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Incendios y negacionismo ecológico

por Enrique Viale y Sofía Nemenmann para el Diario Ar

El fuego descontrolado en el Parque Nacional Nahuel Huapi expuso la precariedad laboral de más de 500 brigadistas sin contratos renovados. Mientras el Gobierno transfiere competencias al Ministerio de Seguridad, ignorando su vínculo con el cambio climático, la crisis se agrava con políticas ambientales regresivas y condiciones extremas que demandan planificación urgente.

En medio de un descontrolado incendio forestal en el Parque Nacional Nahuel Huapi, los brigadistas forestales que dependen de la Nación enfrentan una situación compleja. La semana de fiestas se vio empañada por la falta de estabilidad laboral para quienes responden tanto a la Administración de Parques Nacionales (APN) como al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). El 2024 terminó con una oleada de despidos que agravan su ya precaria situación laboral. Hay más de 500 brigadistas a quienes aún no se les ha renovado el contrato y están yendo a combatir el incendio sin tener la certeza de su continuidad laboral.

Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, los empleados de la APN y el SNMF han sido recontratados bajo modalidades trimestrales. La falta de garantías laborales y la constante incertidumbre generan un escenario de vulnerabilidad, tanto para los brigadistas que luchan contra el fuego a lo largo y ancho del país, como para las áreas técnicas que posibilitan que los operativos de combate se realicen de manera segura y eficaz.

Además, esta fragilidad contractual actúa como un instrumento de control sobre los trabajadores y profesionales. Tanto brigadistas como guardaparques y técnicos, tienen estrictas órdenes de las autoridades de Parques Nacionales de no publicar en redes sociales información sobre la crisis climática, sobre “los mapuche” y “lo menos posible sobre incendios”. Incluso en sus cuentas personales, las cuales son controladas sistemáticamente. El costo de desobedecer estas órdenes orwellianas es la no renovación del contrato trimestral.

Así las cosas, el trabajo de los brigadistas, fundamental para la protección de los ecosistemas y las comunidades, se ve hoy doblemente amenazado: por el riesgo inherente de su tarea y por la falta de un marco laboral que respalde su esfuerzo. En un momento en que la prevención y control de incendios debería ser una prioridad, las condiciones laborales precarias de estos trabajadores dejan al descubierto una crisis que podría agravarse si no se adoptan medidas urgentes.

El Manejo del Fuego al Ministerio de Seguridad

Y cuando el incendio seguía creciendo en cercanías de Bariloche, el Presidente decretó, un 30 de diciembre (Decreto Nacional 1136/24), el traspaso del Servicio Nacional de Manejo del Fuego de la cartera ambiental al Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich. Esta medida representa un grave retroceso en tanto que desliga de la agenda ambiental una problemática profundamente ligada al cambio climático, como son los incendios forestales.

Este traspaso del SNMF al Ministerio de Seguridad es coherente con la visión negacionista de la problemática ecológica que tiene el Gobierno Nacional. Los incendios forestales, para esta visión, son un siniestro más. Como si fuese el incendio de un edificio y debiera tratarse con fuerzas de seguridad. No encuentra esta visión una vinculación ni con el Cambio Climático, ni con la mala ocupación territorial.

Actualmente, los incendios en las localidades del noroeste de la Patagonia están creciendo a un ritmo acelerado. Barrios en expansión sobre zonas forestales donde el bosque lleva décadas de fuertes ciclos de sequías, o colindando con plantaciones de especies exóticas pirófitas, como el pino, son potenciales escenarios de catástrofe. Este fue el caso en la Comarca Andina (Chubut) el 9 de marzo de 2021, cuando dos focos de origen antrópico arrasaron con 13.000 hectáreas de bosque y cerca de 500 viviendas. O la provincia de Corrientes, donde las plantaciones de especies arbóreas exóticas ya superan las 500 mil hectáreas y solo en el año 2022 sufrió incendios equivalentes al 12% de su territorio.

Lo cierto es que la problemática de los incendios debe ser manejada desde una perspectiva socioambiental, así lo es en todas partes del mundo. Las características que tienen los incendios forestales, están intrínsecamente relacionadas con la ocupación y distribución territorial y con el cambio climático: mayor ocurrencia de largos períodos de sequías, aparición y aumento en la frecuencia de tormentas eléctricas donde antes no sucedían y olas de calor.

El traspaso del SNMF a Seguridad implica la pérdida de una perspectiva territorial y ambiental, así como el abandono de la complejidad de variables que hay detrás de estos desastres. Confrontar estos incendios va mucho más allá de la gestión de riesgos; incluye también educación ambiental, prevención y regulación de la ocupación territorial, entre otros factores que usualmente inciden en los incendios.

Los cambios en los patrones climáticos hacen que el desarrollo de cada incendio no dependa solo del trabajo de las brigadas en el terreno, sino de una planificación adecuada a nivel nacional. En este sentido, el equipo interdisciplinario de Alerta Temprana del SNMF es una pieza clave en este momento en que los incendios vinieron para quedarse.

En este contexto, el rol del SNMF se ha vuelto indispensable. Por un lado sus brigadas han sido un refuerzo fundamental para todas las regiones que han atravesado escenarios complejos de grandes incendios. En algunos casos, las provincias ni siquiera cuentan con cuerpos especializados en incendios forestales, y la participación y capacitación brindada por las brigadas nacionales se vuelve sustancial. Por otro lado, su equipo técnico de Alerta Temprana permite planificar con antelación la distribución de recursos a lo largo del país, gestionando los operativos de la forma más preventiva y eficaz posible.

Incendio en el Parque Nacional Nahuel Huapi

Los días 15 y 16 de diciembre, Río Negro y Neuquén se vieron afectadas por una gran tormenta eléctrica que dejó como saldo múltiples incendios activos. En el caso de Neuquén se registró un récord histórico de más de 30 focos en toda la provincia. Científicos del Conicet han detectado un aumento exponencial en la frecuencia de tormentas eléctricas en la región, a partir de los ’90. Este cambio nos enfrenta a nuevos desafíos en materia de incendios forestales.

Los incendios provocados por rayo tienen la particularidad de, una vez que el rayo penetra en el bosque, permanecer en estado de latencia hasta que las condiciones climáticas sean ideales para la propagación del fuego. Es por eso que, en algunas ocasiones, se han activado incendios con posterioridad a la actividad eléctrica. Los incendios causados por rayo pueden tomar grandes dimensiones por iniciar en zonas muy remotas y complejas, a las cuales las brigadas no pueden acceder rápidamente, ni trabajar con facilidad. Son investigadores, técnicos y brigadistas quienes contribuyen año a año en la generación de datos y desarrollo de estrategias de cara a los bruscos cambios de comportamiento y frecuencia a los que nos está enfrentando la crisis climática.

El 25 de diciembre, fuentes oficiales del Parque Nacional Nahuel Huapi informan la presencia de dos focos de incendio activos en la zona sur del mismo. Desconociendo el origen del fuego, se presupone que dicha tormenta eléctrica podría haber sido la causa.

En un contexto donde las consecuencias del Cambio Climático son evidentes, con olas de calor que afectan a la Patagonia, con temperaturas superiores a los 32º y un aumento en la velocidad del viento, la situación del incendio se ha vuelto cada vez más compleja, alcanzando rápidamente una magnitud crítica. Aunque el fuego se encuentra alejado de áreas de uso público y zonas residenciales, continúa expandiéndose, arrasando hectáreas de bosque nativo a su paso.

Dado que los recursos son limitados y están destinados a combatir este incendio, es indispensable que no se activen nuevos focos cuya demanda podría colapsar la capacidad de respuesta. No hacer fuego en áreas no habilitadas es fundamental. También lo es apoyar activamente la defensa de las entidades que llevan adelante cada operativo de respuesta a incendios.

La regresión como política de Estado

Así como Donald Trump en su primer mandato, y Jair Bolsonaro en Brasil, el desarticulamiento de las políticas ambientales se convierte en una política de Estado en los países donde gobierna la ultraderecha. El estadounidense degradó varios organismos ambientales, desreguló legalmente y se retiró fallidamente del Acuerdo Climático de París. Por su parte, el brasilero también desintegró áreas ambientales y alentó la deforestación y quema de la Amazonía para permitir el avance del agronegocio, tan poderoso en el vecino país.

La degradación del Ministerio de Ambiente a Subsecretaría, el intento de destruir las Leyes de Bosques y de Glaciares en el proyecto de ley Ómnibus, el retiro de la delegación argentina de la última Cumbre de Cambio Climático, la vigencia del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que permite el avance descontrolado del extractivismo en las provincias, son solo parte de las medidas regresivas en materia ambiental del gobierno argentino.

En la última semana, en otro hecho que marca un retroceso en las políticas climáticas, el Gobierno nacional nombró al militar retirado Antonio José Mauad al frente del Servicio Meteorológico Nacional. El puesto requiere de un conocimiento especializado y la nueva designación incumple los más elementales requisitos vigentes. El prestigioso Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) rechazó este nombramiento por “falta de idoneidad y vinculación con las ciencias de la atmósfera.”

En un contexto mundial con eventos climáticos extremos que rompen récords, con inundaciones nunca antes vistas (Valencia, Rio Grande do Sul), mega incendios en la selva amazónica y catástrofes cotidianas en todas las latitudes, tener la variable climática como prioridad e invertir en prevención, es el mínimo acto de supervivencia esperable por parte de un gobierno.

A contramano del mundo y con gestos de crueldad, comienza el 2025 demandando que pongamos el foco en lo que ocurre con los y las brigadistas, técnicos, científicos y especialistas en incendios forestales de nuestro país. La Patagonia está en llamas y este fuego se apaga con trabajo interdisciplinario, presencia estatal y organización colectiva.

Este artículo fue escrito por Enrique Viale y Sofía Nemenmann, co-directora de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Abrir el futuro

El agua vale más que el oro: exigimos justicia ambiental para Ingeniero Jacobacci

Viedma, 23 de diciembre de 2024. 

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, nos hemos presentado como Amicus Curiae ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. En articulación con diversas comunidades territoriales, respaldamos el plebiscito impulsado por el Concejo Deliberante de Ingeniero Jacobacci, que busca dar voz a la comunidad sobre la instalación de la megaminería con el llamado Proyecto Calcatreu.

El proyecto Calcatreu es un emprendimiento de megaminería aurífera que pretende operar en las cercanías de la ciudad de  Ingeniero Jacobacci, en la provincia de Río Negro. Este proyecto propone la extracción de oro mediante el uso de cianuro, un compuesto químico altamente tóxico que representa un riesgo crítico para los sistemas hídricos de los cuales dependen las comunidades y para los ecosistemas locales. La extracción a cielo abierto implica remover grandes volúmenes de tierra, un proceso que consume enormes cantidades de agua en una región caracterizada por su aridez y vulnerabilidad hídrica.

Amicus Calcatreu AAdeAA CAJE 2024.Descarga

Calcatreu no solo amenaza con contaminar las napas subterráneas y reducir la disponibilidad de agua para las comunidades, sino que también perpetúa un modelo extractivista que históricamente ha dejado destrucción ambiental, pobreza y dependencia económica en las regiones afectadas. Este proyecto, presentado como una promesa de desarrollo, pone en riesgo la salud, la biodiversidad y las actividades productivas tradicionales de Ingeniero Jacobacci, como la ganadería y la agricultura, comprometiendo su sostenibilidad y calidad de vida a largo plazo. No podemos aceptar que se avance sin la licencia social de quienes sufrirán las consecuencias directas.

A su vez, las comunidades indígenas y territoriales, principales guardianas de estos ecosistemas, no han sido consultadas, en flagrante violación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que exige su participación en decisiones que afecten sus territorios. Este atropello no solo desconoce sus derechos constitucionales, sino que perpetúa una lógica colonial para justificar el saqueo de sus tierras.

La participación ciudadana no es negociable. El plebiscito es una herramienta fundamental para garantizar la participación ciudadana, derecho consagrado en el artículo 41 de nuestra Constitución, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Estas normativas no son adornos legales, son pilares de una democracia que reconoce que el ambiente no es un recurso, sino uno de los comunes necesarios como base de la vida misma.

A su vez, rechazamos rotundamente las recientes afirmaciones del intendente Mellado de que la audiencia pública realizada sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es suficiente. Las audiencias no son vinculantes y se limitan a recibir opiniones, mientras que el plebiscito pone en manos del pueblo la decisión final sobre el futuro de su territorio. No permitiremos que las autoridades confundan deliberadamente a la población para evitar que ejerza su derecho a decidir.

En nuestro país los mapas de la pobreza coinciden con los mapas del extractivismo. La historia reciente de Argentina y de América Latina nos enseña que, sin participación ciudadana efectiva, los intereses mineros avanzan a costa de las comunidades y los ecosistemas. El plebiscito en Jacobacci es una oportunidad histórica para demostrar que otro camino es posible, uno que respete la vida, el agua y la dignidad de las personas.

La megaminería como la que propone el proyecto Calcatreu no solo pone en riesgo el ambiente local; perpetúa un modelo económico insostenible basado en exportar nuestros bienes naturales a costos irrisorios, sin beneficios reales para las comunidades afectadas o el país. A su vez, Calcatreu es un emblema en Río Negro ya que detrás de este proyecto se encuentran en puerta 53 proyectos mineros más.

Exigimos al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que ratifique el plebiscito de Calcatreu, asegurando el respeto por el derecho de los habitantes de Ingeniero Jacobacci a decidir sobre su futuro. Este caso es un símbolo de la lucha por una Argentina que priorice la vida sobre la ganancia, el cuidado del ambiente sobre la explotación, y la participación ciudadana sobre los intereses corporativos.

Nuevo informe posiciona al mundo del trabajo como actor central en los procesos de transición ecosocial en Argentina

El Equipo Transiciones lanza un nuevo documento en el cual analiza la dimensión de laboral en contextos de transición ecosocial Desde el espacio conformado por organizaciones y equipos de trabajo de Argentina, se presentan también propuestas integrales para una contrarreforma sociolaboral. La policrisis compromete el acceso al agua, los alimentos, la energía y la tierra, y coloca a la clase trabajadora en una posición de máximo riesgo y vulnerabilidad, en la primera línea de exposición.

El informe fue elaborado por Cecilia Anigstein, parte del Equipo Transiciones e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el área de sociología de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). 

Trabajadores y trabajadoras en el estado ecosocialDescarga

El aumento de temperaturas, los cambios en los regímenes de lluvias, los colapsos climáticos localizados, intensifican las consecuencias sobre la salud sobre las personas, incluyendo enfermedades, consecuencias socioambientales y la pérdida de calidad de vida. Los colectivos laborales más precarios y desprotegidos enfrentan una disyuntiva crítica: exponer su vida, salud y seguridad o perder los ingresos que sostienen a sus hogares. 

La autora, especialista en estudios sociales del trabajo, describe cómo la pandemia de COVID-19 dejó en evidencia cómo el mercado, especialmente los sectores más concentrados del capital, no sólo no ofreció soluciones, sino que agravó los problemas existentes. En Argentina, el personal del sistema de salud pública y las trabajadoras sociocomunitarias fueron las principales barreras para contener la crisis, a pesar de operar en condiciones extremas, con dotaciones, infraestructura, insumos y salarios insuficientes .

Frente a estas problemáticas, la transición ecosocial que proponemos comprende el desarrollo de actividades productivas y reproductivas intensivas en el trabajo. Impulsan la creación de nuevos puestos de trabajo en sectores estratégicos como: promoción de la salud, educación, cuidados y transporte, ciencia, agroecología, reciclaje y economía circular. Construcción sostenible, energías renovables y remediación ambiental. Al mismo tiempo, esta transición promueve una redistribución radical del tiempo y de las tareas socialmente necesarias para el sostenimiento de la vida, buscando su reconocimiento, retribución y reparto equitativo bajo los principios de dignidad y justicia social. 

La transición hacia un modelo ecosocial en Argentina exige un replanteo profundo de las condiciones de trabajo, garantizando que los derechos fundamentales sean respetados y ampliados. Por eso, planteamos la jornada laboral de 6 horas como un eje central: trabajar menos para que todxs trabajen. Esto no solo distribuirá de manera más equitativa el tiempo laboral, sino que permitirá recuperar la soberanía sobre el tiempo de vida. Actividades como el cuidado, la formación, el reciclaje, el consumo cultural o el trabajo comunitario no mercantilizado, esenciales para una sociedad más justa y sostenible, encontrarán así el espacio que hoy muchas veces les falta.

La libertad sindical y la cogestión de proyectos de transición son igualmente imprescindibles. En un contexto de crisis climática, los sindicatos no solo pueden ser actores estratégicos en sectores esenciales, sino también asegurar un marco para una transición ecosocial que sea justa, inclusiva y democrática. Sindicatos que reconozcan su rol en políticas de adaptación y resiliencia, incluyendo la capacidad de convocar asambleas y medidas de fuerza, es esencial para construir un mundo laboral más preparado para los desafíos del futuro.

Asimismo, la creación de un Consejo del Ingreso Mínimo Universal puede asegurar un piso digno para todxs. Este ingreso debe cubrir como mínimo la canasta básica, un pilar fundamental y referencia para la implementación de medidas reparatorias en casos de eventos climáticos extremos, garantizar retiros anticipados en reconversiones laborales y fomentar la negociación colectiva justa. Este Consejo es pensado como herramienta para ampliar la participación y democratización en la toma de decisiones económicas y sociales en un contexto de cambio estructural, con actores clave como los sindicatos, las organizaciones campesinas, feministas y de la economía popular.

Desde el Equipo Transiciones, hacemos un llamado a la multiplicidad de sectores sociales, laborales y políticos a construir agendas conjuntas e impulsar procesos transformadores. No sólo es posible, sino absolutamente necesario. 

Sobre el Equipo Transiciones

El Equipo Transiciones tiene como objetivo y aspiración abrir una agenda de propuestas centrada en las intersecciones entre desigualdades sociales y ambientales, de género y raciales, para desde allí trazar un horizonte de transición justa y popular.

Nace en 2023 como equipo de equipos, esto es, un grupo diverso y comprometido de organizaciones y colectivos, que incluyen el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur (capítulo argentino), el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y Asociación de Abogades Ambientalistas de Argentina, el Grupo de estudios en Geopolítica y Bienes Comunes (GYBC), el Taller Ecologista, Trama Tierra, Observatorio Petrolero Sur (OPSur), el Instituto de Salud Socioambiental (INSSA), el Centro de Documentación e Investigación de la cultura de Izquierdas (CeDInCI), el Centro Interdisciplinario para el estudio de Políticas Públicas (CIEPP), la Fundación Rosa Luxemburgo (FRL-oficina Cono Sur), la Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE), el Grupo de Investigación sobre Economía Ambiente y Sociedad (GEEAS), y diferentes especialistas que hacen parte de redes de investigaciones y experiencias colectivas.

Península Valdés y Golfo San Matías

Península Valdés y Golfo San Matías: organizaciones reclaman audiencia pública por el puerto petrolero 

Un colectivo que agrupa a cámaras empresariales, organizaciones territoriales y ambientales solicitaron una medida cautelar para garantizar la participación de la ciudadanía de Chubut en el debate por la realización del proyecto Vaca Muerta Oil Sur.

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur contempla la realización de un ducto que transportará hidrocarburos desde Vaca Muerta atravesando toda la provincia de Río Negro y parte de Neuquén y finalizará en un puerto de carga con dos monoboyas en el Golfo San Matías, en Río Negro.

Cámaras empresariales, organizaciones territoriales y ambientales se presentaron en el Juzgado Federal de Viedma, provincia de Rio Negro, solicitando una medida cautelar que garantice la participación social de las ciudadanas y ciudadanos de Chubut, a partir de la celebración de una nueva audiencia pública en la que puedan expresarse respecto de los impactos ambientales del mencionado proyecto.

“La biodiversidad no entiende de fronteras y quienes trabajan por su conservación al igual que los colectivos sociales y comunidades potencialmente afectadas tienen derecho a participar, expresarse y ser escuchados”, dijo Roxana Schteinbarg, del Instituto de Conservación de Ballenas.

La planificación del oleoducto con las monoboyas en el Golfo San Matías fue posible debido a  la modificación de la Ley 3308 que lo protegía. La reforma, a cargo de la Legislatura de Río Negro, fue realizada de manera inconsulta y vulnerando los principios de no regresión y de progresividad en las condiciones de protección ambiental incluídos en la normativa ambiental vigente, como la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. La ley reformada otorgaba explícitamente protección a las aguas jurisdiccionales de los impactos que produce la actividad petrolera, como la contaminación por hidrocarburos. 

En julio de 2023, las autoridades provinciales convocaron a una audiencia pública presencial para el 17 de agosto, en la ciudad de Sierra Grande, donde solamente podían participar residentes de Río Negro que se desplazasen hasta alli. Esto suscitó una fuerte oposición por parte del movimiento socio-ambiental vecinal y de las comunidades de pueblos originarios de la zona, no sólo a raíz de las restricciones y obstáculos que debieron enfrentar en el acceso a la audiencia, sino también por la documentación presentada por YPF en torno al Estudio de Impacto Ambiental, las cuales viciaron el proceso democrático. 

“Restringir la participación a una pequeña porción de la población donde este proyecto tiene incumbencia, es una afrenta a los principios democráticos que nos rigen como Nación. El Golfo San Matías, la Península Valdés y el mar Argentino son patrimonio de la humanidad y las decisiones que afecten este patrimonio no pueden tomarse a puertas cerradas”, dijo Fabricio Di Giacomo, de Las Grutas.

“El retroceso en la protección del Golfo San Matías es inconstitucional y el oleoducto atenta contra la biodiversidad de Península Valdés, sitio de patrimonio de la humanidad que atrae el turismo en la provincia de Chubut, una actividad fundamental para dinamizar la economía de nuestras comunidades que desde hace 22 años le decimos no a la megaminería, no al extractivismo y sí al turismo, al agua y la vida”, agregó Cristina Aguero, de “Asamblea Esquel No a La Mina”.

Entre los demandantes, se incluyen: la Cámara de Turismo y Servicios dept Península de Valdés; la Asociación Argentina de Guías Balleneros; Península Valdés Orca Research; la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas; la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn; la Fundación Patagonia Natural; la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de la Península de Valdés; la Asociación de Guías Profesionales de Turismo del Chubut; la Asamblea No A La Mina de Esquel; la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB); la Fundación Inalafquen y Surfrider Argentina.

Nueva Licitación de “Hidrovía”: 60 Años de privatización del Río Paraná al lobby agroexportador

Ante la Nueva Licitación de la Vía Navegable Troncal

22 de Noviembre 2024

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) manifestamos nuestra profunda preocupación frente al reciente anuncio del Gobierno argentino sobre la licitación de la Vía Navegable Troncal, con una concesión inicial de 30 años, extensible por otros 30, proyectando sus efectos hasta 2085, el equivalente a quince mandatos presidenciales. Este proyecto, mal llamado”Hidrovía”, trasciende lo técnico para convertirse en un símbolo de las dinámicas extractivistas que han marcado la relación histórica del país con sus ríos y territorios.

El modelo propuesto desde el gobierno de La Libertad Avanza, responde a una lógica privatizadora y desreguladora que prioriza los intereses económicos de unos pocos sobre las necesidades colectivas. Esto refuerza un esquema agroexportador y financiarizado que ha intensificado en las últimas décadas las desigualdades socioambientales, afectando de manera estructural la integridad del Río Paraná y las comunidades que dependen de él.

El Paraná no puede ser reducido a una vía de tránsito comercial, sino como un enorme territorio que constituye un entramado vital. Alberga una biodiversidad única y sostiene los ciclos ecológicos esenciales para el bienestar de ocho provincias argentinas, en las cuales viven 12 millones de personas. Sin embargo, su gestión ha sido históricamente funcional a un modelo de maldesarrollo basado en la exportación de naturaleza, que reduce los territorios para maximizar las ganancias de sectores como el sojero, minero y forestal. Esta visión reduccionista ha provocado un deterioro alarmante de la cuenca, tanto en términos ambientales como sociales.

Desde la AAdeAA hemos señalado reiteradamente que la mal llamada “Hidrovía” representa mucho más que un proyecto infraestructural: es un ataque a los derechos del río, entendidos como parte integral de los derechos de los pueblos y de los ecosistemas. Perpetuar este modelo no solo compromete la capacidad del Paraná para sostener sus ciclos vitales, sino que amenaza con erosionar las diversidades ecológicas, económicas y culturales que hacen de la región un territorio vivo y en constante devenir.

Este debate no es solo técnico ni económico; es político y ético. En un contexto de crisis ecológica global, insistir en la lógica de la acumulación y el saqueo es perpetuar un camino de devastación. Nos urge repensar nuestras relaciones con los ríos y los territorios desde un horizonte ecosocial, en el que primen la justicia ambiental y el respeto por las múltiples formas de vida que sostienen nuestra existencia común.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) hemos denunciado en múltiples ocasiones que la existencia misma de la “Hidrovía” representa un atentado contra los derechos del río.

En este contexto, es fundamental recordar que el Paraná no debe ser considerado simplemente como una vía fluvial para el comercio internacional. Debe ser reconocido como un sistema ecológico complejo que sustenta a millones de personas y alberga una rica biodiversidad. La transformación del río en una “hidrovía” ha llevado a una serie de intervenciones destructivas, incluyendo dragados y canalizaciones que han alterado su régimen hidrológico.

Particularmente denunciamos, que no se puede avanzar en este proceso licitatorio, sin la realización de estudios de impacto ambiental y su evaluación por la máxima autoridad ambiental nacional de manera concertada con las autoridades ambientales de las provincias involucradas en la ribera del Paraná Paraguay. 

No se puede avanzar en este proyecto licitatorio, sin un órgano de control independiente y abierto también a las Provincias y la democracia ambiental en la aplicación y cumplimiento de sus herramientas de participación ciudadana, con los tiempos, responsabilidad y dedicación que lo expuesto determina. 

Más aún, en la mayor crisis hídrica de la historia registrada, avanzar como se propone oficialmente desde la nación, va a llevar a profundizar todos los procesos de desertificación,  destrucción del sistema de humedales de agua dulce más importante del país y las costas del del, afectando directa e indirecta a más de veinte millones de argentinos y el sistema de vida milenario que lo contiene en esta nuestra naturaleza litoraleña y mesopotámica. 

La profundización, que se planea lleva de 36 a 42 pies, provocará mayores niveles de desertificación a lo largo del Delta del Paraná, uno de los humedales de mayor importancia de nuestro país. La misma está liderada por el sector privado, el poder económico concentrado del agronegocio en el polo agroexportador de Rosario, con todos los privilegios del descontrol. Esto constituye un agravio al federalismo de concertación y una violación grosera y sistemática de todo el contexto convencional internacional como regional. Así lo denunciamos públicamente, y así lo hacemos ante los tribunales de la Nación. 

Es esencial construir un futuro donde el desarrollo vaya de la mano con la justicia social y el respeto por los ecosistemas. Solo así podremos garantizar que todos los argentinos se beneficien equitativamente de nuestros bienes naturales.

Solicitamos a las Provincias se pongan a la altura de las circunstancias y en su caso, de no ser escuchados por el Gobierno Nacional, accedan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ser negadas de manera vergonzosa y brutal en el caso que nos ocupa. 

Solicitamos a las áreas ambientales provinciales involucradas, procedan conforme a Derecho haciendo valer sus competencias, sus constituciones provinciales y en particular los artículos 41, 42 (rol de las provincias en los órganos de control) 124 de la Constitución Nacional. 

La justicia calificó a la Masacre de pingüinos en Punta Tombo como “Ecocidio”

Las organizaciones querellantes Greenpeace Argentina, Fundación Patagonia Natural y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA ) celebraron el fallo por la masacre de pingüinos en Punta Tombo. La reserva alberga a una de las colonias de pingüinos Magallanes más grandes del mundo. 

Chubut, Argentina – 20 de Noviembre. Esta semana, el Poder Judicial de Chubut dictó sentencia en el juicio oral por la masacre de pingüinos en Punta Tombo, condenando al responsable, Ricardo Adolfo La Regina, por los delitos de daño agravado en modalidad continuada y crueldad animal. El fallo no solo impone una condena ejemplar, sino que también sienta un precedente en la defensa de los ecosistemas de nuestro país.  

Osvaldo Tesoro / Greenpeace

En un voto sin precedentes el Dr. Carlos Richieri afirmó que el daño agravado que realizó Ricardo La Regina constituye un ecocidio, compartiendo el posicionamiento de las organizaciones ambientales querellantes.

El tribunal condenó al acusado a tres años de prisión de ejecución condicional y le impuso estrictas reglas de conducta. Entre estas, destacan:  

  • La prohibición de transitar con vehículos de gran porte en zonas sensibles al ecosistema.  
  • La obligación de colaborar con tareas de restauración ambiental en la estancia La Perla, lugar donde se perpetraron los hechos.  
  • La prohibición de realizar obras sin autorización e informes de impacto ambiental aprobados por las autoridades provinciales.  
Osvaldo Tesoro / Greenpeace

Además, se ordenó, como habían solicitado las organizaciones que integran la querella,  el decomiso de la retroexcavadora utilizada en los delitos, reconociendo su rol instrumental en la comisión del daño ambiental.  

El fallo incluye medidas cautelares de gran relevancia; el Estado Provincial deberá intervenir de manera inmediata para garantizar la protección de los bienes ambientales en la zona afectada. En un plazo máximo de 60 días, las autoridades deberán definir y ejecutar acciones concretas para la recuperación y custodia del ecosistema, reportando periódicamente al tribunal durante los próximos tres años.  

Este juicio no solo es un hito legal, sino también una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de proteger nuestra biodiversidad frente a actividades humanas irresponsables. La masacre de un centenar de pingüinos y la destrucción de al menos 175 nidos en Punta Tombo representa un atentado no sólo contra esta especie emblemática, sino contra el equilibrio de un ecosistema único.  

Desde las organizaciones, destacamos que este fallo envía un mensaje claro: la destrucción del ambiente y el daño a la fauna no quedarán impunes. Seguiremos trabajando para que se incluyan los delitos ambientales en el código penal, las leyes ambientales sean herramientas efectivas para proteger nuestros bienes comunes y para que se priorice la conservación de la naturaleza sobre los intereses individuales.  

Osvaldo Tesoro / Greenpeace

Sobre la Reserva Punta Tombo:

Punta Tombo se extiende a lo largo de más de 210 hectáreas en la estepa patagónica, ubicándose sobre la costa del Océano Atlántico, en el departamento Florentino Ameghino, a 110 km de la ciudad de Rawson, capital provincial. ​El pingüino Magallánico, cuyo ​Estado de Conservación de acuerdo a la catalogación en la lista roja  de la IUCN es de Casi Amenazado, no sólo ha sufrido los impactos de la actividad humana en tierra, sino que también está amenazado por actividades que avanzan sobre el mar, ​principalmente la industria​ petr​olera​, la pesca intensiva y los efectos del cambio climático sobre los océanos.

río Paraguay

Urgente, detener derrocamientos en el río Paraguay

Como hemos advertido desde la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (1), se está ejecutando el derrocamiento (destrucción) de pasos rocosos (diques naturales de rocas por debajo del río) en el cauce principal del río Paraguay.(2)

El río Paraguay nace en Brasil, en el gran Pantanal, el humedal más grande del planeta (superficie de Francia) y aguas arriba del Sistema de humedales del río Paraná en sus tamos medio e inferior.

La cuenca del Plata, Holmes/Meitin, 2017.

La destrucción de estos diques naturales, aproximadamente trece, cambiará para siempre el régimien hidrológico natural del mismo, produciendo impactos irreversibles directos en el sistema de humedales del Paraguay con procesos acumulativos negativos en el gran panantal y aguas abajo, modificando radicalmente velocidades, turbulencias, procesos de sedimentación, ritmos de las inundaciones o profundización de las sequías, ni más ni menos, en un contexto climático antrópico casi desolador y donde cada día los ecosistemas y sus gentes, disponen de menos y menos agua.

Es decir, en la mayor crisis hídrica y ambiental de Sudamérica, se pretende seguir navegando con barcos cada vez de mayor dimensiones, hasta el corazón mismo del Pantanal hermano.

Durante la decada del neoliberalismo de fines del pasado Siglo, se intentó desarrollar este proyecto de demolición de los pasos rocosos usando explosivos. Organizaciones sociales y ecologistas de la Cuenca lograron detener este ecocidio. Una historia no menor, que no es ahora el objetivo de narrar en la presente nota.

De lo que se trata, es que resulta relevante que la Cancillería Argentina como de Brasil y Bolivia, convoquen al gobierno de Paraguay a una reunión urgente de Cancilleres en el marco del Acuerdo Marco Ambiental del MERCOSUR, con la finalidad de poder acceder a los estudios de impacto ambiental, si los mismos existen, saber de sus autores y de la necesaria evaluación previa por parte de los Estados miembros, en razón de las consecuencias ambientales y sociales que esta decisión puede causar en la cuenca del Paraguay-Paraná.

Se solicito hace casi dos meses a la Cancillería Argentina su urgente intervención. A la fecha no disponemos de una respuesta oficial. Paraguay no puede avanzar en semejante decisión sin un acuerdo serio y con el desarrollo de todos los procesos de estudios más que sinérgicos en un sistema de humedales que sobrevive en los territorios de cinco países.

Del análisis de los estudios técnicos ambientales realizados a mediados de los 90, podemos advertir y llamar la atención de que los consultores actuantes en los estudios oficiales “… parecen haber considerado el mejoramiento de la navegación como una cuestión que atañe, a si únicamente el dragado de bancos arenosos y el derrocamiento bajarían el nivel del agua en un solo canal, a la vez. Incluso la más amplia investigación realizada por TGCC parte de este punto de vista. Los análisis sobre otros efectos hidrológicos del proyecto, la hidráulica y la sedimentación, (Volúmen 5) son meras opiniones y no análisis rigurosos.”(3)

El Panel de Expertos oportunamente conformado, realizaron en sus informes un sinnúmero de preguntas que aún no tienen respuestas públicas. Así también expone que la reducción de la superficie inundada del terreno aluvional antes mencionado, serán relevantes y de impactos aumulativos diversos en los ecosistemas asociados.

La realidad geomorfológica e hidrológica del Pantanal, no está representada en el modelo utilizado y no es válido para el Pantanal (Dunne). Los pronósticos de que los cambios en el nivel del río Paraguay como consecuencias de las alteraciones del canal y los cambios en el uso de la tierra en la cuenca, serán pequeños, no son válidos. Debido a su dudosa precisión, estos pronósticos sobre el nivel del agua no se pueden usar para calcular de forma segura los cambios en el área inundada. Por lo demás las complejas interacciones temporales y espaciales entre el nivel del río Paraguay y el nivel de los grandes y pequeños afluentes, la contribución de la precipitación local y el escurrimiento se combinan y hacen que el uso de modelos sea casi prácticamente imposible sin la ayuda de una documentación acumulada, que no existe. Sobre la base de un análisis inadecuado sobre la variación de las áreas inundadas, la mayoría de las evaluaciones de impactos sobre los procesos ecológicos y las especies asociadas a los humedales, también son incorrectos.(4)

Se detallan seguidamente los dos tramos, en esta oportunidad, de mayor preocupación.

1) Tramo Confluencia-Asunción: compartido con Argentina. (Confluencia es el punto de encuentro del río Paraguay con el río Paraná, entre las provincias de Chaco y Corrientes, y la República de Paraguay).

2) Tramo Asunción-Desembocadura del Río Apa: es el tramo de soberanía totalmente paraguaya.  Aquí están las propuestas de modificación del canal más conflictivas de la primera fase de las obras previstas por el proyecto, donde se encuentran lmas de una decena de los pasos rocosos.

“Los umbrales rocosos funcionan como presas naturales; si se eliminan, se eliminarán  áreas extensas del Pantanal… El colapso de los umbrales como medio de profundización, el canal navegable causará un impacto irreversible en la hidrología del Alto Paraguay. Además, la  eliminación de un paso rocoso puede provocar la aparición de otro, previamente sumergido. Esta es una posibilidad real en Alto Paraguay, donde ha estado la ocurrencia de afloramientos rocosos cada 40 km en y donde las pendientes que predominan en el cauce son tan suaves (en Perfil de la Facultad de SDSU – Dr. Victor M. Ponce – Informe de la Vía Navegable –  https://ponce.sdsu.edu/hidroviareportportuguesechapter0.html)

La aceleración de la concentración de escorrentía causada por las mejoras en las condiciones de navegación intensificarán la mayoría de las inundaciones anuales, podría reducir el período de retorno de las sequías plurianuales, y podría posiblemente causar un cambio climático regional, en el sentido de intensificar la aridez. El Pantanal existe por sus características condiciones climáticas/geológicas/geomorfológicas para retener agua, sedimentos y nutrientes. El aumento de la magnitud de las inundaciones se traducirá en un aumento de las pérdidas de sedimentos y nutrientes (Victor M. Ponce. Relatorio Hidrovía, PDF)

Argentina, por su total falta de intervención en los procesos de estudios -si realmente existen, decimos estudios ambientales sinérgicos de este proyecto que ahora se está ejecutando por las autoridades Paraguayas- y su evaluación previa, esta renunciando a un ejercicio de su soberanía y violando el cumplimiento y aplicación de los principios básicos que dan razón de ser al federalismo de concertación en el marco de los acuerdos preexistentes a la Constitución Nacional y por lo tanto, no garantizando el cumplimiento de la legislación ambiental nacional, regional y convencional.

Brasil, en un contraste más que interesante, decidió no dragar las nacientes del río Paraguay y los tramos protegidos, ámpliamente mayoritarios, en la mal llamada hidrovía. (5)

Lo que está liderando Paraguay, es una atrocidad ecológica y social que se puede tipificar penalmente como un ecocidio que merece toda la crítica y juzgamiento institucional regional, como ético. Estamos frente a un silencio oficial, realmente destructor de ecosistemas y futuros para los seres humanos y no humanos por-venir.

Finalmente, desde la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas hemos realizado el 6 de Setiembre una solicitud de acceso a la información pública y requerimiento de urgente convocatoria a las autoridades ambientales y de las Cancillerías de los países involucrados, a los efectos de considerar los graves impactos ambietales y sociales que todo este escenario de derrocamientos determinaría. El silencio de la Cancillería Argentina, con plazos legales vencidos, es escandaloso.

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Autores.

Alcides Faría. Ecología en Acción. ECOA, Campo Grande, Brasil.

Jorge Daneri. Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial. CAJE.

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1 Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y  Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial.

2 “Alerta por la irresponsable intervención en los ríos Paraguay y Paraná: un ecocidio inminente.”

Alerta por la irresponsable intervención en los ríos Paraguay y Paraná: un ecocidio inminente

3 Efectos ambientales e hidrológicos del proyecto de Hidrovía Paraguay Paraná. Resumen de los Estudios de Impacto. Por Thomás Dunne. Capítulo 5. Panel de Expertos Independientes. página

4 Efectos ecológicos de la Hidrovía Paraguay Paraná. Son adecuados los estudios de impacto sobre el Pantanal? Por John Melack. Página 119. Panel de Expertos.

5 https://ecoa.org.br/dragagem-no-rio-paraguai-e-descartada-pelo-ministerio-em-area-de-preocupacao-cientifica/

La Deuda Ecológica y Monetaria en el Centro del Debate para una Transición Ecosocial en Argentina

La coalición de organizaciones nucleada en el Equipo Transiciones se enorgullece de publicar su nuevo trabajo sobre una dimensión urgente que afecta a nuestro país y a muchos otros en la región del Sur Global: la interrelación entre la deuda monetaria y la deuda ecológica. El trabajo apunta a rediseñar el abordaje que se hace no sólo sobre estas dos deudas, sino también sobre la profunda interrelación entre ambas y las transformaciones estructurales necesarias para avanzar hacia un camino de justicia ecosocial. 

La crisis económica y financiera de Argentina ha dejado a millones de personas en situación de vulnerabilidad, poniendo además en riesgo la sostenibilidad ambiental. La magnitud de estas deudas nos lleva a identificar la necesidad de ejercer miradas que puedan integrar salidas a estas dimensiones socioeconómicas, pero manteniéndose dentro de los límites planetarios.  Este documento presenta un análisis sobre la interrelación entre la deuda monetaria y la deuda ecológica, centrándose en el contexto argentino y latinoamericano. 

Deuda Ecologica y Deuda Externa – Equipo TransicionesDescarga

Sus autores, parte del Equipo Transiciones, son el Dr. Guillermo Peinado, economista de UNR-UNSAM y miembro del Grupo de Estudios sobre Economía, Ambiente y Sociedad y presidente de la Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE) y el Dr. Francisco Cantamutto, economista-investigador del IIESS (UNS-CONICET), parte de la Sociedad de Economía Crítica de Argentina y Uruguay (SEC) y del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE).

El documento demuestra cómo el concepto de deuda ecológica visibiliza el rol de los países del Sur Global, como Argentina, como acreedores. La apropiación de bienes naturales y el uso subvaluado del espacio ambiental han permitido a las potencias centrales sobreexplotar los ecosistemas, generando impactos ambientales irreversibles. Mientras que Argentina y otros países del Sur siguen siendo explotados ecológicamente, enfrentan al mismo tiempo una creciente deuda financiera externa, que condiciona gravemente su autonomía en materia económica y las posibilidades de avanzar en procesos de transición ecosocial justa y popular.

Pero de acuerdo a los autores, el concepto de deuda ecológica no debe ser confundido con una simple cancelación o swap que compensa monetariamente la deuda externa. En cambio, busca transformar las relaciones jerárquicas invisibilizadas y evitar que los países acreedores impongan dominación sobre los periféricos. Se propone que cualquier estrategia de canje debe servir como un medio para transformar las estructuras productivas en lugar de ser un fin en sí mismo.

Uno de los principales elementos de esta deuda ecológica es el intercambio ecológicamente desigual. Por ejemplo, la huella hídrica de las importaciones argentinas es 18 veces más cara que la de sus exportaciones, mientras que la huella ecológica de las exportaciones se paga más de 22 veces más barata que la misma unidad de absorción doméstica. Este sistema perpetúa la dependencia y el saqueo de nuestros recursos, lo que genera un empobrecimiento nutricional de nuestros suelos, principalmente debido al monocultivo y la falta de reposición natural de nutrientes.

Esta dinámica de deuda ecológica no se puede disociar de la deuda monetaria externa. Ambas forman parte de un ciclo de dependencia y degradación que impide a los países del Sur Global avanzar hacia modelos de desarrollo sustentables y autónomos. Sin embargo, mientras la deuda financiera es reconocida internacionalmente y condiciona las políticas económicas de los países, la deuda ecológica sigue siendo invisibilizada, sin un marco legal que la respalde ni una valoración justa de sus consecuencias.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), principal acreedor de Argentina, sigue ejerciendo presión para implementar ajustes fiscales y reformas estructurales que priorizan los intereses financieros por encima de las necesidades socioambientales del país. Estas políticas no solo limitan las capacidades del Estado para gestionar su deuda, sino que promueven una mayor dependencia de actividades extractivas que agravan la crisis ecológica, como la producción de combustibles fósiles o el monocultivo.

En este contexto, la propuesta de canje de deuda por acción climática, que ha cobrado relevancia en los últimos años, puede ser una herramienta útil si se implementa de manera correcta. Este mecanismo permite a los países deudores monetarios reducir sus compromisos financieros a cambio de inversiones en proyectos de conservación y mitigación climática. No obstante, para que estos canjes sean efectivos, es fundamental que no perpetúen la lógica extractiva y mercantilizadora de los recursos naturales, que ha sido la base del endeudamiento y la degradación ecológica en el Sur Global.

La construcción de una nueva institucionalidad, con participación de actores sociales y ambientales, es clave para lograr este objetivo. Es necesario discutir con la comunidad internacional, los organismos de crédito y los sucesivos gobiernos (tanto nacionales como provinciales) para reconocer el rol central de la deuda ecológica en el modelo de bienestar, y poder impulsar un nuevo pacto global que permita a los países del Sur Global saldar sus deudas financieras sin sacrificar sus ecosistemas ni la calidad de vida de sus habitantes.

Desde el Equipo Transiciones, hacemos un llamado a reconfigurar las relaciones internacionales en torno a la deuda y a priorizar una transición ecosocial que ponga en el centro la justicia ambiental y social. Esta transición debe considerar la deuda ecológica como un componente central, que no puede ser ignorado ni subestimado. La justicia climática y la deuda ecológica deben ser reconocidas formalmente en los foros internacionales y utilizadas como argumentos para reestructurar la deuda financiera y habilitar políticas que permitan a los países como Argentina transitar hacia un modelo de desarrollo sustentable.

Sobre el Equipo Transiciones

El Equipo Transiciones tiene como objetivo y aspiración abrir una agenda de propuestas centrada en las intersecciones entre desigualdades sociales y ambientales, de género y raciales, para desde allí trazar un horizonte de transición justa y popular.

Nace en 2023 como equipo de equipos, esto es, un grupo diverso y comprometido de organizaciones y colectivos, que incluyen el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur (capítulo argentino), el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y Asociación de Abogades Ambientalistas de Argentina, el Grupo de estudios en Geopolítica y Bienes Comunes (GYBC), el Taller Ecologista, Trama Tierra, Observatorio Observatorio Petrolero Sur (OPSur), el Instituto de Salud Socioambiental (INSSA), el Centro de Documentación e Investigación de la cultura de Izquierdas (CeDInCI), el Centro Interdisciplinario para el estudio de Políticas Públicas (CIEPP), la Fundación Rosa Luxemburgo (FRL-oficina Cono Sur), la Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE), el Grupo de Investigación sobre Economía Ambiente y Sociedad (GEEAS), y diferentes especialistas que hacen parte de redes de investigaciones y experiencias colectivas.

Equipo Transiciones

HISTÓRICO VEREDICTO EN LA CAUSA DE LOS PINGÜINOS DE PUNTA TOMBO

Rawson, 7 de noviembre de 2024.- Las organizaciones querellantes en la causa de la masacre de los pingüinos Magallanes de Punta Tombo, Fundación Patagonia Natural, Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas celebran la decisión del Tribunal Colegiado de Juicio. 

En veredicto sin precedentes, la justicia encontró culpable a La Regina de los cargos de daño ambiental agravado y crueldad animal.  Ahora, quedará pendiente que los jueces emitan la sentencia y determinen la pena. Las organizaciones esperan que la sentencia refleje la comprobación del daño ocasionado expuesto por testigos locales e internacionales a lo largo de una semana de juicio oral y público. 

Matías Arrigazzi, biólogo e integrante del equipo de campañas de Greenpeace Andino sostuvo. “Este caso es un hito para la justicia ambiental y la protección de los pingüinos y la naturaleza. Esta masacre de más de un centenar de pingüinos, que despertó gran indignación de la ciudadanía, hoy recibe justicia. Este hecho constituye un antecedente histórico que, esperamos, siente las bases para implementar políticas y acciones más estrictas que eviten futuros atentados contra los animales y el ambiente”.  

La Reserva Punta Tombo alberga una de las mayores colonias continentales de pingüinos de Magallanes del planeta. Lamentablemente, en 2021, esta reserva fue testigo de una masacre sin precedentes. Un centenar de pingüinos, huevos y pichones muertos y un estimado de 175 nidos destruidos fue el saldo que dejó el paso de maquinaria pesada por encima de la colonia, lo que provocó además el desmonte de vegetación nativa. 

Lucas Micheloud, abogado ambientalista y Co-director de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas expresó: “Estamos ante una condena histórica y un punto de inflexión decisivo en la lucha contra la impunidad ambiental en Argentina. Es un poderoso precedente que enfrenta la criminalidad ecológica. Hoy, la justicia ha enviado un mensaje muy claro a toda la sociedad: destruir la naturaleza y maltratar a los animales no humanos tiene consecuencias penales” 

Por su parte, José María Musmeci, presidente de la Fundación Patagonia Natural agregó “Respecto al fallo de la justicia por los pingüinos de Magallanes y el sistema Punta Clara – Punta Tombo, el fallo es el que esperábamos. Ahora, las expectativas están puestas hacia delante, sobre todo en las herramientas que tendremos a disposición en el ámbito de la justicia para defender la biodiversidad, los ecosistemas y las áreas protegidas”

Sobre la Reserva Punta Tombo:

Punta Tombo se extiende a lo largo de más de 210 hectáreas en la estepa patagónica, ubicándose sobre la costa del Océano Atlántico, en el departamento Florentino Ameghino, a 110 km de la ciudad de Rawson, capital provincial. ​El pingüino Magallánico, cuyo ​Estado de Conservación de acuerdo a la catalogación en la lista roja  de la IUCN es de Casi Amenazado, no sólo ha sufrido los impactos de la actividad humana en tierra, sino que también está amenazado por actividades que avanzan sobre el mar, ​principalmente la industria​ petr​olera​, la pesca intensiva y los efectos del cambio climático sobre los océanos.

Contactos de prensa: 

Lucas Micheloud (Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas) +54 9 341 304-2305

Florencia Rey  (Fundación Patagonia Natural) +54 9 280 430-5115

Florencia Rodriguez (Greenpeace Argentina): +54 9 11 3761 2969

Megaproyecto Vaca Muerta

Presentación Pública de la Sentencia del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza sobre el Caso Megaproyecto Vaca Muerta

Neuquén, 29 de octubre de 2024 – El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) presentará el próximo lunes 4 de noviembre el veredicto oficial sobre el caso “Megaproyecto Vaca Muerta”, en el cual se documentaron graves impactos del megaproyecto de fracking en la región patagónica de Argentina sobre la Naturaleza y los derechos ahumanos. La presentación de la sentencia será la culminación de un proceso que comenzó en diciembre de 2019 y que incluyó una visita de campo en marzo y abril de 2023 para recolectar evidencia en terreno.

El lunes 4 de noviembre a las 09:30 hs., se hará entrega de la sentencia ante diversas autoridades publicas y organismos oficiales, comenzando con la Gobernación de Neuquén, dónde también convoca a la prensa frente a la Casa de Gobierno provincial para este evento abierto, dónde los y las jueces y juezas del Tribunal y organizaciones locales atenderán a los medios de comunicación.

A las 11:00 hs., la delegación se dirigirá a la Ruka de la Meseta donde entregará formalmente el veredicto a la Confederación Mapuche de Neuquén.

Luego por la tarde, a las 17 horas, se hará la presentación pública de la sentencia en la Universidad Nacional del Comahue de Neuquén. Este evento será abierto al público con registro presencial y en línea.

Finalizado esto último, la agenda del Tribunal continuará el día martes 5 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con más actividades, entre las que se incluyen la presentación del libro “La naturaleza sí posee derechos”, de los autores Alberto Acosta y Enrique Viale, de lanzamiento reciente por la editorial Siglo XXI, que tendrá lugar a las 17 hs. en Yunta Bar.  

Contexto y antecedentes

Vaca Muerta, una de las principales reservas de petróleo y gas no convencional del mundo, se ha convertido en un territorio de alta disputa. La explotación masiva mediante fracking en la región ha resultado en profundos impactos ambientales y sociales, particularmente para las comunidades locales, entre ellas los pueblos indígenas mapuches. Durante la visita de campo, la delegación del TIDN documentó denuncias de contaminación del agua y aire, afectaciones de salud en las comunidades, y la criminalización de la resistencia comunitaria frente al avance del extractivismo.

Los resultados preliminares de la visita, presentados ante el Congreso Nacional en 2023, ya habían puesto en evidencia una crisis ambiental y de derechos humanos. Las comunidades locales enfrentan la contaminación de fuentes de agua, movimientos sísmicos relacionados con el fracking y un acceso limitado a servicios básicos, como el agua potable. La presencia de basurales petroleros abandonados y el desmedido impacto de la industria en la biodiversidad reflejan un modelo de desarrollo basado en la explotación sin límites, que ha empobrecido a la región y puesto en riesgo el equilibrio ecosistémico y la salud de los habitantes.

El veredicto del TIDN sobre el caso de Vaca Muerta es un llamado urgente a repensar el vigente modelo de explotación de combustibles fósiles en la región y a defender los Derechos de la Naturaleza y de sus comunidades. Esta sentencia ética tiene como objetivo sentar un precedente en la lucha contra el extractivismo desmedido y plantea la necesidad de una transición justa, popular y post-extractivista.

El Tribunal de los Derechos de la Naturaleza

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza es una institución internacional creada por ciudadanos para investigar y dar a conocer las violaciones de los derechos de la Naturaleza y los de sus defensores y defensores. Los veredictos éticos del Tribunal podrían proporcionar una herramienta necesaria en la lucha por la justicia ambiental. El Tribunal ha conocido casos en Ecuador, Perú, Francia, España, Inglaterra, Alemania, los Balcanes, Guyana Francesa, Brasil, Canadá, fracking en Estados Unidos, Argentina, Chile, Bolivia, Australia, y México y contra empresas petroleras como Total, Chevron Texaco, Shell, British Petroleum y empresas mineras como Newmont Mining Corporation, ECSA, Vale, entre otras.

En está ocasión el panel de jueces y juezas se encuentra integrado por Patricia Gualinga (Ecuador), Alberto Acosta (Ecuador), Yuvelis Morales (Colombia), Rafael Colombo (Argentina), Claudia Aboaf (Argentina), Enrique Viale (Argentina) y Gabriela Cabezón Cámara (Argentina). 

Contacto de prensa:

Para más información del Tribunal y el caso Vaca Muerta, visitar: https://www.rightsofnaturetribunal.org/tribunals/vaca-muerta/?lang=es. 

Vaca muerta