La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y Colectivo Somos Monte CHACO invitan a la comunidad a participar de una charla informativa sobre los avances en la causa presentada contra los desmontes en la provincia del Chaco.
El evento se realizará el viernes 2 de agosto a las 18:00 horas en la Librería La Paz, ubicada en la Av. 9 de Julio 359 (Resistencia).
La charla contará con la presencia del abogado ambientalista Enrique Viale. Se abordarán temas de gran relevancia ambiental y social, incluyendo la megadenuncia penal por el Desmonte presentada ante la Justicia Federal de Chaco.
Mediante imágenes satelitales, se detectó que durante el primer semestre del año se deforestaron 59.557 hectáreas en el norte del país, un 15% más que en el mismo período de 2023. La situación más grave se da en Chaco donde la mayoría de los desmontes son ilegales. En la que todos los desmontes se realizaron violando la suspensión que dictó la justicia provincial a fines de 2020, alcanzando un total de 27.148 hectáreas.
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentó una denuncia penal titulada “La Mafia del Desmonte en Chaco“, detallando una trama de corrupción entre funcionarios y empresarios que facilita la deforestación en la provincia. Se acusa a altos funcionarios, incluyendo al Ministro de Producción de Chaco, Hernán Halavacs, de otorgar permisos de desmontes ilegales. La denuncia revela la participación de funcionarios que, a lo largo de los años, han cambiado de roles para favorecer sus propios intereses, violando leyes y regulaciones ambientales.
La deforestación en Chaco ha tenido un impacto devastador tanto ambiental como social, afectando gravemente a las comunidades indígenas y campesinas, así como a especies en peligro de extinción. La ley de ordenamiento territorial de bosques nativos aprobada en abril de 2024, facilita el avance de la frontera agropecuaria sobre los bosques nativos, lo que ha sido un golpe significativo para la conservación de estos ecosistemas.
Además, se expondrán los nombres de las empresas y empresarios involucrados en la deforestación ilegal y la explotación de recursos naturales, destacando sus vínculos con el poder político. Entre las empresas implicadas se encuentran aquellas dedicadas a la extracción de tanino, un subproducto de los quebrachos desmontados, que promueven una economía extractivista y colonial.
La charla contará con la presencia de destacados abogados ambientalistas y representantes de organizaciones socioambientales como Somos Monte y CAJE (Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial), quienes brindarán un panorama completo sobre la situación actual y las acciones legales emprendidas.
Convocan a este evento la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Somos Monte y CAJE (Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial).
La entrada es libre y gratuita, y esperamos contar con la participación de toda la comunidad interesada en la protección de nuestros bosques y la justicia ambiental.
Fecha y Hora: Viernes 2 de agosto, 18:00 horas Lugar: Librería La Paz, Av. 9 de Julio 359
Para más información, contactar: Prensa Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas Enrique Viale Tel: +54 9 11 5120-7518
Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) – Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentamos acciones para profundizar en la defensa de nuestras cuencas. Fortalecer la soberanía ambiental en Argentina plantea serias implicancias para la justicia ecosocial.
En marzo de 2024, se reveló un Memorándum de Entendimiento firmado entre la Administración General de Puertos (AGP) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Este acuerdo, cuyo texto completo está disponible aquí, abarca la gestión de cuencas hidrográficas, control de inundaciones, preservación de ambientes fluviales y sedimentación. Fue firmado en enero de 2024, pocos días antes de que finalizara el mandato del Presidente Alberto Fernández, y ratificado por el actual gobierno. Lo más preocupante es que este acuerdo se realizó sin el consenso de las provincias involucradas, violando así principios fundamentales de nuestro federalismo
La AGP ha excedido sus competencias, interfiriendo en áreas de mayor jerarquía ambiental y omitiendo la participación de organismos clave como el Instituto Nacional del Agua (INA) y el Consejo Hídrico Federal (COHIFE). Esto contraviene acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú, que garantiza la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. Este tratado regional promueve el acceso a la información y la participación ciudadana en decisiones ambientales.
El federalismo de concertación requiere la colaboración entre el gobierno nacional y las provincias para gestionar los recursos naturales de manera consensuada. La falta de consulta y consentimiento previo de las provincias en este Memorándum viola la Constitución y las leyes provinciales. Por ejemplo, la Ley de Libertad de los Ríos de Entre Ríos exige la intervención del poder legislativo provincial para cualquier proyecto que afecte sus ríos y bienes comunes.
El modelo de desarrollo implícito en este acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos refuerza una visión extractivista y centralizada de la gestión de recursos, que es precisamente la que ha llevado a la actual crisis climática y ambiental. Este tipo de acuerdos perpetúa la dependencia y la subordinación a intereses externos, alejándonos de las alternativas al desarrollo que promueven la autonomía, la justicia ecosocial y la sostenibilidad.
Desde CAJE-AAdeAA proponemos la creación de un Comité de Cuenca del río Paraná, que garantice una gestión con mirada de cuenca y respetuosa de nuestra soberanía. Este comité permitiría una coordinación efectiva entre las distintas jurisdicciones y aseguraría que las decisiones se tomen de manera consensuada y democrática, protegiendo nuestros bienes comunes y los derechos de las comunidades afectadas.
Instamos a las autoridades a revisar este Memorándum y garantizar que cualquier acuerdo futuro respete las competencias legales y el federalismo de concertación.
Solicitamos a su vez la Defensoría del Pueblo de la Nación que intervenga y emita una recomendación al Poder Ejecutivo Nacional, al Congreso de la Nación y a las provincias involucradas. Es crucial clarificar y transparentar los pasos irregulares de la construcción de este Memorándum y asegurar que cualquier futura cooperación internacional sea legal, justa y sustentable.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) celebramos el fallo trascendental del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén que investiga el escandaloso negocio millonario de los basurales petroleros en Vaca Muerta. El Tribunal dictó una resolución donde reinstauró embargos por 7 millones de dólares sobre los bienes que COMARSA – empresa acusada por delitos de contaminación y defraudación – posee en tanto en el Parque Industrial de Neuquén como en su planta en Añelo.
La decisión surge tras una impugnación presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén y la fiscalía de Delitos Ambientales local.
Con este fallo, se abren nuevas oportunidades para la judicialización de prácticas contaminantes, en áreas donde la industria fósil suele actuar con impunidad como Vaca Muerta. La reinstauración de los embargos por 7 millones de dólares refuerza la capacidad de las organizaciones ambientales para exigir responsabilidad y rendición de cuentas a las empresas que operan de manera negligente o ilícita.
Los embargos no solo afectan a los bienes de Comarsa, sino también a las cuentas bancarias y billeteras virtuales de dos de los tres imputados: J.M.L, presidente y accionista mayoritario de Comarsa desde 2014, y H.E.B, quien tuvo funciones de administración y control hasta enero de 2021.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén, anuló un fallo previo que limitaba el embargo al monto correspondiente a las multas vigentes por contaminación según la legislación específica. El nuevo fallo restaura el embargo original. Coincide con el criterio de la fiscalía y las querellas particulares, considerando que las medidas cautelares también pueden alcanzar el decomiso de bienes obtenidos a partir de actividades ilícitas. Esto marca un precedente importante para futuros casos de contaminación ambiental.
Desde 2014, Comarsa ha sido objeto de investigaciones impulsadas a partir de denuncias de organizaciones y colectivos locales de Neuquén, por haber contaminado el ambiente y puesto en peligro la salud de la población local. Estas acciones han tenido lugar en un predio ubicado en el parque industrial de Neuquén capital, donde la empresa realiza supuestas actividades de recuperación de residuos peligrosos. El modelo de combustibles fósiles asociado a Vaca Muerta inherentemente involucra casos como el de Comarsa donde los residuos peligrosos y radioactivos no son tratados de manera adecuada. De incorporar este costo, los márgenes apenas rentables de la industria petrolera nacional no serían suficientes.
La maniobra investigada abarca desde 2014 hasta la actualidad, y se centra en un predio ubicado en el parque industrial de Neuquén capital. Comarsa es acusada de contaminar el ambiente y poner en peligro la salud de la población, en violación de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos y el Código Penal. Los imputados enfrentan cargos por contaminación peligrosa para la salud pública (artículos 57 y 55 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, con remisión al artículo 200 del Código Penal) y administración fraudulenta (artículo 173, inciso 7, del Código Penal).
Al reafirmar y ampliar las medidas cautelares, la corte envía un mensaje contundente a las empresas y actores involucrados en actividades contaminantes: la justicia está dispuesta a actuar con firmeza en casos de delitos ambientales y de afectación a la salud pública.
El Poder Ejecutivo Provincial envió a la Legislatura un proyecto de Ley que posibilita la venta de bienes inmuebles del Estado Provincial a través de la conformación de una Agencia Administradora a tales efectos, otorgándole o delegando facultades. La iniciativa simplifica, concentra, generaliza y no conforma excepciones. Así, quedan sus competencias, sus finalidades y su organización libradas a la reglamentación que haga luego el Poder Ejecutivo.
Ante esta propuesta, queremos recordar que el Delta del Paraná constituye el sistema de humedales que nuestra Constitución de Entre Ríos jerarquiza y protege, determinando que: ” …La Provincia concertará con las restantes jurisdicciones el uso y aprovechamiento de las cuencas hídricas comunes. Tendrá a su cargo la gestión y uso sustentable de las mismas, y de los sistemas de humedales, que se declaran libres de construcción de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo natural de sus ecosistemas asociados. El Estado asegura la gestión sustentable y la preservación de los montes nativos, de las selvas ribereñas y de las especies autóctonas, fomentando actividades que salvaguarden la estabilidad ecológica. El propietario de montes nativos tiene derecho a ser compensado por su preservación” (Artículo 85º, sexto y séptimo párrafos).
En este marco, debemos tener en cuenta que el Estado Provincial es titular de aproximadamente 188.773 hectáreas de islas en el sistema de humedales (información conforme a la respuesta de una solicitud de acceso a la información pública ambiental realizada oportunamente). Consideramos entonces que el iniciar un proceso de administración y posterior venta a privados sea cual fuera la escala, sería no solo vulnerable jurídicamente para el Estado, sino que podría conllevar consecuencias ecológicas negativas, produciendo un enorme impacto acumulativo y geométrico arrasador sobre las bondades de estos ecosistemas. Remarcamos por esto la necesidad de no habilitar su mercantilización, considerando para esto que el Delta, con todos sus bienes públicos, está fuera del comercio y las islas como sistema son inalienables e imprescriptibles conforme a sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Nos oponemos especialmente a lo establecido por el Artículo 16° del proyecto que exceptúa de lo dispuesto por el artículo 55° de la ley 5140, el cual dispone que “Los bienes inmuebles de la Provincia no podrán enajenarse ni gravarse en forma alguna sin expresa disposición de ley”. Así, todos los bienes de la provincia bajo administración de ésta Agencia podrán ser vendidos y gravados sin que intervenga el Poder Legislativo. Además en una Agencia que carece de representación equitativa y democrática, ya que el Poder Ejecutivo es quien decide la conducción, con la facultad de nombrar y remover los principales cargos (Artículo 6° del proyecto).
En un experimento que no prosperó por la maravillosa resistencia social, el ex gobernador Sergio Uribarri, junto con su fiscal de Estado, Julio Rodriquez Signes, ya intentó privatizar todas las tierras públicas en el Delta a través de la efímera y tristemente conocida “Ley del Arroz”. La normativa habilitaba la venta de estos territorios e incluía sus puertos en manos de los dueños -o algunos de ellos- de las corporaciones del agronegocio de exportación transgénica. Esa propuesta aspiraba otorgar por 99 años todas las tierras públicas en el Delta a una Sociedad Anónima y, a través de la misma, gestionar permisos para el cultivo del arroz y semillas genéticamente modificadas. Esta ley, la 10.092, estuvo en vigencia tan sólo dos meses, de diciembre de 2011 a febrero de 2012, gracias a la respuesta en movilización social que provocó semejante “negocio”. Esta experiencia constituye quizás uno de los mayores escándalos políticos vividos en la provincia en los últimos años y, seguramente la actual gestión no repetirá semejante equívoco.
Perder la memoria, es grave; no conocer su historia, también
La Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas con un conjunto de más de cuarenta organizaciones de la Cuenca y del País, presentó hace más de dos años una Propuesta de Sanación del Delta Argentino. Aquí dejamos el documento de acceso público a todos los que amen el ser naturaleza de nuestro ecosistema privilegiado en el planeta y los que tengan responsabilidades directas sobre la gestión de cuencas y del Delta en particular. Más aún, lo entregamos así con las manos abiertas a cada uno de los diputados y senadores de la provincia.
En razón de lo aquí expuesto y dejando expresado que la mayoría del sistema de humedales provincial son áreas naturales protegidas (ANP) -reconocidas por leyes específicasy sentencias relevantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, debemos decir que este sistema de humedales, el más grande de la Argentina, debe ser excluido expresamente del proyecto de ley que ha sido remitido para la consideración del Poder Legislativo entrerriano. Y que al ser bienes de dominio público que pertenecen a toda la comunidad, está prohibida su venta, como así también limitados sus usos, conforme las funciones ecológicas y sociales que cumplen, más relevantes aún frente a los delicados y graves escenarios de cambio climático. (Artículo 240 Código Civil y Comercial).
La construcción del concepto de “sistema” fue un debate relevante en la Convención Constituyente de Entre Ríos. Fue esculpido y tallado a la luz de concebirlo como una unidad biocultural abrazada de la diversidad de sus reinos de vida. Desconocer ese anclaje, esa multiplicidad de seres humanos y no humanos desde el concepto del derecho real o los que sean, sin comprender los procesos de reconocimiento y respeto para con la Pachamama y el ciclo del agua, es negar que somos entre ríos. Y como decimos y hemos defendido maravillosamente: somos Entre Ríos Sí, entre represas No. Por eso también entre endicamientos No, ni privados ni públicos; No a la pampeanización y destrucción del sistema de humedales que nos conforma y del que somos parte. Porque, señor gobernador, señores legisladores, el Delta no se vende; somos humedal.
* Enzo Culasso Orué y Jorge Oscar Daneri, miembros de la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE). Integrantes de la Unidad de Vinculación Ecologista de la Fundación La Hendija, Paraná.
🟢 Acompañamos con alegría el estreno del documental Por El Paraná: La Disputa por el Río, dirigido por Alejo di Risio (AAdeAA/CAJE) y Franco Gonzalez. El documental se encuentra en la plataforma cine.Ar.
Trailer
La película retrata una travesía a lo largo del Río Paraná en la cual se relatan las tensiones entre los proyectos exportadores globales y la mirada que comprende a la cuenca hídrica más importante de Sudamérica. En un contexto político en el cual el futuro del proyecto hidrovía es absolutamente incierto, el debate sobre la importancia del cuidado del río en un contexto de sequías agravadas por la crisis climática es fundamental para la sociedad argentina.
Desde hace años, el Paraná es testigo de un constante devenir marcado por la disputa entre cuidar sus bienes comunes y los intereses económicos que buscan explotarlos. Proyectos de dragado y profundización amenazan el paleocauce (lecho del río) su biodiversidad y la subsistencia de las comunidades que dependen de él. ¿Pero hay otros futuros posibles para el Río Paraná?
Mientras los titulares nacionales informaban sobre la coyuntura macropolítica alrededor de la gestión del río, un pequeño bote avanzaba por el río retratando sus vaivenes. Tan sólo dos semanas antes de su partida fue que los realizadores decidieron embarcarse en esta travesía que remonta el Paraná en busca de otras voces.
Por El Paraná: La Disputa Por El Río es un documental que invita al espectador a un viaje revelador a lo largo de la cuenca del Paraná, uno de los ríos más importantes de América del Sur. Dos apasionados documentalistas y amantes del río se embarcan en una travesía para capturar las diversas voces y perspectivas que rodean una de las cuencas más afectadas por la crisis climática en los últimos tiempos. Desde naturalistas y pescadores hasta investigadores y comunidades ribereñas, la película pinta un cuadro contundente sobre la relación con el río a través de las voces que dependen de él.
La película profundiza en las tensiones entre los proyectos alrededor de la gestión del Río Paraná (la mal llamada Hidrovía), el comercio internacional y las comunidades locales que buscan construir otras formas de vivir y vincularse con el río.
A medida que los documentalistas navegan por el río se encuentran con los desafíos y obstáculos de atravesar la cuenca durante la bajante más grande en la historia del Paraná, resaltando la urgencia de la salud ambiental y ecológica del río y sus sistemas de humedales. A través de entrevistas con expertos, activistas, economistas e isleros, la película desentraña la identidad cultural entrelazada a lo largo de la cuenca más grande de Argentina.
Lucas Micheloud, Gimena Viviani, Romina Araguas, Fabian Maggi y Jorge Oscar Daneri, Abogados miembros de la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE).
La Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas solicitó acceso a información pública ambiental, a los efectos de acceder al denominado Memorándum de entendimiento con el cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos de América, realizado por la Administración General de Puertos del Estado Nacional.
En fecha 26 de abril del corriente año, Juan Bernasconi en su carácter de Subdirector de la Gerencia General de la Administración General de Puertos (AGP) responde la solicitud y hace llegar el documento requerido, el cual obra, ahora, en este link.
De esta manera tomamos conocimiento que el acuerdo fue iniciado y firmado por la autoridad de la AGP durante la gestión del Presidente Alberto Fernández, y ratificado por el actual gobierno. El documento fue suscripto por Juan Carlos Mario Beni, Interventor de la AGP, dependiente directamente de Sergio Massa, ex Ministro de Economía.
Ilustración Chachi Verona.
El representante del Cuerpo de Ingenieros Daniel H. Hibner, Brigadier General, Comando del Ejército de los Estados Unidos de América —conforme obra en el documento oficialmente remitido— lo suscribió el 5 de enero de 2024.
El documento, que intenta un lenguaje técnico, es profundamente político en razón de que las partes se comprometen al intercambio de información y cooperación sobre políticas diversas en todo lo relacionado a la gestión del río, o los ríos, cuenca del Paraná, o las cuencas argentinas en su conjunto, debiendo destacarse los siguientes puntos textuales:
“Políticas de control de inundaciones y gestión de recursos hídricos”. “Cuestiones de políticas públicas hídricas”.
“Gestión de cuencas hidrográficas”.
“Preservación de ambientes fluviales, humedales y evaluación del hábitat”. “Sedimentación y dragado”.
Todo lo imaginable sobre la expansión de canales de navegación, puertos, su ampliación y profundizaciones.
También parece que tienen la capacidad de “diseñar ecosistemas” que, en realidad, han tenido un impacto negativo en su propio país, como bien narra Omar Arach en el artículo publicado en la presente edición.
Finalmente, en este punto, se comprometen las partes a “Investigación y desarrollo en apoyo a los temas anteriores”.
Seguidamente el acuerdo expresa la posibilidad de establecer “la dirección estratégica” en, se comprende, la gestión política de la cuenca, o las cuencas, ni más ni menos. Esto es, sin lugar a duda, un acuerdo político en su máxima expresión, el cual se potencia y dimensiona hacia el futuro inmediato en escenarios de mega proyectos más que predecibles, atento la historia del cuerpo de Ingenieros en la construcción o deconstrucción de ríos, su artificialización, como de proyectos de represamientos hidroeléctricos.
Es importante destacar el punto 5, c) del Memorándum, en razón de que cualquier acuerdo de desarrollar en las cuencas un proyecto concreto o actividad deberá ser realizado por un convenio vinculante, puntual.
Finalmente, la cláusula 6 establece restricciones sobre la divulgación de informes, programas, etc. en el marco de la legislación vigente en cada país.
Los informes, estudios, documentos de investigación sobre la diversidad biológica de los sistemas de humedales, valles de inundación y de los cauces principales de los ríos son bienes naturales de todos los pueblos. Los reinos de vida no humana allí existentes son titularidad provincial de dominio no delegable al Estado Nacional, y el mismo está obligado a su cumplimiento y aplicación en razón de los artículos 41 y 124 de la reformada Constitución Nacional. Son de libre acceso al conocimiento para que los ciudadanos realicen estudios, informes, documentos científicos. Esto constituye un derecho previo a cualquier decisión de las potenciales obras de las características y escala que este acuerdo describe.
El federalismo y la democracia ambiental, negada
Desde nuestra visión jurídica e institucional, el presente acuerdo no es acompañado aún por las Provincias involucradas, en atención a que las mismas son las titulares de los bienes naturales (recursos) que las conforman. Es decir, es necesario un Tratado Interjurisdiccional que ratifique el presente Memorándum, como también, en su caso, los acuerdos posteriores que se pudieran firmar en razón de programas, proyectos, investigaciones concretas, etc, que se planifique desarrollar, por ejemplo, sobre mayores profundidades y ampliaciones del ancho del canal de navegación, en la denominada vía navegable troncal en el río Paraná, ex hidrovía Paraguay-Paraná.
Sin duda, quienes integramos las organizaciones ecosociales mayoritarias del país nos oponemos radicalmente a escenarios de mayor artificialización del río Paraná. Por ejemplo, el proyecto que busca que las bodegas de los mega buques puedan navegar totalmente llenas resulta inadmisible, mucho más en la mayor crisis de bajante —sequía— por tres años conocida.
Se debe tener presente que en las provincias existen legislaciones sobre el proceso de estudios de impacto ambiental que exige la intervención previa en investigaciones, estudios, e incluso en la formulación de los términos de referencia (TdeR) de los mismos. Entre Ríos, aún más, presenta normas que determinan que no se pueden estudiar sus bienes naturales sin acuerdo con la Provincia, sin previa intervención del poder legislativo. La ley de Libertad de los ríos (9092) puntualmente dispone:
“Art. 4. Todo estudio, evaluación, proyecto económico, social o ambiental sobre el desarrollo regional integrado y sostenible a ejecutarse en el territorio de la Provincia, con incidencia en los ríos indicados en el Artículo 1º y sus recursos naturales es de atribución exclusiva de la Provincia, en cuanto a su planificación y desarrollo.
Si para la ejecución de lo expresado en el párrafo anterior es necesaria la intervención de otros Estados Provinciales y/o el Estado Nacional, los convenios interjurisdiccionales a suscribirse se harán ad-referéndum del Poder Legislativo.
Los estudios e investigaciones, tanto del sector oficial como privado, que se realicen en relación a los recursos naturales comprendidos en el Artículo 2, deberán ser comunicados a la comisión creada por el Artículo 6º de la presente ley”.
En la misma inteligencia, un párrafo constitucional histórico (Entre Ríos) fue consolidado por un caso judicial concreto por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Majul, Julio Jesús c/ Municipalidad de Pueblo General Belgrano y otro s/ Acción de Amparo Ambiental”, el que dispone:
“La Provincia concertará con las restantes jurisdicciones el uso y aprovechamiento de las cuencas hídricas comunes. Tendrá a su cargo la gestión y uso sustentable de las mismas, y de los sistemas de humedales, que se declaran libres de construcción de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo natural de sus ecosistemas asociados.” (Artículo 85, 6 párrafo de la Constitución de Entre Ríos).
Lo expuesto aquí, viene legitimado por la experiencia judicial, institucional y social llevada adelante en el caso de intento de construcción de la denominada represa hidroeléctrica de Paraná Medio (1996-97), precisamente de la mano de ingenieros militares del mismo país asociados a mega empresas privadas diversas, donde la Justicia Federal de Entre Ríos destacó la relevancia del ejercicio del federalismo de concertación y su democracia ambiental, marcando la ausencia de acuerdos entre el Estado Nacional y las Provincias de la cuenca del Paraná, como ya lo había expresado el Defensor del Pueblo de la Nación, declarando la inconstitucional al Decreto Nacional de Carlos Saúl Menem que adjudicaba la construcción de la mega represa hidroeléctrica.
Las historias se repiten, casi como sin grietas, visto los firmantes de un lado y del otro.
La geopolítica de las alianzas estratégicas con China, lideradas por Cristina Fernández y ratificadas por Mauricio Macri, como ahora este Memorándum, ponen el acento en que, si desde las organizaciones de la sociedad civil no estamos atentos y alertas, el proceso de mega extractivismo voraz y desolador determinará finalmente la consolidación de nuestra región del Cono Sur como zona de sacrificio y expulsiones, más allá de las acusaciones cruzadas de servilismo y colonialismo, según a qué gran actor imperial en la multipolaridad actual, cada gobierno decide entregarlos.
Las manifestaciones públicas de Laura Richardson, Jefa del comando sur de los EEUU de América, sobre los intereses en los bienes naturales del Cono Sur y la gestión del agua dulce es claramente la visión estratégica que moviliza acuerdos de las características aquí consideradas.
Este escenario político nos convoca a cerrar acuerdos mayores de confraternidad y solidaridad entre los sectores políticos y sociales, no solo en nuestro país, sino también en la cuenca toda, más aún cuando en el caso que nos ocupa, Paraguay realizó un acuerdo casi calcado suscripto con el mismo cuerpo de ingenieros hace más de un año, aún no ratificado por su poder legislativo.
La protección como el ejercicio de la soberanía nacional, que se viene entregando desde el Menemismo a la fecha sin límites ni controles serios en la cuenca toda, es un desafío cívico de compromiso y convicciones a desplegar desde los sentires, gritos y esperanzas de la madre tierra.
Existen sí, honrosas excepciones, como lo fue en alguna medida no menor el caso de la creación y observaciones en la gestión de la hidrovía de positivas propuestas del Ente Nacional de control y gestión de la Vía Navegable, con importantes aportes documentados para los estudios que sí se deben desplegar por los ámbitos científicos argentinos, muchos de excelencia.
A pesar de que los informes de otros entes de control, tales como la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación, fueron demoledores respecto al caso de la Hidrovía, estos han sido totalmente ignorados por las autoridades ejecutivas en sus oportunidades.
Estos documentos y sus referencias obran en la causa judicial que llevamos adelante desde hace más de dos años frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Justicia Federal de San Nicolás, en el caso río Paraná. Denunciamos y demandamos la realización de los estudios de impacto ambiental en pasos críticos concretos, el respeto por la aplicación de las herramientas de la democracia ambiental y la urgente realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de la cuenca del río Paraná y el Paraguay en nuestro territorio, frente a la mayor crisis hídrica ambiental.
La Justicia tiene la palabra ante un Estado, ayer y hoy, violador sistemático del Pacto Federal originario y la reforma constitucional de 1994, como de las constituciones provinciales todas, en la gestión de sus bienes naturales, bienes que lo conforman y constituyen como Ser Nación y Estado.
Finalmente, ratificamos y sostenemos la necesidad imperiosa de la conformación del Comité de Cuenca del río Paraná en el tramo nacional, a los efectos de un ejercicio no menor de la visión y gestión de cuenca, tal como el río se merece. Esto debe darse respetando sus diversidades de vida, mucho más allá de aquella mirada limitada y focalizada en una mera vía de circulación de mercaderías que, ahora con este Memorándum, nos aleja aún más de las responsabilidades y obligaciones legales y democráticas. Estos modelos que pretenden imponerse ilegal y autoritariamente en toda la cuenca son precisamente los causantes de semejante crisis climática, ambiental y civilizatoria.
🖼 La Ilustración que acompaña esta publicación es de Chachi Verona @chachiverona y esta nota salió publicada originalmente en El Zorro y el Erizo, publicación del del Programa de Contenidos Transversales Acreditables de Grado de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. @transversales.hya
“Si las leyes humanas violan las leyes de la naturaleza, entonces no hay razón para cumplirlas.”
Ramiro Ávila Santamaria
“Necesitamos propuestas que refresquen, aldeas de vida para el planeta donde poder ir a inspirarse.”
Patricia Gualinga
Inmersos en la angustia reinante, sin poder sacar la cabeza del opresivo contexto pero acompañada por la certeza de que otros mundos son posibles, y con la esperanza de encontrar aire fresco, viajé a Ecuador, donde viene brotando un proyecto innovador.
El proyecto Derechos Más Que Humanos (MOTH, por sus siglas en inglés) es una “iniciativa interdisciplinaria que promueve los derechos y el bienestar de los seres humanos, los no humanos y la red de la vida que nos sustenta a todos”. Dirigido por el abogado y profesor de Derecho Clínico de la Universidad de Nueva York (NYU), Cesar Rodríguez Garavito, el Curso MOTH 2024 tuvo lugar en la Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito, y contó con la participación de profesionales de diversas regiones y trayectorias. Bajo la premisa de la interdisciplinariedad como única vía de construcción de imaginarios futuros, las y los docentes que dictaron clases destacaron la importancia de, por fuera del aula, tender una red con cada unx de lxs participantes
Instructores como Ramiro Ávila Santamaría y Agustín Grijalva Jiménez (ambos abogados, profesores y ex magistrados de la Corte Constitucional de Ecuador, y Mario Melo, Director del Centro de DDHH de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador) brindando clases sobre litigio estratégico y la jurisprudencia de los Derechos de la Naturaleza en Ecuador, como ejemplo reparador donde refugiarse cuando el presente oprime. Emblemáticos casos favorables como el del bosque de protección de Los Cedros, en el cual han logrado prohibir la minería por considerarla una violación de los derechos constitucionales de la naturaleza, entre otros casos alentadores.
Aire fresco, como escuchar a Danielle Celermajer, Directora Adjunta del Instituto de Medio Ambiente de la Universidad de Sidney, especialista en Justicia Multiespecie, quien nos sembró impulso para crear una nueva vincularidad capaz de estrechar lazos con la naturaleza que somos. Alineada a la presentación de Natalia Greene, politóloga y Coordinadora de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN), quien propuso un cambio de paradigma que implica entender que los derechos son inherentes de la naturaleza, y nuestro proceso requiere incorporarlos al sistema legal: no otorgar, sino reconocer sus derechos preexistentes.
Forma parte de la realización del proyecto MOTH, la Comunidad Kichwa de Sarayaku, que habita la amazonía ecuatoriana, siendo los descendientes del Jaguar, el pueblo del mediodía, un ejemplo de lucha y resistencia territorial. Desde una multiplicidad de planos, Patricia Gualinga afirma que decidieron “abrir un camino para decir que sí se puede”, planteando el proyecto “Kawsak Sacha” o “Selva Viviente”, el cual demuestra que, más allá de la defensa, el pueblo propone alternativas. “Una aldea inspiradora”, tal como ella lo nombra, un oasis en medio del extractivismo arrasador donde la espiritualidad y la política estrechan sus manos en la construcción de horizontes.
El taller finaliza con una visita al bosque nublado de Los Cedros, con la bióloga Elisa Levy-Ortiz, habitante, defensora y referente de la región. Sendero barroso, calor húmedo y un sinnúmero de cigarras cantando al son. Funga, flora y aves de colores, hojas de exagerados tamaños, frutos verdes, naranjas y violetas. La abundancia selvática es tan evidente que resulta vital haber abandonado la universidad para compartir en el bosque: acá está todo dicho.
Una invitación a pensar los Derechos de la Naturaleza como un concepto mucho mayor que los Derechos Humanos aplicados a seres no-humanos. Y a trazar las bases conceptuales de una construcción que asume el desafío de crecer desde los escombros de lo ya roto, como la red micelar que protege la vida bajo tierra, distribuyendo, nutriendo y sosteniendo. Que los más que humanos sean actores políticos y sujetos de derecho, nos invita a resignificar la justicia. ¿Qué es justo para un hongo?, ¿qué es justo para los fósiles inundados del río Santa Cruz?, ¿qué necesitan los yagueretés en Corrientes?, ¿quién puede representarlos?, ¿quién rinde cuentas del impacto ambiental y cómo?
“No hay nada más poderoso que una idea cuyo momento ha llegado”, citaba Natalia Greene a Victor Hugo. Y yo pienso si no será demasiado optimista afirmar que otros mundos son posibles, pero vuelvo a Argentina con la sensación de que, en todo caso, vale la pena intentarlo.
La Asociación Argentina de Abogadas/os Ambientalistas solicitó acceso a información pública ambiental con el objetivo de conocer el Memorándum de entendimiento con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos de América, impulsado desde la Administración General de Puertos del Estado nacional, información que trascendió a mediados de marzo de 2024 desde el área de comunicación oficial de la Presidencia.
Juan Bernasconi, en su carácter de subdirector de la Gerencia General de la Administración General de Puertos (AGP), respondió acompañando el siguiente texto oficial.
De esta manera tomamos conocimiento de que el acuerdo fue iniciado y firmado por la autoridad de la AGP durante la gestión del Presidente Alberto Fernández —pocos días antes de la finalización del mandato— y fue ratificado por el actual gobierno. El documento fue suscripto por Juan Carlos Mario Beni, Interventor de la AGP, dependiente directamente del ex ministro de Economía, Sergio Massa.
El representante del Cuerpo de Ingenieros Daniel H. Hibner, brigadier general del Comando del Ejército de los Estados Unidos de América —conforme obra en el documento oficialmente remitido— lo suscribió el 5 de enero de 2024.
En este, las partes se “comprometen al intercambio de información y cooperación sobre políticas diversas en todo lo relacionado a la gestión del río Paraná”, como a las cuencas argentinas en su conjunto, y se destacan los siguientes puntos acordados:
Cuestiones de políticas públicas hídricas.
Gestión de cuencas hidrográficas.
Políticas de control de inundaciones y gestión de recursos hídricos.
Preservación de ambientes fluviales, humedales y evaluación del hábitat.
Sedimentación y dragado.
Todo lo imaginable sobre la expansión de canales de navegación, puertos, su ampliación y profundizaciones. Los ingenieros, además, tienen la capacidad de “diseñar ecosistemas”, en función de adaptar, optimizar y rentabilizar para el capital, que es el objetivo supremo, interviniendo los ecosistemas originales que las artes de la naturaleza (o de los dioses…) supieron crear.
Se comprometen a establecer “la dirección estratégica” en la gestión política de las cuencas, ni más ni menos. Este punto es central en el modo lineal y extractivista de visualizar el río y la cuenca, simplificando y “emprolijando” la naturaleza, la complejidad y sinergias con tantos reinos de vida, diversidades todas.
Es importante destacar el punto 5, c, del Memorándum, en razón de que cualquier acuerdo destinado a ser ejecutado en las cuencas basado en un proyecto concreto o actividad deberá ser realizado por un convenio vinculante, puntual. Eso sí, en la cláusula 6 establece restricciones sobre la divulgación de informes, programas, etc.
Foto: Mauri Garin.
La Administración de Puertos como Jefatura de Gabinete
Es alarmante observar como la AGP se excede de manera alevosa en el ejercicio y abuso de facultades, competencias, que no le son propias. Así se invaden las de las áreas de mayor jerarquía ambiental del país, punto focal de convenciones internacionales directamente aplicables a la gestión de cuencas, en particular en el río Paraná (RAMSAR de protección de humedales, Adaptación al Cambio Climático). Se vulnera también el Acuerdo Regional de Escazú, por citar solo los más conocidos, además del Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos originarios, entre otros ministerios afectados.
En el Memorándum se ignoran tanto el Instituto Nacional del Agua (INA) y el ámbito de concertación de las políticas hídricas con las provincias (COHIFE), al que nos referimos seguidamente.
El federalismo de concertación, negado
Desde nuestra visión jurídica e institucional, el presente acuerdo no se encuentra vigente, debido a que las provincias involucradas —titulares de los bienes naturales (recursos) que las conforman— no lo han consensuado mediante un tratado inter-jurisdiccional.
Se debe tener presente que en las provincias existen legislaciones sobre el proceso de estudios de impacto ambiental que exigen la intervención previa en investigaciones, estudios, e incluso en la formulación de los términos de referencia (TdeR) de los mismos. Entre Ríos, aún más, presenta normas que determinan que no se pueden estudiar sus bienes naturales sin acuerdo de la provincia, sin previa intervención del Poder Legislativo. La Ley de Libertad de los Ríos (9092) puntualmente dispone:
“Art. 4. Todo estudio, evaluación, proyecto económico, social o ambiental sobre el desarrollo regional integrado y sostenible a ejecutarse en el territorio de la provincia, con incidencia en los ríos indicados en el artículo 1º y sus recursos naturales, es de atribución exclusiva de la provincia, en cuanto a su planificación y desarrollo.
Si para la ejecución de lo expresado en el párrafo anterior es necesaria la intervención de otros Estados provinciales y/o el Estado nacional, los convenios interjurisdiccionales a suscribirse se harán ad-referéndum del Poder Legislativo.
Los estudios e investigaciones, tanto del sector oficial como privado, que se realicen en relación a los recursos naturales comprendidos en el artículo 2, deberán ser comunicados a la comisión creada por el artículo 6º de la presente ley”.
En la misma inteligencia, un párrafo constitucional histórico (Entre Ríos) fue consolidado por un caso judicial concreto por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Majul, Julio Jesús c/ Municipalidad de Pueblo General Belgrano y otro s/Acción de Amparo Ambiental” el que dispone:
“La provincia concertará con las restantes jurisdicciones el uso y aprovechamiento de las cuencas hídricas comunes. Tendrá a su cargo la gestión y uso sustentable de las mismas, y de los sistemas de humedales, que se declaran libres de construcción de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo natural de sus ecosistemas asociados” (artículo 85, 6° párrafo, de la Constitución de Entre Ríos).
Lo expuesto aquí viene legitimado por la experiencia judicial, política y social llevada adelante en el caso de intento de construcción de la represa hidroeléctrica de Paraná Medio (1996-97), precisamente de la mano de ingenieros militares del mismo país asociados a mega empresas privadas diversas. La Justicia Federal de Entre Ríos destacó la relevancia del ejercicio del federalismo de concertación y su democracia ambiental, marcando la ausencia de acuerdos entre el Estado nacional y las provincias de la cuenca del Paraná, como ya lo había expresado el Defensor del Pueblo de la Nación, declarando inconstitucional el decreto de Carlos Menem que adjudicaba la construcción de la mega represa hidroeléctrica de manera directa.
Las historias se repiten, casi como sin grietas, visto los firmantes de un lado y del otro.
Las manifestaciones públicas de Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos de América, sobre los intereses de su país y de corporaciones en los bienes naturales del Cono Sur y la gestión del agua dulce, es claramente la visión estratégica que movilizan acuerdos de las características aquí consideradas.
La geopolítica de la alianza estratégica con China durante el gobierno presidido por Cristina Fernández y ratificada por Mauricio Macri, como ahora este Memorándum, ponen el acento en que, si desde las organizaciones de la sociedad civil no estamos atentos y alertas, el proceso de mega extractivismo voraz y desolador determinará finalmente la consolidación de nuestra región del Cono Sur como zona de sacrificio y expulsiones. Paraguay realizó un acuerdo casi calcado suscripto con el mismo cuerpo de ingenieros hace más de un año, aún no ratificado por su Poder Legislativo.
Foto: Mauri Garin.
Comité de cuenca para el ejercicio de la soberanía nacional
Este escenario político nos convoca a cerrar acuerdos mayores de confraternidad y solidaridad entre los sectores políticos y sociales, no solo en nuestro país, sino también en la cuenca toda.
La soberanía nacional, en sus dimensiones alimentaria, energética, de transporte público nacional, así como una transición agroecológica y de ordenamiento de los territorios y sus cuencas, se vienen entregando desde el menemismo a la fecha sin límites. Es un enorme desafío cívico de compromiso y convicciones desplegar, desde los sentires, gritos y esperanzas de la madre tierra, una inapelable e impecable resistencia y construcción constante de alternativas desde los territorios y sus organizaciones sociales y políticas diversas, democráticas, coherentes y con convicciones hacia transiciones democráticas y en paz de sociedades sustentables.
Diversos órganos de control criticaron y denunciaron todo el proceso de la denominada Hidrovía Paraná Paraguay, con decenas de observaciones de todo tipo, en particular, el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Troncal Navegable, conformado en la gestión nacional precedente, hoy casi inactivo.
Estos documentos y sus referencias, sino todos, obran en la causa judicial que llevamos adelante desde hace más de dos años frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Justicia Federal de San Nicolás, en el caso río Paraná, motivados por los incumplimientos de la legislación ambiental en el desarrollo del proyecto Hidrovía. Denunciamos y demandamos la realización de los estudios de impacto ambiental en pasos críticos concretos, respeto por la aplicación de las herramientas de la democracia ambiental, como la urgente realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), frente a la mayor crisis hídrica ambiental registrada.
Finalmente, hemos peticionado que sea la Justicia la que ordene la conformación del Comité de Cuenca del río Paraná. Diversas leyes y acuerdos federales así lo disponen, solo citamos dos:
La Ley del Régimen General del Agua, 25.688, en su artículo 4° dispone: “Créanse, para las cuencas interjurisdiccionales, los comités de cuencas hídricas con la misión de asesorar a la autoridad competente en materia de recursos hídricos y colaborar en la gestión ambientalmente sustentable de las cuencas hídricas”.
Los principios rectores de política hídrica de la República Argentina (2003), que fueron consensuados en el ámbito del Consejo Hídrico Federal (COHIFE) entre la nación y las provincias para convertirla en una política de Estado a largo plazo. Estas facultades han sido, como se expresa, gravemente vulneradas por la AGP, en cabeza de los funcionarios firmantes del Memorándum. Una navegación por estos es suficiente para ver la gravedad institucional del caso que nos ocupa.
El Régimen Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) que promueve el proyecto de ley Bases con media sanción en Diputados potenciaría de manera acumulativa los impactos de todo tipo sobre los ecosistemas y sus pueblos, violando las herramientas convencionales ya expuestas. Categóricamente el Presidente Javier Milei lo ha afirmado: el gobierno niega el cambio climático.
La Justicia tiene la palabra ante un Estado, ayer y hoy, violador sistemático del pacto federal originario de 1853, así como de la reforma constitucional de 1994, y también de las Constituciones provinciales todas, en la gestión de sus bienes naturales, bienes que conforman y constituyen el ser nación y Estado.
Este Memorándum intenta imponer ilegal y autoritariamente, modelos de gestión unitarios, parciales como lineales, que son precisamente los causantes de semejante crisis climática, ambiental, social y civilizatoria.
Sostenemos la necesidad imperiosa de la conformación del Comité de Cuenca del río Paraná en el tramo nacional. Rechazamos la mirada limitada y focalizada en una vía de circulación de mercaderías, que ahora, con este acuerdo imperial, nos aleja aún más de las necesarias concertaciones hacia una transición eco-social en el Cono Sur y Sudamérica toda, como lo están intentando, con esfuerzos políticos no menores, los Presidentes de Colombia y Brasil sobre “deforestación cero” en Amazonia, escenario clave para evitar la desertificación de la cuenca del Plata frente a la extinción en décadas de los ríos voladores que ella nos brinda como un misterio cuyo velo se va corriendo, dato inexistente en la política exterior argentina.
Quizás recibir una caricia del poema de Juan L. Ortiz, extraído de “Fui al río” (de El ángel inclinado, 1937), pueda conmover esta ceguera absurda y sentipensar de lo que se trata.
Llevando más de 200 mil firmas de las comunidades costeras desde Buenos Aires a Tierra del Fuego, la activista argentina, Juliana Orihuela, participó de la Asamblea General de Accionistas (AGN) de la empresa estatal de Noruega, Equinor, para pedir un mar libre de petroleras. En la ciudad de Stavanger, la capital de la industria hidrocarburífera de ese país, hizo entrega de un documento que pesaba 7 kilos constatando la oposición a los desarrollos offshore de la compañía.
“Estoy aquí para instar a los accionistas a retirarse de nuestras costas y abandonar los proyectos offshore. He traído conmigo más de 200.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas argentinas que se han expresado en contra de estos proyectos offshore. No hay licencia social en Argentina para estos proyectos y que deberían retirarse”,
señaló Orihuela, proveniente de la ciudad de Necochea.
Equinor es la empresa que lidera la búsqueda de gas y petróleo en aguas ultraprofundas de la plataforma marítima de la Argentina, en la zona más crítica para la biodiversidad, que es el talud continental. Allí convergen corrientes subantárticas con las que vienen de Brasil, lo que convierte a esta zona del Océano Atlántico en un vergel de vida.
Este mes, la empresa noruega planea realizar la primera perforación en la llamada Cuenca Argentina Norte, un proyecto que se denomina “pozo Argerich”. A pesar del alto impacto ambiental, observadores de la propia industria petrolera ya han adelantado que es muy posible que el emprendimiento tenga un resultado financiero negativo, que no justifica su desarrollo.
Apenas se anunciaron los proyectos offshore, bajo el gobierno de Alberto Fernández, hubo gran resistencia social a los mismos, que se denominó Atlanticazo. Desde entonces, cada día 4 del mes, se realizan en las principales ciudades costeras marchas de protesta para denunciar los posibles impactos de la actividad, tanto de exploración como de posible explotación. Hay consenso científico sobre la afectación a especies únicas como ballenas, pingüinos, delfines y tiburones, tanto por el ruido como por la ocurrencia de derrames.
La quema de combustibles fósiles es la principal causa de las alteraciones en la atmósfera, que están cambiando el clima en todo el planeta. De desarrollarse esta industria en las aguas de la Argentina, recién comenzaría la producción en 2031, cuando el uso de hidrocarburos necesita reducirse drásticamente para poder cumplir con los objetivos del Acuerdo de París (limitar la suba de la temperatura a 1,5 C), que fue suscrito tanto por la Argentina como por Noruega y es de cumplimiento obligatorio.
Equinor es considerada como un villano climático ya que apenas el 1 por ciento de sus inversiones están orientadas a energías limpias, mientras que el resto sigue concentrado en combustibles fósiles. La resistencia contra la expansión de la empresa no sólo se registra en la Argentina, sino que además, ocurre en la propia Noruega, en Canadá y el Mar del Norte. Y son todos miembros de la campaña Equinor Out.
13 de mayo de 2024.- Organizaciones ecologistas presentaron hoy un escrito ante el máximo tribunal para denunciar la ilegalidad de la nueva ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Chaco. La misma se realizó sin participación indígena y permitirá el desmonte en más de 1.200.000 hectáreas, aproximadamente 60 veces la ciudad de Buenos Aires, incluso en corredores de conservación de grandes mamíferos como el yaguareté. Además, “legaliza” desmontes que se realizaron en zonas protegidas por la Ley Nacional de Bosques. (1)
“Permitir desmontes en más de un millón de hectáreas es un despropósito, sobre todo teniendo en cuenta la alta deforestación que sufrió Chaco durante las últimas tres décadas. Argentina firmó un compromiso internacional de Deforestación Cero para el año 2030. Sin embargo, de madrugada y a escondidas del pueblo, la legislatura provincial votó una ley que reduce la protección de sus bosques. Esperamos que la Corte Suprema actúe rápido”, alertó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
“El pasado lunes la Legislatura chaqueña, de madrugada, votó una Ley que habilita el desmonte de mas de 1 millón de hectáreas. No vamos a permitir que se realice este Ecocidio de la Mafia del Desmonte en Chaco. Una aceitada organización de destrucción y negociados con el bosque nativo. Usaremos todas las herramientas legales existentes y si es necesario iremos a tribunales y organismos internacionales”, advirtió Enrique Viale, Presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.
En noviembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró su competencia para resolver una acción de amparo presentado en 2019 por la organización ambientalista Greenpeace a favor del yaguareté y en contra de las provincias de Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero, y el Estado Nacional, por permtitir la destrucción de su hábitat y violar lo establecido por la Ley de Bosques Nativos.
En la misma causa, las organizaciones denunciaron en la Corte que la nueva ley provincial “no respeta el principio de no regresión ambiental ya que permitirá el desmonte en zonas actualmente clasificadas en la Categoría II – amarillo, al pasarlas a Categoría III – verde, algo prohibido por la normativa nacional. Se trata de un área de corredores de conservación y de amortiguamiento del Parque Nacional Copo, la Reserva La Pirámide y la Reserva Provincial Loro Hablador. Esto pone en riesgo la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté. De esta forma no se cumple con los Criterios 1, 2, 3, 4 y 5 de Sustentabilidad Ambiental establecidos por la Ley Nacional de Bosques”.
Por otra parte, las organizaciones ambientalistas advirtieron la falta de participación indígena, ya que “no se realizaron talleres en sus territorios y en su idioma originario, requisito para cumplir con la consulta libre, previa e informada establecida en tratados internacionales firmados por Argentina. La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a poner fin a los desmontes y promover el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos, respetando los derechos y territorios de las comunidades indígenas”.
En virtud de lo anterior, las organizaciones solicitaron cautelarmente al máximo tribunal la suspensión de cualquier actividad de desmontey reiteraron su pedido de convocatoria a una audiencia pública al respecto.
Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques hasta fines de 2022 en la provincia de Chaco se desmontaron 485.162 hectáreas. El monitoreo satelital que realiza Greenpeace detectó la deforestación de 57.343 hectáreas en 2023. (2)
Notas:
Escrito presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación
