Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, en conjunto con organizaciones de la región, lanzamos el Frente Parlamentario Global por los Derechos de la Naturaleza. Llevamos a cabo la propuesta lanzada en Glasgow, Escocia, durante la Conferencia de las Partes 26 y creamos una plataforma mundial de impulsores de Derechos de la Naturaleza. Personas independientes, parlamentarios, Diputados/as, Concejales y funcionarios públicos unen fuerzas para impulsar este paradigma no antropocéntrico.
Con base en las cosmovisiones de los pueblos indígenas que asumen que todas las comunidades humanas son parte de la Naturaleza, avanzamos en el marco jurídico y regulatorio que necesitamos para avanzar hacia una sociedad con justicia ecosocial. Todos los seres humanos y no humanos estamos interconectados e interrelacionados en una comunidad que necesita practicar la complementariedad, la reciprocidad y la cooperación para mantener el equilibrio dinámico de la Naturaleza.
“Promover la elaboración y ejecución de políticas pu´blicas, programas, presupuestos y proyectos que contribuyan al avance efectivo de los Derechos de la Naturaleza.”
Propuesta del Frente Parlamentario Global por los Derechos de la Naturaleza
Los Derechos de la Naturaleza son un proceso en construcción que se nutre de los saberes ancestrales indígenas y de otras comunidades tradicionales, y de corrientes científicas, éticas y jurídicas para forjar una visión alternativa frente a la crisis sistémica de la comunidad de la Tierra.
Declaración del Frente Parlamentario Global por los Derechos de la Naturaleza:
Los derechos inherentes de la Madre Tierra son inalienables en tanto derivan de la misma fuente de existencia. Así como los seres humanos tienen derechos humanos, todos los demás seres de la Madre Tierra también tienen derechos, que son específicos a su condición y apropiados para su rol y función dentro de las comunidades en las cuales existen.
Conferencia de prensa desde la Amazonía del Tribunal Internacional de los #DerechosDeLaNaturaleza.
La defensa de las cosmovisiones, la cultura y el territorio de los pueblos tradicionales y comunidades locales deben ir de la mano con la ciencia, la ética y el propio concepto de los Derechos de la Naturaleza, adoptándolos como el norte de la concepción e interpretación de este nuevo paradigma como propuesta alternativa.
Organizaciones que integran el Frente Parlamentario Global por los Derechos de la Naturaleza
El fuego en el Delta, como fue en Corrientes hace algunos meses, o en el Paraná medio también, expresa la falta de gestión democrática y participativa de la cuenca del Plata y la profundización de un modelo productivo depredador y degradante.
La constitución del comité de cuenca en el río más importante del país, proveedor de la vida, todas ellas, de la diversidad de sus reinos, que tenga la capacidad de análisis transversal y sinérgico sobre la gravedad de la crisis climática y de falta de gestión con visión de cuenca, es urgente, inapelable, vital. Su inexistencia, luego de tantas historias de cuenca, varias de ellas claramente expuestas y resueltas en Sentencias del máximo Tribunal del País, resulta de una impunidad tal, que no podemos dejar de sorprendernos con declaraciones, sin lugar a dudas justas, razonables y hasta necesarias, pero aún parciales y con foco en la coyuntura, como las expuestas por Pablo Javkin, intendente de Rosario. (1)
Si el Jefe de Gabinete de la nación, como el ministro de Ambiente, no asumen las responsabilidades que les atribuye la ley de adaptación al cambio climático, si no se conforma el comité de Cuenca, si los dueños de la “hidrovía” y por lo tanto del río, siguen hiriendo su memoria milenaria y su régimen hídrico, si los proyectos faraónicos de las corporaciones del agronegocio es la salida económica del Cono Sur y por lo tanto del País, podemos ir compartiendo con nuestros pueblos, que nos hemos rendido, que el agua se va a ir acabando, que la diversidad biológica y cultural de nuestros pueblos serán aún más simplificada y humillada en la imagen pulida e imperial expuesta groseramente en la bandera del poroto de soja del grupo Syngenta (2).
La Constitución Nacional y las provinciales, como los tratados ambientales y de derechos humanos que hemos firmado, así la realidad de gestión política de la cuenca del río Paraná en el tramo argentino, están siendo ya, solo un cuento. La realidad que los fuegos enseñan, es que el poder político vigente nos confirma que somos una zona de sacrificio, un territorio de exclusión y excluidos.
Mientras el país se seguirá incendiando y casi sin agua, la política se agarra a trompadas en el Luna Park de los ombligos preelectorales personales, degradada, donde no existe una sola voluntad, en semejante escenario de pobreza, injusticia social y ecológica, de intentar delinear un borrador de agenda mínima de unidad nacional, es decir, una crisis política que nos está llevando a cualquier lado, sin contrato social respetado. Una Multipartidaria ampliada a los movimientos sociales y ambientales, sería una posibilidad, pero parece, así la realidad, impensado.
Los incendios exponen las únicas grietas, la de los humedales inexistentes, agrietados por el saqueo organizado y un proyecto de Ley para su protección, fraudulento y feudal, recientemente acordado en el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). Sistema de humedales “gestionado” por un Fiscal de Estado, me refiero a Julio Rodríguez Signes, privatizador de las tierras públicas del Delta (2012, Entre Ríos) intento frustrado por la luminosa reacción de las organizaciones socio-ambientales, particularmente rosarinas, dato no menor. Ahora, diez años después, este mismo funcionario es el responsable político en los escenarios dantescos de la intentona de profundización y ampliación de la hidrovía en el río Paraná además de vocero de gobierno frente a semejantes escenarios, algo así como un super ministro paralelo. Con estos “ejemplos”, los incendios serán lo que son y mucho más, tan, pero tan dramática como infelizmente para los pueblos y sus ecosistemas.
Desde la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas (3) propusimos hace casi dos años, frente a este dramático escenario, un cambio y transito urgente hacia la constitución del Comité de Cuenca. Nada, vacío, silencio total, el delta se incendia, la política de gestión de nuestros ríos y sistema de humedales, también.
Es tiempo de Justicia Federal. Los tiempos de la naturaleza y sus humedales, sus gentes, exponen “los gritos de la tierra”, la nuestra, la única que pasajeramente transitamos, la de Leonardo Boff. Que se haga cargo, asuma su responsabilidad mayor, frente a la inexistencia de política de gestión de cuenca y democracia ambiental en el río Paraná y sus ecosistemas asociados.
(*) Jorge Daneri es Miembro de la Unidad de Vinculación Ecologista, Fundación La Hendija, Paraná y de la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas.
Ante la decisión en torno a lograr la anulación del Código Urbano Ambiental aprobado ilegalmente.
Desde la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas celebramos la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que suspende la vigencia del Código Urbano Ambiental de San Nicolás en todos los capítulos referentes a la reserva natural Parque Rafael de Aguiar, Isla Ballesteros, sector barrancas del Parque y costa del Arroyo Ramallo.
La acción judicial presentada ante la Corte tiene como finalidad lograr la anulación del Código Urbano Ambiental aprobado ilegalmente mediante ordenanza 9949/19. La ilegalidad denunciada radica en que se aprobó mediante una maniobra fraudulenta destinada a impedir la adecuada participación ciudadana. Además, las organizaciones socioambientales cuestionan el carácter regresivo del Código que quitó la protección y el estatus de conservación con el que contaba el Parque Aguiar y las islas de San Nicolás.
La decisión pre cautelar fue tomada en el marco de una acción de inconstitucionalidad presentada por el Foro Ambiental de San Nicolás -FOMEA- que contó además con la presentación como “amicus curiae“ de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales -FARN- y un grupo de científicos locales especialistas en biología, arqueología y paleontología. Manifestamos nuestra solidaridad y felicitaciones hacia las organizaciones ambientales que impulsan la causa judicial ambiental y éste primer resultado de relevancia jurídica e institucional.
Se cuestionó al municipio local por una visión especulativa de promoción inmobiliaria sobre los espacios públicos de valor ambiental. La decisión de la Corte recae sobre las zonas donde se realizan obras muy cuestionadas como el terraplén camino de la isla Ballesteros, el paseo costero sobre la barranca del Parque donde el municipio pretende construir una avenida, expulsando vecinos e instituciones sociales y deportivas. Incluso la medida cautelar recae también en el sector donde el municipio anunció la construcción de un balneario en el Arroyo Ramallo, lugar que de ninguna manera es apto para tal fin y que, una vez más, las autoridades locales avanzan sin convocar a audiencias públicas como los otros mecanismos vigentes de la democracia ambiental.
La Suprema Corte además intimó a la Municipalidad de San Nicolás a dar respuesta a una serie de requisitos que evidencian la preocupación de los Ministros sobre las irregularidades cometidas por los funcionarios públicos locales en la sanción del Código. Este primer gran avance indica que la impugnación realizada por los vecinos/as de la ciudad tiene fundamentos serios, razonables y ajustados a la normativa vigente, demostrando en esta etapa inicial del proceso judicial que las autoridades del Ejecutivo Municipal y los Concejales que votaron favorablemente el Código impugnado tuvieron un comportamiento ilegal dado que no cumplieron con las leyes que regulan el proceso de aprobación de este tipo de ordenanzas, fundamentalmente no cumplieron con la garantía de Participación Ciudadana mediante la celebración previa de Audiencias Públicas.
El objetivo del Foro Medio Ambiental con el impulso de esta acción judicial es la protección del patrimonio natural de San Nicolás y afianzar la democracia participativa que la legislación establece en materia ambiental.
Contactos de prensa: Fabián Maggi 0341-3720859 Maria Gimena Viviani 0336 – 4203844 Argentina – 15 de Julio 2022
Desde el COFEMA impulsan una ley regresiva que desprotege los humedales
Tras una reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), en la que participó el Ministerio de Ambiente de la Nación, se elevó un nuevo proyecto de Ley de Humedales que será remitido en los próximos días al Congreso de la Nación.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas denunciamos este proyecto de COFEMA como parte del mismo lobby extractivista que desde hace 10 años atenta contra cualquier posibilidad de que una verdadera Ley de Humedales sea sancionada por el Congreso Nacional. Este proyecto oficial es manifiestamente regresivo y afianzará la degradación y retroceso de los humedales en nuestro país, aparentando su protección.
En comparación al proyecto de ley apoyado por más de 300 organizaciones, asambleas, multisectoriales, especialistas y científicos (presentado por el diputado Leonardo Grosso) la iniciativa del COFEMA elimina al menos 25 artículos. La supresión comprende elementos vitales para el diseño de una política federal para proteger integralmente los humedales en el territorio nacional, avalando una visión meramente instrumental de estos ecosistemas, sin control alguno por parte del Estado; altera sutil aunque gravemente la definición de humedal, suprime otras definiciones estratégicas, eliminando principios, conceptos, objetivos de protección, funciones y deberes de la autoridad nacional de aplicación y conductas prohibidas y aniquila el Inventario Nacional de Humedales, entre otros arbitrarios retrocesos.
Este proyecto del COFEMA tiene el lamentable objetivo de bloquear el proyecto que impulsa la sociedad civil, como ocurrió en el año 2010 con la Ley de Glaciares donde los sectores mineros impulsaron -infructuosamente- un proyecto de Ley de Glaciares que los desprotegía.
Así llevamos 10 años de brutales embestidas de los lobbies de la agroindustria, la gran minería y la especulación inmobiliaria que no quieren ninguna regulación, por más mínima que sea, sobre estos ecosistemas vitales.
El proyecto, consensuado por la sociedad civil, fue ingresado por cuarta vez el pasado 2 de marzo, contando con la firma de más de 15 diputados/as. Sin embargo, insólitamente (no recordamos antecedente alguno), el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a 4 meses de su presentación (trámite que tarda unos días), no le ha asignado los giros a las comisiones correspondientes dejando el proyecto en un limbo que no permite tratamiento alguno.
A continuación, sintetizamos los principales cuestionamientos que realizamos al proyecto impulsado por COFEMA:
Modifica sutil pero gravemente la definición de humedal reduciendo el ámbito de aplicación de la ley y los ecosistemas que protege;
Suprimen la definición de expresiones como “uso racional”, “integridad ecológica”, “Evaluación de Impacto Estratégica” y “Evaluación de Impacto Ambiental”, “Preservación” y “Enfoque ecohidrogeomórifico” (la palabra “racional”, no existe en el proyecto de COFEMA, en contraste con la mención en 29 ocasiones en el otro proyecto)
Pervierte los objetivos de la ley, desechando 9 de ellos, distorsionando los alcances de protección y des-responsabilizando al estado mediante el uso de verbos en modo potencial;
Elimina directamente todas las funciones de la autoridad nacional de aplicación, desmereciendo cualquier intervención basada en la coordinación interjurisdiccional liderada por una autoridad federal;
Suprime plazos para que, tras la sanción de la Ley Nacional, las provincias deban elaborar un Ordenamiento Ambiental Territorial que incorpore a los humedales en sus territorios;
Elimina 11 principios y conceptos esenciales para la gestión de la política racional y sostenible de los humedales.
Insólitamente, destruye la noción de Inventario Nacional de Humedales al considerarlo facultativo y no como un deber del Estado, lo que implica una sentencia muerte legal para los humedales, antes siquiera de ser reconocidos como tal. También elimina plazos, las escalas de protección y el deber de actualización.
Quita la moratoria, siendo ello una violación directa de los principios preventivo y precautorio, que son la columna vertebral en materia ambiental.
Excluye a los pueblos indígenas y a la agricultura familiar del Programa Nacional de Conservación de Humedales.
Restringe inconstitucionalmente el derecho de acceso a la información pública
Elimina las prohibiciones a las conductas que afectan, alteran, disminuyen, o degradan los humedales de nuestro país.
Contactos de prensa: Dr. Rafael Colombo +5493426144658 Alejo di Risio +5491123904594 Argentina – 14 de Julio 2022
Ante la escandalosa situación en Ramallo y la cuenca del Río Paraná
8 de Julio, 2022
“La Asociación Civil “Unidos por la Vida y el Ambiente” -UPVA- y la “Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas” interpusieron una Acción de Amparo Ambiental contra el Estado Nacional para que la justicia federal suspenda las obras de dragados ejecutadas y por ejecutarse en los pasos críticos de la Hidrovía Paraná Paraguay, especialmente en el denominado “Paso Las Hermanas y Paso abajo las Hermanas”, frente a la localidad de Ramallo (Pcia. de Buenos Aires).
“Resulta injustificable, y absolutamente contrario a derecho, realizar obras de estas características frente a la enorme crisis ecológica, climática e hídrica que atraviesa la cuenca de agua dulce más importante de nuestro país, sin contar con una Evaluación Ambiental Estratégica del mal llamado proyecto Hidrovía en el tramo Argentino de la cuenca”.
Enrique Viale, firmante de la acción en carácter de Presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA).
Las organizaciones afirman que estas obras deben suspenderse urgentemente por ejecutarse sin la realización previa, oportuna y participativa de los estudios de impacto ambiental, conforme el procedimiento legal obligatorio, de toda iniciativa de cambio de trazas en pasos críticos del río Paraná, profundizaciones del calado, sobre-dragados y ensanchamientos del cauce de navegación. Por tal razón, solicitaron preventivamente una medida cautelar que ordene al estado Nacional, suspender toda intervención ingenieril y artificial de estas características sin Estudio de Impacto Ambiental puntual, hasta tanto se dicte sentencia conforme lo peticionado.
Los detalles de la causa y la falta de control sobre el proyecto
Los abogados patrocinantes de ambas organizaciones, Jorge Daneri, Lucas Micheloud y Fabian Maggi, sostienen que la presente acción es la traducción judicial de un conflicto socioambiental que lleva décadas y está caracterizado por la desambientalizacion y falta de controles estatales que tiene el proyecto de la Hidrovía.
Los cambios globales concretados en el río Paraná en las últimas décadas por el proyecto de la Hidrovía, en conjunto con los impactos climáticos e hidrológicos están desestabilizando todo el sistema de humedales, sitios de valor paleontológico y sus ecosistemas asociados en la región de la cuenca, pero también a las comunidades ribereñas, frente al acceso al agua de forma segura y adecuada.
Suspensión de obras de dragado
En razón del cambio de traza realizado frente a Ramallo, ambas organizaciones solicitaron a la Justicia, disponga que no se concreten más este tipo de intervenciones en el río y sus valles de inundación, como cauce principal, sin cumplir con la aplicación y cumplimiento de las herramientas básicas de la democracia ambiental expuestas. A su vez, denunciaron que la auditoría contratada por la Administración General de Puertos a la empresa SERMAN S.A. no reviste la categoría de Estudio de Impacto Ambiental ni tiene una Declaración de Impacto Ambiental, además de representar un grave conflicto de interés.
Finalmente frente a la inexistente perspectiva de cuencas del proyecto HPP y la escandalosa mercantilización realizada sobre el río Paraná y sus reinos de vida que hace el complejo agroportuario y el sistema de navegación comercial, las organizaciones amparistas solicitaron a la Justicia Federal que adopte la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en casos de gestión democrática de cuenca, y disponga en el marco de la licitación internacional en curso, un plazo preciso para que el Estado Nacional en conjunto con las provincias y con la debida participación ciudadana, conformen el “Comité de Cuenca del río Paraná”, la mayor deuda de la democracia ambiental aún incumplida, en el mayor río de la República.
En un proceso de continuidad con “Historias de agua y ecología política”, el libro Otros territoRios posibles” intenta profundizar en el ejercicio de sistematización, organización y rescate, como una provocación hacia de reencantamiento de narraciones, ensayos de visiones desde la ecología social y política sobre hechos del aquí y ahora que se sucedían en los momentos territoriales y sociales concretos, sinérgicos en cada artículo.
Se presentan análisis e investigaciones publicadas durante los últimos dos años, con algunas excepciones que navegan en tiempos más lejanos.
En gran medida se transitan los tiempos del último año de la gestión neoliberal en la Argentina liderada por la alianza “Cambiemos” y el inicio de un nuevo gobierno Justicialista en la escala nacional y la consolidación del mismo color político –mas allá de algunos matices- en la tierra de los grandes ríos y la cuenca Del Plata toda, con algunas excepciones, como Corrientes y Jujuy.
Es una transición de renovación de eco-esperanzas básicas, mínimas, casi vitales. Es un transitar también la decepción y compartir los renacimientos políticos en algunos actores de la nueva gestión nacional. Y así retorna con la pandemia marcándonos a fuego en el alma y el Delta, el país biodiverso todo, el más de lo mismo militando de un lado y otro de la maldita grieta política partidaria. Los artículos van compartiendo hechos puntuales, sobre discursos mas generales, el devenir político observado, resistido desde un pensamiento crítico enraizado en la ecología política y social del pensamiento ambiental latinoamericano.
Sobre el autor
Jorge Daneri: nació en Paraná en 1961. Abogado especializado en Derecho Ambiental.
Fue Director de Promoción Social de la Provincia de Entre Ríos, Concejal de la ciudad de Paraná. Miembro del Gabinete Político de la Secretaría de Ambiente de Argentina, (año 2000).
Activista social y ecologista, integró la coordinación de la Coalición Ríos Vivos, Cuenca del Plata (Mayo 1998, a Noviembre 2005).
Coordinador de la Alianza Sistema de Humedales Paraguay Paraná (Diciembre 2007-Diciembre 2017).
Fundador e integrante del Foro Ecologista de Paraná, la Fundación M´Biguá, Ciudadanía y Justicia Ambiental. Coordinador del equipo de asesores del frente político Partido Socialista-Coalición Cívica en Entre Ríos en el proceso de Reforma de la Constitución Provincial durante el año 2008. Sus tiempos los dedica a estudiar y escribir artículos sobre las temáticas que se sistematizan en el presente libro, al litigio ambiental estratégico, asesoramiento de organizaciones y abogados ecologistas de la región de los grandes ríos. En la actualidad integra el equipo de la Unidad de Vinculación Ecologista (UVE) de la Fundación La Hendija, Paraná, la Asociación Argentina de Abogados/As Ambientalistas y Encuentro Verde por Argentina (EVA).
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La ilustración de tapa, cuya autoría es de María Alicia Flores, fue creada en el marco de activismos desarrollados en 2020 por la agrupación Multisectorial por los Humedales Paraná, nacida a raíz de los devastadores incendios ocurridos en los Humedales del Río Paraná. La multisectorial está conformada por autoconvocadxs, que sin otro interés que la defensa y cuidado de la vida, nos movilizamos denunciando este modelo de desarrollo que depreda las culturas y ecosistemas de los cuales depende la existencia en la Tierra. Esta ilustración busca transmitir que somos una parte indivisible de la vasta totalidad que es la naturaleza. Sólo si podemos comprender esto y entender que compartimos casa con las otras especies seremos capaces de superar las actuales dificultades medioambientales, apelando al cuidado, el amor y la ternura hacia el planeta y sus integrantes.
Somos humedales Somos una sola naturaleza Somos la semilla de la transformación colectiva
Si pudiéramos dibujar o escribir en el río, leyendo sus saberes, quizás podríamos comprender lo impensado de sus decires, reflexiones, pedidos. De sus gritos también. Si el agua fuera papel accesible a los niños, los poetas, o si los pájaros cantaran sus amores o refugios.
Dibujar en el agua ¿no?, para dialogar con ella interpretando sus canciones, escuchando sus reinos de vidas, contemplando su sabiduría de naturaleza viva y muerta. Asesinadas en el altar del mercado global, que nunca equivoca a su condenado mundo en sexta extinción. O al revés, por qué no, si la dejáramos escribir y dibujar a ella, liberarse en la explosión de su sabiduría.
Si el agua pudiera en la caricia de su textura de superficies, manifestarnos la alucinante verdad de sus historias, de otros tiempos perdidos, en la memoria de esta especie soberbia y delirante, seguramente serían como conciertos maravillosos. Y los más grandes clásicos de aquella música, quedarían mudos frente a los sonidos liberados de esos mundos enmudecidos, desconocidos e impensados. Así negados, rechazados, violados, sistemática y perversamente masacrados.
Si el poeta en su texto, como el músico en su partitura, pudieran en esa escultura suave de río, agua narrada por ellas; interpretar y traducir al lenguaje humano sus verdades, la música sería grito genial y la palabra condena, un acto inapelable, impostergable.
La llegada de Gustavo Petro y Francia Márquez a la presidencia colombiana puede marcar un punto de inflexión en la región. Nunca hubo en América Latina un presidente electo que apostara abiertamente a un progresismo ambiental. Los desafíos de la transición ecosocial en la renovación política de Colombia.
Por Maristella Svampa y Enrique Viale paraEl Diario Ar
“Paz, Justicia Social, Justicia Ambiental y liderar el Diálogo con los progresismos de América Latina, sin exclusiones, para dejar los fósiles, cambiar el rumbo para salvar a la humanidad…”
“Le hablo al mundo queremos que desde la diplomacia Colombia se coloque al frente de la lucha contra el Cambio Climático”
“Necesitamos transitar de la vieja economía extractivista, que mata el agua y la vida, a una economía colaborativa en armonía con el ambiente…”
Estas son algunos de las numerosas menciones al extractivismo y a la problemática socioambiental de parte del flamante presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, en su discurso de victoria, pronunciado ante un una multitud exultante el domingo pasado. Petro no es un recién llegado ni a la política colombiana ni al ambientalismo. Ex alcalde de Bogotá, varias veces candidato a presidente, su llegada parecía imposible en un país atravesado por la violencia política y caracterizado por alternar de modo recurrente gobiernos conservadores con gobiernos ultraliberales, o ambas cosas.
La vicepresidencia de Colombia Francia Márquez EFE/ Carlos Ortega
Pese a la existencia de poderosas organizaciones y movimientos sociales (campesinos, antiextractivistas, juveniles, antirracistas, urbanos y feministas, movimientos de paz y de derechos humanos) que se han venido manifestando de modo muy visible y masivo en las calles en los últimos años, Colombia nunca antes tuvo la oportunidad histórica de vivir su “momento progresista”. Pero no hay que engañarse. Petro no propone ser un gobierno progresista más, tal como está sucediendo con Andrés Manuel López Obrador en México, marcado por un progresismo que se cree inaugural, que nunca se refiere a la historia reciente de la región, o como ocurre con los actuales progresismos débiles de Argentina y de Bolivia, que persisten en su ceguera extractivista y no debaten ni siquiera en términos de modelo de desarrollo. Todo lo contrario: “Al progresismo latinoamericano le propongo dejar de pensar la justicia social, la redistribución de la riqueza y el futuro sostenible sobre la base del petróleo, el carbón y el gas”, dijo también en su discurso como presidente electo.
No es tampoco la primera vez que Petro interpela y desafía a los progresismos fósiles. En 2018, en el “Foro de Pensamiento Crítico” de Clacso, realizado en Buenos Aires, fue la única voz crítica que desde la clase política instó a pensar el desafío ambiental y en contra de los extractivismos, ante el consignismo ruidoso y autocomplaciente que marcaría el encuentro, del cual participaron Cristina Fernández de Kirchner, Dilma Roussef y Alvaro García Linera, entre otros.
Gustavo Petro y Francia Márquez, presidente y vicepresidenta electos en Colombia
“Vamos por los derechos de la Madre Tierra. A cuidar nuestra casa grande y cuidar la biodiversidad”, dijo también en esa misma noche la vicepresidenta electa Francia Márquez, una reconocida lideresa ambiental en defensa de los territorios de la Colombia profunda.
Francia, quien desde hace veinticinco años viene luchando contra el racismo estructural y por la defensa de la tierra y el territorio, es originaria del Cauca, una región en disputa por el avance de los extractivismos y el conflicto armado. En 2015 obtuvo el premio nacional de la defensa de los derechos humanos en Colombia, y en el año 2018, fue distinguida con el prestigioso premio Goldman, conocido a nivel internacional como el Nobel ambiental.
Francia sufrió varias amenazas de muerte y un atentado, en el país más letal del mundo para los y las defensoras de la Naturaleza. Aunque acá en Argentina algunos defensores del progresismo fósil sigan hablando de “ambientalismo bobo” o “falopa”, y sean indiferentes a la estrecha asociación que hay entre extractivismo y violencia, entre extractivismo y ausencia de democracia, los datos son incontestables. América Latina es la región del mundo donde se asesinan más activistas ambientales. En 2020, último año de registro de Global Witness 227 activistas por la tierra y el ambiente fueron asesinados, la peor cifra desde que se tiene registro. Colombia volvió a ser el país con más ataques registrados, con 65 defensores asesinados. Todavía resuena el horrendo asesinato en Brasil de Bruno Pereira y Don Phillips, ambos defensores de la Amazonía, una de las fronteras de muerte en la región.
En 2020, Francia Márquez, quien siempre se ha ocupado de ampliar los horizontes de lucha, se recibió de abogada en la Universidad de Cali y fue presidenta del Consejo Nacional de Paz y Convivencia en el año 2020, donde se ocupó del seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de paz.
La transición es de una economía de la muerte a una economía de la vida
Gustavo Petro
Hemos dicho acá que Gustavo Petro declaró durante la campaña presidencial que “La transición es de una economía de la muerte a una economía de la vida… No podemos aceptar que la riqueza y las divisas en Colombia provengan de la exportación de 3 venenos para la humanidad: Petróleo, Carbón y Cocaína”. En esta línea se destaca el programa de gobierno del Pacto Histórico, una propuesta de transición denominada “Colombia Sin Fósiles” que contempla:
“Un desescalamiento gradual de la dependencia económica del petróleo y del carbón.”
“Se prohibirá la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, se detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos.”
Se destinará “la extracción de las reservas actuales de combustibles fósiles (…) al consumo interno bajo criterios técnicos y socioeconómicos que permitan una mayor eficiencia en su uso y una mayor tasa de retorno energético”.[1]
La propuesta de Transición gradual y justa contempla suficientes salvaguardas a los sectores económicos y laborales que dependen hoy en día de la extracción de combustibles fósiles (el 35% de las exportaciones de Colombia). Implica no solo cambios en la matriz energética, sino también la oportunidad para impulsar la diversificación y desconcentración económica de Colombia. Y sería un verdadero ejemplo para la región y el mundo en la experimentación de nuevos caminos, al proponer dejar los combustibles fósiles en el subsuelo.
Al otro lado del miedo está el país que soñamos
El debate acerca de la transición ecosocial y más específicamente sobre la transición energética, aparece muy poco en los discursos de los progresismos existentes. Seguimos siendo hablados por el Norte, mientras avanza el colonialismo energético de la mano de una transición corporativa (como en el llamado Triángulo del Litio o en la tala indiscriminada de madera de balsa en Ecuador para la industria eólica), o mientras los gobiernos del sur compiten entre sí para obtener contratos internacionales para la producción y exportación de hidrógeno, el nuevo Eldorado a escala global, sin tener en cuenta la cuestión de la soberanía energética (en un mundo en crisis energética y rumbo a una desglobalización) ni la licencia social (frente a la destrucción de territorios y criminalización creciente de las poblaciones que resisten a los megaproyectos), ni los impactos locales (nuevamente América Latina es zona de sacrificio, ahora en nombre de la transición energética del norte).
En su largo discurso de victoria, Petro propuso un diálogo americano que contempla dos ejes: uno, el de la relación Norte/Sur, con Estados Unidos; otro, hacia adentro, hacia América Latina; en ambos casos para sentar las bases de una “transición energética” ante los estragos causados por el cambio climático. Claves necesarias de una transición sostenible, que habrá que pensar desde los ejes de la justicia ambiental, la deuda ecológica y la integración regional, en sintonía con las propuestas del “Pacto Ecosocial del Sur” del que formamos parte.
El caso es que la sinergia de ambos discursos, el de Petro y el de Francia, pueden marcar un punto de inflexión en la región. Nunca hubo en América Latina un presidente electo que apostara abiertamente a un progresismo ambiental. Nunca hubo una vicepresidente que encarnara ella misma la apuesta a la interseccionalidad: mujer, de origen popular, afro, antiracista, ecologista y feminista. Por eso la victoria de este binomio plurinacional que apuesta a la “economía de la vida” y a “la vida sabrosa” genera hoy tantas expectativas. Una militante muy joven de Colombia, exiliada y amenazada de muerte por defender su territorio del avance del fracking, nos escribió emocionada: “les enviamos todo el amor que nos está invadiendo, somos niños crecidos en medio de miedo y violencia, pero hoy vemos un nuevo amanecer y hay que mirar al sol”
La victoria colombiana viene a oxigenar una política latinoamericana caracterizada por las repeticiones y la ausencia de visiones políticas renovadoras, visible en los progresismos refractarios, que como en Argentina, Bolivia y muy probablemente Brasil –si Lula triunfara en las próximas elecciones-, no se interesan por abrir la agenda socioambiental ni discutir una Transición Justa, y consecuentemente, reducen de manera significativa los horizontes de la democracia y de la vida digna y sostenible. Es cierto que podría decirse que Petro no estará solo, pues Chile con Boric y la alianza que lo llevó al gobierno, también muestra una renovación política desde la izquierda. Ambas gestiones representan la esperanza de un “progresismo de segunda generación” en América Latina, donde democracia y problemática socioambiental puedan por fin expresarse transversalmente en el programa de gobierno y no solamente como compartimento estanco.
“Es cierto que podría decirse que Petro no estará solo, pues Chile con Boric y la alianza que lo llevó al gobierno, también muestra una renovación política desde la izquierda.”
Justamente la semana pasada el gobierno chileno anunció, como parte de la “transición socioecológica justa”, contenida en la promesa electoral, el cierre definitivo de la fundición de Ventanas que “se realizará mediante un proceso gradual y responsable junto a la población y las y los trabajadores” y asegurando que “ningún trabajador quedará desamparado producto de esta decisión”. Ventanas es una fundidora, perteneciente a la empresa estatal Codelco, denunciada hace décadas por sus altísimos niveles de contaminación, es por ello que “esta decisión se ha tomado considerando los recurrentes casos de intoxicación que ha habido en la zona, los constantes cierres temporales de escuelas, los niños y niñas enfermas, y la saturación medioambiental de la zona”. Ventanas se encuentra en el polo industrial más contaminado del país, cerca de Valparaíso, donde en 1964 comenzó a funcionar la primera fundición y refinería de cobre de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI). En 2016, cuando visitamos la zona, el parque industrial albergaba más de 17 empresas entre las que se destacan siete termoeléctricas a carbón, una refinería y una fundición de cobre, tres empresas relacionadas a la distribución de hidrocarburos, dos empresas almacenadoras de químicos, tres empresas distribuidoras de gas. Ahí nació la agrupación Mujeres de Zonas de Sacrificioen Resistencia de Puchuncaví-Quintero, que ha realizado un trabajo enorme de desnaturalización de la contaminación, denunciando la injusticia ambiental y los impactos sobre la salud.
En suma, ojalá este resultado electoral en Colombia abra una nueva etapa en ese país y para toda la región. Nadie dice que será fácil, pues los desafíos políticos y sociales son enormes y complejísimos. El marco de las alianzas establecidas por Petro a nivel nacional (la presencia de maquinarias y figuras políticas tradicionales), la posibilidad de apertura de nuevos espacios regionales de integración en clave de progresismos de nueva generación (crisis climática y transición justa), las relaciones con el Norte (muy particularmente con Estados Unidos), tensarán al nuevo gobierno e irán definiendo su rumbo en esos varios andariveles. Y sin dudas el programa de transición ecosocial es el desafío más complicado, tanto por razones políticas como económico-productivas, que tendrá el nuevo gobierno. Además, dado que Petro tiene un horizonte de solo cuatro años en el poder (no hay reelección en Colombia), en el mejor de los casos sentará las bases para el futuro y lograr extender la discusión sobre el modelo de desarrollo al conjunto de la sociedad colombiana y de América Latina.
Pero algo nuevo se viene forjando, al calor de grandes movilizaciones sociales. Petro y Francia aparecen como la poderosa encarnación de un nuevo binomio disrruptivo y plurinacional que esta vez integra la cuestión socioambiental transversalmente en sus políticas y narrativas. No sólo tienen “conciencia ambiental”, son también decididos militantes con una trayectoria ambientalista y de defensa de los territorios. Vienen a desafiar al “neodesarrollismo” de la región porque cuestionan directamente las bases ideológicas del extractivismo (aún para redistribuir) y desnudan así la verdadera grieta: seguir con las recetas del pasado o apostar por un futuro igualitario e inclusivo, social y ecológico.
Ante la confusión y desinformación circulando con respecto a offshore en Argentina aclaramos
La resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata implica que la suspensión del proyecto offshore se mantiene y se imponen importantes y complejos condicionantes.
El Estado Nacional DEBERÁ DICTAR UNA NUEVA Declaración de Impacto Ambiental de la ya dictada, e integrada con los estudios referidos a posibles impactos acumulativos, y que reúna los siguientes recaudos:
1) Luego de otorgar la necesaria participación de la Administración de Parques Nacionales para que cumpla el rol encomendado por las leyes 22.351 y 23.094, deberá evaluarse y valorarse su opinión o dictamen, tomándose entonces las medidas que correspondan en consecuencia.
2) Deberán valorarse, también, las intervenciones participativas organizadas a nivel municipal (audiencia pública consultiva de fecha 30 de mayo de 2022), y nacional (consulta popular que culminó el 19 de mayo de 2022) sobre offshore en Argentina.
3) Deberá incluirse al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el control y fiscalización del cumplimiento de la DIA y su correspondiente Plan de Gestión Ambiental.
4) Las indicaciones de la DIA a dictarse, deberán ser emitidas asertivamente, y no en modo potencial o condicional.
Todo esto ratifica nuestros argumentos y reclamos sobre las irregularidades cometidas en el estudio de impacto ambiental correspondiente, las violaciones a la legislación ambiental y climática vigente y los vicios sistemáticos en el procedimiento administrativo.
Este tipo de accionar es característico de estos megaproyectos que carecen de licencia social y deben proceder avasallando la legislación y jurisprudencia vigente.
Asociación Argentina de Abogados/as ambientalistas – 7 de Junio de 2022
Desde Homún, Yucatán, México, pueblo maya que ha logrado la suspensión de operaciones de una mega fábrica de 49 mil cerdos, comunidades indígenas y campesinas en resistencia, defensoras y defensores de derechos humanos, ambientalistas, personas expertas y de la academia de Argentina, Chile, Ecuador, Estados Unidos y México suscribimos esta Declaración en donde exigimos el cese de la expansión de las mega fábricas de cerdos en el continente. Este modelo agroindustrial, que se extiende desde Estados Unidos al resto de América, reproduce los patrones de explotación del capitalismo más voraz que afecta y despoja a los territorios indígenas, genera fractura del tejido social y cultural, violentando la vida pacífica de los pueblos, contaminando la naturaleza y potenciando la crueldad y explotación animal. Las operaciones de las mega fábricas de cerdos violan el derecho a la salud de las personas y de las comunidades, el derecho al agua y al saneamiento, el derecho a la integridad personal, los derechos laborales, el derecho a la alimentación adecuada y el derecho a la información y la participación al dañar el medio ambiente de manera irreparable. Estas mega fábricas producen una gran cantidad de desechos tóxicos y orgánicos que contaminan los suelos, el aire y el agua. Cuando los residuos de las mega fábricas de cerdos se descomponen, liberan sulfuro de hidrógeno, amoníaco y cientos de compuestos orgánicos volátiles,[1] además de metano y óxido nitroso, dos potentes gases de efecto invernadero [2] a la atmósfera. Los olores y la pestilencia causan náuseas, dolores de cabeza, mareos, secreción nasal, picor de garganta, ardor en los ojos, tos y dificultad para respirar.[3] Además, afectan la salud respiratoria de las personas que viven cerca de estas instalaciones y se asocian a enfermedades respiratorias, como el asma en la niñez. Las mega fábricas de cerdos también usan grandes cantidades de agua: solamente para producir un kilogramo de carne emplean 6 mil litros del líquido. Por otro lado, la contaminación que genera esta industria en el agua puede perjudicar a los seres humanos, a la fauna y al medio ambiente.[4] Es decir, el almacenamiento y la eliminación de los residuos de las megafábricas de cerdos contamina las aguas superficiales, subterráneas (pozos y cenotes y otras fuentes de donde las comunidades obtienen agua), e incluso los océanos, con heces y orines. El exceso de nutrientes en los residuos de las megafábricas se asocia a la proliferación de algas nocivas en las aguas superficiales, en las rías y lagunas donde se reproducen las especies marinas necesarias para la subsistencia de las comunidades pesqueras. Esta contaminación puede matar a los peces [5] y causar molestias en el tracto gastrointestinal e infecciones de la piel, los ojos y los oídos en los seres humanos.[6] Además, la contaminación del agua puede ocasionar enfermedades como defectos de nacimiento y a casos de metahemoglobinemia, o “síndrome del bebé azul”[7] hipertiroidismo y diabetes insulinodependiente.[8] Las condiciones de hacinamiento en las que viven los cerdos deprimen su respuesta inmune y facilitan la transmisión de enfermedades. Por ello, los animales son sometidos a una alta cantidad antibióticos y antivirales para prevenir enfermedades y engordarlos rápidamente. Esta exposición constante a altas dosis de antibióticos favorece el desarrollo de genes de resistencia a dicho antibióticos por parte de las bacterias. Además, las condiciones de hacinamiento pueden provocar nuevas infecciones y potenciales pandemias. Las operaciones de estos recintos industriales también amenazan el derecho a la tierra, el territorio y los bienes comunes naturales de los pueblos indígenas y campesinos. Estas mega fábricas se establecen de forma desproporcionada en comunidades indígenas y afroamericanas, violando su derecho a la libre determinación, sin acceso a la información, sin evaluaciones de impacto ambiental y social, y sin su consentimiento libre, previo, informado y culturalmente adecuado. Lo anterior, representa una forma del colonialismo ambiental. Ante el abandono del gobierno, y para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos provocados por la operación de mega fábricas de cerdos a los pueblos y comunidades, las y los firmantes señalamos firmemente que tenemos el legítimo derecho a organizarnos y defendernos. Este modelo agroindustrial genera despojo territorial, desplaza otras formas de vida, el patrimonio biocultural y afecta de forma negativa la vida comunitaria. Cuando las comunidades exigen sus derechos se encuentran con la falta de información y de transparencia de la industria, y, en ocasiones, con la represión. Las violaciones a los derechos humanos se dan con la aquiescencia y complicidad de los gobiernos de todos los niveles, en un contexto de captura corporativa de Estado por parte de las empresas de la carne. La organización de las megafábricas de cerdos en una economía vertical además desplaza otras formas de producir alimentos, incluso carne. El modelo de las mega fábricas de cerdos requiere una gigantesca cantidad de agua potable, soja, maíz y cereales para alimentación animal. Por ello, profundiza el modelo de agronegocio basado en monocultivo, muchas veces transgénico, con devastadoras consecuencias para los territorios (fumigaciones con agrotóxicos, deforestación, muerte de abejas y polinizadores y acaparamiento de tierras). Un aspecto alarmante es que el modelo de producción de alimentos cada vez se aleja más de la ganadería y agricultura sostenibles, en los que cada pueblo pueda producir y acceder a alimentos de una manera culturalmente adecuada, conforme a los cultivos y a la alimentación ancestral y la agroecología, lo cual es la base de la soberanía alimentaria. Ante los graves impactos y las violaciones a los derechos humanos de las personas y la naturaleza, exigimos que se frene la alarmante expansión de las mega fábricas de cerdos a nuestros países impulsada por acuerdos comerciales, subsidios e incluso bancos de desarrollo. En este sentido, le exigimos a los gobiernos de Argentina, Chile, Ecuador, Estados Unidos y México, bancos y donantes y a las instituciones internacionales que: ● No otorguen más permisos para este tipo de industria ¡Ni una mega fábrica de cerdos más! ● El cierre inmediato de las mega fábricas de cerdos que se encuentran operando ● No subsidien este modelo agroindustrial e inviertan en una agricultura que garantice la soberanía alimentaria mediante la agroecología, el cultivo y la alimentación ancestral ● Respeten el derecho a la libre determinación, a la tierra y el territorio de las comunidades indígenas y campesinas afectadas por la industria porcícola ● Se respete el principio de precaución y prevención frente a las mega fábricas de cerdos
PRIMERAS ADHESIONES Suscriben: Acción Ecológica Agua para todos, agua para la vida Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN) ARTICLE 19, Oficina México y Centroamérica, A. C. Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas Atención Comunitaria U Yutzil Kaaj Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires, Argentina CartoCrítica. Investigación, mapas y datos para la sociedad civil Center for Biological Diversity Che’en Kuxtal Co’ox Mayab Colectivo de Derechos Humanos Yopoi Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán Consejo Maya del Poniente de Yucatán “Chik’in-ja” Coordinadora Ecuatoriana de organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA) Fundación para el Debido Proceso (DPLF) Greenpeace México, A. C. Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. Kanan Derechos Humanos, A. C. Kanan Lu’um Chapab Kanan Ts’ono’ot, Guardianes de los cenotes La Esperanza de Sitilpech Mundo y Conciencia, A. C. Museo del Hambre Observatorio para la Defensa del Territorio Maya Red Ciudadana por la Sostenibilidad de Yucatán Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria (REDASA) Red de Apoyo Comunitario (Redacom), Yaxkukul Seminario Interdisciplinario sobre el Hambre y el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires Slow Food Chile Universidad Andina Simón Bolívar Waterkeeper Alliance
