Defensores del Pueblo, el río los necesita

Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) – Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentamos acciones para profundizar en la defensa de nuestras cuencas. Fortalecer la soberanía ambiental en Argentina plantea serias implicancias para la justicia ecosocial.

En marzo de 2024, se reveló un Memorándum de Entendimiento firmado entre la Administración General de Puertos (AGP) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Este acuerdo, cuyo texto completo está disponible aquí, abarca la gestión de cuencas hidrográficas, control de inundaciones, preservación de ambientes fluviales y sedimentación. Fue firmado en enero de 2024, pocos días antes de que finalizara el mandato del Presidente Alberto Fernández, y ratificado por el actual gobierno. Lo más preocupante es que este acuerdo se realizó sin el consenso de las provincias involucradas, violando así principios fundamentales de nuestro federalismo

La AGP ha excedido sus competencias, interfiriendo en áreas de mayor jerarquía ambiental y omitiendo la participación de organismos clave como el Instituto Nacional del Agua (INA) y el Consejo Hídrico Federal (COHIFE). Esto contraviene acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú, que garantiza la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. Este tratado regional promueve el acceso a la información y la participación ciudadana en decisiones ambientales.

El federalismo de concertación requiere la colaboración entre el gobierno nacional y las provincias para gestionar los recursos naturales de manera consensuada. La falta de consulta y consentimiento previo de las provincias en este Memorándum viola la Constitución y las leyes provinciales. Por ejemplo, la Ley de Libertad de los Ríos de Entre Ríos exige la intervención del poder legislativo provincial para cualquier proyecto que afecte sus ríos y bienes comunes.

El modelo de desarrollo implícito en este acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos refuerza una visión extractivista y centralizada de la gestión de recursos, que es precisamente la que ha llevado a la actual crisis climática y ambiental. Este tipo de acuerdos perpetúa la dependencia y la subordinación a intereses externos, alejándonos de las alternativas al desarrollo que promueven la autonomía, la justicia ecosocial y la sostenibilidad.

Desde CAJE-AAdeAA proponemos la creación de un Comité de Cuenca del río Paraná, que garantice una gestión con mirada de cuenca y respetuosa de nuestra soberanía. Este comité permitiría una coordinación efectiva entre las distintas jurisdicciones y aseguraría que las decisiones se tomen de manera consensuada y democrática, protegiendo nuestros bienes comunes y los derechos de las comunidades afectadas.

Instamos a las autoridades a revisar este Memorándum y garantizar que cualquier acuerdo futuro respete las competencias legales y el federalismo de concertación.

Solicitamos a su vez la Defensoría del Pueblo de la Nación que intervenga y emita una recomendación al Poder Ejecutivo Nacional, al Congreso de la Nación y a las provincias involucradas. Es crucial clarificar y transparentar los pasos irregulares de la construcción de este Memorándum y asegurar que cualquier futura cooperación internacional sea legal, justa y sustentable.