Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, denunciamos la criminalización deliberada que responsabiliza al pueblo mapuche por los incendios en la Patagonia y desvía la atención de la ineficiente política de manejo del fuego. No hay ninguna evidencia que sustente estas acusaciones contra los pueblos originarios Se trata de una narrativa racista que busca desviar la atención del problema real: la ausencia de políticas estructurales de prevención y la desfinanciación crónica de los organismos encargados de proteger los ecosistemas.
La Ley de Manejo del Fuego sigue vigente
La Ley 26.815 de Manejo del Fuego NO fue derogada. Esto es falso. La ley está en plena vigencia y establece la organización y acción coordinada entre la Nación y las provincias para la prevención y combate del fuego. Sin embargo, su aplicación efectiva se ve obstaculizada por el vaciamiento de recursos y la falta de inversión en personal especializado. El problema no es la ley, sino su incumplimiento sistemático.
La falta de financiamiento del Sistema Nacional de Manejo del Fuego deja a brigadistas y comunidades en situación de indefensión. A esto se suma la precarización laboral: contratos temporarios, sueldos bajos y carencia de equipamiento adecuado.
Más brigadistas que aviones
La respuesta estatal cuando el fuego está prendido es insuficiente, propio de políticas públicas vaciadas y de posturas negacionistas. La prevención de incendios debe realizarse permanentemente, con acción y comunicación territoriales. La estructura necesaria es lo fundamental, pero aún más el personal capacitado y un sistema de prevención que actúe durante todo el año.
Un Estado que esté a la altura de la policrisis combate y previene el fuego constantemente, no sólo cuando las llamas están activas. Se requieren estrategias de prevención sostenidas en el tiempo: gestión de la vegetación, monitoreo de zonas críticas, planes de mitigación y fortalecimiento de las estructuras de combate del fuego.
Vaciamiento y precarización profesional
El recorte de fondos impacta en todos los niveles. Falta personal técnico, equipos de investigación, comunicadores y formación continua para brigadistas. Las provincias carecen de capacidad de acción efectiva y de la voluntad política para construirla.
Este vaciamiento no es casual, la falta de prevención, lejos de ser un error, es una política. En marzo vuelven a vencer los contratos de todos los brigadistas que dependen de nación (Administración de Parques Nacionales y Servicio Nacional de Manejo del Fuego), esta inestabilidad laboral no puede permitirse en un contexto de creciente frecuencia, intensidad y velocidad de propagación de megaincendios.
Exigimos políticas reales de prevención en el manejo del fuego
Los incendios forestales son una tragedia previsible. Se necesita un plan integral de prevención con:
- Más brigadistas, con salarios dignos, estabilidad laboral y condiciones laborales dignas.
- Ejecución del presupuesto del Plan Nacional de Manejo del Fuego.
- Fortalecimiento de la investigación y monitoreo ambiental.
- Educación comunitaria y coordinación interjurisdiccional en la gestión de los territorios.
- Cumplimiento efectivo de la prohibición de cambio de uso del suelo en tierras quemadas.
El fuego no es un desastre natural. Es consecuencia de políticas que priorizan el negocio sobre la vida. Seguiremos denunciando la irresponsabilidad del Estado y exigiendo justicia.