición de las ganancias e intereses del poder corporativo, funcionaries a ambos lados del mostrador, operando para favorecerse y favorecer a sus socios empresariales.

Tenemos la experiencia y los antecedentes de 10 años de Vaca Muerta que, contrariamente a lo anunciado, no trajo divisas, ni desarrollo, ni empleo. Las comunidades están perdiendo sus casas producto de los sismos provocados por el fracking y sus territorios están siendo contaminados por los derrames y los deshechos. El avance de estos proyectos sobre los territorios marca una violenta continuidad de la matriz productiva, sin consentimiento, perpetuando así un modelo colonial de saqueo.

En este nuevo Atlanticazo participaron integrantes del 3er Malón de la Paz, compuesto por más de 400 comunidades que desde el 1 de agosto se encuentran acampando frente a la Corte Suprema de Justicia para denunciar la situación de Jujuy, donde se busca acallar al pueblo y se le quitan los derechos garantizados por la Constitución Nacional. En Jujuy, el gobierno de Morales realizó una modificación exprés sin la consulta previa a los pueblos originarios y a la medida de las corporaciones extractivas.

Nos solidarizamos con el pueblo palestino, denunciamos el genocidio que está realizando el estado sionista de Israel y decimos que no es una guerra, es un exterminio étnico. La empresa de agua estatal israelí Mekorot es utilizada para llevar adelante los asesinatos, dejando sin agua a la población confinada en Gaza. FUERA MEKOROT de nuestros territorios.

En este encuentro reivindicamos lo importante de cuidar el equilibrio de la Madre Tierra, que cada vez se desbalancea más, porque no solo avanzan sobre el mar, si no sobre toda la diversidad de la Ñuque Mapu, de la cual somos parte, como nos enseña el pueblo nación mapuche tehuelche con su cosmovisión. La recuperación y el cuidado de los territorios ancestrales es urgente y necesaria, hermanadas con las luchas socioambientales.

La democracia NO es solo ir a votar: debemos involucrarnos porque es la única manera de frenar el avance extractivista de los grandes capitales extranjeros. Debemos pasar de una democracia representativa a una democracia participativa. Las denuncias judiciales son importantes pero prácticamente inútiles sin la gente en las calles. Debemos mantenernos actives, organizades y resistir desde la alegría y la esperanza de sabernos juntes. Hay que dar vuelta el sistema que nos explota y que saquea nuestra forma de vida. Somos un mismo mar, somos una misma resistencia y sabemos que es posible vivir en equilibrio con la naturaleza. Queremos que se garantice el buen vivir ahora y siempre, desde la interculturalidad y el respeto: somos un Estado plurinacional.

Desde este territorio, que consideramos uno:

● Exigimos la restitución de la ley N°3308 obtenida por la lucha colectiva y popular, modificada de manera fraudulenta.

● Gritamos que no tienen licencia social para explorar ni explotar el mar argentino.

● Exigimos a las instituciones una ciencia digna por y para el pueblo. Hacemos un llamado de compromiso a los científicos para que asuman su rol y se involucren en las luchas socioambientales.

● Denunciamos la falsa transición energética que sostiene las mismas prácticas de muerte para nuestros territorios. No puede haber transición justa, anticapitalista y anticolonial, utilizando las mismas recetas y contaminando nuestros pueblos. Si no se disputa el modelo, es cambiar el enchufe de lugar.

● No queremos pagar con la vida de nuestros cuerpos-territorios una deuda fraudulenta e ilegal. No nos convertiremos en zonas de sacrificio. Fuera FMI.

● Luchar no es delito. Basta de criminalizar a les defensores ambientales. Absolución ya de todes les procesades por causas socioambientales.

● Abajo la reforma. Arriba los derechos.

En la era de la ebullición global elegimos la resistencia organizada y comunitaria. En un solo abrazo y un mismo grito: POR UN MAR LIBRE DE PETROLERAS. SOMOS MAR. DEFENDERLO ES DEFENDERNOS, NO VAMOS A ENTREGARNOS.

Organizaciones firmantes:

Asamblea por un MARLIBRE de petroleras, Mar del Plata/Red de Comunidades Costeras/Asamblea en Defensa del Territorio Puerto Madryn/Asamblea Rawson playa/Asamblea No a la mina Esquel/Asamblea por la tierra y el agua. Las Grutas/350.org/Multisectorial Golfo San Matías/Asamblea del Valle de Conesa/Asamblea comunidad costera de Tierra del Fuego Antártida e islas del Atlántico Sur/Asambleas del Curru leufu/Observatorio Petrolero Sur/Asamblea Ambiental Interpueblos/Tribuna Ambiental/Red Ecosocialista/Arbustock/Asociación de Abogades Ambientalistas y CAJE/Fundación Inalafquen/COA KIUS/Coordinadora BFS/Colectivo Golfo diverso Somos trama naturaleza/Colectivo de Cientificxs Autoconvocadxs Ciencia y Territorio Pto. Madryn/Ambiente en lucha/Asamblea Mar Libre de Petroleras Partido de la Costa/Asamblea Por un Mar Libre de Petroleras Necochea, Quequen/Coordinadora socioambiental Bahía Blanca/CTA Bahía Blanca/Multisectorial Comarca Marítima Viedma Patagones/Proyecto socioeducativo inclusivo Cronopios/Fundación el Vuelo Centro de Día/Agricultura Biodinamica de Nebubu/3er Malón de la Paz/Alerta roja, agrupación ambiental anticapitalista/Comodoro FASP/Frente de organizaciones en lucha, Coordinadora por el cambio social.

Oleoducto Vaca Muerta Sur: Las asambleas del Curru Leufu denuncian penalmente a la Secretaria de Medio Ambiente y Cambio Climático de Río Negro

Representantes de las Asambleas del Curru Leufu se presentaron ante la Fiscalía de San Antonio Oeste, Río Negro, para denunciar penalmente a la Secretaria de Medio Ambiente y Cambio Climático, Dina Lina Migani, por incumplimiento de los deberes de funcionario público previsto en el artículo 248 del Código Penal.

Conforme a la RESOL-2023-1007-E-GDERNE-SAYCC#SGG, emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del 24 de Julio, Migani tenía la responsabilidad de organizar y garantizar el normal funcionamiento de la Audiencia Pública que se llevaría a cabo en la ciudad de Sierra Grande el 17 de agosto para tratar el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente a: -Tramo II Estación Allen –Terminal de Carga Punta Colorada – Tramo III Terminal de Carga Punta Colorada e Instalaciones Asociadas- del proyecto Oleoducto Vaca Muerta sur de la empresa YPF S.A.

De acuerdo a dicha resolución y a su función como autoridad convocante, le correspondía garantizar la seguridad y el libre acceso de la población a la Audiencia Pública. Sin embargo, tal como denunciamos públicamente, a muchas de las personas formalmente inscriptas se les impidió el ingreso al recinto. Como agravante, destacamos que la funcionaria estaba al tanto de que afuera de la audiencia tanto la UOCRA como una patota municipal estaban atacando a quienes legítimamente nos acercamos a manifestarnos. De los registros de la supuesta Audiencia Pública que desarrolló en ese contexto de violencia y exclusión, es posible evidenciar lo que estamos denunciando: las únicas voces participantes se expresaron a favor del proyecto, y ninguna se refiere al Estudio de Impacto Ambiental para el que la Secretaría de Ambiente convocó tal instancia.

La secretaria de ambiente incumplió las normativas que estipulan que todo y toda ciudadano y ciudadana deben tener la posibilidad de expresar libremente sus argumentos en la audiencia pública. Para citar sólo algunas, nos referimos a la ley 27566, la 27275, la 25831, la 3266, la 2631. 

Ante todas estas arbitrariedades e incumplimientos, las Asambleas del Curru Leufu sostenemos que esta audiencia no tiene validez, que no es reconocible y que debe ser anulada. Asimismo, comunicamos públicamente la denuncia penal elevada contra Dina Migani por las responsabilidades que mencionamos y las previstas en los términos del artículo 248 del Código Penal. 

Firmas:


Asambleas de la Curru Leufú – Multisectorial Golfo San Matías – Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas – Asamblea Antimegaminería de Bariloche – Asamblea por el Agua y la Tierra Fiske Menuco (Roca) – Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Patagones – Asamblea Socioambiental de Cipolletti – Asamblea Socioambiental Valle Medio – Asamblea Ambiental Interpueblos de Ing Huergo, Villa Regina, Godoy, Chichinales – Asamblea del Valle de Conesa – Asamblea en Defensa del Agua de Ing. Jacobacci – Asamblea del Coli Leuvu de Catriel – Agrupación Trawn ko (Viedma) – Junta Promotora APDH Alto Valle – Pastoral Social Diócesis de Viedma – Asociación de Abogades Ambientalistas de Argentina – Observatorio Petrolero Sur – Red de Comunidades Costeras

Teléfonos de contacto: 

☎️ 2934 46-0520 Suyhay Quilapán | Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas

☎️+54 9 2984 20-3310 Pedro Pérez Pertino | Asamblea por el Agua y la Tierra Fiske Menuco (Roca) 

☎️ 2984 73-4419 Mauro Isueta | Asamblea por el Agua y la Tierra Fiske Menuco (Roca)

☎️ 223 4268927 Gonzalo Vergez | Asociación de Abogada/os Ambientalistas de la Argentina

Grave vulneración a los derechos democráticos en Río Negro

Puerto Madryn, 17 de agosto de 2023

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) presentaremos formalmente un escrito para exponer, denunciar y detallar las violaciones a los derechos democráticos que sucedieron el día de hoy en la localidad de Sierra Grande, en la Audiencia Pública por el el oleoducto Vaca Muerta-Costa Atlántica-YPF Oil Sur. Ante un contexto de escalada de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad e instituciones estatales, es esencial preservar la participación ciudadana en los procesos legítimos y salvaguardar la integridad de nuestros principios democráticos.

La presencia abrumadora de fuerzas policiales y grupos de choque, que amedrentaron, amenazaron e impidieron el acceso de la ciudadanía a la Audiencia, es de particular relevancia en la evaluación de proyectos extractivos que avanzan sin legitimidad social. Exigimos se integre la voluntad popular mediante la participación de la comunidad en los procesos legales y democráticos. La entrada restringida a la Audiencia atenta contra la esencia misma de la democracia participativa.

En condiciones tan adversas, no puede llevarse a cabo una Audiencia Pública que pueda ser considerada válida por la ciudadanía. La ausencia de garantías para la seguridad física de los ciudadanos y ciudadanas socava la posibilidad de una participación libre y sin restricciones. Es esencial que los procesos democráticos se desarrollen en un entorno que promueva la seguridad y la expresión genuina de las voces ciudadanas.

La encrucijada política en la que nos encontramos nos invita a reflexionar sobre los valores que defendemos como sociedad. Si la acción que se emprende conlleva destrucción y vulneración de derechos, no puede ser considerada un avance o progreso genuino. Es nuestra responsabilidad colectiva proteger nuestro entorno y nuestros principios y derechos democráticos.

Fotos y registro desde el exterior de la Audiencia: Pablo Piovanno

Defensa de la Península Valdés en organismos internacionales frente al avance de a la industria petrolera

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) presentamos formalmente una denuncia ante la UNESCO y RAMSAR sobre el alarmante avance de un proyecto petrolero ilegal en la Península Valdés, ubicada en la Provincia Argentina de Chubut. La península, un ecosistema único y protegido, está en riesgo de sufrir daños ambientales irreparables debido a una inconstitucional modificación de la legislación provincial que permitiría la instalación de oleoductos en el área.

La denuncia pone de manifiesto la inconstitucionalidad de la ley que deroga la ley Nro. 3308 de la Provincia de Río Negro. La misma prohibía la prospección, exploración y extracción petrolífera y gasífera en el Golfo San Matías y en el mar territorial rionegrino. También la construcción de terminales para la carga y descarga de buques que transporten estos productos. La modificación legislativa aprobada sin ningún tipo de consulta a los pueblos originarios ni participación ciudadana, ha abierto la puerta a un oleoducto y un puerto de exportación de combustibles fósiles no convencionales, poniendo en grave peligro el frágil ecosistema de la península.

La Península Valdés ostenta una doble protección como Patrimonio Natural de la Humanidad y Sitio RAMSAR, reconocimientos que subrayan su valor único y excepcional en términos de conservación de la biodiversidad y los hábitats marinos. Hemos destacado ante ambos organismos la importancia de estas designaciones internacionales y cómo la modificación legislativa viola directamente los compromisos asumidos por Argentina en relación con la preservación de este patrimonio. La Convención RAMSAR tiene un papel crucial en designar y proteger humedales de importancia internacional (como lo es el caso de la Península Valdés). Por otro lado, la UNESCO es el organismo de las Naciones Unidas que otorga el estatus de Patrimonio Natural de la Humanidad, que reconoce su valor excepcional y promueve su conservación. Estas presentaciones buscan garantizar la protección de la Península Valdés, un área de importancia mundial para la conservación de mamíferos marinos y humedales costeros.

Además de la presentación ante UNESCO y RAMSAR, vecinas y vecinos preocupados han llevado a cabo presentaciones administrativas en toda la región, desde Chubut a Río Negro, en la Subsecretaría de Ambiente de Cambio Climático, la Defensoría Provincial, la Fiscalía y el CONICET. Estas acciones ciudadanas reflejan la preocupación generalizada por la preservación de este importante ecosistema. A su vez, también se realizó una manifestación en el marco del Artículo 16 de la Ley Provincial de Audiencias Públicas de Río Negro para que se incorpore a vecinos/as como asistentes aunque no tengan domicilio en la provincia. Esto debería garantizar que puedan participar como asistentes los expertos relevantes para la temática. 

La causa por el golfo San Matías 

El 9 de septiembre de 2022, la Legislatura de Río Negro aprobó la Ley N°5.594, que modifica la Ley N°3.308 previa, la cual brindaba una protección especial al Golfo San Matías debido a sus singulares características ecológicas, naturales y socioeconómicas, consideradas únicas a nivel mundial, prohibiendo la instalación de ductos. Esta modificación fue realizada de espaldas a la participación ciudadana y de organizaciones de la sociedad civil, a puertas cerradas y con velocidad nunca vista. Por eso presentamos un Recurso Extraordinario Federal el 31 de mayo pasado para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación modifique la arbitraria y absurda decision del STJ de Rio Negro. 

En él denunciamos que el fallo el STJ de Rio Negro no analiza el reclamo de fondo: la inconstitucionalidad de la Ley 5.594 sancionada en agosto de 2022 por la Legislatura de Rio Negro en clara violacion al principio constitucional de progresividad y no represión y al derecho de información y participación ciudadan. Esto modificó así la histórica Ley 3308 que prohibía la construcción de oleoductos y terminales de carga y descarga de combustibles fósiles en el área natural del Golfo San Matias.  El STJ también le negó la participación en la causa a actores territoriales orgánicos y representativos de la voluntad popular a lo largo de la provincia, entre ellas las organizaciones que presentaron la acción legal:

Forma parte del impulso al megaproyecto Vaca Muerta más allá de las fronteras de los yacimientos de la cuenca Neuquina. El mismo implica la construcción de grandes proyectos de infraestructura para su funcionamiento. El “Proyecto de Oleoducto Vaca Muerta Sur” de YPF pretende también instalar un gran puerto para la exportación de petróleo, que puede contaminar agua, tierra y suelo en el territorio rionegrino, como a su vez, afectar miles de puestos de trabajo en la pesca y el turismo de la zona. 

Contacto de prensa AAdeAA/CAJE: Gonzalo Vergez +54 9 223 426-8927

Exigen suspension de la audiencia pública ilegitima del oleoducto vaca muerta sur

Exigen que se suspenda la Audiencia Pública por el oleoducto y el puerto petrolero en costa rionegrina

Las asambleas de Río Negro, Chubut y el Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro presentan recurso administrativo exigiendo la suspensión de la Audiencia Pública convocada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia para el 17 de agosto en la localidad de Sierra Grande. El conjunto de irregularidades existentes en el llamado cercenan la libre participación ciudadana y constituyen una acción más de degradación democrática. Imponen el extractivismo sin escuchar las alertas que expresamos en defensa de un ambiente sensible como el Golfo San Matías y la Península Valdés, patrimonio natural de la humanidad declarado por la Unesco. A su vez impulsan más fracking en Vaca Muerta profundizando las consecuencias de esa explotación.

La violencia de imposición de este proyecto viene coartando múltiples derechos ciudadanos desde su inicio. Hoy se está llegando a esta Audiencia sin aplicar el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada reconocida en la Constitución Nacional, en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a las comunidades directamente afectadas por el proyecto. Dicho hecho es contrario al espíritu del reciente fallo del juez Muscillo que expresa con claridad la nulidad de cualquier acto administrativo sin consulta. Hay que destacar que no han sido consultados ni el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, ni la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche, órgano representativo de las comunidades.

Por otra parte, el llamado a evaluación de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) carece de voluntad de mayor participación ciudadana. Las 4250 páginas están presentadas en un archivo escaneado que no permite usar motores de búsqueda ni trabajar en él. Así mismo, se pretende que el EIA sea estudiado por la población en 30 días previstos para el llamado a Audiencia, usando el piso mínimo establecido por ley. La cantidad de días en un proceso honesto debería depender, entre otras cosas, del volumen y la complejidad de la documentación a analizar. No es este caso.

La normativa establece ese límite menor, pero entendiendo que el proyecto involucra más 600 km de extensión, que comprende tres provincias que pueden verse afectadas, así como la construcción de dos grandes obras como un centro de acopio y un puerto petrolero de grandes dimensiones, el plazo es claramente insuficiente. Además,  es violatorio de compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino al suscribir el acuerdo de Escazù y hacerlo efectivo en nuestro ordenamiento jurídico interno mediante la Ley 27566. 

Estos mecanismos tornan la Audiencia en un acto absolutamente simulado que pretende algo que sabe que no logrará: garantizar la implementación plena y efectiva del derecho al acceso a la información ambiental y la participación pública en los procesos de decisiones ambientales.

El Estudio de Impacto Ambiental presentado lo realizaron tres consultoras diferentes, con criterios distintos de evaluación de impacto e información poco legible o entendible para la población de interés. Incluso con páginas en inglés. Este estudio técnico -de 4250 páginas-, elaborado por especialistas y profesionales de distintas disciplinas que pretenden que sea estudiado en menos de un mes, asi como que las críticas, inquietudes o dudas se expresen en intervenciones de no más de cinco minutos. Por su parte, el formulario de inscripción es sólo para personas residentes de la provincia, lo que significa quienes residen en el resto de las provincias afectadas, asi como especialistas que pueden aportar pero no residen en Rio Negro, están excluidas. La falta de interés de participación plena denota en no realizar el llamado de manera híbrida dando lugar a distintos actores de interés. Teniendo en cuenta las distancias, el costo del viaje y el tiempo que toma llegar, la modalidad híbrida debería ser parte esencial de la Audiencia. 

Hemos visto en la última semana a la Secretaria de Ambiente, Dina Migani, promover con la empresa YPF el proyecto. No nos sorprende en absoluto, entendiendo que la ministra también es una empresaria del sector petrolero que se beneficiará directamente. Dina Migani y su familia verán acrecentadas sus ganancias con mayor actividad de fracking; su empresa Quinpe SRL que vende químicos a las petroleras, entre ellas a YPF.

El consenso del fracking no logrará imponerse esta vez. Las Asambleas de toda la provincia y organizaciones de Chubut, Neuquén, entre otras,  nos movilizaremos el día 17 de agosto para reafirmar el rechazo a este proyecto de saqueo, contaminación y muerte.

El Golfo no se toca. Si contamina, no es progreso. 

Firmas 

Multisectorial Golfo San Matías – Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro – Observatorio Petrolero Sur – Asociación de Abogades Ambientalistas de Argentina – UnTER Valle Medio – Movimiento Ecuménico de DDHH Regional Viedma y Patagones – Junta Promotora APDH Alto Valle – Pastoral social Diocesis de Viedma- Red Ecosocialista – Asambleas de la Curru Leufú – Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas – Asamblea Antimegaminería de Bariloche –Asamblea de Contralmirante Cordero Asamblea en Defensa del Agua y el Territorio Neyen Mapu de Valcheta – Asamblea por el Agua y el Territorio de Wawel Niyeu (I. Jacobacci) – Asamblea por el Agua y la Tierra Fiske Menuco (Roca) – Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Patagones – Asamblea Socioambiental de Cipolletti – Asamblea Permanente por el Río Colorado – Asamblea Socioambiental Valle Medio – Asamblea Ambiental Interpueblos de Ing Huergo, Villa Regina, Godoy, Chichinales – Asamblea del Valle de Conesa – Asamblea del Coli Leuvu de Catriel-  Asamblea por el Agua Comarca de Viedma – Agrupación Trawnko

Teléfonos de contacto: 

☎️ 2934 46-0520 Suyhay Quilapán | Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas

☎️ 11 7362-3820 Fabricio Di Giacomo | Multisectorial Golfo San Matías 

☎️ 2984 73-4419 Mauro Isueta | Asamblea por el Agua y la Tierra Fiske Menuco (Roca)

☎️ 223 4268927 Gonzalo Vergez | Asociación de Abogada/os Ambientalistas de la Argentina

A la Corte Suprema en la Causa por el Golfo San Matías

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) expresamos nuestro más enérgico repudio a la decisión tomada por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) en la causa por el Golfo San Matías. Nos solidarizamos con las asambleas y comunidades que resisten el embate de la industria petrolera y gasífera, y manifestamos nuestra convicción de continuar patrocinando legalmente esta causa hasta sus últimas instancias. Por eso interpusimos el 31 de mayo pasado un Recurso Extraordinario Federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación modifique la arbitraria y absurda decision del STJ de Rio Negro. 

Como organización patrocinante, denunciamos que en el fallo el STJ de Rio Negro no analiza el reclamo de fondo: la inconstitucionalidad de la Ley 5.594 sancionada el 9 de agosto de 2022 por la Legislatura de Rio Negro en clara violacion al principio constitucional de progresividad y no regresión y al derecho de información y participación ciudadana, modificando la histórica Ley 3308 que prohibía la construcción de oleoductos y terminales de carga y descarga de combustibles fósiles en el área natural Golfo San Matias. 

Lo único que hizo el STJ en su resolucion es negarle la participación en la causa a actores territoriales orgánicos y representativos de la voluntad popular a lo largo de la provincia, entre ellas las organizaciones que presentaron la accion legal: Fundación Inalafquen, Multisectorial Golfo San Matías; Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas, Fundación Greenpeace Argentina; Fundación Patagonia Natural; Asamblea por la Tierra y el Agua de las Grutas; Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata, Pastoral Social Diócesis de Bariloche, Pastoral Social Diócesis de Viedma; Pastoral Social Diócesis Alto Aalle, Radio Comunitaria La Korneta, Feria de Artesanos Victor Menjolou de las Grutas; Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Partido Socialista de Rio Negro y Asamblea Socioambiental de Cipolletti. 

Esta y otras acciones del Poder Judicial local se encuentran alineadas con las políticas fosilistas y extractivistas del gobierno provincial y las empresas petroleras y gasíferas que operan históricamente en la región. Esto incluye la falta de transparencia y consulta ciudadana, lo que se encuentra en violación del Acuerdo de Escazú, ratíficado por nuestro país. También la suspensión de la Audiencia Pública organizada para esta causa, cuyas flagrantes irregularidades fueron denunciadas por las organizaciones ante la Fiscalía de Estado.

El rechazo de la causa niega la voz de las comunidades territoriales que resisten el avance de la infraestructura de Vaca Muerta. La cual necesariamente viola derechos humanos y ambientales para maximizar y lograr su rentabilidad macroeconómica. El modelo actual de avance del entramado petrolero avanza sobre  falsas promesas de riqueza, que a 10 años de Vaca Muerta, se ha comprobado que no solo son falsas, sino que han fugado más divisas de las que han ingresado. Recientemente estuvimos presentes en las Grutas y pudimos una vez más comprobar la voz del Pueblo: ¡La Ley 3308 no se toca!

La causa por el golfo San Matías 

El 9 de septiembre de 2022, la Legislatura de Río Negro aprobó la Ley N°5.594, que modifica la Ley N°3.308 previa, la cual brindaba una protección especial al Golfo San Matías debido a sus singulares características ecológicas, naturales y socioeconómicas, consideradas únicas a nivel mundial. Esto fue realizado de espaldas a la participación ciudadana y de organizaciones de la sociedad civil, a puertas cerradas y con velocidad nunca vista. 

Forma parte del impulso al megaproyecto Vaca Muerta más allá de las fronteras de los yacimientos de la cuenca Neuquina. El mismo implica la construcción de grandes proyectos de infraestructura para su funcionamiento. El “Proyecto de Oleoducto Vaca Muerta Sur” de YPF pretende también instalar un gran puerto para la exportación de petróleo, que puede contaminar agua, tierra y suelo en el territorio rionegrino, como a su vez, afectar miles  de puestos de trabajo en la pesca y el turismo de la zona.

Contacto de prensa AAdeAA/CAJE: Gonzalo Vergez +54 9 223 426-8927

Foto: Greenpeace

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