Archivos de categoría: Áreas de trabajo

Proyectos trabajados por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas Militancia judicial con perspectiva ecológica.

Mendoza: Persecución judicial y detenciones a Defensores del Agua

Mendoza: Persecución judicial y detenciones a Defensores del Agua

Mendoza, 25 de febrero de 2025

Ante las detenciones a Defensores del Agua en Mendoza. — Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial exigimos la liberación inmediata de los detenidos y el cese de los allanamientos y hostigamientos contra defensores del agua en Mendoza. Hacemos responsables a las autoridades de cualquier perjuicio ocasionado a quienes ejercen su derecho a la protesta y defenderemos a quienes protegen el agua contra las amenazas al bienestar colectivo.

El pasado 24 de enero se dio inicio a una jornada que deja una huella nefasta en la provincia. En simultáneo a la inauguración de la Oficina Minera, se realizó una movilización ciudadana en rechazo al avance minero. La cabeza de cuenca del Río Mendoza fue así testigo de un entramado de intereses que busca vulnerar el derecho a manifestarse y hostigar a las personas que lo intenten.

Ante esta situación, grupos vinculados a la UOCRA y barras bravas de clubes de fútbol, actuando a órdenes del gobierno provincial, boicotearon la protesta y, en el proceso, se registraron episodios de violencia física.

En este marco, nos encontramos en articulación con Marcelo Romano, a cargo de la defensa, citados para una audiencia. Asimismo, se evaluará la posibilidad de recurrir a un amparo judicial que garantice la libertad y seguridad de todos los afectados.

Exigimos, además, un Estado a la altura de la crisis ecológica y climática actual, que garantice los derechos humanos y la voluntad popular mendocina de cuidar el agua. Es imprescindible que las decisiones que afectan a la ciudadanía y a nuestros bienes comunes naturales sean tomadas en un marco de respeto a la legalidad, la transparencia y la participación democrática.

Ante estas detenciones a defensores del agua, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas convoca a la sociedad a acompañar a las personas afectadas y no permitir cualquier abuso de poder. Seguiremos informando novedades del caso y sobre las acciones legales que acompañaremos para garantizar el ejercicio legítimo del derecho a la protesta.

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas – Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Golpe a la Mafia del Desmonte en Chaco

Golpe a la Mafia del Desmonte en Chaco

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial anunciamos un duro golpe a la Mafia del Desmonte en Chaco La acción de ayer, desarrollada en las inmediaciones de Tres Isletas, Chaco, constituye una respuesta contundente a prácticas ilegales que vulneran las órdenes de la justicia. Esta intervención, fruto de la presentación judicial interpuesta al constatar el incumplimiento de la medida cautelar, envía un mensaje claro: la desobediencia frente a una orden judicial no quedará impune.

El operativo, coordinado por la Justicia Federal, se efectuó en un predio próximo a la localidad de Tres Isletas, en Chaco. Durante la inspección, los operarios reconocieron estar ejecutando tareas de desmonte en beneficio del Sr. Roberto Nardelli, lo que evidenció la infracción denunciada y validó la intervención legal. Esta confesión, que encaja de forma precisa en la denuncia realizada, valida la acción del Estado para frenar actividades que afectan directamente la integridad del monte.

En una medida sin precedentes, se procedió al secuestro judicial de una Topadora LD160 Lonking, maquinaria vinculada a múltiples desmontes en los últimos años. La incautación de este equipo no solo detuvo la actividad en el acto, sino que también marca el inicio de un proceso judicial que sancionará la transgresión cometida. Para quienes no están familiarizados con el lenguaje legal, se trata de que la autoridad, al percibir el incumplimiento de una orden de no intervención, ha procedido a retirar la maquinaria de la operación, evidenciando la aplicación efectiva de la ley.

La violación de la medida cautelar implica, en términos simples, el no acatar una orden emitida por la justicia destinada a evitar daños irreparables en el monte. La acción judicial emprendida se sustenta en los conceptos de desobediencia y daño, términos que en lenguaje llano significan que quien infringe la norma no solo desatiende una orden, sino que genera perjuicios en el territorio. Esta claridad jurídica permite que la ciudadanía comprenda las implicancias de tales actos y se comprometa con la defensa de nuestro entorno natural.

El operativo de ayer no es un hecho aislado, sino el reflejo de un accionar coordinado entre organismos judiciales y la sociedad civil. La determinación de detener la labor del desmonte y de secuestrar la topadora envía un mensaje contundente a aquellos que pretenden evadir la ley para lucrar a costa del monte. Cada acción en este sentido es un paso firme para recuperar el control sobre nuestro territorio, en el que la fuerza del accionar colectivo se impone frente a intereses privados.

Esta intervención judicial pone en evidencia la eficacia del trabajo coordinado entre la justicia y los ciudadanos comprometidos con la defensa del monte nativo. La participación activa de quienes, desde diversos ámbitos, se suman a la denuncia de actos contrarios a la ley, demuestra que la protección del territorio es una lucha compartida. En este sentido, la acción de ayer es una muestra de cómo la presión social y la vigilancia constante se traducen en medidas concretas que protegen lo que es de todos.

El secuestro judicial de la Topadora LD160 Lonking establece un precedente importante: la impunidad no es una opción. La clara tipificación de desobediencia y daño abre la puerta a la aplicación de sanciones firmes, lo que refuerza el compromiso de las instituciones de garantizar que se cumplan las normas que protegen nuestro monte. Este proceder no solo refuerza la autoridad de la ley, sino que también fortalece la confianza de la ciudadanía en un accionar justo y transparente.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas entendemos que la defensa del territorio es tarea de todas las personas. La acción de la Justicia Federal, sumada a la denuncia ciudadana, convierte a cada actor social en un guardián del monte. Es la unión y la conciencia colectiva lo que posibilita la construcción de un frente común que rechaza las prácticas destructivas y exige el respeto irrestricto de la ley.

Hacemos un llamado a periodistas, activistas y a toda la ciudadanía comprometida con la protección del territorio a seguir informando y denunciando hechos que atenten contra la integridad del monte. La transparencia y la responsabilidad son pilares indispensables para que la justicia actúe con firmeza y eficacia. Cada noticia, cada denuncia, fortalece el marco jurídico que hoy respalda una acción decisiva contra el desmonte ilegal.

La intervención de ayer es una victoria compartida y un incentivo para redoblar esfuerzos en la defensa de lo que es patrimonio que la ciudadanía tiene que proteger. Con la convicción de que la justicia se fortalece cuando se ejerce de manera colectiva, invitamos a la ciudadanía a mantenerse alerta y a sumar sus voces en esta lucha. Sigamos adelante con determinación, conscientes de que cada acción cuenta para preservar la integridad del monte y el futuro de nuestro país.

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas

Presupuesto para incendios

Incendios, pinos y mal desarrollo

por Enrique Viale y Malena Srur para elDiarioAr

La Argentina enfrenta incendios devastadores en el sur y noreste del país, agravados por sequías, altas temperaturas y desfinanciamiento estatal. Las plantaciones de pinos aumentan el riesgo y dificultan la regeneración del ecosistema. Este modelo forestal, basado en monocultivos exóticos, afecta la biodiversidad, el agua y las comunidades, promoviendo un desarrollo insostenible y regresivo.

Otro verano con incendios en todo el país. En la Patagonia, donde aún continúan activos, consumieron miles de hectáreas de bosques en los Parques Nacionales Nahuel Huapi y Lanin. En la Comarca Andina ya se quemaron también miles de hectáreas en una zona de interfase urbano-rural, destruyendo casi 200 viviendas y con centenares de familias evacuadas. Hasta el momento más de 45.000 hectáreas de bosques fueron arrasadas por el fuego en el Sur. Los peores en las últimas tres décadas.

También hay incendios de gran extensión en las provincias del noreste del país, ya muy castigadas por el fuego durante los últimos años. En lo que va de 2025, solo en Corrientes se quemaron cerca de 150.000 hectáreas, aunque los datos varían por la ausencia de información oficial confiable.

En todos los casos se combina una sequía atípica, temperaturas extremas y fuertes vientos como detonantes principales, sumado a que los recursos para prevención y control que destinan el gobierno nacional y los gobiernos provinciales son insuficientes y cada vez más escasos. El desfinanciamiento y precarización de las áreas de control del fuego en el Gobierno Nacional se hace sentir en los territorios y tiene consecuencias desastrosas muy concretas en el marco del Cambio Climático Global.

La mayor respuesta estatal fue la persecución a comunidades mapuches y grupos comunitarios. Una verdadera cacería, por parte del Gobierno Nacional y provinciales. Para des-responsabilizarse de los incendios necesitan un culpable, un “enemigo” que alimente teorías conspirativas.

Pero existe otra constante de la que se habló en mucho menor medida: los habitantes y productores de las zonas bajo fuego indican que la presencia de plantaciones forestales de pinos —y, en menor proporción, eucaliptos— han contribuido a aumentar los riesgos, actuando como focos o haciendo que los incendios se propaguen con tal velocidad o adquieran magnitudes de tal violencia, que los deja fuera de control. También sucede que se prioriza el control del fuego en las plantaciones forestales, y se deja a merced del fuego a los bosques verdaderos, pastizales y humedales.

Pinos e incendios

No es sorprendente. Desde hace décadas que esta característica “pirogénica” de los pinos está estudiada y documentada en otras partes del mundo, tanto donde se cultivan como en los países del hemisferio norte de donde son originarios.

Contribuyen sustancialmente a que los incendios sean más frecuentes e intensos porque, de alguna manera, les resultan favorables. Tienen características que les permiten sobrevivir o regenerarse rápidamente, aumentando incluso su superficie gracias a este disturbio (cortezas gruesas, enorme producción de semillas que germinan o dispersan en respuesta al calor extremo). Además, contienen aceites o resinas inflamables que aumentan la probabilidad de incendio, y su hojarasca (la “pinocha”) se acumula sin degradarse y es más inflamable que la de nuestros ambientes nativos. Como si esto fuera poco, como las copas están tan cercanas el fuego se puede trasladar en altura, siendo estos incendios de copa los tipos de incendios forestales de mayor severidad y peligro.

En condiciones post fuego también se ven favorecidas, interfiriendo con la regeneración de nuestros bosques, matorrales y pastizales quemados. En esas condiciones los pinos germinan literalmente como un césped y cubren completamente el suelo, ahogando a la vegetación nativa e impidiendo que prospere.

Ya sea por causas naturales o antrópicas, el fuego forma parte de la dinámica de varios ecosistemas argentinos. Pero la combinación de fuegos repetidos y catastróficos con las plantaciones de pinos es un nuevo tipo de disturbio que puede llegar a convertir tierras productivas en improductivas y ocasionar graves deterioros ambientales y socioeconómicos en una región.

Las plantaciones forestales pueden causar y agravar las sequías

Además del riesgo de incendio que se retroalimenta y de la pérdida masiva de biodiversidad que provocan las plantaciones forestales, uno de sus impactos más importantes se produce sobre la hidrología de las regiones en donde se instalan, pudiendo afectar la calidad, cantidad y distribución del agua superficial y subterránea.

Los pinos y eucaliptos consumen cantidades enormes de agua, mucha más de la que consume la vegetación nativa, especialmente cuando reemplazan arbustales y pastizales. Normalmente consumen más agua de la que llueve, con lo cual deben bombearla de las napas y de los cuerpos de agua vecinos. Además, su altura y densidad de ramas y hojas impiden que un alto porcentaje del agua de lluvia llegue al suelo (hasta el 95%); ésta queda retenida en las copas y luego simplemente se evapora con el sol. Estos procesos combinados contribuyen a que, con el paso del tiempo, disminuya o desaparezca la recarga de agua de arroyos, lagunas, bañados y acuíferos, que finalmente se secan. Esta situación se agrava al aumentar la superficie plantada o invadida, como ya ha sucedido en otros lugares del mundo (Ej: Sudáfrica, con reducciones de caudales en cuencas enteras de hasta un 70%).

En años secos, las lagunas no se llenan y las napas se hacen más profundas. El resultado es un agotamiento local del agua que ya no queda disponible para la fauna y flora nativas ni para el consumo humano u otros usos productivos. Es algo que repiten todas las personas que viven en lugares en donde se instalan estas plantaciones: “desde que se plantó el pino o el eucalipto, se acabó el agua”. En sectores de los Esteros del Iberá, por ejemplo, los pozos que antes daban agua a los 8 metros de profundidad, ahora recién lo hacen cerca de los 20 metros.

A estos hay que sumar los impactos directos de las obras hidráulicas que se deben hacer en zonas de humedales y pastizales (naturalmente inundables) para conducir el drenaje y permitir que se haga la plantación inicial y la apertura de caminos: “camellones”, terraplenes y canales de drenaje, directamente diseñados para secar los sectores en donde se hacen las plantaciones de estas especies exóticas.

La invasión silenciosa

Las inmensas plantaciones forestales implican un riesgo ambiental en sí mismas como agentes de cambio de la dinámica hídrica de la región en donde se instalan, por modificar la estructura y funcionamiento del paisaje, por no servir como hábitat para la flora y fauna silvestres, y por su papel como agentes de cambio cultural en las comunidades rurales de la zona, entre otros. Como si esto fuera poco, existe otro riesgo tal vez más grande debido a su carácter de “especies invasoras”: los pinos se propagan descontroladamente hacia ambientes naturales y áreas productivas y poblados vecinos, lo que puede hacer escalar todos estos impactos hasta dimensiones impensadas.

Especialistas de todo el mundo destacan la gravedad del problema de las llamadas “especies exóticas invasoras” como los pinos, que conforman el grupo de especies forestales más irruptivas para todo el hemisferio Sur afectando bosques, pastizales, humedales, estepas y dunas costeras. Las pérdidas de biodiversidad y la homogeneización del paisaje disminuyen la resiliencia frente a cambios ambientales como las sequías y los incendios, y pueden aumentar el riesgo de plagas y enfermedades atentando contra las propias plantaciones forestales. Impactan así sobre todas las actividades productivas de una región, incluyendo la agrícola, ganadera y turística. Daños todos ya registrados en nuestro país, desde la Patagonia hasta los Esteros del Iberá. A todo esto, se suma que los pinos fuera de las plantaciones ni siquiera tienen valor forestal ya que su madera es de mala calidad por la densidad en la que crecen.

Los pinos y el mal desarrollo

Pese a los extensos y riquísimos bosques y selvas pobladas de especies valiosas que supo tener nuestro país, este mal llamado “desarrollo” forestal argentino se basó fundamentalmente en el desmonte y posterior instalación de extensos monocultivos, artificiales y altamente mecanizados, de especies de pinos originarios de Estados Unidos y otras especies exóticas. Se hizo copiando al modelo chileno: se fueron desarrollando a la par, con inversiones de los gobiernos militares de la década del 70, fomentando la plantación sobre tierras fiscales y construyendo las pasteras que los gobiernos luego privatizaron a precios bajísimos, para quedar finalmente en manos de 2 o 3 corporaciones como la chilena Celulosa Arauco y Constitución.

Este modelo constituye un ejemplo de un tipo de desarrollo socialmente regresivo y ambientalmente insustentable que ha generado miseria, despojo y explotación en todos los territorios en donde prospera. Las plantaciones forestales no sólo fracasaron en reducir la presión sobre los bosques nativos, en mejorar la conservación de suelo y agua o en promover el empleo y el desarrollo social, sino al contrario: dieron lugar a una creciente homogeneización de los paisajes y a la destrucción y radical transformación de otros ecosistemas, como los pastizales correntinos y las estepas patagónicas, tan valiosos como los bosques, generando problemas cada vez más difíciles de resolver. Se desarrolló a expensas de la apropiación y concentración de la propiedad de la tierra, dejando a comunidades campesinas y localidades enteras encerradas dentro de “jaulas de pinos”, sin fuentes de empleo y provocando migraciones masivas con una caída general en los estándares de vida.

Este modelo de mal desarrollo forestal no distingue entre bosque nativo y plantaciones, y ve a los árboles como una mercancía, donde los criterios cuantitativos de “número de árboles”, “toneladas por hectárea” o “PIB per cápita” son instrumentos suficientes de estrategia y política, convirtiendo a esta actividad en una figura extrema del extractivismo dentro del agronegocio, como la megaminería o la explotación petrolera. Los verdaderos bosques y recursos forestales nativos siguen siendo ignorados o depredados, mientras se promueve el modelo fabril de monocultivos industriales con instrumentos tan efectivos como el del régimen de promoción instaurado desde finales de los 90 con la ley nacional 25.080 y otras leyes provinciales relacionadas. Desde entonces, el Estado subsidia todos los pasos productivos de implantación, mantenimiento, riego y cosecha de las plantaciones, exime a las empresas del pago de impuesto inmobiliario por las tierras sembradas, de impuestos de sellos y de ingresos brutos, les devuelve el IVA en forma anticipada, y les otorga estabilidad fiscal por 30 años, entre otros beneficios y exenciones fiscales e impositivos.

Frente a estos fracasos tan devastadores, ampliamente documentados, del paradigma de desarrollo forestal basado en los monocultivos, resulta urgente establecer una inmediata moratoria que prohíba la plantación de especies exóticas, que destine gran parte del presupuesto de la actual ley de promoción forestal a la restauración de ecosistemas nativos, el manejo de áreas naturales protegidas, la promoción de la producción de alimentos a escala local, la educación ambiental, la restauración productiva de las tierras quemadas y el control y prevención de incendios catastróficos.

La Justicia neuquina amplía la investigación en el caso Comarsa

La Justicia neuquina amplía la investigación en el caso Comarsa: se profundiza en la cadena de contaminación y fraude

Neuquén, 17 de febrero de 2025 – Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial celebramos la decisión de a Sala 6 del Poder Judicial de la provincia de Neuquén que decidió aceptar nuestra solicitud y extender por seis meses la investigación contra Comarsa S.A., la empresa responsable de la acumulación y traslado ilegal de residuos petroleros. 

Esta medida responde a la necesidad de esclarecer la responsabilidad de todas las empresas involucradas en el fraude y la contaminación denunciados. El juez Gustavo Ravizzoli ordenó la ampliación de la investigación y la solicitud de información al gobierno provincial, Comarsa, YPF y otras compañías que enviaron residuos a la tratadora.

La justicia aceptó la reformulación de cargos, reafirmando que se trata de un caso de contaminación peligrosa y fraude. Se mantendrá la calificación de “causa compleja” y se extendió el plazo de investigación por seis meses más. Además, se confirmó la continuidad de los embargos preventivos sobre la empresa para garantizar recursos en caso de una eventual condena y reparación del daño ambiental.

Desde 2013, Comarsa ha acumulado 300.000 metros cúbicos de residuos peligrosos en terrenos que no le fueron habilitados, incluyendo espacios públicos. La empresa recibió material contaminante de la industria petrolera, lo trató deficientemente y lo depositó de manera ilegal en el Distrito 6 de Neuquén. Durante años, las autoridades provinciales y municipales permitieron este accionar, avalando una práctica que pone en riesgo la salud de la población y el equilibrio ecológico de la región.

El traslado de residuos iniciado en diciembre de 2024 hacia la localidad de Añelo genera nuevas sospechas. La fiscalía y las querellas exigen conocer en detalle dónde están depositando los contaminantes y qué tipo de tratamiento se les está dando. Sin embargo, hasta el momento, solo hay información fragmentaria obtenida de comunicados oficiales sin verificación independiente.

El fiscal jefe Maximiliano Breide amplió la acusación, imputando a los dueños y gerentes de Comarsa por contaminación peligrosa para la salud pública y defraudación. La investigación contable reveló ocultamiento del pasivo ambiental, falsificación de balances y omisión deliberada de información a YPF y otras empresas contratantes. Se encontraron registros en cuadernos personales del dueño de Comarsa, que detallan una operatoria paralela para encubrir la situación real de la empresa.

A pesar de la evidencia, la defensa intentó sin éxito frenar la investigación. Los abogados de los acusados minimizaron el daño, incluso comparándolo con “las deposiciones de un perro en la vía pública”. Pero como demostró la fiscalía,  Comarsa contaminó suelos de manera ilegal, operando sin habilitación y ocupando terrenos de la municipalidad de forma clandestina.

El juez Gustavo Ravizzoli definirá si la investigación se extiende a nuevas empresas involucradas en la cadena de contaminación y fraude. La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas exige que se garantice el derecho a la información pública y que se detenga la impunidad de los responsables.

La crisis climática y ecológica no es solo consecuencia de decisiones políticas fallidas, sino de un modelo que sacrifica territorios y comunidades en favor de la rentabilidad petrolero-gasífera. La crisis de residuos provocada por la explotación hidrocarburífera del megaproyecto Vaca Muerta es una advertencia ineludible. La contaminación en Neuquén es un eslabón más de este esquema de saqueo y expoliación. Seguiremos impulsando que la justicia actúe con independencia y que los responsables paguen por los daños causados. Urge avanzar en una transición ecosocial justa y popular, que promueva un modelo energético descentralizado, democrático y basado en fuentes limpias, que garantice acceso universal a la energía y respete los territorios y comunidades. 

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas – Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Desmonte en Chaco

La Justicia extiende la prohibición del desmonte en Chaco y ordena controles más estrictos

14 de Febrero de 2025 – El día de la fecha la Justicia Federal de Resistencia extendió por seis meses la medida cautelar que mantiene la prohibición del desmonte en Chaco . Esta decisión, lograda en la causa iniciada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, representa un paso crucial en la defensa del monte nativo, amenazado por la expansión de la frontera agrícola y la complicidad de la denominada Mafia del Desmonte..

La decisión de la justicia impone medidas concretas de fiscalización. La Dirección de Bosques del Chaco deberá reforzar los controles sobre el uso de maquinaria pesada, identificando desplazamientos, lugares de almacenamiento y propietarios, con el objetivo de frenar el avance ilegal sobre los territorios protegidos. Además, el organismo está obligado a presentar informes periódicos que detallen las infracciones detectadas desde el 21 de noviembre de 2024.

Así la jueza hizo lugar a nuestro pedido de medidas complementarias. Quedó acreditado en el expediente que el gobierno de la provincia del Chaco, y en particular la Dirección de Bosques, dejó de remitir al juzgado y a la fiscalía las infracciones detectadas. Solo lo hizo al inicio de la vigencia de la medida cautelar, pero desde noviembre de 2024 dejó de cumplir con esta obligación. Esto no solo queda ahora acreditado en la causa, sino que evidencia la doble postura del gobierno actual chaqueño: por un lado, se narra como garante de los bosques, y por otro, incumple los requerimientos judiciales.

El contexto es alarmante. Durante 2024 la deforestación en Chaco alcanzó una superficie equivalente a dos veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de la prohibición, el desmonte ilegal continuó, evidenciando el incumplimiento sistemático de las normativas ambientales y la connivencia del gobierno provincial. En localidades como Fuerte Esperanza y Taco Pozo, operativos de la Dirección de Bosques desarticularon desmontes en curso, confirmando la urgencia de fortalecer los mecanismos de control y sancionar a los responsables.

La prórroga de la prohibición del desmonte en Chaco es una victoria para el movimiento socioambiental, pero también un recordatorio de la precariedad de las herramientas legales frente a la voracidad del modelo de puertas giratorias. La responsabilidad de garantizar el cumplimiento de esta medida recae ahora sobre el Poder Ejecutivo provincial, que deberá rendir cuentas sobre sus políticas de protección del bosque nativo.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas continuaremos exigiendo el respeto irrestricto a la legislación ambiental y denunciando a quienes, con sus negocios y su inacción, destruyen los bienes comunes que garantizan el bienestar de nuestra sociedad.

incendios

La desigualdad es inflamable: Radiografía del fuego

La Comarca Andina, una de las regiones más hermosas y visitadas de la Patagonia argentina, donde hace semanas se multiplican los incendios, está atravesada por múltiples desigualdades. Allí conviven gauchos criollos marginados por el proceso de gentrificación, grupos de clase media emigrados de las grandes ciudades en busca de una vida buena y organizaciones indígenas que luchan por acceder a la tierra y afirmar su identidad cultural. También, el avance de la frontera extractiva, los dispositivos represivos de las fuerzas de seguridad y el entramado corrupto de la política local, la justicia y los magnates territorializados. Maristella Svampa disecciona el combustible que se enciende y estalla cuando los focos de fuego se multiplican: la desigualdad.

Por Maristella Svampa para Revista Anfibia

“¿Qué elegirías para llevarte de tu casa si tuvieras que huir en medio de un incendio?” La pregunta no es meramente retórica, ni tampoco exclusivamente personal. Desde hace meses, del lado argentino de la cordillera nordpatagónica, los incendios forestales arrasan con bosques, animales y casas; hace poco tiempo, también, los incendios devastaron una gran cantidad de mansiones de ricos y famosos en California; y durante la temporada seca, a mediados de 2024, la querida provincia de Córdoba ardió nuevamente, mientras el humo caliente y sofocante de los múltiples focos en la Amazonia llegaba a casi todas las capitales de Sudamérica. 

En la Comarca Andina, el paralelo 42, una de las regiones más hermosas y visitadas de la Patagonia argentina, situada entre las provincias de Río Negro y Chubut, la gente vive en  zona de interfase, un área de transición entre zonas urbanas y rurales, y muchas viviendas se hallan encastradas en el bosque, sobre las tupidas laderas de los cerros o en la costa de ríos y lagos de aguas transparentes. Hippies viejos, llegados hace décadas, que todavía incursionan en las ferias de artesanos, permacultores y ambientalistas de nuevo cuño, jóvenes de todo el país en busca de otros horizontes, se instalaron en  pequeñas chacras, dedicadas a la agroecología o a los cultivos orgánicos. Hoy se codean con comunidades indígenas originarias que disputan orgullosas la tierra, y con criollos de campo, de boina, que andan a caballo y sufren parte del desplazamiento que propone la gentrificación creciente. La Comarca es también ahora un territorio donde desembarcaron grandes empresarios turísticos y forestales. La tierra es fértil, se dice que una de sus lonjas, la que atraviesa El Bolsón, al pie del rocoso cerro Piltriquitrón, es tierra negra rica en nutrientes. Durante el verano austral, para muchos turistas del país y del exterior y para los que somos patagónicos y vivimos a apenas cien kilómetros de distancia, solo un par de lagos de por medio, la temporada de frambuesas y cerezas, el lúpulo para cerveza artesanal, y todo tipo de verduras orgánicas, hacen de la comarca andina un sitio obligado de visita. 

Pero, lejos de ser un lugar idílico, la convivencia entre los diferentes grupos sociales que habitan la Comarca Andina no es armoniosa. Y ello, por varias razones. En primer lugar, en medio de los grandes incendios forestales hay también una fuerte embestida inmobiliaria, para cambiar los usos del suelo, y habilitar la construcción de emprendimientos turísticos. Aquellos sectores de la población, hippies, naturistas y ecologistas que en sintonía con las comunidades mapuche, fomentan otros modos de habitar el territorio, desarrollaron fuertes resistencias contra lo que se llama el “extractivismo inmobiliario”, como antes lo hicieron contra la minería a cielo abierto y las represas. Cada vez que se desata un incendio y hay focos intencionales que escapan a la dinámica del cambio climático, no son pocos los que afirman que éstos están asociados a los intereses inmobiliarios. 

Hippies, naturistas y ecologistas que en sintonía con las comunidades mapuche, fomentan otros modos de habitar el territorio, desarrollaron fuertes resistencias contra lo que se llama el “extractivismo inmobiliario”, como antes lo hicieron contra la minería a cielo abierto y las represas.

En la zona, desde los años 70, la deforestación y el reemplazo de los árboles nativos por especies exóticas, como el pino radiata, que vienen del hemisferio Norte, trajo consecuencias que, con el avance de la crisis climática, se volvieron dramáticas. El pino radiata es una especie que tiene en su genética al fuego como la mejor forma de dispersar sus semillas. Los conos del mismo, al calentarse, salen disparados como si fueran granadas, expandiendo sus semillas por todos lados. El fuego establece una trágica dinámica de destrucción, regeneración e invasión, mientras retrocede el bosque nativo y se pierden especies centenarias como coihues, lengas, notros y maitenes.

El corazón de la Comarca Andina, la localidad de El Bolsón, es un enclave controlado por un magnate inglés, Joe Lewis, que en 1996 se asentó en esta suerte de paraíso surcado de cerros exuberantes y lagos silenciosos, y usurpó ilegalmente el camino de acceso público al Lago Escondido. Allí empezó un conflicto que pronto escalaría. Se presentaron varios amparos que solicitaban la apertura del camino público más corto al lago, pero en una larga trama judicial, que arrancó en 2005, con muchas idas y vueltas, finalmente en 2023, la justicia de la provincia de Río Negro, falló de modo muy controvertido en favor de Lewis, y volvió a cerrar el camino público que pasa por su estancia. No era la única causa que afrontaba Lewis, también tuvo otra por compra fraudulenta de tierras, unas 12.000 hectáreas, donde hoy se extiende su mansión, un zoológico privado y una catarata artificial. Aunque la oposición de la población le impidió construir un aeropuerto propio en su patio trasero, Lewis lo hizo en Bahia Dorada, a 42 km de Sierra Grande, en medio de la estepa rionegrina. Dicen que tiene una pista casi tan larga como la de Aeroparque Jorge Newbery, el principal aeropuerto argentino de cabotaje. 

Los tentáculos del milmillonario con el poder político y judicial son muy conocidos en Argentina. Lewis no solo es amigo del expresidente, el empresario Mauricio Macri, quien ha visitado varias veces su residencia de Lago Escondido. En 2022, se desató un escándalo que saltó a los medios, cuando varios jueces federales y funcionarios porteños, incluso personas ligadas a un conocido multimedios argentino, viajaron en un avión privado, y fueron a pasar unos días allí. También se hizo público que dichos jueces habían firmado fallos en favor de Lewis (por el tema de la compra de tierras), así como en favor del multimedios involucrado. La colusión de intereses era evidente, más allá de la instrumentalización política-partidaria del affaire, y sin embargo, la justicia desestimó el “delito de dádivas” y de “lawfare” y declaró nula la causa, por considerar que se trataba de “una excursión de pesca”. 

Lewis zafó de la justicia argentina pero no así de la de Estados Unidos, donde en 2024 fue condenado por “tráfico ilegal de influencias”, al ser encontrado culpable de proporcionar información confidencial de ciertas empresas que cotizan en bolsa, a sus empleados, incluidos sus chóferes privados, y sus amantes, en una trama insólita que entre 2013 y 2021 le reportó millones de dólares. ¿Habrá sido acaso una expresión de populismo plutocrático para con sus subalternos? Vaya a saber. Lewis fue condenado a tres años de libertad condicional y se lo multó con apenas 5 millones de dólares.

El racismo anti-mapuche fue escalando y el intento de cancelación de las demandas indígenas se instaló de lleno en los medios de comunicación.

En segundo lugar, desde hace varios años ya, idas y vueltas mediante, se ha ido instalando una virulenta campaña anti-indígena, en un contexto de fuerte disputa de tierras y de avance del extractivismo petrolero, minero, represas y megaproyectos turísticos en todo el país, muy particularmente en esa codiciada zona de la Patagonia. No es algo nuevo, es cierto, recorre la historia argentina y vuelve a traer a la memoria el genocidio indígena, llevado a cabo por el ejército argentino en el siglo XIX. Sin embargo, hace unos años el racismo anti-mapuche fue escalando y el intento de cancelación de las demandas indígenas se instaló de lleno en los medios de comunicación. Un ejemplo fue lo sucedido en octubre de 2021, en el programa de un reconocido periodista, hoy fallecido, transmitido en el prime time televisivo: bajo el título “Indios al ataque”, aplicado sobre una foto o infografía que mostraba los colores de la bandera mapuche cubriendo el mapa de la Patagonia, una voz en off que en tono enfático decía: “Son los nuevos terroristas. Incendian y ponen en jaque a poblaciones enteras. Reclaman la mitad de la Argentina con la complicidad del gobierno que no se inmuta”. Si la derecha neoliberal, con Mauricio Macri, disparó el peligroso dispositivo del “enemigo interno”, algo que fue matizado durante el gobierno del oscilante Alberto Fernández (al cual medios mainstream acusaban de ser “cómplice”), con la llegada del ultra-neoliberal Javier Milei, y el regreso de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad Nacional (estuvo a cargo de dicho ministerio durante la gestión del PRO y fue responsable de los operativos que terminaron con la vida de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel), el racismo anti-mapuche volvió a encenderse a niveles delirantes. 

En tiempos de crisis múltiple, de Estado ausente y de negacionismos de todo tipo, lo más rápido es buscar un chivo expiatorio, y alentar la hipótesis de que los responsables de todo mal son un supuesto “enemigo interno”, el que ineludiblemente se encuentra entre los sectores más vulnerables de la sociedad. Sobre la comunidad mapuche se lanzaron todo tipo de acusaciones absurdas,  como por ejemplo, que son los responsables de los focos de incendio intencional en la Comarca Andina, cuando lo real es que las comunidades indígenas, por su cosmovisión, jamás prenderían fuego un árbol y resultan tan afectadas como cualquier otro sector de la población por los incendios. Incluso, muchos de los brigadistas comunitarios en la primera línea de fuego son mapuches. Sin embargo, el racismo anti-indígena del gobierno otorga combustible fácil para encender aún más la mecha del odio y habilitar toda suerte de teoría conspirativa. 

Antes de cerrar este relato patagónico, quisiera volver a Lewis, cuyo largo brazo se extiende al poder local. Importantes funcionarios municipales de El Bolsón fueron sus empleados, el milmillonario es también uno de los principales empleadores de la localidad. En este marco, se disparan hechos de tensión: criollos montados a caballo acusan de ser “falsos mapuches” a los indígenas o la policía privada que trabaja para Lewis impide el ingreso al camino que era público de los manifestantes que cada año suben para reclamar por la soberanía argentina, entre otros. 

Criollos montados a caballo acusan de ser “falsos mapuches” a los indígenas, la policía privada que trabaja para Lewis impide el ingreso al camino que era público de los manifestantes que cada año suben para reclamar por la soberanía argentina.

Además, en los últimos años, en un contexto de avance de los reclamos de los derechos territoriales de las comunidades indígenas, amparados en la Ley 26160 (que el gobierno de Javier Milei derogó a fines de 2024), hubo ocupaciones de territorios. Años atrás, una fracción indígena radicalizada, muy minúscula (me refiero a Facundo Jones Huala), fue acusada de protagonizar hechos de violencia. Jones Huala terminó siendo usado por las autoridades provinciales y nacionales: cada tanto sacan a relucir viejos videos, que vuelven a circular oportunamente en las redes sociales. Mientras, varias personas de origen indígena fueron asesinadas en contextos de tomas, sea por las fuerzas de seguridad, como por los socios de un empresario forestal. En el medio de estos hechos controvertidos, cada tanto hay disturbios en El Bolsón: gauchos de a caballo operan como fuerza de choque y golpean con su rebenque a miembros de la población completamente desarmados, que se manifiestan por alguna causa.

La bella y prometedora Comarca Andina aparece como una suerte de analizador social, que revela elementos ocultos y permite leer lo que sucede, en pequeña escala, en el resto de la sociedad. Se pueden ver cómo se activan las redes de solidaridad ante cada incendio, frente a la desidia estatal. Pero también se puede palpar la desigualdad social, con sus gauchos criollos marginados por el proceso de gentrificación; se puede ver la desigualdad racial, teñida de un racismo anti-indígena que estremece por su nivel de desprecio y violencia; se puede ver la impunidad con la cual obran empresarios y millonarios, sean extranjeros o no; se puede ver el esfuerzo de diferentes grupos de clase media emigrados de las grandes ciudades y convertidos en chacareros, por llevar una vida buena, en interconexión con la naturaleza, atravesada por otros modelos productivos; se puede ver la lucha asimétrica de las organizaciones indígenas por acceder a la tierra y afirmar su identidad cultural; se puede ver el dispositivo represivo que une fuerzas de seguridad locales, provinciales y nacionales; se puede ver el avance de la frontera extractiva en varias de sus modalidades; se puede ver el entramado corrupto de la política local, amañada con la justicia y los magnates territorializados. Todos estos elementos son parte del combustible que se enciende y estalla cuando los focos de fuego se multiplican, y en medio de la ola de solidaridad ante el desastre, de pronto todo se vuelve confuso y peligroso, y el territorio, con sus desigualdades múltiples, su racismo y su impunidad, se convierte en zona de tensiones y las fuerzas de seguridad arrancan con su cacería.

 Así, no son solo los incendios del Antropoceno o del Capitaloceno los que acechan la Comarca Andina y más allá. Entonces, ¿qué elegirías para llevarte  de tu casa si tuvieras que huir en medio de un incendio?

Dragado del Río Uruguay

Dragado del Río Uruguay: una obra de alto impacto sin acceso a la información pública

Desde la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas denunciamos la falta de acceso a información clave sobre el “Proyecto de dragado a 34 pies en los tramos Puerto de Nueva Palmira – Fray Bentos”, una obra de gran envergadura que podría generar impactos ambientales irreversibles en el ecosistema del río Uruguay y sus comunidades ribereñas.

Pese a nuestras reiteradas solicitudes de acceso a la información en el marco de la Ley 25.831 de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental y del Acuerdo de Escazú, la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) ha derivado la responsabilidad de brindar respuestas al Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. Sin embargo, hasta el momento, este organismo no ha puesto a disposición la documentación solicitada, obstaculizando el derecho ciudadano a conocer y participar en las decisiones que afectan los bienes comunes.

¿Por qué es importante esta información?

El dragado de un río no es un hecho menor. Aumentar la profundidad de los canales de navegación implica la remoción masiva de sedimentos, alterando los ecosistemas acuáticos y costeros. Estas intervenciones pueden generar graves consecuencias:

  • Modificación de los flujos hídricos y aumento de la erosión de las costas.
  • Pérdida de biodiversidad acuática y afectación de las especies migratorias.
  • Liberación de contaminantes acumulados en los sedimentos del fondo del río.
  • Alteración de las dinámicas de las comunidades pesqueras y ribereñas.

Además, en este caso, las intervenciones planificadas podrían afectar pasos críticos como la isla San Francisco, ubicada frente a la ciudad de Colón. La falta de información sobre los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y las evaluaciones técnicas impide conocer la magnitud real de los riesgos asociados a la obra.

Acceso a la información: un derecho, no una concesión

El acceso a la información pública ambiental es un derecho consagrado en la legislación argentina e internacional. Tanto la Ley 25.831 como el Acuerdo de Escazú establecen la obligación de los Estados de garantizar la publicidad de los proyectos con impacto ambiental, asegurando la transparencia y la participación ciudadana.

Según el artículo 5 del Acuerdo de Escazú, los gobiernos deben garantizar el acceso a la información ambiental sin necesidad de justificar un interés particular. En este caso, la negativa del Ministerio de Relaciones Exteriores a proveer los documentos solicitados vulnera este derecho y genera un grave precedente en la gestión de los bienes comunes.

Exigimos respuestas y transparencia

Ante la falta de información y la negativa de los organismos responsables a brindar acceso a la documentación solicitada, exigimos:

  1. La entrega inmediata de los antecedentes completos sobre el Proyecto de Dragado a 34 pies en los tramos Puerto de Nueva Palmira – Fray Bentos, incluyendo los Estudios de Impacto Ambiental y cualquier otra evaluación técnica.
  2. Claridad sobre los procesos de autorización y evaluación de la obra por parte de los gobiernos de Argentina y Uruguay.
  3. Información detallada sobre los posibles derrocamientos en pasos críticos y su impacto en el ecosistema del río.
  4. Cumplimiento efectivo de la normativa ambiental vigente, garantizando la consulta y participación de las comunidades afectadas.

El acceso a la información es la base de una democracia ambiental real. No se puede gestionar un río como si fuera un canal comercial al servicio del extractivismo, sin considerar sus múltiples funciones ecológicas y sociales.

Desde la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los ríos y los territorios. Si la información continúa siendo retenida, avanzaremos con las acciones judiciales correspondientes para garantizar que se respete el derecho de las comunidades a conocer y decidir sobre su futuro.

Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas

hidrogeno verde en el rio uruguay

Hidrógeno verde en el río Uruguay: reclamamos acceso a la información

En un contexto global marcado por la crisis ecológica y la creciente mercantilización de los bienes comunes, el acceso a la información se erige como una herramienta indispensable para la defensa de los territorios y los derechos de las comunidades. Es bajo esta premisa que hemos insistido en nuestras solicitudes de información a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) respecto de dos proyectos que podrían transformar irreversiblemente la dinámica socioambiental del río Uruguay y sus alrededores.

¿Qué es la CARU y por qué es clave en este debate?

La CARU, órgano binacional creado en el marco del Estatuto del Río Uruguay de 1975, tiene la responsabilidad de administrar el uso, desarrollo y conservación de este curso de agua compartido entre Argentina y Uruguay. En respuesta a nuestras reiteradas solicitudes, la Delegación argentina ante la CARU nos comunicó que aún no cuenta con información oficial sobre la planta de hidrógeno verde en Paysandú. Aunque destacó la importancia de cumplir con los procedimientos de información y consulta previa establecidos en los artículos 7° al 13° del Estatuto del Río Uruguay, el silencio o la falta de datos concretos evidencian una preocupante debilidad institucional.

Nuestra preocupación se centra en dos iniciativas de magnitud considerable que afectan al río Uruguay y sus comunidades ribereñas:

Los megaproyectos en cuestión

Planta de hidrógeno verde en Paysandú

Este proyecto, ubicado frente a la ciudad de Colón, Entre Ríos, incluye la construcción de un puerto de exportación en el paso crítico San Francisco, una isla de altísimo valor ecológico y paisajístico. Con una ocupación territorial equivalente a la mitad de la superficie de Colón, los impactos visuales y territoriales serían devastadores. A pesar de la magnitud del proyecto, la CARU no ha recibido información oficial, reflejando una preocupante falta de transparencia.

Profundización del dragado hasta Concordia-Salto

La ampliación de la mal llamada hidrovía no solo compromete el equilibrio del ecosistema fluvial, sino que también intensifica un modelo extractivista que pone en riesgo a las comunidades ribereñas. El cumplimiento de los procedimientos de consulta y evaluación previa establecidos en el Estatuto del Río Uruguay es esencial para garantizar la participación ciudadana y la sostenibilidad del proyecto.

El silencio es una barrera para la justicia ambiental y la transparencia

Si bien la respuesta de la Delegación argentina ante la CARU reconoce formalmente la necesidad de información detallada y consultas previas sobre estos proyectos, sigue sin abordarse la urgencia de un acceso pleno y oportuno a los datos por parte de las comunidades afectadas. Este retraso perpetúa la exclusión y dificulta la construcción de estrategias participativas para la defensa de los territorios.

Es fundamental recordar que el acceso a la información no es un simple trámite burocrático, sino un derecho garantizado por normativas internacionales como el Acuerdo de Escazú. En un contexto donde el extractivismo avanza bajo la bandera de las “energías limpias”, es imprescindible cuestionar los costos ocultos de estos megaproyectos, que suelen ser ocultados bajo el velo de la sostenibilidad.

Justicia ambiental y participación ciudadana: un llamado urgente

La respuesta parcial de la CARU y la falta de información oficial sobre proyectos de gran impacto ambiental nos convocan a redoblar los esfuerzos por garantizar la transparencia y la participación ciudadana. Estos principios son esenciales para evaluar los megaproyectos desde una perspectiva integral, que contemple no solo sus beneficios económicos, sino también sus efectos sociales, culturales y ecológicos.

En caso de persistir la opacidad institucional, nos reservamos el derecho de iniciar acciones judiciales para garantizar que se cumplan las normativas vigentes y se respete el derecho de las comunidades a ser informadas. La defensa del río Uruguay no es un asunto menor: es una lucha por preservar los bienes comunes, las identidades locales y las posibilidades de un futuro justo y sostenible.

La transparencia no es negociable; es el cimiento de una democracia ambiental que nos incluya a todas y todos.

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas


río Paraguay

¿Visión de cuenca?

Por Jorge Daneri (*) para Análisis Digital

Un conjunto no menor de normas jurídicas nacionales e internacionales a las que el Estado Argentino adhirió, determinan la necesidad obligatoria del desarrollo de una visión de cuenca y su trascendente gestión democrática y participativa. La conformación de Comités de Cuencas son trascendente y jurídicamente obligatorias. La construcción de decisiones políticas sobre el cómo gestionar nuestros ríos, no se deben tomar autoritariamente desde Buenos Aires, o más aún, desde la Presidencia de la Nación. Aceptarlo, rendirnos, entregarnos, vendernos o esclavizarnos frente a semejante realidad política, es negar la historia de nuestra conformación como Estado Nación y normalizar una barbarie ecocida. 

La conformación federal constitucional, como la titularidad en cabeza de las Provincias de “sus bienes naturales” exigen un respeto, cumplimiento y aplicación tal, que merecería calificarse como uno de los pilares intocables de la conformación del Estado de Derecho Federal y Republicano. Este contrato social institucional no puede ser violentado por nadie, más allá que sí lo viene siendo desde el nacimiento mismo del proyecto hidrovía Paraguay Paraná, liderado por las corporaciones financieras internacionales, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Sudamericana (IIRSA) y un conjunto de Presidentes totalmente alienados a las logicas del extractivismo depredador y desolador de las diversidades todas (económica, ecológica y cultural, además y esencialmente, política). 

La visión Artiguista federal, originaria en la creatividad de la visión y gestión de cuencas, es una reivindicación de ejercicio de las autonomías provinciales en su justo equilibrio, fruto de la concertación, de la conversación política y de la realización de estudios, investigaciones, debates y audiencias públicas de todo tipo, previo a decisiones que pueden cambiar las estructuras mismas del ser naturaleza de nuestros territorios, en particular, en el caso que nos trata y angustia ahora, de la Mesopotamia y el Litoral argentinos. 

El gobierno Nacional no debe hacer lo que se le ocurra con el río Paraná. Los Términos de Referencia (T de R) de los estudios de impacto ambiental como acumulativos, si así se ejecutaran, no pueden ser privatizados en semejante proyecto de ampliación de los procesos ingenieriles de mayores profundizaciones en los cauces principales (44 pies) como de ensanchamientos y posibles procesos de derrocamiento de pasos o áreas denominadas críticas para el tránsito de los barcos. La intransigencia de los Estados Provinciales en la participación en la conformación de esos términos de referencia de lo que se debe estudiar, del objeto de estudio, de investigaciones, etc, debe ser sustantiva y de extrema seriedad para que los estudios no sean un dibujo más de la corrupción de los intereses en cuanto a la concreción supuestamente objetiva del o los proyectos que se proponen para ejecutar sí o sí, porque responden a intereses económicos mega gigantes del modelo extractivista exportador. 

Es un debate sobre democracia federal ambiental o zona de sacrificio resuelta en la mesa chica de algún país con sede de instituciones financieras que deciden el presente y futuro de la Nación toda. 

Este escenario se agrava aún más, frente a la decisión de excluir a la máxima autoridad ambiental nacional de todo este contexto, con una responsabilidad política y jurídica gigante por parte de su Secretario Daniel Scioli, como de los firmantes de los Decretos Nacionales que así lo determinan, con el agravante de igual categoría, frente a la extinción del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable. Los artículos 41, 42, 43 y 124 de la constitución nacional, ingresan en la crisis del abuso de derecho, del autoritarismo. 

No son pocas las normas de la Constitución de Entre Ríos que también se agravian brutalmente. El silencio del gobierno Provincial es alarmante. Ojalá algo suceda para escuchar a quienes deben expresarse. No hacerlo, es entregarse al peor escenario político posible. La insustentabilidad ecológica como económica de semejante silencios, tiene una proyección en el tiempo inaceptable. Más aún cuando este silencio brota oscuro desde el Poder Legislativo Provincial. 

La escala de afectación a los bienes naturales de los entrerrianos, a sus derechos humanos de acceso al agua saludable como sus diversidades en el sistema de humedales y ecosistemas asociados, pude resultar catastrófica.

Hemos expuesto frente a la autoridad ambiental provincial, que el reciente Tratado de la Región Litoral, puede ser un escenario propicio para la conformación del comité de cuenca, pero para contemplar, cuidar y apreciar el río como tal, como un ser naturaleza, un ser nosotros y no priorizado como eje en la profundización del modelo mal nacido de hidrovía o vía con todo lo que su expansión modela en mega escala de impactos negativos hacia los territorios y sus pueblos.

El reciente artículo del periodista Tirso Fiorotto titualdo “En 2025 cumplen 210 años dos consignas “tajantes como navaja” | Análisis lo expresa dese la historia que se intenta borrar como negar y la sutil poesía del autor. 

Finalizar estas reflexiones con un párrafo de Fiorotto, que lo expone como nadie, como Artigas lo haría hoy: 

“Las sucesivas gestiones provinciales se muestran distantes de los principios confederales, y cuando buscan defender algunas facultades propias lo hacen desde una perspectiva estatal, también vertical, sin atender al centro de la cuestión: la participación comunitaria.

Es que el protagonismo de los pueblos exige a las dirigencias salir de su zona de confort y emprender reformas a la altura de las circunstancias. Desempleo, desarraigo, hacinamiento, concentración de las riquezas, no sintonizan con la banda roja de 1815, claro está, y tampoco con el legado que medio siglo después difundiera Alejo Peyret (siguiendo El Principio Federativo de Proudhon). Para Peyret (como para Artigas antes) aquí el unitarismo era despotismo, y la federación, libertad. “Buenos Aires era la cabeza hipertrofiada a expensas de la nación entera. El unitarismo no podía dar y nunca dará otros resultados”, afirmaba y presagiaba con gran acierto Peyret, según el rescate de Américo Schvartzman.”

La gestión de la cuenca del Paraná en el tramo argentino, necesita de la convicción y el compromiso de traer el pensamiento y la acción del Artiguismo al ejercicio del federalismo de concertación, esa democracia ambiental donde la bandera de la tierra de los ríos libres con su rojo fuerte, la de Artigas, pueda volver a flamear con la dignidad de la historia de sus pueblos libres, autónomos, sus principios, los cuales hoy aún brillan en la reformada Constitución de la Provincia. No honrarla es violarla. “

La palabra, cuando se expresa como juramento, para algunos, tiene un valor -el de nuestros viejos políticos, militantes, docentes, académicos, obreros, jornaleros, amas de casa, emprendedores a escalas humanas, seres todos de buena madera- más aún si no lo tiene para el violador, si es solo una formalidad, que en los hechos se vuelve una palabra vacía, o una no palabra.

(*) Miembro de la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE)

incendios negacionismos

Incendios y negacionismo ecológico

por Enrique Viale y Sofía Nemenmann para el Diario Ar

El fuego descontrolado en el Parque Nacional Nahuel Huapi expuso la precariedad laboral de más de 500 brigadistas sin contratos renovados. Mientras el Gobierno transfiere competencias al Ministerio de Seguridad, ignorando su vínculo con el cambio climático, la crisis se agrava con políticas ambientales regresivas y condiciones extremas que demandan planificación urgente.

En medio de un descontrolado incendio forestal en el Parque Nacional Nahuel Huapi, los brigadistas forestales que dependen de la Nación enfrentan una situación compleja. La semana de fiestas se vio empañada por la falta de estabilidad laboral para quienes responden tanto a la Administración de Parques Nacionales (APN) como al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). El 2024 terminó con una oleada de despidos que agravan su ya precaria situación laboral. Hay más de 500 brigadistas a quienes aún no se les ha renovado el contrato y están yendo a combatir el incendio sin tener la certeza de su continuidad laboral.

Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, los empleados de la APN y el SNMF han sido recontratados bajo modalidades trimestrales. La falta de garantías laborales y la constante incertidumbre generan un escenario de vulnerabilidad, tanto para los brigadistas que luchan contra el fuego a lo largo y ancho del país, como para las áreas técnicas que posibilitan que los operativos de combate se realicen de manera segura y eficaz.

Además, esta fragilidad contractual actúa como un instrumento de control sobre los trabajadores y profesionales. Tanto brigadistas como guardaparques y técnicos, tienen estrictas órdenes de las autoridades de Parques Nacionales de no publicar en redes sociales información sobre la crisis climática, sobre “los mapuche” y “lo menos posible sobre incendios”. Incluso en sus cuentas personales, las cuales son controladas sistemáticamente. El costo de desobedecer estas órdenes orwellianas es la no renovación del contrato trimestral.

Así las cosas, el trabajo de los brigadistas, fundamental para la protección de los ecosistemas y las comunidades, se ve hoy doblemente amenazado: por el riesgo inherente de su tarea y por la falta de un marco laboral que respalde su esfuerzo. En un momento en que la prevención y control de incendios debería ser una prioridad, las condiciones laborales precarias de estos trabajadores dejan al descubierto una crisis que podría agravarse si no se adoptan medidas urgentes.

El Manejo del Fuego al Ministerio de Seguridad

Y cuando el incendio seguía creciendo en cercanías de Bariloche, el Presidente decretó, un 30 de diciembre (Decreto Nacional 1136/24), el traspaso del Servicio Nacional de Manejo del Fuego de la cartera ambiental al Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich. Esta medida representa un grave retroceso en tanto que desliga de la agenda ambiental una problemática profundamente ligada al cambio climático, como son los incendios forestales.

Este traspaso del SNMF al Ministerio de Seguridad es coherente con la visión negacionista de la problemática ecológica que tiene el Gobierno Nacional. Los incendios forestales, para esta visión, son un siniestro más. Como si fuese el incendio de un edificio y debiera tratarse con fuerzas de seguridad. No encuentra esta visión una vinculación ni con el Cambio Climático, ni con la mala ocupación territorial.

Actualmente, los incendios en las localidades del noroeste de la Patagonia están creciendo a un ritmo acelerado. Barrios en expansión sobre zonas forestales donde el bosque lleva décadas de fuertes ciclos de sequías, o colindando con plantaciones de especies exóticas pirófitas, como el pino, son potenciales escenarios de catástrofe. Este fue el caso en la Comarca Andina (Chubut) el 9 de marzo de 2021, cuando dos focos de origen antrópico arrasaron con 13.000 hectáreas de bosque y cerca de 500 viviendas. O la provincia de Corrientes, donde las plantaciones de especies arbóreas exóticas ya superan las 500 mil hectáreas y solo en el año 2022 sufrió incendios equivalentes al 12% de su territorio.

Lo cierto es que la problemática de los incendios debe ser manejada desde una perspectiva socioambiental, así lo es en todas partes del mundo. Las características que tienen los incendios forestales, están intrínsecamente relacionadas con la ocupación y distribución territorial y con el cambio climático: mayor ocurrencia de largos períodos de sequías, aparición y aumento en la frecuencia de tormentas eléctricas donde antes no sucedían y olas de calor.

El traspaso del SNMF a Seguridad implica la pérdida de una perspectiva territorial y ambiental, así como el abandono de la complejidad de variables que hay detrás de estos desastres. Confrontar estos incendios va mucho más allá de la gestión de riesgos; incluye también educación ambiental, prevención y regulación de la ocupación territorial, entre otros factores que usualmente inciden en los incendios.

Los cambios en los patrones climáticos hacen que el desarrollo de cada incendio no dependa solo del trabajo de las brigadas en el terreno, sino de una planificación adecuada a nivel nacional. En este sentido, el equipo interdisciplinario de Alerta Temprana del SNMF es una pieza clave en este momento en que los incendios vinieron para quedarse.

En este contexto, el rol del SNMF se ha vuelto indispensable. Por un lado sus brigadas han sido un refuerzo fundamental para todas las regiones que han atravesado escenarios complejos de grandes incendios. En algunos casos, las provincias ni siquiera cuentan con cuerpos especializados en incendios forestales, y la participación y capacitación brindada por las brigadas nacionales se vuelve sustancial. Por otro lado, su equipo técnico de Alerta Temprana permite planificar con antelación la distribución de recursos a lo largo del país, gestionando los operativos de la forma más preventiva y eficaz posible.

Incendio en el Parque Nacional Nahuel Huapi

Los días 15 y 16 de diciembre, Río Negro y Neuquén se vieron afectadas por una gran tormenta eléctrica que dejó como saldo múltiples incendios activos. En el caso de Neuquén se registró un récord histórico de más de 30 focos en toda la provincia. Científicos del Conicet han detectado un aumento exponencial en la frecuencia de tormentas eléctricas en la región, a partir de los ’90. Este cambio nos enfrenta a nuevos desafíos en materia de incendios forestales.

Los incendios provocados por rayo tienen la particularidad de, una vez que el rayo penetra en el bosque, permanecer en estado de latencia hasta que las condiciones climáticas sean ideales para la propagación del fuego. Es por eso que, en algunas ocasiones, se han activado incendios con posterioridad a la actividad eléctrica. Los incendios causados por rayo pueden tomar grandes dimensiones por iniciar en zonas muy remotas y complejas, a las cuales las brigadas no pueden acceder rápidamente, ni trabajar con facilidad. Son investigadores, técnicos y brigadistas quienes contribuyen año a año en la generación de datos y desarrollo de estrategias de cara a los bruscos cambios de comportamiento y frecuencia a los que nos está enfrentando la crisis climática.

El 25 de diciembre, fuentes oficiales del Parque Nacional Nahuel Huapi informan la presencia de dos focos de incendio activos en la zona sur del mismo. Desconociendo el origen del fuego, se presupone que dicha tormenta eléctrica podría haber sido la causa.

En un contexto donde las consecuencias del Cambio Climático son evidentes, con olas de calor que afectan a la Patagonia, con temperaturas superiores a los 32º y un aumento en la velocidad del viento, la situación del incendio se ha vuelto cada vez más compleja, alcanzando rápidamente una magnitud crítica. Aunque el fuego se encuentra alejado de áreas de uso público y zonas residenciales, continúa expandiéndose, arrasando hectáreas de bosque nativo a su paso.

Dado que los recursos son limitados y están destinados a combatir este incendio, es indispensable que no se activen nuevos focos cuya demanda podría colapsar la capacidad de respuesta. No hacer fuego en áreas no habilitadas es fundamental. También lo es apoyar activamente la defensa de las entidades que llevan adelante cada operativo de respuesta a incendios.

La regresión como política de Estado

Así como Donald Trump en su primer mandato, y Jair Bolsonaro en Brasil, el desarticulamiento de las políticas ambientales se convierte en una política de Estado en los países donde gobierna la ultraderecha. El estadounidense degradó varios organismos ambientales, desreguló legalmente y se retiró fallidamente del Acuerdo Climático de París. Por su parte, el brasilero también desintegró áreas ambientales y alentó la deforestación y quema de la Amazonía para permitir el avance del agronegocio, tan poderoso en el vecino país.

La degradación del Ministerio de Ambiente a Subsecretaría, el intento de destruir las Leyes de Bosques y de Glaciares en el proyecto de ley Ómnibus, el retiro de la delegación argentina de la última Cumbre de Cambio Climático, la vigencia del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que permite el avance descontrolado del extractivismo en las provincias, son solo parte de las medidas regresivas en materia ambiental del gobierno argentino.

En la última semana, en otro hecho que marca un retroceso en las políticas climáticas, el Gobierno nacional nombró al militar retirado Antonio José Mauad al frente del Servicio Meteorológico Nacional. El puesto requiere de un conocimiento especializado y la nueva designación incumple los más elementales requisitos vigentes. El prestigioso Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) rechazó este nombramiento por “falta de idoneidad y vinculación con las ciencias de la atmósfera.”

En un contexto mundial con eventos climáticos extremos que rompen récords, con inundaciones nunca antes vistas (Valencia, Rio Grande do Sul), mega incendios en la selva amazónica y catástrofes cotidianas en todas las latitudes, tener la variable climática como prioridad e invertir en prevención, es el mínimo acto de supervivencia esperable por parte de un gobierno.

A contramano del mundo y con gestos de crueldad, comienza el 2025 demandando que pongamos el foco en lo que ocurre con los y las brigadistas, técnicos, científicos y especialistas en incendios forestales de nuestro país. La Patagonia está en llamas y este fuego se apaga con trabajo interdisciplinario, presencia estatal y organización colectiva.

Este artículo fue escrito por Enrique Viale y Sofía Nemenmann, co-directora de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial