Buenos Aires, 6 de febrero de 2025
La Patagonia arde. Más de 20.000 hectáreas ya fueron consumidas por incendios en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. El vaciamiento estatal y la opacidad en el uso de los recursos disponibles hace cuestionar la capacidad del Estado para enfrentar esta crisis, que ya ha provocado evacuaciones masivas y pérdidas irreparables.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas solicitamos formalmente al Ministerio de Seguridad Nacional, en virtud de la Ley 25.831 de Acceso a la Información Pública Ambiental, detalles sobre la ejecución del presupuesto asignado al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) entre 2022 y 2025.
Los megaincendios que devastan nuestra región no son ni atentados terroristas ni desastres naturales inevitables: son consecuencia directa de la crisis climática y de políticas públicas deficientes. Mientras el fuego avanza, devorando territorios y arrasando ecosistemas, el Estado persiste en una política de opacidad sobre los recursos destinados a la prevención y combate de incendios. El presupuesto para incendios debe ser público en esta situación. Es imprescindible conocer cómo se han distribuido los fondos, qué equipamientos se han adquirido y si los brigadistas cuentan con las condiciones necesarias para desempeñar su labor. Desde nuestra organización exigimos respuestas concretas en los siguientes puntos:
- Ejecución del presupuesto: Detalle del porcentaje efectivamente ejecutado del presupuesto asignado al SNMF desde 2022 hasta la fecha.
- Licitaciones públicas y equipamiento: Información sobre adquisiciones de equipos y su distribución por provincias.
- Flota de medios aéreos: Comparación del aumento o disminución de aviones y helicópteros en la última gestión.
- Condiciones laborales de brigadistas: Detalles del presupuesto destinado a mejorar su equipamiento y seguridad.
- Criterios de asignación de recursos: Explicación sobre la distribución territorial de los fondos y equipamientos.
El derecho a la información ambiental es una herramienta fundamental para la defensa de los bienes comunes. La Ley 25.831 y el Acuerdo de Escazú garantizan la obligación del Estado de brindar información clara, accesible y oportuna. Sin transparencia, no hay control ciudadano posible, y sin control, se perpetúa la impunidad en el manejo de recursos esenciales para la protección de los ecosistemas.
Los incendios no solo devastan paisajes: afectan la vida de comunidades, profundizan la crisis hídrica y expulsan poblaciones de sus territorios. No podemos permitir que la desinformación siga siendo la norma. Exigimos al Ministerio de Seguridad y al Servicio Nacional de Manejo del Fuego que cumplan con su deber legal y brinden, en los plazos estipulados por la normativa vigente, las respuestas que la ciudadanía merece sobre el presupuesto para incendios.
El silencio y la inacción no son una opción. Como sociedad, tenemos derecho a saber por qué estamos ante esta destrucción.
Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial