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Lineamientos para una transición Ecosocial en Argentina

Diversas organizaciones y equipos de trabajo de Argentina nos hemos autoconvocado a una articulación política de nuestros trabajos, investigación y acción colectiva, impulsados por el objetivo de prefigurar horizontes y alternativas comunes hacia la transición energética justa y popular en el marco de una transición ecosocial para nuestro país.

Creemos que más allá de la construcción de un diagnóstico compartido en torno al modelo de acumulación capitalista, y el carácter extractivista, injusto, desigual y conflictivo que impulsa la transición energética corporativa y el colonialismo verde en curso, es preciso postular senderos y horizontes políticos para la transición energética justa y popular. Ante la aceleración de la crisis climática y la expansión de nuevas formas de extractivismo que no hacen más que reforzarla, creemos que es urgente incorporar los límites físicos inexorables de la actual crisis socioambiental e ir abandonando un modelo de acumulación predador de la naturaleza.

Vivimos tiempos de caos e inestabilidad. El nuevo status quo global instalado luego de la pandemia del Covid 19 refleja el empeoramiento de varias crisis entrelazadas (social, económica, política, ecológica, sanitaria, geopolítica y de los cuidados), que se potencian entre sí y adquieren una dimensión civilizatoria. Vemos con gran preocupación el debilitamiento de las instituciones y prácticas democráticas en gran parte del mundo, la expansión de las extremas derechas y de los autoritarismos, la ampliación de las brechas de la desigualdad, el agravamiento de la crisis climática y
energética, así como la potenciación de los conflictos bélicos, asociados al capitalismo, el colonialismo y la exacerbación del patriarcado y el racismo. Asimismo, la actual guerra en Ucrania –que no es la única, pero sí la que ha tenido mayores impactos globales- profundizó aún más las conductas ambivalentes a nivel global manifiestas, por un lado, en la expansión de la extracción y consumo de energías fósiles, especialmente las energías extremas; por otro lado, en el avance de una transición hacia energías “limpias”.

En esta crisis múltiple, uno de los grandes desafíos de nuestra época es el de construir colectivamente propuestas de Transición ecosocial justas y populares. La urgencia por articular justicia social y justicia ambiental, parte del reconocimiento de un diagnóstico acerca de los límites ecológicos y biofísicos del planeta, visibles en la aceleración de la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, y en la responsabilidad de la dinámica capitalista actual en dicho proceso, que además de potenciar las desigualdades sociales, se apoya sobre modelos productivos y alimentarios que son destructivos de los ecosistemas y los bienes comunes, de la salud y la vida en el planeta.


CAMINAR EN PAZ CON LA TIERRA: Requisito para la Paz entre los humanos

por Alberto Acosta, Enrique Viale1

No hay un camino para la paz, la paz es el camino”

Gandhi

Aceptemos, sin rodeos, que la Humanidad se encuentra en una encrucijada. Si seguimos por la misma senda, en el mejor de los casos, apenas una parte de sus miembros podrá sobrevivir el colapso ecológico. Aceptar ese destino nos resulta intolerable. Requerimos un golpe de timón, con transiciones que permitan, simultáneamente, paliar los impactos del colapso, que nos agobia, mientras apuntalamos, construimos y reconstruimos otras formas de vida acotadas a los ciclos ecológicos en clave de justicia social y de democracia radical.

Para lograrlo, construyamos alternativas de salida de la actual civilización de la mercancía y el desperdicio como lo haría Picasso, cuando pintaba sus grandes obras. El artista malagueño solía sobreponer varias perspectivas diferentes de una misma imagen hasta crear un cuadro donde lo bello y lo abstracto se unían magistralmente. Reconociendo lo complejo de la tarea, usemos su método para plantear opciones múltiples –superpuestas, temporales y sucesivas– ante el sinsentido creado por la civilización del capital.

Por eso, hoy más que nunca, creemos que se precisa multiplicar los esfuerzos para caminar en Paz con la Naturaleza en Nuestra América, que se encuentra tironeada por fuerzas contrarias, unas que alientan más y más destrucción y otras que la defienden. En Argentina, el gobierno refuerza el extractivismo y amenaza con desmontar las leyes ambientales, propone una cacería de ambientalistas, exacerbando la desigualdad y el conflicto social bajo un régimen autoritario que prioriza intereses corporativos. En Ecuador, un gobierno de transición celebra acuerdo con grandes corporaciones mineras mientras desata violentas acciones en contra de las comunidades que defienden sus territorios para así profundizar aún más la explotación de recursos naturales. En otros países, incluso con gobiernos progresistas, como Brasil y Colombia, se mantiene la expansión de extractivismos de todo tipo. Mientras tanto, en todas partes se multiplican las resistencias para proteger los territorios, en tanto espacios de vida.

Teniendo como telón de fondo este conflictivo escenario, celebramos el empeño del gobierno colombiano que prioriza la Paz con la Naturaleza como tema central en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad – COP 16, que se celebrará a fines del año en Cali, Colombia.

Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza, una dupla de vida

La defensa y la protección de los territorios resulta fundamental para convivir en Paz. La destrucción de la Naturaleza afecta las bases mismas de la existencia y exacerba los conflictos sociales. En la práctica, para superar este camino hacia la autodestrucción, debemos impulsar la vigencia combinada de los Derechos Humanos y de los Derechos de la Naturaleza: se trata de una sumatoria de derechos existenciales para garantizar la vida digna de seres humanos y no humanos.

Como punto de partida, aceptemos que no puede existir ningún derecho que permita o aliente explotar inmisericordemente a la Madre Tierra y menos aún destruirla, sino solo un derecho a una convivencia ecológicamente sostenible. Las leyes humanas y las acciones de los humanos, entonces, deben armonizarse y concordar con las leyes de la Naturaleza. Desde esa perspectiva, la vigencia de estos derechos existenciales responde a las condiciones materiales que permiten su cristalización y no a un mero reconocimiento formal en el campo jurídico. Su proyección, por tanto, debe superar los enfoques que entienden los derechos como compartimentos estancos, pues su incidencia debe ser múltiple, diversa y transdisciplinar.

La tarea parece simple, pero es compleja. Bien sabemos que el derecho es un terreno en disputa. El reto es superar el divorcio entre Naturaleza y Humanidad. Hay que propiciar una suerte de reencuentro, algo así como volver a atar el nudo gordiano de la vida roto por la fuerza de una concepción civilizatoria depredadora e insostenible. Es decir, se trata de superar la división ideológica entre la Naturaleza y las culturas. Empalmando ambas, incluso la política cobra una renovada actualidad.

Y ese reconocimiento nos lleva a constatar cómo los humanos, sobre todo al estar organizados alrededor de la acumulación del capital, estamos ejerciendo múltiples violencias, es decir guerras contra la Tierra. Nos toca, entonces, superar tanta aberración.

Detener las guerras contra la Tierra y todos sus habitantes

Urge parar las guerras, sean de baja, mediana e incluso de alta intensidad. Guerras que provocan daños paulatinamente o de forma violenta, muchas veces con profundos e irreversibles impactos a la Naturaleza. Se trata de acciones bélicas derivadas de relaciones socioambientales que emanan de la codicia del capital, tanto como de estructuras asimétricas, opresivas y jerarquizadas, como lo es el patriarcado.

En este ámbito bélico la pérdida de biodiversidad es una constante. La fragmentación, degradación y hasta desaparición de selvas, bosques, ríos, páramos, humedales, manglares, salares y otros ecosistemas, que afectan sus funciones ecosistémicas, están a la orden del día. Las especies, en consecuencia, también desaparecen aceleradamente. Los incendios devastadores tanto como las gigantescas inundaciones alentadas por los cambios en el clima, la desertificación de la tierra a partir de los monocultivos, las fumigaciones con agrotóxicos, las extracciones de petróleo, la megaminería o los monocultivos, arrasan con territorios enteros. La huella ecológica de la especie humana -desigualmente distribuida- supera la capacidad biológica de la Tierra. Y la pobreza, tanto como la creciente inequidad social y la destrucción de comunidades, se agravan también como resultado de estas guerras suicidas desatadas por la codicia del capital.

Con justa razón, en la quinta sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, celebrada en el año 2021, el Secretario General, Antonio Guterres, afirmó que

hacer las paces con la Naturaleza requiere comprender que nos enfrentamos a una triple crisis que entrelaza el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad; se trata de una guerra suicida contra la Naturaleza, ya que, sin ella, la Humanidad no podría existir en el planeta.

Para impulsar esas paces que reclama Guterres, tenemos que empezar por entender que “el modo capitalista vive de sofocar a la vida y al mundo de la vida, ese proceso se ha llevado a tal extremo, que la reproducción del capital solo puede darse en la medida en que destruya igual a los seres humanos que a la Naturaleza”, en palabras del filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverria.

Aceptémoslo, la desconexión del ser humano con la Naturaleza ha provocado una guerra encarnizada en su contra. No acabamos de entender que la Naturaleza tiene ciclos propios, que no pueden ser afectados por los humanos, sin que ella reaccione y se rebele. Entendamos que la creciente mercantilización y cosificación de la vida en todos sus órdenes configuran un sendero minado que conduce inexorablemente al terricidio.

Superar la civilización que sofoca la vida

Hacer las paces con la Tierra y desde la Tierra implica, entonces, disponer de agendas consensuadas por los pueblos para la acción teniendo en la mira superar los dispositivos de muerte imperante. Para lograrlo precisamos identificar con claridad todas las guerras que le agreden a la Tierra, en sus múltiples frentes y formas.

Tenemos como eje civilizatorio un sistema económico que sobreexplota y contamina sistemáticamente nuestra base de existencia. El productivismo y el consumismo bombardean inmisericordemente a la Madre Tierra. Los extractivismos representan brutales invasiones sobre múltiples territorios. Los monocultivos y las falsas soluciones, como son los mercados de carbono o las semillas transgénicas, cañonean brutalmente la biodiversidad. La homogeneización del consumo acelera los ritmos de destrucción con enormes impactos ambientales por el distante transporte de alimentos, para mencionar apenas un punto crítico.

A todo esto, se suman las conflagraciones propiamente dichas: entre los pueblos o contra los pueblos, como lo es el genocidio desatado por el Estado sionista en Palestina, que arrasa no solo con los humanos sino con la misma Naturaleza.

A la par debemos enfrentar aquellas guerras encubiertas. Nos referimos a las formas de percibir, interpretar y experimentar la Naturaleza, que parten, en concreto, de aquella suposición civilizatoria que considera a los humanos por fuera e incluso encima de ella para dominarla. Ese posicionamiento supone un impulso bélico inmerso en las violencias epistémicas y ontológicas que terminan por alentar el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, así como todo tipo de depredaciones a la Naturaleza, siempre en nombre del “progreso” y del “desarrollo”. Y todo con una reverencia perversa al potencial de la ciencia y la tecnología, que en muchas ocasiones actúan también cual armas de destrucción ambiental.

Estas visiones conducen al mantenimiento de un universo cultural, el que, en esencia, nos impone la idea de que sólo hay una forma de estar en el mundo. Al negar el pluriverso se invisibiliza, desprecia, violenta o incluso elimina las diversidades biológicas tanto como las diversidades culturales existentes. De allí surge la uniformización del concepto Naturaleza y con ello inclusive se cierra la puerta a otras visiones, muchas de ellas portadoras de potentes elementos transformadores. Por eso quizás mejor hablemos de Tierra, de Tierra en clave cósmica, antes que simplemente de Naturaleza, un concepto que puede tener diferentes lecturas, por lo demás.

Es decir, hay que asumir todos estos retos sin caer en la trampa de negociar simplemente límites o parches para seguir tolerando la contaminación y la destrucción de las bases de la vida misma, tal como se lo ha hecho en todas las COP hasta ahora. Ese sinsentido puede reeditarse en Cali, por más buenas intenciones que tenga el gobierno colombiano, pues bien sabemos que en el marco de Naciones Unidas se impone la voluntad de los gobiernos y de las corporaciones, y no necesariamente la de los pueblos.

Caminar con la Paz, en clave de pluriverso

En perspectiva de Paz con la Tierra debemos aceptar y respetar la diversidad en todos los órdenes: vidas, culturas, pensamientos y por supuesto biodiversidad. Es decir, la pluralidad de formas de estar con la Naturaleza y de ser Naturaleza, puesto que los humanos somos Naturaleza. Esa aceptación nos abre la puerta para entender las diversas formas de asumirla como Pacha Mama o Madre Tierra, así como muchas otras formas de relacionarse con la Naturaleza provenientes de la indigenidad: como la entendía nuestro amigo Aníbal Quijano. Aquí caben inclusive algunas lecturas que podríamos entenderlas como derivadas de la misma Modernidad, pero que, en esencia, también apuntan a su superación.

Todas estas no son aproximaciones que cierran los horizontes a visiones parciales, sino que, por el contrario, las abren potenciando otras cosmovisiones, alentando el pluriverso, es decir “un mundo donde encajan muchos mundos”, en el que puedan coexistir y prosperar en dignidad y respeto mutuo todos los seres humanos y no humanos. No más “un mundo desarrollado” que viva a expensas de los demás mundos, como sucede tan cruelmente en nuestro tiempo.

Dicho lo anterior, la Paz en la Tierra no implica solo el silencio de las armas. Demanda, por igual, frenar todos esos procesos que generan daños irreversibles sobre el entorno -del que formamos parte-, daños que afectan a las comunidades locales y a la Humanidad, daños que configuran muchas veces delitos de ecocidio. Esta tarea exige construir mundos sustentados en la reciprocidad, la relacionalidad, la complementariedad, la correspondencia, la resonancia, la solidaridad…

A la par que se detienen las acciones de destrucción precisamos alentar aquellas de construcción y reconstrucción de otras formas de vida social y ecológicamente sostenibles. Todo esto demanda un giro copernicano en todos los órdenes para dejar atrás la actual civilización, que debe ser estructuralmente superada. “Hay que poner el mundo patas arriba”, pues la Tierra “se podría sanar solo con la inversión de los valores establecidos y la revolución de las prioridades económicas”, concluye la filósofa ecofeminista Carolyn Merchant.

En la actualidad se multiplican las acciones alternativas en diversos ámbitos y desde diversos territorios. Si ponemos algo de atención y -figurativamente hablando- hacemos silencio, podemos escuchar el futuro respirar. Hay innumerables procesos sintonizados con el pluriverso, tanto como propuestas de cambios estructurales. En este punto, visiones, valores, principios, experiencias y prácticas como las de los buenos convivires provenientes de las culturas originarias, sin idealizarlas al nivel inútil de modelos o de esencializarlas desconociendo sus limitaciones, representan oportunidades para impulsar cambios profundos.

Hacer la Paz con la Tierra también significa reconocer su agencia y la red de relaciones socioculturales inmersas en ella. Se trata de reparar territorios contaminados y de desmantelar aquellas infraestructuras destructoras, tanto como cambiar los sistemas de producción y las prácticas de consumo depredadoras. Esto nos invita a apelar a la imaginación y a la audacia. Requerimos pasar, en palabras del gran teólogo Leonardo Boff, “de amos y señores a ser hermanos y hermanas entre nosotros y con todas las criaturas. Esta nueva óptica implica una nueva ética de responsabilidad compartida, de cuidado y de sinergia para con la Tierra”.

Y en este contexto los Derechos de la Naturaleza -justicia ecológica-, caminando de la mano de los Derechos Humanos -justicia social-, nos dan pistas para enfrentar el colapso ecosocial, tanto como para impulsar y construir todas las alternativas que garanticen la vida digna para todos los seres en la Tierra. Es decir, estos derechos existenciales sirven para reparar y restaurar, tanto como para prevenir, al tiempo que sientan las bases para construir una justicia existencial global.

La Tierra condición básica para la vida, la equidad y la libertad

Si aceptamos que es necesaria una nueva ética para reorganizar la vida en el planeta, nos toca aceptar que todos los seres vivos tienen el mismo valor ontológico, lo que no implica que todos sean idénticos; esta aproximación articula la noción de la “igualdad biocéntrica”, en la que, según Eduardo Gudynas, todas las especies vivas tienen la misma importancia y por lo tanto merecen ser protegidas. Y en este empeño precisamos crear las condiciones que garanticen el respeto a las personas y comunidades que protegen sus territorios, lo que en realidad es una forma de autodefensa de la Tierra misma.

Definitivamente es el momento de entender que la Naturaleza es condición básica de nuestra existencia y, por tanto, que es también la base de los derechos colectivos e individuales de libertad. Así como la libertad individual solo puede ejercerse dentro del marco de los derechos de los otros humanos, la libertad individual y colectiva solo puede ejercerse dentro del marco de los Derechos de la Naturaleza. Si pensamos en nuestros nietos y en nuestras nietas, es decir en las futuras generaciones, bien podemos concluir que su existencia y su libertad dependen del respeto a la Naturaleza. Bien anota el jurista alemán Klaus Bosselmann, que “sin Derechos de la Naturaleza la libertad es una ilusión”.

Urge, por igual, desmontar las estructuras patriarcales y coloniales que provocan y reproducen violencias múltiples. Habrá que cristalizar el cobro de las deudas coloniales y ecológicas, en las que las naciones enriquecidas por la explotación de otros pueblos y otros territorios son las deudoras. Por igual habrá que desmontar el sistema económico mundial, con todas sus herramientas de dominación, como lo es la deuda externa, que configuran maquinarias depredadoras de la vida.

En este trajinar habrá avances y retrocesos. Pero, en la medida que se logre una amplia y diversa participación de pueblos, colectivos, organizaciones y personas, en ningún momento podemos perder la esperanza, que no la asumimos simplemente como la creencia de que algo indefectiblemente saldrá bien, pues preferimos asumirla como la certeza de que lo que hacemos tiene significado, independientemente del resultado.

Si los humanos no restablecemos la Paz con la Tierra, no habrá posibilidad de Paz para nosotros en la Tierra, que explicablemente se rebela frente a tanta destrucción que estamos provocando.

Tenemos la certeza de que, en este reencuentro armonioso y amoroso con la Madre Tierra contaremos con su enorme capacidad de resiliencia y recuperación, pues se trata de una verdadera Madre, que está de nuestro lado.

1 Economista ecuatoriano y abogado ambientalista argentino, coautores de un libro sobre estos temas de próxima aparición. Jueces del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Miembros del Pacto Ecosocial, Intercultural del Sur.

Defensores del Pueblo, el río los necesita

Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) – Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentamos acciones para profundizar en la defensa de nuestras cuencas. Fortalecer la soberanía ambiental en Argentina plantea serias implicancias para la justicia ecosocial.

En marzo de 2024, se reveló un Memorándum de Entendimiento firmado entre la Administración General de Puertos (AGP) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Este acuerdo, cuyo texto completo está disponible aquí, abarca la gestión de cuencas hidrográficas, control de inundaciones, preservación de ambientes fluviales y sedimentación. Fue firmado en enero de 2024, pocos días antes de que finalizara el mandato del Presidente Alberto Fernández, y ratificado por el actual gobierno. Lo más preocupante es que este acuerdo se realizó sin el consenso de las provincias involucradas, violando así principios fundamentales de nuestro federalismo

La AGP ha excedido sus competencias, interfiriendo en áreas de mayor jerarquía ambiental y omitiendo la participación de organismos clave como el Instituto Nacional del Agua (INA) y el Consejo Hídrico Federal (COHIFE). Esto contraviene acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú, que garantiza la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. Este tratado regional promueve el acceso a la información y la participación ciudadana en decisiones ambientales.

El federalismo de concertación requiere la colaboración entre el gobierno nacional y las provincias para gestionar los recursos naturales de manera consensuada. La falta de consulta y consentimiento previo de las provincias en este Memorándum viola la Constitución y las leyes provinciales. Por ejemplo, la Ley de Libertad de los Ríos de Entre Ríos exige la intervención del poder legislativo provincial para cualquier proyecto que afecte sus ríos y bienes comunes.

El modelo de desarrollo implícito en este acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos refuerza una visión extractivista y centralizada de la gestión de recursos, que es precisamente la que ha llevado a la actual crisis climática y ambiental. Este tipo de acuerdos perpetúa la dependencia y la subordinación a intereses externos, alejándonos de las alternativas al desarrollo que promueven la autonomía, la justicia ecosocial y la sostenibilidad.

Desde CAJE-AAdeAA proponemos la creación de un Comité de Cuenca del río Paraná, que garantice una gestión con mirada de cuenca y respetuosa de nuestra soberanía. Este comité permitiría una coordinación efectiva entre las distintas jurisdicciones y aseguraría que las decisiones se tomen de manera consensuada y democrática, protegiendo nuestros bienes comunes y los derechos de las comunidades afectadas.

Instamos a las autoridades a revisar este Memorándum y garantizar que cualquier acuerdo futuro respete las competencias legales y el federalismo de concertación.

Solicitamos a su vez la Defensoría del Pueblo de la Nación que intervenga y emita una recomendación al Poder Ejecutivo Nacional, al Congreso de la Nación y a las provincias involucradas. Es crucial clarificar y transparentar los pasos irregulares de la construcción de este Memorándum y asegurar que cualquier futura cooperación internacional sea legal, justa y sustentable.

La Justicia neuquina amplía la investigación en el caso Comarsa

Causa Basureros Petroleros: Victoria Legal en el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén


Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) celebramos el fallo trascendental del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén que investiga el escandaloso negocio millonario de los basurales petroleros en Vaca Muerta. El Tribunal dictó una resolución donde reinstauró embargos por 7 millones de dólares sobre los bienes que COMARSA – empresa acusada por delitos de contaminación y defraudación – posee en tanto en el Parque Industrial de Neuquén como en su planta en Añelo. 

La decisión surge tras una impugnación presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén y la fiscalía de Delitos Ambientales local. 

Con este fallo, se abren nuevas oportunidades para la judicialización de prácticas contaminantes, en áreas donde la industria fósil suele actuar con impunidad como Vaca Muerta. La reinstauración de los embargos por 7 millones de dólares refuerza la capacidad de las organizaciones ambientales para exigir responsabilidad y rendición de cuentas a las empresas que operan de manera negligente o ilícita.

Los embargos no solo afectan a los bienes de Comarsa, sino también a las cuentas bancarias y billeteras virtuales de dos de los tres imputados: J.M.L, presidente y accionista mayoritario de Comarsa desde 2014, y H.E.B, quien tuvo funciones de administración y control hasta enero de 2021. 

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén, anuló un fallo previo que limitaba el embargo al monto correspondiente a las multas vigentes por contaminación según la legislación específica. El nuevo fallo restaura el embargo original. Coincide con el criterio de la fiscalía y las querellas particulares, considerando que las medidas cautelares también pueden alcanzar el decomiso de bienes obtenidos a partir de actividades ilícitas. Esto marca un precedente importante para futuros casos de contaminación ambiental.

Desde 2014, Comarsa ha sido objeto de investigaciones impulsadas a partir de denuncias de organizaciones y colectivos locales de Neuquén, por haber contaminado el ambiente y puesto en peligro la salud de la población local. Estas acciones han tenido lugar en un predio ubicado en el parque industrial de Neuquén capital, donde la empresa realiza supuestas actividades de recuperación de residuos peligrosos. El modelo de combustibles fósiles asociado a Vaca Muerta inherentemente involucra casos como el de Comarsa donde los residuos peligrosos y radioactivos no son tratados de manera adecuada. De incorporar este costo, los márgenes apenas rentables de la industria petrolera nacional no serían suficientes.

La maniobra investigada abarca desde 2014 hasta la actualidad, y se centra en un predio ubicado en el parque industrial de Neuquén capital. Comarsa es acusada de contaminar el ambiente y poner en peligro la salud de la población, en violación de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos y el Código Penal. Los imputados enfrentan cargos por contaminación peligrosa para la salud pública (artículos 57 y 55 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, con remisión al artículo 200 del Código Penal) y administración fraudulenta (artículo 173, inciso 7, del Código Penal).

Al reafirmar y ampliar las medidas cautelares, la corte envía un mensaje contundente a las empresas y actores involucrados en actividades contaminantes: la justicia está dispuesta a actuar con firmeza en casos de delitos ambientales y de afectación a la salud pública.

Cautelar en San Nicolás para protección de los humedales

El Delta no se vende; somos humedal

El Poder Ejecutivo Provincial envió a la Legislatura un proyecto de Ley que posibilita la venta de bienes inmuebles del Estado Provincial a través de la conformación de una Agencia Administradora a tales efectos, otorgándole o delegando facultades. La iniciativa simplifica, concentra, generaliza y no conforma excepciones. Así, quedan sus competencias, sus finalidades y su organización libradas a la reglamentación que haga luego el Poder Ejecutivo.

Ante esta propuesta, queremos recordar que el Delta del Paraná constituye el sistema de humedales que nuestra Constitución de Entre Ríos jerarquiza y protege, determinando que: ” …La Provincia concertará con las restantes jurisdicciones el uso y aprovechamiento de las cuencas hídricas comunes. Tendrá a su cargo la gestión y uso sustentable de las mismas, y de los sistemas de humedales, que se declaran libres de construcción de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo natural de sus ecosistemas asociados. El Estado asegura la gestión sustentable y la preservación de los montes nativos, de las selvas ribereñas y de las especies autóctonas, fomentando actividades que salvaguarden la estabilidad ecológica. El propietario de montes nativos tiene derecho a ser compensado por su preservación” (Artículo 85º, sexto y séptimo párrafos).

En este marco, debemos tener en cuenta que el Estado Provincial es titular de aproximadamente 188.773 hectáreas de islas en el sistema de humedales (información conforme a la respuesta de una solicitud de acceso a la información pública ambiental realizada oportunamente). Consideramos entonces que el iniciar un proceso de administración y posterior venta a privados sea cual fuera la escala, sería no solo vulnerable jurídicamente para el Estado, sino que podría conllevar consecuencias ecológicas negativas, produciendo un enorme impacto acumulativo y geométrico arrasador sobre las bondades de estos ecosistemas. Remarcamos por esto la necesidad de no habilitar su mercantilización, considerando para esto que el Delta, con todos sus bienes públicos, está fuera del comercio y las islas como sistema son inalienables e imprescriptibles conforme a sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Nos oponemos especialmente a lo establecido por el Artículo 16° del proyecto que exceptúa de lo dispuesto por el artículo 55° de la ley 5140, el cual dispone que “Los bienes inmuebles de la Provincia no podrán enajenarse ni gravarse en forma alguna sin expresa disposición de ley”. Así, todos los bienes de la provincia bajo administración de ésta Agencia podrán ser vendidos y gravados sin que intervenga el Poder Legislativo. Además en una Agencia que carece de representación equitativa y democrática, ya que el Poder Ejecutivo es quien decide la conducción, con la facultad de nombrar y remover los principales cargos (Artículo 6° del proyecto).

En un experimento que no prosperó por la maravillosa resistencia social, el ex gobernador Sergio Uribarri, junto con su fiscal de Estado, Julio Rodriquez Signes, ya intentó privatizar todas las tierras públicas en el Delta a través de la efímera y tristemente conocida “Ley del Arroz”. La normativa habilitaba la venta de estos territorios e incluía sus puertos en manos de los dueños -o algunos de ellos-  de las corporaciones del agronegocio de exportación transgénica. Esa propuesta aspiraba otorgar por 99 años todas las tierras públicas en el Delta a una Sociedad Anónima y, a través de la misma, gestionar permisos para el cultivo del arroz y semillas genéticamente modificadas. Esta ley, la 10.092, estuvo en vigencia tan sólo dos meses, de diciembre de 2011 a febrero de 2012,  gracias a la respuesta en movilización social que provocó semejante “negocio”. Esta experiencia constituye quizás uno de los mayores escándalos políticos vividos en la provincia en los últimos años y, seguramente la actual gestión no repetirá semejante equívoco. 

Perder la memoria, es grave; no conocer su historia, también 

La Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas con un conjunto de más de cuarenta organizaciones de la Cuenca y del País, presentó hace más de dos años una Propuesta de Sanación del Delta Argentino. Aquí dejamos el documento de acceso público a todos los que amen el ser naturaleza de nuestro ecosistema privilegiado en el planeta y los que tengan responsabilidades directas sobre la gestión de cuencas y del Delta en particular. Más aún, lo entregamos así con las manos abiertas a cada uno de los diputados y senadores de la provincia. 

En razón de lo aquí expuesto y dejando expresado que la mayoría del sistema de humedales provincial son áreas naturales protegidas (ANP) -reconocidas por leyes específicas y sentencias relevantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, debemos decir que este sistema de humedales, el más grande de la Argentina, debe ser excluido expresamente del proyecto de ley que ha sido remitido para la consideración del Poder Legislativo entrerriano.  Y que al ser bienes de dominio público que pertenecen a toda la comunidad, está prohibida su venta, como así también limitados sus usos, conforme las funciones ecológicas y sociales que cumplen, más relevantes aún frente a los delicados y graves escenarios de cambio climático. (Artículo 240 Código Civil y Comercial).

La construcción del concepto de “sistema” fue un debate relevante en la Convención Constituyente de Entre Ríos. Fue esculpido y tallado a la luz de concebirlo como una unidad biocultural abrazada de la diversidad de sus reinos de vida. Desconocer ese anclaje, esa multiplicidad de seres humanos y no humanos desde el concepto del derecho real o los que sean, sin comprender los procesos de reconocimiento y respeto para con la Pachamama y el ciclo del agua, es negar que somos entre ríos. Y como decimos y hemos defendido maravillosamente: somos Entre Ríos Sí, entre represas No. Por eso también entre endicamientos No, ni privados ni públicos; No a la pampeanización y destrucción del sistema de humedales que nos conforma y del que somos parte. Porque, señor gobernador, señores legisladores, el Delta no se vende; somos humedal.

* Enzo Culasso Orué y Jorge Oscar Daneri, miembros de la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE). Integrantes de la Unidad de Vinculación Ecologista de la Fundación La Hendija, Paraná.

Texto alternativo (alt text): “Imagen del desmonte ilegal en la provincia de Chaco que viola la medida cautelar para proteger los bosques nativos.”

DENUNCIA PENAL: LA MAFIA DEL DESMONTE EN CHACO

Investigación devela una trama de corrupción de Funcionarios/Empresarios para la deforestación en Chaco

A fines de Abril la Legislatura de Chaco votó una Ley que permite el desmonte de cientos de miles de hectáreas de Bosque Nativo. Está hecha a medida del agronegocio y las tanineras. Ese cambio normativo fue impulsado por la “Puerta Giratoria” de la mafia del desmonte: Funcionarios/empresarios que pasan de un lado a otro del mostrador sin disimulo y para favorecer sus propios negocios.

  • El ministro de Producción de Chaco (Hernán Halavacs), máxima autoridad ambiental de la provincia y Autoridad de Aplicación de la Ley de Protección de Bosques, es -a su vez-  quien más recibió permisos de desmontes en los últimos 10 años (como Ingeniero Agrónomo para sus clientes, actuales beneficiarios de la nueva Ley).
  • Funcionarios/Empresarios que traspasan los copernicanos cambios de gobierno de Chaco (funcionarios de Capitanich y ahora de Zdero). Luciano Olivares, actual asesor del Ministro Halavacs. En el anterior gobierno, Olivares era el Subsecretario de Desarrollo Forestal y era quien le otorgaba a Halavacs los permisos de desmonte.
  • Diputados de la provincia son, a su vez, poderosos empresarios forestales y del agronegocio, impulsaron y votaron la Ley que los enriqueció personalmente.
  • Desvíos de Fondos públicos, de origen Nacional (Ley de Bosques) e Internacionales (Fondo Verde para el Clima) para Conservación.
  • Trata de Personas, semi esclavitud, trabajo infantil forman parte de la trama colonial que envuelve a Chaco y la retrotrae al Siglo XIX (recuerda a La Forestal).
  • Toda esta investigación ha sido detallada en una puntillosa denuncia penal de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas que se presentó el día de hoy en la Justicia Federal con sede en Chaco.

ANTECEDENTES Y DETALLES

En tratamiento express, la legislatura de Chaco votó a fines de abril una ley que redujo ilegalmente la protección de sus bosques nativos y permite el avance de las topadoras sobre el monte nativo, territorios de campesinos e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté, entre otros. Dicha ley es inconstitucional y su formación legislativa tuvo gravísimas irregularidades.

La ley votada en la madrugada del 30 de abril es la consecuencia del accionar coordinado de un grupo de funcionarios, legisladores y empresarios que, con distintos roles, pero con un mismo objetivo, diseñaron un plan para arrasar el bosque nativo del Chaco y enriquecerse con el corrimiento de la frontera sojera o ganadera y, por otro lado, con la comercialización de la madera y subproductos, que son vendidos tanto en el mercado interno e internacional.

La denuncia penal fue realizada desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) ante la Justicia Federal con sede en la provincia de Chaco. 

DENUNCIADOS/AS

Tras una investigación exhaustiva de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, se descubrió la participación activa de funcionarios públicos y empresarios en actividades ilícitas que implican la destrucción ilegal de bosques nativos. Se denunció penalmente la concentrada y millonaria maquinaria político/corporativa que se enriquece y maneja los hilos de la provincia según sus propios intereses.

¿Quiénes son los/as denunciados/as que están detrás de las tanineras, aserraderos y el agronegocio que promueven y realizan el desmonte de Bosque Nativo en Chaco?

  1. Hernan Halavacs. Actual Ministro de Producción de Chaco, máxima autoridad ambiental de la provincia y autoridad de aplicación de la Ley de Bosques. Previo a ser funcionario público fue el Ingeniero Agrónomo que mayor cantidad de permisos de desmonte tuvo otorgados en la historia reciente de la provincia. Tenía un aceitado mecanismo, a través de una consultora, vinculado al otorgamiento de permisos irregulares de desmonte. 
  2. Luciano Olivares. Subsecretario de Desarrollo Forestal durante las gestiones de los gobernadores Peppo y Capitanich, principal responsable del desmonte desde el año 2014. Hoy es el asesor forestal del ministro Halavacs, a quien le otorgaba los permisos de desmonte cuando era funcionario público.
  3. Atlanto Honcheruk. diputado provincial y empresario del transporte forestal. Titular de la mayor empresa transportista de madera de la Provincia.
  4. Miguel Ángel López. ex-Director de Bosques de la Provincia. Propietario de uno de los mayores aserraderos de la provincia: Forestales del Oeste SAS
  5. Ana Victoria Hupaluk. Empresaria maderera y carbonera. En uno de sus campos encontraron a 76 personas haciendo trabajo esclavo, incluyendo niñxs.. Socia de Miguel Angel lopez en el aprovechamiento de Tria S.A. A la cual el mismo Lopez entregó parcelas. Tienen relaciones comerciales con Halavacs.
  6. Adolfo Eduardo Hupaluk. Empresario maderero y carbonero de Los Frentones. Socio de Ana Victoria. Uno de sus campos fue quemado por completo después de haber sido denunciado en audiencia pública. 
  7. Juan José Bergia. Legislador de NEPar, su propio partido. Maneja la Reserva Meguesoxochi, conocida por la explotación irracional de madera, a través de Zenón Cuellar. Junto a Luciano Olivares malversaron fondos verdes para el clima otorgados por la ONU

¿Qué delitos se imputan?

Entre los delitos específicos cometidos se especifican: defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideologica de instrumento, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, trata de personas y/o asociación ilicita. Todos previstos en el Código Penal.

  • Se documentó la defraudación contra la administración pública, conforme al artículo 173 inciso 7 del Código Penal argentino. Los funcionarios mencionados han otorgado permisos de desmonte ilegal y han recategorizado parcelas de manera fraudulenta, desviando fondos públicos destinados a la conservación ambiental para favorecer intereses privados. 
  • Además, se han identificado casos de falsedad ideológica de instrumento público, tipificados en el artículo 292 del Código Penal. Los acusados falsificaron documentos públicos para justificar la reclasificación de terrenos forestales como aptos para actividades agropecuarias, vulnerando así las disposiciones legales destinadas a la preservación de los recursos naturales. 
  • Se registran casos de cohecho y tráfico de influencias, delitos contemplados en los artículos 256 y 268 del Código Penal, respectivamente. Los funcionarios públicos acusados habrían recibido beneficios económicos y otros favores indebidos a cambio de la facilitación de permisos de desmonte y la modificación de normativas ambientales locales. Estas prácticas ilícitas subvierten el principio de imparcialidad y objetividad que deben regir las funciones públicas, perpetuando un ciclo de corrupción que pone en riesgo tanto el ambiente como la integridad del sistema administrativo argentino.

PODEROSAS EMPRESAS DENUNCIADAS

Algunas de las empresas que aparecen vinculadas a esta trama de corrupción público/privada:

  • El actual ministro Halavacs trabajó como consultor para la familia Vicentín en al menos 14 oportunidades, que equivalen a casi 5500 ha en las que el técnico les realizó planes de desmonte.
  • Las Guindas S.A es una empresa agropecuaria de Rosario que obtuvo permiso de desmonte por 1331 ha en Brown en 2018, realizado por el entonces técnico Halavacs. es propiedad de la Familia Urquía, que dirige el Grupo Aceitera General Deheza (AGD).
  • El Grupo Buratovich Hnos es una gran empresa agropecuaria de Buenos Aires, propiedad de la familia Buratovic. De enorme peso económico, la familia posee intensos vínculos con políticos nacionales y chaqueños.
  • Ana Victoria Hupaluk es una empresaria forestal de Los Frentones dedicada a la extracción de madera y compraventa de tierras en el Departamento Brown. Es socia de La Nueva Pirámide S.A., empresa que es dueña de la Estancia La Nueva Pirámide y comparte socios con Indunor S.A., una de las dos principales tanineras del Chaco que extraen quebrachos de los Deptos. Brown y Güemes.
  • TRIAD S.A. en Chaco tiene domicilio fiscal en el estudio del Ingeniero Kalbermatter, socio de Miguel Angel Lopez en Charata. Esta sociedad de Buenos Aires pertenece a Santiago Bausili (actual presidente del Banco Central de la República Argentina -BCRA).

TANINERAS TRANSNACIONALES

La denuncia penal también pone sobre la lupa las poderosas empresas asociadas a la extracción del tanino, subproducto de los quebrachos desmontados y sus promiscuos vínculos con funcionarios y ex funcionarios.

El tanino se usa principalmente para el procesamiento y curtido del cuero y también, en menor medida, para el encamisamiento de tubos petroleros. 

Actividad netamente extractivista y colonial (recordemos la británica La Forestal hace más de un siglo) que promueve una economía de enclave, que se realiza de manera cuasi minera y basada en la destrucción del monte. Monopolio controlado por un puñado de corporaciones, ligadas siempre al poder político, con escaso eslabonamiento local y concentración fundiaria (también se da en la soja). La megaempresa Indunor S.A., del grupo Italiano Silvateam, y Unitan, también de capitales transnacionales, son las dos tanineras responsables de, al menos, la pérdida de 30.000 hectáreas anuales de masa boscosa en la provincia.

MEDIDA CAUTELAR

A su vez se solicitó el dictado urgente de una medida cautelar que suspenda los efectos de la Ley 4005-R del 30 de abril de 2024, y cese inmediatamente toda actividad de destrucción de bosque nativo que ponga en riesgo este ecosistema crucial. La reforma del OTBN representa un acto delictivo consumado y en curso, con un claro riesgo de agravamiento mientras esté vigente. La sobreexplotación forestal se viene llevando a cabo a tasas muchas veces mayor a la de repoblación de los bosques milenarios del Impenetrable. Se calcula que, a este ritmo de extracción, habrá desaparecido en 2 décadas.

DENUNCIA PENAL A LA TRAMA DE CORRUPCIÓN

La Denuncia Penal tiene como objetivo se investigue y desarticule a esta Mafia del Desmonte de Chaco y eliminar su cooptación sobre el Estado de la provincia. Una organización criminal que se enriquece a costa del ecocidio, que deja exclusión, pobreza y destrucción. Si sigue en funcionamiento, el futuro de uno de los ecosistemas mas importantes de América del Sur, el gran Chaco Argentino (y la población, flora y fauna que allí viven) irá hacia su desaparición definitiva. 

KIT DE PRENSA con documentación y material audiovisual 

derrame de crudo en Comodoro Rivadavia

Sin respuestas oficiales ante el derrame de crudo en Comodoro Rivadavia

El Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) – Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) ha formalizado una denuncia ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) debido al reciente derrame de crudo ocurrido en Bella Vista Sur, barrio Islas Malvinas de Comodoro Rivadavia, el pasado 25 de junio.

El incidente, atribuido a YPF, fue inicialmente reportado a las 1:40 AM por autoridades locales, quienes señalaron la falta de información exacta sobre la cantidad de petróleo vertido. Según Nicolás Coluccio, Subsecretario de Ambiente del Municipio, el plan de emergencia de YPF fue desplegado con demora y deficiencias, lo que suscitó preocupaciones sobre la respuesta ambiental efectiva en la región.

En el marco legal, la denuncia apunta a posibles delitos en marco de la Ley de Residuos Peligrosos 24.051 y a daño culposo. El agravio al derecho constitucional y convencional a un ambiente sano, respaldado por normativas nacionales y provinciales que regulan la protección del ambiente.

Desde redacciones periodísticas locales documentaron el incidente, fuente de información importante ante la falta de investigaciones oficiales. Además, se solicitó a las autoridades competentes de Chubut y Comodoro Rivadavia que informen sobre las medidas tomadas y las posibles infracciones cometidas por YPF. También se requirió que funcionarios involucrados hicieran declaraciones testimoniales para aclarar los hechos y procedimientos administrativos.

Desde CAJE-AAdeAA reafirman la necesidad de que exista una rendición de cuentas ante este derrame de crudo en Comodoro Rivadavia. Es necesario que la incidentalidad inherente a la industria fosil rinda cuentas ante la sociedad. En nombre de las exportaciones que nunca llegan, la salud y seguridad de las comunidades no puede ser arriesgada. Por eso, este paso legal tiene como objetivo asegurar una investigación exhaustiva y la aplicación de sanciones correspondientes a los responsables del derrame.

Sin derechos, sin territorios y un ambiente seguro no es posible hablar de democracia y de justicia social

En el contexto actual de América Latina, las personas defensoras de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil enfrentamos desafíos significativos, es por eso que más de 150 voces de organizaciones campesinas, indígenas y sociales de Paraguay y América nos unimos en el Seminario Internacional Voces por el Derecho a Defender Derechos para aportar una mirada a la construcción de las decisiones que se darán para la región en la a 54ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Sostenemos que un pueblo sin acceso a tierras, territorios y el cuidado de la naturaleza, no puede hacer florecer vidas, germinar semillas, resguardar la existencia y supervivencia, y las democracias sin justicia social, sin redistribución de la riqueza, sin dar participación a las voces disidentes, sin protección a las personas y los recursos naturales, no pueden llamarse Estados Social de Derechos.

Reafirmamos nuestro compromiso con la vida, con la soberanía alimentaria y el cuidado del medio ambiente. Así mismo, sostenemos que el Estado debe generar políticas públicas para atender las necesidades de la población, brindando un ambiente seguro y sano. Entendemos que el Estado tiene la obligación de garantizar la salud y la alimentación de todas las personas, que no se dan en este modelo de producción capitalista que cada vez genera más desigualdad, migración, violencia y desalojo.

Así también debe garantizar y velar, de manera urgente, por la producción en el marco de la agricultura campesina e indígena, como de la salud de los pueblos que se encuentran en terapia intensiva.

Exigimos a los Estados detener las políticas de muerte, favoreciendo al latifundio y el agronegocio que ponen en riesgo a las comunidades indígenas, campesinas y la población urbana. Así como la protección de los bosques, ríos y seres vivos. En nuestra región existe suficiente prueba de que los agronegocios solo han profundizado la pobreza, expulsado a las comunidades indígenas y campesinas, como también destruido los recursos naturales en la globalidad, generando una crisis climática con consecuencias catastróficas para todos y todas.

Reconocemos la lucha de las Américas, la lucha de los pueblos y apostamos por la construcción de nuevos liderazgos, jóvenes, niños, niñas, adolescentes y de mujeres que elijan el trabajo en el campo, que puedan permanecer en sus comunidades con salud, educación, tierra y trabajo, siendo estos los y las protagonistas de las resistencias.

La dignidad humana exige el cese de la discriminación, la intolerancia y los discursos de odio, porque impiden la convivencia y generan barreras entre las personas. Sostenemos que sin participación no hay democracia, y para gozar de democracia debemos visibilizar todas las voces, la diversidad campesina, indígena, de las mujeres, de la comunidad LGBTQ+, de niños, niñas y adolescentes desde un permanente diálogo.

Demandamos la derogación de leyes represivas y políticas regresivas en materia de derechos, el cese de la criminalización, de los desalojos forzosos, las garantías para la libertad de asociación, libertad de movilización, libertad de expresión en el marco de las luchas colectivas.

Rechazamos el uso exacerbado de las fuerzas de seguridad y el avance de la militarización en la región.

Denunciamos la persecución que se da hoy a las organizaciones de sociedad civil por intereses políticos, autoritarios y grupos antiderechos, que buscan cercenar derechos básicos, socavando el trabajo esencial que realizamos en beneficio de la participación ciudadana a lo largo de estos años. Estos ataques se dan tanto en campañas comunicacionales, como en propuestas de leyes que violentan las propias constituciones nacionales de Paraguay, Argentina, Perú, El Salvador y otros países de la región. Situación que representa un grave riesgo para el desarrollo y el progreso de nuestros países, en cuanto a ejercicio de ciudadanía y democracia.

Es nuestro derecho y nuestro deber alzar nuestras voces en contra de cualquier intento de debilitar y perjudicar los derechos conquistados por medio de las luchas sociales y el reconocimiento de nuestro compromiso por países más igualitarios, más justos y donde nadie sea excluido.

  • Organizaciones Firmantes
  • ACPAE – LB
  • Alames (Asociación Latinoamericana de Medicina Social)
  • ANIVID (Articulación Nacional de Pueblos Indígenas por una Vida Digna)
  • APAITGA
  • Asociación de Mandioqueros
  • Asociación de Mujeres Artesanas Nivachei
  • Asociación Kuña Techapyrã
  • ASOEDU
  • CLIBCH (Coordinadora de Líderes del Bajo Chaco)
  • Comité de Apicultores de Ñe’ẽmbuku
  • Conamuri (Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas)
  • Coordinadora de Jóvenes Indígenas de Caaguazú
  • CTCU (Coordinadora de Trabajadores Campesinos y Urbanos)
  • Cultiva Paraguay
  • Diversex Alto Paraná Enlace Caaguazú FIMARC
  • FNC (Federación Nacional Campesina)
  • Joaju
  • Jopotyrã
  • KGA (Kuña Guarani Aty)
  • Kuña Poty
  • MAIPY (Mesa de Articulación de Pueblos Indígenas de Paraguay)
  • MAOPI (Mesa de Articulación de organizaciones de Pueblos Indígenas) Boquerón
  • MCP (Movimiento Campesino Paraguayo)
  • Mesa Coordinadora de Organizaciones Sociales de Paraguarí.
  • MIPY (Mujeres Indígenas del Paraguay)
  • MRC (Movimiento de Recuperación Campesina)
  • No’õ Ñandua
  • Ñeguerõi Pavẽ’i
  • OCN (Organización Campesina del Norte) OCUN
  • OLT (Organización de Lucha por la Tierra)
  • ONAI (Organización Nacional de Aborígenes Independientes)
  • OZAE (Organización Zonal de Agricultura Ecológica)
  • Presencia Joven
  • Red de Mujeres Periodistas
  • UCINY
  • UJIP (Unión de Jóvenes Indígenas de Paraguay
  • CODEHUPY (Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay)
  • Anmistía Internacional Py
  • Base IS
  • Callescuela
  • Heñói
  • TEDIC
  • Tierraviva Altervida
  • Xamok Kasek
  • Yakye Axa
  • Kamha Yat Seppo
  • MNCI – Somos Tierra (Argentina)
  • AAAA- Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina
  • Espacio OSC
  • CEJIL
  • APRIDEH
democracia

Disciplinamiento y estado de excepción en la Argentina de Milei

por Maristella Svampa y Enrique Viale para elDiarioAr

La democracia se debilita con detenciones arbitrarias de manifestantes y acusaciones infundadas. El Gobierno ha intensificado el autoritarismo contra la educación pública y los movimientos sociales, bajo el pretexto de proteger intereses económicos. Es urgente defender la democracia y los derechos humanos.

La democracia languidece en la Argentina. La situación de los detenidos y detenidas por manifestarse, y las gravísimas y arbitrarias imputaciones que se les hacen, es propia de regímenes autoritarios. Se está instalando un estado de excepción, donde los derechos constitucionales más básicos son suspendidos. 

Pero la democracia no se suicida sola. Con el proyecto de ley de Bases, la derecha y la centroderecha entregaron el país en bandeja a la extrema derecha, que sólo contaba con siete votos propios en el Senado. Ahora, con dicha “ley de leyes” casi aprobada, se vienen en la Argentina tiempos aún más ominosos, más represión, más autoritarismo, menos derechos, más destrucción del Estado.

Por la arbitrariedad de las detenciones realizadas en la manifestación del pasado miércoles 12 de junio, queda de manifiesto que las mismas forman parte de una estrategia de persecución política y un ataque deliberado a la libertad de expresión y el derecho de protesta. El pedido de detención del fiscal federal Carlos Stornelli enumera las circunstancias que lo justificarían genéricamente y de modo tendencioso pues expresa ya una condena política. Las normas exigen que debería describirse persona por persona y con detalle —esto es, haciendo referencia a pruebas concretas— las razones para privar de libertad a un ciudadano. Legalmente, en lugar de atribuir conductas delictivas concretas, como exigen las garantías penales, se describe un contexto general y de modo sesgado, sin distinguir casos ni precisar prueba. Salta a la vista que la Justicia no está actuando en función de elementos objetivos del caso y respetando las normas procesales, sino en respuesta a la presión política del Gobierno. 

Todos los organismos estatales involucrados están avanzando con una absoluta falta de transparencia, de modo antidemocrático. El Ministerio de Seguridad nacional, que dio la orden de reprimir y que en la causa penal se presentó como querellante; la Policía, en la calle; la Fiscalía, solicitando las detenciones en base a tuits de un organismo que no existe en el organigrama estatal (“Oficina del Presidente” sólo existente en la red social X). Durante las primeras veinticuatro horas después de detenidas las personas, los funcionarios responsables negaron su paradero a familiares y organismos de derechos humanos. 

La represión, en sintonía con el accionar de infiltrados en la marcha, comenzó alrededor de las 15-16 horas. No es casual, el plan de Patricia Bullrich era generar imágenes a través de los medios oficialistas (La Nación, TN y redes sociales amplificadas por Infobae) para romper la nutrida manifestación y provocar el temor y la inacción de los “sueltos” que pretendían acercarse a manifestar a la plaza Congreso luego de terminada la jornada laboral. Y lo lograron, ya que a las 18, como consecuencia de la brutal represión, la plaza había quedado casi vacía, a pesar que restaban varias horas aún de debate parlamentario. 

La Banelco del siglo XXI tuvo una nueva vuelta de tuerca en la decidida tarea de cambiar favores por votos: el nombramiento como embajadora de la Unesco en París para la Senadora Lucila Crexell de Neuquén, que dio su voto positivo a la Ley Bases, contradiciendo su accionar hasta ese momento. Miembro de la oligarquía —política y económica— de Neuquén, Lucía Crexell Sapag se lució el día de la sesión con una imponente cartera de US$2000 en un Senado que la conoce por su pasión por los viajes al exterior. Hija de Luz Sapag, forma parte del clan político del poder neuquino y del emporio empresarial Crexell, representante de una burguesía local que se enriquece gracias a la actividad petrolera de Vaca Muerta. Es que Vaca Muerta es un gran negocio para un pequeño grupo de proveedores provinciales, que casi siempre caen en manos de la clase política-empresarial local, los que monopolizan millonarios contratos de transporte, hoteles, comidas, etc. Un patrón que se repite en otras provincias, en relación, por ejemplo, con los servicios mineros.

Además, pese a su discurso anticasta, la extrema derecha naturalizó la corrupción de modo acelerado. El diputado nacional del oficialismo Oscar Zago (Movimiento de Integración y Desarrollo, MID) reconoció que a la senadora Crexell le dieron una embajada a cambio de su voto, pero alegó “consensos y acuerdos”, confundiendo torpe y malintencionadamente debate político con lo que es lisa y llanamente el delito de dádivas.

A esto se suma al caso de los siempre resbaladizos senadores Carlos “Camau” Espínola (Corrientes) y Edgardo Kueider (Entre Ríos), elegidos con la boleta del Frente de Todos (ahora Unión por la Patria), que garantizaron con su voto la aprobación de la ley a cambio de favores personales, lo cual se va revelando con el correr de los días. Otro caso, que pasó mas inadvertido, es el de la senadora peronista Carolina Moises (Jujuy), que votó en contra en general pero a favor en particular en el polémico Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). 

Para explicar lo sucedido no habrá que apelar a las ciencias políticas o la sociología, sino más bien al Derecho Penal. Hubo claramente compras de voluntades; hubo dádivas que están tipificadas en el Código Penal.

Volviendo a los detenidos, ninguno de ellos es responsable de haber prendido fuego a un auto. Los que sí lo hicieron están filmados, retratados y continúan libres. Ninguno de los detenidos tiene siquiera una fotografía participando de hechos de violencia. No las hay ni las habrá porque se lanzó una cacería a manifestantes de modo arbitrario, con un plan preconcebido de represión y criminalización. 

Entre los que siguen detenidos —en prisiones de máxima seguridad— hay tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín, Camila Juarez (estudiante de sociología), Nicolás Mayorga (estudiante de relaciones internacionales) y Sasha Lyardet (estudiante de comunicación), quienes estaban retirándose, lejos del Congreso; Lucía Belén Puglia, estudiante de letras de Letras de la Universidad de Hurlingham; Juan Spinetto, ambientalista y Maria de la Paz Cerruti, profesora de Historia (detenida cruzando la calle, está filmada), solo por haber ejercido el derecho a manifestarse. No es casual. Buscan disciplinar a las clases medias, y especialmente a aquellos que representan lo que el propio presidente Javier Milei -junto con uno de sus asesores estrella, el ultraderechista Agustín Laje- consideran como expresión del “marxismo cultural”. 

La represión y las detenciones forman parte así de la llamada “batalla cultural” que el gobierno de extrema derecha lleva a cabo en contra de la educación pública, la ciencia pública y la cultura, a las que viene demonizando y acusando en múltiples oportunidades de “adoctrinar”. Muy particularmente, las ciencias sociales y humanas, los ambientalismos y feminismos, están en la mira de esta campaña de amedrentamiento, que ahora ha pasado a la acción concreta de los palos y el disciplinamiento.

Uno de los casos que conocemos personalmente es el de Juan Ignacio Spinetto, ambientalista, docente y abogado. Fue detenido en San Telmo, a cinco cuadras de su casa. Cualquiera que lo conoce a Juan sabe que es alguien muy pacífico, un encanto de persona, incapaz de generar violencia por más mínima que sea. 

Mientras tanto, pasó desapercibida la Resolución 499/2024 del Ministerio de Seguridad Nacional (publicada el 10 de junio pasado en el Boletín Oficial), que permite blindar a los territorios del extractivismo de cualquier resistencia social. El gobierno acaba de conformar una “unidad de seguridad productiva” que habilita así el despliegue de fuerzas federales en las provincias. Esta dispone “analizar las situaciones de inseguridad que presentan o pueden previsiblemente presentar sectores de la economía que, a causa de su gran contribución al crecimiento del país debido al volumen de su producción, a la magnitud de su aporte, a la sensibilidad del material derivado de su actividad o al alto valor de sus productos, requieren de un cuidado especial en el proceso de elaboración o en el transporte de las mercaderías” y “brindar” “la seguridad que demandan las situaciones enunciadas” Más claro, Bullrich blindará Vaca Muerta y las zonas con litio con fuerzas federales. En sintonía con el RIGI (Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones), el objetivo será “proteger” los intereses específicos de las empresas que operan en Vaca Muerta o en las provincias en las que hay litio y resistencias sociales, como en Jujuy (particularmente Las Salinas Grandes) y Catamarca (donde ya la empresa minera Livent es responsable de haber secado un río), el objetivo será “proteger” los intereses específicos de las empresas que operan en Vaca Muerta o en las provincias en las que hay litio y resistencias sociales, como en Jujuy (particularmente Las Salinas Grandes) y Catamarca (donde ya la empresa minera Livent es responsable de haber secado un río).

Estos primeros siete meses del gobierno de Milei nos han instalado de modo acelerado en el campo del suicidio político, en lo que se refiere a valores, ideas y creencias democráticas. Todos los días hay una nueva noticia o un hecho político —o incluso mucho más de uno—, todos ellos empeorando la noticia o el hecho político del día anterior. Nunca, en tiempos de régimen institucional, los y las argentinas hemos estado tan cerca de un gobierno autocrático y de un Estado de excepción como hasta ahora. Más que nunca, no hay que bajar los brazos ni ceder al disciplinamiento social y político. Hay que defender la democracia argentina, esa que logramos con la lucha de tantas mujeres valientes defensoras de los derechos humanos que hace poco nos dejaron, como la gran Norita Cortiñas. 

No basta con pensar que en un futuro —ojalá próximo— nos avergonzaremos como sociedad de todo lo sucedido y cedido en este período funesto. La regresión política es hiperbólica, desmesurada, vertiginosa, pero no por ello irreversible. La historia, nuestra historia pletórica de luchas y resistencias justas, nos lo ha demostrado con creces. Es hora de apelar a la imaginación política así como a la solidaridad nacional —y también internacional—, para lograr desactivar este cuadro político y social demencial y antidemocrático en el que nos ha sumergido el gobierno actual.

derecho a la protesta

Libertad a las personas detenidas: buscan atacar el derecho a la protesta

⚖  Por la arbitrariedad de las detenciones queda de manifiesto que forma parte de una persecución política y ataque a la libertad de expresión y el derecho de protesta.

📝 El pedido de la fiscalía, de indagatoria y detención, enumera a todas las personas detenidas y las circunstancias que lo justificarían de manera absolutamente genérica, cargadas de una condena política. Deberían describirse persona a persona y con detalle -y referencia a pruebas concretas- las razones para privar de la libertad a las personas. La Justicia está actuando no en función de elementos objetivos del caso y respetando las normas procesales, sino en respuesta a una presión expresa del gobierno. Legalmente, en lugar de atribuir conductas delictivas concretas, como exigen las garantías penales, se describe un contexto general y tendencioso, sin distinguir casos ni precisar prueba.

❌ Todos los organismos estatales involucrados están avanzando con una absoluta falta de transparencia, antidemocráticamente. El Ministerio de Seguridad que dio las órdenes de reprimir y que en la causa penal se presentó como querellante; la Policía, en la calle; la Fiscalía, solicitando las detenciones en base a tuits de un organismo que no existe en el organigrama estatal. Ahora es momento de que la Jueza Federal Servini de Cubría se expida rápidamente. Durante las primeras 24hs después de detenidas las personas, los funcionarios responsables negaron su paradero a familiares y organismos de derechos humanos. No respondieron al pedido de información, lo que contradice la defensa del orden democrático y constitucional.

⚖ Exigimos el cierre de la causa que lleva el fiscal Stornelli y que se encuentra en manos de la jueza Servini de Cubría. Debe dictar excarcelaciones para que todas las personas sean inmediatamente puestas en libertad y poner fin a estas criminalizaciones sin ningún tipo de pruebas a personas que ejercían pacíficamente su derecho a la protesta.