Archivos de categoría: Áreas de trabajo

Proyectos trabajados por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas Militancia judicial con perspectiva ecológica.

Ambiente, Clima y Energía

Seminario virtual: Ambiente, Clima y Energía en América Latina y el Caribe

Debates en torno a la transición ecosocial desde el Sur Global. Noviembre 2023

OBJETIVOS

Generales
● Contribuir a la formación de funcionarios/as y empleados/as municipales, provinciales y nacionales, referentes de movimientos sociales y ambientales, organizaciones sindicales y partidos políticos, comunidades estudiantiles y religiosas, docentes de enseñanza media, en torno a temas y problemas relacionados con el ambiente, cambio climático y transición energética, con perspectiva sudamericana y con énfasis en el estado de situación de la República Argentina.
● Crear, desarrollar y mantener de espacios de formación que tengan por objeto educar desde una perspectiva socio-ambiental y de derechos humanos.

Particulares
● Presentar y exponer un panorama general, aunque especializado, y dialogar con los/as participantes, en torno a contenidos curriculares sobre derecho, ambiente, cambio climático y transición energética, con perspectiva sudamericana y con énfasis en el estado de situación de la República Argentina.
● Aproximar a los/as participantes hacia temas fundamentales sobre ambiente, cambio climático y transición energética, haciendo énfasis en políticas públicas, dispositivos legales, diseños institucionales, matrices económico productivas, sistema científico-tecnológico y rol movimientos sociales.
● Compartir discursos, saberes y experiencias provenientes de diversas formas de asociación colectiva de base comunitaria, territorial, no gubernamental, científicas y académicas, con escalas nacionales y trasnacionales, en torno a las alternativas a los modelos hegemónicos de maldesarrollo.
● Compartir insumos bibliográficos que contengan literatura sobre ambiente, cambio climático y energía, como así también materiales normativos, jurisprudenciales, documentos oficiales, informes, investigaciones científicas, insumos pictóricos, literarios y cinematográficos.
● Propiciar la participación en clase de los/as participantes desde una perspectiva humanista y ecocéntrica.

METODOLOGÍA DE CURSADO
Los/as participantes deberán asistir a la totalidad de los 4 encuentros a los fines recibir la certificación en calidad de ASISTENTES.

DURACIÓN
El seminario estará estructurado a partir de 4 encuentros semanales consecutivos, con carácter virtual, de 90 minutos de duración, distribuidos entre 60 minutos expositivos y 30 de diálogo colectivo abierto.

CALENDARIO

INSCRIPCION
Completar el siguiente formulario: https://forms.gle/n92xtvHHPDSs9KHC7

PROGRAMA

MODULO 1: “ACUERDO DE ESCAZÚ: DERECHOS HUMANOS Y AMBIENTE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”.

Docentes

  • Romina Araguas. Abogada, Mag. en Derecho Ambiental y Urbanístico – Limoges; Especialista en Derecho Ambiental y Tutela del Patrimonio Cultural UNL. Miembro de El Paraná No se Toca. Docente de Prácticas Profesionales Comunitaria en la UNR Facultad de Derecho.
  • Lucas D. Micheloud. Abogado. Especialista en Derecho Ambiental. Docente Universitario. Asesor Parlamentario. Consultor independiente especializado en Ambiente y Cambio Climático. Co-Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA).

MODULO 2: “TRANSICIÓN ECOSOCIAL EN AMÉRICA LATINA. EL CASO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA”.

Docentes

  • Melisa Argento. Investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y El Caribe. Dra. en Ciencias Sociales por la UBA. Mg. En Ciencia Política FLACSO Ecuador y Lic. en Ciencia Política por la UNR. Forma parte del Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes del IEALC, de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial. Es docente universitaria, actualmente en la Facultad de Ciencia Política y RRII de la Universidad Nacional de Rosario.
  • Rafael Colombo. Abogado ecologista (FCJS-UNL). Docente e investigador universitario. Entre 2019 y 2022 fue Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, desempeñándose actualmente como Project Manager y Asesor Legal de dicha ONG. Ha trabajado como asesor y consultor para la Fundación Humedales; asesor legal y abogado litigante en representación de Greenpeace Argentina. Coordinador regional de GARN Latinoamérica y miembro fundador del Frente Parlamentario Global por los Derechos de la Naturaleza y del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur.

MODULO 3: “CONSTITUCIONALISMO AMBIENTAL EN AMÉRICA LATINA”

Docentes

  • Jorge Cuello. Abogado. Especialista en Derecho Ambiental. Es docente en la
    Universidad Andina Simón Bolívar (UASB. Miembro de la Asociación Civil
    Econciencia. Secretario de la Catedra Libre José G. Artigas para la integración de
    la UNLP desde donde impulso la creación de la Red Latinoamericana de
    Universidades frente al Cambio Climático (REDLUCC) y la Escuela de Formación
    para la Integración Latinoamericana. Autor del libro Pintemos de Verde la Educación
    y de numerosos artículos relacionados con la temática ambiental.
  • Liliana Oropeza Acosta. Economista y abogada con maestría en Relaciones Internacionales, doctoranda en Estudios Globales y postgrados en género. Con experiencia académica y laboral en Argentina, Austria, Suecia, Alemania y Estados Unidos. Experiencia con el sector público y ONG’s y enlace con el sector privado. Coordinadora y gestora de proyectos sociales y desarrollo sostenible. Docente en la Escuela de Formación Política y Sindical en México.

MODULO 4: “EXTRACTIVISMO Y NEO-EXTRACTIVISMO EN AMÉRICA LATINA”.

Docentes

  • Enrique Viale. Abogado, fundador de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, miembro del Tribunal Ético por los Derechos de la Naturaleza y la Madre Tierra e integrante del Comité Ejecutivo de la Global Alliance for the Rights of Nature (GRAN).
  • María Marta Di Paola. Licenciada en Economía y Administración Agraria (UBA). Master en Relaciones Económicas Internacionales. Consultora independiente en tema de transiciones energéticas y políticas ambientales. Vicepresidenta de Sociedad y Naturaleza. Realizó diferentes tareas vinculadas a la investigación en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) por 12 años.
Atlanticazo, Mar Argentino, exploración offshore

Encuentro Plurinacional Atlanticazo

Compartimos el documento realizado el pasado 4 de noviembre en el Atlanticazo por el Mar Argentino de Puerto Madryn. El encuentro sirvió para compartir problemáticas y reclamos en relación al cuidado del agua, defensa del territorio y en defensa del Mar Argentino. Nos reunimos junto a diversas organizaciones, asambleas y comunidades de distintos puntos del país para marchar y visibilizar la resistencia que se opone a la exploración sísmica en el Mar Argentino. Compartimos estas reflexiones acerca de la unidad territorial y los derechos socioambientales de las comunidades costeras argentinas son de fundamental importancia para una justicia social y ambiental.

Documento del Encuentro Plurinacional ATLANTICAZO

4 de noviembre, PTO. MADRYN, CHUBUT.

El Atlanticazo, hijo del Chubutazo, nació el 30 de diciembre de 2021 cuando se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la realización de la exploración sísmica en el Mar Argentino. Ahí nació la decisión de marchar los 4 de cada mes, como símbolo de resistencia y del NO PASARÁN que gritamos aún hoy.

El mar es uno solo, estamos acá para demostrar que la fragmentación de los territorios que nos quieren imponer es una fantasía de los gobiernos y sus funcionarios. Somos, de la cordillera al mar, un solo cuerpo-territorio.

En un nuevo día 4, nos convocamos en Pto. Madryn diversas organizaciones, asambleas y comunidades de distintos puntos del país donde compartimos las diferentes problemáticas y los reclamos comunes en relación al cuidado del agua, defensa del territorio y del mar argentino. Estos espacios nos permiten recuperar la identidad como comunidad costera: ser habitantes de una costa, compartir el mar y los golfos nos da la fuerza, nos une. Debemos volver al mar, a sentirnos parte de él.

Durante la jornada nos encontramos, abrazamos, emocionamos y marchamos juntes a lo largo de la playa, buscando visibilizar los proyectos extractivos que quieren imponer desde los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, con la total connivencia del poder judicial que mira para otro lado ante nuestros reclamos.

Mientras las causas en contra de las empresas y los intereses económicos se frenan y caen, la judicialización de la protesta y de les defensores ambientales se incrementa en todo el país al ritmo que el capitalismo extractivista necesita. En Chubut, un reciente fallo a 40 años de la democracia, absuelve a policías torturadores de vecines en el marco del Chubutazo, pero embarga y criminaliza a les defensores ambientales rápidamente. En Jujuy la dictadura minera y el gobierno fascista de Morales reprime al pueblo y procesa a un abogado ambientalista. Legislaturas sesionando a puertas cerradas, a espaldas del pueblo, audiencias públicas armadas para habilitar proyectos ecocidas y no para garantizar la participación de las comunidades y la autodeterminación de los pueblos. Cámaras y Cortes judiciales completamente cooptadas por intereses políticos y económicos, instituciones científicas a disposición de las ganancias e intereses del poder corporativo, funcionaries a ambos lados del mostrador, operando para favorecerse y favorecer a sus socios empresariales.

Tenemos la experiencia y los antecedentes de 10 años de Vaca Muerta que, contrariamente a lo anunciado, no trajo divisas, ni desarrollo, ni empleo. Las comunidades están perdiendo sus casas producto de los sismos provocados por el fracking y sus territorios están siendo contaminados por los derrames y los deshechos. El avance de estos proyectos sobre los territorios marca una violenta continuidad de la matriz productiva, sin consentimiento, perpetuando así un modelo colonial de saqueo.

En este nuevo Atlanticazo participaron integrantes del 3er Malón de la Paz, compuesto por más de 400 comunidades que desde el 1 de agosto se encuentran acampando frente a la Corte Suprema de Justicia para denunciar la situación de Jujuy, donde se busca acallar al pueblo y se le quitan los derechos garantizados por la Constitución Nacional. En Jujuy, el gobierno de Morales realizó una modificación exprés sin la consulta previa a los pueblos originarios y a la medida de las corporaciones extractivas.

Nos solidarizamos con el pueblo palestino, denunciamos el genocidio que está realizando el estado sionista de Israel y decimos que no es una guerra, es un exterminio étnico. La empresa de agua estatal israelí Mekorot es utilizada para llevar adelante los asesinatos, dejando sin agua a la población confinada en Gaza. FUERA MEKOROT de nuestros territorios.

En este encuentro reivindicamos lo importante de cuidar el equilibrio de la Madre Tierra, que cada vez se desbalancea más, porque no solo avanzan sobre el mar, si no sobre toda la diversidad de la Ñuque Mapu, de la cual somos parte, como nos enseña el pueblo nación mapuche tehuelche con su cosmovisión. La recuperación y el cuidado de los territorios ancestrales es urgente y necesaria, hermanadas con las luchas socioambientales.

La democracia NO es solo ir a votar: debemos involucrarnos porque es la única manera de frenar el avance extractivista de los grandes capitales extranjeros. Debemos pasar de una democracia representativa a una democracia participativa. Las denuncias judiciales son importantes pero prácticamente inútiles sin la gente en las calles. Debemos mantenernos actives, organizades y resistir desde la alegría y la esperanza de sabernos juntes. Hay que dar vuelta el sistema que nos explota y que saquea nuestra forma de vida. Somos un mismo mar, somos una misma resistencia y sabemos que es posible vivir en equilibrio con la naturaleza. Queremos que se garantice el buen vivir ahora y siempre, desde la interculturalidad y el respeto: somos un Estado plurinacional.

Desde este territorio, que consideramos uno:

● Exigimos la restitución de la ley N°3308 obtenida por la lucha colectiva y popular, modificada de manera fraudulenta.

● Gritamos que no tienen licencia social para explorar ni explotar el mar argentino.

● Exigimos a las instituciones una ciencia digna por y para el pueblo. Hacemos un llamado de compromiso a los científicos para que asuman su rol y se involucren en las luchas socioambientales.

● Denunciamos la falsa transición energética que sostiene las mismas prácticas de muerte para nuestros territorios. No puede haber transición justa, anticapitalista y anticolonial, utilizando las mismas recetas y contaminando nuestros pueblos. Si no se disputa el modelo, es cambiar el enchufe de lugar.

● No queremos pagar con la vida de nuestros cuerpos-territorios una deuda fraudulenta e ilegal. No nos convertiremos en zonas de sacrificio. Fuera FMI.

● Luchar no es delito. Basta de criminalizar a les defensores ambientales. Absolución ya de todes les procesades por causas socioambientales.

● Abajo la reforma. Arriba los derechos.

En la era de la ebullición global elegimos la resistencia organizada y comunitaria. En un solo abrazo y un mismo grito: POR UN MAR LIBRE DE PETROLERAS. SOMOS MAR. DEFENDERLO ES DEFENDERNOS, NO VAMOS A ENTREGARNOS.

Organizaciones firmantes:

Asamblea por un MARLIBRE de petroleras, Mar del Plata/Red de Comunidades Costeras/Asamblea en Defensa del Territorio Puerto Madryn/Asamblea Rawson playa/Asamblea No a la mina Esquel/Asamblea por la tierra y el agua. Las Grutas/350.org/Multisectorial Golfo San Matías/Asamblea del Valle de Conesa/Asamblea comunidad costera de Tierra del Fuego Antártida e islas del Atlántico Sur/Asambleas del Curru leufu/Observatorio Petrolero Sur/Asamblea Ambiental Interpueblos/Tribuna Ambiental/Red Ecosocialista/Arbustock/Asociación de Abogades Ambientalistas y CAJE/Fundación Inalafquen/COA KIUS/Coordinadora BFS/Colectivo Golfo diverso Somos trama naturaleza/Colectivo de Cientificxs Autoconvocadxs Ciencia y Territorio Pto. Madryn/Ambiente en lucha/Asamblea Mar Libre de Petroleras Partido de la Costa/Asamblea Por un Mar Libre de Petroleras Necochea, Quequen/Coordinadora socioambiental Bahía Blanca/CTA Bahía Blanca/Multisectorial Comarca Marítima Viedma Patagones/Proyecto socioeducativo inclusivo Cronopios/Fundación el Vuelo Centro de Día/Agricultura Biodinamica de Nebubu/3er Malón de la Paz/Alerta roja, agrupación ambiental anticapitalista/Comodoro FASP/Frente de organizaciones en lucha, Coordinadora por el cambio social.

¿Quién comprará el GNL argentino?

por Alejo di Risio y Fernando Cabrera para elDiarioAR

En las actuales condiciones, a pesar de la reciente media sanción en Diputados de la Ley de promoción de la exportación de Gas Natural Licuado, el país enfrenta una competencia feroz y dificultades para consolidarse como un actor relevante en el mercado mundial.

La Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley de promoción de la exportación de Gas Natural Licuado (GNL). Con el respaldo de sectores oficialistas y afines, el proyecto crea un régimen promocional para grandes inversiones y define para ellas un marco fiscal inamovible por 30 años. El debate que suscitó la norma plantea preguntas sobre el futuro energético del país. El mercado mundial del GNL parece haber sido una carrera en la cual Argentina tendrá serias dificultades para ser competitiva.

El objetivo del proyecto de ley es promover la exportación del gas obtenido con fracking en Vaca Muerta y generar así las divisas que al país le faltan. Sin embargo, les permite a las empresas llevarse los dólares más fácilmente y no contempla regulaciones de carácter técnicas o ambientales.

La futura ley favorece a inversiones de más de U$S1.000 millones y les garantiza la estabilidad fiscal por 30 años. Establece retenciones de entre el 0 y el 15% del precio del gas en el buque. Las empresas podrán disponer del 50% de los dólares de las exportaciones para el pago de deudas y repatriación de inversiones. Se beneficiarán, además, de la exención de derechos de importación y tasas por servicios portuarios, entre otras.

¿Quién comprará el GNL argentino cuando competidores como Brasil y Estados Unidos ofrecen mayor capacidad de exportación, costos potencialmente más bajos, y accesos más cercanos a los mercados internacionales?

Si bien este tipo de exportación podría haber sido una oportunidad para Argentina en el pasado, las condiciones del mercado actual indican que el país enfrentará una competencia feroz y dificultades para consolidarse como un actor relevante en el mercado mundial. El GNL se presenta como una opción de alto riesgo en un país que enfrenta costos de flete más elevados debido a la distancia de los países importadores y a la falta de previsibilidad de las condiciones macroeconómicas.

Según las previsiones empresariales, el proyecto de instalación en Bahía Blanca de una planta de GNL entre la petrolera estatal malaya Petronas e YPF se terminaría en 10 años. Ante ese escenario, las empresas anticiparon la contratación de dos buques de licuefacción que pondrían en funcionamiento la exportación en menos tiempo, pero la capacidad de exportación de esa infraestructura es muy restringida.

Según estimaciones del think tank climático E3G, Europa ya superó el pico de demanda de GNL y en menos de diez años sus niveles de importación de GNL serán marginales. Al mismo tiempo, la capacidad de exportación de Estados Unidos está en vías de saturar el mercado internacional. De acuerdo a la Administración de Información de Energía de ese país, existen en Estados Unidos once nuevos proyectos de terminales estadounidenses de GNL aprobadas, aparte de las cuatro ya en construcción, que se suman a las siete existentes.

En el ámbito regional, Brasil planea múltiples terminales de GNL en la Costa Atlántica mientras contempla importar gas argentino por ductos para consumo doméstico, con la ambición de convertirse también en exportador. La proximidad de los mercados hace prever que el GNL brasileño podría tener costos de flete inferiores, planteando así otro desafío para la industria del gas en Argentina.

Este panorama suscita una pregunta crucial: ¿Quién comprará el GNL argentino cuando competidores como Brasil y Estados Unidos ofrecen mayor capacidad de exportación, costos potencialmente más bajos, y accesos más cercanos a los mercados internacionales? Samuel Ade, químico del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y analista energético del Consejo de Defensa de Recursos Naturales (NRDC) de Estados Unidos, arriesga algunas respuestas. Con experiencia previa en la industria química y en transiciones energéticas en el Caribe, Ade lidera análisis interdisciplinarios sobre las implicancias internacionales de las exportaciones de GNL de Estados Unidos.

-¿Cuáles son las tendencias y los acontecimientos más significativos del actual mercado mundial de GNL?

“Los tres principales exportadores de GNL son Estados Unidos, Qatar y Australia, y representan casi dos tercios de los volúmenes de exportación mundiales. Históricamente, China, Japón y Corea del Sur han sido los mayores importadores individuales de GNL. Sin embargo, la agresión rusa en Ucrania provocó cambios significativos en los patrones mundiales. Más de un año después, la guerra en Ucrania sigue siendo uno de los principales motores de la dinámica del mercado mundial de GNL”.

“Antes de la invasión rusa de Ucrania, los países de la Unión Europea recibían alrededor del 40% de sus importaciones procedentes de Rusia. El flujo de este gas por gasoducto hacia Europa disminuyó aproximadamente un 56% entre 2021 y 2022 y la demanda de GNL ha aumentado a corto plazo para ayudar a desplazar el suministro de gas ruso. Europa (incluida Turquía) experimentó el mayor aumento regional de las importaciones de GNL a lo largo de 2022, aumentando un 65% en comparación con 2021”.

“Este aumento inesperado de la demanda europea provocó picos de precios sin precedentes y volatilidad en el mercado mundial del GNL. En respuesta a estos elevados precios, los importadores de GNL de otras regiones (especialmente Asia y Latinoamérica) han reducido su consumo de GNL a corto plazo. Las importaciones de GNL disminuyeron un 9% en Asia y un 34% en América Latina a lo largo de 2022 en comparación con los niveles de 2021”.

“Al mismo tiempo, este aumento a corto plazo de la demanda de GNL ha suscitado un renovado interés en la expansión de las cadenas de suministro a escala mundial por parte de productores y financiadores públicos y privados”.

-¿Qué horizonte futuro imagina para este mercado?

“Aunque la demanda de GNL puede crecer en el corto plazo, muchos de los principales consumidores pretenden reducirla a mediano y largo plazo. El plan europeo RE Power EU, por ejemplo, prevé una reducción de más del 50% del consumo de gas para 2030 en relación con los niveles de 2020. Esta reducción prevista de la demanda de gas tiene importantes consecuencias para los nuevos proyectos de suministro de GNL destinados a aprovechar los elevados precios actuales del mercado generados por la crisis energética europea”.

“Dados los plazos necesarios para construir nuevas instalaciones de exportación de GNL (de 3 a 5 años en el mejor de los casos) y la vida operativa de estos proyectos una vez construidos (de 25 a 35 años), existe un riesgo significativo de que los nuevos proyectos de suministro de GNL puedan convertirse en activos varados debido a los planes más estrictos de descarbonización climática y energética de diversos países”.

“Al mismo tiempo, la industria del petróleo y el gas se apura para aprovechar la crisis energética mundial y poner en marcha nuevos proyectos. El aumento previsto de la capacidad mundial de suministro de GNL plantea interrogantes sobre la viabilidad financiera de estos nuevos proyectos; mientras que se espera que disminuyan importantes fuentes de demanda mundial de gas.Cualquier país debería considerar el desarrollo estratégico de sus recursos renovables, que podrían descarbonizar su perfil energético nacional en conjunción con sus compromisos climáticos declarados y también ayudar a poner fin a la dependencia externa”.

Alejo di Risio es periodista y Coordinador de Comunicación de la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas. Fernando Cabrera es Coordinador del Observatorio Petrolero Sur.

Megaproyecto Vaca Muerta

América Latina y el Caribe libre de fósiles 

Esta semana con México y Yasuní a la cabeza, y Colombia con liderazgo global y hacia Amazonía, cada vez son mayores los pasos y demandas para dejar los combustibles fósiles bajo tierra

Ciudad de México, 24 de agosto de 2023.

Esta semana, en tres ciudades de México en simultáneo, un ciclo de 11 debates presenciales y en línea reúne a más de 40 expertos entre activistas, investigadores, ingenieros e ingenieras, abogados especializados en ambiente y líderes indígenas de México, Guatemala, Colombia, Argentina, la Amazonía ecuatoriana y Portugal, para reflexionar sobre posibles caminos hacia un modelo de generación, distribución y consumo de energía para los próximos 20 años que sea común y justo con los pueblos y la naturaleza.

El ciclo llevado a cabo en las ciudades de México, Guadalajara y Mérida termina mañana viernes, y hasta el momento convocó a más de 600 personas in situ y cerca de 7 mil en línea. Es organizado por “Nuestro Futuro, Nuestra Energía”, una propuesta de articulación impulsada por 40 espacios de diverso orden en México, incluidos organizaciones de la sociedad civil, cooperativas, sindicatos, personas trabajadoras y de la academia, para repensar y modificar el futuro socio-energético en el país, bajo las siguientes premisas:

  • Disminución planificada de hidrocarburos en la matriz energética. Reducción de las licencias sociales de los combustibles fósiles.
  • Cese de megaproyectos que atentan contra la vida en los territorios.
  • Multiplicación de alternativas públicas y comunitarias para la transformación socioenergética. Fortalecimiento de capacidades para que más grupos agrarios y comunidades gestionen sus bienes comunes.

El momento del lanzamiento de “Nuestro Futuro, Nuestra Energía” es oportuno en tanto se suma a muchas otras iniciativas en América Latina y el Caribe que, prácticamente de forma simultánea, buscan la disminución gradual, con mínimos impactos para los sectores más vulnerables, de la explotación de petróleo y gas en la región. Ejemplo concreto de camino hacia una transición energética colectiva y consultada que otros países pueden seguir.
Sucede justo después de que el pueblo ecuatoriano hiciera historia el domingo pasado al votar abrumadoramente a favor de dejar el petróleo y el gas bajo tierra en el Parque Nacional Yasuní. Mientras que Colombia lleva dando pasos más decididos, desde el año pasado, con la llegada al poder del presidente Petro, buscando vías para la eliminación de la dependencia fósil en el país.

Organizaciones presentan una nueva acción en la justicia por el avance petrolero en el Mar Argentino 

Nueva medida cautelar contra la exploración offshore

El día de la fecha, organizaciones socioambientales solicitan ante la Justicia Federal una medida cautelar por las falencias que presenta el Estudio de Impacto Ambiental de la perforación que la compañía noruega Equinor tiene autorizada para comenzar en los próximos meses en el pozo Argerich 1 del bloque CAN-100, frente a la costa de Buenos Aires. Esta acción es una nueva cautelar que se realizó en paralelo a la acción existente sobre CAN-100 presentada en enero de 2022, que se encuentra pendiente de resolución por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

La acción legal fue presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, junto a Greenpeace Argentina, Ecos de Mar, Surfrider Argentina, Fundación Patagonia Natural, Kula Earth, Asociación de Surf Argentina, Organización Mar,  Asociación de Surf Necochea Quequén y la Asociación de General Alvarado de Surf (Miramar).

Esta acción se presenta en simultáneo  a la movilización recurrente #Atlanticazo, convocada por diversas organizaciones y la ciudadanía el día 4 de cada mes. Desde las organizaciones argumentan que existe una falta de conocimiento sobre la biodiversidad que habita en el fondo marino a perforar y, por ende, incertidumbre sobre los efectos hacia dicha fauna y flora. “Equinor está yendo a perforar a ciegas un fondo marino que desconocemos casi completamente”, agregaron desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. 

La empresa ha omitido o subestimado diferentes impactos de esta actividad, afectando no solo la biodiversidad sino también la relación con los países vecinos, como Uruguay y Brasil, que podrían verse impactados por posibles derrames, de acuerdo a modelados que fueron realizados tomando parámetros meteorológicos promedio y no los peores escenarios en términos climatológicos. 

A su vez, la fecha prevista para la realización de la perforación fue modificada mediante una simple autorización donde no se tuvo en cuenta a las diferentes temporadas que corresponden a los ciclos reproductivos, las migraciones de especies y los períodos de alimentación de peces, reptiles y  mamíferos marinos que transitan la zona, entre ellos el Monumento Natural de la Nación, la ballena Franca Austral. 

Otra falencia detectada en el estudio es que no especifica cuáles serán los elementos químicos utilizados en la perforación y los parámetros que se utilizarán para determinar cuáles se arrojarán al agua, cuáles podrán ser tratados a bordo del buque y cuáles deberán retornar a tierra para remediación y tratamiento.

Las organizaciones también señalan una falta de implementación real y efectiva del Acuerdo de Escazú, tratado internacional de carácter constitucional ratificado en el Congreso y vigente por Ley 27.566. El mismo ampara el acceso a la información y la participación pública en la toma de decisiones vinculadas con el Patrimonio Natural de la Nación. 

La presión ejercida sobre la justicia en ocasiones previas resulta notoria. Los intereses corporativos han sido una constante en el ámbito judicial, generando un precedente preocupante y dejando en entredicho su imparcialidad en decisiones cruciales para el ambiente y la sociedad.

Desde las organizaciones firmantes, se insta a la justicia a que esté a la altura de la crisis social y ecológica que atraviesa él país y dé una respuesta pronta y certera sobre este esta cautelar contra la exploración offshore. 

Contactos de prensa: 

Gonzalo Vergez (Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas) +54 9 223 426-927

Florencia Rodriguez (Prensa de Greenpeace Argentina) +54 9 11 3761-2969

Modelado de derrame de pozo Argerich, Página 121 Anexo VII D del Estudio de Impacto Ambiental. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/equinor-can-100-pozo-argerich#1

OTRA VEZ LOS BOSQUES DE CHACO EN PELIGRO: “AUDIENCIAS PÚBLICAS” QUE ATENTAN CONTRA BOSQUES NATIVOS

  Argentina – 28 de Septiembre, 2023

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) expresamos nuestro más enérgico repudio a la decisión del gobierno de Chaco de “adecuar” el mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia. Consideramos que esta convocatoria representa una nueva artimaña que socava los procedimientos técnicos, participativos y administrativos establecidos por la Ley 26.331 de Protección de Bosques Nativos.

La propuesta de ordenamiento territorial presentada por el Ministerio de Producción de Chaco en estas irregulares audiencias públicas viola flagrantemente los principios fundamentales de la Ley de Protección de Bosques Nativos y la Ley General de Ambiente. Esta propuesta no cumple con los procedimientos técnicos establecidos y el mapa resultante es regresivo, lo que significa que áreas de alto valor de conservación están siendo categorizadas como de bajo valor, permitiendo su desmonte total y favoreciendo al agronegocio.

Además, esta convocatoria no cumple con las condiciones requeridas para consultar a la población sobre asuntos ambientales, como lo establecen acuerdos internacionales a los que Argentina se ha comprometido, como lo es el Acuerdo de Escazú. La falta de información previa a la población sobre la materia a discutir y la elección de espacios que no son públicos y seguros para las audiencias públicas (insólitamente las audiencias públicas se llevarán a cabo en las sedes de las entidades empresariales del agronegocio que desmontan). 

Este proceso ilegal se lleva a cabo en el contexto de una actualización del ordenamiento territorial de los bosques nativos de Chaco que carece de sustento legal, y que desde sus inicios fue caracterizado por la violencia, discriminación y amenazas a defensores y defensoras ambientales. El intento previo del gobernador Capitanich de actualizar el ordenamiento por decreto requería la ratificación del Poder Legislativo, un paso que nunca se cumplió. Además, esta nueva actualización se promueve unilateralmente desde el Ministerio de Producción, excluyendo la participación del Ministerio de Ambiente, que junto al primero conforman el Consejo Provincial de Ambiente encargado de administrar los bosques del Chaco. 

Lo aquí expuesto hiere de muerte la transparencia, legitimidad y legalidad del proceso, convirtiéndolo en nulo de nulidad absoluta.

Por todas estas razones, exigimos la inmediata suspensión de esta convocatoria y llamamos al gobierno de Chaco a respetar las leyes que protegen los últimos bosques nativos de la provincia y del país. Es inaceptable que se permita el desmonte ilegal en una región que ha perdido más de 8.000.000 de hectáreas en los últimos 30 años, siendo Chaco la provincia que más deforestaciones tuvo el primer semestre de 2023 con 24.522  hectáreas de bosques nativos.  La dirigencia política del Chaco debe detener el saqueo de nuestros últimos pulmones verdes y refugios de flora y vida silvestre.

Estas son medidas realizadas al servicio del poder del agronegocio, que terminan siendo quien efectúa presión al estado para garantizar sus propios intereses, pero también con graves conflictos de intereses de algunos ex funcionarios de la provincia del área de bosques que durante su gestión avanzaron los desmontes en Chaco y ahora se sumaron al proceso en carácter de productores forestales y en representación de empresas tanineras ligadas al agronegocio. Instamos al gobernador Capitanich a tomar medidas coherentes y decididas en favor de la protección de los bosques nativos y de los derechos sociales y ambientales de la población. En un contexto de crisis climática y pérdida de biodiversidad, no hay margen para políticas ambiguas que permitan la expansión de la frontera agropecuaria sobre estos ecosistemas vitales.

Contacto de prensa AAdeAA/CAJE: 

Abg. Enrique Viale 1151207518

Abg. Lucas Micheloud 3413042305

Dragado del Río Uruguay

Primaveras de Ríos libres

Por Jorge Oscar Daneri (*) para Era Verde

Un veinticinco de septiembre, de 1997, Entre Ríos declaró la libertad de sus ríos. La educación pública lo sigue celebrando cada renacimiento de las primaveras.

La constitución provincial renovada en 2008 lo consolida, para todos los tiempos, cuidando los principios de prevención como de progresividad desde el restablecimiento y sanación de los «corredores biológicos» de sus ríos y «ecosistemas asociados».

Fue y es una convocatoria política y social hacia el ejercicio de la equidad y la ética intergeneracional, que, en estos tiempos de enormes cambios globales, adquiere una desafiante provocación frente a la gestión de cuencas y la inexistente democracia participativa.

“Entre Ríos Sí, entre represas No”; «ríos libres para pueblos libres», cantaban marchando por las calles de Paraná, sus gentes celebrando aquella libertad.

En estos tiempos adquiere una dimensión simbólica y amorosa muy particular, ratificando el valor de un pueblo que supo desde la resistencia al represamiento del río más grande del país, volverse creativo y constructor social de una ley liberadora y protectora de las aguas y sus reinos de vida.

En el actual proceso electoral, en momentos de una enorme crisis civilizatoria, se convoca desde los estrados libertarios a la privatización de los ríos. Chile lo concretó durante una dictadura. Fue una calamidad. De alguna manera privatizó el ciclo del agua, único caso en el mundo. El reciente intento de reforma constitucional en el país hermano infelizmente no logró retrotraer semejante violación del derecho humano y no humano de acceso al agua saludable.

Ante la amenaza privatizadora del río, y por lo tanto de sus bienes comunes y naturales no humanos, manifestada en la presencia, belleza y milenaria diversidad biológica, la mercantilización de las vidas es un agravio a la dignidad del ser, del estar y el habitar los mundos, en paz, en convivencia y en confraternidad entre todas las especies de las que somos parte.

Somos ríos, somos naturaleza, de ella inter-dependemos, nos sostiene, alimenta, limpia y cura.

En primavera nació la ley de libertad de los ríos en un concierto federal donde los bienes naturales son del dominio originario de las provincias. Los libertarios no tendrán poder democrático legislativo para reformar constituciones, ni leyes, ni los pactos relevantes vigentes en el país, ratificados en diversos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El único modo de privatizar la vida, de transformarla en más y más mercancías, será violentando, forzando, tiranizando el contrato social mayor y provincial.

Este anunciado autoritarismo de Estado privatizador de las vidas, es impensado en la República. Deberán, el Congreso de la Nación como la Justicia, actuar con la emergencia cívica y la paz social que nuestra tierra y sus pueblos tanto necesitarán.

Y si se atreven, los entrerrianos volveremos a estar en las calles y plazas, caminaremos y navegaremos los senderos de la verdadera libertad, la de todos los seres que somos, porque somos humedal, somos Pachamama, somos naturaleza, somos la trama de la vida. Estamos abrazados a ustedes, con los nuestros y las de ayer, mil años y más, todas madres de la libertad real, verdadera, fraterna y solidaria, libertad de aguas, porque agua somos.

Celebramos ratificando el espíritu constitucional así narrado: «…La Provincia concertará con las restantes jurisdicciones el uso y aprovechamiento de las cuencas hídricas comunes. Tendrá a su cargo la gestión y uso sustentable de las mismas, y de los sistemas de humedales, que se declaran libres de construcción de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo natural de sus ecosistemas asociados…».

(*) Abogado, ambientalista, integrante de la Unidad de Vinculación Ecologista (UVE) de la Fundación La Hendija de Paraná.

Maristella Svampa

Maristella Svampa, distinguida por la Fundación Alexander Von Humboldt con el Premio Georg Forster

Por CEDINCI

La investigadora Maristella Svampa del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas de la UNSAM fue distinguida por la Fundación Alexander von Humboldt (Alemania) por sus aportes sociológicos al estudio de los riesgos del extractivismo en sus diversas facetas.

La socióloga y filósofa Maristella Svampa, investigadora superior del CONICET con sede de trabajo en el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CeDInCI) de la UNSAM, fue distinguida con el Premio de Investigación Georg Forster, que otorga la Fundación Alexander von Humboldt (Alemania).

El trabajo de Svampa fue reconocido junto con el de otrxs cinco investigadorxs de países emergentes, nominadxs por colegas de Alemania e invitadxs a ese país para desarrollar proyectos colaborativos. El premio es financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania como un instrumento para promover la cooperación científica y el avance del conocimiento en diversas disciplinas académicas. De las seis personas premiadas, dos son argentinas: Maristella Svampa y Andrea Bragas, física de la UBA. Los Georg Forster 2023 también reconocieron al agrónomo Achille Assogbadjo (Benín), al químico Igor Olegovich Fritsky (Ucrania), al teólogo Louis Cloete Jonker (Sudáfrica) y al lingüista Abdelhadi Soudi (Marruecos).

Foto: Dafne Gentinetta

Svampa, que suele definirse como una investigadora anfibia, estudió Filosofí­a en la Universidad Nacional de Córdoba, hizo especializaciones en Historia y Filosofía en Francia, y el doctorado en Sociologí­a por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Parí­s. Recibió varios premios y reconocimientos, como la Beca Guggenheim (2007), el Premio Konex de platino en Sociología (2016) y el Premio Nacional de Ensayo Sociológico por su libro Debates latinoamericanos. Indianismo, Desarrollo, Dependencia y Populismo (2018). En 2022 ocupó la Cátedra Simón Bolívar de la Universidad de Cambridge.

Sus investigaciones abordan la crisis socioecológica, los movimientos sociales y la acción colectiva, así como problemáticas ligadas al pensamiento crítico y la teorí­a social latinoamericana. Tiene una veintena de libros publicados, entre ensayos, investigaciones y novelas. Sus últimos libros son El colapso ecológico ya llegó. Una brújula para salir del (mal)desarrollo (2020) y La transición energética en Argentina (coeditora). Es impulsora del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, una propuesta latinoamericana que propone disputar sentidos sobre la transición socioecológica (particularmente, la transición energética) en clave geopolítica. Es también miembro del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y de la Colectiva Ecofeminista Mirá, junto con destacadas escritoras argentinas.

“Maristella Svampa es, sin duda, una de las investigadoras más importantes del Sur Global y de América Latina”, celebró Hans-Jürgen Burchardt, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Kassel y director del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA), que promueve el intercambio de ideas entre el Norte y el Sur. “En particular, Svampa ha investigado intensamente las cuestiones de la exportación de materias primas y los riesgos del modelo de desarrollo exportador de materias primas en sus diversas facetas con el fin de desarrollar alternativas social y ecológicamente compatibles. Su extenso trabajo sobre este tema, que refleja críticamente los avances actuales, podría considerarse un ejemplo paradigmático de excelencia científica y de compromiso sociopolítico”.

Felicitamos a Maristella, una investigadora cuyo trabajo siempre ha estado anclado en la defensa del pensamiento crítico y del sistema de investigación y educación pública.

Oleoducto Vaca Muerta Sur: Las asambleas del Curru Leufu denuncian penalmente a la Secretaria de Medio Ambiente y Cambio Climático de Río Negro

Representantes de las Asambleas del Curru Leufu se presentaron ante la Fiscalía de San Antonio Oeste, Río Negro, para denunciar penalmente a la Secretaria de Medio Ambiente y Cambio Climático, Dina Lina Migani, por incumplimiento de los deberes de funcionario público previsto en el artículo 248 del Código Penal.

Conforme a la RESOL-2023-1007-E-GDERNE-SAYCC#SGG, emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del 24 de Julio, Migani tenía la responsabilidad de organizar y garantizar el normal funcionamiento de la Audiencia Pública que se llevaría a cabo en la ciudad de Sierra Grande el 17 de agosto para tratar el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente a: -Tramo II Estación Allen –Terminal de Carga Punta Colorada – Tramo III Terminal de Carga Punta Colorada e Instalaciones Asociadas- del proyecto Oleoducto Vaca Muerta sur de la empresa YPF S.A.

De acuerdo a dicha resolución y a su función como autoridad convocante, le correspondía garantizar la seguridad y el libre acceso de la población a la Audiencia Pública. Sin embargo, tal como denunciamos públicamente, a muchas de las personas formalmente inscriptas se les impidió el ingreso al recinto. Como agravante, destacamos que la funcionaria estaba al tanto de que afuera de la audiencia tanto la UOCRA como una patota municipal estaban atacando a quienes legítimamente nos acercamos a manifestarnos. De los registros de la supuesta Audiencia Pública que desarrolló en ese contexto de violencia y exclusión, es posible evidenciar lo que estamos denunciando: las únicas voces participantes se expresaron a favor del proyecto, y ninguna se refiere al Estudio de Impacto Ambiental para el que la Secretaría de Ambiente convocó tal instancia.

La secretaria de ambiente incumplió las normativas que estipulan que todo y toda ciudadano y ciudadana deben tener la posibilidad de expresar libremente sus argumentos en la audiencia pública. Para citar sólo algunas, nos referimos a la ley 27566, la 27275, la 25831, la 3266, la 2631. 

Ante todas estas arbitrariedades e incumplimientos, las Asambleas del Curru Leufu sostenemos que esta audiencia no tiene validez, que no es reconocible y que debe ser anulada. Asimismo, comunicamos públicamente la denuncia penal elevada contra Dina Migani por las responsabilidades que mencionamos y las previstas en los términos del artículo 248 del Código Penal. 

Firmas:


Asambleas de la Curru Leufú – Multisectorial Golfo San Matías – Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas – Asamblea Antimegaminería de Bariloche – Asamblea por el Agua y la Tierra Fiske Menuco (Roca) – Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Patagones – Asamblea Socioambiental de Cipolletti – Asamblea Socioambiental Valle Medio – Asamblea Ambiental Interpueblos de Ing Huergo, Villa Regina, Godoy, Chichinales – Asamblea del Valle de Conesa – Asamblea en Defensa del Agua de Ing. Jacobacci – Asamblea del Coli Leuvu de Catriel – Agrupación Trawn ko (Viedma) – Junta Promotora APDH Alto Valle – Pastoral Social Diócesis de Viedma – Asociación de Abogades Ambientalistas de Argentina – Observatorio Petrolero Sur – Red de Comunidades Costeras

Teléfonos de contacto: 

☎️ 2934 46-0520 Suyhay Quilapán | Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas

☎️+54 9 2984 20-3310 Pedro Pérez Pertino | Asamblea por el Agua y la Tierra Fiske Menuco (Roca) 

☎️ 2984 73-4419 Mauro Isueta | Asamblea por el Agua y la Tierra Fiske Menuco (Roca)

☎️ 223 4268927 Gonzalo Vergez | Asociación de Abogada/os Ambientalistas de la Argentina

impunidad ambiental

Corrientes y una oportunidad para comenzar a revertir la impunidad ambiental

El gobierno de Corrientes destruyó decenas de kilómetros de bosque ribereño del arroyo Riachuelo. Luego de un fallo judicial y una audiencia de partes, tiene diez días para plantear cómo va a restaurar el daño provocado y qué medidas concretará para proteger el ambiente. Fue fundamental la acción de ciudadanas nucleadas bajo la consigna “el Riachuelo se defiende”.

Por Enrique Viale para Agencia Tierra Viva

Corría el mes de julio de 2018. Una draga y dos retroexcavadoras se internaron en las márgenes del arroyo Riachuelo, a diez kilómetros de la capital correntina, y arrasaron con enormes extensiones de bosques ribereños, incluso dentro del Parque Provincial San Cayetano. La excusa: obras de dragado del arroyo.

El responsable de este daño ambiental fue el Instituto Correntino de Aguas y Ambiente (ICAA), organismo del estado provincial que contrató y autorizó a la empresa Ecodyma Sociedad Anónima para las tareas de dragado y refulado del Riachuelo. Es necesario destacar que no se realizó siquiera una Evaluación de Impacto Ambiental, ni se realizaron mecanismos de participación pública, como establece la más elemental legislación vigente. Tampoco se consultaron organismos públicos como la Dirección Provincial de Recursos Forestales ni a las autoridades del Parque Provincial afectado.

Al no existir una Evaluación de Impacto Ambiental nunca se pudieron determinar todos los componentes ambientales que iban a ser afectados por los impactos de la obra y en qué magnitud, ni del medio físico, ni social, ni biológico. Ni, menos aún, replantear las obras para evitar el daño y afectación.

El daño ambiental fue extenso y la biodiversidad afectada es incontable. Entre las especies perjudicadas por las obras ilegales se encuentran: el lobito de río, el mono carayá, aves y fauna íctica. Entre los ambientes afectados a lo largo de los veinte kilómetros se pueden señalar los bosques de ribera, el propio río, esteros, bañados y el paisaje en general.

Leyes vulneradas y acción judicial

El dragado fue ilegal porque violaron todo tipo de normativa, entre otras la Ley Nacional de Ambiente (25.675), la Ley Nacional de Protección de los Bosques Nativos 26.331 (artículo 9 y concordantes) y la Ley Provincial 5974 (artículo 16, entre otros). También la Ley 6360 de creación del Parque San Cayetano y otras provinciales como la 5175 y la 4736. Es por ello que fue la propia Dirección de Recursos Forestales de la provincia que afirmó que “el desmonte de bosques nativos no está permitido. La autorización solo puede ser otorgada en zonas categorizadas de bajo valor de conservación o verde”.

Es que todo el bosque ribereño dañado por las obras estaban clasificados y protegidos como bosques tipo I (rojo) y tipo II (amarillo), según la clasificación de la Ley Nacional de Bosques Nativos, lo que debió impedir su destrucción. También se violó la protección legal del lobito de río (declarado por ley “monumento natural”, que insta a la protección del animal y su hábitat) y se afectó el Área de Importancia para la Conservación de Aves (AICA) Estero Valenzuela.

Valientemente un grupo de mujeres profesionales de la biología y la ecología (nucleadas bajo la consigna “El Riachuelo Se Defiende”) iniciaron una acción judicial para intentar revertir la situación de daño ambiental. No es fácil en provincias como Corrientes iniciar acciones judiciales contra el poder sin tener represalias personales o laborales, por ello lo encomiable de esta acción.

En una larga batalla judicial lograron, en julio de 2022, que el Poder Judicial dicte una sentencia condenatoria que implica realizar tareas de recomposición del ambiente dañado. A más de un año de la sentencia, el Instituto Correntino de Aguas y Ambiente (ICAA) —condenado judicialmente— no realizó ninguna de las tareas ordenadas por el fallo.

En la actualidad, la zona deforestada y la ribera dañada por el dragado y refulado presentan un gravísimo daño ambiental. La vegetación que conformaba el bosque, en especial los grandes árboles, no se ha recuperado ni lo hará en el corto o mediano plazo y muchos animales que habitaban en la ribera intervenida no han regresado. Las familias de monos aulladores que estaban siendo estudiadas se han ido, al igual que muchas aves que anidaban en las copas de los árboles. Tampoco se ve al lobito de río nadando en el cauce intervenido.

La zona dañada a lo largo de la ribera fue afectada seria y definitivamente por la empresa contratista y, también, por la omisión de contralor del Estado provincial. Es alarmante esa inacción, ya que tiene la ineludible obligación de asegurar la integridad ecológica de los ecosistemas.

Particularmente, los bosques ribereños, además de su belleza, cumplen funciones esenciales ecosistémicas: evitar la erosión de las costas, retener sedimentos, aportar de nutrientes a los cuerpos de agua, ser refugio y corredor de fauna.

CORRIENTES: UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA EMPEZAR A REVERTIR LA IMPUNIDAD AMBIENTAL - Un grupo de mujeres profesionales de la biología y la ecología iniciaron una acción judicial contra la Provincia de Corrientes
Foto: El Riachuelo se Defiende

Cuatro medidas concretas y un plazo de diez días

La jueza Lorena Alicia Rak (Juzgado Civil 8 de Corrientes) llamó a una audiencia, la semana pasada, para establecer la forma de ejecución de sentencia (que ya se encuentra firme). Este hecho en sí mismo ya fue muy importante porque —por primera vez en mucho tiempo— funcionarios provinciales tuvieron que dar explicaciones de su inacción y así comenzar a romper la impunidad con la que se manejan. Como ejemplo de inacción, complicidad e impericia sobresale Mario Rubén Rujana, quien era titular del Instituto Correntino de Aguas y Ambiente (ICAA) al momento del daño ambiental (2018).

A la audiencia judicial acudieron las demandantes y la parte condenada: el ICAA y el gobierno provincial. En un largo debate, las impulsoras de la denuncia, avaladas por la ciencia y los antecedentes jurídicos en causas similares, exigieron medidas muy concretas que incluyen la recomposición de las áreas afectadas pero también medidas de compensación ambiental por el enorme daño ambiental ya realizado.

Exigieron:

  • Ampliación de la Reserva Provincial en algún sector del AICA Estero Valenzuela (las Áreas de Importancia para la Conservación de Aves son áreas prioritarias y de alto valor para la conservación).
  • La sanción de un decreto provincial que prohíba totalmente el desmonte en bosques de ribera (bosques ribereños inundables y no inundables que se desarrollen hasta 200 metros desde la costa) hasta en tanto exista una norma provincial que establezca un correcto ordenamiento territorial, con parámetros ecosistémicos y biológicos y participación ciudadana, sobre los bosques de ribera.
  • La realización de una sostenida campaña de difusión del valor y la importancia de los bosques ribereños, de las cuencas y la biodiversidad acuática.
  • Que se lleven adelante proyectos de restauración de bosques ribereños de todo el arroyo Riachuelo, incluyendo propiedades privadas. Estos proyectos deberán ser realizados por un grupo de expertos en comunidades arbóreas de la provincia.

El Poder Judicial le otorgó un plazo de diez días hábiles al Estado Provincial y al ICAA para que respondan al pedido concreto de las accionantes y empezó a delinear una mesa de trabajo, junto a la sociedad civil, para que se controlen las acciones de reparación ambiental.

Los funcionarios públicos están obligados a proteger al ambiente y recomponer el daño ambiental, como señala la propia Constitución Nacional. De no realizar estas acciones son pasibles de ser denunciados penalmente por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Y esto incluye no solo a los funcionarios que ejercían sus cargos al momento de la comisión de los daños ambientales sobre el arroyo Riachuelo sino también a los actuales porque, como vimos, el daño ambiental continúa sin reparación alguna. Además que también podría iniciarse una acción autónoma por el daño ambiental, lo que significaría un largo derrotero judicial pero una segura y costosa condena para la provincia y la empresa Ecodyma (ejecutora del daño).Registro de las máquinas dragando, sin estudio de impacto ambiental, en el arroyo Riachuelo

Una provincia castigada y con impunidad

Corrientes es una provincia donde existe una gran impunidad ambiental. Según estudios locales conserva apenas el 7,8 por ciento de sus bosques nativos y, peor aún, menos del dos por ciento de sus bosques ribereños originales.
En el 2022 sufrió incendios forestales y de humedales equivalentes al 12 por ciento de su territorio sin que se haya establecido ningún responsable, ni civil, ni penal, ni siquiera político.

En Corrientes también se produce una irracional y descontrolada aplicación de agroquímicos, que hasta provocó la muerte de un niño: José “Kily” Rivero tenía 4 años, vivía en el paraje Puerto Viejo (Lavalle), zona de producción de tomates y altamente pulverizada con agrotóxicos dañinos para la salud y el ambiente y murió por ello en el año 2012.

Por su parte, la destrucción de bosques, humedales, esteros y pastizales para las plantaciones de especies arbóreas exóticas (más de 500 mil hectáreas de la provincia están cubiertos de estos desiertos verdes de pinos y eucaliptos) y el avance sobre estos ecosistemas de las empresas arroceras, se han convertido en una regla.

Por ello la importancia de esta causa judicial y una buena resolución de la misma. Tanto por las acciones concretas de recomposición y compensación ambiental pero, también y muy importante, porque podría ser el comienzo del fin de la impunidad ambiental en la provincia. Y, de este modo e irrefrenablemente, se empiece a revertir la larga historia de injusticia ambiental de Corrientes, donde la permanente violación de legislación y la destrucción de ecosistemas quedan impunes.

Publicada