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Península Valdés en Peligro: Cámaras de la economía regional, asambleas vecinales y organizaciones conservacionistas presentan una acción legal cuestionando la terminal petrolera en el Golfo San Matías

Ante el irregular avance del oleoducto desde Vaca Muerta al golfo San Matías.

Un amplio colectivo por el ambiente, la economía y la cultura le reclamó judicialmente al estado Chubutense prevenir y evitar el daño por la terminal petrolera del proyecto Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur. El bloque diverso presentó una acción legal en la provincia de Chubut por el ilegítimo avance del del proyecto para la realización de un ducto que transportará hidrocarburos desde Vaca muerta atravesando toda la provincia de Río Negro y parte de Neuquén y finalizará en un puerto de carga con dos monoboyas en el Golfo San Matías (Río Negro).

La iniciativa, presentada en el marco del segundo aniversario del Atlanticazo, destaca los riesgos y las consecuencias devastadoras que la terminal portuaria representa para la región. Es clave destacar que la fuerte conectividad oceanográfica y biológica entre el enclave donde se establecerá la terminal portuaria y el Golfo San José y el Golfo Nuevo; estos dos últimos componentes claves del entorno de la Península Valdés. Área ampliamente protegida, no solo a nivel provincial, sino también a nivel internacional por la Convención de Ramsar y por UNESCO en su carácter de Sitio de Patrimonio Mundial.

La acción fue interpuesta con fundamento en la inacción previa de la Provincia de Chubut en relación al puerto petrolero con enorme impacto en la región. Quedó radicada en el Juzgado Civil y Comercial de Puerto Madryn Titular del Juzgado Dra. María Laura Eroles. A través de un escrito se solicitó a las dependencias provinciales, conforme lo establece la ley XI 18, a tomar medidas preventivas y transparentar el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental e intervenir eficaz y activamente en él.

Entre las organizaciones que conforman la alianza están la Cámara de Turismo y Servicios de Península Valdés (CAPENVAL), la Asociación Red de Alquileres Temporarios de Puerto Madryn, el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), Asamblea Vecinal de Puerto Pirámides, la Asociación Argentina de Guías Balleneros, la Cámara Patagónica de Empresas de Avistajes de Ballenas, la Fundación Península Valdés Orca Research, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, la Fundación Greenpeace Argentina, la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación Patagonia Natural, la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo Península Valdés, la Asociación de Guías Profesionales de Turismo del Chubut y la Asamblea No a la Mina de Esquel.

Este colectivo refleja la preocupación de varios sectores de la sociedad civil que advierten que este puerto con dos monoboyas se emplazará a 30 km de la Península Valdés, afectando claramente la biodiversidad y la economía de las áreas marinas involucradas. Las infraestructuras costeras, se emplazarán en importantes enclaves de biodiversidad, con inmenso valor para las comunidades locales y actividades económicas que esta sustenta. El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, y su terminal petrolera es una clara amenaza al patrimonio biocultural, histórico, socio-productivo en la zona. En definitiva, a los bienes comunes, afectando principal pero no excluyentemente a la pesca artesanal y deportiva, turismo de avistaje de fauna, deportes acuáticos y buceo, entre otros.

Las organizaciones exponen la omisión antijurídica del estado chubutense al no implementar acciones y políticas preventivas, exponiendo al territorio, su biodiversidad y a miles de familias a un riesgo previsible de daño social y ambiental.

La reforma de la ley 3308 de Rio Negro, que protegía las aguas y costas del Golfo San Matias de la industria petrolera, hizo que vecinos, vecinas y organizaciones de distintas partes del país llevaran a la Justicia la modificación de la referida Ley con una acción de inconstitucionalidad que fue presentada ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en diciembre de 2022. El caso se encuentra actualmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La reforma que quitó la protección a San Matias viola el Acuerdo de Escazú, al carecer de transparencia y verdadera participación ciudadana. Además, atenta contra principios constitucionales de progresión y no regresión en materia ambiental, ya que desprotege al Golfo ante el avance petrolero.

Las organizaciones explicitan que, según la normativa provincial y nacional, la autoridad provincial de Chubut tiene la responsabilidad de adoptar medidas necesarias para la preservación de las condiciones naturales. La acción se funda en los artículos 38, 41 y 155 de la ley XI N° 35, Código Ambiental de la provincia, y el artículo 39 de la ley de Áreas Naturales Protegidas.

En la acción, las organizaciones manifiestan actuar en nombre de un interés colectivo: la preservación de los ecosistemas costeros marinos, su equilibrio ecológico, biodiversidad y las actividades turísticas, productivas y comerciales asociadas.

Las monoboyas petroleras amenazan a más de 150 especies marinas únicas en la región, la rica biodiversidad del Área Natural Protegida Península Valdés, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Se pueden mencionar entre ellas:

Colonias reproductivas del pingüino de Magallanes; una de las principales zonas de reproducción de la Ballena Franca Austral; sitios de anidación de aves playeras y costeras; colonias de lobos y elefantes marinos; sitios de caza de Orcas entre otros dependen de la calidad de las aguas del Golfo San Matias y se ponen en riesgo con este proyecto.

Un evento como el sucedido el pasado 28 de diciembre en la Ría de Bahía Blanca con la rotura de un ducto de carga de una monoboya similar a la instalarse en San Matías, tiñendo de petróleo crudo las aguas, tendría un impacto directo en la Península Valdés, ya que la circulación oceánica indefectiblemente lo arrastraría hacia allí. (1)

(2) también se puede citar como caso de derrame de crudo lo sucedido en Caleta Córdova en el 2007 con aproximadamente 300m3 de petróleo que impactaron negativamente a lo largo de 5km de costa en el Golfo San Jorge (es un ejemplo puntual de la Provincia)

En concordancia con el principio constitucional de no causar daño ambiental (Artículo 19 de la Constitución Nacional), las organizaciones exigen información detallada a la Provincia de Chubut sobre las medidas preventivas y la participación de los Chubutenses en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. Además, instan a la provincia a iniciar diálogos interprovinciales para abordar colectivamente los desafíos de la conservación de los bienes comunes.

Este llamado se basa en el derecho constitucional al ambiente sano, reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, respaldado por tratados internacionales como el Convenio de Escazú, que destaca la importancia del acceso a la información ambiental y la participación ciudadana en asuntos ambientales. Las organizaciones subrayan que la prevención es fundamental y que el acceso a la información es clave para tomar decisiones informadas y responsables. Se espera que la provincia de Chubut, en su papel de garante del derecho humano al ambiente sano, tome medidas efectivas y transparentes.

https://www.eldia.com/nota/2023-12-31-13-35-0-preocupa-un-tremendo-derrame-de-petroleo-en-bahia-blanca-que-paso–informacion-general

A la Corte Suprema en la Causa por el Golfo San Matías

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) expresamos nuestro más enérgico repudio a la decisión tomada por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) en la causa por el Golfo San Matías. Nos solidarizamos con las asambleas y comunidades que resisten el embate de la industria petrolera y gasífera, y manifestamos nuestra convicción de continuar patrocinando legalmente esta causa hasta sus últimas instancias. Por eso interpusimos el 31 de mayo pasado un Recurso Extraordinario Federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación modifique la arbitraria y absurda decision del STJ de Rio Negro.

Como organización patrocinante, denunciamos que en el fallo el STJ de Rio Negro no analiza el reclamo de fondo: la inconstitucionalidad de la Ley 5.594 sancionada el 9 de agosto de 2022 por la Legislatura de Rio Negro en clara violacion al principio constitucional de progresividad y no regresión y al derecho de información y participación ciudadana, modificando la histórica Ley 3308 que prohibía la construcción de oleoductos y terminales de carga y descarga de combustibles fósiles en el área natural Golfo San Matias.

Lo único que hizo el STJ en su resolucion es negarle la participación en la causa a actores territoriales orgánicos y representativos de la voluntad popular a lo largo de la provincia, entre ellas las organizaciones que presentaron la accion legal: Fundación Inalafquen, Multisectorial Golfo San Matías; Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas, Fundación Greenpeace Argentina; Fundación Patagonia Natural; Asamblea por la Tierra y el Agua de las Grutas; Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata, Pastoral Social Diócesis de Bariloche, Pastoral Social Diócesis de Viedma; Pastoral Social Diócesis Alto Aalle, Radio Comunitaria La Korneta, Feria de Artesanos Victor Menjolou de las Grutas; Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Partido Socialista de Rio Negro y Asamblea Socioambiental de Cipolletti.

Esta y otras acciones del Poder Judicial local se encuentran alineadas con las políticas fosilistas y extractivistas del gobierno provincial y las empresas petroleras y gasíferas que operan históricamente en la región. Esto incluye la falta de transparencia y consulta ciudadana, lo que se encuentra en violación del Acuerdo de Escazú, ratíficado por nuestro país. También la suspensión de la Audiencia Pública organizada para esta causa, cuyas flagrantes irregularidades fueron denunciadas por las organizaciones ante la Fiscalía de Estado.

El rechazo de la causa niega la voz de las comunidades territoriales que resisten el avance de la infraestructura de Vaca Muerta. La cual necesariamente viola derechos humanos y ambientales para maximizar y lograr su rentabilidad macroeconómica. El modelo actual de avance del entramado petrolero avanza sobre falsas promesas de riqueza, que a 10 años de Vaca Muerta, se ha comprobado que no solo son falsas, sino que han fugado más divisas de las que han ingresado. Recientemente estuvimos presentes en las Grutas y pudimos una vez más comprobar la voz del Pueblo: ¡La Ley 3308 no se toca!

La causa por el golfo San Matías

El 9 de septiembre de 2022, la Legislatura de Río Negro aprobó la Ley N°5.594, que modifica la Ley N°3.308 previa, la cual brindaba una protección especial al Golfo San Matías debido a sus singulares características ecológicas, naturales y socioeconómicas, consideradas únicas a nivel mundial. Esto fue realizado de espaldas a la participación ciudadana y de organizaciones de la sociedad civil, a puertas cerradas y con velocidad nunca vista.

Forma parte del impulso al megaproyecto Vaca Muerta más allá de las fronteras de los yacimientos de la cuenca Neuquina. El mismo implica la construcción de grandes proyectos de infraestructura para su funcionamiento. El “Proyecto de Oleoducto Vaca Muerta Sur” de YPF pretende también instalar un gran puerto para la exportación de petróleo, que puede contaminar agua, tierra y suelo en el territorio rionegrino, como a su vez, afectar miles de puestos de trabajo en la pesca y el turismo de la zona.

Contacto de prensa AAdeAA/CAJE: Gonzalo Vergez +54 9 223 426-8927

Foto: Greenpeace

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Rechazo al inconstucional avance de la industria petrolera y gasífera en el Golfo San Matías

Reproducimos a continuación el comunicado emitido por Asambleas del Curru Leufu, el encuentro de distintas asambleas de la provincia de Río Negro.

Contacto de prensa AAdeAA/CAJE: Gonzalo Verguez +54 9 223 426-8927

El STJ evitó pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la modificación de la Ley 3308

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro utilizó un artilugio jurídico para evitar pronunciarse sobre el pedido de inconstitucionalidad que varias organizaciones, asambleas, vecinxs e instituciones presentamos para defender nuestro Golfo San Matías del avance petrolero. El STJ concluye que no existe “legitimación activa” de los demandantes. La conclusión se basa en lo enviado por la fiscalía y la procuraduría, que tiene escasez argumental y niega hechos conocidos públicamente como el “Proyecto de Oleoducto Vaca Muerta Sur” de YPF. Ante esto, el gran interrogante deberá ser: Señores jueces ¿quiénes consideran ustedes que son legítimos accionantes? Todos los firmantes continuaremos considerándonos legítimos accionantes, porque nuestros argumentos son sólidos y verdaderos. Esta sentencia no resuelve la cuestión de fondo, porque el tribunal no respondió a los planteos centrales esgrimidos en la demanda.

Las organizaciones hemos visto cómo distintas instancias estatales (el Legislativo de la provincia de Río Negro con la modificación de la Ley 3308, el Ejecutivo Nacional con el impulso de Vaca Muerta, el Ejecutivo Provincial con el aval y promoción del proyecto y ahora al Poder Judicial Provincial) no funcionan como garantes de un ambiente sano, ni de la población, ni de las actividades económicas regionales y el futuro.

El fallo ha violado nuevamente el Acuerdo de Escazú, y las Leyes Nacionales que promueven nuestra participación en la toma de decisiones que afectarán el futuro y la vida de nuestros territorios. Desde que este proceso empezó, observamos la imposibilidad de discutir la cuestión de fondo del conflicto.

Tal como expresamos, el fallo no apunta a ninguno de los argumentos que elaboramos entre todas las organizaciones, menosprecia a la población aduciendo que la información no existe porque el proyecto es hipotético y, por lo tanto, la afectación posible también. Esta actitud de negación no resiste ni un mínimo análisis; el proyecto es tan conocido como la hoja de ruta de la empresa, que hasta pauta tiempos y objetivos, entre ellos la modificación de la Ley 3308 que solicitamos que sea considerada inconstitucional. El ejecutivo ha realizado el llamado de Audiencia Pública en la provincia, la cual tuvo que suspenderse por incurrir en una serie de irregularidades que estas mismas organizaciones señalamos ante la Fiscalía de Estado. A su vez, se realizó la Audiencia Pública en Neuquén para dar lugar a la construcción del primer tramo del oleoducto. Lo que el tribunal marca como “hipotético” no es parecer ni suponer, es una realidad contundente que están decidiendo no ver.

El fallo brindado no respeta los derechos y garantías que obligan a los jueces a hacer una interpretación amplia de las leyes, tampoco escucha los reclamos legítimos del pueblo rionegrino. Más bien pareciera responder a los intereses de las corporaciones petroleras ignorando el planteo central y corriendo la discusión hacia la legitimación activa del pueblo que defiende el ambiente sano. No hay un solo argumento interpretativo propio de la labor y obligación que tienen los jueces.

Volvemos a sostener que la modificación de la Ley 3.308 es INCONSTITUCIONAL y que fue hecha a espaldas del pueblo.

Exigimos que se respeten nuestros derechos y denunciamos que la legitimidad que nos niega el Poder Judicial la haremos manifiesta en la calle. En cada uno de los territorios se levantarán acciones ante este proyecto que contamina agua, aire y suelo, que destruirá nuestros ecosistemas y afectará los miles de puestos de trabajo del turismo y la pesca del Golfo.

Si la balanza está inclinada tocará al pueblo rionegrino ponerla en su lugar.

Multisectorial Golfo San Matías – Observatorio Petrolero Sur – Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro – UnTER Valle Medio – Movimiento Ecuménico de DDHH Regional Viedma y Patagones – Junta promotora APDH Alto Valle- Pastoral social Diócesis de Viedma- Feria de artesanos «Victor Menjoulou» Las Grutas- Red de Comunidades Costeras – Asamblea Mar Libre de Petroleras Mar del Plata – Red Ecosocialista – Asambleas de la Curru Leufú – Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas – Asamblea Antimegaminería de Bariloche – Asamblea en Defensa del Agua y el Territorio Neyen Mapu de Valcheta – Asamblea por el Agua y el Territorio de Wawel Niyeu (I. Jacobacci) – Asamblea por el Agua y la Tierra Fiske Menuco (Roca) – Asamblea Trawn Ko Viedma – Asamblea Socioambiental de Cipolletti – Asamblea Permanente por el Río Colorado – Asamblea Socioambiental Valle Medio – Asamblea Ambiental Interpueblos de Ing Huergo, Villa Regina, Godoy, Chichinales – Asamblea del Valle de Conesa – Asamblea del Coli Leuvu de Catriel- Asamblea por el Agua Comarca de Viedma – Asamblea en Defensa del Territorio de Pto. Madryn – Foro Ambiental y Social de la Patagonia – Comunidad Costera de Tierra del Fuego, AeIAS – CTA Bahía Blanca – Coordinadora Socioambiental Bahía Blanca.

Teléfonos de contacto:

☎️ 2934 46-0520 Suyhay Quilapán | Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas

☎️ 11 7362-3820 Fabricio Di Giacomo | Multisectorial Golfo San Matías

☎️ 2984 73-4419 Mauro Istueta | Abogado- Asamblea por el Agua y la Tierra de Fiske Menuco