En el marco de la llegada del 3er Malón de la Paz a Buenos Aires, en defensa de los territorios y derechos humanos de las comunidades indígenas de Jujuy, la comunidad internacional Aerocene invita al estreno en Buenos Aires de “Vuela con Pacha, hacia el Aeroceno (2017-2023…)”. Una película de Aerocene dirigida por Tomás Saraceno y Maximiliano Laina que se exhibe actualmente en la Serpentine Gallery de Londres.
“El agua y la vida valen más que el litio” es el mensaje escrito por los pueblos originarios que se eleva en el aire de las Salinas Grandes de Jujuy, con la comunidad de Aerocene, logrando el vuelo más sustentable de la historia de la humanidad.
Una proyección y un debate urgente para este mundo en ebullición. El debate, con preguntas abiertas al público, contará con Maristella Svampa, filósofa, Enrique Viale, abogado ambientalista y las representantes de las comunidades aborígenes: Verónica Chávez y Erika Cañari. Presenta Claudia Aboaf, coguionista de la película.
Fecha: Sábado 5 de agosto 2023 Hora: 19 hs Sala: Argentina Lugar: CCK – Centro Cultural Kirchner Dirección: Sarmiento 151, CABA Entrada libre y gratuita
Llega el Tercer Malón de la Paz a la Ciudad de Buenos Aires en rechazo a la reforma constitucional en Jujuy. Más de 60 comunidades indígenas de la provincia y distintas organizaciones y expertos impulsan una acción de inconstitucionalidad para que la reforma se anule. En este marco, el lunes 31 de julio y martes 1 de agosto estarán realizando distintas actividades en el Congreso Nacional junto a legisladores y legisladoras, representantes de diferentes fuerzas políticas y de organismos de derechos humanos. También han solicitado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación los reciba en una audiencia.
Entre el lunes y el martes, comunidades indígenas integrantes del Tercer Malón de la Paz llegarán a Buenos Aires para exigir la declaración de inconstitucionalidad de la reforma aprobada y sancionada el pasado 20 de junio, entre otros reclamos. La movilización da continuidad a las manifestaciones que las comunidades indígenas vienen llevando adelante, junto a otros actores sociales, en distintos puntos de la provincia de Jujuy desde hace más de 40 días.
En este contexto, más de 60 comunidades indígenas junto a organizaciones de sociedad civil presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Jujuy contra la Constitución provincial. Solicitaron, además, una medida cautelar con el fin de que se suspenda la aplicación de dicha constitución hasta que se dicte sentencia, teniendo en cuenta los daños potencialmente irreversibles que su aplicación puede ocasionar hasta entonces. Esta medida cautelar ya fue rechazada por la justicia jujeña, con lo cual organizaciones y comunidades interpusieron un recurso por el modo irregular de su dictado y por los argumentos meramente formales que se indicaron para justificar su denegación. Este accionar suma un nuevo obstáculo en el acceso a la justicia solicitado por las comunidades y las organizaciones.
Acción de inconstitucionalidad de la reforma
Días atrás,más de 60 comunidades indígenas de la Provincia de Jujuy y organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y ENDEPA, presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Jujuy una acción de inconstitucionalidad. Destacados expertos ya han presentado Amicus Curiae en la causa, y hay organizaciones y especialistas que se incorporarán a la acción en los próximos días.
La acción presentada tiene como objeto la declaración de la nulidad e inconstitucionalidad de la Constitución de la Provincia de Jujuy (sancionada por la Convención Constituyente el 20 de junio de 2023) y de la Ley Nº 6.302 que declaró la necesidad de la reforma parcial de la Constitución provincial.
Para el caso de que esto no suceda, las partes solicitan que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de determinados artículos que han excedido el mandato constituyente, al fijar prohibiciones a la protesta social y legislar vulnerando principios ambientales vigentes.
A su vez, organizaciones y comunidades solicitaron una medida cautelar a efectos de que se suspenda la aplicación de la Constitución de la Provincia de Jujuy reformada hasta tanto se dicte sentencia en la presente acción de inconstitucionalidad. Como respuesta al rechazo de esta medida, por parte de la justicia jujeña, organizaciones y comunidades recurrieron la decisión por el daño que puede ocasionar la aplicación de la constitución cuestionada. Entre otros, se destaca que podrían dictarse leyes en su consecuencia, que produzcan daño y normas inválidas. Además, la resolución fue dictada por un único juez, cuando una resolución de tales características debe ser decidida por el Tribunal en pleno (conformado por nueve jueces), o –en última instancia- mediante la integración de la Sala Contenciosa Administrativa.
¿Qué está pasando en Jujuy?
El pasado 15 de junio la Asamblea Constituyente de la provincia de Jujuy aprobó un texto constitucional que viola derechos garantizados en la Constitución de la Nación Argentina, tanto por su proceso como por su contenido. Este proceso, que requería de una discusión amplia, plural y transparente, se llevó adelante en menos de tres semanas entre la elección de los constituyentes y la aprobación del texto. La reforma constitucional de la provincia de Jujuy violó los derechos de acceso a la información, la participación ciudadana y la consulta previa libre e informada a pueblos indígenas. Tampoco aseguró que las personas defensoras ambientales tuvieran un espacio adecuado para el ejercicio de sus derechos.
Las manifestaciones públicas de comunidades y pueblos indígenas, movimientos sociales, sindicales y políticos de esa provincia, continuaron durante más de 40 días posteriores a la aprobación y tuvieron como respuesta intervenciones represivas por parte de la policía de la provincia en los distintos focos de protesta social. Durante las semanas siguientes se llevaron adelante allanamientos y detenciones arbitrarias, con indicios de hostigamiento y dilaciones no justificadas. La intimidación a comunidades y miembros de la sociedad civil continúan a la fecha.
Desde la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) repudiamos la violación masiva de derechos humanos y ambientales que está sucediendo en Jujuy. En los últimos días, hemos visto cómo el gobierno de Gerardo Morales ha llevado a cabo una serie de acciones planificadas contra las personas, líderes de organizaciones sindicales y de comunidades indígenas que están ejerciendo el derecho a la protesta contra la sanción de una reforma de la constitución inconsulta y que afecta sus derechos, incluyendo:
Allanamientos a domicilios particulares y centros de trabajo, con nulo control por parte de los juzgados de garantías,
Más de 20 detenciones arbitrarias e inmediatas de docentes, sindicalistas, referentes/as de comunidades indígenas y ciudadanos
Detención a abogados/as defensores de manifestantes criminalizados
Violación del derecho a la protesta
Persecución política a líderes de organizaciones y comunidades indígenas
Presencia de la policía en la universidad, con amenazas de represión a los estudiantes
Detención de un profesor de la Universidad Nacional de Jujuy
Amenaza del gobierno de expropiar la sede de la UBA en Tilcara
Las movilizaciones sociales comenzaron a raíz de la aprobación durante la noche del jueves 15 de una reforma constitucional con una absoluta irregularidad en el procedimiento. No se respetó el derecho a la consulta, ni se respetaron los plazos previstos, ni permitieron la participación de distintos sectores sociales. El procedimiento es incompatible con los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados y a participar en asuntos que les afectan de manera directa. Tampoco se tuvieron en cuenta los detalles de los artículos que modifican el derecho a la protesta de organizaciones sociales, estudiantiles, políticas, sindicales y de trabajadores/as.
Todas estas acciones se dan en rechazo a la aprobación de una reforma constitucional que, desoyendo los legítimos reclamos populares, intenta aprobarse a espaldas del pueblo. A su vez, pretende sostenerse en el ejercicio de un poder ilegítimo pese a que cada vez más localidades, por medio de sus concejos deliberantes o comisiones municipales, han rechazado esta reforma. Esto incluye, hasta ahora, a los departamentos de Purmamarca, Humahuaca, Maimará, Tilcara, Abra Pampa, La Quiaca, Cochinoca, Rinconada, El Aguilar, Puesto del Marqués y Libertador General San Martín.
El Gobierno está utilizando el poder estatal para silenciar las movilizaciones y acciones legítimas en una sociedad democrática contra la reforma constitucional. Estas acciones, sumadas a todas las registradas desde el inicio de la movilización social, constituyen una violación masiva de los derechos humanos y del consenso democrático por parte del gobierno de Jujuy. Este objetivo fue anunciado por el Fiscal del Estado (que anunció que había más de 100 causas), el Ministro de Seguridad y el Procurador General de la provincia, que detallaron los pasos que iban a seguir para criminalizar a las personas que pudieron identificar como participantes de las protestas. El gobierno provincial se ha querellado en todas las causas abiertas, ha solicitado la unificación de todas las causas en dos grandes causas y está buscando estrategias jurídicas para lograr las penas más altas posibles para los/as manifestantes.
Se conoció también la información de que se libraron órdenes de detención para varios abogados y abogadas que en las últimas semanas defendieron a manifestantes criminalizados/as y/o hicieron presentaciones judiciales en contra de la reforma constitucional. Se los acusa del delito de sedición. Al menos uno de ellos (el Dr. Alberto Nallar) ya fue detenido. Esto constituye una escalada represiva de extrema gravedad en tanto se apunta a defensoras y defensores de los derechos humanos y se obstaculiza el derecho de defensa de los otros criminalizados. Esto se encuentra también en clara violación del Acuerdo de Escazú, ratificado por la Argentina y que protege a los defensores y defensoras ambientales en el territorio.
Instamos al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, tanto a nivel provincial como nacional, a cumplir con las normas fundamentales del Estado de Derecho. En particular, como lo expresó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a “respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respeten los derechos sindicales y de los pueblos originarios.”
El gobierno de Gerardo Morales debe cesar inmediatamente las represiones, respetar los derechos humanos de la población y dar espacio a los reclamos populares. A su vez, debe tomar las medidas necesarias para dejar sin efecto la reforma inconstitucional que su gobierno llevó a cabo.
Exigimos al gobierno de Gerardo Morales que cese inmediatamente las represiones, respete los derechos humanos de la población y de espacio a los reclamos populares para que se dé marcha atrás con la reforma inconstitucional que su gobierno intenta llevar a cabo.
Una de las columnas vertebrales del Tercer Malón de la Paz que se movilizó desde todos los rincones de la puna y quebrada jujeña durante estas jornadas de movilización social en Jujuy la constituye las comunidades en resistencia frente a la minería del litio en esta provincia.
Entender cuál es este reclamo sistemáticamente desoído ayuda a comprender cómo de una manera veloz se articularon por tercera vez desde el siglo XX todos los pueblos originarios de esta provincia, que se reconocen como kollas, atacameños, casabindos, quechuas, entre muchos otros.
Desde el año 2011 las comunidades de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc se encuentran organizadas para resistir el avance de la minería de litio en este territorio. Lo hacen porque esta actividad minera utiliza enormes cantidades de agua, perfora en pozos de hasta 400 metros los salares, altera los ciclos hídricos naturales de los humedales altoandinos, y puede por tanto ocasionar tanto la salinización de las fuentes dulces de agua como la sequía de pozos surgentes, vegas y bofedales que son el suministro de agua parala vida.
El riesgo de la destrucción de estos ecosistemas frágiles en zonas áridas y con escasas precipitaciones implicaría el desplazamiento de las poblaciones que allí habitan y la destrucción de sus actividades económicas productivas (cosecha de la sal, agricultura, ganadería, e incluso turismo).
Es por esto que hace años exigen que se respeten los derechos sobre los territorios ancestrales, reconocidos en la Constitución Nacional (artículo 75 inc. 17), así como el derecho a la Consulta Previa Libre e Informada comprendido en el convenio 169 de la OIT y ratificado en Argentina.
Sales de Jujuy.
El sistemático incumplimiento de estas reglamentaciones a lo largo de más de una década, la escasa implementación sobre sus títulos territoriales de la Ley 21160 de tierras en sus reiterados plazos postergados, más la vulneración social y ambiental de la minería de litio en estos territorios, son los ejes de sus reclamos que la reforma provincial aprobada recientemente pretende erradicar, toda vez que mediante su artículo 50 otorga al Estado provincial todas las facultades vinculadas al tratamiento de los derechos de los pueblos originarios.
Con más de una década de enfrentamiento, donde el accionar de la provincia ha sido el de reconocer cómo únicos interlocutores válidos a aquellas comunidades que han cedido sus pedimentos y permitido la instalación de proyectos extractivos en Susques, en la cuenca de los salares Olaroz y Cauchari, es claro que lo que se pretende con esta reforma es eliminar el conflicto desconociendo directamente otros reclamos territoriales.
Al mismo tiempo en el nuevo artículo 36 se prohíbe la protesta social y específicamente los cortes de ruta, que son la principal forma de acción directa que tienen poblaciones que habitan tanto la Puna como la Quebrada, cuyas vías comunicantes son las rutas 52 hacia Chile y la ruta 9 hacia el límite con Bolivia.
La minería de litio en salares, impulsada en esta provincia, así como en el conjunto de la Puna que hace parte del triángulo del litio (Chile, Argentina y Bolivia con el 58% de los recursos globales) ha intensificado su presión extractivista.
La mayoría de los salares se encuentran pedimentados, y más allá de que en el país existen sólo tres proyectos activos en explotación, cerca de 40 proyectos en diferentes etapas se expanden con dominio del capital trasnacional y amplio margen de autonomía empresarial.
Morales, precandidato a vice de Larreta.
Foto: Camila Godoy / TELAM
La normativa para la extracción de litio en nuestro país otorga un conjunto de facilidades económicas a las corporaciones que están entre los sectores más privilegiados, al tiempo que favorece el comportamiento especulativo sobre los proyectos, erosionando las capacidades regulatorias de control estatal tanto en lo económico como en lo que refiere a los impactos ambientales.
De hecho, no existen estudios hidrogeológicos que puedan dar cuenta del impacto acumulativo (es decir del conjunto de los proyectos en carpeta), ni siquiera cabal conocimiento de ellos tal y como ha quedado expreso en un fallo de la CSJN que compele a Estados provinciales y nacionales a regularizar y elevar toda la información sobre los emprendimientos proyectados, con especial mención a los usos de agua.
En un fallo histórico la Corte reconoce, a menos nominalmente, al territorio de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc como una cuenca única integral, tal y como demandan desde hace una década sus poblaciones.
Foto: Eduardo Sarapura
Contra un Estado provincial que viene reforzando su perfil “verde” extractivista, las comunidades de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc a lo largo de estos años han agotado todos los canales judiciales y políticos para hacer oír sus reclamos, presentando demandas en las cortes provinciales de Salta y Jujuy (por tratarse de un territorio bi-provincial), han llegado hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2012, elevaron una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y realizaron su propio protocolo de implementación de la Consulta denominado Kachi Yupi en el año 2015 (que llevaron a las diferencias instancias locales, provinciales y nacionales del poder Legislativo así como a Defensoría del Pueblo de la Nación).
En el año 2019 la empresa provincial JEMSE, ligada de manera accionaria en la extracción de Sales de Jujuy, impulsó nuevamente la licitación de zonas de las Salinas. Ésta fue resistida durante varias jornadas por las comunidades, pero nuevamente el año pasado la provincia emprendió y logró una nueva licitación entregando 11 mil hectáreas que eran de dominio fiscal al capital privado a cambio de 3 millones de dólares.
El reclamo legítimo de los y las pobladoras de la provincia ha intentado hacerse escuchar por diferentes medios, llegando incluso a elevar una carta al reconocido cineasta James Cameron, quien estaba de visita en la provincia y compartía fotos con el gobernador Morales, donde explican las consecuencias destructivas de esta minería sobre los ecosistemas.
Hoy sus demandas se ligan a los sectores sindicales, docentes, bancarios y municipales movilizados durante más de 15 días, que expresan tanto la crítica que desde los territorios afectados emerge frente al extractivismo, así como los reclamos que desde el conjunto de la ciudadanía expresan que este modelo de desarrollo no redunda en mejoras de la calidad de vida para el conjunto de los sectores populares.
*Melisa Argento es investigadora de CONICET. Dra en Ciencias Sociales UBA. Integrante del Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes del IEALC (GYBC) y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE).
Las organizaciones GREENPEACE ARGENTINA, ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ABOGADOS Y ABOGADAS AMBIENTALISTAS, ASOCIACIÓN CIVIL MEDIO AMBIENTE RESPONSABLE, ECOS DE MAR, SURFRIDER ARGENTINA, FUNDACIÓN PATAGONIA, NATURAL, ASOCIACIÓN DE SURF ARGENTINA, KULA EARTH ASOCIACIÓN CIVIL, ASOCIACIÓN DE SURFISTAS DE NECOCHEA – QUEQUÉN Y ASOCIACIÓN DE GENERAL ALVARADO DE SURF; manifestamos que el documento titulado “YPF – Exploración Off Shore con Licencia Social” que tomó estado público recientemente expone dramáticamente la atroz manipulación de la opinión pública y la sociedad argentina por parte del sector petrolero.
Éste documento sería considerado por YPF en el marco del proyecto “Campaña de adquisición sísmica offshore Argentina; Cuenca Argentina Norte (Áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)”, cuya filtración se hizo pública el día 5 de junio en medios de comunicación, redes sociales y prensa especializada, incluso trascendencia internacional, en razón de la gravedad institucional en la que ha incurrido la parte demandada YPF.
El documento evidencia una “estrategia de comunicación” voraz y una “desprejuiciada campaña de manipulación de la información pública” que pretende ostensiblemente:
Correr el foco del enorme riesgo de daño ambiental que este proyecto conlleva para los ecosistemas marinos, la biodiversidad, el clima, las actividades ligadas a la pesca y el turismo y las comunidades costeras.
Desvirtuar la información que debe contar la ciudadanía para otorgar una correcta licencia social.
Afectar la participación ciudadana a través de divulgación de información falsa y publicidad engañosa de las actividades sísmicas y sus impactos sociales, ecológicos y económicos, ya que no se puede ejercer debidamente el derecho a la participación con información falsa e imprecisa.
Moldear la opinión pública usando falsas iniciativas populares de junta de firmas, como por ejemplo, exigiendo a Shell que cumpla sus promesas de inversión
Estigmatizar y promover una agitación mediática contra defensores y defensoras ambientales que junto a vecinos y vecinas de la costa atlántica se oponen al avance de las actividades sísmicas en nuestro mar.
Limitar la democracia ambiental y afectar las bases mismas del Derecho a la Información Pública Ambiental y Participación Ciudadana consagrada en nuestra Constitución Nacional, el Acuerdo de Escazú y otros acuerdos internacionales.
Resulta fundamental dejar en claro que lo que se está manifestando es una maniobra en curso de ejecución para manipular -con fondos públicos- la opinión pública en general, estableciendo una suerte de protocolo con etapas, modelos y parámetros para intervenir y revertir, al menos de forma aparente, la grave carencia de licencia social que tiene el proyecto sísmico frente a la ciudad de Mar del Plata. Esta situación no hace más que agravar los vicios ya denunciados en el causa judicial por deficiente y falsa información y también un reconocimiento expreso por parte de YPF de la falta de licencia social de este proyecto.
Manipular la opinión pública a través de noticias falsas no solo es ilegal y configura una situación de abuso sobre los derechos de acceso a la información pública y participación ciudadana que requiere de datos e información precisa, cierta, veraz, temprana y adecuada, sino que como publicidad engañosa es una gran estafa a la sociedad democrática.
El 15 de junio la Convención Constituyente de Jujuy presidida por Gerardo Morales con la vicepresidencia de Gabriela Burgos aprobó una reforma constitucional ilegítima, inconstitucional y que significa un retroceso en la garantía de derechos humanos.
La ciudadanía jujeña conoció la propuesta de la reforma recién ese día. Desde entonces, comunidades y pueblos indígenas, movimientos sociales, sindicales y políticos se manifestaron en contra de la reforma.
El proceso fue incompatible con los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados y a participar en los asuntos a ellos referidos, como lo establece la Constitución Nacional (art. 75 inc. 17), el Convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas, y la decisión de la Corte IDH en el caso Lhaka Honhat.
El proceso no aseguró las condiciones de acceso a la información y participación pública necesaria y previa para la definición de contenidos en materia ambiental, de conformidad con los términos del Acuerdo de Escazú.
Todas las protestas en contra de la reforma fueron reprimidas. La intervención de la policía provincial dejó más de 30 personas detenidas por ‘resistencia a la autoridad’, figura usada con frecuencia para limitar las movilizaciones sociales y el derecho constitucional a peticionar a las autoridades.
Las organizaciones firmantes reclamamos de manera urgente:
La suspensión de la reforma constitucional y la habilitación de un proceso de diálogo que permita establecer un mecanismo participativo para la sanción de la reforma parcial de la Constitución.
La interrupción de los operativos de represión policial sobre las manifestaciones, que se informe sobre el paradero de todas las personas detenidas y se desarrollen las medidas necesarias para liberar a todas las personas detenidas por ejercer el derecho a la protesta.
La investigación de las actuaciones policiales en todas las protestas y que se aseguren las condiciones de atención de las personas heridas.
Chubut, 16 de junio de 2023.- En el día de hoy, Fundación Patagonia Natural, Asociación Argentina de Abogadas/os Ambientalistas y Greenpeace Argentina fueron aceptados como querellantes en la causa por el ecocidio de Pingüinos de Magallanes perpetrado en la Reserva Punta Tombo, en la Provincia de Chubut. En el mismo, cientos de Pingüinos de Magallanes fueron víctimas de un verdadero crimen ambiental.
Punta Tombo (Chubut) es la colonia de pingüinos de Magallanes más grande del mundo. En la época de reproducción, mediados de octubre, se pueden encontrar más de un millón de ejemplares en la reserva.
La denuncia presentada por las organizaciones señala la posible configuración del delito de Crueldad contra los animales, establecido en la Ley 14.346 de Maltrato Animal, y solicita la adopción de medidas inmediatas para proteger a los pingüinos afectados.
De acuerdo a las organizaciones, este tipo de masacres constituye un delito penal y debe ser investigado y sancionado como tal. El daño causado es irreversible y la justicia debe actuar en consonancia con la gravedad de los hechos. A su vez, enfatizan la necesidad de sancionar un proyecto de ley que incorpore un Capítulo Penal Ambiental en el Código Penal Argentino.
El caso de la masacre de pingüinos en Punta Tombo es un ejemplo del involucramiento activo de organizaciones y la ciudadanía en la protección de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad. La participación ciudadana es fundamental para garantizar cambios significativos en las políticas y prácticas que afectan al entorno natural. La sociedad tiene el derecho y la responsabilidad de exigir a las autoridades que actúen en defensa del ambiente y tomen medidas efectivas para prevenir y sancionar los delitos ambientales.
Sobre la reserva Punta Tombo
La Reserva Punta Tombo, ubicada en la provincia de Chubut, alberga una de las mayores colonias continentales de pingüinos de Magallanes del planeta. Lamentablemente, en el año 2021, esta reserva fue testigo de una masacre sin precedentes, en la cual las topadoras pasaron por encima de la mayor colonia de pingüinos de Magallanes del mundo. Este acto atroz constituye un ecocidio, un daño grave e irreversible contra la biodiversidad, los ecosistemas y los derechos de la naturaleza.
Punta Tombo se extiende a lo largo de más de 210 hectáreas en la estepa patagónica, ubicándose sobre la costa del Océano Atlántico, en el departamento Florentino Ameghino, a 110 km de la ciudad de Rawson, capital provincial. El pingüino Magallánico, cuyo Estado de Conservación de acuerdo a la catalogación en la lista roja de la IUCN es de Casi Amenazado, no sólo ha sufrido los impactos de la actividad humana en tierra, sino que también está amenazado por actividades que avanzan sobre el mar, principalmente la industria petrolera, la pesca intensiva y los efectos del cambio climático sobre los océanos.
Se estima que al menos 175 nidos fueron destruidos en todas las áreas de nidificación. Además, se instaló un alambrado electrificado a lo largo de 900 metros. En diferentes sectores, dicho alambrado impidió la libre circulación de los pingüinos al encontrarse a una altura inferior a la de esta especie. Este hecho ocurrió en el momento crítico del ciclo reproductivo, donde los pichones están eclosionando o tienen muy pocos días de vida, y deben ser alimentados con frecuencia por los pingüinos adultos.
Organizaciones de derechos humanos enviaron una carta a la Convención Constituyente de la Provincia de Jujuy para expresar su preocupación y rechazo al proceso de reforma constitucional de la provincia. El proceso presenta “problemas de legalidad como de legitimidad e implica una serie de retrocesos en materia de derechos humanos” afirmaron.
Tiempos
La ley de declaración de la necesidad de la reforma parcial de la constitución provincial de Jujuy Nº 6.302 dispuso que, desde la elección de los convencionales constituyentes, se dispondría de 30 días para la sesión preparatoria, y hasta 90 días más para finalizar el proceso.
La elección de los convencionales tuvo lugar el 7 de mayo pasado y, desde entonces, los procesos se aceleraron drásticamente, al punto que se anunció que la nueva constitución sería votada el 19 de junio y luego se adelantó al 14 del mismo mes. Un proceso que debería haber consistido en un debate plural, sustantivo y riguroso sobre el contenido del texto constitucional para todos/as los/as jujeños/as, tuvo una duración de poco más de un mes.
Falta de debate y participación
“El actual proceso de reforma constitucional en la provincia no ha sido debatido ampliamente, en muchos de sus aspectos implica un retroceso en los derechos humanos de las personas de la provincia”, aseguran las once organizaciones que firman la carta a la Convención Constituyente de la provincia de Jujuy. Convencionales constituyentes renunciaron a sus bancas ante la imposibilidad de participar efectivamente en el debate de la reforma propuesta, con el fin de no avalar un proceso claramente ilegítimo.
Además, el proceso de reforma constitucional de la provincia de Jujuy no estableció procesos que aseguren la consulta libre, previa e informada a pueblos indígenas sobre cuestiones susceptibles de afectarles, tal como establece el Convenio Nº 169 de la OIT, tratado internacional con jerarquía supralegal.
El 31 de mayo los representantes de siete pueblos indígenas (guaraní, okloya, tilian, omaguaca, kolla, quechua y chicha) presentaron una nota al bloque oficialista mayoritario de la convención constituyente solicitando ser escuchados y que se apliquen los principios de consulta previa. Pese a ello, no fueron recibidos.
Democracia
El articulado que se propone reformar aborda, entre otros, temas centrales para el ejercicio de la democracia como son el derecho al ambiente sano, la consulta a pueblos indígenas, el derecho a la protesta.
La regulación de estos derechos debe respetar la prelación constitucional de nuestro país y adecuarse, consecuentemente, a los preceptos establecidos en las normas de jerarquía superior a las provinciales, en la Constitución Nacional, y en los instrumentos internacionales correspondientes.
Reclamo de las organizaciones de derechos humanos y sociedad civil
El proceso de reforma constitucional muestra una clara falta de voluntad de promover la participación de los distintos sectores de la sociedad, así como de generar espacios de discusión en torno a temas críticos para los y las habitantes de Jujuy. Esta es una oportunidad única para la provincia de integrar los avances que en materia de derechos humanos y ambientales se han dado tanto a nivel normativo internacional y nacional como jurisprudencial en los recientes años e integrar una agenda con fuerte mirada de derechos humanos que pueda dar respuesta a los desafíos de la democracia en el siglo XXI.
Para que esto suceda, se deben plantear otras formas y procedimientos que no le den la espalda a las demandas de la ciudadanía. Requiere abrir un espacio genuino de participación efectiva para poder discutir con la profundidad que se merecen los temas centrales para la vida democrática en Jujuy, sin apuros injustificables y con los tiempos necesarios para llegar a consensos que amplíen los derechos de las y los jujeños.
Organizaciones firmantes
ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales)
AADI (Asociación de Abogadas/os de Derecho Indígena)
Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas – CAJE (Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial)
ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia)
Amnistía Internacional Argentina
CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales)
CEPPAS (Centro de Políticas Públicas para el Socialismo)
Consciente colectivo
ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen)
FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales)
Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ)
