Ante la confusión y desinformación circulando con respecto a offshore en Argentina aclaramos
La resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata implica que la suspensión del proyecto offshore se mantiene y se imponen importantes y complejos condicionantes.
El Estado Nacional DEBERÁ DICTAR UNA NUEVA Declaración de Impacto Ambiental de la ya dictada, e integrada con los estudios referidos a posibles impactos acumulativos, y que reúna los siguientes recaudos:
1) Luego de otorgar la necesaria participación de la Administración de Parques Nacionales para que cumpla el rol encomendado por las leyes 22.351 y 23.094, deberá evaluarse y valorarse su opinión o dictamen, tomándose entonces las medidas que correspondan en consecuencia.
2) Deberán valorarse, también, las intervenciones participativas organizadas a nivel municipal (audiencia pública consultiva de fecha 30 de mayo de 2022), y nacional (consulta popular que culminó el 19 de mayo de 2022) sobre offshore en Argentina.
3) Deberá incluirse al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el control y fiscalización del cumplimiento de la DIA y su correspondiente Plan de Gestión Ambiental.
4) Las indicaciones de la DIA a dictarse, deberán ser emitidas asertivamente, y no en modo potencial o condicional.
Todo esto ratifica nuestros argumentos y reclamos sobre las irregularidades cometidas en el estudio de impacto ambiental correspondiente, las violaciones a la legislación ambiental y climática vigente y los vicios sistemáticos en el procedimiento administrativo.
Este tipo de accionar es característico de estos megaproyectos que carecen de licencia social y deben proceder avasallando la legislación y jurisprudencia vigente.
Asociación Argentina de Abogados/as ambientalistas – 7 de Junio de 2022
Desde Homún, Yucatán, México, pueblo maya que ha logrado la suspensión de operaciones de una mega fábrica de 49 mil cerdos, comunidades indígenas y campesinas en resistencia, defensoras y defensores de derechos humanos, ambientalistas, personas expertas y de la academia de Argentina, Chile, Ecuador, Estados Unidos y México suscribimos esta Declaración en donde exigimos el cese de la expansión de las mega fábricas de cerdos en el continente. Este modelo agroindustrial, que se extiende desde Estados Unidos al resto de América, reproduce los patrones de explotación del capitalismo más voraz que afecta y despoja a los territorios indígenas, genera fractura del tejido social y cultural, violentando la vida pacífica de los pueblos, contaminando la naturaleza y potenciando la crueldad y explotación animal. Las operaciones de las mega fábricas de cerdos violan el derecho a la salud de las personas y de las comunidades, el derecho al agua y al saneamiento, el derecho a la integridad personal, los derechos laborales, el derecho a la alimentación adecuada y el derecho a la información y la participación al dañar el medio ambiente de manera irreparable. Estas mega fábricas producen una gran cantidad de desechos tóxicos y orgánicos que contaminan los suelos, el aire y el agua. Cuando los residuos de las mega fábricas de cerdos se descomponen, liberan sulfuro de hidrógeno, amoníaco y cientos de compuestos orgánicos volátiles,[1] además de metano y óxido nitroso, dos potentes gases de efecto invernadero [2] a la atmósfera. Los olores y la pestilencia causan náuseas, dolores de cabeza, mareos, secreción nasal, picor de garganta, ardor en los ojos, tos y dificultad para respirar.[3] Además, afectan la salud respiratoria de las personas que viven cerca de estas instalaciones y se asocian a enfermedades respiratorias, como el asma en la niñez. Las mega fábricas de cerdos también usan grandes cantidades de agua: solamente para producir un kilogramo de carne emplean 6 mil litros del líquido. Por otro lado, la contaminación que genera esta industria en el agua puede perjudicar a los seres humanos, a la fauna y al medio ambiente.[4] Es decir, el almacenamiento y la eliminación de los residuos de las megafábricas de cerdos contamina las aguas superficiales, subterráneas (pozos y cenotes y otras fuentes de donde las comunidades obtienen agua), e incluso los océanos, con heces y orines. El exceso de nutrientes en los residuos de las megafábricas se asocia a la proliferación de algas nocivas en las aguas superficiales, en las rías y lagunas donde se reproducen las especies marinas necesarias para la subsistencia de las comunidades pesqueras. Esta contaminación puede matar a los peces [5] y causar molestias en el tracto gastrointestinal e infecciones de la piel, los ojos y los oídos en los seres humanos.[6] Además, la contaminación del agua puede ocasionar enfermedades como defectos de nacimiento y a casos de metahemoglobinemia, o “síndrome del bebé azul”[7] hipertiroidismo y diabetes insulinodependiente.[8] Las condiciones de hacinamiento en las que viven los cerdos deprimen su respuesta inmune y facilitan la transmisión de enfermedades. Por ello, los animales son sometidos a una alta cantidad antibióticos y antivirales para prevenir enfermedades y engordarlos rápidamente. Esta exposición constante a altas dosis de antibióticos favorece el desarrollo de genes de resistencia a dicho antibióticos por parte de las bacterias. Además, las condiciones de hacinamiento pueden provocar nuevas infecciones y potenciales pandemias. Las operaciones de estos recintos industriales también amenazan el derecho a la tierra, el territorio y los bienes comunes naturales de los pueblos indígenas y campesinos. Estas mega fábricas se establecen de forma desproporcionada en comunidades indígenas y afroamericanas, violando su derecho a la libre determinación, sin acceso a la información, sin evaluaciones de impacto ambiental y social, y sin su consentimiento libre, previo, informado y culturalmente adecuado. Lo anterior, representa una forma del colonialismo ambiental. Ante el abandono del gobierno, y para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos provocados por la operación de mega fábricas de cerdos a los pueblos y comunidades, las y los firmantes señalamos firmemente que tenemos el legítimo derecho a organizarnos y defendernos. Este modelo agroindustrial genera despojo territorial, desplaza otras formas de vida, el patrimonio biocultural y afecta de forma negativa la vida comunitaria. Cuando las comunidades exigen sus derechos se encuentran con la falta de información y de transparencia de la industria, y, en ocasiones, con la represión. Las violaciones a los derechos humanos se dan con la aquiescencia y complicidad de los gobiernos de todos los niveles, en un contexto de captura corporativa de Estado por parte de las empresas de la carne. La organización de las megafábricas de cerdos en una economía vertical además desplaza otras formas de producir alimentos, incluso carne. El modelo de las mega fábricas de cerdos requiere una gigantesca cantidad de agua potable, soja, maíz y cereales para alimentación animal. Por ello, profundiza el modelo de agronegocio basado en monocultivo, muchas veces transgénico, con devastadoras consecuencias para los territorios (fumigaciones con agrotóxicos, deforestación, muerte de abejas y polinizadores y acaparamiento de tierras). Un aspecto alarmante es que el modelo de producción de alimentos cada vez se aleja más de la ganadería y agricultura sostenibles, en los que cada pueblo pueda producir y acceder a alimentos de una manera culturalmente adecuada, conforme a los cultivos y a la alimentación ancestral y la agroecología, lo cual es la base de la soberanía alimentaria. Ante los graves impactos y las violaciones a los derechos humanos de las personas y la naturaleza, exigimos que se frene la alarmante expansión de las mega fábricas de cerdos a nuestros países impulsada por acuerdos comerciales, subsidios e incluso bancos de desarrollo. En este sentido, le exigimos a los gobiernos de Argentina, Chile, Ecuador, Estados Unidos y México, bancos y donantes y a las instituciones internacionales que: ● No otorguen más permisos para este tipo de industria ¡Ni una mega fábrica de cerdos más! ● El cierre inmediato de las mega fábricas de cerdos que se encuentran operando ● No subsidien este modelo agroindustrial e inviertan en una agricultura que garantice la soberanía alimentaria mediante la agroecología, el cultivo y la alimentación ancestral ● Respeten el derecho a la libre determinación, a la tierra y el territorio de las comunidades indígenas y campesinas afectadas por la industria porcícola ● Se respete el principio de precaución y prevención frente a las mega fábricas de cerdos
PRIMERAS ADHESIONES Suscriben: Acción Ecológica Agua para todos, agua para la vida Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN) ARTICLE 19, Oficina México y Centroamérica, A. C. Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas Atención Comunitaria U Yutzil Kaaj Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires, Argentina CartoCrítica. Investigación, mapas y datos para la sociedad civil Center for Biological Diversity Che’en Kuxtal Co’ox Mayab Colectivo de Derechos Humanos Yopoi Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán Consejo Maya del Poniente de Yucatán “Chik’in-ja” Coordinadora Ecuatoriana de organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA) Fundación para el Debido Proceso (DPLF) Greenpeace México, A. C. Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. Kanan Derechos Humanos, A. C. Kanan Lu’um Chapab Kanan Ts’ono’ot, Guardianes de los cenotes La Esperanza de Sitilpech Mundo y Conciencia, A. C. Museo del Hambre Observatorio para la Defensa del Territorio Maya Red Ciudadana por la Sostenibilidad de Yucatán Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria (REDASA) Red de Apoyo Comunitario (Redacom), Yaxkukul Seminario Interdisciplinario sobre el Hambre y el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires Slow Food Chile Universidad Andina Simón Bolívar Waterkeeper Alliance
Ante la brutal represión ejercida por las fuerzas de seguridad de Catamarca
Ante la brutal represión ejercida por las fuerzas de seguridad de la provincia de Catamarca, que el día de ayer reprimieron con gases lacrimógenos y balas de goma a vecinos y vecinas de Choya que realizaban un acampe pacífico, desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas reclamamos la liberación inmediata de la detenida Karina Orquera y el libre ejercicio del derecho a la protesta en todo el territorio nacional.
La minería, como cualquier otra actividad, no debe realizarse sin consulta previa, libre e informada a las comunidades locales. El pueblo de Andalgalá ha realizado más de 600 manifestaciones pacíficas desde 1996 para exigir el cese de las actividades mineras en el cerro Aconquija. Se ha proclamado de manera irresoluta y persistente en contra de la minera canadiense Yamana Gold que se encuentra instalada en su territorio. Desde el año 1997 que, de una forma u otra, la megaminería intenta avanzar en la cuenca del Río Andalgalá en detrimento del marco democrático.
A pesar de encontrarse en zona periglaciar (expresamente prohibido por la Ley de Glaciares) el Proyecto MARA por Yamana Gold ha logrado avanzar en diversas etapas. En los últimos 20 años de lucha contra la megaminería en el país, mediante un ejercicio de democracia directa, la sociedad ha logrado incluir en el marco regulatorio siete leyes provinciales que prohíben la megaminería con uso de sustancias tóxicas. A 45 años de la primera caminata de las Madres de Plaza de Mayo, recuperamos y reivindicamos el derecho a la protesta pacífica como ejercicio de la voluntad popular. La construcción de una verdadera democracia exige el freno de esta práctica extrema del extractivismo, que precisa degradar los marcos institucionales y democráticos para poder avanzar.
La violencia institucional ejercida desde el estado contra defensores ambientales y asambleas constituidas en defensa de sus territorios y bienes comunes, reduce dramáticamente la democracia participativa socio-ambiental, incumpliendo no solo con la legislación constitucional ambiental sino con el Acuerdo de Escazú, ratificado por el Estado Argentino. La ausencia de mecanismos de participación ciudadana en la construcción institucional de las decisiones políticas, compromete la realización de los más elementales derechos humanos ambientales del pueblo catamarqueño, cuya determinación en defensa del agua, la vida, y el valor inherente de sus cerros se impone contra el avance de la megaminería.
Para lograr restituir la legitimidad democrática y el ejercicio pleno de los derechos garantizados por la Carta Fundamental, es necesario que la provincia de Catamarca garantice la voluntad popular y, no solamente le de un freno al proyecto MARA, sino que también avance en el contexto institucional y jurídico y en la defensa de los bienes comunes del territorio
El libro “El futuro después del COVID-19” reúne ensayos de 27 autoras y autores en el contexto del inicio de la pandemia del Covid-19. Plantea diagnósticos, analiza dimensiones sociales, políticas y culturales. Y ofrece un panorama plural del debate en un momento de emergencia.
Contribución en la Parte 2, Capítulo 3: Hacia un Gran Pacto Ecosocial y Económico.
Vivimos una encrucijada civilizatoria, cuyo alcance y consecuencias todavía inciertas envuelve las diferentes esferas de la vida. Para comenzar, la pandemia ha desnudado y agudizado las desigualdades sociales y económicas haciéndolas más insoportables que nunca, y ha tornado necesario retomar aquellas alternativas que hace solo unos meses parecían inviables, para encontrarle una salida diferente a la crisis que vivimos. Como pocas veces visto, la pandemia nos impulsa a dejar de mirar el Estado, los mercados, la familia, la comunidad, con lagañas tradicionales, a la luz de nuestra vulnerabilidad social y nuestra condición humana, como seres inter y ecodependientes, a repensar en una reconfiguración integral, esto es, social, sanitaria, económica y ecológica, que tribute a la vida y a los pueblos.
Así, la capacidad del Estado, que hoy aparece como fundamental para superar la crisis a nivel global y nacional, debe ser puesta al servicio de un gran Green New Deal o Gran Pacto Ecosocial y Económico, para transformar la economía mediante un plan holístico que salve al planeta y, a la vez, persiga una sociedad más justa e igualitaria. Lo peor que podría suceder es que, en su propósito de volver a crecer económicamente, el Estado apunte a legislar contra el ambiente, acentuando la crisis ambiental y climática, así como las desigualdades Norte-Sur y entre los diferentes grupos sociales. Hay que entender de una vez por todas que las Justicias Ecológica y Social van juntas, que no sirve una sin la otra.
Desde nuestra perspectiva, cinco son los ejes fundamentales del Pacto Ecosocial y Económico a debatir: un Ingreso Universal Ciudadano, una Reforma tributaria progresiva, la suspensión del pago de la Deuda Externa, un Sistema nacional de cuidados y una apuesta seria y radical a la Transición socioecológica
Posdesarrollo. Contexto, contradicciones y futuros. Desde el inicio de la pandemia en marzo del mismo año cuando el impacto sanitario y económico adquieren alcance mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) la caracteriza a nivel económico como la crisis económica más profunda desde 1929-1933 estimando un desplome en el producto interno bruto (PIB) mundial de -3%.
Esta situación genera una incertidumbre creciente sobre el futuro del mundo y cuestiona el modelo civilizatorio en curso basado en la mercantilización del trabajo y de todos los recursos naturales y la destrucción masiva de los mismos.
Desde el inicio de la pandemia surge un gran debate y una creciente producción editorial sobre los impactos sanitarios y económicos de la COVID-19. Este texto retoma el tema del posdesarrollo en América Latina que desde los años noventa del siglo anterior generó un debate amplio y creciente sobre la crítica del desarrollo económico como discurso ideológico de la dominación del capitalismo norteamericano sobre el mundo.
En el contexto de la doble pandemia sanitaria y económica en el 2021, este libro presenta tres características centrales: su pertinencia en la coyuntura actual, su aporte al debate sobre el futuro del mundo y sus alternativas, y el rigor y calidad de los trabajos que lo conforman. El libro está integrado por tres secciones, la primera Un contexto complejo, la segunda, Contradicciones, y la tercera y última, Futuros en transición.
A fin de informar a la opinión pública, hemos elaborado un libro colectivo cuyo título es “10 mitos y verdades de las megafactorías de cerdos que buscan instalar en Argentina”.
En dicho texto se analizan los impactos sociales, ambientales, sanitarios y económicos de las megafactorías de cerdos. También las resistencias a nivel mundial, su relación con la zoonosis y las pandemias. Hasta las razones de por qué en realidad estamos frente a una falsa solución, un modelo de maldesarrollo que en nada ayudará a la recuperación del país.
Nuestro propósito es caracterizar y analizar las consecuencias e impactos que tienen estos agronegocios, a fin de prevenir a la sociedad con información que no está expuesta públicamente. Y aun cuando tiene implicancias muy significativas en términos de políticas públicas. La evidencia que arrojan las experiencias en funcionamiento, hace tiempo justifica la preocupación y estimula la investigación que aquí se presenta.
Así, trata de un escrito de urgencia, que apunta a contribuir a la apertura de un debate público, plural y democrático e interpelar a los sectores que defienden tal proyecto. Quienes sostenemos una postura crítica frente a este modelo productivo sabemos que nos encontramos ante una problemática compleja, con muchas capas y aspectos controversiales.
A modo de advertencia cabe agregar que, más allá de la indudable unidad que presenta este texto, cada uno de los mitos y verdades puede ser leído de modo independiente. En el orden que deseen, y según el interés de lxs lectorxs. Lo único que garantizamos es que, más allá del orden rayuelístico escogido para la lectura, el resultado será siempre el mismo.
Este libro de descarga y difusión gratuita, que cuenta con las ilustraciones de: María Alcobre, Che Alejandra, Ezequiel García, Isol, Mariana Ruíz Johnson, Maitena, Power Paola, Daniel Paz, Gabriel Serulnicoff y Tute. Es el resultado del trabajo colectivo de Soledad Barruti, Inti Bonomo, Rafael Colombo, Marcos Filardi, Guillermo Folguera, Maristella Svampa y Enrique Viale.
«Extractivismo urbano: debates para una construcción colectiva de las ciudades» es el resultado de un intercambio de ideas y debates que se llevó adelante durante el “Primer Seminario sobre Extractivismo Urbano”. Este encuentro, organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo y el Centro de Estudios y Acción por la Igualdad (CEAPI), en la ciudad de Buenos Aires el año pasado, contó con la presencia de referentes populares, intelectuales, periodistas y activistas comprometidos con los desafíos que supone la construcción de ciudades igualitarias, quienes realizaron aportes sustanciales para la comprensión de las problemáticas urbanas y la caracterización del modelo de desarrollo y planificación propio de ciudades neoliberales.
La categoría de Extractivismo Urbano es un concepto nuevo que busca aportar una matriz que permita atender a las problemáticas y las desigualdades en las ciudades, no como elementos aislados entre sí, sino como resultado de un modelo de desarrollo determinado y planificado.
Con la idea de constribuir con nuevos elementos para esta conceptualización, el libro recoge miradas situadas, invita al diálogo entre colectivos desde una visión crítica al modelo y a la idea misma de desarrollo.
Asimismo, abre debates en conversación con los postulados del derecho a la ciudad y el feminismo, promoviendo la producción conjunta de alternativas encaminadas a la construcción de ciudades igualitarias. Desde esta perspectiva, se resaltan distintas experiencias de resistencia al extractivismo urbano y se arrojan propuestas concretas para la construcción de ciudades igualitarias.
Maldesarrollo: La Argentina del extractivismo y el despojo. – En las últimas décadas, la discusión pública estuvo concentrada en algunos temas clásicos: la dimensión y la presencia del Estado en la sociedad, los niveles de apertura de la economía, las relaciones con el capital trasnacional. Pocos, sin embargo, han ido más allá de esas cuestiones con el objeto de analizar las características mismas del modelo de desarrollo argentino.
Maristella Svampa y Enrique Viale proponen, en esta obra, ir justamente más allá, e interrogar aquello que el discurso político ha pasado por alto: los modelos que el capitalismo ha adoptado en nuestro país y que están conduciendo a lo que los autores denominan, con precisión y contundencia, “maldesarrollo”: “Estos modelos -señalan los autores- presentan en común una matriz extractiva que es necesario analizar en detalle, a la vez que alimentan una dinámica de despojo o desposesión de bienes naturales, de territorios y, por ende, de derechos individuales y colectivos”.
De la megaminería al modelo sojero, del “extractivismo urbano” al fracking, los autores ponen de manifiesto el rol protagónico que las corporaciones económicas y los grandes propietarios cumplen en la definición de lo que es legítimo e ilegítimo, de lo que es posible realizar y lo que no lo es, de lo justo y de lo injusto en lo que concierne a proyectos urbanos, actividades económicas, estilos de vida e identidades colectivas.
Un libro a la vez desgarrador por lo que muestra pero inspirador por lo que propone, pleno de evidencias y de gran aliento teórico, Maldesarrollo es, sin dudas, una lectura imprescindible para los debates sobre nuestro futuro común.
Por: Maristella Svampa y Enrique Viale paraEl diario AR.
A espaldas de la sociedad, con represión, con degradación institucional, con corrupción política: así se impone la megaminería en casi todo el mundo. No por casualidad es la actividad extractiva más resistida en el planeta, en América Latina, en Argentina. Oposición que se ha incrementado en contextos de escasez hídrica, como el actual, en plena crisis climática.
Hace años que venimos advirtiendo que la megaminería no sólo es sinónimo de contaminación ambiental sino también de una gran degradación social e institucional. Lo que ocurre en la provincia de Chubut es una demostración cabal de ello. En Chubut hubo un plebiscito, en 2003 donde el 82% de la población de Esquel dijo NO a la Mina, y la primera ley provincial del país que prohibía la minería a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas. Luego, ante la insistencia de los diferentes gobiernos y corporaciones, hubo también dos iniciativas populares (con decenas de miles de firmas de ciudadanxs), primero en 2014, y más recientemente otra, en 2020-2021, en plena pandemia, cuyo objetivo era el de reforzar la ausencia de licencia social para la minería.
Iniciativas populares que mostraron la perseverancia de la ciudadanía chubutense en los dispositivos institucionales, pese al comportamiento corrupto de muchos de sus legisladores, que lograron obturar su tratamiento en las dos ocasiones. Pese ello, la lucha popular y democrática lleva casi 20 años resistiendo, activa y de manera informada, las embestidas de la megaminería.
Sin embargo, la aprobación de la actividad sin licencia social siguió avanzado, cometiendo los atropellos institucionales más indignantes. Justo hace un año se viralizó el video de una cámara oculta que mostraba a un diputado provincial solicitando dinero para apoyar el ingreso de la mineria a la provincia. Ayer, 15 de diciembre, ese mismo diputado estuvo presente en la legislatura provincial -como si no hubiese habido ningún delito previo- y votó a favor, consumando de ese modo su parte del “trato”, en favor del ingreso de la actividad extractiva.
Leila Lloyd Jones, otra diputada provincial, aseguró en un audio -que también se viralizó- que la coima a los legisladores en Chubut para habilitar la minería a gran escala “es de 10 millones de pesos”. Luego ratificó estos dichos ante la Justicia, para lo cual aportó elementos de prueba e incluso señaló a Guillermo Corneo, el abogado del actual gobernador Mariano Arcioni, como el gestor del cohecho.
Todo este manoseo institucional y moral no nos sorprende. En 2014, en otro embate minero, se difundió la fotografía del celular de un diputado provincial recibiendo instrucciones de cómo redactar una ley, de parte del CEO de una transnacional minera, en plena sesión parlamentaria. La foto recorrió el mundo como símbolo de la corrupción política y del fuerte lobby de las corporaciones. Por unos años los sectores promineros se mantuvieron en silencio, avergonzados. Luego, favorecidos por la impunidad, volvieron a beber las aguas del olvido, para ir a la carga una vez más, y refrendar que en Chubut las grandes mineras, literalmente, pretenden redactar las normas.
Fue así que la Legislatura de Chubut con el apoyo del Ejecutivo provincial y en una sesión sin previo aviso, burlando la voluntad de una sociedad alerta y movilizada desde hace tantos años, decidió habilitar la zona de la meseta central para desarrollar la megaminería. No habían pasado 24 horas todavía, que el gobernador Arcioni presuroso promulgó la ley. Las compañías mineras ya deben estar bajando las maquinarias hacia la meseta. De eso se trata: de hacer tabula rasa –pues la corrupción política y el lobby empresarial en este país no se penalizan-, y de ir rápido, golpeando de manera inesperada, blindando al poder, antes de que la población salga a cortar los caminos con sus pretensiones antiguas de democracia, defendiendo el agua escasa y los territorios cada vez más indefensos.
¿Si Chubut es una provincia con un solo gran río, si la escasez hídrica es ya una realidad acuciante, qué sucederá entonces cuando avance la minería, que es una actividad sedienta de agua y de energía? Es sabido que la gran minería avanza sobre los territorios y entra en competencia con otras actividades por la utilización del agua, la tierra, energía y otros recursos. Para extraer los minerales diseminados en grandes extensiones de territorio, esta actividad se realiza a cielo abierto, con el uso de demenciales cantidades de energía, explosivos, agua y sustancias extremadamente tóxicas para separar la roca del mineral.
Un ejemplo nos sirve de muestra: La Alumbrera, en Catamarca, otra provincia con escasez hídrica, tiene autorizado la utilización de más de 86 millones de litros de agua dulce por día, mucho más que el consumo total provincial y, a su vez, en materia eléctrica representa el 85% del consumo de la energía de toda la provincia. Catamarca muestra hoy un paisaje socioeconómico desolador, a pesar de más 20 años de actividad.
En Chubut, miles de personas salieron a las calles en defensa de los territorios y el agua. Inmediatamente después, llegó la represión, con balas de gomas y detenciones. Según el CELS desde que el gobierno de Chubut presentó el proyecto de ley en el año 2020, la respuesta recurrente fue la represión sistemática de las protestas, la detención arbitraria de manifestantes y los allanamientos a las casas de asambleístas. Además, se identificaron personas infiltradas con el objetivo de generar disturbios en las protestas. Así, a los tiros, a la fuerza y manipulando las instituciones, la provincia es el modelo modelo por excelencia de la máxima que dice “A más extractivismo, menos democracia y más represión”.
¿Y qué hay del principio de no regresividad de las leyes? Claramente la ley de zonificación que aprobaron los diputados en Chubut es un retroceso en materia de protección ambiental. Por lo tanto es cuestionable judicialmente por violar el principio de no regresión ambiental.
Sin embargo, de modo maquiavélico, la legislatura buscó blindarse ya que en esta misma semana aprobó: 1) la designación de 3 nuevos jueces del Tribunal Superior de Justicia; 2) una reforma de Ley de amparo (con el objetivo de limitarlo); 3) La limitación de las medidas cautelares contra el Estado. Todo pensado, orquestado, planificado en la lógica de saqueo y la entrega. Como si fuese armado por el buffet de abogados de la empresa Panamerican Silver, que no se ha cansado de invertir en costosas acciones en favor de la minería. Según ha trascendido, la multinacional canadiense minera gastó 30 millones de dólares en Chubut entre 2013 y 2019, sin mover una roca.
El pueblo de Chubut saldrá a las calles. Las protestas no cesarán. “Se viene el Chubutazo”, anuncian ya desde varios lugares de la provincia, y aguarda un país demudado, que en medio de tanta indignación siente que no es posible avalar ni tragarse todo este entuerto antidemocrático gestado por el gobierno provincial, parte de la clase política y las corporaciones mineras. Porque ante la defensa de la vida, el agua, los territorios, ya no hay ciudadanía que aguante si no se respeta la voluntad popular y no se amplían los canales democráticos de representación. Deberían haberlo aprendido ya, después de lo ocurrido en Mendoza, con la gran pueblada en defensa del agua de fines de 2019.
El Gran Pacto Eco Social y Económico: repensar el modelo de desarrollo que provocó la pandemia. – Más de 300 intelectuales, artistas y organizaciones sociales adhieren a la iniciativa impulsada por la filósofa Maristella Svampa y el abogado Enrique Viale, un Pacto urgente y necesario basado en cinco ejes: el ingreso ciudadano universal, la reforma tributaria progresiva, la suspensión de pagos de deuda externa, un sistema nacional público de cuidados y una transición socioecológica radical.
“La actual encrucijada civilizatoria puso en agenda grandes debates sociales; entre ellos, cómo reducir las desigualdades, qué Estado es necesario para la construcción de lo común, en clave social y ambiental, y cómo pensar lo local y lo global de aquí en más. Esto se agudiza en un país como la Argentina, sumergido en una profunda crisis económica prepandemia y al borde de un virtual default”, dicen la investigadora y socióloga Maristella Svampa, y el abogado ambientalista Enrique Viale.
Ambos plantearon, hace unas semanas, la idea de un Gran Pacto Eco Social y Económico, al cual han adherido ya más de centenares de académicxs, artistas y organizaciones sociales, con el objetivo de visibilizar y discutir el modelo de desarrollo detrás de la pandemia del COVID-19. Según Svampa y Viale, lo que se intenta es que el Pacto sea base de una agenda común entre organizaciones sociales y políticas, sectores culturales, académicos y el Estado.
Lxs impulsorxs de la iniciativa están convencidxs de que lo fundamental del Pacto Eco Social y Económico es el reconocimiento legal de los Derechos de la Naturaleza: “Los seres humanos debemos admitir a la Naturaleza como sujeto de derecho (y no como un mero objeto) con la cual debemos convivir armónicamente, respetar sus ritmos y capacidades. Necesitamos reconciliarnos con la naturaleza, reconstruir con ella y con nosotros mismos un vínculo de vida y no de destrucción. Nadie dice que será fácil, pero tampoco es imposible”.
Imagen: Nicolás García Uriburu
A modo de manifiesto, la iniciativa se basa en cinco ejes: el ingreso ciudadano universal, la reforma tributaria progresiva, la suspensión de pagos de deuda externa, un sistema nacional público de cuidados y una transición socioecológica radical.
En diálogo con La tinta, Svampa cuenta cómo y por qué surgió el concepto del Gran Pacto. La socióloga aclara que con Viale vienen trabajando sobre estos temas, en términos de propuestas, desde hace tiempo, “juntos y con el grupo de Alternativas al Desarrollo, grupo permanente que trabaja a nivel regional, latinoamericano, en diálogo con intelectuales y activistas de Europa también”.
“Este grupo, como les decía, es, de algún modo, el grupo que instaló la crítica al neoextractivismo en América Latina y también discusiones como el postextractivismo, los derechos de la Naturaleza, así como la difusión de otras discusiones como la del Buen Vivir, los bienes comunes y la ética del cuidado. Con esto, lo que quiero decir es que hay una narrativa política, emancipatoria, gestada en América Latina en esa interfase entre luchas sociales y activismo académico o intelectual, del cual, con Quique (Viale), formamos parte hace mucho tiempo”, dice la investigadora.
Relata también que “por otro lado, terminando de escribir el libro “Una brújula en tiempos de colapso ecológico” con Quique, en uno de los capítulos -en donde hablamos, por un lado, de la transición energética y, por otro lado, de la agroecología-, proponemos pensar un “Pacto Eco Social y Económico” en clave nacional y en sintonía con las propuestas de Green New Deal que se están debatiendo hoy en día en EE.UU. de la mano de Alexandria Ocasio-Cortez y el candidato -o ex- demócrata Bernie Sanders y Naomi Klein. En Europa, también hay distintos sectores que están promoviendo desde una perspectiva radical esta articulación entre justicia social, justicia étnica, justicia de género y justicia ambiental, que son los cuatro ejes fundamentales para pensar la interseccionalidad de las luchas.
Por eso mismo es que, en el libro -que cerramos en febrero-, nosotros ya hablamos de un pacto eco social y económico, pero, con la crisis abierta por la pandemia, bueno… pensamos que sería bueno proponer una agenda de cambio, una agenda alternativa, en la cual la justicia re-distributiva y justicia ambiental estuvieran en el centro de la escena. Entonces, es en diálogo norte-sur sin duda, promoviendo un multilateralismo democrático y solidario, en diálogo también regional -porque, de hecho, ya lo estamos discutiendo con nuestros colegas, muchos de ellos de Alternativas al Desarrollo-, promoviendo una declaración regional hacia un pacto eco social desde el sur y también desarrollando propuestas a nivel nacional, como la que promovimos con Viale.
En fin, así surge: tiene que ver con un largo proceso de discusión que está muy ligado a esta interfase entre el activismo y la problematización intelectual-académica… este campo tan poroso que, en América Latina, es muy típico y que da lugar a esta conversación tan rica. Esto sumado a la oportunidad, en el sentido de que, en el Norte, están discutiendo bajo la denominación Green New Deal, a la cual nosotros re-bautizamos Gran pacto Eco Social y Económico, para dar lugar y expresión a toda esa narrativa y ese lenguaje emancipatorio que se ha venido pergeñando en nuestra Latinoamérica en los últimos años al calor de tantas luchas”, concluye la filósofa.
“Los modelos de desarrollo basados en las energías fósiles y en la deforestación para promoción del monocultivo transgénico no pueden tener lugar en ninguna reconstrucción pospandémica”, afirman desde el equipo.
El comunicador y activista Mauro Fernández, colaborador de Svampa y Viale, agrega en la charla con nuestro medio: “Esos modelos son responsables de la crisis actual y deben ser reformulados en forma urgente. Según la máxima autoridad científica de Naciones Unidas sobre cambio climático —el IPCC, por la sigla en inglés—, indica que las emisiones globales deben reducirse a la mitad en esta década.
Para evitar impactos gravísimos en la vida de las personas y en el planeta, la necesaria reconstrucción económica debe basarse en un rápido reemplazo de los fósiles —que hoy representan un 85% de la matriz energética argentina— por energías renovables y un modelo agroecológico que desconcentre la propiedad de la tierra y promueva prácticas más saludables, erradicando también la “vieja normalidad” de los agrotóxicos y el monocultivo. Esto, garantizando el acceso a la energía como derecho humano y repensando el concepto de urbanidad que hoy privilegia un individualismo extremo desasociado de la naturaleza, hacia una mayor integración que repiense esa relación de dominación con el medio del que dependemos y somos parte”.
El documento del Gran Pacto se difundió, primero, en la Revista Anfibia y fue visibilizado, luego, en “El futuro después del COVID-19”, la publicación del Programa Argentina Futura (una plataforma de pensamiento, plural y diversa, con perspectiva federal y global, creada por el Gobierno Nacional), dirigido por el Dr. Alejandro Grimson; la invitación a adherir sigue abierta y se reciben a la dirección de correo electrónico granpactoecosocialyeconomico@gmail.com.
