Comunicados oficiales de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas dirigidos a prensa, medios especializados, funcionarios públicos en todos sus niveles, activistas y otros integrantes de la sociedad civil.
En la Megacausa de la Mafia del Desmonte en Chaco, la Justicia Federal realizó varios allanamientos en Casa de Gobierno y otros lugares. También ratificó nuestra participación como querellantes
Resistencia, 25 de agosto de 2024
En una noticia trascendental para la lucha ambiental en nuestro país, la Justicia Federal de Chaco ha decidido aceptar a la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas como querellantes en la megacausa conocida como la “Mafia del Desmonte”. Este reconocimiento significa que, a partir de ahora, podremos ser parte activa del proceso judicial que busca frenar la devastación de los bosques nativos chaqueños. Es un paso fundamental para desarticular este entramado que viene desmontando ilegalmente hace décadas el monte chaqueño nativo. Vamos a poder participar activamente en la investigación penal, lo que nos permite garantizar que los responsables de este entramado de corrupción y ecocidio no queden impunes y que la justicia avance en beneficio de la sociedad chaqueña, sus ecosistemas y comunidades .
Al ser querellantes, podremos acceder al expediente completo y analizar cada documento presentado en la causa. Además, tendremos la posibilidad de fortalecer la enorme cantidad de pruebas que ya hemos presentado y consideramos esenciales para esclarecer los hechos. Estaremos en una posición clave para impulsar que avance todo el proceso judicial y evitar que los intereses corporativos y políticos frenen la investigación o desvien la atención.
En las últimas semanas, fuimos testigos de la celeridad con la que actuó la Justicia Federal: se realizaron allanamientos en diversas dependencias del gobierno provincial de Chaco. Esta acción, algo que no veíamos desde hace muchos años, es una señal clara de que la maquinaria judicial ha comenzado a moverse con seriedad, enfocándose en desarticular esta red de corrupción. Es una muestra de que la presión social y la participación activa en la causa pueden dar resultados concretos.
Sabemos también que esta causa no es solo por la protección del monte, sino que va mucho más allá. A lo largo de todo el país es necesario desenmascarar las redes de poder político y empresarial que se enriquecen a costa de la naturaleza y de las sociedades que dependen de ella. Nuestro rol en este causa es un paso firme y decidido hacia la justicia #ecosocial que creemos necesaria para todo el país, para todos nuestros bienes comunes. La única forma de frenar estos entramados es con un trabajo de toda la sociedad, uniendo esfuerzos y voces para exigir justicia y terminar de una vez por todas con el saqueo de nuestro futuro. La lucha continúa, y estamos más comprometidos que nunca.
Estamos convencidos de que este es un momento clave para avanzar en la construcción de una justicia ecosocial en Argentina. No podemos permitir que los intereses privados sigan destruyendo nuestros bienes comunes con total impunidad y en detrimento de nuestro bienestar.
En el marco de nuestra denuncia penal contra la Mafia del Desmonte en Chaco, la jueza federal Zunilda Niremperger (Juzgado Federal N°1 de Resistencia) acaba de dictar una medida cautelar que suspende los desmontes en toda la provincia por el término de 3 meses (ampliables). Esto representa una gran victoria judicial.
La megadenuncia penal, presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas el pasado 3 de julio devela el aceitado mecanismo de corrupción público/privado que lucra con la destrucción del monte chaqueño. La jueza acaba de conceder el dictado de una medida cautelar para la suspensión de los desmontes, que habíamos solicitado en dicha demanda.
A través de la resolución la magistrada ordenó al Poder Ejecutivo de Chaco, Ministerio de la Producción y Desarrollo Económico Sostenibles, la suspensión de los desmontes, tanto los que hubieren sido autorizados y aún no se han ejecutado, como así, el otorgamiento de nuevos permisos para ello, en el territorio de toda la provincia.
La dura y contundente denuncia penal, y posterior acusación fiscal, es contra Hernán Halavacs, gestor forestal, actual Ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de Chaco; Miguel Ángel López, ex Director de Bosques de la Provincia, actualmente empresario forestal; Luciano Olivares, ex Subsecretario de Desarrollo Forestal, actual asesor legal del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de la Provincia; Atlanto Honcheruk, empresario forestal, Diputado provincial; Juan José Bergia, Diputado provincial; Zenón Cuellar, Intendente de la localidad de El Espinillo – Chaco, entre otros.
En dicha denuncia penal, acusamos a funcionarios públicos, diputados y empresarios de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal), tráfico de influencias (art. 256 bis), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265), malversación de caudales públicos (art. 260), y Asociación Ilícita, entre otros. La gravedad de estos actos llevó al fiscal a solicitar también la aplicación de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, lo que implica que no solo se investigará a individuos, sino también a empresas como VICENTIN; LAS GUINDAS; ESTABLECIMIENTO MONTERREY; CUENCA DEL SALADO; GRUPO BURATOVICH HERMANOS; MSU; TRIAD; ALEJANDRO HAYES CONI, RICARDO SHIHON y JERILDERIE; CIGRA; y LA NUEVA PIRÁMIDE., entre otras.
Este dictamen es un respiro para el Monte Chaqueño y su gente. Seguiremos hasta desarticular a la Mafia del Desmonte.
Funcionarios, empresas y diputados imputados a raíz de mega denuncia ante la Justicia Federal
14 de agosto de 2024
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, celebramos el requerimiento fiscal, que representa un golpe decisivo contra la llamada Mafia del Desmonte de Chaco, organización criminal que devastó (y devasta) miles de hectáreas de monte nativo en un entramado de corrupción para beneficio propio.
Este miércoles 14 de agosto, la Fiscalía Federal de Chaco, a cargo del Dr. Patricio Sabadini, respondió a nuestra megadenuncia penal e imputó a altos funcionarios, diputados y empresas por delitos graves que van desde el abuso de autoridad hasta la malversación de caudales públicos y asociación ilícita. Estos individuos, que actuaron como legisladores, funcionarios y empresarios, se enriquecieron a costa del ecocidio en la provincia.
La dura y contundente acusación y pedido de investigación ante el Juzgado Federal N°1, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, es contra Hernán Javier Halavacs, gestor forestal, actual Ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de la Provincia del Chaco; Miguel Ángel López ex Director de Bosques de la Provincia del Chaco, actualmente empresario forestal; Luciano Olivares, ex Subsecretario de Desarrollo Forestal, actual asesor legal del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de la Provincia del Chaco; Atlanto Honcheruk, empresario forestal, diputado provincial; Juan José Bergia, diputado provincial; Zenón Cuellar, intendente de la localidad de El Espinillo – Chaco.
Entre los delitos imputados se encuentran abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal), tráfico de influencias (art. 256 bis), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265), y malversación de caudales públicos (art. 260), entre otros. La gravedad de estos actos llevó al fiscal a solicitar también la aplicación de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, lo que implica que no solo se investigará a individuos, sino también a empresas como VICENTIN; LAS GUINDAS; ESTABLECIMIENTO MONTERREY; CUENCA DEL SALADO; GRUPO BURATOVICH HERMANOS; MSU; TRIAD; ALEJANDRO HAYES CONI, RICARDO SHIHON y JERILDERIE; CIGRA; y LA NUEVA PIRÁMIDE., entre otras.
Esta decisión judicial representa el primer paso para desbaratar la Mafia del Desmonte de Chaco, una organización criminal que se enriqueció a costa del ecocidio del monte nativo en la provincia. En ella hubo complicidad del poder provincial, que en ambos lados del mostrador tenía legisladores, funcionarios públicos y empresarios.
El fiscal Patricio Sabadini, además de imputar a altos funcionarios y empresas, ha solicitado el cese inmediato de las actividades de extracción forestal. Esta medida urgente busca detener la devastación del monte nativo en Chaco, una acción que amenaza la supervivencia de ecosistemas enteros y el bienestar de generaciones futuras.
Las autoridades pertinentes deben actuar con firmeza y celeridad para retrotraer urgentemente el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), realizado a medida para las empresas deforestadoras y el entramado delictivo alrededor. La sociedad chaqueña y el bienestar de su sociedad, de sus ecosistemas y montes nativos buscan garantizar a largo plazo la justicia social y ecológica.
La acción resuena hasta en los círculos vaticanos, ya que la mismísima encíclica Laudato Si del Papa Francisco fue citada por la Fiscalía Federal de Chaco en la denuncia. El documento, que insta a la humanidad a proteger el ambiente, es un llamado a la acción contra la crisis climática y la posible extinción humana.
Desmonte en Chaco
Desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques, en Chaco se han desmontado 485.162 hectáreas. La reciente aprobación de la Ley 4005-R en abril de 2024, que pretendía habilitar el desmonte de un millón de hectáreas adicionales, motivó nuestra denuncia penal. Esta legislación, hecha a medida para las empresas deforestadoras, refleja la connivencia entre el poder político y los intereses privados. La sociedad chaqueña no puede permitir que su patrimonio natural sea sacrificado por el beneficio económico de unos pocos.
Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques hasta fines de 2022, en Chaco se desmontaron 485.162 hectáreas. La reciente aprobación de la Ley 4005-R en abril de 2024, que habilitaba el desmonte de un millón de hectáreas adicionales, motivó la presentación de la denuncia penal y la solicitud de medida cautelar.
Contacto de prensa: Enrique Viale +54 9 11 5120-7518
Ante el contexto de crisis multidimensional que atraviesa la Argentina, diversas organizaciones y equipos de trabajo se autoconvocaron para actuar en un esfuerzo conjunto. Unidos por la convicción de que es posible construir otras alternativas de sociedad, el denominado Equipo Transicionesse propone construir horizontes y alternativas comunes en el marco de una transición ecosocial justa para Argentina.
Para hacer extensiva la invitación a formar parte de este debate urgente y necesario, la propuesta será presentada públicamente el próximo miércoles 7 de agosto, a partir de las 18:00, en el auditorio de ATE (Belgrano 2527, CABA). Para garantizar una participación amplia y federal, el evento también será transmitido en vivo por streaming.
La presentación estará a cargo de Maristella Svampa, quien introducirá los diferentes ejes temáticos de la propuesta, desarrollados por: Rubén Lo Vuolo, quien hablará sobre el Estado Ecosocial; Francisco Cantamutto, que abordará la Deuda Ecológica y Externa; Pablo Bertinat, que discutirá sobre la transición energética; Corina Rodriguez Enriquez, quien expondrá sobre la sociedad del cuidado; y Cecilia Anigstein, que presentará transformaciones del mundo del trabajo. La periodista Ana Cacopardo será la encargada de coordinar la actividad.
La coalición reúne un equipo de equipos, esto es, un grupo diverso y comprometido de organizaciones y colectivos, incluyendo el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur (capítulo argentino), el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y Asociación de Abogades Ambientalistas de Argentina, el Grupo de estudios en Geopolítica y Bienes Comunes (GYBC), el Taller Ecologista, Trama Tierra, Observatorio Observatorio Petrolero Sur (OPSur), el Instituto de Salud Socioambiental (INSSA), el Centro de Documentación e Investigación de la cultura de Izquierdas (CeDInCI), el Centro Interdisciplinario para el estudio de Políticas Públicas (CIEPP), la Fundación Rosa Luxemburgo (FRL-oficina Cono Sur), la Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE), el Grupo de Investigación sobre Economía Ambiente y Sociedad (GEEAS), y diferentes especialistas que hacen parte de redes de investigaciones y experiencias colectivas.
El Equipo Transiciones propone que es posible imaginar un futuro con justicia ambiental sólo si se abordan las desigualdades y la injusticia social que atraviesan la Argentina. Por eso este equipo de equipos se centra en las intersecciones entre desigualdades sociales y ambientales, de género y raciales, para desde allí trazar un horizonte de transición justa y popular. Si bien el escenario nacional y geopolítico es manifiestamente adverso, marcado para el caso de nuestro país por un gobierno ultra liberal, autoritario, negacionista y racista, entienden que éste es el momento de la discusión colectiva, de unir fuerzas para elaborar agendas comunes y radicales que nos permitan encontrar salidas a la crisis múltiple que enfrentamos.
La coyuntura actual hace fundamental apuntar a un país con justicia social y ambiental. El equipo construyó un diagnóstico conjunto que apunta a trabajar sobre propuestas concretas, hacia una nueva institucionalidad política en materia socioeconómica, energética y productiva. Su intención es promover el diálogo intersectorial para la consolidación de transiciones ecosociales justas en Argentina.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) celebramos el fallo trascendental del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén que investiga el escandaloso negocio millonario de los basurales petroleros en Vaca Muerta. El Tribunal dictó una resolución donde reinstauró embargos por 7 millones de dólares sobre los bienes que COMARSA – empresa acusada por delitos de contaminación y defraudación – posee en tanto en el Parque Industrial de Neuquén como en su planta en Añelo.
La decisión surge tras una impugnación presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén y la fiscalía de Delitos Ambientales local.
Con este fallo, se abren nuevas oportunidades para la judicialización de prácticas contaminantes, en áreas donde la industria fósil suele actuar con impunidad como Vaca Muerta. La reinstauración de los embargos por 7 millones de dólares refuerza la capacidad de las organizaciones ambientales para exigir responsabilidad y rendición de cuentas a las empresas que operan de manera negligente o ilícita.
Los embargos no solo afectan a los bienes de Comarsa, sino también a las cuentas bancarias y billeteras virtuales de dos de los tres imputados: J.M.L, presidente y accionista mayoritario de Comarsa desde 2014, y H.E.B, quien tuvo funciones de administración y control hasta enero de 2021.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén, anuló un fallo previo que limitaba el embargo al monto correspondiente a las multas vigentes por contaminación según la legislación específica. El nuevo fallo restaura el embargo original. Coincide con el criterio de la fiscalía y las querellas particulares, considerando que las medidas cautelares también pueden alcanzar el decomiso de bienes obtenidos a partir de actividades ilícitas. Esto marca un precedente importante para futuros casos de contaminación ambiental.
Desde 2014, Comarsa ha sido objeto de investigaciones impulsadas a partir de denuncias de organizaciones y colectivos locales de Neuquén, por haber contaminado el ambiente y puesto en peligro la salud de la población local. Estas acciones han tenido lugar en un predio ubicado en el parque industrial de Neuquén capital, donde la empresa realiza supuestas actividades de recuperación de residuos peligrosos. El modelo de combustibles fósiles asociado a Vaca Muerta inherentemente involucra casos como el de Comarsa donde los residuos peligrosos y radioactivos no son tratados de manera adecuada. De incorporar este costo, los márgenes apenas rentables de la industria petrolera nacional no serían suficientes.
La maniobra investigada abarca desde 2014 hasta la actualidad, y se centra en un predio ubicado en el parque industrial de Neuquén capital. Comarsa es acusada de contaminar el ambiente y poner en peligro la salud de la población, en violación de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos y el Código Penal. Los imputados enfrentan cargos por contaminación peligrosa para la salud pública (artículos 57 y 55 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, con remisión al artículo 200 del Código Penal) y administración fraudulenta (artículo 173, inciso 7, del Código Penal).
Al reafirmar y ampliar las medidas cautelares, la corte envía un mensaje contundente a las empresas y actores involucrados en actividades contaminantes: la justicia está dispuesta a actuar con firmeza en casos de delitos ambientales y de afectación a la salud pública.
Investigación devela una trama de corrupción de Funcionarios/Empresarios para la deforestación en Chaco
A fines de Abril la Legislatura de Chaco votó una Ley que permite el desmonte de cientos de miles de hectáreas de Bosque Nativo. Está hecha a medida del agronegocio y las tanineras. Ese cambio normativo fue impulsado por la “Puerta Giratoria” de la mafia del desmonte: Funcionarios/empresarios que pasan de un lado a otro del mostrador sin disimulo y para favorecer sus propios negocios.
El ministro de Producción de Chaco (Hernán Halavacs), máxima autoridad ambiental de la provincia y Autoridad de Aplicación de la Ley de Protección de Bosques, es -a su vez- quien más recibió permisos de desmontes en los últimos 10 años (como Ingeniero Agrónomo para sus clientes, actuales beneficiarios de la nueva Ley).
Funcionarios/Empresarios que traspasan los copernicanos cambios de gobierno de Chaco (funcionarios de Capitanich y ahora de Zdero). Luciano Olivares, actual asesor del Ministro Halavacs. En el anterior gobierno, Olivares era el Subsecretario de Desarrollo Forestal y era quien le otorgaba a Halavacs los permisos de desmonte.
Diputados de la provincia son, a su vez, poderosos empresarios forestales y del agronegocio, impulsaron y votaron la Ley que los enriqueció personalmente.
Desvíos de Fondos públicos, de origen Nacional (Ley de Bosques) e Internacionales (Fondo Verde para el Clima) para Conservación.
Trata de Personas, semi esclavitud, trabajo infantil forman parte de la trama colonial que envuelve a Chaco y la retrotrae al Siglo XIX (recuerda a La Forestal).
Toda esta investigación ha sido detallada en una puntillosa denuncia penal de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas que se presentó el día de hoy en la Justicia Federal con sede en Chaco.
ANTECEDENTES Y DETALLES
En tratamiento express, la legislatura de Chaco votó a fines de abril una ley que redujo ilegalmente la protección de sus bosques nativos y permite el avance de las topadoras sobre el monte nativo, territorios de campesinos e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté, entre otros. Dicha ley es inconstitucional y su formación legislativa tuvo gravísimas irregularidades.
La ley votada en la madrugada del 30 de abril es la consecuencia del accionar coordinado de un grupo de funcionarios, legisladores y empresarios que, con distintos roles, pero con un mismo objetivo, diseñaron un plan para arrasar el bosque nativo del Chaco y enriquecerse con el corrimiento de la frontera sojera o ganadera y, por otro lado, con la comercialización de la madera y subproductos, que son vendidos tanto en el mercado interno e internacional.
La denuncia penal fue realizada desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) ante la Justicia Federal con sede en la provincia de Chaco.
DENUNCIADOS/AS
Tras una investigación exhaustiva de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, se descubrió la participación activa de funcionarios públicos y empresarios en actividades ilícitas que implican la destrucción ilegal de bosques nativos. Se denunció penalmente la concentrada y millonaria maquinaria político/corporativa que se enriquece y maneja los hilos de la provincia según sus propios intereses.
¿Quiénes son los/as denunciados/as que están detrás de las tanineras, aserraderos y el agronegocio que promueven y realizan el desmonte de Bosque Nativo en Chaco?
Hernan Halavacs. Actual Ministro de Producción de Chaco, máxima autoridad ambiental de la provincia y autoridad de aplicación de la Ley de Bosques. Previo a ser funcionario público fue el Ingeniero Agrónomo que mayor cantidad de permisos de desmonte tuvo otorgados en la historia reciente de la provincia. Tenía un aceitado mecanismo, a través de una consultora, vinculado al otorgamiento de permisos irregulares de desmonte.
Luciano Olivares. Subsecretario de Desarrollo Forestal durante las gestiones de los gobernadores Peppo y Capitanich, principal responsable del desmonte desde el año 2014. Hoy es el asesor forestal del ministro Halavacs, a quien le otorgaba los permisos de desmonte cuando era funcionario público.
Atlanto Honcheruk. diputado provincial y empresario del transporte forestal. Titular de la mayor empresa transportista de madera de la Provincia.
Miguel Ángel López. ex-Director de Bosques de la Provincia. Propietario de uno de los mayores aserraderos de la provincia: Forestales del Oeste SAS
Ana VictoriaHupaluk. Empresaria maderera y carbonera. En uno de sus campos encontraron a 76 personas haciendo trabajo esclavo, incluyendo niñxs.. Socia de Miguel Angel lopez en el aprovechamiento de Tria S.A. A la cual el mismo Lopez entregó parcelas. Tienen relaciones comerciales con Halavacs.
Adolfo EduardoHupaluk. Empresario maderero y carbonero de Los Frentones. Socio de Ana Victoria. Uno de sus campos fue quemado por completo después de haber sido denunciado en audiencia pública.
Juan José Bergia. Legislador de NEPar, su propio partido. Maneja la Reserva Meguesoxochi, conocida por la explotación irracional de madera, a través de Zenón Cuellar. Junto a Luciano Olivares malversaron fondos verdes para el clima otorgados por la ONU
¿Qué delitos se imputan?
Entre los delitos específicos cometidos seespecifican: defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideologica de instrumento, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, trata de personas y/o asociación ilicita. Todos previstos en el Código Penal.
Se documentó la defraudación contra la administración pública, conforme al artículo 173 inciso 7 del Código Penal argentino. Los funcionarios mencionados han otorgado permisos de desmonte ilegal y han recategorizado parcelas de manera fraudulenta, desviando fondos públicos destinados a la conservación ambiental para favorecer intereses privados.
Además, se han identificado casos de falsedad ideológica de instrumento público, tipificados en el artículo 292 del Código Penal. Los acusados falsificaron documentos públicos para justificar la reclasificación de terrenos forestales como aptos para actividades agropecuarias, vulnerando así las disposiciones legales destinadas a la preservación de los recursos naturales.
Se registran casos de cohecho y tráfico de influencias, delitos contemplados en los artículos 256 y 268 del Código Penal, respectivamente. Los funcionarios públicos acusados habrían recibido beneficios económicos y otros favores indebidos a cambio de la facilitación de permisos de desmonte y la modificación de normativas ambientales locales. Estas prácticas ilícitas subvierten el principio de imparcialidad y objetividad que deben regir las funciones públicas, perpetuando un ciclo de corrupción que pone en riesgo tanto el ambiente como la integridad del sistema administrativo argentino.
PODEROSAS EMPRESAS DENUNCIADAS
Algunas de las empresas que aparecen vinculadas a esta trama de corrupción público/privada:
El actual ministro Halavacs trabajó como consultor para la familia Vicentín en al menos 14 oportunidades, que equivalen a casi 5500 ha en las que el técnico les realizó planes de desmonte.
Las Guindas S.A es una empresa agropecuaria de Rosario que obtuvo permiso de desmonte por 1331 ha en Brown en 2018, realizado por el entonces técnico Halavacs. es propiedad de la Familia Urquía, que dirige el Grupo Aceitera General Deheza (AGD).
El Grupo Buratovich Hnos es una gran empresa agropecuaria de Buenos Aires, propiedad de la familia Buratovic. De enorme peso económico, la familia posee intensos vínculos con políticos nacionales y chaqueños.
Ana Victoria Hupaluk es una empresaria forestal de Los Frentones dedicada a la extracción de madera y compraventa de tierras en el Departamento Brown. Es socia de La Nueva Pirámide S.A., empresa que es dueña de la Estancia La Nueva Pirámide y comparte socios con Indunor S.A., una de las dos principales tanineras del Chaco que extraen quebrachos de los Deptos. Brown y Güemes.
TRIAD S.A. en Chaco tiene domicilio fiscal en el estudio del Ingeniero Kalbermatter, socio de Miguel Angel Lopez en Charata. Esta sociedad de Buenos Aires pertenece a Santiago Bausili (actual presidente del Banco Central de la República Argentina -BCRA).
TANINERAS TRANSNACIONALES
La denuncia penal también pone sobre la lupa las poderosas empresas asociadas a la extracción del tanino, subproducto de los quebrachos desmontados y sus promiscuos vínculos con funcionarios y ex funcionarios.
El tanino se usa principalmente para el procesamiento y curtido del cuero y también, en menor medida, para el encamisamiento de tubos petroleros.
Actividad netamente extractivista y colonial (recordemos la británica La Forestal hace más de un siglo) que promueve una economía de enclave, que se realiza de manera cuasi minera y basada en la destrucción del monte. Monopolio controlado por un puñado de corporaciones, ligadas siempre al poder político, con escaso eslabonamiento local y concentración fundiaria (también se da en la soja). La megaempresa Indunor S.A., del grupo Italiano Silvateam, y Unitan, también de capitales transnacionales, son las dos tanineras responsables de, al menos, la pérdida de 30.000 hectáreas anuales de masa boscosa en la provincia.
MEDIDA CAUTELAR
A su vez se solicitó el dictado urgente de una medida cautelar que suspenda los efectos de la Ley 4005-R del 30 de abril de 2024, y cese inmediatamente toda actividad de destrucción de bosque nativo que ponga en riesgo este ecosistema crucial. La reforma del OTBN representa un acto delictivo consumado y en curso, con un claro riesgo de agravamiento mientras esté vigente. La sobreexplotación forestal se viene llevando a cabo a tasas muchas veces mayor a la de repoblación de los bosques milenarios del Impenetrable. Se calcula que, a este ritmo de extracción, habrá desaparecido en 2 décadas.
DENUNCIA PENAL A LA TRAMA DE CORRUPCIÓN
La Denuncia Penal tiene como objetivo se investigue y desarticule a esta Mafia del Desmonte de Chaco y eliminar su cooptación sobre el Estado de la provincia. Una organización criminal que se enriquece a costa del ecocidio, que deja exclusión, pobreza y destrucción. Si sigue en funcionamiento, el futuro de uno de los ecosistemas mas importantes de América del Sur, el gran Chaco Argentino (y la población, flora y fauna que allí viven) irá hacia su desaparición definitiva.
El Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) – Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) ha formalizado una denuncia ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) debido al reciente derrame de crudo ocurrido en Bella Vista Sur, barrio Islas Malvinas de Comodoro Rivadavia, el pasado 25 de junio.
El incidente, atribuido a YPF, fue inicialmente reportado a las 1:40 AM por autoridades locales, quienes señalaron la falta de información exacta sobre la cantidad de petróleo vertido. Según Nicolás Coluccio, Subsecretario de Ambiente del Municipio, el plan de emergencia de YPF fue desplegado con demora y deficiencias, lo que suscitó preocupaciones sobre la respuesta ambiental efectiva en la región.
En el marco legal, la denuncia apunta a posibles delitos en marco de la Ley de Residuos Peligrosos 24.051 y a daño culposo. El agravio al derecho constitucional y convencional a un ambiente sano, respaldado por normativas nacionales y provinciales que regulan la protección del ambiente.
Desde redacciones periodísticas locales documentaron el incidente, fuente de información importante ante la falta de investigaciones oficiales. Además, se solicitó a las autoridades competentes de Chubut y Comodoro Rivadavia que informen sobre las medidas tomadas y las posibles infracciones cometidas por YPF. También se requirió que funcionarios involucrados hicieran declaraciones testimoniales para aclarar los hechos y procedimientos administrativos.
Desde CAJE-AAdeAA reafirman la necesidad de que exista una rendición de cuentas ante este derrame de crudo en Comodoro Rivadavia. Es necesario que la incidentalidad inherente a la industria fosil rinda cuentas ante la sociedad. En nombre de las exportaciones que nunca llegan, la salud y seguridad de las comunidades no puede ser arriesgada. Por eso, este paso legal tiene como objetivo asegurar una investigación exhaustiva y la aplicación de sanciones correspondientes a los responsables del derrame.
⚖ Por la arbitrariedad de las detenciones queda de manifiesto que forma parte de una persecución política y ataque a la libertad de expresión y el derecho de protesta.
📝 El pedido de la fiscalía, de indagatoria y detención, enumera a todas las personas detenidas y las circunstancias que lo justificarían de manera absolutamente genérica, cargadas de una condena política. Deberían describirse persona a persona y con detalle -y referencia a pruebas concretas- las razones para privar de la libertad a las personas. La Justicia está actuando no en función de elementos objetivos del caso y respetando las normas procesales, sino en respuesta a una presión expresa del gobierno. Legalmente, en lugar de atribuir conductas delictivas concretas, como exigen las garantías penales, se describe un contexto general y tendencioso, sin distinguir casos ni precisar prueba.
❌ Todos los organismos estatales involucrados están avanzando con una absoluta falta de transparencia, antidemocráticamente. El Ministerio de Seguridad que dio las órdenes de reprimir y que en la causa penal se presentó como querellante; la Policía, en la calle; la Fiscalía, solicitando las detenciones en base a tuits de un organismo que no existe en el organigrama estatal. Ahora es momento de que la Jueza Federal Servini de Cubría se expida rápidamente. Durante las primeras 24hs después de detenidas las personas, los funcionarios responsables negaron su paradero a familiares y organismos de derechos humanos. No respondieron al pedido de información, lo que contradice la defensa del orden democrático y constitucional.
⚖ Exigimos el cierre de la causa que lleva el fiscal Stornelli y que se encuentra en manos de la jueza Servini de Cubría. Debe dictar excarcelaciones para que todas las personas sean inmediatamente puestas en libertad y poner fin a estas criminalizaciones sin ningún tipo de pruebas a personas que ejercían pacíficamente su derecho a la protesta.
En el medio de una brutal represión alrededor del Congreso, el proyecto de Ley de Bases fue aprobado en el Senado de la Nación. Por haber sufrido modificaciones, debe volver a su cámara de origen (Diputados) que debe sesionar nuevamente.
La Cámara de Diputados debe ahora considerar las modificaciones propuestas por el Senado. Hay tres posibles escenarios que pueden ocurrir:
Aprobación de las modificaciones: Si las modificaciones son aprobadas por la Cámara de Diputados, el proyecto de Ley de Bases se aprueba con los cambios realizados por el Senado.
Rechazo de las modificaciones: Si no son aprobadas las modificaciones, la Cámara de Diputados insiste con la versión original del proyecto. Para aprobar el proyecto original, se requiere una mayoría absoluta (al menos la mitad más 1 de los miembros).
Caducidad del proyecto: Si el proyecto no se trata nunca en Diputados este año y el próximo año por falta de quórum o cualquier otro motivo, se tendrá por caducado y no se convertirá en Ley.
Seguiremos más juntos y juntas que nunca, en la defensa de los territorios, de la Patria y la Naturaleza.
El Senado tratará esta semana el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones. Un centenar de organizaciones solicitamos que se rechace este modelo de privilegios, que compromete los derechos humanos y el ambiente por los próximos 30 años.
El proyecto que el Senado tratará esta semana plantea que los beneficios otorgados a las empresas adheridas al RIGI tengan prioridad por sobre el respeto a los derechos humanos y la protección del ambiente. Los proyectos de inversión no podrán ser afectados por regulaciones sobre el suministro, transporte y procesamiento de insumos que puedan afectar el proceso productivo.
De esta manera, en caso de escasez de agua o de energía, por ejemplo, la prioridad en el acceso a ambos recursos la tendrán las empresas beneficiadas por el RIGI, por sobre las personas. Tampoco habrá controles para las obras de infraestructura que realicen las empresas. Ninguna ley podrá afectar esas obras, incluso si se trata de leyes de protección de derechos o del ambiente. Además, si bien el dictamen incorporó requisitos vinculados a la protección del empleo y a la industria local, no incluyó ningún requisito referido a la evaluación de impacto y a la protección ambiental por parte de las empresas que se ampararon en RIGI.
El RIGI también contradice el derecho de las comunidades indígenas a tener información adecuada y suficiente y a participar en los procesos de toma de decisiones que van a afectar a los territorios donde viven desde siempre. Los cortísimos plazos que se establecen para la aprobación de proyectos -30 días con posibilidad de ampliarlo 15 días más- son incompatibles con los procedimientos necesarios para garantizar este derecho.
Por último, el proyecto establece que cualquier ley, provincial o nacional, que “limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe” el RIGI será declarada “nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia federal deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación”. Esto supone un avasallamiento no sólo a las autonomías provinciales sino también a uno de los principios más básicos de la democracia: la posibilidad de definir mediante mecanismos de deliberación democrática las leyes bajo las cuales nos regimos como comunidad.
Por todas estas razones, le solicitamos a senadores y senadoras:
que defiendan sus territorios, sus recursos naturales y el derecho al ambiente sano de todos y todas los habitantes de este país,
que protejan los derechos de las comunidades campesinas e indígenas que viven en sus territorios desde hace generaciones,
que defiendan el derecho de todos y todas a definir nuestras leyes, sin quedar sujetos a las condiciones establecidas por el RIGI por los próximos 30 años,
que respeten el principio de equidad intergeneracional y eviten comprometer a las generaciones futuras con arquitecturas legales sin mirada social ni ambiental.
Organizaciones firmantes:
CELS
FUNDACIÓN AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (FARN)
MOVIMIENTO NACIONAL CAMPESINO INDIGENA – SOMOS TIERRA
MOVIMIENTO NACIONAL CAMPESINO INDIGENA CLOC VÍA CAMPESINA
MESA AGROALIMENTARIA ARGENTINA
EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL ABORIGEN (ENDEPA)
CENTRO DE ESTUDIOS METROPOLITANOS (CEM)
CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL SOCIALISMO (CEPPAS)
FUNDEPS
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ABOGADOS Y ABOGADAS AMBIENTALISTAS (AADEAA) Y COLECTIVO DE ACCIÓN PARA LA JUSTICIA ECOSOCIAL (CAJE)
ABOGADAS Y ABOGADOS DEL NOA EN DERECHOS HUMANOS Y ESTUDIOS SOCIALES (ANDHES)
FEDERACIÓN RURAL PARA LA PRODUCCIÓN Y EL ARRAIGO
HORA DE OBRAR
CENTRO DE ESTUDIOS Y ACCIÓN POR LA IGUALDAD (CEAPI)
MOVIMIENTO CAMPESINO DE CÓRDOBA
FUNDACIÓN ASOCIANA
MULTISECTORIAL POR LOS HUMEDALES PARANÁ
PROGRAMA DE ESTUDIOS REGIONALES Y TERRITORIALES / IGEO – UBA
JÓVENES POR EL CLIMA ARGENTINA
GREENPEACE ARGENTINA
ASOCIACIÓN CIVIL POR LA JUSTICIA AMBIENTAL
GRUPO DE APOYO JURÍDICO POR EL ACCESO A LA TIERRA (GAJAT)
FUNDACIÓN HUMEDALES
CONSCIENTE COLECTIVO
ASOCIACIÓN DE ABOGADAS/OS DE DERECHO INDIGENA
ASOCIACIÓN CIVIL ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS (APDH)
INSTITUTO ARGENTINO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO (IADE)
PATAGONIA NATURAL
FUNDACIÓN CAUCE: CULTURA AMBIENTAL, CAUSA ECOLOGISTA
ASOCIACIÓN CIUDADANA POR LOS DERECHOS HUMANOS
RED DE DEFENSORAS DEL AMBIENTE Y EL BUEN VIVIR
ASOCIACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL
COLEGIO ABOGADOS SAN LUIS
ASAMBLEA DE ARTICULACIÓN DE PUEBLOS DEL QOLLASUYU
FUNDACIÓN IGUALDAD
FUNDACIÓN CON LOS PIES EN LA TIERRA
RED DE AGRICULTURA ORGÁNICA DE MISIONES (RAOM)
ASOCIACIÓN DE DERECHOS DE PUEBLOS INDÍGENAS
ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y EL DESARROLLO (APCD)
ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES DE PUERTO MADRYN (APAM)
RED DE AGRICULTURA ORGÁNICA DE MISIONES (RAOM)
AHORA QUE
ASOCIACIÓN CIVIL COMUNIDAD VERDE
COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA PARAJES UNIDOS
RED DE JARDINES SILVESTRES DE ALMIRANTE BROWN
ACUERDO BASADO EN PLANTAS
FUNDACIÓN YUCHAN
FUNDACIÓN HÁBITAT Y DESARROLLO
AGENDA PARA EL FUTURO
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD ARGENTINA
SURFRIDER ARGENTINA
ASOCIACIÓN ARGENTINO URUGUAYA DE ECONOMÍA ECOLÓGICA
ECO HOUSE GLOBAL
COMISIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD Y POR LA JUSTICIA EN CHUBUT
ALIANZA X EL CLIMA
C.O.A. ALTE. BROWN
EL PARANÁ NO SE TOCA
FUNDACIÓN PATAGONIA NATURAL
FIBO ASOCIACIÓN CIVIL
PARTIDO SOLIDARIO
COMUNIDAD INDÍGENA DIAGUITA DE EL MOLLAR
BANCO DE BOSQUES
CEPT 29
UN ÁRBOL ONG
PROYECTAR ONG
MULTISECTORIAL GOLFO SAN MATÍAS
REVOLUCIÓN DE LAS VIEJAS
GRUPO UNIDO MTE – RAOM
INSTITUTO PATRIA
FEDERACIÓN RIOJANA DE COOPERATIVAS AUTOGESTIONADAS (FERCOA)