Funcionarios, empresas y diputados imputados a raíz de mega denuncia ante la Justicia Federal
14 de agosto de 2024
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, celebramos el requerimiento fiscal, que representa un golpe decisivo contra la llamada Mafia del Desmonte de Chaco, organización criminal que devastó (y devasta) miles de hectáreas de monte nativo en un entramado de corrupción para beneficio propio.
Este miércoles 14 de agosto, la Fiscalía Federal de Chaco, a cargo del Dr. Patricio Sabadini, respondió a nuestra megadenuncia penal e imputó a altos funcionarios, diputados y empresas por delitos graves que van desde el abuso de autoridad hasta la malversación de caudales públicos y asociación ilícita. Estos individuos, que actuaron como legisladores, funcionarios y empresarios, se enriquecieron a costa del ecocidio en la provincia.
La megadenuncia penal, presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas el pasado 3 de julio devela el aceitado mecanismo de corrupción público/privado para lucrar con la destrucción del monte chaqueño.
La dura y contundente acusación y pedido de investigación ante el Juzgado Federal N°1, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, es contra Hernán Javier Halavacs, gestor forestal, actual Ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de la Provincia del Chaco; Miguel Ángel López ex Director de Bosques de la Provincia del Chaco, actualmente empresario forestal; Luciano Olivares, ex Subsecretario de Desarrollo Forestal, actual asesor legal del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de la Provincia del Chaco; Atlanto Honcheruk, empresario forestal, diputado provincial; Juan José Bergia, diputado provincial; Zenón Cuellar, intendente de la localidad de El Espinillo – Chaco.
Entre los delitos imputados se encuentran abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal), tráfico de influencias (art. 256 bis), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265), y malversación de caudales públicos (art. 260), entre otros. La gravedad de estos actos llevó al fiscal a solicitar también la aplicación de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, lo que implica que no solo se investigará a individuos, sino también a empresas como VICENTIN; LAS GUINDAS; ESTABLECIMIENTO MONTERREY; CUENCA DEL SALADO; GRUPO BURATOVICH HERMANOS; MSU; TRIAD; ALEJANDRO HAYES CONI, RICARDO SHIHON y JERILDERIE; CIGRA; y LA NUEVA PIRÁMIDE., entre otras.
Esta decisión judicial representa el primer paso para desbaratar la Mafia del Desmonte de Chaco, una organización criminal que se enriqueció a costa del ecocidio del monte nativo en la provincia. En ella hubo complicidad del poder provincial, que en ambos lados del mostrador tenía legisladores, funcionarios públicos y empresarios.
El fiscal Patricio Sabadini, además de imputar a altos funcionarios y empresas, ha solicitado el cese inmediato de las actividades de extracción forestal. Esta medida urgente busca detener la devastación del monte nativo en Chaco, una acción que amenaza la supervivencia de ecosistemas enteros y el bienestar de generaciones futuras.
Las autoridades pertinentes deben actuar con firmeza y celeridad para retrotraer urgentemente el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), realizado a medida para las empresas deforestadoras y el entramado delictivo alrededor. La sociedad chaqueña y el bienestar de su sociedad, de sus ecosistemas y montes nativos buscan garantizar a largo plazo la justicia social y ecológica.
La acción resuena hasta en los círculos vaticanos, ya que la mismísima encíclica Laudato Si del Papa Francisco fue citada por la Fiscalía Federal de Chaco en la denuncia. El documento, que insta a la humanidad a proteger el ambiente, es un llamado a la acción contra la crisis climática y la posible extinción humana.
Desmonte en Chaco
Desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques, en Chaco se han desmontado 485.162 hectáreas. La reciente aprobación de la Ley 4005-R en abril de 2024, que pretendía habilitar el desmonte de un millón de hectáreas adicionales, motivó nuestra denuncia penal. Esta legislación, hecha a medida para las empresas deforestadoras, refleja la connivencia entre el poder político y los intereses privados. La sociedad chaqueña no puede permitir que su patrimonio natural sea sacrificado por el beneficio económico de unos pocos.
Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques hasta fines de 2022, en Chaco se desmontaron 485.162 hectáreas. La reciente aprobación de la Ley 4005-R en abril de 2024, que habilitaba el desmonte de un millón de hectáreas adicionales, motivó la presentación de la denuncia penal y la solicitud de medida cautelar.
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