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Proyectos trabajados por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas Militancia judicial con perspectiva ecológica.

Denunciamos a la Mafia del Desmonte en el Vaticano: Conferencia Internacional para reparar el daño

Roma, Italia — En el marco de la Conferencia Internacional titulada “El Uso Social de los Bienes Confiscados”, organizada por la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales (PASS) y la organización internacional LÍBERA en la Academia Pontificia de Ciencias Sociales del Vaticano, el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE)-Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas tiene la responsabilidad de llevar el caso de la Mafia del Desmonte, y su participación en el desmonte ilegal en Chaco, Argentina, ante una audiencia de alto nivel. El evento cuenta con la participación de figuras internacionales como el Vicepresidente de la Corte Penal Internacional, el Director Ejecutivo de Servicio Policiales de Interpol, el jurista Italiano Luigi Ferrajoli y el Fiscal Jefe Antimafias de Italia, el Cardenal Peter Turkson, entre otros. En él se busca establecer un marco global para la reparación social mediante la redistribución de bienes confiscados.

El abogado Enrique Viale expuso en el panel titulado “Sociedad Civil Organizada y Políticas Centradas en la Doctrina del Desarrollo Humano Integral: El Rol del Estado en la Búsqueda y Construcción del Bien Común”. Su intervención destaca el rol de los abogados ambientalistas en apoyar y promover la justicia social y ambiental, y cómo pueden ser ser aliados cruciales en la lucha contra la destrucción ambiental como el desmonte y el extractivismo y en la promoción de la justicia social y ambiental.

El foco de la presentación de CAJE-AAdeAA ha sido la aplicación de la doctrina de los bienes recuperados para combatir las figuras extremas del extractivismo (agronegocio, megaminería, combustibles fósiles). Se propone que los bienes producto de ilícitos ambientales sean incautados para reparar a la sociedad y a la Naturaleza. En particular que las tierras y bienes que se confisquen a los responsables penales del desmonte en Chaco sean transformadas tanto en reservas naturales como entregadas -para un fin social- a comunidades afectadas. Además, se ha planteado que bienes recuperados de delitos ecológicos puedan ser utilizados para proteger hábitats críticos como los de los pingüinos en Punta Tombo o el Yaguareté en el Gran Chaco.

La intervención del Papa Francisco, que cerrará la conferencia, ha enfatizado la necesidad de una respuesta global y efectiva contra el crimen organizado. En su mensaje a los participantes del evento, el Papa destacó que “el crimen organizado inflige una herida profunda a las sociedades”, subrayando que la recuperación de bienes debe orientarse no solo a la justicia penal, sino también a la reparación del bien común.

La participación de CAJE-AAdeAA en esta conferencia subraya la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y la protección de los ecosistemas nativos que garantizan el bienestar de las sociedades. Nuestra propuesta de utilizar bienes confiscados para fines de justicia ambiental busca establecer un precedente en la lucha y en los procesos por justicia social y ecológica a nivel global.

El desmantelamiento de estás Mafias del extractivismo, como el entramado público-empresarial en Chaco, es absolutamente indispensable para avanzar en una sociedad más justa e igualitaria, incluso con la Naturaleza.

Se suspenden los desmontes en Chaco

Se suspenden los demontes en el Chaco

Incendios, negacionismos y cambio cultural

En las últimas décadas, los incendios cambiaron de magnitud; son megaincendios. Resultaría contraproducente seguir entendiéndolos como “desastres naturales” sin problematizar la noción de “desastre natural”.

por Maristella Svampa para elDiarioAr

Un bombero trabaja para contener un incendio en una zona verde este jueves, en la ciudad de Manaos, Amazonas (Brasil). Amazonas. EFE

Hemos entrado a un territorio incierto y desconocido, el de los colapsos climáticos localizados, el de los eventos extremos, cada vez más frecuentes: inundaciones, olas de calor y de frío, vientos huracanados, tornados, sequías, incendios… Hoy es el turno de los incendios: se prende fuego la Amazonía, se prende fuego Córdoba, se prende fuego el Pantanal, el humedal más grande del mundo. El humo invade las ciudades de Asunción, llega hasta Buenos Aires. Incluso hay quienes dicen haber visto humo en las alturas de Machu Pichu.

En las últimas décadas, los incendios cambiaron de magnitud. Están por todos lados y ocupan cada vez más espacio en las noticias. Por su magnitud y escala, se trata de megaincendios. Resultaría contraproducente seguir entendiéndolos como “desastres naturales” sin problematizar la noción de “desastre natural”. Estos incendios son producto de la crisis climática que estamos atravesando como planeta, algo directamente asociado con la dinámica del capitalismo neoliberal, cuyo carácter concentrador y ecocida acelera aún más la espiral del colapso ambiental. Según National Geographic a estos megaincendios se los llama “incendios de sexta generación” ya que por su intensidad alteran la dinámica de las capas altas de la atmósfera y generan vientos que pueden ser muy difíciles de predecir, por lo que no es posible seguir el comportamiento del fuego. El fuego libera una gran cantidad de energía, dando lugar a que se forme una meteorología propia dentro del incendio. Los megaincendios devienen así muy destructivos e incontrolables.

Gran parte de los múltiples focos de incendios que hoy se esparcen son disparados por el cambio climático, con el aumento de las temperaturas, el estrés hídrico y la sequía. El peligro se multiplica en la temporada seca, como viene sucediendo en las últimas semanas en el valle de Calamuchita o en las Sierras Chicas, Córdoba. Hace unos días, el fuego llegó a la autopista que une Córdoba capital con Carlos Paz.

Inmenso incendio a 2.500 metros de altura, en Tafí del Valle David Correa

La sequía sacude también la gran región Amazónica. Y sucede, como escribe la periodista brasileña Eliane Brum, que esos ríos voladores de la Amazonía que en verano nos traen humedad, hoy, en la cada vez más extendida temporada seca, nos traen el calor y el humo. Así, con la emergencia climática, la temporada seca se amplía cada vez más y llega antes de lo previsto.

También sabemos, y nadie puede hacerse el distraído, que muchos incendios son intencionales, porque son enormes los intereses de quienes buscan arrasar los territorios, desmontando montes, bosques y humedales, y utilizar la tierra para actividades económicas, sin respetar los ciclos de la naturaleza. Esto sucede con la expansión de monocultivos como la soja, de la ganadería extensiva (la expansión de la industria cárnica es una suerte de tabú, que nadie quiere abordar, tanto o peor que la soja, por el aumento en las emisiones de CO2), y, por supuesto, el avance de emprendimientos inmobiliarios. Todas estas actividades requieren desmonte y cambios en el uso del suelo. Y generan otros impactos negativos, como la escasa absorción del suelo frente a lluvias torrenciales e inundaciones, entrampándonos cada vez más en un círculo perverso de eventos extremos, que se van potenciando entre sí, alimentados por un tipo de economía que no respeta las fronteras planetarias.

Todos recuerdan “el día del fuego” instaurado hace unos años por el expresidente J. Bolsonaro en Brasil, en el que los ganaderos y otros productores salen a hacer las quemas, práctica que está muy difundida tanto en Paraguay como en Argentina y Bolivia. En el vecino país andino, donde el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) benefició la expansión descontrolada de la soja como ninguna otra gestión, incluso en detrimento de territorios protegidos, hubo grandes incendios, como el de la Chiquitanía en 2019, cuando se quemaron más de 2 millones de hectáreas y casi seis millones de mamíferos perecieron. Sólo en lo que va de 2024, en Bolivia se quemaron ya el doble, unas cuatro millones de hectáreas, superficie equivalente a Suiza. Tal es la gravedad de los incendios que el gobierno boliviano, que recurrió a la ayuda de los países vecinos, acaba de prohibir la quema de pastizales por tiempo indeterminado.

Suspenden vuelos y clases presenciales en zonas más afectadas por los incendios en Bolivia. EFE

En Argentina, los incendios afectan todos los ecosistemas, todas las provincias. En 2022, Corrientes perdió casi 1 millón de hectáreas arrasadas por el fuego, el 12% de la superficie provincial. La sequía histórica y la crisis climática, asociada a la expansión de modelos concentradores de la tierra (como el monocultivo forestal) fueron la chispa del incendio que devoró una quinta parte de los Esteros de Iberá, el mayor humedal de la Argentina. ¿Cómo olvidar las imágenes de ese tremendo incendio, los cuerpos de animales carbonizados y aquellos yacarés que vimos en las fotos, buscando escapar del fuego, la muerte y el horror en los ojos?

Hablando de incendios, quisiera contar en esta columna que desde 2022, con escritoras y periodistas amigas, Claudia Aboaf, Soledad Barruti, Gabriela Cabezón Cámara, Dolores Reyes creamos la colectiva ecofeminista y socioambiental Mirá. Dicha grupalidad se formó al calor de la defensa de las costas bonaerenses y del mar argentino frente a la expansión petrolera offshore. Hoy, en 2024, nos une la urgencia de contribuir a la instalación del debate sobre la crisis climática (responsabilidad de los países más ricos), y su relación con el actual modelo neoextractivista en Argentina y América Latina, que impulsan los diferentes gobiernos, más allá del signo político, sean oficialistas u oposición.

La propuesta de Mirá Socioambiental es la de entrar en conversación con las voces de los territorios, y generar otros lenguajes de valoración, lenguajes eco-literarios; tratar de llegar ahí donde el periodismo ambiental y la investigación científica a veces no llegan, en relación con las problemáticas socioambientales. Por eso, acabamos de publicar el primer episodio de una serie, El territorio habla que tratará de los principales desafíos socioambientales de nuestro país. En el episodio 1, “Todas las Fuegas el fuego”, las integrantes de Mirá Socioambiental viajamos este verano de 2024 a Córdoba para hablar de los incendios y escuchar a las Fuegas, colectiva ecofeminista de brigadistas comunitarias, que entran y salen del fuego, creando al mismo tiempo comunidad. Con y junto a ellas nos preguntamos: ¿por qué se incendia América Latina? ¿Por qué se prende fuego Córdoba? ¿Qué hay detrás de la devastación de territorios, de la fauna, de la biodiversidad? ¿Qué formas toma la resistencia ante el avance del fuego y qué nuevos oficios se gestan ante la aceleración del cambio climático?

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Difícil sería negar que la Argentina atraviesa uno de sus momentos más oscuros, de la mano de un gobierno de extrema derecha que además de favorecer a los sectores más ricos y concentrados, de arrasar con nuestros derechos, de buscar disciplinar a la sociedad y de desmantelar el Estado, es también negacionista desde el punto de vista climático (como lo son D. Trump y J. Bolsonaro). En esa línea no hay nada que esperar.

Este gobierno empeorará los impactos en términos de colapsos climáticos localizados. Mucho más ahora que se aprobó el RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones), que construye un régimen de privilegio para las inversiones superiores a los US$200 millones. No cabe duda de que dichos emprendimientos significarán una mayor expansión de la soja, de la ganadería extensiva, del llamado “desarrollo inmobiliario”, y de todo tipo de extractivismo, transnacional y de capitales nacionales.

El presidente Javier Milei no cesa de hablar de los empresarios como “benefactores sociales”, muchos de los cuales son los máximos responsables de estos graves delitos ambientales, que tienen como consecuencia la destrucción de ecosistemas críticos, como montes, bosques y humedales.

Pero no es sólo el negacionismo terraplanista de este gobierno, que se regocija abiertamente en el ecocidio y cuyos seguidores y funcionarios pueden arrogarse el “derecho a contaminar”. Aunque no dudamos de que hay cada vez más argentines, sobre todo jóvenes, que son conscientes de los enormes riesgos ambientales que atravesamos, también existen sectores importantes de la sociedad que continúan abonando a una suerte de negacionismo climático implícito. Se preocupan hoy, cuando les arde la garganta por el humo de los incendios y se preguntan frunciendo la nariz de dónde viene, o se alarman cuando ven llegar el fuego, que amenaza incluso la vida protegida de los countries (como sucedió en la localidad de La Calera, vecina a Córdoba capital), y comprenden de golpe que, aunque “los sin muro” son más vulnerables, nadie está a salvo verdaderamente de estos desastres climáticos.

Incendios en Córdoba: se contuvo el foco en La Calera pero el fuego no cesaba en Ambul. NA.

Pero al día siguiente, una vez más, cuando el último foco es apagado o el humo desaparece del horizonte, en vez de exigir urgentes políticas públicas y/o volcarse a la participación ciudadana, vuelven a actuar como si no pasara nada.

El deseo de retornar a la normalidad es humano, demasiado humano, y ciertamente atraviesa todas las clases sociales, pero también nos hunde más en el abismo de la negación. De nada sirve “volver a la normalidad” si esta ya no existe como tal. Sólo dilata nuestras respuestas, las pospone, las envía al inconsciente o las archiva en una zona de confort psicológica, hasta que el próximo evento extremo vuelva a trastocarlas y nos coloque de frente, una vez más, ante la insoslayable realidad urgente y oscura.

Como colectiva socioambiental, desde Mirá, como escritoras e investigadoras, también nos preguntamos: ¿qué estética y qué pedagogía tenemos que adoptar para conmover y generar un cambio cultural en la población respecto de los desafíos ambientales que enfrentamos?

Necesitamos interpelar a la sociedad, más que nunca, porque este cambio cultural que exige políticas públicas de regulación del capital, de protección de los bienes comunes y naturales, de adaptación a los riesgos climáticos y una amplia participación ciudadana, una política integral de cuidados no provendrá de un gobierno negacionista y liquidador de derechos, ni de los empresarios, hoy “benefactores sociales”. En eso, al menos, estamos todes de acuerdo. Necesitamos generar un cambio cultural, antes de que sea demasiado tarde. Y para ello, urge crear espacios luminosos en medio de la oscuridad.

Declaración de los Derechos de la Amazonía

XI Foro Social Pan-Amazónico, Rurrenabaque y San Buenaventura,Bolivia, 12 al 15 de junio de 2024.

Bolivia, 12 al 15 de junio de 2024.

PREÁMBULO

1. Considerando la existencia de un movimiento global por el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza, y la “Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra” (Cochabamba, 2010) que declara que “en una comunidad de vida interdependiente no es posible reconocer solamente los derechos de los seres humanos sin causar un desequilibrio en la Madre Tierra”;

2. Considerando también que la Amazonía es una selva tropical que abarca nueve países y que ha sido ocupada por pueblos indígenas, comunidades locales y tribales desde tiempos ancestrales, que es la región con mayor diversidad biológica del mundo, y alberga la selva tropical contigua más grande del planeta, que funciona como estabilizador climático global, lo que acarrea obligaciones para los Estados de la región;

3. Reconociendo que el 20% de las reservas de agua dulce se encuentran en la Amazonía y desempeña funciones climáticas esenciales; que más de 162.000 kilómetros cúbicos de agua componen el Sistema Acuífero de la Gran Amazonía, el mayor conocido en el planeta;

4. Reconociendo también que las funciones hídrico/climáticas de la Amazonía permiten mantener la humedad del aire, propiciando lluvias lejos de los océanos; contar con un aire limpio, gracias a las copiosas lluvias; mantener un ciclo hidrológico beneficioso para el continente; proveer agua dulce a gran parte del continente sudamericano, impidiendo la desertificación; evitar fenómenos climáticos extremos debido al espesor de los bosques; y reconociendo que estas funciones han sido completamente alteradas debido al cambio climático; y actividades extractivas a gran escala;

5. Afirmando la importancia de los complejos ecosistemas amazónicos para la economía, salud y soberanía alimentaria de las poblaciones locales y para la economía y salud global. Que los conocimientos y técnicas de los pueblos que la habitan han hecho de la Amazonía un lugar incomparable, a partir de un complejo proceso de coevolución entre el mundo natural y las culturas indígenas, desarrollando sistemas regionales con las más altas cifras de diversidad silvestres y cultivadas;

6. Considerando que los aguas y la biodiversidad de los Andes y el Cerrado nutren la Amazonía, y ésta a su vez nutre la Mata Atlántica y el Océano, interconectando así los derechos de diversos biomas;

7. Afirmando también que el agua y su ciclo existen jurídicamente como bienes comunes y no como meros recursos a ser utilizados o sometidos a concesiones o privatizaciones, dado que promueven y sustentan la vida, constituyendo la base de los derechos existenciales y siendo titulares de derechos;

8. Considerando la necesidad de respetar la integridad de los ecosistemas amazónicos y otros ecosistemas integrados, indispensables para conservar la biodiversidad, contribuir a la seguridad alimentaria, regular los ciclos hidrográficos y el clima, y evitar desastres asociados al cambio climático;

9. Considerando también que la destrucción de los bosques amazónicos, la contaminación de sus ríos, así como aculturación y desaparición de los pueblos que la habitaron por siglos, están causando daños irreparables a sus funciones ecológicas, poniendo en riesgo la vida en la región y el planeta;

10. Convencidos y convencidas que los ríos reúnen a los territorios, comunidades y países, demostrando que en la Naturaleza no hay fronteras y que el reconocimiento de los derechos de uno incide en la perspectiva cosmocéntrica de los derechos de todos los otros, con los cuales se conectan;

11. Destacando las declaraciones y esfuerzos de la sociedad civil para impulsar los Derechos de la Naturaleza, como en la Declaración de Siena (2022), la Declaración Universal de los Derechos de los Ríos (2017) y la Declaración de la Alianza de Guardianes e Hijos de la Madre Tierra (2017);

12. Destacando también que América Latina lidera el movimiento global por los Derechos de la Naturaleza, con reconocimientos en Constituciones nacionales en Ecuador y próximamente en Aruba; con leyes nacionales en Bolivia y Panamá; a través de Constituciones de ciudades en México u ordenanzas municipales en Brasil^[1]; así como con el reconocimiento de ecosistemas y ríos como sujetos de derecho, en Colombia, Brasil y Perú; y proyectos, como en Argentina^[2]; haciendo de la región más biodiversa del mundo^[3] el lugar idóneo para una propuesta contundente hacia el reconocimiento y defensa de los derechos de la Amazonía y de la Madre Tierra;

13. Considerando que la Corte Suprema de Justicia de Colombia reconoció a la Amazonía como sujeto de derechos en 2018 (STC 4360-2018), como “ecosistema vital para la evolución global”, protegiéndola en su integridad;

14. Considerando también la pre aprobación del reconocimiento de la Amazonía brasileña como sujeto de derechos en la Audiencia Pública del 4 de junio de 2024 sobre la Propuesta de Enmienda Constitucional de los Derechos de la Naturaleza en la Cámara de Diputados de Brasil^[4];

15. Tomando nota de los reconocimientos judiciales en Colombia y Perú que declaran a ríos específicos como sujetos de derechos (sentencia T-622-2016 del Río Atrato en Colombia; sentencia 00010-2022-0-1901-JM-CI-01 del Río Marañón en Perú), así como la ley aprobada en el municipio de Guajará-Mirim, Estado de Rondonia, Brasil, que reconoce el Río Laje (Komin-memem en la lengua originaria) como sujeto de derechos;

16. Considerando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 23/17 establece que el derecho al medio ambiente sano protege los componentes del medio ambiente como intereses jurídicos en sí mismos y que, por tanto, debe protegerse a la Naturaleza “por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos” (CoIDH, Opinión Consultiva 23/17. Párr. 62), y destaca la tendencia de reconocer personería jurídica a la Naturaleza;

17. Teniendo presente la Recomendación del Secretario General de las Naciones Unidas de debatir el establecimiento de una Asamblea de la Tierra (RESOLUCIÓN Res. A/77/244);

18. Considerando también que el Marco Global para la Diversidad Biológica del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica de Kunming-Montreal reconoce diversos sistemas y conceptos, incluyendo los Derechos de la Naturaleza y de la Madre Tierra, y que esto debe informar la implementación de toda la Estructura (CBD/SBSTTA/25/6);^[5]

19. Reafirmando el veredicto del Caso “Amazonía, un ser vivo amenazado” del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, declarado en Glasgow en noviembre de 2021, así como el veredicto de la visita de los jueces del Tribunal a la Amazonía brasileña (2022-2024);

20. Considerando que la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) formada por ocho países amazónicos: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname e Venezuela, trabaja en dimensiones político-diplomática, estratégica y técnica, pudiendo contribuir con las articulaciones necesarias entre gobiernos, organizaciones multilaterales, agencias de cooperación, sociedad civil organizada, movimientos sociales, comunidad científica y los diversos sectores de la sociedad, en el ámbito de implementación de esta declaración;

21. Considerando la existencia de Pueblos Indígenas en Aislamiento en la Amazonía, que mantienen una estrecha relación de interdependencia con el ambiente, lo que hace vital el mantenimiento de sus territorios, y entendiendo que la degradación del Amazonas supondría su extinción física y cultural;

22. Reconociendo la importancia de la permanencia y el buen vivir de los pueblos originarios y tradicionales, que son parte fundamental de la diversidad y riqueza cultural regional y mundial, y cuyos conocimientos son indispensables para lograr el equilibrio en la Amazonía;

23. Reconociendo también que, en los sentires de los pueblos originarios presentes en el XI Foro Social Panamazónico, desde la región de los Andes hasta la Amazonía, hablan de su interrelación y pertenencia que expresan en sus rituales, modos de vida, cosmovisiones, convivencia con los apus de los Andes, jichis de la Amazonía, manteniendo sus lenguas originarias. Consideran que la Naturaleza es dueña de sí misma y que la protegen y defienden, y así es muy importante la consolidación de sus territorios y permanencia en ellos;

24. Afirmando la necesidad de redefinir nuestra relación con la Naturaleza en una visión ecocéntrica para enfrentar la crisis ecológica actual y asegurar el respeto pleno de los derechos de los Pueblos Indígenas, reconocidos por las Naciones Unidas como los “mejores guardianes de los bosques”;

25. Afirmando también que los Derechos de la Naturaleza se basan en valores de complementariedad, interdependencia y reciprocidad, en conexión con los derechos de los pueblos y derechos humanos, como se ha destacado en los veredictos del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza en diálogo con el Tribunal Permanente de los Pueblos;

26. Considerando que la Amazonía está amenazada por flujos de capitales financieros, intereses corporativos y extractivistas que la plantean como un espacio de conquista y que ponen en peligro los derechos de sus pueblos, y su propia integridad como sujeto de derechos;

27. Reconociendo la “florestanía” (ciudadanía de los pueblos de los bosques defendida por los caucheros de la Amazonía brasileña) como una forma de ciudadanía activa que busca la sustentabilidad de la selva amazónica para hacer frente a la crisis ecológica mundial;

28. Reafirmando el papel crucial de los Pueblos Indígenas, comunidades locales y otros pueblos tradicionales, y de los movimientos sociales, ambientales, campesinos, afrodescendientes, negros raizales y de mujeres reunidas en el XI FOSPA en la defensa de la Amazonía como sujeta de derecho y de los derechos de los pueblos que la habitan;

DECLARAMOS,

Artículo 1. La Amazonía tiene derechos fundamentales enunciados en esta Declaración, los cuales son inalienables, inviolables e innegociables, en tanto derivan de su propia existencia, y son aplicables a todos los seres que la conforman.

Artículo 2. Los derechos de la Amazonía y de todos los seres que la conforman son:

Derecho a la vida y a existir de la Amazonía y de todos los seres, humanos y no humanos, que la constituyen;
Derecho a ser respetada;
Derecho a continuar sus ciclos y procesos vitales en armonía;
Derecho a mantener su identidad e integridad como un ser autorregulado e interrelacionado;
Derecho a la salud integral;
Derecho estar libre de contaminación y desechos tóxicos o radiactivos;
Derecho a que no se modifique su estructura genética de manera que amenace su integridad o funcionamiento vital;
Derecho a la restauración y regeneración integral;
Derecho a la permanencia de la vida en armonía a través de la sabiduría ancestral de los pueblos;
Derecho a que sus funciones vitales, procesos naturales y sistemas de vida no sean mercantilizadas;
Derecho a ser escuchada y debidamente representada;

Artículo 3. Todos los seres humanos son responsables de promover, defender, exigir y garantizar los derechos de la Amazonía. En particular, las comunidades humanas que habitan la región amazónica deben:

Identificar y comunicar los delitos de ecocidio, genocidio y etnocidio que afectan a la Amazonía y los pueblos indígenas, particularmente aquellos en situación de aislamiento y contacto inicial.
Internalizar el reconocimiento de los Derechos de la Amazonía en las normativas de cada pueblo o comunidad, considerando el principio de la autodeterminación.
Apoyar las iniciativas que reconozcan a la Amazonía como una entidad viva y promuevan alternativas de vida. Estas iniciativas deben proteger territorios, fomentar la transición de los combustibles fósiles y otras formas de extractivismo, además responsabilizar a quienes causan daños en la Amazonía, como la Campaña de Exclusión de la Amazonía, el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, entre otras.

Artículo 4.

Todos los Estados de la Amazonía, así como sus unidades administrativas, sean éstos departamentos, distritos, estados, municipios o gobiernos locales, deben cooperar para la promoción, ejercicio y aplicabilidad de los derechos de la Amazonía, enunciados en el artículo precedente de esta Declaración.
Los gobiernos de los países amazónicos deberán:

Promover la declaración de la Amazonía como sujeto de derechos en sus respectivas legislaciones nacionales, consagrándose en sus textos constitucionales;
Adoptar leyes, ordenanzas y normas que garanticen la aplicabilidad de los derechos de la Amazonía y su protección efectiva como un ecosistema de importancia universal;
Exigir que, como sujeto de derechos, la Amazonía esté representada en las delegaciones nacionales en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) a través de los pueblos indígenas, comunidades locales, científicos y organizaciones defensoras de la Amazonía;
Impulsar un Acuerdo global especial diferenciado climático para la Amazonía;
Tomar medidas para que la Amazonía sea una región libre de minería y de combustibles posibles y se encamine hacia una transición energética justa, popular, inclusiva y en base a alternativas desde los territorios;
Declarar una suspensión de la expansión del extractivismo en la Amazonía y establecer una zonificación que permita proteger las áreas que aún no han sido intervenidas;
Establecer zonas de intangibilidad, especialmente en cabeceras de ríos, áreas de recarga de agua y otras definidas como de alta vulnerabilidad, permitiendo sólo actividades de uso tradicional o de muy bajo impacto;
Crear agendas participativas para el desmantelamiento y cierre de obras de infraestructura, con procesos de restauración integral y de reparación para los pueblos afectados;
Adoptar medidas para revertir el daño causado a los ríos, bosques y ecosistemas amazónicos, garantizando su restauración integral así como la regeneración de sus ciclos;
Cumplir los procesos de consulta para el consentimiento previo libre e informado de los pueblos indígenas y otros tradicionales, de acuerdo a los estándares internacionales;
Garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas y comunidades locales en la planificación y ejecución de actividades extractivas en todas las áreas protegidas de la Amazonía a fin de hacer cumplir los derechos expresados en esta declaración;
Implementar medidas a favor de los Pueblos Indígenas como defensores y defensoras de la Amazonía;
Reconocer a los pueblos originarios de la Amazonía como los principales actores para su protección, recuperación y restauración desmontando toda forma de control neocolonial;
Llamar a los parlamentos de la Unión Europea a rechazar el Tratado de Libre Comercio UE-Mercosur, oponiéndose a la mercantilización de la Amazonía;
Crear políticas públicas de fomento y fortalecimiento a las prácticas y actividades productivas de los pueblos de la Amazonía, en especial los sistemas agroecológicos y agroforestales;
Abrir puentes entre el conocimiento científico convencional y el conocimiento histórico-ancestral, para cuidar y reproducir los suelos, las selvas, la biodiversidad y la vida en general;
Reconocer y compartir los conocimientos, técnicas y prácticas para controlar las crecidas, proteger la fertilidad de los suelos y procurar la regeneración de las selvas;
Desmantelar la dependencia al extractivismo y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, así como los Derechos de la Naturaleza;
adoptar medidas para proteger y conservar el ciclo del agua en la cuenca amazónica desde los glaciares y nacientes de los ríos en los Andes hasta su desembocadura en el océano Atlántico;
Reconocer a la Amazonía como una entidad independiente, autónoma y con un estatus internacional único, y como tal, con derecho a ejercer sus poderes legales sin imposición de los Estados; a tener equidad ante la ley; y a mantener su integridad como un ente autorregulado.

Artículo 5. Respecto a la toma de decisiones en relación a la Amazonía:

Los seres humanos, Estados e instituciones públicas y privadas deben garantizar que la Amazonía esté representada de manera efectiva en la toma de cualquier decisión que pudiera afectar su existencia, integridad de sus ciclos vitales y sus derechos en general;
Cada Estado de la cuenca amazónica debe tomar medidas legislativas y definir dispositivos jurídicos para permitir que la Amazonía esté efectivamente representada en la toma de decisiones subnacionales, nacionales, transnacionales o internacionales que puedan tener un impacto significativo en la Amazonía.
Los seres humanos, Estados e instituciones públicas y privadas deben garantizar que la toma de decisiones en relación con la Amazonía sea sensata y promueva la coexistencia armoniosa de todos los seres que la componen.

Artículo 6. Los pueblos, movimientos sociales, defensores y defensoras de la Amazonía, articuladas en el marco del Foro Social Panamazónico, en cumplimiento del mandato del XI FOSPA, para impulsar esta Declaración determinamos entregarla al Estado Colombiano, sede de la Conferencia de las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas (COP16), al Estado Brasileño, sede de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climática (COP30), así como al resto de representantes de los Estados amazónicos a fin de promover diálogos de alto nivel sobre la Amazonía como sujeto de derechos.

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[1] https://mapas.org.br/advocacy/

[2] https://ecojurisprudence.org/; www.garn.org

[3] SPA, Amazon Assessment Report 2021, Capítulo 5, https://www.theamazonwewant.org/spa_publication/amazon-assessment-report-2021/

[4] https://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/integras/2432257.htm

[5] https://www.cbd.int/doc/c/505f/f4c6/991e8966edd53e152f460eb8/sbstta-25-06-en.pdf

Alerta por la irresponsable intervención en los ríos Paraguay y Paraná: un ecocidio inminente

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas exige acciones urgentes ante los inminentes proyectos de intervención sobre los ríos Paraguay y Paraná, que amenazan con desatar una crisis socioambiental sin precedentes. Las autoridades deben convocar de manera inmediata a una reunión de Cancilleres y las máximas autoridades ambientales de los países de la Cuenca del Plata, además del Sub Grupo 6 del Acuerdo Marco de Medio Ambiente del Mercosur, para debatir el impacto devastador que estas obras pueden tener sobre los ecosistemas y las comunidades locales.

Mega proyectos de destrucción: Impacto irreversible en la biodiversidad y las comunidades locales

Los anuncios recientes del gobierno nacional y los de Paraguay y Brasil detallan un conjunto de intervenciones sobre los ríos Paraguay y Paraná que buscan profundizar las vías navegables para aumentar el tránsito de barcazas. Esto incluye el derrocamiento de pasos rocosos en el río Paraguay y el dragado de más de 2.000 kilómetros desde Cáceres hasta Corumbá, en Brasil. Estas obras se realizarían en el contexto de una de las peores crisis hídricas de la cuenca en los últimos 77 años, una situación que ha afectado directamente la disponibilidad de agua en la región y exacerbado los procesos de desertificación.

El impacto ambiental de estas acciones es alarmante. Los humedales de la Cuenca del Plata, que albergan una biodiversidad invaluable y proveen recursos vitales para millones de personas, están en grave peligro. Según la Convención de Ramsar, cinco sitios prioritarios del río Paraná, reconocidos internacionalmente por su importancia ecológica, quedarían expuestos a un riesgo de degradación irreversible si se continúan estos proyectos sin una evaluación ambiental integral.

Un atentado contra los acuerdos internacionales

Los proyectos en marcha no solo violan la legislación ambiental argentina y las normas internacionales, sino que también pasan por alto compromisos clave como el Acuerdo de Escazú, el Tratado de la Cuenca del Plata y el Acuerdo Marco de Medio Ambiente del Mercosur. Según el Acuerdo de Escazú, las comunidades tienen derecho a acceder a información clara y participar en la toma de decisiones ambientales. Sin embargo, hasta la fecha, no se han realizado consultas públicas ni estudios de impacto ambiental (EIA) completos que respeten estos principios. La falta de transparencia y de participación ciudadana en este proceso es una flagrante violación de la ley.

Es fundamental recordar que la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y las EIA no son simples formalidades. Según el artículo 41 de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente 25.675, el Estado está obligado a garantizar que toda obra que pueda generar un impacto significativo en el ambiente cuente con estudios previos que evalúen sus consecuencias socioambientales. Estas herramientas legales permiten evitar los efectos negativos y proteger los derechos de las generaciones presentes y futuras.

Datos alarmantes: Impacto económico y ecológico

Las cifras de impacto de estas intervenciones son devastadoras. En 2022, la bajante histórica del río Paraná dejó más de 15.000 kilómetros cuadrados de humedales en riesgo de perder su capacidad de regulación hídrica. Según estudios del Instituto Nacional del Agua, el sistema de humedales del Paraná inferior ha reducido su capacidad de retención de agua en un 40% desde el inicio de las dragas y canalizaciones en la década de 1990. La flora y fauna de la región también se han visto gravemente afectadas, con una disminución del 30% en las poblaciones de peces y especies clave para la subsistencia de las comunidades locales.

La profundización del cauce del río Paraguay, prevista en este megaproyecto, podría incrementar aún más la frecuencia de inundaciones en la región. Expertos del Instituto Argentino de Recursos Hídricos advierten que el derrocamiento de los pasos rocosos naturales podría cambiar permanentemente el régimen hidrológico del río, generando desbordes en áreas pobladas y la pérdida de territorios agrícolas.

Exigencias y acciones inmediatas

Ante esta grave situación, desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas exigimos:

La inmediata convocatoria a una reunión de Cancilleres y autoridades ambientales de los países de la Cuenca del Plata para debatir el impacto ambiental de estos mega proyectos.
La realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que analice de manera integral los efectos socioambientales de estas intervenciones, en particular su compatibilidad con los compromisos internacionales, como el Acuerdo de Escazú y la Convención de Ramsar.
Un diálogo abierto y transparente con las comunidades afectadas y la sociedad civil, conforme lo estipulan la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental (25.831) y el Acuerdo de Escazú.
Que se suspenda cualquier avance en estas obras hasta que se cumplan con los procedimientos de participación ciudadana y se realicen estudios de impacto ambiental completos y rigurosos.

No más intervenciones sin control: Un llamado a la justicia socioambiental

Rechazamos de manera categórica cualquier avance en estos proyectos de intervención en ríos Paraguay Paraná, hasta que se respeten las normativas ambientales vigentes y los derechos de las comunidades. Es necesario que los barcos se adapten a los ríos, no los ríos a los barcos. En pleno siglo XXI y en un contexto de cambio climático sin precedentes, se siguen privilegiando los intereses de unos pocos por encima de la salud de los ecosistemas y las comunidades. Nuestros ríos no son meras autopistas para el comercio internacional; son fuentes de vida para millones de personas y hogar de miles de especies. Si no logramos que se actue ahora, el costo ambiental, social y económico será incalculable.

Desmonte ilegal en Chaco: Denuncian violación de medidas cautelares

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas denuncia el incumplimiento flagrante de la medida cautelar que ordena la suspensión total de desmontes en la provincia del Chaco. Presentaron pruebas contundentes sobre dos desmontes ilegales realizados los días 25 y 27 de agosto, pese a la prohibición judicial vigente.

En el marco de la megacausa por la Mafia del Desmonte, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentó una denuncia ante la Justicia Federal, alertando sobre el avance descontrolado de la mafia del desmonte en la provincia de Chaco. A pesar de la vigencia de una medida cautelar que prohíbe cualquier tipo de desmonte en la región, grupos de poder vinculados a empresarios y funcionarios continúan arrasando con los bosques nativos, con la complicidad de sectores del gobierno provincial. Estos desmontes no solo violan la ley, sino que también destruyen el hábitat de especies endémicas de la región que se encuentran en peligro de extinción, como el Tatú Carreta. A su vez, afectan enormemente a las comunidades locales, que dependen del bosque nativo y de los servicios ecosistémicos que este aporta para su subsistencia y vida digna. Lo que está en juego no es solo la biodiversidad del Chaco, sino la justicia social y ambiental para los pueblos que habitan esta región.

La medida cautelar emitida por la Justicia Federal estableció la suspensión de todos los desmontes autorizados o no ejecutados y prohíbe el otorgamiento de nuevos permisos en la provincia del Chaco. Esto incluye tanto las actividades de cambio de uso de suelo, que implican la conversión de áreas forestales en terrenos agrícolas, ganaderos o urbanizados, como cualquier intervención que cause la pérdida irreversible del carácter de bosque nativo.

Este amparo se basa en la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos. Según dicha ley, el desmonte es definido como cualquier actividad humana que transforme el bosque en otra forma de uso del suelo, causando graves impactos ambientales y sociales. La medida es clara: los desmontes están estrictamente prohibidos durante 90 días para permitir una evaluación de los daños y evitar mayores perjuicios.

A pesar de la medida judicial, el 25 de agosto, investigadores que se encontraban realizando trabajos de campo, documentaron un desmonte ilegal en las cercanías del Parque Provincial Loro Hablador y del Parque Nacional Copo. En un área de aproximadamente 600 hectáreas, maquinaria pesada arrasó con imponentes quebrachos centenarios, destruyendo el hábitat de especies amenazadas como el tatú carreta. Las imágenes y videos capturados por los investigadores son prueba inequívoca del incumplimiento de la medida cautelar.

Días después, el 27 de agosto, otro desmonte ilegal tuvo lugar en la localidad de Maipú, Chaco. En este caso, se estima que más de 1.000 hectáreas fueron afectadas, muchas de ellas taladas recientemente, como lo evidencian las imágenes satelitales y el testimonio de vecinos. Se detectaron incluso hornos de carbón en la zona, lo que sugiere un uso irregular del territorio.

La Asociación también solicitó a la Justicia Federal que se tomen medidas inmediatas para garantizar el cumplimiento efectivo de la medida cautelar. Se ha requerido la intervención de fuerzas federales para patrullar las áreas más afectadas y la utilización de herramientas satelitales para monitorear los desmontes en tiempo real. Además, se solicita la implementación de mecanismos de control estrictos para evitar que las guías de aprovechamiento forestal sean utilizadas como camuflaje para el comercio ilegal de madera proveniente de desmontes ilegales.

Los desmontes ilegales no solo arrasan con los bosques nativos y su biodiversidad, sino que también afectan profundamente a las comunidades locales que dependen de estos ecosistemas para su sustento. Las consecuencias a largo plazo incluyen la desertificación del suelo, pérdida de biodiversidad y la expulsión de las comunidades rurales de sus territorios. Estas prácticas benefician exclusivamente a un reducido grupo de megaempresarios y funcionarios, mientras el pueblo chaqueño paga el precio de la degradación ambiental.

La violación de la medida cautelar constituye un delito grave, tipificado como desobediencia en el Código Penal argentino, lo cual conlleva penas de prisión. La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas hace un llamado a la Justicia para que actúe con celeridad y detenga los crímenes ambientales que continúan destruyendo los bosques del Chaco. Las imágenes y pruebas presentadas son claras y contundentes: es urgente proteger los últimos remanentes de bosque nativo y asegurar que se cumpla la ley en todo su rigor.

La sociedad está atenta y controlando. Las pruebas están sobre la mesa, y las consecuencias de no actuar serán irreversibles.

El silencio en Jacobacci: Lo que la megaminería quiere callar del Proyecto Calcatreu

Maristella Svampa, investigadora Superior del Conicet y miembro del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) participó recientemente en la audiencia pública en Jacobacci, Río Negro, para hablar sobre los impactos de la megaminería y el Proyecto Calcatreu. Lo que encontramos fue un bloqueo informativo por partida doble. Por un lado, los medios tradicionales decidieron ignorar las voces críticas. Por otro, gran parte de las asambleas locales decidieron no participar en la audiencia, lo que dejó fuera a muchas de las voces que denuncian los efectos nocivos de la minería.

La base de nuestra intervención hizo eje en el hecho de que la minería a cielo abierto no genera muchos puestos de trabajos, no resuelve el problema de la pobreza y sus impactos en términos de desarrollo local son insignificantes.

La audiencia pública fue, como dijeron los obispos en peregrinación a Chimpay, “una obra de teatro con actores pagos”. En todo caso, se advirtió la fuerte manipulación política que el gobierno hace de las esperanzas y expectativas de la gente, que espera encontrar trabajo en la minería.

Cuando hablamos a nivel nacional de megaminería hay que ser claros: no genera mucho trabajo. La minería no es intensiva en mano de obra. A nivel global, solo emplea al 1% de la población económicamente activa. En Argentina, de las 24 mil personas que trabajan en la megaminería (sin contar la extracción de rocas de aplicación), apenas 12 mil están empleadas en el sector. Eso representa solo el 0.15% del empleo privado registrado en el país. El empleo es una falsa promesa que nunca termina de concretarse. En Perú, país minero por excelencia, apenas llega a emplear al 1,5% de la población económicamente activa..

En las provincias mineras, el empleo de la megaminería no ha logrado mover la aguja. En localidades mineras como Belén, solo el 1.5% de la población está empleada en minería, y en Jáchal, apenas el 3.3%. Los datos hablan por sí solos: la megaminería no ha resuelto la crisis de empleo. En Catamarca y San Juan, donde la minería tiene una fuerte presencia, los niveles de pobreza siguen siendo alarmantes. En el segundo trimestre de 2023, Catamarca tenía una pobreza del 45%, y San Juan, del 41%. Incluso en Santa Cruz, donde las empresas mineras tienen una fuerte presencia, hay una crisis fiscal. El poco empleo que se crea, con salarios altos, solo beneficia a un puñado de trabajadores altamente calificados. El resto de los trabajos son precarios: construcción, comercio, trabajadoras domésticas. Y junto a la minería, llegan otros problemas: trata de personas y prostitución.

Otro punto clave es el uso del agua. No solo hablamos de una región árida, sino de una crisis climática que está multiplicando los eventos extremos y provocando más sequías. La adaptación a estos problemas será crucial para las comunidades. Sin embargo, el llamado “circuito cerrado” de agua que prometen las empresas mineras no está probado. En el informe de impacto ambiental de Newmont, de 2023, la minera de oro más grande del mundo, se menciona que han logrado reducir el consumo de agua a 400 litros por tonelada de mineral. Sin embargo, en Jacobacci prometen 154 litros por tonelada de mineral procesado, una cifra que no cierra por ningún lado. Y además, hay una alarmante falta de datos confiables.

A su vez, este avance en un contexto de aprobación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) plantea enormes preocupaciones en relación al acceso y uso del agua. Este importantísimo recurso vital y bien común se encuentra en riesgo en el contexto de una megaminería que depende dle acceso al agua para mantener el funcionamiento y los márgenes de renta que el Estado le promete a las empresas. El RIGI otorga privilegios absolutos a las empresas mineras, permitiendo que “los insumos necesarios para sus operaciones”, incluyendo el agua, no estén sujetos a regulaciones preexistentes ni futuras. Esto significa que las empresas mineras van a tener acceso prioritario al agua, incluso en un país donde la escasez hídrica es un problema creciente.

El proyecto Calcatreu es solo la puerta de entrada para otros 53 proyectos mineros en Río Negro. Lo que estamos viendo es un intento de transformar la provincia en una zona de sacrificio a gran escala, basada en un modelo primario exportador centrado en el petróleo y la megaminería. Y lo peor es que este modelo también se está colando en la educación. El Ministerio de Educación publicó un manual que promueve la minería, que busca normalizar esta actividad en las escuelas. El Manual para quinto grado, Encontrarnos en Río Negro. Un viaje por nuestra provincia, se abre con una carta del gobernador actual; y tiene un capitulo sobre minería en el cual nos encontramos con una presentación sesgada de la actividad, sin hacer contrapeso o equilibro con los numerosos impactos sociales y ambientales de esta actividad. Se trata de un intento abusivo desde el poder por construir “licencia social”, buscando influir en niños y niñas de quinto grado, que están en esa edad configurando su aparto perceptual. Esto es algo que ningún docente puede pasar por alto.

La megaminería no ha logrado solucionar ninguno de los problemas que prometen. Sus profundos impactos socioambientales son evidentes y la profundización de un modelo primario de exportación de bienes naturales solo concentra más poder y riqueza en sectores financiarizados y extranjerizados.

Datos clave sobre la megaminería en Argentina

Empleo en la Megaminería: A pesar de la promoción de la minería como generadora de empleo, en el segundo trimestre de 2023, el empleo minero representó apenas el 0.15% del total del empleo en el país.
Pobreza en Provincias Mineras: En Catamarca, la pobreza alcanzó el 45% y en San Juan el 41% en 2023, a pesar de la fuerte presencia de la minería en estas provincias. Esto indica que la minería no ha sido efectiva en la reducción de la pobreza local.
Uso del Agua: Las promesas de un “circuito cerrado” de agua son cuestionables. La minería en Jacobacci promete un uso de 154 litros de agua por tonelada de mineral, cifra que no se alinea con los promedios que presentan otras operaciones mineras a nivel mundial. Ejemplo de esto es de la minera Newmont, que reporta, después de enormes esfuerzos, haber podido bajar su uso a 400 litros por tonelada. Esto plantea serias dudas sobre la rigurosidad del estudio de Calcatreu.
Impactos Ambientales: La minería metalífera implica el uso de sustancias tóxicas como cianuro y mercurio, con riesgos de drenajes ácidos y contaminación del agua. Estos impactos son bien documentados y han llevado a la oposición de diversas asambleas socioambientales.
Profundización del Modelo primario-exportador en Río Negro: El avance del proyecto Calcatreu es parte de un modelo más amplio que busca transformar Río Negro en una zona de sacrificio a gran escala, priorizando la explotación de recursos naturales a expensas del bienestar de las comunidades locales y del medio ambiente

Lo sucedido en la audiencia de Jacobacci, y en torno al Proyecto Calcatreu y el avance de la megaminería en toda la Argentina, es un ejemplo de la forma de avanzar sobre los territorios que tiene la megaminería. No podemos permitir que el avance de proyectos en Argentina siga ocurriendo bajo estas condiciones. Invitamos a los medios de comunicación y a la ciudadanía a seguir de cerca estos procesos y a denunciar nuevos intentos de manipulación de los espacios participativos.

Respuestas colectivas ante la emergencia hídrica en el Delta del Paraná: posibles y necesarias

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) solicitamos la convocatoria urgente del Comité de Emergencia Ambiental en el marco del PIECAS-Delta. La situación en el Delta del Paraná ha alcanzado niveles críticos debido a la bajante extrema del río Paraná y los incendios irregulares que continúan devastando el área. Nos preocupa profundamente el impacto que esta crisis está teniendo sobre los ecosistemas del Delta y la seguridad hídrica de millones de personas que dependen de esta región.

Los humedales del Delta del Paraná cumplen una función vital en la preservación de la biodiversidad y el equilibrio ecológico de la Cuenca del Plata. Sin embargo, hoy enfrentan amenazas crecientes debido a la falta de medidas efectivas por parte del Estado. La crisis hídrica, los dragados descontrolados y la continuidad de incendios están acelerando la degradación de este ecosistema único.

Exigimos que el Licenciado Daniel Osvaldo Scioli, en su carácter de Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, convoque inmediatamente al Comité de Emergencia Ambiental en el marco del PIECAS-Delta. Este Comité tiene la responsabilidad de coordinar políticas y acciones para mitigar los efectos devastadores de la crisis hídrica y los incendios. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya estableció en su fallo del 11 de agosto de 2020 la necesidad de un espacio de coordinación entre las provincias afectadas y la Nación, y la creación del Comité fue justamente para enfrentar situaciones como la que vivimos hoy.

Pedimos que se tomen medidas concretas y urgentes, acordando un plan de acción que responda a la emergencia en curso y garantice el cuidado de los humedales. También solicitamos la apertura de un espacio público de diálogo con las organizaciones ambientales que trabajan en la región, para que puedan expresar sus observaciones y aportes sobre las acciones necesarias. Este tipo de intercambio es fundamental para asegurar que las decisiones que se tomen sean transparentes y respondan a las realidades locales.

Entendemos que la situación es extremadamente grave. De no obtener una respuesta inmediata, nos veremos en la obligación de informar a la Corte Suprema, solicitando su intervención directa debido a la inacción de las autoridades. La ley de Presupuestos Mínimos Ambientales, que establece bases claras para la protección de los ecosistemas del Delta y la prevención de incendios, debe ser aplicada de manera estricta.

Insistimos también en que las reuniones del Comité se realicen en la región afectada, ya sea en Rosario, Victoria o San Nicolás, para facilitar la participación de las comunidades locales y organizaciones involucradas. Es crucial que las decisiones se tomen cerca de los territorios afectados, en contacto directo con quienes viven y defienden estos espacios.

Reafirmamos nuestro compromiso con la justicia ecosocial y con la defensa de los derechos de la naturaleza. La crisis en el Delta del Paraná no solo afecta al ambiente, sino también a las personas que dependen de estos ecosistemas para su subsistencia. Precisamos acción con responsabilidad y urgencia.

Contacto de Prensa: Jorge Daneri +54 9 343 511-3491

Fabian Maggi +54 9 341 372-0859

Río Paraná

Desarticulando la Mafía del Desmonte en Chaco

En la Megacausa de la Mafia del Desmonte en Chaco, la Justicia Federal realizó varios allanamientos en Casa de Gobierno y otros lugares. También ratificó nuestra participación como querellantes

Resistencia, 25 de agosto de 2024

En una noticia trascendental para la lucha ambiental en nuestro país, la Justicia Federal de Chaco ha decidido aceptar a la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas como querellantes en la megacausa conocida como la “Mafia del Desmonte”. Este reconocimiento significa que, a partir de ahora, podremos ser parte activa del proceso judicial que busca frenar la devastación de los bosques nativos chaqueños. Es un paso fundamental para desarticular este entramado que viene desmontando ilegalmente hace décadas el monte chaqueño nativo. Vamos a poder participar activamente en la investigación penal, lo que nos permite garantizar que los responsables de este entramado de corrupción y ecocidio no queden impunes y que la justicia avance en beneficio de la sociedad chaqueña, sus ecosistemas y comunidades .

Al ser querellantes, podremos acceder al expediente completo y analizar cada documento presentado en la causa. Además, tendremos la posibilidad de fortalecer la enorme cantidad de pruebas que ya hemos presentado y consideramos esenciales para esclarecer los hechos. Estaremos en una posición clave para impulsar que avance todo el proceso judicial y evitar que los intereses corporativos y políticos frenen la investigación o desvien la atención.

En las últimas semanas, fuimos testigos de la celeridad con la que actuó la Justicia Federal: se realizaron allanamientos en diversas dependencias del gobierno provincial de Chaco. Esta acción, algo que no veíamos desde hace muchos años, es una señal clara de que la maquinaria judicial ha comenzado a moverse con seriedad, enfocándose en desarticular esta red de corrupción. Es una muestra de que la presión social y la participación activa en la causa pueden dar resultados concretos.

Primer golpe a la Mafia del Desmonte de Chaco

Sabemos también que esta causa no es solo por la protección del monte, sino que va mucho más allá. A lo largo de todo el país es necesario desenmascarar las redes de poder político y empresarial que se enriquecen a costa de la naturaleza y de las sociedades que dependen de ella. Nuestro rol en este causa es un paso firme y decidido hacia la justicia #ecosocial que creemos necesaria para todo el país, para todos nuestros bienes comunes. La única forma de frenar estos entramados es con un trabajo de toda la sociedad, uniendo esfuerzos y voces para exigir justicia y terminar de una vez por todas con el saqueo de nuestro futuro. La lucha continúa, y estamos más comprometidos que nunca.

Estamos convencidos de que este es un momento clave para avanzar en la construcción de una justicia ecosocial en Argentina. No podemos permitir que los intereses privados sigan destruyendo nuestros bienes comunes con total impunidad y en detrimento de nuestro bienestar.

Se suspenden los desmontes en Chaco

El Gobierno abre el proceso de venta de centrales hidroeléctricas

por Alejo di Risio para elDiarioAr

El Gobierno Nacional, a través del Decreto 718/2024, avanzó con decisiones sobre las concesiones de las centrales hidroeléctricas del Comahue. Trece días antes de su vencimiento, otorgó una nueva prórroga a las concesiones existentes para las centrales de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. En ese mismo decreto, se llama a concurso público para avanzar en la privatización de hecho a cargo de la Secretaría de Energía, que tiene 180 días para llamar a concurso público nacional e internacional y vender la mayoría de las acciones de las centrales.

En un contexto en el cual la energía y el agua han sido focos de conflicto en la estabilidad macroeconómica nacional, la reciente decisión del gobierno de prorrogar las concesiones de las represas hidroeléctricas del Comahue plantea serias preocupaciones. La retórica privatizadora avanza sobre los proyectos de infraestructura, específicamente sobre los que venían más vulnerables: aquellos que se mantenían en un limbo legal de concesiones y parches regulatorios. Entre ellos están los contratos de concesión de las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila actualmente en manos de empresas privadas como AES (Alicurá), ENEL Generación (El Chocón Arroyito), Orazul Energy (Cerros Colorados) y Central Puerto (Piedra del Águila).

Las represas hidroeléctricas han sido una parte integral del sistema energético argentino, representando aproximadamente el 20% de la generación total de energía eléctrica. Su construcción fue realizada por el Estado nacional a partir de los años ‘60, con una inversión de alrededor de U$S 20 mil millones. Si bien se contó con préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, estas represas también fueron financiadas gracias a los fondos específicos pagados por los usuarios de todo el país. Debido a la enorme inversión los períodos de amortización se calculan alrededor de 30 años, incluso con una rentabilidad anual de entre U$S350 y U$S400 millones. Si bien varía de central a central y depende de la inversión en mantenimiento, una vida útil de más de 60 años otorga enorme cantidad de divisas a largo plazo.

Sin embargo, se calcula que al privatizarse Hidronor S.A. y las 19 represas hidroeléctricas el Estado recuperó aproximadamente U$S2 mil millones, alrededor de un 10% de su inversión. Por lo cual una inversión económica que hubiera sido redituable, representó una pérdida para las arcas estatales. La inversión y construcción fue pública, pero la renta fue privatizada en estas últimas décadas.

El saldo de la privatización es negativo por donde se lo mire. Desde la desregulación y privatización del sistema eléctrico que se llevó a cabo durante el menemismo, el sector privado no ha aportado un diferencial deseable. No sólo en términos de divisas, sino en ninguna de las múltiples esferas de las cuales las grandes represas forman parte. El supuesto mercado libre y sistema de competencias que el neoliberalismo prometió, sólo dejó un oligopolio energético que tiende a fugar divisas, que no realiza nuevas obras, que no transfiere conocimiento tecnológico, que no invierte en mantenimiento y que no reduce tarifas.

Ante la falta de planificación, las concesiones que ya vencieron fueron extendidas con prórrogas cortas. Parches regulatorios que postergaban la definición largo plazo, mientras vaivenes electorales evitaban una dirección clara en la política energética nacional. La senda del actual gobierno fue clara en lo discursivo, y la reciente aprobación de la Ley Bases otorgó el capital político que faltaba para avanzar en las privatizaciones.

Incluso para un gobierno que enarbola el déficit como bandera, y para el cual la restricción externa por la ausencia de dólares es un nudo difícil de resolver, renunciar a la renta producida por la energía hidráulica no es una decisión financiera. Es una ceguera profundamente ideológica. En un sentido estratégico energético, la renta producida de las grandes represas existentes podría financiar proyectos de transición energética justa y popular hacia fuentes renovables. Una matriz energética fosilizada como la argentina está altamente dependiente del precio internacional de la energía y de los márgenes de ganancia de los privados en el sector. Pocos meses atrás hubo una pequeña crisis en este sentido, cuando el sector gasífero no alcanzó a equiparar la demanda y hubo que pedir de favor a Brasil un buque de gas natural licuado para evitar que hubiera hogares sin calefacción.

A medida que la crisis climática impacta cada vez más sobre la salud de las poblaciones, la discusión en torno a la urgencia y formas de las transiciones energéticas se vuelven cruciales. Si bien en nuestro país esta discusión no atraviesa el arco político, activos estratégicos como las represas tienen que ser vistas desde una perspectiva pública y social. Aunque no hay consenso intersectorial para nuevas construcciones de esta magnitud, la decisión sobre el destino de las ya existentes es necesaria. Durante el resto de su vida útil, las represas hidroeléctricas pueden funcionar como “baterías” de energía potencial, complementando otras fuentes renovables que son intermitentes, como la solar y la eólica. Pero este enfoque requiere una planificación integral que considere las necesidades del sistema energético en su totalidad y los diversos actores involucrados en la gestión de cuencas.

Si bien operan bajo la lógica de ser estructuras generadoras de energía, estas enormes represas tienen un carácter multidimensional. La regulación pública es fundamental para enfrentar desafíos como la pérdida de glaciares y la disminución del caudal del río Paraná, asegurando que las decisiones sobre energía se basen en criterios multidimensionales. Solo a través de una gestión pública (en todas sus formas) adecuada se podrá avanzar hacia una transición ecosocial del sistema energético.

Las operadoras tuvieron su oportunidad de décadas de actuar bajo lógicas de mercado y con regulaciones laxas. Su búsqueda de maximizar beneficios ha derivado en una falta de inversión en infraestructura y un mantenimiento inadecuado de las instalaciones. A su vez, ha habido especulación con los niveles de los embalses para vender la energía al momento que más conviene, y retención del agua cuando la energía está más barata. Este modelo de gestión perjudica a su vez a usuarios cuenca abajo y genera impactos ecosistémicos que afectan el suministro hídrico y energético. Esto genera problemas debido a la multiescalaridad de una enorme infraestructura que cuenta con: financiamiento y concesión a nivel nacional, bienes naturales de control provincial y enormes impactos socioambientales a nivel local. Esta gestión requiere una intersectorialidad multiescalar y multisectorial. En este espíritu, las propuestas de Comité de Cuenca, con marcos interjurisdiccionales y visión integral, deberían incorporar el bien público y colectivo antes que la dependencia de decisiones privadas.

De más está decir que el agua posibilita la vida en sentido biofísico. Pero en este contexto de crisis climática y eventos de clima extremo es necesario entender que el agua posibilita la vida también en términos culturales y sociales. Cuando en un territorio hay crisis hídrica, quien gestiona el agua y la energía tiene la capacidad de decidir qué sector productivo se reproduce o no. Retener masivos volúmenes de agua afecta los regímenes hidrológicos y transforma los ecosistemas y modos de vida de las poblaciones. Gestionar el agua se convierte entonces en un interés ambiental, estratégico y social, porque es gestionar un derecho humano, una fuente de reproducción y un insumo clave para la producción de la vida toda.

La privatización de estos puntos nodales del sistema energético-ambiental demuestra a todas luces ser una estrategia fallida. La continuidad de este modelo, en última instancia, vuelve a evidenciar la profunda ceguera ideológica con la que actúa el gobierno de La Libertad Avanza. La gestión de las represas debería ser una cuestión de interés social, con el bienestar de la población en el centro y con la conciencia de que una salida gradual y ordenada del sistema energético actual es necesaria cuanto antes. Si bien el rol estatal es fundamental, para esto es necesario extender la noción de público más allá de lo estatal y explorar otras formas de lo público que incluyan la participación de sectores sindicales, cooperativos y comunitarios.

La privatización y el descontrol avanzan sobre el Río Paraná: Un llamado a la acción

Los gobiernos regionales avanzan con decisiones políticas críticas sobre la profundización del modelo imperante en el río Paraná inferior: entre ellas el derrocamiento de pasos rocosos en el río Paraguay y el dragado en el tramo Cáceres-Corumbá. Estas acciones amenazan ecosistemas y violan acuerdos internacionales, lo que podría derivar en un ecocidio a lo largo de la Cuenca del Plata. Llamamos a organizaciones socioambientales a lo largo de la cuenca a movilizarse en cada territorio y espacio posible para frenar estas decisiones y avanzar hacia la gestión democrática de cuenca.

En estos días se comunica como hecho políticos en vía de inmediata consumación, la profundización del río Paraná inferior en compensación por el aumento del peaje de la “vía navegable” (Gobierno Nacional); derrocamiento de trece pasos rocosos en el río Paraguay, (Gobierno de la Rca. de Paraguay) y dragado para mayor profundidad de tránsito de barcazas en el tramo Cáceres Corumbá (Brasil), nacientes y primer tramo del río Paraguay. (1)

Luego de más de 25 años, nuevamente renace este drama ecosocial que se había logrado detener, frenar, particularmente en el segundo y tercer escenario, gracias a la movilización social e incidencia política fruto de una enorme diplomacia social en el seno de los parlamentos y las instituciones financieras internacionales interesadas, por parte de la Coalición Ríos Vivos que articulaba con aproximada trescientas organizaciones diversas de la cuenca, en plena ejecución del neoliberalismo en la región.

Derrocar, destruir diques naturales milenarios sumergidos en el río Paraguay, que regulan su régimen hidrológico, es un disparate de consecuencias previsibles como también impensadas, particularmente por falta de evaluaciones ambientales estratégicas, incluso previamente integradas en el marco de profundos debates sociales (democracia ambiental) y políticos a nivel de los Estados de la Cuenca del Plata. Es brutal el incumplimiento en la gestión de los gobiernos del Acuerdo Marco Ambiental del MERCOSUR, del propio Tratado de la Cuenca del Plata y el reciente Acuerdo Regional de Escazú.

Merece destacarse, que semejante mega proyecto de artificialización del segundo río más grande de Sudamérica, merecería un tratamiento mucho más amplio en el escenario ya inapelable del proceso antrópico de cambio climático que estamos viviendo y sufriendo, en particular los seres humanos y no humanos más vulnerables. No existe diálogo sistemático previo entre los órganos científicos y políticos de las Convenciones de Diversidad Biológica, Cambio Climático, Lucha contra la Desertificación y de protección de los Humedales de Importancia Internacional (RAMSAR) todas vigentes y aplicables al mega proyecto de la hasta hace poco denominada hidrovía Paraguay Paraná, tratados internacionales que el denominado Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) sancionado en Argentina, pretende ignorar como obstáculos para la profundización y mayor artificialización de este megaproyecto.

El Sub Grupo de trabajo Número 6 del MERCOSUR (Medio Ambiente), debería considerar semejantes anuncios, evaluar en conjunto con los Estados Provinciales, en el marco del federalismo de concertación en Argentina. Nada de esto sucede. Todo es poner la decisión delante de procesos participativos previos. Se agravian los principios preventivo y precautorio, nada que decir del principio de equidad intergeneracional, menos de no regresión y progresividad. Todos violados de una manera alevosa de avanzar estas decisiones de mercado para muy pocas corporaciones de la minería, la soja y los agrotóxicos, entre las más significativas.

Un dato no menor es que la visión canalizadora aún mayor del cauce principal del Paraguay Paraná, atraviesa en Argentina, por ejemplo, cinco Sitios de máxima protección internacional de humedales (Convención RAMSAR), sin intervención alguna de la representación Nacional y menos de su Secretaría Ejecutiva.

Los litigios serán infinitos, las Cortes Supremas de Justicia de estas Naciones, deberán, finalmente, expedirse.

No podemos aún afirmar si el “asesoramiento” del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EEUU de Norte América es determinante de estas decisiones en Paraguay y Argentina, firmantes los dos Gobiernos de “Memorándum de Entendimiento” sobre este tipo de mega proyectos de infraestructura (2)

Pero de lo que no queda duda, es que el ciclo del agua en la Cuenca del Plata, ingresa en un proceso de destrucción masiva, de concretarse estas sentencias de muerte dictadas contra nuestro sistema de humedales desde el gran Pantanal, los humedales Paraguayos, los esteros del Ibera, el Paraná Medio y el gran delta argentino.

Si avanzamos en una visión sudamericana y advertimos los procesos de descomposición de los Glaciares Andinos, la destrucción por desforestación del Chaco Americano y la herencia de la extrema derecha en Amazonia; la Cuenca del Plata, en particular la denominada pampa húmeda y más, están condenadas, con estas políticas negacionistas y violadoras de toda visión eco social, a la concreción de un ecocidio.

Y expresamos que el ciclo del agua, frente a la simplificación desoladora de los ecosistemas, será fusilado, es que más allá de profundizar y profundizar más y más el cauce de los dos ríos, frente a las sequías en la cuenca y la disminución de los ríos voladores de Amazonia, cada vez habrá menos y menos agua. Por lo tanto, el absurdo es brutal.

Dependerá de los pueblos de Entre Ríos, de la Mesopotamia y el Litoral todo, de la capacidad de articulación de sus organizaciones de derechos humanos, sindicatos docentes, pequeños productores, trabajadores con sentido de vida y organizaciones ecologistas, el poner freno a este delirio.

Esta convocatoria a una sinergia multidimensional de movilización social organizada, es crucial, más aún frente al dictado del Decreto Nacional (DNU) Número 699 del 5 de agosto (4) que extingue el órgano de control de la vía de navegación troncal, demuele la integración y participación de los Estados Provinciales en el mismo y desintegra el comité federal de la Hidrovía.

El Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (Ecovina), fue el único organismo estatal que emitió un conjunto de posiciones donde se señalaba la necesidad de la concreción de una evaluación ambiental estratégica (EAE) y la conformación del Comité de Cuenca del río mas grande del País, previo a cualquier escenario de mayores intervenciones antrópicas en el cauce del río, como en su valle de inundación. Estos documentos de Ecovina obran en la causa judicial en trámite en el Juzgado Federal de San Nicolás, donde las organizaciones ambientales actoras, demandan se cumpla con estos dos escenarios normativos y de urgente concreción. No resulta sorprendente, entonces, la demolición de un órgano estatal de control que intento actuar de modo coherente con el sistema de derecho ambiental, federal y convencional vigente.

El federalismo constitucional, es reformado y destruido en el caso, en el marco y sobre las “bases” de fundamentos inconstitucionales que nos traen hasta aquí, ejecutando la lógica del descontrol -de lo que en el río pueda suceder en los conceptos más amplios que se puedan imaginar: salud pública, agua saludable, sobrevivencia de ecosistemas y sus reinos de vida, mayores intervenciones de artificialización del cauce y su ensanchamiento, en las mayores crisis hídricas conocidas, etc- y desaparición del Estado.

Relevante será, que en términos globales, la figura jurídica del Ecocidio se concrete, así estos decisores políticos, como los gobernadores silenciosos y cómplices por negligencia, decisión, incumplimiento del federalismo en el ejercicio y protección de la titularidad de los bienes naturales provinciales, posibiliten y aún auspicien que el Gobierno Nacional avance con estas decisiones y no intervenga frente a los derrocamientos del río hermano anunciados, como de las mayores profundizaciones en el Delta Argentino, sin estudios de impacto ambiental acumulativo y Evaluación Ambiental Estratégica.

En la reflexión del periodista de investigación Eliezer Budasoff, más vigente que nunca en “Los Dueños del Río” expone: “No existe, en definitiva, una discusión real sobre las posibilidades de desarrollo de la cuenca del Plata. Aquello que mueve a miles de personas a oponer resistencia a los procesos de privatización de los recursos en América Latina, es lo mismo que mueve al poder económico a implementar estrategias para su apropiación: la cuenca del Plata cuenta con la tercera parte de las reservas mundiales de bosques, recursos hídricos y energéticos, potencial piscícola, agrícola, pecuario y forestal, riquezas ecológicas y socioculturales únicas. Si el valor de los territorios y de sus características ambientales está plenamente considerado, en su conjunto, como recurso productivo para la explotación, es la vida misma de la región en el más amplio sentido, la degradación acelerada de las posibilidades de subsistencia para su población, la que no ingresa a los cálculos del capital económico y financiero. La expresión de los buscadores de capitales, que señala a los inversionistas el beneficio adicional de «recursos humanos económicos», es exacta en el caso de la hidrovía: la vida de los habitantes de América Latina es más barata para las corporaciones. La vida, aquí, vale menos para las pizarras.” (3)

Contrapropuestas de evolución positiva

Una multiplicidad de organizaciones sociales y ecologistas han presentado tres escenarios que se complementan e integran para salir de este círculo cerrado y autodestructivo.

La Alianza Sistema de Humedales Paraguay Paraná presento una Propuesta de Estrategia de Sustentabilidad del Sistema de Humedales de los ríos Paraguay Paraná durante el año 2010 a los puntos focales RAMSAR en cabeza de las áreas ambientales nacionales de los cinco países de la Cuenca. Se puede acceder a la misma en https://eraverde.com.ar/uve/assets/estrategia.pdf

La Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas formulo una serie de propuestas para la conformación, finalmente, del Comité de Cuenca del río Paraná en el marco del documento titulado “estatuto político y legal en materia socio-ambiental del Proyecto Hidrovía Paraná – Paraguay”

Finalmente, durante más de una década, cientos de organizaciones de todo el país promovieron el proyecto de Ley de presupuestos mínimos ambientales de protección de los humedales de la Argentina. Ninguno de los partidos políticos mayoritarios de la Argentina, los acompañó, finalmente.

Ingresamos a un escenario que nos convoca a la revitalización más que activa de las organizaciones diversas que integraron y conforman hoy una rica experiencia de resistencia y creatividad.

Deseamos profundamente que la oposición democrática y también diversa, pueda obrar a la altura de estas más que graves circunstancias así comunicadas oficialmente, y frenar semejantes decisiones, ilegales e inconstitucionales.

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Autores: Equipos de humedales y río Paraná de la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) integrados por Gimena Viviani, Fabian Maggi, Lucas Micheloud, Romina Arguas, Enzo Culasso Orué, Rafael Colombo y Jorge Oscar Daneri.

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https://www.rosario3.com/-economia-negocios-agro-/Hidrovia-el-gobierno-analiza-profundizar-el-dragado-para-compensar-el-aumento-del-peaje—20240729-0042.html
https://www.productivacm.com/archivos/20657
https://ecoa.org.br/rede-pantanal-solicita-ao-ministerio-publico-federal-investigacao-sobre-dragagem-no-pantanal/

Para mayores precisiones sobre el Memorándum de Entendimiento ver: https://aadeaa.org/nuestro-rio-de-otros/

http://amsafeconstitucion.com.ar/_paginas/niveles/documentos/Dueniosdelrio.pdf

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/311793/20240806

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas // Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Justicia Social y Ecológica