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El Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) orientará toda su potencia de trabajo a desacelerar los procesos de profundización de maldesarrollo y acompañar la acción colectiva y estratégica hacia formas locales y plurales de transición ecosocial justa. Para proteger y cuidar los bienes comunes y recuperar el ejercicio pleno de los derechos humanos y ambientales de las comunidades que se ven afectadas por diversas actividades y proyectos de la matriz extractiva contaminante.

Dictamen de Ley Ómnibus

Rechazo al Proyecto de Dictamen de Ley Ómnibus

Lunes 22 de Enero 2024

CARTA ABIERTA A LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS NACIONALES POR EL DICTAMEN DE LEY ÓMNIBUS

Estimadas y estimados diputados y diputadas nacionales,

Nos dirigimos a ustedes en representación del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), con el propósito de expresar nuestra profunda preocupación y rechazo categórico hacia la versión de dictamen del proyecto de Ley Ómnibus que actualmente se encuentra en circulación. Consideramos que este dictamen, aún con las modificaciones propuestas, sigue representando una clara regresión ambiental y una amenaza seria para el estado democrático de derecho y los principios fundamentales de justicia republicana que son parte 

Habiendo realizado un análisis detallado del borrador circulante, queremos destacar como especialistas en materia socioambiental que las modificaciones introducidas son altamente preocupantes, inadmisibles por lo profundamente regresivas respecto de la legislación de protección ambiental vigente y los estándares internacionales. 

De manera concreta nos referimos a:

  1. Ley de Glaciares:  Glaciares y ambientes periglaciares, ahora protegidos, ya no lo estarán y podrían ser destruidos, de aprobarse el texto del dictamen. Las modificaciones propuestas allí para cambiar las definiciones de glaciar y ambiente periglaciar tienen un claro objetivo de reducir notoriamente el área protegida. Esta regresión de proyección ambiental será utilizada para avanzar con actividades extractivistas (megaminería fundamentalmente) sobre estos ecosistemas.
  2. Ley de Bosques: A pesar de las modificaciones respecto de la redacción original, la desfinanciación de la ley y otros cambios impuestos siguen representando una amenaza significativa a la preservación de nuestros bosques, comprometiendo la biodiversidad y la sostenibilidad de nuestros ecosistemas.   
  3. Ley de Manejo del Fuego: Se derogan las prohibiciones de cambio de uso del suelo después de un incendio, lo cual representa una clara regresión en la protección de los ecosistemas, promoviendo actividades que se dicen “productivas” pero que pueden tener consecuencias ambientales devastadoras. Los humedales, pastizales y bosques serán los principales perjudicados que, además, fueron los protagonistas de los últimos grandes incendios intencionales para cambios de uso de suelos.
  4. Autorización de Quema: Aumento de 30 a 90 días para la autorización de quema. Esto representa, de manera tácita, la aprobación y la desregulación de las quemas en todo el territorio nacional. Este cambio sigue siendo erróneo ya que nunca debiera haber una actividad de quema sin autorización expresa de autoridad competente. La necesidad de controlar actividades que perjudican la salud de la población, que tienen un impacto ambiental significativo y que pueden desencadenar megaincendios (como ya es habitual en el contexto de agravamiento de la crisis climática), afectan de manera directa a las economías regionales y el entramado social. 

En definitiva, la combinación del DNU 70/23, la derogación de la Ley de Tierras Rurales y este proyecto de Ley Ómnibus constituyen una amenaza inminente y concreta sobre la totalidad de los bosques, glaciares y  humedales.

OTRAS REGRESIONES AMBIENTALES QUE SE MANTIENEN EN EL PROYECTO 

Adicionalmente, este proyecto representa otros peligros en materia socioambiental que por sí solos ameritarían su rechazo. 

Si bien Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y Nucleoeléctrica ya no aparecen como empresas públicas sujetas a privatización total (aunque si aparecen sujetas a privatización parcial) en este proyecto, la privatización de las empresas públicas del sector energético, tanto nacionales como provinciales, intensificará y profundizará la dependencia en materia energética, en todas las etapas. Esto no solamente tiene un impacto social debido al valor de la tarifa energética, generando mayor pobreza energética, sino que también ocasiona desbalances macroeconómicos al afectar la balanza de pagos. Todo esto posterga y demora innecesariamente el inicio de una transición energética, a la cual el mundo se dirige inexorablemente y que Argentina precisa poner en su propia esfera, como un ámbito estratégico. 

Se propone la privatización de la Administración General de Puertos (en adelante “AGP”), consolidándose las políticas hacia la privatización de los ríos, en particular, el Paraná, imposibilitando aún más el control nacional y provincial sobre nuestra principal vía de exportación y negando la gestión pública, en el contexto del federalismo de concertación, negando la titularidad de las provincias de sus bienes naturales.

A su vez son hechos altamente preocupantes la creciente desregulación del sector minero y la profunda desregulación sobre la propiedad de las semillas, aspectos que comprometerían la soberanía nacional y la salud de nuestras comunidades.

Décadas de experiencia acumulada como Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial nos llevan a concluir que este proyecto, en su forma actual, constituye un claro retroceso y debe ser rechazado en su conjunto. 

FACULTADES DELEGADAS, DEMOCRACIA Y CRISIS ECOLÓGICA 

Por otra parte, queremos manifestar expresamente nuestro rechazo a la propuesta de Declaración de Emergencia Pública y Delegación de Facultades sobre al menos 11 materias diferentes -sea cual sea el plazo fijado para el otorgamiento de esas “facultades delegadas”- puesto que colocarían al Poder Ejecutivo Nacional en la  situación de volver a imponer -ya sin la intervención del Congreso de la Nación- las reformas regresivas que pretendió impulsar inicialmente, no solo en materia ambiental, sino en todos los demás asuntos y materias comprendidas en el proyecto de ley (Salud, Educación, Cultura, Jubilaciones, Consumidores, Privatizaciones, Retenciones, Impuestos y muchas otras).  

Las Facultades Delegadas -expresamente prohibidas por la Constitución Nacional- provocarán un avasallamiento de la democracia constitucional argentina, configurándose con ello el supuesto en donde el Presidente de la Nación -por decisión del parlamento- adquiere “facultades extraordinarias” y la “suma del poder público”, con poder y discrecionalidad que lo habilitan a imponer “sumisiones” y  ejercer “supremacías”, bajo la forma de únicato decisionista, convirtiendo nuestro estado en autocrático, de excepción e inconstitucional. El mismísimo Art. 29 de la Constitución originaría de 1853, advirtió que “…actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.

No podemos pasar por alto las groseras deficiencias y vicios democráticos que tiene este proceso en cuanto a la falta de deliberación, transparencia, publicidad, participación y sobre todo, tiempo razonable para debatir abiertamente. Todos sabemos, tanto la sociedad como los miembros del Congreso, que los funcionarios de gobierno que participaron en las audiencias públicas no fueron los que elaboraron el proyecto de Ley Ómnibus. Por el contrario, quienes lo elaboraron ni siquiera son parte del gobierno o del Estado. El mejor ejemplo de la inconducencia de estas audiencias es que el nuevo dictamen oficial es tan regresivo en materia ambiental como el original. Evidentemente, los sectores que se beneficiarán con estas reformas encontraron una oportunidad de hacer una política pública, escribiendo sin ningún escrutinio público ni pudor, leyes para beneficio propio.

Por último, la humanidad es cada vez más consciente de la emergencia climática y socioambiental que atraviesa nuestro planeta. Temperaturas cada vez más extremas y variables, eventos cada vez más frecuentes como los tornados, incendios, inundaciones y sequías, azotan nuestro país e interpelan de modo directo los modelos de desarrollo hegemónico. Para hacer sostenible la vida, se hace cada vez más necesario pensar una economía adaptada a la crisis climática y a la defensa del planeta. Más que nunca debemos fortalecer las legislaciones e institucionalidades ambientales, en lugar de debilitarlas. Sin embargo, en vez de preguntarnos por políticas públicas integrales que asuman desde una perspectiva a la vez nacional y global, los grandes desafíos del siglo XXI (protección de los bienes comunes, transición energética y ecosocial justa, adaptación y mitigación al cambio climático), la Argentina se instala a contramano, aislándose con posicionamientos negacionistas y retrocediendo con políticas públicas privatistas, corporativas y neocoloniales de corte devastador, propias de lo peor de los siglos XIX y XX.  

Por todo ello, exhortamos a cada uno de ustedes a considerar la gravedad de las implicancias de este proyecto y a votar en contra del mismo. Cada voto en contra de estas iniciativas debe ser un acto de defensa de la soberanía, de la salud de nuestras comunidades y de respeto al ambiente y la Naturaleza.

Agradecemos su atención a este asunto crítico y confiamos en que tomarán la decisión que mejor responda a los intereses del pueblo argentino y la preservación de nuestros ecosistemas y sociedades que dependen de ellos.

Quedamos a entera disposición ante cualquier duda o consulta. 

Atentamente,

Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas

Estado de excepción - Ley omnibus

Regresión ambiental, desdemocratización y Estado de excepción

por Maristella Svampa, Enrique Viale para elDiarioAR

La Argentina está ingresando de modo vertiginoso a un Estado de Excepción, que coloca en manos del presidente la suma del poder público. La reforma que busca imponer Milei abre a un escenario de autocracia mesiánica, que desconoce la división de poderes del Estado y pretende borrar de un plumazo las normativas y regulaciones protectoras en materia social, económica, ambiental y de género, de la mano de un modelo represivo, de criminalización de la protesta social. Para las corporaciones, este momento de desdemocratización a gran escala es también el momento de la “gran piñata”, de la gran repartija de los “dulces” que quedan, ofrecidos gentilmente por un presidente anarco-capitalista, que busca suprimir cualquier regulación estatal, en favor de los privados. Y esto sucede de modo tan obsceno como visible, comparable solo con el menemismo, que encontró a una sociedad exhausta por la hiperinflación (1989-1990); y con la última dictadura cívico-militar, que se propuso una reestructuración social y económica, de la mano del terrorismo de Estado.

En materia socioambiental, el proyecto de Ley Ómnibus enviado recientemente por el presidente Milei al Congreso Nacional es un golpe al corazón de la legislación de protección ambiental argentina, ya que se propone liquidar las dos leyes que mayor esfuerzo ciudadano costaron en los últimos quince años: la Ley de Protección de Bosques (Ley 26.631, de 2007) y la Ley de Glaciares (Ley 23.639, de 2010). Dos leyes de presupuestos mínimos de protección que conllevaron grandes luchas ambientales, involucrando no sólo al conjunto del movimiento socioambiental (asambleas territoriales en las diferentes provincias) y a ONGs ecologistas (Greenpeace, FARN, Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas), sino también a amplios sectores de la sociedad argentina, que apoyaron la defensa de nuestras “fábricas de agua” (los glaciares y su ambiente periglaciar), amenazadas por la expansión de la megaminería; y la defensa de los bosques, arrasados por los desmontes y el avance de la frontera del agronegocio.

Digámoslo una vez más.  Nunca, como en estas dos leyes marco hubo tanto apoyo de la ciudadanía, gracias al debate público y a la conciencia de la realidad palpable de la destrucción y despojo de nuestros ecosistemas. También es cierto que el lobby empresarial jamás cesó de atacarlas y conspirar contra ellas, a fin de flexibilizarlas y torcerlas en su favor, utilizando para ello los bloques parlamentarios afines. Sin embargo, pese a ello, no pudieron lograrlo hasta ahora. Hoy, en el marco de un gobierno libertario-empresarial, primero a través de un DNU que deroga la Ley Nacional de Tierras Rurales (ver abajo) y desregula el sistema energético a ultranza; segundo, con esta propuesta de Ley Ómnibus, que apunta de lleno a la madre de todas las batallas socioambientales, las corporaciones tienen la posibilidad de una formidable revancha social, asestando un golpe de gracia a la totalidad de nuestros bienes comunes naturales. Al parecer la casta para este gobierno, además de los trabajadores y los sectores populares afectados por el ajuste, también son los Glaciares y los Bosques.

En el caso de la Ley de Bosques, en primer lugar la desfinancia casi a cero al sacarle al Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos el porcentual de las retenciones de exportaciones del agronegocio. Pero, fundamental y con una confusa técnica legislativa, este proyecto de ley pretende autorizar los desmontes en las áreas de protección I (roja, sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse) y II (amarilla, sectores de mediano valor de conservación), esto es las áreas más importantes y vitales, desmontes que actualmente están expresamente prohibidos. Más aún; ése es el núcleo de la Ley de Bosques: si no se protegen las zonas más frágiles y fundamentales para la vida de nuestros ecosistemas ya en peligro, ¿qué sentido tiene entonces una Ley de Bosques? De aprobarse esta propuesta de ley, todos los bosques argentinos podrían ser desmontados, para garantizar el avance de los negocios (soja, cultivos transgénicos, ganadería, monocultivo forestal, entre otros).

Respecto de la Ley de Glaciares, la propuesta de reforma habilitaría la actividad minera en ambiente periglaciar (expresamente prohibida por la ley). Este retroceso ambiental es la exigencia histórica de grandes mineras transnacionales como Barrick Gold que pretenden avanzar sobre estos ecosistemas y, con dicha modificación, podrán hacerlo sin limitaciones, estrechando de manera considerable la zona de protección. Las asambleas de provincias -como San Juan- defienden a rajatabla el ambiente periglaciar, el que es significativamente más reducido en las provincias áridas del centro y norte del país -y por eso más frágil-, que en el sur argentino, más pródigo en hielos.

El proyecto de Ley Ómnibus también tiene otros aspectos abiertamente destructivos, ya que facilita la quema de tierras para “limpiarlas” en favor de cualquier “actividad productiva”. El proyecto de ley reformaría la precedente, Ley 26.562 de control de actividades de quemas, ya que habilita que si al cabo de 30 días, la autoridad competente no se expide en relación al pedido de autorización de quema “se considerará que la quema ha sido autorizada tácitamente”. Con un Estado desguazado, con escasos o nulos controles, esto significa la institucionalización de la quema indiscriminada, tal como hizo Bolsonaro años atrás en Brasil, hecho que impactó severamente en la Amazonía, sus ecosistemas y los pueblos indígenas que la habitan. También habilita y liberaliza la quema de Pastizales, ecosistemas valiosísimos e imprescindibles, bajo el eufemismo de realizar “cortafuegos” y “acciones preventivas”, hoy acciones vedadas o solo permitidas a las autoridades competentes y de forma excepcional. Aquí lo hemos vivido ya en varias provincias, lo más reciente son los incendios en Corrientes (verano de 2023), que afectaron no solo a los Esteros de Iberá, de los cuales arrasaron con más de 100.000 hectáreas, entre esteros, bañados y pastizales. Esta modificación potenciaría los incendios de manera impensada y absolutamente ilimitada.

Otro elemento de la ley ómnibus es que propone adherir al tratado de 1991 de la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV 91) para privatizar las semillas y criminalizar el intercambio de semillas criollas. 

Por último, la propuesta de Ley Ómnibus dispone ingresar de lleno al capitalismo verde -que es compatible con el negacionismo climático-, que habilita a las corporaciones el derecho a seguir contaminando, a través de la compra de “bonos verdes” en el mercado de carbono. Sobre la transición hacia energías renovables, no hay nada. Solo el afán por insertar a las grandes corporaciones (del tipo que sean, pero fundamentalmente extractivas) en el negocio del carbono, en lo que hemos llamado el “Consenso de la Descarbonización”, un acuerdo capitalista que pretende combatir la crisis climática sin tocar el modelo de negocios actual, exacerbando el proceso de explotación extractivista de los bienes naturales y manteniendo una relación depredatoria con la naturaleza. 

En este vértigo destructivo y desdemocratizador en el que nos sumerge el gobierno libertario-corporativo, el 29 de diciembre entra en vigencia el Decreto de Necesidad y Urgencia del día 20 de diciembre que, por sus impactos, también conlleva una fuerte regresión ambiental. Por ejemplo, dispone la derogación de la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011. Dicha ley colocó un freno al proceso de extranjerización de tierras que desde los ‘90 venía operándose en el país, acelerado luego por la crisis de 2001-2002. La ley apunta a limitar la extranjerización de las tierras, instalando un más que razonable régimen restrictivo para la compra de tierras rurales por extranjeros, como sucede en la mayoría de los países del mundo.

Un artículo importante de dicha ley es aquel que prohíbe a extranjeros ser propietarios de inmuebles que sean ribereños de cuerpos de agua (ríos, lagos o cuencas) y zonas de seguridad de frontera. Aunque no es retroactiva (Lewis y Benetton, entre otros, hicieron mucho provecho de esta falta de regulación), la derogación de esta ley conlleva directamente la liberación total de la compra o posesión a capitales extranjeros. Corporaciones transnacionales forestales como ARAUCO, que ya tienen cientos de miles de hectáreas en nuestro litoral, estarían también detrás de esta flexibilización. Este proceso de extranjerización se traduce en la pérdida de nuestra soberanía sobre los bienes comunes asociados al suelo y agua (cuencas hídricas, lagos, ríos). A su vez, implica el desplazamiento de poblaciones vulnerables; comunidades campesinas e indígenas podrán ser expulsados por la megaminería metalífera y de litio, la expansión de la frontera sojera-ganadera, foresto-industrial y el corrimiento de la explotación hidrocarburífera. 

Respecto del sector energético, el DNU abre la puerta a la privatización total de las empresas públicas (con su transformación de sociedades mixtas a sociedades anónimas), lo cual anticipa mayor pérdida de soberanía y de control de los bienes comunes. Asimismo, establece la liberalización tarifaria sin salvaguardas, lo cual amenaza el mercado interno y aumenta riesgos ambientales y sociales. A su vez la eliminación del Fondo para el Desarrollo de la Generación Distribuida (FODIS) y afectación de certificados de crédito fiscal representan un retroceso en la implementación de energías renovables de baja escala necesarias para la transición ecosocial. Lo más indignante es la absoluta ausencia de cualquier tipo de regulación o modificación de los grandes subsidios existentes para las grandes petroleras y empresas energéticas. Es decir, mientras se reducen o suprimen los subsidios al consumidor en las tarifas de combustible y energía, se siguen subsidiando a las grandes petroleras multinacionales, no para el consumo interno, sino para la exportación. Un llamado explícito al despojo y el saqueo, que suena como música en los oídos de las corporaciones transnacionales.

A 40 años de recobrada la institucionalidad democrática, más allá de sus deficiencias y errores, asistimos a una vertiginosa embestida en términos de desdemocratización, que pareciera dejar desamparada a la ciudadanía, ante la salvajada de reformas y derogaciones propuestas por el presidente libertario. Frente a ello, cabe preguntarse dónde se encuentran en este país las reservas democráticas que puedan contrarrestar esta arremetida autocrática e inconstitucional, que transfiere nuestros bienes públicos y naturales y deroga nuestros derechos (civiles, sociales, económicos, ambientales, laborales, entre otros), en favor de las corporaciones privadas.

Hoy una parte importante de la ciudadanía se encuentra cada vez más movilizada en diferentes ciudades del país (a través de marchas, paros generales o parciales, cacerolazos), convocados por diferentes organizaciones (sociales, sindicales, territoriales). Sabemos que la movilización social es absolutamente necesaria, pero no suficiente si no va acompañada por la intervención política urgente del Poder Legislativo, rechazando el DNU y las reformas de esta Ley Ómnibus, así como de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, frente a la inconstitucionalidad de tales medidas. Una pregunta atraviesa esta indignación colectiva que gana las calles, cada vez más militarizadas: ¿acaso nuestra institucionalidad es tan frágil que puede venir un nuevo presidente y llevarse puesto en tres semanas las instituciones democráticas y nuestros derechos? Esta es la madre de todas las batallas. Ojalá las fuerzas políticas de la oposición y la Justicia argentina estén a la altura de esta responsabilidad histórica.

Sin límites para el saqueo: ataque al corazón de la legislación de protección ambiental argentina

Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo al proyecto de Ley llamado “Ómnibus”. Un detallado análisis (ver más abajo) de todo el proyecto presentado por el Presidente Javier Milei, revela que las medidas representan una inaceptable y enorme regresión en materia socioambiental y socava los pilares de la legislación de protección ambiental en Argentina.

El proyecto amenaza de manera directa la legislación vigente de protección ambiental en Argentina ya que liquida dos leyes fundamentales: la Ley de Protección de Bosques y la de Glaciares. Estas leyes son producto de dos conquistas ciudadanas históricas, y son cruciales en un contexto de crisis climática global y degradación ambiental local.

Llamamos a la sociedad a rechazar y resistir estas propuestas que ponen en riesgo la naturaleza, sus ecosistemas y la capacidad del Estado para regular y proteger el ambiente. Exigimos a los legisladores nacionales que rechacen enérgicamente este proyecto y resguarden la poca legislación vigente que puede servir como un puntapié para la justicia ecosocial y la protección ambiental en Argentina. Misma exigencia realizamos con el inconstitucional DNU 70/2023 (ver nuestro informe sobre el DNU).

El análisis detalla las gravísimas regresiones ambientales del proyecto en la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares, destacando cambios que permitirían desmontes en todos los bosques del país y la actividad minera en ambientes periglaciares. La eliminación de regulaciones, el desfinanciamiento de fondos ambientales, la falta de acceso a información para comunidades afectadas y la persecución de manifestantes.

Existe también una profunda desregulación y liberalización del sector energético en el proyecto, incluyendo la privatización de empresas del sector y la afectación de la concesión sobre el Río Paraná (llamada Hidrovía Paraná-Paraguay). Asimismo, se destaca el sesgo liberalizador en sectores como hidrocarburos, minería y pesca, que amenaza la capacidad soberana del Estado en la regulación del capital trasnacional. 

En cuanto a política climática, el proyecto de Ley Ómnibus propone la creación de un mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) con amplia participación del sector privado. Esta medida, similar al mercado voluntario de bonos verdes, permitiría la privatización de la capacidad de captura de dióxido de carbono, trasladando la destrucción ambiental y social a los territorios del sur global.

El proyecto propone cambios en la regulación de actividades de quema, permitiendo interpretar el silencio del Estado como una autorización “tácita” y autoriza a los productores a la quema incontrolada de pastizales, valiosos ecosistemas. Además, se destacan derogaciones en la Ley de Pesca que afectan la protección de los ecosistemas marinos y eliminan criterios de permisos que priorizan la mano de obra argentina y la construcción local de buques.

El análisis expone la desregulación total y profunda del sector energético, lo cual puede representar una aceleración en la expansión de la frontera hidrocarburífera y un aumento desmedido en los impactos socioambientales derivados de la industria fósil. 

En un contexto mundial de crisis climática, ambiental y energética, la posibilidad de dar pasos concretos hacia una transición ecosocial enfrenta un peligro letal con este proyecto. El mismo muestra una combinación entre eliminación de intervenciones de actores estatales para el cuidado y la protección del ambiente, la absoluta financiarización del mercado energético subsumido a intereses internacionales y una política estatal de negacionismo climático. 

Contacto de Prensa: +541123904594

Ley Omnibus -ataque-al-corazon-de-la-legislacion-de-proteccion-ambiental-argentinaDescarga
Peor que en los 90s: DNU, autocracia, extranjerización y regresión socioambiental

Peor que en los 90s: DNU, autocracia, extranjerización y regresión socioambiental 

Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo al DNU Nº 70/2023. Lo consideramos manifiestamente inconstitucional y en contradicción con los principios fundamentales de la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

El DNU carece de argumentos sólidos y no cumple con los requisitos constitucionales de “necesidad” y “urgencia”. A su vez, ignora los mecanismos constitucionales al eludir la aprobación legislativa, contraviniendo la jurisprudencia de la CSJN. También la emisión del DNU, de 336 artículos y dictado de manera apresurada, viola la prohibición constitucional establecida en el Artículo 29 de la Constitución Nacional, lo que puede ser considerado una “traición a la patria” como establece nuestra Carta Magna. A su vez, esto se intenta implementar en conjunto con un protocolo antipiquetes que viola el Derecho a la Protesta social, en un intento por acallar cualquier tipo de respuesta popular a las medidas. 

Compartimos a la sociedad un primer análisis (ver abajo link a documento completo) de los aspectos socioambientales del mencionado Decreto, que muestra su carácter abiertamente regresivo. Entre los principales puntos que el documento analiza se encuentran: 

Ley de Tierras Rurales: Sancionada en 2011, la Ley de tierras rurales expresó la necesidad de colocar un freno al proceso de extranjerización de tierras. La ley busca limitar la extranjerización de las tierras, colocando un régimen restrictivo para la compra de tierras rurales por extranjeros. Un artículo importante es el que prohíbe a extranjeros ser propietarios de inmuebles que sean ribereños de cuerpos de agua (ríos, lagos o cuencas) y zonas de seguridad de frontera.

La derogación de esta Ley conlleva directamente la liberación total de la compra o posesión a capitales extranjeros. Extranjerizar nuestros suelos se traduce en perder nuestra soberanía sobre los bienes comunes asociados al suelo y agua. A su vez esto implica el desplazamiento de poblaciones vulnerables; comunidades campesinas e indígenas podrán ser expulsados por la megaminería metalífera y de litio, la expansión de la frontera sojera-ganadera, foresto-industrial y el corrimiento de la explotación hidrocarburífera. 

Leyes de Minería: la derogación de la Ley N° 24.523 del Sistema Nacional de Comercio Minero, y la Ley N° 24.695 del Banco Nacional de Información Minera implica aún una mayor opacidad en una actividad que ya se encuentra absolutamente desregulada y con la habilitación a una minería a gran escala que flexibiliza controles, estableciendo un sistema de regalías irrisorios a las corporaciones mineras y que continúa intacto.

Impacto en el Sector Energético: Abre la puerta a la privatización total de las empresas públicas  (su transformación de sociedades mixtas a sociedades anónimas). Representa un riesgo para la aceleración en la expansión de la frontera hidrocarburífera, en un contexto de crisis climática. Establece la liberalización tarifaria sin salvaguardas, lo cual amenaza el mercado interno y aumenta riesgos ambientales y sociales. A su vez la eliminación del Fondo para el Desarrollo de la Generación Distribuida (FODIS) y afectación de certificados de crédito fiscal representan un retroceso en la implementación de energías renovables de baja escala necesarias para la transición ecosocial. 

Lo más llamativo es la absoluta ausencia de cualquier tipo de regulación o modificación de los grandes subsidios existentes para las grandes petroleras y empresas energéticas. Es decir, se seguirá subsidiando a las grandes petroleras multinacionales, no para el consumo interno, sino para la exportación.

Modificación de la Ley del Fuego: Si bien no aparece en el DNU publicado, la modificación -anunciada expresamente por el presidente en la cadena nacional- permitiría el cambio de uso del suelo de zonas afectadas por el fuego, alentando la destrucción de bosques, humedales y áreas protegidas por el agronegocio y la especulación inmobiliaria. 

Riesgo Alimentario: La derogación de normas como la Ley de Abastecimiento o la Ley de Góndolas favorecen la exportación del agronegocio en detrimento del abastecimiento interno. Esto representa un riesgo que profundiza la crisis alimentaria global y obtura la soberanía alimentaría. 

Contacto de Prensa: +541123904594

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Aspectos socioambientales del DNU 70/2023

 21 de Diciembre de 2023, Argentina

DOCUMENTO DE ANÁLISIS

DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA (DNU 70/2023) 

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) expresamos nuestro más enérgico repudio al Decreto Nº 70/2023 de Necesidad y Urgencia recientemente publicado por ser manifiestamente inconstitucional y contrario a los mandatos convencionales y de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia.

Consideraciones preliminares

En primer lugar, y sin perjuicio de los aspectos sustanciales y/o de fondo en materia socioambiental -sobre los cuales nos detendremos posteriormente-, advertimos con profunda preocupación la orfandad de fundamentos que presenta el referido decreto a fin de sustentar las reformas y derogaciones legales. No existe rigurosidad técnica ni argumentos jurídicos sólidos que justifiquen mínimamente las reformas postuladas. 

No se configuran los requisitos exigidos por nuestra CSJN en cuanto a la acreditación de los requisitos de “necesidad” y “urgencia”, indispensables para que una norma de estas características pueda prosperar debidamente, puesto que pretende eludir los mecanismos constitucionales básicos para la sanción de leyes por parte del Congreso de la Nación mientras el Poder Ejecutivo emite arbitrariamente disposiciones de carácter legislativo.

Nuevamente, estamos frente a la configuración de la prohibición plasmada en el artículo 29 de la Constitución Nacional originaria de 1853, que castiga con la pena de ‘’infames traidores a la patria” a todos aquellos funcionarios que consientan el otorgamiento de “facultades extraordinarias” o “la suma del poder público” otorgando “sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna”. 

Frente a esto la Constitución es clara y contundente: el DNU de 336 artículos, dictado entre gallos y medianoche, nace estructuralmente viciado y su nulidad es insanable.

En el marco de la grosera inconstitucionalidad del decreto 70/2023, y los efectos regresivos en materia socioambiental, la pérdida de soberanía y control público sobre nuestros bienes comunes, solicitamos urgente al Presidente de la Nación la urgente suspensión del mismo.

ASPECTOS SOCIOAMBIENTALES

1. Derogación de la Ley 26.737 (Denominada Ley de Tierras Rurales) 

La ley de Tierras Rurales nació de una demanda social, a partir de la denuncia del acelerado proceso de extranjerización de las tierras. Fue sancionada en 2011 y establece un régimen restrictivo para la compra de tierras rurales por extranjeros, por lo que su derogación implica una cesión de soberanía de nuestro suelo y tierras fértiles a corporaciones extranjeras que históricamente vieron a nuestro país como una canasta de recursos a explotar y saquear. Esta derogación presenta una gravedad institucional y socioambiental porque se da en un contexto de profunda concentración de la tierra, la renta y riqueza en nuestro país, en manos de corporaciones y pulles de inversión ligados principalmente a la megaminería, los combustibles fósiles y agronegocios, sobre todo los monocultivos de soja, trigo, maíz y forestales como el pino y eucalipto.

La ley establece tres restricciones principales para el dominio o la posesión de “tierras rurales” en la Argentina por extranjeros: 

(i) limita el dominio o posesión de “tierras rurales” por personas extranjeras al 15% de todas las “tierras rurales” en la Argentina; 

(ii) adicionalmente, la ley determina que en ningún caso las personas físicas o jurídicas, de una misma nacionalidad extranjera, podrán superar o concentrar el 30% del 15% asignado a la titularidad o posesión extranjera sobre las “tierras rurales” (p. ej.: inversores de nacionalidad española, en el total, no podrán ser titulares o poseer más del 4,5% de todas las “tierras rurales” en Argentina); y 

(iii) por último, la ley prohíbe que un mismo titular extranjero pueda ser titular o poseer más de mil hectáreas en la zona núcleo o superficie equivalente. 

Por lo tanto, su derogación conlleva directamente la liberación total de la compra o posesión a capitales extranjeros. Este proceso de extranjerización de nuestros suelos fértiles se traduce en pérdida de soberanía sobre bienes comunes asociados al suelo y agua y desplazamientos de sectores vulnerables, como comunidades campesinas e indígenas que vienen resistiendo el avance de la megaminería metalífera y de litio, la expansión de la frontera sojera-ganadera, foresto-industrial y el corrimiento de la explotación hidrocarburífera. 

Otro aspecto fundamental de la Ley 26.737 es que prohíbe la titularidad o posesión por parte de personas extranjeras de inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes, o los ubicados en zonas de seguridad de frontera, por lo que su derogación implica que capitales extranjeros puedan, además de comprar sin límite o restricción alguna nuestro suelo rural, también disponer de nuestros sistemas de cuencas fluviomarítimas, apropiándose de ríos, riachos, lagos, lagunas, incluso de aquellos que están en zona fronteriza. Esto no sólo significa una pérdida de soberanía sobre nuestros sistemas ecológicos integrados, sino además la cesión de nuestra seguridad nacional a privados en estos corredores biológicos y en zonas de frontera. 

La entrega de nuestros suelos cultivables, cuencas y fronteras a corporaciones y capitales extranjeros, se da en un contexto de disputa geopolítica entre China y USA por el control de los recursos naturales de todo el Sur Global, por lo que resulta de extrema gravedad institucional y socioambiental. Asimismo, ceder soberanía sobre nuestros bienes comunes más preciados y estratégicos como la tierra y el agua, es preocupante frente a los eventos climáticos extremos que se han acelerado, como consecuencia del calentamiento global y la pérdida de biodiversidad, ya que los bosques y humedales son reguladores del clima, purifican el agua y regulan sus ciclos, generan infraestructura natural para mitigar los impactos climáticos como las intensas sequías, inundaciones, tornados e incendios que estamos viviendo, entre muchísimos servicios socioambientales. Dejar nuestros bienes comunes liberados al capital extranjero, sin restricciones y control alguno, implica favorecer y acelerar su mercantilización y privatización cuya lógica económica históricamente ha sido la explotación irracional y el saqueo. Esto conlleva no solo la flexibilización sino también el apartamiento total de nuestro país en relación con sus compromisos climáticos y de protección y defensa del ambiente y la salud pública.

Finalmente, esta Ley tuvo como objeto conservar el manejo de las tierras rurales en manos argentinas e impedir que la tierra se concentre en pocas manos de extranjeros. Entendemos que su derogación es la consolidación más acabada del extractivismo, colocando la riqueza de la tierra y sus ecosistemas asociados en dominio extranjero. 

2. Derogaciones leyes mineras

El DNU derogó dos leyes: (i) la Ley N° 24.523 del Sistema Nacional de Comercio Minero, y (ii) la Ley N° 24.695 del Banco Nacional de Información Minera, aduciendo necesidad de reducir los costos de dicho sector, entendiendo que es un área subdesarrollada. Quitan transparencia a la ya tan opaca actividad extractiva que avanza en connivencia con sectores de las élites locales y provinciales.

En nuestro país no había mucho más para liberalizar en la actividad minera ya que la legislación sancionada en los años 90 –en el marco de la Reforma y Privatización del Estado (dejavu de la situación actual)– que habilitó la minería a gran escala flexibilizando controles, estableciendo un sistema de regalías irrisorios a las corporaciones mineras y que continúa intacto.

La libertad económica y los beneficios tributarios de las corporaciones mineras es absoluto, por lo que el fundamento del DNU de reducir sus costos es falso. La ley 24.196 de Inversiones Mineras fue promulgada el 24 de mayo de 1993, y cubre las siguientes actividades: la prospección, exploración, desarrollo explotación, extracción y demás actividades comprendidas en el Código de Minería (incluyendo la extracción de carbonato de litio). 

El sistema de regalías que establece la Ley de Inversiones Mineras fija en su art. 22 que el monto de las mismas será tan solo del 3%, es decir, un negocio realmente formidable, ya que ese tres por ciento se cobrará sobre el valor del mineral extraído, en boca mina. Esto se agrava en el hecho que las regalías mineras sólo se aplican sobre aquellos minerales denunciados ante la Autoridad Minera, y tipificados por el mismo Código en la materia, haciendo abstracción de los subproductos, y/o sus derivados de la producción, existen en nuestro territorio yacimientos en plena explotación de oro y plata, pero no sólo se extraen estos metálicos, también se extraen por ejemplo, hierro, iridio, mercurio, cobre, etc.

Entonces, ¿debemos entender la reducción del costo que refiere el DNU como la extracción de nuestros minerales y carbonato de litio a costo 0%? Esto representa una forma acabada de entrega de soberanía nacional sobre nuestros bienes comunes. 

3. Energía

La serie de medidas en el ámbito de la energía plantea una transformación sectorial, particularmente con la dimensión de la participación estatal mediante la gestión de empresas públicas. Esto se contextualiza en un marco global en el cual las grandes empresas energéticas son las que dominan el mercado, en detrimento específico y fundamental de los derechos humanos y ambientales de las poblaciones en las cuales se llevan a cabo estas actividades. 

Se plantea la libre exportación desde Vaca Muerta, la privatización de empresas públicas y la liberalización tarifaria sin salvaguardias efectivas. Esto conlleva serios riesgos ambientales y sociales, ya que los datos demuestran que las privatizaciones de empresas estatales energéticas derivan en un aumento acelerado de la extracción, y una profundización del detrimento de la justicia social y ambiental. 

La privatización de empresas públicas se realiza mediante la transformación de Sociedades del Estado (SE) y Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) en Sociedades Anónimas (SA), también derogando contratos con petroleras y el Plan Federal de Transporte de Energía Eléctrica. 

Prohíbe al Poder Ejecutivo Nacional restringir la exportación por motivos económicos establecida en el Artículo 142 del DNU, y sustituyendo el artículo 609 del Código Aduanero (Ley N° 22.415). Es decir que vamos a seguir subsidiando a las grandes petroleras multinacionales, no para el consumo interno, sino para que exporten.

También otorga discrecionalidad a la Secretaría de Energía para retirar y otorgar subsidios de gas y electricidad. Esto le permitirá aumentar y segmentar tarifas, reiterando disposiciones del DNU 55/23. De acuerdo a lo mencionado en campaña, el aumento desmedido y desregulado de las tarifas energéticas, aumentará la desigualdad y la posibilidad de acceso a la energía, que debe ser considerada como un derecho. Esto también tendrá graves impactos en el aumento de la pobreza energética a nivel nacional. 

También impacta en la legislación vigente al desactivar el Fondo para el Desarrollo de la Generación Distribuida (FODIS) establecido por la Ley 27.424, específicamente del artículo 17 en adelante. Esto afecta la disposición de certificados de crédito fiscal y otros instrumentos previstos en la misma normativa, introduciendo grandes retrocesos en la regulación de la Generación Distribuida y sus mecanismos de fomento.

4. Ley de manejo del Fuego

Si bien la Ley de Manejo de Fuego no ha sido mencionada en el Decreto de Necesidad y Urgencia, los 30 puntos que difundió la Presidencia hablaban de la modificación de la ley 26.815 (modificada por la ley 27.604) y el propio presidente señaló expresamente su modificación. Así se pretenderían derogar los artículos de dicha ley que prohíben el cambio de uso o destino de áreas protegidas y humedales, luego de que éstas hayan sido afectadas por el fuego. 

De este modo se fomenta la utilización del fuego para reconvenir bosques, humedales, pastizales y todo tipo de ecosistemas protegidos, en predios dedicados a la agricultura, ganadería o la actividad inmobiliaria, permitiendo así la destrucción de ecosistemas enteros y áreas naturales protegidas, tan necesario en el actual contexto de aceleración de la crisis climática y la pérdida de biodiversidad. 

Semejante decisión viola principios relevantes que conforman el sistema ambiental internacional de la Argentina, violando los principios de no regresión, progresividad y sustentabilidad ratificados en la rica diversidad de Convenciones Ambientales Internacionales, Diversidad Biológica, Desertificación, Protección de los humedales, Cambio Climático y Acuerdo Regional de Escazú. 

5. Riesgo alimentario

Sin dudas el mundo atraviesa una situación crítica en materia alimentaria, y nuestro país no es la excepción: niveles intolerables de indigencia implican que millones de argentinos/as no pueden acceder a la canasta básica de alimentos. Con la configuración propuesta la situación no mejorará. La derogación de diversas normas dentro del mencionado DNU no tiene otra función que favorecer la exportación de la producción, poniendo en riesgo cierto el abastecimiento interno. Por ello, podemos afirmar que la derogación de la Ley de Abastecimiento (20.680), Ley de Góndolas (27.545) y Ley de Promoción Industrial (21.608) parcialmente las leyes Compre Nacional (21.608) y Compre Argentino (27.437) atentan contra la soberanía nacional, favoreciendo a las grandes potencias del sector agropecuario y profundizando la crisis alimentaria y el modelo actual. 

¿Qué significaría para el ambientalismo un triunfo de Javier Milei?

Las posibles transformaciones que podrían imprimirse en el territorio nacional son inconmensurables pero existe suficiente evidencia para prever su rumbo. Desde el negacionismo de la crisis climática hasta la financiarización absoluta de todo lo material, un triunfo de Milei-Villarruel podría marcar un profundización extrema de las desigualdades ambientales.

por Alejo di Risio para elDiarioAr

Entrevistado en el programa Gelatina hace unos días, Martín Kohan describió al candidato Javier Milei como una persona que no concibe a un ser humano como otra cosa que alguien que intercambia bienes según oferta y demanda. A partir de esta definición, podemos deducir rápidamente otra: para Milei y la gente que lo rodea, cualquier objeto o vida no humana puede verse solamente como un activo financiero para ser intercambiado según oferta y demanda. Según esta premisa, todo aquello que no pueda ser financiarizado no sólo puede desaparecer sino que debe. Una especie de darwinismo financiero: la supervivencia, no de los más fuertes, sino de los más rentables.  

Con ese mismo argumentó el diputado electo por la Provincia de Buenos Aires Alberto Benegas Lynch (n) justificó la extinción diaria de especies animales. Fue en una entrevista con Julio Leiva, en la cual también elogió la privatización y concesión del Mar Argentino. Esta propuesta se encuentra inscripta en la plataforma electoral oficial de La Libertad Avanza presentada ante la Justicia. Para la extrema derecha, la conservación de ecosistemas no tiene sentido en términos ambientales ni culturales. Incluso ignoran los beneficios para la salud pública o la dependencia de los sistemas productivos de las condiciones ambientales. Conciben cualquier tipo de bien común como un recurso a ser explotado. Una financiarización absoluta de la vida.

Esta subjetividad transforma inmediatamente cualquier tipo de regulación o consenso logrado sobre la protección del ambiente en una barrera a ser destruida. El derecho de un privado a maximizar sus ganancias no puede ser obstruido por ninguna razón, ni ética ni moral. Es de notar lo contradictorio de pregonar esta mirada ya que niega los servicios ecosistémicos que muchos sistemas productivos tienen especialmente en nuestro país. El más estructural y relevante en este momento es la enorme sequía que afectó a nuestro país este año. La misma devastó las exportaciones del agronegocio, afectando con pérdidas de hasta el 50% a los principales cultivos y teniendo un fuerte impacto en la macroeconomía nacional. 

Sin embargo, fue precisamente en La Rural que Javier Milei dijo que el valor del agua “es cero” en tanto y en cuanto los ríos no sean apropiados por privados. Mientras cerraba el Congreso Económico Argentino el candidato explicó cómo una empresa puede contaminar un río “todo lo que quiera”. En sintonía con las narrativas bolsonaristas y trumpistas, el binomio Milei-Villarruel también afirma que las políticas ambientales son “parte de la agenda del marxismo cultural”, lo que ha derivado en un discurso fuertemente anti-ciencia, que niega los límites planetarios. El mismo también se refleja en el negacionismo climático que llevó a EEUU a retirarse del Acuerdo de París, tratado internacional sobre el calentamiento global. 

El candidato Milei volvió a corroborar su creencia en el “anarcocapitalismo” y a afirmar la premisa que postula que destruir el Estado es una prioridad. Es necesario explicitar que el desmantelamiento del paisaje de instituciones estatales, genera amenazas sustanciales para la protección ambiental. Si bien hoy en día existen profundas injusticias sociales y ambientales en todo el territorio, deslegitimar y desfinanciar la estructura estatal sólo puede empeorar la situación. La existencia misma de instituciones democráticas es un punto de partida en la institucionalidad necesaria para garantizar verdadera justicia social y ambiental a mediano y largo plazo. 

Estos ataques constantes erosionan la legitimidad necesaria para que el Estado supervise y responda ante las injusticias sociales y ambientales. Esto puede ser terreno fértil para una escalada de impunidad corporativa. Incrementaría la cantidad de delitos ambientales, de empresas que sobrepasan la institucionalidad local y provincial o la falta de remediación ante derrames o accidentes. Además, tendría graves repercusiones sobre la capacidad de respuesta del Estado a eventos de clima extremo como inundaciones, o catástrofes ambientales como incendios de humedales o bosques.

A su vez, la creciente escalada de violencia genera una preocupación adicional para la integridad de defensores y defensoras ambientales en el territorio. En una columna publicada en Infobae, el referente intelectual libertario, Benegas Lynch (hijo), es decir el padre del diputado electo, declaró al ambientalismo como enemigo absoluto de la propiedad privada. 

Esta extrema derecha viene cargada de un autoritarismo que intentará disolver a los sindicatos, erradicar la protesta social y suprimir la organización territorial de comunidades que se manifiestan en un marco democrático. Sólo en los últimos días, las amenazas y amedrentamientos virtuales contra figuras públicas varias se multiplicaron hasta llegar a la presidenta de la Cámara de Diputados. 

La habilitación de un régimen de violencia multiplica y expande, a nivel institucional, mediático y político, un entorno propicio para explosiones cotidianas de la democracia. Quienes adopten como propio este legado de hostigamiento y demonización e identifiquen en el ambientalismo y los movimientos territoriales un enemigo se sentirán legitimados para violentar y hostigar a aquellos a quienes responsabilizan de sus propias miserias.

¿Cómo se darían fenómenos de protesta socioambiental regional como el Chubutazo o el Mendozazo si las Fuerzas Armadas estuvieran habilitadas a involucrarse en Seguridad Interior? ¿Cuánto se multiplicarían las violaciones de derechos humanos y ambientales en caso de disminuir las garantías estatales? ¿Cómo se van a desarrollar las provocaciones de fuerzas de choque locales a defensorxs del territorio cuando la tenencia de armas de fuego no esté regulada? 

El avance del binomio Milei-Villarruel condiciona la estabilidad política y democrática de nuestro país. Plantea amenazas sustanciales para los defensores y defensoras ambientales en todo el territorio. Estos retrocesos ambientales son una dimensión más de un proyecto de país que va en retroceso. Al sumarse al rechazo a la salud y educación pública, las propuestas de dolarización e hiperinflación, el apoyo a las políticas de la dictadura, entre otras están suscitando el apoyo a Sergio Massa de un amplio espectro de actores que nunca lo hubieran votado en otro contexto.

Como el propio Massa dijo en el debate, esto no es necesariamente traducible como un acompañamiento al proyecto massista. Pero sí puede entenderse como un voto estratégico para el apoyo a la democracia. Un punto de partida para que las políticas ambientales sigan expandiéndose y hacer políticamente posible lo socioambientalmente necesario. Probablemente, la negativa a acompañar a Milei no alcance para frenar el avance de una subjetividad financiarizada de la vida. Pero avanzar hacia una construcción de una subjetividad solidaria, de una ética del cuidado mutuo o de nociones comunitarias la democracia es necesaria.

Becas Omega Resilience Awards (ORA) 2023

El jurado de Omega Resilience Awards (ORA) Latinoamérica agradece su participación a las diferentes personas que se presentaron en esta primera edición del proyecto organizado por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), como representantes de las Becas ORA 2023 en Latinoamérica. Luego de un desafiante proceso, fueron seleccionados los siete proyectos becados.

Compartimos unas imágenes del encuentro en Buenos Aires con los y las becarios/as ORA 2023 de latinoamérica. Una pequeña muestra del encuentro, la sinergia y la comunidad que se continúa creando desde el proyecto Omega Resilience Awards (ORA).

Encuentro realizado en 2023 en Buenos Aires

Dulcinea Mariel Lezcano

🛡️ El proyecto de Defensores del Pastizal (Corrientes – Argentina) fue elegido en el marco de la implementación en LATAM del proyecto anual Omega Resilience Awards (ORA), a cargo del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas. Acompañamos este proyecto para potenciar el rumbo hacia una economía de (y para) la vida, por su promoción de la vida rural y su trabajo para garantizar un acceso equitativo a la tierra, con posibilidades reales de progreso para las mayorías.

👩‍🌾 Dulcinea Mariel Lezcano fue seleccionada como becaria, y forma parte de esta  organización correntina que funciona desde el año 2019. En este marco, realizan diferentes actividades de divulgación sobre las principales amenazas a las que están expuestos los pastizales a nivel local e internacional, las consecuencias de su pérdida, y la importancia ecológica, cultural y económica de su preservación. A partir de la difusión accesible y didáctica de datos científicos, comunican y sensibilizan sobre la realidad de uno de los ecosistemas más predominantes en la provincia de Corrientes.

🌲 El avance del monocultivo forestal convierte a nuestra región en zona de sacrificio para la ganancia de unos pocos y el sobreconsumo del norte global. En un marco de incendios masivos y sequías con profunda afectación social, y olas de calor cada vez más frecuentes, avanza la narrativa corporativa de que plantar árboles siempre es bueno. Pero lejos de ser bosques, estos desiertos verdes deterioran las condiciones ambientales: secan suelos, propagan eventuales fuegos e impiden el ingreso de luz para que los ecosistemas nativos prosperen. El trabajo de Defensores del Pastizal es fundamental como respuesta a la policrisis que atraviesa y los proyectos extractivos que imponen esta transformación radical de nuestros paisajes.

Entrevista realizada a Dulcinea durante el encuentro en Buenos Aires

Damián Andrada

🔍 El Programa de Periodismo Indígena y Ambiental (PPIA), de Bolivia, es otro de los proyectos elegidos en el marco de la implementación en LATAM del proyecto anual Omega Resilience Awards (ORA), a cargo del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas. Está destinado a jóvenes indígenas, y apunta a formar periodistas que dentro y fuera de los territorios indígenas puedan comunicar sobre el cotidiano de las comunidades de un modo simple y accesible, con un enfoque de derechos humanos y naturaleza.

🎓 Damián Andrada es el director de esta formación bianual. La primera cohorte de este proyecto está conformada por 15 estudiantes de los pueblos Guaraní, Guarayo, Quechua, Mojeño Trinitario, Monkoxi y Afroboliviano. Se cursa cuatro veces por semana y los estudiantes que habitan en los territorios lo hacen de modo presencial o sincrónico a través de la plataforma virtual. Los docentes cuentan con una amplia trayectoria y su plan de estudios incluye materias como Periodismo Indígena, Taller de Crónica, Derecho Indígena, Diálogo de Saberes, Comunicación Ambiental, Ecología Política, Periodismo y Género, y Taller de Radio y Podcast.

🌍 El enfoque intercultural del PPIA es fundamental como respuesta a la policrisis que atraviesa los territorios. Al poner en diálogo diversas culturas indígenas de toda Bolivia, favorece el fortalecimiento del diálogo intercultural, de sus comunidades, sus luchas, sus autogobiernos y sus agendas de noticias. Esta formación permite que periodistas puedan informar en sus propios idiomas y crear sus propios espacios de comunicación. Esto es crucial en un marco de desinformación social, ecológica y climática. 

Entrevista realizada a Damián durante el encuentro en Buenos Aires

Machi Millaray Huichalaf

🌍 La Machi Millaray Huichalaf (Ngulumapu, Chile) fue elegida como becaria en el marco de la implementación en LATAM del proyecto anual Omega Resilience Awards (ORA), a cargo del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas. La Machi es lidereza comunitaria de un movimiento que busca difundir el riesgo que implica, tanto para la biodiversidad como para la cosmovisión y la forma de vida mapuche, la construcción de dos megarepresas hidroeléctricas en el río Pilmaiquén y el complejo ceremonial mapuche del Ngen Mapu Kintuante. 

🌱 Este proyecto combina diferentes estrategias: entrevistas, un largometraje documental, charlas y presentaciones judiciales; entre otras. Además, se crearán espacios de formación y recuperación comunitaria y espiritual de los saberes del pueblo mapuche, en particular los relacionados con la salud y la medicina ancestral. En este sentido, se proyecta realizar un documental publicar un libro con fotografías sobre “Lawen”, plantas medicinales que abundan en el territorio y que no son conocidas en profundidad por algunas personas de las comunidades. De esta manera, se busca que las puedan re-conocer, cuidar y recolectar, para la preparación de medicina ancestral.

🌍 En un contexto de avance de proyectos que violan los derechos sociales y ambientales en nombre de las transición energética corporativa, volver a los territorios para centralizar en las comunidades las decisiones que las impactan se vuelve fundamental para avanzar hacia una real democracia participativa desde lxs de abajo. 

Entrevista realizada a Millaray durante el encuentro en Buenos Aires

Henry Picado Cerdas

🌍 El proyecto de la Red de Coordinación en Biodiversidad de Costa Rica, fue elegido en el marco de la implementación en LATAM del proyecto anual Omega Resilience Awards (ORA), a cargo del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas. Acompañamos este proyecto para potenciar el rumbo hacia una agricultura que ponga a la vida en el centro, que fomente la vida rural y su trabajo para garantizar un acceso equitativo a la tierra, con posibilidades reales de progreso para las mayorías.

🎓 Hace más de 10 años, Henry Picado participa del activismo ecologista a nivel nacional y regional. Fue presidente de la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza e integrante del comité editorial de la revista Biodiversidad sustento y culturas, y en la actualidad, lidera la Red de Coordinación en Biodiversidad.

✍️ Desde 2017, la red publica La Agroecologa, una revista campesina que produce contenido al servicio del movimiento agroecológico costarricense. Hasta la fecha, se han publicado cuatro ediciones impresas, además de cuatro cuadernillos y libros especializados. Para el año 2023, se propone fortalecer los procesos internos de funcionamiento de la organización y aumentar la producción de contenido relevante para todo el movimiento agroecológico.

Entrevista realizada a Henry durante el encuentro en Buenos Aires 2023

Orlando Huerta Ponce

🔌El proyecto de la Cooperativa Onergia (México) fue elegido en el marco de la implementación en LATAM del proyecto anual Omega Resilience Awards (ORA), a cargo del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas. Acompañamos este proyecto para potenciar el rumbo hacia una energía para las personas, donde se entienda que no se puede entender a la energía solamente como una mercancía, sino que es parte fundamental de los derechos de las personas para acceder a un bienestar.

⚡Orlando Huerta Ponce propone realizar jornadas de formación y reflexión en relación a la transición energética, la pobreza energética, y que permitan des-masculinizar el rubro eléctrico y energético. En principio, se plantean los eventos dentro de la ciudad mexicana de Puebla con el objetivo de acercar el debate a las ciudades, creando espacios de diálogo entre los diversos sectores: académico, activista, estudiantil y público en general. 

🔋 Integrar la transición energética dentro de las respuestas a la policrisis es fundamental. No podemos sólo reemplazar los fósiles por renovables. También hay que cambiar las lógicas de maldesarrollo que nos trajeron hasta este punto. Es necesario integrar la energía a nuestros horizontes para lograr un abordaje multidimensional hacia el futuro que deseamos, en armonía con la vida toda y el bienestar de las personas. 

Entrevista realizada a Orlando durante el encuentro en Buenos Aires

Daniela Da Silva

🔌El proyecto de Aldeias (Pará, Brasil) fue elegido en el marco de la implementación en LATAM del proyecto anual Omega Resilience Awards (ORA), a cargo del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas. Acompañamos este proyecto para promover la construcción de programas educativos y cosmovisiones que estén en sintonía con nociones de bienestar para la vida toda. 

🌱 Daniela Da Silva es la fundadora del proyecto Aldeias. A partir de actividades culturales y educativas orientadas a niños, adolescentes y jóvenes de la Amazonía impactados por grandes obras de infraestructura, buscan motivar el compromiso creativo de las nuevas generaciones en la lucha contra la emergencia climática, y un proceso de escucha a las personas más jóvenes sobre cómo imaginar y proponer el futuro del planeta de forma verdaderamente sostenible y con justicia climática. 

🌍 A partir de metodologías creativas y la escucha local, proponen alternativas educativas para el enfrentamiento de la policrisis y la construcción de comunidades y ciudadanías que incorporan las nociones de la ecología política latinoamericana. 

Rosalía Shacain

🌱 Otro de los proyectos elegidos en el marco de la implementación en LATAM del proyecto anual Omega Resilience Awards (ORA), a cargo del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas, tiene lugar en un territorio de nacionalidad shuar de Pastaza, ubicado en la Amazonía de Ecuador. En este marco, trabajan con jóvenes de las 35 comunidades que están ubicadas en el territorio. Acompañamos este proyecto para potenciar el rumbo hacia la integración intercultural fundamental para garantizar los derechos humanos y ambientales para todas las comunidades. 

👥 Rosalía Shacain pertenece a la comunidad Tarimiat. Ella es líder comunitaria del grupo de Mujeres de Nacionalidad Shuar. Su proyecto está orientado a jóvenes de las comunidades del territorio pertenecientes a la nacionalidad Shuar de Pastaza, y propone talleres sobre diversos temas como defensa territorial, cambio climático, liderazgo y problemáticas actuales, todo esto para brindar a los jóvenes herramientas para generar cambios y poder llegar a espacios de toma de decisiones que son importantes hoy en día.

🌍 Los impactos de la policrisis afectan de manera desigual a las poblaciones más vulnerables, especialmente a aquellas del sur global, mujeres y comunidades originarias. Estas personas sienten en sus cuerpos y territorios las violencias y hostilidades que el modelo actual genera y aumenta constantemente. Para abordar esta problemática, es crucial promover en las juventudes la generación y fortalecimiento de lazos comunitarios con perspectivas locales y de derechos humanos.

Entrevista realizada a Rosalia durante el encuentro en Buenos Aires
Milei

Activistas encaran a emisario de Javier Milei, que busca apoyo del FMI y BM para dolarizar la economía argentina

Milei, “el gatito mimoso del poder económico” y negacionista del cambio climático, es plasmado en billete de protesta en Marruecos, donde se desarrolla el encuentro del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial

MARRAKECH, Marruecos, 12 de octubre de 2023.– Con un gran billete de 100 dólares que muestra al candidato presidencial Javier Milei como un “gatito mimoso del poder económico” y negacionista del cambio climático, ambientalistas argentinos y de otras partes del mundo protestaron en la sede donde se lleva a cabo las reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

Durante la reunión del Fondo en Marrakech, los ambientalistas presentaron una carta dirigida a su directora gerente, Kristalina Georgieva, expresando que “el FMI no puede ser condescendiente y avalar políticas económicas que impliquen un retroceso en materia ambiental”, donde condenaron el negacionismo climático de Milei y la postura pro-extractivista de los principales candidatos.

La carta ha sido firmada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), Avaaz, el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), Eco Asamblea Parque Camet, Regional AJÓ APDH, Comisión por el Agua, Taller de Comunicación Ambiental (Rosario), Ecologismo Popular Movimiento Evita Tucumán, Asamblea No a la Mina Esquel, Preservando Hudson, Organización Socio Ambiental Guardianes del Y’vera, Red Corrientes de Derechos Humanos, Fundación Arbolar, Espacio Vivo, Centro de Estudiantes de Terciarios y Tecnicaturas República Oriental del Uruguay (Cetprou), Mesa Provincial no a las Represas (Misiones – Argentina), Güerta y Energía, Conciencia Ecológica, Defensores del Pastizal, ASAMBLEA CIUDADANA AMBIENTAL GUALEGUAYCHÚ, Salvemos los Humedales Villa Constitución, Acción Consciente, Vecinos por Humedales del Río Uruguay.

CARTA-DE-LA-SOCIEDAD-CIVIL-ARGENTINA-A-KRISTALINA-GEORGIEVA-1Descarga

Milei, candidato de la Libertad Avanza, es representado en este foro financiero por el banquero Juan Ignacio Napoli, que asiste como presidente del Banco de Valores de Argentina y miembro del Consejo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; pero además lo hace como candidato a senador por el mismo partido político y que busca apoyo al proyecto de dolarizar la economía. 

El equipo de economía de Milei plantea que la dolarización es la puerta de salida a la histórica crisis económica que mantiene en deuda al país desde hace más de 70 años con el FMI, el BM y otras instituciones financieras. Sin embargo, esta decisión sería un duro golpe para el 40,1% de la población que ya vive en situación de pobreza y sus ideas generan preocupación en el Fondo.

“Las ideas de Milei van a contramano de lo que se está discutiendo en el mundo, en momentos en que incluso dentro del FMI, se discute la importancia de una reforma financiera internacional, la desdolarización, los canjes de deuda por acciones ambientales y la importancia de la integración de la economía con los Objetivos del Desarrollo Sustentable, el Acuerdo de París y el Marco Global para la Biodiversidad”, dijo Emilio Spataro, coordinador de políticas públicas de Avaaz en América Latina.

“En Argentina se presentan estas ideas como nuevas, pero son ideas que ya han fracasado en el pasado y que sólo dejaron más pobreza, inequidad y malestar social. Es preciso que el pueblo argentino aprenda de su pasado y no vuelva a repetirlo creyendo en promesas impulsadas por apostatas del dólar, que añoran volver a las épocas del consenso de Washington”, agregó Enrique Viale, presidente de la AAdeAA y el CAJE.

El dólar con el rostro de Milei, en vez del de George Washington, ha sido el emblema de las caravanas de campaña de “La Libertad Avanza”. El elemento central del dólar intervenido en Marrakech critica la campaña de dolarización del Milei, mostrándole como un “gatito mimoso de poder económico” tal cual fue definido en el primer debate presidencial, en vez de la imagen del león, qué él promueve.

Los ambientalistas agregaron en el billete elementos como las palabras “odio” y “oil” (petróleo en inglés), en vez de la palabra dólar, así como los mensajes “venta de órganos” y “privatizador de ríos” en referencias a dos controvertidas ideas del candidato. En un juego de palabras con las frases del billete también se lee “Milei: Reality Denier Of America” (en español: “Milei: el negacionista de la realidad de América”) y “The Dollar’s Boy” (“el muchacho del dólar”, traducido del inglés), jugando con el recuerdo de los Chicago Boys, la escuela de economistas neoliberales que predominaron en la década de los 90.

En el reverso del billete de protesta se puede leer la palabra “ODIO”, acusando a Milei de promover el odio y la división en la sociedad. Otros dos mensajes en el anverso del billete son: “Don’t fund climate deniers” (“No financien a los negacionistas del clima”) y “In Milei we can’t trust” (“En Milei no podemos confiar”) en lugar del célebre “In God we can trust” (en Dios podemos confiar, como dice en el billete original). En la parte inferior del billete también se puede leer: “No apoyes negacionistas”.

En los años 90 la ciencia alertó sobre los efectos del cambio climático y desde entonces, 192 países han ratificado sus esfuerzos para combatir los impactos del clima y por la pérdida de biodiversidad. Ambos temas forman parte de las grandes discusiones políticas en todos los foros internacionales. 

Las ideas negacionistas sobre la crisis climática por parte de Milei no comenzaron en los debates presidenciales. En 2021 aseguró que “el calentamiento global es otra de las mentiras del socialismo” y que lo que se busca es infundir miedo. Otra de las frases polémicas y muy repudiadas fue cuando Milei propuso privatizar los ríos para solucionar la contaminación. Recientemente, en el segundo debate presidencial, Milei reafirmó su visión negacionista del cambio climático al asegurar que “todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas y lo único que buscan esas políticas es recaudar fondos”. Además, Milei ha sido claro en que si gana la presidencia, no se adherirá a la Agenda 2030 ni respetará el acuerdo de París sobre el clima.

“La población argentina está viviendo en carne propia estos impactos ambientales y económicos de las sequías, que están produciendo bajas en las cosechas de soja, maíz y trigo. Tomar decisiones políticas desestimando los esfuerzos internacionales para combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, sólo provocarán más sudor y lágrimas al pueblo argentino, en especial en las poblaciones del interior”, agregó Martina Cortez, del movimiento Salus Terrae, de Santiago del Estero.

Cambio climático en Argentina: impactos ambientales y económicos

Argentina es uno de los pocos países que captura más carbono que el que genera, de acuerdo con recientes estudios de la NASA, lo cual demuestra que está contribuyendo a las metas climáticas para la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero. De hecho, los suelos argentinos almacenan el 2% de la reserva mundial de carbono. Sin embargo, la nación no está exenta de padecer las consecuencias del cambio climático global, que ya se evidencian en su economía. 

En el mes de agosto de este año, la Argentina enfrentó su peor ola de calor, con temperaturas superiores en 5 grados centígrados en comparación con el año anterior y superando a Europa, EE.UU. y China. Esto ha provocado una fuerte sequía que ya causó estragos en la economía, previamente dañada por la pandemia y luego por la guerra de Ucrania, que puso en riesgo el abasto de granos a nivel mundial. En la cosecha 2022/23, la producción de los tres principales cultivos de Argentina —soja, maíz y trigo— será 45% menor que el año anterior (cerca de 65 millones de toneladas). Este es el tercer año de sequía para la soja argentina y la de este año es la peor baja en 23 años. El costo de la sequía en el periodo 2022-2023 ascendió a US$ 14.140 millones. 

El titular de la Fundación Banco de Bosques y ex vicepresidente de Parques Nacionales, Emiliano Ezcurra, dijo: “Como octavo país más grande del mundo, la Argentina es un socio estratégico contra el cambio climático y la crisis de la biodiversidad. Es importante que  los programas del FMI incluyan la perspectiva de la conservación y ayuden a profundizar el compromiso de las autoridades con un fuerte rol ambiental que no es sólo bueno para el país sino que es gravitante para la humanidad”.

Y agregó: “Una Argentina que en el marco de sus ajustes productivos salga rápido hacia la transición energética, se libere de la deforestación y ofrezca cada vez más productos alimenticios sanos generados por Ia agricultura regenerativa, hará que la matriz productiva primaria sea más sólida y resiliente, aportando a cumplir las obligaciones financieras. De lo contrario, una Argentina vulnerable al cambio climático y en deterioro de su biodiversidad, siempre estará en dificultades financieras”.En noviembre de 2022, el Banco Mundial ya había recomendado a Argentina “crear un modelo de crecimiento inclusivo, resiliente y de bajas emisiones de carbono, adoptar un modelo de agricultura climáticamente inteligente, adaptar las políticas de apoyo social para incluir la transición hacia los empleos verdes. Y a inicios de octubre, Argentina presentó el plan para implementar el Acuerdo de Escazú reconociendo que el desarrollo del país no puede disociarse del cuidado del ambiente y que este esfuerzo representa “atraer más desarrollo, inclusión, equidad y más derechos“.

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El Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) distinguido en los Premios Democracia 2023

El Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) distinguido en los Premios Democracia 2023

Mar del Plata, 7 de agosto de 2023

En el marco de la 15° edición de los Premios Democracia, el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) fue distinguido por su destacada labor en la defensa y promoción de la justicia socioambiental y su compromiso con la democracia profunda. La ceremonia de distinción fue realizada en el Hotel Provincial de Mar del Plata, donde se destacó la importancia crucial de su labor en el contexto actual del avance de discursos negacionistas y meritocráticos.

Foto: Sandra Cartasso

Los premios son organizados desde 2009 por Caras y Caretas del Grupo Octubre. Galardonan a los argentinos y latinoamericanos que se destacan en sus valores humanitarios y democráticos y en la calidad de sus obras y actividades. El CAJE, una iniciativa respaldada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, trabaja para impulsar la defensa de la justicia social y ecológica en Argentina. Fue creado para encarar interdisciplinariamente a las múltiples crisis que afectan a la sociedad actual. Para eso el colectivo ha convocado a figuras clave en la protección de los bienes comunes y en la recuperación y profundización de las garantías de los derechos humanos y ambientales.

Su área de enfoque abarca desde las violaciones de derechos humanos y ambientales en el avance del litio o el diseño y construcción de transiciones socioecológicas integrales. La agenda de trabajo, en constante expansión, incluye también cuestiones relacionadas con el offshore de hidrocarburos, y los derechos de la naturaleza. En un contexto donde los efectos de las crisis son cada vez más graves, el CAJE aboga por la construcción de respuestas creativas y efectivas a las injusticias que la democracia todavía no ha posido saldar.

Además, destaca la importancia de pensar más allá de lo convencional para lograr la ecologización en la acción social y política. Esto implica un enfoque activo del diálogo social y político, especialmente desde las comunidades más afectadas por los extractivismos. La violación de los derechos humanos en proyectos hidroeléctricos en Chile ha sido reciente objeto de atención por parte del CAJE, que ha presentado quejas y buscado justicia en instancias internacionales.

Foto: Sandra Foto: Sandra Cartasso

Este premio reconoce los esfuerzos y la dedicación de CAJE en la protección del ambiente y la promoción de los valores democráticos. También destaca la relevancia del trabajo colectivo e institucional en un contexto de ataque hacia la validez de los mismos en Argentina. El compromiso con la justicia ecosocial se erige como un refugio de esperanza y acción en medio de los desafíos socioambientales que enfrenta la sociedad actual.

Aparte de la distinción en la categoría de Ambiente, las otras categorías de los Premios Democracia premiaron a las siguientes distinciones:

  • Artes visuales: Adriana Lestido
  • Ciencia y tecnología: Ana Franchi
  • Cine: Luis Machín
  • Deporte: Mara Gomez
  • Derechos Humanos y sociedad: ANDHES Abogados y abogadas del Noreste Argentino
  • Educación: Patricia Redondo
  • Literatura: Martín Kohan
  • Música: La Delio Valdez
  • Pensamiento argentino: Ricardo Aronskind
  • Teatro: Alejandra Flechner.

OTRA VEZ LOS BOSQUES DE CHACO EN PELIGRO: “AUDIENCIAS PÚBLICAS” QUE ATENTAN CONTRA BOSQUES NATIVOS

  Argentina – 28 de Septiembre, 2023

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) expresamos nuestro más enérgico repudio a la decisión del gobierno de Chaco de “adecuar” el mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia. Consideramos que esta convocatoria representa una nueva artimaña que socava los procedimientos técnicos, participativos y administrativos establecidos por la Ley 26.331 de Protección de Bosques Nativos.

La propuesta de ordenamiento territorial presentada por el Ministerio de Producción de Chaco en estas irregulares audiencias públicas viola flagrantemente los principios fundamentales de la Ley de Protección de Bosques Nativos y la Ley General de Ambiente. Esta propuesta no cumple con los procedimientos técnicos establecidos y el mapa resultante es regresivo, lo que significa que áreas de alto valor de conservación están siendo categorizadas como de bajo valor, permitiendo su desmonte total y favoreciendo al agronegocio.

Además, esta convocatoria no cumple con las condiciones requeridas para consultar a la población sobre asuntos ambientales, como lo establecen acuerdos internacionales a los que Argentina se ha comprometido, como lo es el Acuerdo de Escazú. La falta de información previa a la población sobre la materia a discutir y la elección de espacios que no son públicos y seguros para las audiencias públicas (insólitamente las audiencias públicas se llevarán a cabo en las sedes de las entidades empresariales del agronegocio que desmontan). 

Este proceso ilegal se lleva a cabo en el contexto de una actualización del ordenamiento territorial de los bosques nativos de Chaco que carece de sustento legal, y que desde sus inicios fue caracterizado por la violencia, discriminación y amenazas a defensores y defensoras ambientales. El intento previo del gobernador Capitanich de actualizar el ordenamiento por decreto requería la ratificación del Poder Legislativo, un paso que nunca se cumplió. Además, esta nueva actualización se promueve unilateralmente desde el Ministerio de Producción, excluyendo la participación del Ministerio de Ambiente, que junto al primero conforman el Consejo Provincial de Ambiente encargado de administrar los bosques del Chaco. 

Lo aquí expuesto hiere de muerte la transparencia, legitimidad y legalidad del proceso, convirtiéndolo en nulo de nulidad absoluta.

Por todas estas razones, exigimos la inmediata suspensión de esta convocatoria y llamamos al gobierno de Chaco a respetar las leyes que protegen los últimos bosques nativos de la provincia y del país. Es inaceptable que se permita el desmonte ilegal en una región que ha perdido más de 8.000.000 de hectáreas en los últimos 30 años, siendo Chaco la provincia que más deforestaciones tuvo el primer semestre de 2023 con 24.522  hectáreas de bosques nativos.  La dirigencia política del Chaco debe detener el saqueo de nuestros últimos pulmones verdes y refugios de flora y vida silvestre.

Estas son medidas realizadas al servicio del poder del agronegocio, que terminan siendo quien efectúa presión al estado para garantizar sus propios intereses, pero también con graves conflictos de intereses de algunos ex funcionarios de la provincia del área de bosques que durante su gestión avanzaron los desmontes en Chaco y ahora se sumaron al proceso en carácter de productores forestales y en representación de empresas tanineras ligadas al agronegocio. Instamos al gobernador Capitanich a tomar medidas coherentes y decididas en favor de la protección de los bosques nativos y de los derechos sociales y ambientales de la población. En un contexto de crisis climática y pérdida de biodiversidad, no hay margen para políticas ambiguas que permitan la expansión de la frontera agropecuaria sobre estos ecosistemas vitales.

Contacto de prensa AAdeAA/CAJE: 

Abg. Enrique Viale 1151207518

Abg. Lucas Micheloud 3413042305