Un veinticinco de septiembre, de 1997, Entre Ríos declaró la libertad de sus ríos. La educación pública lo sigue celebrando cada renacimiento de las primaveras.
La constitución provincial renovada en 2008 lo consolida, para todos los tiempos, cuidando los principios de prevención como de progresividad desde el restablecimiento y sanación de los «corredores biológicos» de sus ríos y «ecosistemas asociados».
Fue y es una convocatoria política y social hacia el ejercicio de la equidad y la ética intergeneracional, que, en estos tiempos de enormes cambios globales, adquiere una desafiante provocación frente a la gestión de cuencas y la inexistente democracia participativa.
“Entre Ríos Sí, entre represas No”; «ríos libres para pueblos libres», cantaban marchando por las calles de Paraná, sus gentes celebrando aquella libertad.
En estos tiempos adquiere una dimensión simbólica y amorosa muy particular, ratificando el valor de un pueblo que supo desde la resistencia al represamiento del río más grande del país, volverse creativo y constructor social de una ley liberadora y protectora de las aguas y sus reinos de vida.
En el actual proceso electoral, en momentos de una enorme crisis civilizatoria, se convoca desde los estrados libertarios a la privatización de los ríos. Chile lo concretó durante una dictadura. Fue una calamidad. De alguna manera privatizó el ciclo del agua, único caso en el mundo. El reciente intento de reforma constitucional en el país hermano infelizmente no logró retrotraer semejante violación del derecho humano y no humano de acceso al agua saludable.
Ante la amenaza privatizadora del río, y por lo tanto de sus bienes comunes y naturales no humanos, manifestada en la presencia, belleza y milenaria diversidad biológica, la mercantilización de las vidas es un agravio a la dignidad del ser, del estar y el habitar los mundos, en paz, en convivencia y en confraternidad entre todas las especies de las que somos parte.
Somos ríos, somos naturaleza, de ella inter-dependemos, nos sostiene, alimenta, limpia y cura.
En primavera nació la ley de libertad de los ríos en un concierto federal donde los bienes naturales son del dominio originario de las provincias. Los libertarios no tendrán poder democrático legislativo para reformar constituciones, ni leyes, ni los pactos relevantes vigentes en el país, ratificados en diversos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El único modo de privatizar la vida, de transformarla en más y más mercancías, será violentando, forzando, tiranizando el contrato social mayor y provincial.
Este anunciado autoritarismo de Estado privatizador de las vidas, es impensado en la República. Deberán, el Congreso de la Nación como la Justicia, actuar con la emergencia cívica y la paz social que nuestra tierra y sus pueblos tanto necesitarán.
Y si se atreven, los entrerrianos volveremos a estar en las calles y plazas, caminaremos y navegaremos los senderos de la verdadera libertad, la de todos los seres que somos, porque somos humedal, somos Pachamama, somos naturaleza, somos la trama de la vida. Estamos abrazados a ustedes, con los nuestros y las de ayer, mil años y más, todas madres de la libertad real, verdadera, fraterna y solidaria, libertad de aguas, porque agua somos.
Celebramos ratificando el espíritu constitucional así narrado: «…La Provincia concertará con las restantes jurisdicciones el uso y aprovechamiento de las cuencas hídricas comunes. Tendrá a su cargo la gestión y uso sustentable de las mismas, y de los sistemas de humedales, que se declaran libres de construcción de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo natural de sus ecosistemas asociados…».
(*) Abogado, ambientalista, integrante de la Unidad de Vinculación Ecologista (UVE) de la Fundación La Hendija de Paraná.
Statkraft avanza proyectos hidroeléctricos que violan el derecho al consentimiento libre, previo e informado, el territorio, la identidad cultural y a defender derechos humanos por parte de comunidades indígenas. La empresa contraviene su deber de respetar derechos humanos y de aplicar la debida diligencia en sus actividades en el exterior.
Oslo, Noruega y Valdivia, Chile. 14 de septiembre de 2023. Statkraft viola los derechos humanos con motivo de proyectos hidroeléctricos que pretenden ser desarrollados en el territorio del pueblo mapuche williche del Pilmayken, en Chile.
El día de hoy, comunidades mapuche williche del territorio del Pilmayken, representados por su organización autónoma Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü y autoridades ancestrales, la machi Millaray Huichalaf, autoridad espiritual del pueblo mapuche, y el consejo de lonkos, en representación de más de 150 comunidades indígenas afectadas, presentaron en Oslo una queja contra Statkraft ante el Punto Nacional de Contacto (PNC) de la OCDE en Noruega, por posibles violaciones a las Líneas Directrices sobre Empresas Multinacionales (Directrices). Cabe destacar que Chile firmó el Convenio Constitutivo de la OCDE el 7 de mayo de 2010.
Se trata de la primera queja presentada por comunidades indígenas de América contra una empresa noruega, conforme a las recientes reformas de las Directrices, aprobadas en junio de este año. Las comunidades representan a miles de personas indígenas que habitan y usan ancestralmente el territorio Pilmayken.
En 2009, la entonces empresa chilena promovente de los proyectos hidroeléctricos solicitó la autorización oficial de los mismos sin que las comunidades fueran consultadas y participaran en los estudios de impacto ambiental, social y cultural de dichos proyectos. Statkraft adquirió en 2015 los activos de la empresa chilena y tres proyectos hidroeléctricos en el río Pilmaiquén: Rucatayo, Osorno y Los Lagos. No obstante, omitió cumplir con su deber de debida diligencia en materia de derechos humanos con motivo de dicha adquisición y continúo con el avance de los proyectos sin cambios significativos.
Desde 2011, cuando las comunidades decidieron defender su territorio, han enfrentado diversos obstáculos por parte de las autoridades chilenas, pero también retaliaciones por parte de Statkraft. Desde su involucramiento en los proyectos, la empresa se niega a reconocer la existencia, el territorio y prácticas ancestrales de las comunidades mapuche williche en el Pilmayken, así como los impactos culturales por sus actividades y el derecho a una consulta indígena y al consentimiento libre, previo e informado.
Así también, Statkraft ha omitido proporcionar información clara, exacta y completa a las comunidades sobre el desarrollo de sus proyectos. Aunque la empresa informó recientemente que ha desistido del proyecto Osorno, las comunidades no tienen confirmación del desistimiento de los permisos y autorizaciones correspondientes. Tal renuncia sucedió después de una intensa demanda de las comunidades al reconocimiento de sus derechos ancestrales.
Antes, en 2021 representantes mapuche williche tuvieron conocimiento de la restitución unilateral del complejo ceremonial Ngen Mapu Kintuante –en propiedad de Statkraft Chile Inversiones Eléctricas– a un tercero, sin consulta con las comunidades mapuche williche, a pesar del conocimiento público de un proceso de restitución de dicho complejo iniciado desde 2011 por comunidades mapuche williche. Tales actuaciones han generado división comunitaria entre las comunidades asentadas en el territorio Pilmayken, así como la creación de grupos interés que favorecen a la empresa.
Lejos de contribuir a la mitigación de abusos a los derechos humanos, la empresa ha usado su influencia para ejercer presión económica para avanzar sus proyectos, de manera que el uso de la fuerza pública y la criminalización hacia líderes comunitarios, autoridades indígenas y personas defensoras ha sido constante por parte del Estado Chileno para garantizar dicha inversión.
Las referidas circunstancias constituirían violaciones a las Directrices, que obligan a las empresas a respetar derechos humanos y a identificar, prevenir y mitigar posibles impactos en el desarrollo de sus actividades. Tal obligación se extiende a las empresas con quienes tenga relaciones comerciales, como aquellas de su cadena de suministro y empresas subsidiarias.
“El río Pilmaiquén es sagrado en nuestra cosmovisión, y junto con el territorio ancestral que lo rodea y los sitios ceremoniales, son fuente de salud, alivio espiritual, bienestar y equilibrio comunitario. Además, es un territorio rico en biodiversidad. Ahora, Statkraft quiere inundar 191 hectáreas y se niega a reconocer nuestros derechos e identidad sobre dichos territorios”, señala Millaray Huichalaf Padrines, autoridad espiritual tradicional mapuche williche.
Las empresas subsidiarias de Statkraft en Chile se han negado sistemáticamente a reconocer los derechos como indígenas sobre los territorios donde pretenden desarrollar sus proyectos. Por eso, las comunidades mapuche williche acuden al PNC de Noruega, un mecanismo no judicial de mediación, para buscar un remedio a los referidos abusos, tomando en consideración la responsabilidad de Statkraft SA como empresa matriz –propiedad del Estado Noruego– de conformidad con las Directrices, pero también en consideración a la Ley noruega de Transparencia.
Las comunidades quejosas esperan que el PNC Noruego conozca de las posibles violaciones a los derechos humanos en que la empresa noruega estaría incurriendo con motivo de sus proyectos en Chile. Así también, que admita la queja y llame a Statkraft a reconocer los derechos de las comunidades quejosas e impida la continuación de acciones empresariales contrarias a las Directrices.
Así también, que Statkraft genere mecanismos de diálogo y participación genuinos con las comunidades, use su influencia para detener la división comunitaria y la criminalización y violencia contra líderes comunitarios, autoridades indígenas y personas defensoras –particularmente mujeres– con motivo de sus proyectos. Finalmente, que aplique estándares adecuados de debida diligencia para reconsiderar su inversión en el territorio mapuche williche.
En la queja presentada el día de hoy, las comunidades mapuche williche cuentan con la asistencia y acompañamiento de Manuela Royo Letelier, Andrea Pietrafesa, el Colectivo de Acción por la Justicia Social (CAJE) y la Iniciativa para la Justicia Transnacional, una organización liderada desde el Sur Global que tiene como misión el asegurar la justicia transnacional y la rendición de cuentas empresarial mediante la colaboración, el apoyo y el fortalecimiento de contrapartes ubicadas en el Sur Global que defienden los derechos económicos, sociales y culturales.
Contacto:
Andrea Pietrafesa (+54) 9 2324 46-4836 / andipietrafesa@gmail.com
La investigadora Maristella Svampa del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas de la UNSAM fue distinguida por la Fundación Alexander von Humboldt (Alemania) por sus aportes sociológicos al estudio de los riesgos del extractivismo en sus diversas facetas.
La socióloga y filósofa Maristella Svampa, investigadora superior del CONICET con sede de trabajo en el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CeDInCI) de la UNSAM, fue distinguida con el Premio de Investigación Georg Forster, que otorga la Fundación Alexander von Humboldt (Alemania).
El trabajo de Svampa fue reconocido junto con el de otrxs cinco investigadorxs de países emergentes, nominadxs por colegas de Alemania e invitadxs a ese país para desarrollar proyectos colaborativos. El premio es financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania como un instrumento para promover la cooperación científica y el avance del conocimiento en diversas disciplinas académicas. De las seis personas premiadas, dos son argentinas: Maristella Svampa y Andrea Bragas, física de la UBA. Los Georg Forster 2023 también reconocieron al agrónomo Achille Assogbadjo (Benín), al químico Igor Olegovich Fritsky (Ucrania), al teólogo Louis Cloete Jonker (Sudáfrica) y al lingüista Abdelhadi Soudi (Marruecos).
Foto: Dafne Gentinetta
Svampa, que suele definirse como una investigadora anfibia, estudió Filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba, hizo especializaciones en Historia y Filosofía en Francia, y el doctorado en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Recibió varios premios y reconocimientos, como la Beca Guggenheim (2007), el Premio Konex de platino en Sociología (2016) y el Premio Nacional de Ensayo Sociológico por su libro Debates latinoamericanos. Indianismo, Desarrollo, Dependencia y Populismo (2018). En 2022 ocupó la Cátedra Simón Bolívar de la Universidad de Cambridge.
Sus investigaciones abordan la crisis socioecológica, los movimientos sociales y la acción colectiva, así como problemáticas ligadas al pensamiento crítico y la teoría social latinoamericana. Tiene una veintena de libros publicados, entre ensayos, investigaciones y novelas. Sus últimos libros son El colapso ecológico ya llegó. Una brújula para salir del (mal)desarrollo (2020) y La transición energética en Argentina (coeditora). Es impulsora del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, una propuesta latinoamericana que propone disputar sentidos sobre la transición socioecológica (particularmente, la transición energética) en clave geopolítica. Es también miembro del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y de la Colectiva Ecofeminista Mirá, junto con destacadas escritoras argentinas.
“Maristella Svampa es, sin duda, una de las investigadoras más importantes del Sur Global y de América Latina”, celebró Hans-Jürgen Burchardt, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Kassel y director del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA), que promueve el intercambio de ideas entre el Norte y el Sur. “En particular, Svampa ha investigado intensamente las cuestiones de la exportación de materias primas y los riesgos del modelo de desarrollo exportador de materias primas en sus diversas facetas con el fin de desarrollar alternativas social y ecológicamente compatibles. Su extenso trabajo sobre este tema, que refleja críticamente los avances actuales, podría considerarse un ejemplo paradigmático de excelencia científica y de compromiso sociopolítico”.
Felicitamos a Maristella, una investigadora cuyo trabajo siempre ha estado anclado en la defensa del pensamiento crítico y del sistema de investigación y educación pública.
Representantes de las Asambleas del Curru Leufu se presentaron ante la Fiscalía de San Antonio Oeste, Río Negro, para denunciar penalmente a la Secretaria de Medio Ambiente y Cambio Climático, Dina Lina Migani, por incumplimiento de los deberes de funcionario público previsto en el artículo 248 del Código Penal.
Conforme a la RESOL-2023-1007-E-GDERNE-SAYCC#SGG, emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del 24 de Julio, Migani tenía la responsabilidad de organizar y garantizar el normal funcionamiento de la Audiencia Pública que se llevaría a cabo en la ciudad de Sierra Grande el 17 de agosto para tratar el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente a: -Tramo II Estación Allen –Terminal de Carga Punta Colorada – Tramo III Terminal de Carga Punta Colorada e Instalaciones Asociadas- del proyecto Oleoducto Vaca Muerta sur de la empresa YPF S.A.
De acuerdo a dicha resolución y a su función como autoridad convocante, le correspondía garantizar la seguridad y el libre acceso de la población a la Audiencia Pública. Sin embargo, tal como denunciamos públicamente, a muchas de las personas formalmente inscriptas se les impidió el ingreso al recinto. Como agravante, destacamos que la funcionaria estaba al tanto de que afuera de la audiencia tanto la UOCRA como una patota municipal estaban atacando a quienes legítimamente nos acercamos a manifestarnos. De los registros de la supuesta Audiencia Pública que desarrolló en ese contexto de violencia y exclusión, es posible evidenciar lo que estamos denunciando: las únicas voces participantes se expresaron a favor del proyecto, y ninguna se refiere al Estudio de Impacto Ambiental para el que la Secretaría de Ambiente convocó tal instancia.
La secretaria de ambiente incumplió las normativas que estipulan que todo y toda ciudadano y ciudadana deben tener la posibilidad de expresar libremente sus argumentos en la audiencia pública. Para citar sólo algunas, nos referimos a la ley 27566, la 27275, la 25831, la 3266, la 2631.
Ante todas estas arbitrariedades e incumplimientos, las Asambleas del Curru Leufu sostenemos que esta audiencia no tiene validez, que no es reconocible y que debe ser anulada. Asimismo, comunicamos públicamente la denuncia penal elevada contra Dina Migani por las responsabilidades que mencionamos y las previstas en los términos del artículo 248 del Código Penal.
Firmas:
Asambleas de la Curru Leufú – Multisectorial Golfo San Matías – Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas – Asamblea Antimegaminería de Bariloche – Asamblea por el Agua y la Tierra Fiske Menuco (Roca) – Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Patagones – Asamblea Socioambiental de Cipolletti – Asamblea Socioambiental Valle Medio – Asamblea Ambiental Interpueblos de Ing Huergo, Villa Regina, Godoy, Chichinales – Asamblea del Valle de Conesa – Asamblea en Defensa del Agua de Ing. Jacobacci – Asamblea del Coli Leuvu de Catriel – Agrupación Trawn ko (Viedma) – Junta Promotora APDH Alto Valle – Pastoral Social Diócesis de Viedma – Asociación de Abogades Ambientalistas de Argentina – Observatorio Petrolero Sur – Red de Comunidades Costeras
Teléfonos de contacto:
☎️ 2934 46-0520 Suyhay Quilapán | Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas
☎️+54 9 2984 20-3310 Pedro Pérez Pertino | Asamblea por el Agua y la Tierra Fiske Menuco (Roca)
☎️ 2984 73-4419 Mauro Isueta | Asamblea por el Agua y la Tierra Fiske Menuco (Roca)
☎️ 223 4268927 Gonzalo Vergez | Asociación de Abogada/os Ambientalistas de la Argentina
La civilización en la que vivimos en estos tiempos paso los límites que su madre, la Tierra, puede tolerar. Hemos violado la dignidad del mundo que nos dio la vida, a los unos y tantas otras madres que cultivaron amores para la perpetuidad de los seres humanos y no humanos. Los reinos de vida diversos están en proceso de extinción.
Somos parte de una civilización que perdió el sentido de la ternura, el respeto y la dignidad en la relación con la diversidad de seres de los cuales depende.
Perdió el sentido, la conciencia de su impermanencia y la ética en la continuidad convivencial de sus hijos, nietos, generaciones futuras de sueños posibles y amorosos; sí, del por-venir.
No respeta los límites naturales reconocidos por su propia ciencia. No politiza el amor por lo otro no humano. No lo quiere pensar, desarrollar, escribir, exponerlo en plataformas políticas, enriquecer ideologías, menos aún conformar propuestas, proyectos, tránsitos.
El problema, que es enorme, es que aún esta civilización, su paradigma de dominación productivista consumista (“La razón productivista”1), resulta ser mayoría en su representación política y en proceso de profundización, no solo en Argentina, en gran parte del planeta.
Es un suicidio colectivo, gestionado por la voracidad demencial de poderes retrógrados, casi dioses2 que buscan hasta la eternidad espacial, nanotecnológica y biotecnológica, o las dos integradas a la inteligencia artificial, quizás la mayor manifestación de la derrota casi final del ser humano que aún somos. Derrota de ese diálogo amoroso entre sentimientos y conciencia pensante.
Y en la alienación de esta cápsula tripulada en sus comandos por unas pocas corporaciones sin banderas ni escrúpulos, somos dependientes de las órdenes del fondo monetario internacional y la cultura de los paraísos fiscales (unos pocos mercenarios del mundo financiero) y negamos que somos totalmente dependientes de la Pachamama (madre tierra).
Es tal la magnitud de esta interdependencia y su negación, que bailamos la fiesta del extractivismo como un éxito, como una salvación. Nos constituimos en zonas de sacrificio y exclusión (enorme porcentaje de pobreza cultural, educativa y de las necesidades básicas insatisfechas) para exportar todo y corromper hasta la propia dignidad de las ideologías que nos conformaron como nación.
En este vacío ideológico «Nacional y Popular» –como gravemente del Radicalismo de la superestructura, sin olvidar al Socialismo argentino–, se necesita urgentemente recuperar sus «sistemas de ideas relacionados con las acciones», retomando el camino de construcción social y política de un «tercer movimiento histórico» nacional como lo esculpía y promovía Raúl Alfonsín.
El tercer movimiento que rescata los mayores valores y principios de la Unión Cívica Radical, el Socialismo y el Peronismo, en aquel sueño posible del preámbulo constitucional recitado por el presidente democrático, nos interpela provocando una revisión radical del sentido de nuestra Democracia, de los sentidos de vida de los movimientos políticos de las juventudes como de la diversidad de colectivos sociales. Aquellas comprometidas con los territorios y sus culturas, desde Ecologías Políticas expresadas por el ecosocialismo, el ecofeminismo, los movimientos indígenas, los colectivos asamblearios territorializados en la búsqueda de justicia ecosocial, que van entretejiendo sentido movimientista brindando la mística de vuelos convivenciales3 para las mayorías diversas que tanto lo necesitan.
La impermanecia política de los actuales candidatos, como de la vida de cada uno de nosotros, la impermanencia de la maldita grieta, como será también de la corrupción de las ideas y los dineros de los pueblos, nos permite, quizás nos posibilita, tomar conciencia de la gravedad de este cambio de época y la dignidad y lealtad de poner en la mesa del diálogo de saberes políticos, la crisis de civilización y el cómo transitar con más y más democracia participativa, salidas honorables, soberanas de nuestros territorios Abya yala.
DIÁLOGOS Y AUSENCIAS
Nuestro contrato social mayor nos brinda este camino. «Con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución, para la Nación Argentina».
La conversación política sobre la ética y ejercicio de la equidad intergeneracionales para sostener los reinos de vida de los que somos parte y totalmente dependientes, es la gran ausente en las propuestas políticas mayoritarias3 para las elecciones de octubre.
Sin un ejercicio comprometido del preámbulo constitucional, sin poner en valor y marcha las herramientas de la conversación política hacia la unidad nacional desde el respeto a la diversidad, no vamos a salir en esta escala nacional, de semejante crisis de civilización.
Las expresiones del candidato a la Presidencia Javier Milei sobre la libertad para la contaminación de los ríos desde la lógica de la mercantilización de un derecho humano «vital» existencial, son las únicas que de modo brutal ponen en el tapete de las propuestas la problemática de la gestión de las aguas. Sus declaraciones desnudan la responsabilidad por irresponsables de los unos y los otros en la falta de cuidado, aplicación y cumplimiento de las convenciones ambientales internacionales, la Constitución nacional y las provinciales que todo lo dicen, como las Leyes de presupuestos mínimos ambientales, los principios rectores de la política hídrica nacional, como la ley de adaptación al cambio climático, reitero, en todo lo que hace a la gestión democrática de las cuencas y sus ecosistemas asociados.
Nada han hecho, solo cambiarle el nombre al río en un grave proceso de artificialización, lo llaman hidrovía para los cerebros de los mercados concentrados y privados.
Finalmente, este mal ejemplo de la gestión de ríos, se entrelaza con el rizoma de «los ríos voladores» que nos llueven, que nos lloran, que acarician y llenan de vida nuestras selvas, montes, llanuras, cuencas.
Los gobiernos de Brasil y Colombia vienen liderando los inicios de un renovado acuerdo amazónico para lograr deforestación cero en el territorio que hace llover en el cono sur y nuestra tierra (Argentina).
Es el campeonato del mundo el que allí se juega, el de la continuidad de la vida en la tierra que amamos más al sur de amazonia. No tenemos selección nacional alguna en esa cancha de la diplomacia política por excelencia y aquí, un fundamentalista, con rasgos marcadamente totalitarios, convoca a privatizar la razón de ser de los reinos de vida y sus amores.
Como la palabra se encuentra amenazada (Ivonne Bordelois) y las aguas de los seres aún no nacidos también, rescatamos sabiduría mazateca4 sobre los efectos de la palabra, del habla en el espacio habitado: «La palabra embellece, santifica. Cae como rayos donde se habla, penetra el lugar. Las palabras están haciendo su misión. Cuando la palabra es buena hace maravillas, y cuando la palabra es mala destruye: destruye no sé hasta donde alcanza a destruir, adentro en el fondo de la Madre Tierra…»
https://www.editoriallahendija.org.ar/autor/carlos-merenson/ Carlos Merenson. «El camino de la Transición. Del productivismo a la convivencialidad». Y https://aadeaa.org/maldesarrollo/
Maristella Svampa y Enrique Viale. «Maldesarollo. La Argentina del extractivismo y el despojo».
Yuval Noah Harari, «Homo Deus». Byulg-Chun Han, «La sociedad del cansancio» y «No cosa».
Maristella Svampa y Enrique Viale. «Maldesarollo. La Argentina del extractivismo y el despojo».
(*) Jorge Oscar Daneri. Miembro Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y de la Unidad de Vinculación Ecologista de la Fundación La Hendija, Paraná.
En la actualidad, todos los debates internacionales están atravesados por la problemática ambiental, con lo cual hasta resulta geopolíticamente relevante abandonar la ceguera ecológica, si el país quiere acceder a fuentes de financiamiento internacional y establecer de una vez por todas una agenda de adaptación al cambio climático.
El movimiento socioambiental no sólo no debe votar a Javier Milei sino que debe militar abiertamente para que éste no se convierta en el próximo presidente de la Argentina. No sólo por las obvias razones económicas y las disparatadas y dañinas propuestas de gobierno de La Libertad Avanza sino esencialmente porque es necesario actuar en defensa propia.
A esta altura de la realidad, con eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes en todo el planeta y con el consenso científico que hay, el negacionismo climático equivale a acelerar exponencialmente el proceso de colapso ambiental en curso. En la actualidad, ser negacionista del cambio climático es equivalente a ser terrraplanista (¿No será terraplanista Milei? Hasta ahora nadie se lo preguntó).
A pesar de ello, Milei, el candidato de la ultraderecha local, sostuvo en un vivo de Twitch que el cambio climático no existía. “Es otra de las mentiras del socialismo, hay toda una agenda del marxismo cultural. Hace 10, 15 años se decía que el planeta se iba a congelar, ahora dicen que se calienta. Aquellos que conozcan cómo se hacen esas simulaciones van a ver que las funciones están saturadas en determinados parámetros a propósito para generar el miedo”, dijo hace un tiempo, entrevistado en directo por el youtuber y actor Julián Serrano.
Hace unos días habló del derecho de las empresas a contaminar los ríos, preguntando “dónde está el daño”, aplicando una lógica mercantilista elevada hasta el absurdo, como si los ríos fueran meros bienes privados y/o privatizables, y no bienes públicos o comunes, que hoy están en peligro.
Lo cierto es que el negacionismo climático responde a una matriz ideológica ultraliberal y conservadora, que objeta el rol regulador del Estado. Desde esta perspectiva, cualquier intervención reguladora del Estado supone un atentado contra la libertad de mercado y, por ende, contra la libertad individual.
En los Estados Unidos, esta posición involucró durante décadas a un mismo conjunto de actores sociales y políticos que, a fin de rechazar la intervención del Estado, negaban la evidencia científica. Esto incluyó desde presidentes como Ronald Reagan, los Bush (padre e hijo), hasta recientemente Donald Trump. Detrás de esta política están las grandes petroleras que financiaron, y continúan financiando, este tipo de posicionamientos. Se crearon poderosas instituciones para incidir en el debate a nivel internacional, negando las bases científicas del cambio climático global y oponiéndose a cualquier tipo de regulación que limitase las emisiones de gases de efecto invernadero. También hay fundaciones de extrema derecha, ligadas a Koch Industries, que ya antes habían financiado campañas para negar los efectos del tabaco, tal como lo muestra con ingente documentación el libro de Eric Conway y Noemi Oreskes, Los Mercaderes de la duda, publicado en 2010.
Asimismo, los sectores ultraliberales y de derecha ven en el ecologismo un renacimiento del socialismo por otros medios. Las demandas del campo ecologista, que exigen a los Estados la instrumentación de políticas públicas que apunten a la protección de los bienes comunes y a regular las emisiones de gases CO2, son entendidas como una “nueva trampa” asociada al comunismo.
En América Latina fue el expresidente peruano Alan García (situado en la derecha más reaccionaria) quien expresó esta idea en 2009 durante un sangriento conflicto con los pueblos amazónicos —conocido como la Masacre de Bagua— que se oponían a la expansión de la frontera extractiva. En un recordado artículo en el diario El Comercio, García expresó: “Y es así que el viejo comunista anticapitalista del siglo XIX se disfrazó de proteccionista en el siglo XX y cambia otra vez de camiseta en el siglo XXI para ser medioambientalista”.
Más cerca, tenemos al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, quien entre otras cosas instauró el “día del fuego” y provocó un verdadero ecocidio en la Amazonia brasilera con el avance de la deforestación en manos del agronegocio, lo cual se tradujo también en una declaración de guerra contra los pueblos indígenas.
Vayan a preguntarles a los Yanomami, que sufrieron el etnocidio en carne propia con Bolsonaro, de la mano de la expansión de la frontera minera, sobre todo de la minería ilegal, que aumentó el 632%, y que fue el principal factor del colapso del modo de subsistencia de este pueblo. Y sin duda, sin la resistencia decidida de los pueblos indígenas de la Amazonia, el propio Lula en el inicio de su tercer mandato no hubiese incorporado en el programa cuestiones urgentes como frenar el avance de la deforestación, proteger la Amazonía (lo que lo coloca en visible tensión con el poderoso sector de los agronegocios) y dar representación a los pueblos originarios, a través de la creación de un ministerio propio, comandado por una mujer indígena, la luchadora Sonia Guajajara.
Al igual que otros representantes de la ultraderecha autoritaria, Milei también considera al ambientalismo como una “creación del marxismo” y, por ello, lo coloca del lado del enemigo a combatir. Así lo marcó expresamente en un reciente artículo uno de sus mentores, Alberto Benegas Lynch (h), quién enumera los peores enemigos en su resumido “decálogo”, colocando en primer lugar al ambientalismo. “Primero, el ambientalismo. De un tiempo a esta parte los socialismos se han agazapado en el llamado ambientalismo como una manera más eficaz de liquidar la propiedad privada: en lugar de decretar su abolición al estilo marxista, la tragedia de los comunes se patrocina con mayor efectividad cuando se recurre a los llamados ”derechos difusos“ y la ”subjetividad plural“ a través de lo cual se abre camino para que cualquiera pueda demandar el uso considerado inadecuado de lo que al momento pertenece a otro”, dijo.
Nadie ha llegado a tanto ni tan lejos, ni siquiera acá en Argentina donde la ceguera ecológica atraviesa a tantos actores políticos y económicos, tal como podemos ver en los impactos de la reciente sequía, valuados en unos 20.000 millones de dólares. La élite local no hace más que quejarse como si la sequía fuera una plaga bíblica producto de un Leviatán Climático global, sin querer establecer la relación estrecha que en términos territoriales existe entre modelos de (mal)desarrollo vigentes y crisis climática.
En la actualidad, todos los debates internacionales están atravesados por la problemática ambiental, con lo cual hasta resulta geopolíticamente relevante abandonar la ceguera ecológica, si el país quiere acceder a fuentes de financiamiento internacional y establecer de una vez por todas una agenda de adaptación al cambio climático.
Los negacionismos y sus múltiples rostros
La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, no le va a la zaga; todo lo contrario. Multiplica los rostros del negacionismo. Se trata de una defensora de los militares genocidas, respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos por éstos durante la última dictadura militar.
A esto Villarruel le suma la negación de los derechos de los pueblos indígenas, a los cuales también promete combatir. Ya en mayo de 2022 presentó un proyecto para derogar la ley 26.160, de emergencia territorial indígena, que suspende los desalojos, “en contra de las usurpaciones de supuestos pueblos indígenas”.
Ante lo sucedido en Jujuy, redobló la apuesta y habló de que “el indigenismo” buscaba “incendiar el sistema democrático”, desconociendo no sólo la deuda que el Estado argentino tiene para con los pueblos indígenas, sino los derechos internacionales de éstos (al territorio, a la autonomía, a la defensa de su cultura, a ser consultados, entre otros), recogidos en nuestra carta constitucional en 1994.
Sabemos que nada de esto es inocente, pues los territorios indígenas son hoy lugares codiciados por el capital extractivista, se trate del litio, otros minerales, o del petróleo y gas. El racismo antiíndigena, estructural en nuestro país, encuentra una peligrosa actualización basada nuevamente en el desprecio étnico y los intereses económicos.
Así, que en las PASO haya triunfado el “Que se vayan todos” en su versión de derecha (como dicen Mariano Schuster y Pablo Stefanoni) es muy preocupante. Es cierto que no todos los que votaron la dupla Milei-Villarruel adhieren al paquete completo de negacionismos que éstos proponen, pero el caso es que existe un amplio sector de clases medias y populares desencantadas, empobrecidas y olvidadas, que padecieron más que otros sectores sociales los impactos económicos de la pandemia y la torpeza gubernamental y que encuentran en los discursos contra el Estado y “la casta” un aglutinador diferente.
Milei con su estilo insultante y denigrador llegó al corazón de ese sentimiento, que atraviesa un sistema político degradado y autocentrado, incapaz de responder a los grandes problemas y desigualdades del país. Un sentimiento de agravio y de no-futuro que trocó en búsqueda de una nueva utopía antisistémica, que muchos —sobre todo jóvenes y varones— creyeron encontrar en el discurso libertario.
La Libertad Avanza, lejos de combatir a ‘la casta’, repite y amplifica todos los vicios de los partidos tradicionales, como la venta de puestos, los negociados con sellos y el dinero negro
Sin embargo, el partido La Libertad Avanza, lejos de combatir a “la casta”, repite y amplifica de manera acelerada todos los vicios de los partidos tradicionales: venta de puestos, negociados con sellos y partidos tradicionales, dinero negro, purgas de los sectores libertarios que pudieran cuestionar la dirección política, vínculos con grandes empresarios, entre otras herramientas ya conocidas de la vieja política. La negación de la crisis climática también retoma la visión de los intereses concentrados. Nada mejor que revisar el libro “El Loco. La vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina”, del periodista Juan Alvarez, para desmitificar y poner en perspectiva el vacío de la llamada “utopía libertaria” que se hizo eco en un sector de la juventud.
Así, se equivocan aquellos ambientalistas que piensan que una eventual presidencia de Milei sería solo más de lo mismo. Es un partido que contiene lo peor de lo viejo, al tiempo que instala un nuevo umbral que no solo significaría un enorme retroceso en relación a nuestra débil institucionalidad ambiental, sino que se convertiría, como ya sucedió en otras latitudes pero fundamentalmente en América Latina, en un peligro concreto para la integridad física de los y las defensores y de la propia existencia del movimiento socioambiental.
Es cierto que hay también ahora persecución y hostigamiento del ambientalismo, y el extractivismo continúa expandiéndose. Véase lo sucedido en Jujuy, vinculado al litio y la reforma (in)constitucional, o yendo apenas un poco más atrás, a Chubut, que sufrió una vez más el intento de imponer la minería a cualquier precio, lo cual si bien fracasó, generó un contexto de criminalización del ambientalismo. Pero una presidencia del binomio militar-libertario que expresan Milei-Villaruel potenciaría lo peor de todos esos modelos, significaría una vuelta de tuerca, habilitaría un umbral de violencia política, institucional y discursiva, con consecuencias imposibles de prever.
Los ambientalismos, los feminismos, los progresismos y las izquierdas debemos replantearnos la autocrítica y el diálogo. No podemos ser indiferentes a quienes potencian a niveles desconocidos lo peor de la Argentina de las últimas décadas. La historia reciente, con el ascenso de las extremas derechas, muestra que no todo es lo mismo y que hay que hacerse cargo, individual y colectivamente de esta evidencia, a la hora de posicionarnos en relación con lo que representan Milei y Villaruel en nuestro país. Estos implican un cambio de escala respecto del rechazo del sistema democrático y sus bases, lo cual incluye la totalidad de los derechos humanos, sociales y ambientales.
Como tantos otros argentinos y argentinas, desde que el resultado de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) catapultó a Javier Milei, un economista libertario que coquetea con la extrema derecha global, como el candidato más votado en el país, no hice más que sumergirme en la lectura de las diferentes interpretaciones que se vienen tejiendo. Y, al mismo tiempo, traté de reflexionar en voz alta con amigos y colegas para comprender cómo fue que las mayorías silenciosas rompieron con el maleficio de la denominada «grieta» argentina (entre kirchnerismo y antikirchnerismo), que parecía tan bien instalada, arrojándonos a algo aún peor, una suerte de salto al abismo.
Esto no quiere decir que el voto a Milei sea un hecho extraño a nuestra realidad. Por supuesto, están ahí los textos pioneros de Pablo Stefanoni, quien desde hace tiempo estudia este fenómeno sin «lagañas tradicionales», como diría Milcíades Peña, describiendo y analizando cada uno de los rasgos de esta oleada de ultraderecha (en sus diferentes versiones, locales y globales), en su avance antiprogresista y su discurso rabiosamente antielitista. O los artículos de investigadores como Ezequiel Saferstein, quien ha seguido a los jóvenes libertarios desde que comenzaron a emerger por fuera del radar de los analistas.
En términos locales, luego del triunfo de Milei, los análisis más serios hablan de una fuerza social aluvional, imparable, que hasta podría obtener la diferencia suficiente como para triunfar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de octubre. Eventualmente, un balotaje con Sergio Massa dejaría a Milei en una buena posición, pues podría sumar votos de Patricia Bullrich, quien se arriesga a quedar atrapada en el nuevo no man’s land generado por la inesperada reconfiguración del espacio político-electoral argentino. Si Bullrich se radicaliza, corre el riesgo de perder los votos del ala «moderada» de Juntos por el Cambio; si se modera, podría perder votos en favor de Milei.
Se habla ya de un populismo de derecha en construcción, una conjunción de elementos contradictorios, como todo populismo, con rasgos autoritarios, pero también democráticos (por ejemplo, en el brillante y tentacular análisis de Pablo Semán y Nicolás Welschinger). Se habla de la emergencia de un nuevo actor que hace rato está ahí, pero que la pandemia multiplicó en número y padeceres, un precariado angustiado, sobreexplotado económicamente y hastiado desde el punto de vista político, que dice no deberle nada al Estado (al contrario) y que, en su rechazo a la «casta» política, pareciera querer volver a las fuentes prístinas del capitalismo liberal. Se trata de un actor social heterogéneo que postularía la indiferencia –o en algunos casos, la renuncia– a los valores fundantes del pacto democrático; justo ahora que deberíamos estar conmemorando los 40 años ininterrumpidos de vida institucional, un pacto democrático, sin embargo, que no se dio de una vez, sino que se fue construyendo colectivamente y en conflicto a lo largo de los años, a fuerza de luchar contra la impunidad, sobre todo contra la de aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad.
Esta nueva fuerza social comandada por Milei reniega incluso explícita y orgullosamente de las «fuentes morales del peronismo» o sea, del valor de la justicia social, como bien analiza en otro agudo texto German Pérez, en Socompa, que toma casi todas estas caracterizaciones. Y, no lo olvidemos, hay una furiosa reacción conservadora, un backlash completo y, a la manera argentina, hiperbólico, que no perdona ninguno de los tópicos del progresismo, muy especialmente dos o tres de sus baluartes o símbolos, lo que el director de comunicación de La Libertad Avanza denominó en una reciente entrevista el «sobregiro del feminismo», y lo que Milei expresó en sus declaraciones post-PASO acerca del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), que propone privatizar o directamente cerrar y compara maliciosamente con la NASA (siglas en inglés de la Administración Nacional de Aeronáutica del Espacio), para desacreditarlo como si se tratara de una cuestión de «sobreempleo público».
Es cierto que el triunfo de Milei fue tan contundente como inesperado –sobre todo para una fuerza nueva, sin estructura territorial– y que esos factores combinados bien podrían allanarle el camino a la construcción de una nueva mayoría, pero también es sabido que las dinámicas políticas son recursivas y que en estos dos meses previos a la elección de octubre el oficialismo encarnado por Massa hará lo posible, en términos políticos, simbólicos y, sobre todo, económicos, para revincularse como estructura del sentimiento con la mayoría perdida, como reclaman tantos peronistas (como Mayra Arena, cuyo análisis tan comprehensivo raya por momentos la ambivalencia), e incluso ir más allá.
En todo caso, de no ser así, a menos que la crisis económica se torne del todo ingobernable, nunca como antes estará disponible la archirrepetida exigencia del «mal menor», el voto utilitario, mucho más frente a un candidato como Milei. Por ende, no sabemos si el voto a Milei tiene por delante una avenida pavimentada hasta la meta final o en realidad la metáfora más apropiada es la de un camino congelado conformado por una capa delgada de hielo, que puede romperse durante el veloz recorrido. Quizá la realidad nos ofrezca una variante intermedia, construida más golpe a golpe, antes que producto de una estrategia fluida.
En términos culturales y políticos, los progresismos y las izquierdas han –hemos– quedado demudados. La agenda que trae Milei es sumamente preocupante e implicaría un enorme retroceso, en todos los órdenes. Aun así, lo peor sería dar una respuesta parcial o corporativa, se trate de un «abrazo» anticipado al Conicet o de los rápidos llamados feministas a ganar las calles. El Conicet –conste que soy investigadora de ese organismo– es una institución plural, muy valiosa y necesaria; pocos países capitalistas periféricos cuentan con tal acervo, tal acumulación de saber y conocimiento público (Brasil o México son otros); y, por supuesto, no todos los investigadores que lo integran tenemos el mismo concepto de ciencia, compromiso y servicio público. Lo mismo vale para el espacio feminista –conste que soy ecofeminista–, que ha sabido construir colectivamente y desde la masividad en las calles una transversalidad disruptiva, pero contingente y provisoria; un espacio en el cual se han venido desarrollando debates tensos e interesantísimos acerca de los nuevos modelos de masculinidad y la trampa de los feminismos punitivistas. Lamentablemente, no se ha logrado frenar los femicidios, ya que estos continúan aumentando de modo horroroso en nuestro país.
Desde los progresismos y las izquierdas políticas, feministas e incluso ecologistas, no supimos ver ni sopesar la gran transformación que se estaba gestando desde abajo, particularmente reforzada por los efectos amplificadores de la pandemia, porque básicamente hemos estado obnubilados con la «grieta», entrampados en una polarización política desgastante y cada vez más empobrecedora (en todos los sentidos, no solo político sino también económico). O si la vimos asomar o la sospechamos, cual efecto Bolsonaro o trumpista en clave local, no supimos dar con las respuestas políticas adecuadas, pese a que se había ganado parte de la batalla cultural, o sencillamente nos resignamos, por impotencia, a fuerza de seguir pataleando en soledad –cada vez más cancelados, como ocurre con el espacio ambientalista– a que Argentina continuara presa de esa polarización.
Aun así, vale la pena preguntarse: ¿por qué esa rabia, esa desazón, ese hartazgo no fue capitalizado por la izquierda política, donde hay cuadros tan potentes como Myriam Bregman, o incluso por alguien carismático como Juan Grabois, que busca reconstruir un espacio de centroizquierda y cuyo liderazgo sintetiza el contacto con la gente de abajo y los valores de solidaridad colectiva? El trotskismo avanza, ciertamente, pero –verdad de perogrullo– en un país tan peronizado como Argentina, siempre resulta difícil disputar el voto popular. El trotskismo siempre ha sido reactivo; y si bien en los últimos años puso nuevos temas en agenda, suele volver a su obrerismo de origen (como sucedió con el tema del precariado, pues fue una de las primeras fuerzas políticas en tomarlo), y sus formas organizativas y sus contornos ideológicos funcionan como un muro difícil de atravesar.
Por otro lado, el gran error de Grabois, quien sí abreva de la gran fuente peronista, es que no supo/quiso despegarse del kirchnerismo, el que además está en su peor versión histórica. Agotado ya, la única capacidad efectiva del cristinismo –última variante del kirchnerismo–, además de haber hecho implosionar el gobierno actual desde adentro, consiste en seguir absorbiendo y monopolizando un espacio que ya no representa (la centroizquierda), y al cual el resto de las fuerzas progresistas se sometieron voluntariamente. En vez de tratar de construir una fuerza de centroizquierda independiente del kirchnerismo, Grabois buscó fusionarse con él e incluso representarlo en su versión más «pura». En lugar de convocar a otros espacios para ir generando una nueva línea de acumulación política desde la centroizquierda, su discurso volvió sobre el kirchnerimo de modo extemporáneo. Apenas se conocieron los resultados de las PASO, las declaraciones que hizo Grabois sonaron de otra época en sus referencia al kirchnerismo. Y, más precisamente hablando de Cristina Fernández de Kirchner, dijo: «Perdón si no te defendimos lo suficiente».
En términos profesionales y personales, aunque mis temas refieren cada vez más a la crisis socioecológica en clave latinoamericana, fuera del país casi siempre me toca responder acerca de «la crisis argentina»; una pregunta coyuntural que en el exterior vino a reemplazar aquella sempiterna acerca de «¿qué es el peronismo?», mezclando por igual curiosidad y desconcierto. Ay, la bendita y repetida CRISIS, ya convertida en policrisis; demasiado largo de contar, demasiado difícil de resumir, demasiado fácil de simplificar. Por ello desde hace unos años suelo ingresar a los espacios de debate diciendo que no me pregunten por Argentina… Y no es que lo haga por pereza intelectual, sino más bien por escepticismo y desesperanza. La desazón, el hartazgo, la angustia social como signo de época es algo que no hemos podido procesar bien desde diferentes sectores sociales, y eso nos incluye también a nosotros, los intelectuales críticos de izquierda y centroizquierda.
Abundan desde hace rato las comparaciones con la gran crisis de 2001, pero las diferencias son de talla: entre ellas, en 2023 no hay actores sociales movilizados con capacidad de interpelar a la sociedad, como en aquel otro momento de crisis lo fueron las organizaciones piqueteras, desde el hambre, los cortes de ruta y el trabajo colaborativo en los barrios. En la actualidad, existe un enorme tejido asociativo que ha ido creciendo en las últimas décadas, y una incesante y pertinaz movilización colectiva que refrenda nuestra histórica capacidad de protesta, pero hay demasiada fragmentación y pobreza, demasiada conformismo corporatista, demasiada política de la inmediatez, demasiado etiquetado frontal a la hora de la discusión democrática, entre tantas otras cosas. Hay tejido social organizativo en abundancia, pero existe poca construcción contrahegemónica desde abajo que tenga la capacidad de volver a hacernos soñar –como en 2001– con una sociedad mejor y diferente, a través de conceptos-horizonte que hoy tendrían que asociar necesariamente la justicia social con la justicia ambiental, el respeto de las diversidades y de género con la reparación étnica. Y lo que asoma como potencial construcción hegemónica –o podría asomar–, con La Libertad Avanza, repudia precisamente todos esos valores, tanto en su conjunto como cada uno por separado.
Aciertan Mariano Schuster y Pablo Stefanoni en cuanto a la resignificación por derecha que la fuerza de Milei hizo del 2001 argentino y el «Que se vayan todos», no ya con la promesa de la restauración del vínculo social desde valores como la solidaridad, la movilización colectiva y el Estado social, sino a través de la defensa del individuo trabajador, ignorado y/o explotado por un Estado ineficiente y corrupto. El circulo que comenzó como un estallido y se fue desplegando por izquierda en 2001, se cierra hoy por derecha en 2023.
No deja de sorprender cómo, en estos primeros días, el periodismo vernáculo que el propio Milei denuncia como «ensobrado» (comprado) ayuda a instalar la agenda libertaria y naturaliza al candidato, e incluso, a la hora de entrevistarlo, se autolimita en el tono y teme sus arrebatos. Hasta parecen haberse intercambiado los roles; el que queda desubicado o fuera de foco ya no es un Milei que vocifera barbaridades, sino los periodistas que titubean o son corregidos una y otra vez cuando aquel presenta su programa de gobierno, por momentos con un tono didáctico, de maestro, ante alumnos confundidos. Su voz se cargó de autoridad, aquella que le dan las urnas.
Milei pasó de ser el payaso mediático que nadie tomaba en serio a ser el líder insoslayable de las mayorías silenciosas, que hoy se halla a cien metros de la Casa Rosada. «El Joker, el Guasón como emergente social dislocado, que podría convertirse en el líder de Ciudad Gótica, sumida en una gran tensión social», comentaba la escritora Claudia Aboaf en un intercambio privado. Milei le agrega así una capa más de distopía a una sociedad sumida en la policrisis y un planeta ya herido por el colapso. Su triunfo habilita nuevos umbrales, abre a un escenario de una fuerte regresión político-cultural. No seremos los primeros. Ejemplos en el mundo hay muchos, y Brasil es el más cercano; las marcas del bolsonarismo no se han ido siquiera luego del triunfo de Lula da Silva. Pero sobre todo, lo que Milei trae consigo nos obliga a interrogarnos no solamente sobre la mayoría silenciosa que se ve representada en él, sino también sobre nosotros mismos, corresponsables de esta distopía en marcha.
El gobierno de Corrientes destruyó decenas de kilómetros de bosque ribereño del arroyo Riachuelo. Luego de un fallo judicial y una audiencia de partes, tiene diez días para plantear cómo va a restaurar el daño provocado y qué medidas concretará para proteger el ambiente. Fue fundamental la acción de ciudadanas nucleadas bajo la consigna “el Riachuelo se defiende”.
Corría el mes de julio de 2018. Una draga y dos retroexcavadoras se internaron en las márgenes del arroyo Riachuelo, a diez kilómetros de la capital correntina, y arrasaron con enormes extensiones de bosques ribereños, incluso dentro del Parque Provincial San Cayetano. La excusa: obras de dragado del arroyo.
El responsable de este daño ambiental fue el Instituto Correntino de Aguas y Ambiente (ICAA), organismo del estado provincial que contrató y autorizó a la empresa Ecodyma Sociedad Anónima para las tareas de dragado y refulado del Riachuelo. Es necesario destacar que no se realizó siquiera una Evaluación de Impacto Ambiental, ni se realizaron mecanismos de participación pública, como establece la más elemental legislación vigente. Tampoco se consultaron organismos públicos como la Dirección Provincial de Recursos Forestales ni a las autoridades del Parque Provincial afectado.
Al no existir una Evaluación de Impacto Ambiental nunca se pudieron determinar todos los componentes ambientales que iban a ser afectados por los impactos de la obra y en qué magnitud, ni del medio físico, ni social, ni biológico. Ni, menos aún, replantear las obras para evitar el daño y afectación.
El daño ambiental fue extenso y la biodiversidad afectada es incontable. Entre las especies perjudicadas por las obras ilegales se encuentran: el lobito de río, el mono carayá, aves y fauna íctica. Entre los ambientes afectados a lo largo de los veinte kilómetros se pueden señalar los bosques de ribera, el propio río, esteros, bañados y el paisaje en general.
Leyes vulneradas y acción judicial
El dragado fue ilegal porque violaron todo tipo de normativa, entre otras la Ley Nacional de Ambiente (25.675), la Ley Nacional de Protección de los Bosques Nativos 26.331 (artículo 9 y concordantes) y la Ley Provincial 5974 (artículo 16, entre otros). También la Ley 6360 de creación del Parque San Cayetano y otras provinciales como la 5175 y la 4736. Es por ello que fue la propia Dirección de Recursos Forestales de la provincia que afirmó que “el desmonte de bosques nativos no está permitido. La autorización solo puede ser otorgada en zonas categorizadas de bajo valor de conservación o verde”.
Es que todo el bosque ribereño dañado por las obras estaban clasificados y protegidos como bosques tipo I (rojo) y tipo II (amarillo), según la clasificación de la Ley Nacional de Bosques Nativos, lo que debió impedir su destrucción. También se violó la protección legal del lobito de río (declarado por ley “monumento natural”, que insta a la protección del animal y su hábitat) y se afectó el Área de Importancia para la Conservación de Aves (AICA) Estero Valenzuela.
Valientemente un grupo de mujeres profesionales de la biología y la ecología (nucleadas bajo la consigna “El Riachuelo Se Defiende”) iniciaron una acción judicial para intentar revertir la situación de daño ambiental. No es fácil en provincias como Corrientes iniciar acciones judiciales contra el poder sin tener represalias personales o laborales, por ello lo encomiable de esta acción.
En una larga batalla judicial lograron, en julio de 2022, que el Poder Judicial dicte una sentencia condenatoria que implica realizar tareas de recomposición del ambiente dañado. A más de un año de la sentencia, el Instituto Correntino de Aguas y Ambiente (ICAA) —condenado judicialmente— no realizó ninguna de las tareas ordenadas por el fallo.
En la actualidad, la zona deforestada y la ribera dañada por el dragado y refulado presentan un gravísimo daño ambiental. La vegetación que conformaba el bosque, en especial los grandes árboles, no se ha recuperado ni lo hará en el corto o mediano plazo y muchos animales que habitaban en la ribera intervenida no han regresado. Las familias de monos aulladores que estaban siendo estudiadas se han ido, al igual que muchas aves que anidaban en las copas de los árboles. Tampoco se ve al lobito de río nadando en el cauce intervenido.
La zona dañada a lo largo de la ribera fue afectada seria y definitivamente por la empresa contratista y, también, por la omisión de contralor del Estado provincial. Es alarmante esa inacción, ya que tiene la ineludible obligación de asegurar la integridad ecológica de los ecosistemas.
Particularmente, los bosques ribereños, además de su belleza, cumplen funciones esenciales ecosistémicas: evitar la erosión de las costas, retener sedimentos, aportar de nutrientes a los cuerpos de agua, ser refugio y corredor de fauna.
Foto: El Riachuelo se Defiende
Cuatro medidas concretas y un plazo de diez días
La jueza Lorena Alicia Rak (Juzgado Civil 8 de Corrientes) llamó a una audiencia, la semana pasada, para establecer la forma de ejecución de sentencia (que ya se encuentra firme). Este hecho en sí mismo ya fue muy importante porque —por primera vez en mucho tiempo— funcionarios provinciales tuvieron que dar explicaciones de su inacción y así comenzar a romper la impunidad con la que se manejan. Como ejemplo de inacción, complicidad e impericia sobresale Mario Rubén Rujana, quien era titular del Instituto Correntino de Aguas y Ambiente (ICAA) al momento del daño ambiental (2018).
A la audiencia judicial acudieron las demandantes y la parte condenada: el ICAA y el gobierno provincial. En un largo debate, las impulsoras de la denuncia, avaladas por la ciencia y los antecedentes jurídicos en causas similares, exigieron medidas muy concretas que incluyen la recomposición de las áreas afectadas pero también medidas de compensación ambiental por el enorme daño ambiental ya realizado.
Exigieron:
Ampliación de la Reserva Provincial en algún sector del AICA Estero Valenzuela (las Áreas de Importancia para la Conservación de Aves son áreas prioritarias y de alto valor para la conservación).
La sanción de un decreto provincial que prohíba totalmente el desmonte en bosques de ribera (bosques ribereños inundables y no inundables que se desarrollen hasta 200 metros desde la costa) hasta en tanto exista una norma provincial que establezca un correcto ordenamiento territorial, con parámetros ecosistémicos y biológicos y participación ciudadana, sobre los bosques de ribera.
La realización de una sostenida campaña de difusión del valor y la importancia de los bosques ribereños, de las cuencas y la biodiversidad acuática.
Que se lleven adelante proyectos de restauración de bosques ribereños de todo el arroyo Riachuelo, incluyendo propiedades privadas. Estos proyectos deberán ser realizados por un grupo de expertos en comunidades arbóreas de la provincia.
El Poder Judicial le otorgó un plazo de diez días hábiles al Estado Provincial y al ICAA para que respondan al pedido concreto de las accionantes y empezó a delinear una mesa de trabajo, junto a la sociedad civil, para que se controlen las acciones de reparación ambiental.
Los funcionarios públicos están obligados a proteger al ambiente y recomponer el daño ambiental, como señala la propia Constitución Nacional. De no realizar estas acciones son pasibles de ser denunciados penalmente por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Y esto incluye no solo a los funcionarios que ejercían sus cargos al momento de la comisión de los daños ambientales sobre el arroyo Riachuelo sino también a los actuales porque, como vimos, el daño ambiental continúa sin reparación alguna. Además que también podría iniciarse una acción autónoma por el daño ambiental, lo que significaría un largo derrotero judicial pero una segura y costosa condena para la provincia y la empresa Ecodyma (ejecutora del daño).Registro de las máquinas dragando, sin estudio de impacto ambiental, en el arroyo Riachuelo
Una provincia castigada y con impunidad
Corrientes es una provincia donde existe una gran impunidad ambiental. Según estudios locales conserva apenas el 7,8 por ciento de sus bosques nativos y, peor aún, menos del dos por ciento de sus bosques ribereños originales. En el 2022 sufrió incendios forestales y de humedales equivalentes al 12 por ciento de su territorio sin que se haya establecido ningún responsable, ni civil, ni penal, ni siquiera político.
En Corrientes también se produce una irracional y descontrolada aplicación de agroquímicos, que hasta provocó la muerte de un niño: José “Kily” Rivero tenía 4 años, vivía en el paraje Puerto Viejo (Lavalle), zona de producción de tomates y altamente pulverizada con agrotóxicos dañinos para la salud y el ambiente y murió por ello en el año 2012.
Por ello la importancia de esta causa judicial y una buena resolución de la misma. Tanto por las acciones concretas de recomposición y compensación ambiental pero, también y muy importante, porque podría ser el comienzo del fin de la impunidad ambiental en la provincia. Y, de este modo e irrefrenablemente, se empiece a revertir la larga historia de injusticia ambiental de Corrientes, donde la permanente violación de legislación y la destrucción de ecosistemas quedan impunes.
El colonialismo energético es la pieza central del «Consenso de la Descarbonización»: un nuevo acuerdo capitalista global que apuesta por el cambio de la matriz energética basada en los combustibles fósiles a otra sin (o con reducidas) emisiones de carbono, asentada en las energías «renovables», y que condena a los países periféricos a ser zonas de sacrificio, sin cambiar el perfil metabólico de la sociedad ni la relación depredadora con la naturaleza.
Vivimos un momento decisivo, marcado por un alto nivel de fragilidad e incertidumbre ante la emergencia climática y múltiples riesgos globales y destinos posibles. La narrativa de estabilidad, gobernabilidad nacional y gobernanza mundial creada en las últimas décadas por los actores hegemónicos se ha desmoronado; primero con la crisis de 2008 y luego con la pandemia de covid-19. La imprevisibilidad y la inestabilidad se han convertido en norma ante la secuencia de profundas crisis (sociales, políticas, sanitarias, geopolíticas, económicas y ecológicas) que ya no pueden afrontarse como antes, pues se yuxtaponen y refuerzan mutuamente.
Estamos pasando de las crisis múltiples a una policrisis civilizatoria, esto es, a crisis interrelacionadas que se entrelazan causalmente –producen un daño mayor que la suma de lo que producirían de modo aislado1– y ponen en cuestión el modelo civilizatorio basado en el crecimiento ilimitado, el progreso y el desarrollo. A este escenario se suman el fortalecimiento de la extrema derecha y los autoritarismos, la erosión democrática, el control digital y tecnológico de la vida y el fortalecimiento de la cultura de la guerra, tal como sugiere el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur en su reciente Declaración de Bogotá2.
Con el desarrollo de estas tendencias, en los últimos años la transición socioecológica ha dejado de ser un tema restringido a grupos de activistas y científicos para convertirse en eje central de las agendas políticas y económicas contemporáneas. Sin embargo, surgen aquí dos cuestiones importantes. Primero, frente a la urgencia de la descarbonización, existe una tendencia a reducir la transición socioecológica –cuya comprensión integral debería abarcar los planos energético, productivo, alimentario y urbano– a la transición energética3. La segunda cuestión está asociada al modo en que se lleva a cabo la transición energética y a quién pagará los costos.
La transición energética, impulsada principalmente por grandes empresas, fundaciones y gobiernos del Norte global y países emergentes hacia energías supuestamente «limpias», presiona cada vez más al Sur global. Para que China, Estados Unidos y Europa transiten hacia la desfosilización, se crean nuevas zonas de sacrificio en las periferias mundiales. Hay varios ejemplos de esta dinámica: la extracción de cobalto y litio para la producción de baterías de alta tecnología para los automóviles eléctricos afecta brutalmente al llamado «triángulo del litio» en América Latina y al norte de África; la creciente demanda de madera de balsa –abundante en la Amazonía ecuatoriana– para la construcción de aerogeneradores demandados por China y países europeos destroza comunidades, territorios y biodiversidad; y la nueva puja por megaproyectos de paneles solares e infraestructuras de hidrógeno incrementa aún más el acaparamiento de tierras.
Este proceso empieza a conocerse, en el activismo y en la academia crítica, como «extractivismo verde» o «colonialismo energético»: una nueva dinámica de extracción capitalista y de apropiación de materias primas, bienes naturales y mano de obra, especialmente en el Sur global (aunque no de modo exclusivo), con el propósito de llevar a cabo la transición energética verde.
En este artículo sostenemos que el colonialismo energético es la pieza central de un nuevo consenso capitalista, que definiremos como el «Consenso de la Descarbonización». Se trata de un acuerdo global que apuesta por el cambio de la matriz energética basada en los combustibles fósiles a otra sin (o con reducidas) emisiones de carbono, asentada en las energías «renovables». Su leitmotiv es luchar contra el calentamiento global y la crisis climática, estimulando una transición energética promovida por la electrificación del consumo y la digitalización. Sin embargo, más que proteger el planeta, contribuye a destruirlo, profundizando las desigualdades existentes, exacerbando la explotación de bienes naturales y perpetuando el modelo de comodificación de la naturaleza. Este artículo analiza cómo se produjo el paso de los consensos capitalistas globales previos –el «Consenso de Washington» y el «Consenso de los Commodities»– al «Consenso de la Descarbonización». Asimismo, discute sus principales características, así como las líneas de continuidad y ruptura en un mundo multipolar. Por último, presenta una serie de reflexiones y propuestas en relación con la transición energética, tanto en clave geopolítica como en lo local-territorial.
Del «Consenso de Washington» al «Consenso de la Descarbonización» (pasando por el «Consenso de los Commodities»)
El proceso de liberalización comercial y económica, desregulación, privatizaciones, reducción del Estado y expansión de las fuerzas del mercado en las economías nacionales, iniciado en la década de 1980 y consolidado en los años 90, tomó el nombre de «Consenso de Washington». Conocemos bien la trágica receta: un paquete de reformas que impulsó un fundamentalismo de mercado, encumbrando el neoliberalismo como única alternativa tras la caída del Muro de Berlín. Se trató de un consenso entre actores diversos que promovieron la globalización neoliberal, con especial peso de las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial (bm), el Fondo Monetario Internacional (fmi) y la Organización Mundial del Comercio (omc). A pesar de las diferencias de matiz, se impuso una serie de políticas de ajuste estructural a los países del Sur que fomentaban el libre mercado.
Estas políticas fueron pensadas teniendo a América Latina como referencia y acabaron refrendadas por buena parte de los gobiernos de la región. Sin embargo, los graves efectos ambientales y sociales y las múltiples crisis económicas que generaron en diversos países latinoamericanos sirvieron como base para su crítica política e intelectual. Resistencias, redes y movimientos sociales empezaron a articularse contra los tratados de libre comercio, la globalización neoliberal y sus principales símbolos. Las protestas contra la omc, el bm, el fmi, las campañas contra el Área de Libre Comercio de las Américas (alca) y el Foro Social Mundial fueron procesos claves que articularon la denuncia del «Consenso de Washington» con el intento de generar alternativas y convergencias hacia «otros mundos posibles».
A este ciclo global y regional de protestas se sumaron en el cambio de siglo movilizaciones intensas en países como Argentina (2001), Venezuela (2002) y Bolivia (2003), que impulsaron la emergencia del llamado «ciclo progresista» latinoamericano y de un imaginario posneoliberal. Los progresismos latinoamericanos reivindicaron un papel más prominente del Estado, con políticas sociales focalizadas y, en algunos casos, de redistribución, pero lo hicieron de forma estrechamente articulada al fortalecimiento de los capitales privados multinacionales. Lo que en varios países se vendió como una política win-win, mediante la cual los pobres mejoraban su vida mientras que los ricos seguían enriqueciéndose, fue posible por el ingreso de América Latina en un nuevo orden económico y político-ideológico sostenido por el auge de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo cada vez más demandados por los países centrales y las potencias emergentes como China.
Este nuevo orden, caracterizado por la hegemonía del desarrollo neoextractivista, marcó el tránsito hacia otro tipo de consenso capitalista: el «Consenso de los Commodities»4, visto por actores muy diversos y heterogéneos –desde los más conservadores hasta los progresismos– como una auténtica «oportunidad económica». Las economías latinoamericanas se reprimarizaron y la dinámica de desposesión se acentuó de manera muy violenta, con destrucción de la biodiversidad y expulsión y desplazamiento de poblaciones de sus territorios.
Ante este escenario, se incrementaron la conflictividad social y la resistencia de comunidades y movimientos sociales a la expansión del agronegocio, los megaproyectos de minería a cielo abierto, la construcción de grandes represas hidroeléctricas y la expansión de la frontera petrolera y energética a hidrocarburos no convencionales. Pero las luchas de resistencia contra el desarrollismo neoextractivista, con protagonismo de los movimientos ecoterritoriales, no se limitaron a un repertorio reactivo. Del «no» brotaron muchos «síes» y se empezaron a cultivar alternativas al desarrollo y nuevos horizontes propositivos, como el Buen Vivir, los bienes comunes, la plurinacionalidad, los derechos a la naturaleza y el paradigma de los cuidados.
El final del boom de los commodities a mediados de la segunda década de este siglo coincidió con el cierre de aquel ciclo progresista y el fortalecimiento de las derechas en varios países, en medio de un profundo deterioro de los sistemas políticos y cuestionamiento de los actores sociales y políticos establecidos. Se instaló una fuerte polarización entre los progresismos, que se vieron atacados y se pusieron a la defensiva, y fuerzas conservadoras o reaccionarias que empezaron a marcar la agenda.
La pandemia de covid-19 emerge en este contexto como un acontecimiento crítico global, que permitió acelerar y consolidar cambios geopolíticos que ya venían dándose, como la militarización global, el fortalecimiento de China, la puja interimperial y el incremento de las brechas entre centro y periferia5. A la vez, se abrió una nueva ventana política de discusión acerca de cómo sería el mundo pospandemia. A pesar de la insistencia de sectores dominantes en mantener el business as usual, apostando más por una «vuelta a la normalidad» que a una «nueva normalidad», empezó a ganar terreno también una lógica adaptativa del capitalismo hacia un modelo supuestamente más «limpio» y «ecológico».
Grandes corporaciones transnacionales, instituciones supranacionales y gobiernos, con el aval de numerosas organizaciones y expertos internacionales, empezaron a colocar en el centro de la agenda económica y política la necesidad de una descarbonización de la matriz energética. El Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) se convirtieron en los principales referentes oficialistas con el propósito de generar marcos internacionales compartidos. En el plano nacional, varios países crearon sus Pactos Verdes o Green New Deals e incluso ministerios de Transición Ecológica. Actores supranacionales, como la Comisión Europea, también impulsaron un Pacto Verde Europeo, formulado con el objetivo de ser el primer continente «climáticamente neutro». El discurso «NetZero hacia 2050» empezó así a aparecer en buena parte de los discursos de las colectividades dominantes, incluidas algunas que hace años eran abiertamente negacionistas y ahora empezaron a ofrecer «soluciones climáticas». Es así como emerge el más reciente de los consensos capitalistas: el «Consenso de la Descarbonización».
El «Consenso de la Descarbonización»: características, contradicciones e implicaciones
El «Consenso de la Descarbonización» se basa en un objetivo común de amplia aceptación. Al final, en un mundo herido por el colapso, ¿quién podría oponerse a la descarbonización y la neutralidad climática? El problema principal no es el qué, sino el cómo. La descarbonización es bienvenida, pero no de esta manera. Entre las finalidades de esta descarbonización hegemónica no se encuentran la desconcentración del sistema energético, el cuidado de la naturaleza, mucho menos la justicia climática global, sino otro tipo de motivaciones como la captación de nuevos incentivos financieros, la reducción de la dependencia de algunos países en búsqueda de la seguridad energética, la ampliación de los nichos de mercado o la mejoría de la imagen de las empresas. En otras palabras, si los actores dominantes adoptan esta agenda es porque la entienden como una nueva ventana de oportunidad para el reposicionamiento geopolítico y para la acumulación capitalista, más específicamente, una «acumulación por desfosilización»6 que profundiza la contradicción capital/naturaleza.
En este nuevo consenso, la descarbonización no es vista como parte de un proceso más amplio de cambio del perfil metabólico de la sociedad (en los patrones de producción, consumo, circulación de bienes y generación de desechos), sino como un fin en sí mismo. Aunque se reconoce la gravedad de la emergencia climática, se construyen políticas no solo insuficientes, sino además con gravísimos impactos, dado que se intensifica la explotación de bienes naturales y se mantiene la ideología del crecimiento económico indefinido. Con otra vuelta de tuerca a la retórica de la «sostenibilidad» se abre, por lo tanto, una nueva fase de despojo ambiental del Sur global, que afecta la vida de millones de seres humanos y seres sintientes no humanos; compromete aún más la biodiversidad y destruye ecosistemas estratégicos. El Sur global se convierte de nuevo en un almacén de recursos supuestamente inagotables, de donde se extraen los minerales estratégicos para la transición energética del Norte global, además de ser el destino para los desechos y la contaminación generados por esta nueva «revolución industrial».
El «Consenso de la Descarbonización» moviliza continuamente el discurso de las potencialidades tecnológicas y de la innovación. A la vez, aboga explícitamente por los «negocios verdes», la «financiación climática», las «soluciones basadas en naturaleza», la «minería climáticamente inteligente», los «mercados de carbono» y diversas formas de inversión especulativa. Casi sin solución de continuidad, las políticas de «responsabilidad social» de las empresas extractivas se han convertido en las últimas décadas en políticas de «responsabilidad socioambiental», en un intento de construir una imagen de responsabilidad ecológica que contrasta fuertemente con la realidad. En definitiva, se propone un tipo de transición basada en una lógica fundamentalmente mercantil y con una interfaz hiperdigitalizada, lo que genera nuevas mercancías y formas sofisticadas de control social y territorial.
Como consecuencia, el «Consenso de la Descarbonización» está marcado por el imperialismo ecológico y el colonialismo verde. Moviliza no solo prácticas, sino también un imaginario ecológico neocolonial. Por ejemplo, muchas veces gobernantes y empresas utilizan la idea de «espacio vacío», típica de la geopolítica imperial. Si en el pasado esta idea, que complementa la noción ratzeliana de «espacio vital» (Lebensraum), generó ecocidio y etnocidio indígena –y sirvió luego para promover políticas de «desarrollo» y de «colonización» de los territorios–, hoy se usa para justificar el expansionismo territorial para la inversión en energía «verde». De esta manera, grandes extensiones territoriales en zonas rurales con poca población son vistas como espacios vacíos aptos para la construcción de molinos de energía eólica o plantas de hidrógeno. Estos imaginarios geopolíticos de las transiciones corporativas reproducen las relaciones coloniales, que no solo pueden verse como una imposición de afuera hacia adentro, del Norte hacia el Sur. En muchos casos, lo que está en juego es también una especie de colonialismo verde interno, que forja las condiciones de posibilidad para el avance del extractivismo verde basado en alianzas y relaciones coloniales entre las elites nacionales y las elites globales.
Debemos reconocer asimismo que, en nombre de la «transición verde», el «Consenso de la Descarbonización» también genera presiones sobre los propios territorios del Norte global, tanto en eeuu como en Europa7, con un impacto principal en zonas rurales menos pobladas. Pero nada de ello puede compararse con los impactos y la envergadura que estos procesos tienen en la periferia globalizada. Como señala atinadamente un estudio reciente de Alfons Pérez sobre los Pactos Verdes:
La distribución geográfica de la extracción actual y de las reservas de estas materias primas críticas dibuja un mapa ciertamente diferente al de la extracción de los combustibles fósiles. Mientras el Oriente Medio ha sido el epicentro geoestratégico para el suministro de hidrocarburos, ahora el foco se pone sobre otras zonas del planeta. Las regiones claves para la explotación de estos elementos se concentran en el Sur global y en regiones como África subsahariana, Sudeste asiático, Sudamérica, Oceanía y China.8
A pesar de la búsqueda incesante de esos minerales críticos, la forma y la temporalidad de la implementación del «Consenso de la Descarbonización» desencadenan contradicciones incluso entre sus propios promotores. La exacerbación de conductas y políticas esquizofrénicas –o de double bind [doble vínculo],por utilizar los términos de Gregory Bateson9– parece ser así un signo de la policrisis civilizatoria. Hay quienes, aun reconociendo su importancia, pretenden retrasar la descarbonización y extraer hasta la última gota de petróleo, como es el caso de muchas empresas fósiles y sus lobbies hacia los gobiernos. Un ejemplo fue el presidente Joe Biden que, desdiciéndose de su promesa electoral, aprobó en marzo de 2023 el Proyecto Willow, que permite avanzar en la expansión de la frontera petrolera en el Ártico de Alaska, y pone así en peligro un ecosistema extremadamente frágil y ya castigado por el derretimiento de los hielos debido al calentamiento global. Otro ejemplo viene de la Unión Europea que, mientras busca expandir el Pacto Verde Europeo, optó por regresar al carbón a mediados de 2022, usando como justificación la crisis energética acelerada por la guerra en Ucrania. Así, el gobierno alemán ordenó en enero de 2023 la demolición de una aldea para dar paso a la expansión de una mina de carbón de lignito, el tipo de carbón más contaminante entre los combustibles fósiles. Al mismo tiempo, como parte del plan europeo de recuperación tras la crisis, Alemania presionó a los Estados miembros de la ue para que destinaran parte de esos fondos al desarrollo del hidrógeno verde10.
El tipo de lógica posfósil que promueve el «Consenso de la Descarbonización» conduce, por lo tanto, a una transición corporativa, tecnocrática, neocolonial e insustentable. Numerosas proyecciones alertan sobre el hecho de que, planteada de esta manera, la transición energética es insostenible desde el punto de vista metabólico. El propio bm advertía en 2020 que la extracción de minerales
como el grafito, el litio y el cobalto podría experimentar un aumento de casi 500% de aquí a 2050, para satisfacer la creciente demanda de tecnologías de energía limpia. Se estima que se requerirán más de 3.000 millones de toneladas de minerales y metales para la implementación de la energía eólica, solar y geotérmica, así como el almacenamiento de energía, para lograr una reducción de la temperatura por debajo de los 2 ºC en el futuro.11
Informes más recientes son aún más escalofriantes respecto del aumento del uso de «minerales para la transición». Como sostiene el periodista francés Guillaume Pitron, «cientos de miles de turbinas eólicas, algunas más altas que la torre Eiffel, serán construidas en los próximos años y exigirán enormes cantidades de cobalto, zinc, molibdeno, aluminio, zinc, cromo… entre otros metales»12.
El «Consenso de la Descarbonización» restringe el horizonte de combate contra el cambio climático a lo que la investigadora brasileña Camila Moreno define como la «métrica del carbono»: una forma limitada de cuantificar el carbono solo a partir de las moléculas de co2, que ofrece una especie de moneda para el cambio internacional, lo que genera la ilusión de que se está haciendo algo contra la degradación ambiental13. De esta manera, se encubre el problema de fondo y no solo se sigue contaminando, sino que además se hacen nuevos negocios con la contaminación (a través, por ejemplo, del comercio de compensación de emisiones). Se siguen ignorando los límites naturales y ecológicos del planeta, pues claramente no hay litio ni minerales críticos que alcancen si no se cambian los modelos de movilidad y los patrones de consumo. El hecho en sí de que las baterías de litio, así como los proyectos eólicos y solares, requieran también de minerales (como el cobre, el zinc, entre tantos otros) debería alertarnos sobre la necesidad de realizar una reforma radical del sistema de transporte y del modelo de consumo existente.
Por eso, la transición no puede reducirse únicamente a un cambio de matriz energética que garantice la continuidad de un modelo insustentable. Al proponer una transición energética corporativa de corto alcance, el «Consenso de la Descarbonización» mantiene el patrón hegemónico de desarrollo y acelera la fractura metabólica, con el objetivo de preservar el estilo de vida y el consumo actual, muy especialmente de los países del Norte y los sectores más pudientes a escala global.
Continuidades y rupturas entre los tres consensos capitalistas
Si durante la Guerra Fría la imaginación geopolítica hegemónica hablaba de un mundo bipolar, dividido en dos bloques polarizados ideológicamente, desde la caída del Muro de Berlín se empezó a forjar una imaginación geopolítica hegemónica basada en consensos capitalistas globales. Si observamos el «Consenso de la Descarbonización» en una perspectiva de procesualidad sociohistórica, veremos que entre los tres consensos hegemónicos vigentes en las últimas décadas hay continuidades y rupturas. Entre los puntos de continuidad, se pueden subrayar tres elementos principales. El primero es el discurso de la inevitabilidad, que plantea que no hay alternativa a estos consensos. Esta restricción del mundo de lo posible ha sido perfeccionada a lo largo de las últimas décadas con diferentes repertorios de legitimación social, sea el acceso al consumo por parte de los sectores populares o la retórica de respirar un aire más saludable. Asimismo, el «Consenso de los Commodities» se construyó sobre la idea de que existía un acuerdo sobre el carácter irrevocable o irresistible de la dinámica extractivista, resultante de la creciente demanda mundial de materias primas, cuyo objetivo era cerrar la posibilidad a otras alternativas. De forma similar, el «Consenso de la Descarbonización» pretende instalar hoy la idea de que, dada la urgencia climática, no hay otra transición posible, y de que la única existente y «realista» es la transición corporativa.
En segundo lugar, todos estos consensos suponen una mayor concentración de poder en actores no democráticos (grandes corporaciones, actores financieros y organizaciones internacionales), que socavan cualquier posibilidad de una gobernanza democrática, mucho más en un contexto de «transición». Esto se manifiesta de dos formas principales. Por un lado, se observa en la captura corporativa de espacios de gobernanza. Ámbitos como la Conferencia de Partes (cop) que, como órgano supremo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, deberían ser foros multilaterales para avanzar en la lucha contra el cambio climático, son cada vez más una feria de negocios del capitalismo verde que mantiene las relaciones de poder energético entre el Norte y el Sur. Podemos decir que las cop sirven al «Consenso de la Descarbonización» como la omc servía al «Consenso de Washington» y el «Consenso de los Commodities».
Por otro lado, se manifiesta en la fuerte concentración de poder entre las grandes empresas, desde el inicio hasta el final de las cadenas globales. Si pensamos el caso del litio en Argentina y en Chile, por ejemplo, al final de la cadena global de valor están los gigantes del automóvil (Toyota, bmw, vw, Audi, Nissan, General Motors) y empresas eléctricas, como Vestas y Tesla. 50% de la industrialización de las baterías para las plantas automotrices se concentra en empresas chinas, y el control de la extracción también está dominado por unas pocas empresas: la estadounidense Albemarle, la chilena sqm, la norteamericana Livent Corp, Orocobre de Australia y Ganfeng de China14. A su vez, Chile y Argentina exportan carbonato de litio, un commodity sin valor agregado, y más allá de los anuncios recurrentes acerca de la «industrialización», los países del llamado «triángulo del litio» están muy lejos de controlar la cadena global del mineral, desde los salares hasta las baterías.
En numerosos casos, la extracción de litio avanza sin licencia social, acuerdo o consulta a las comunidades indígenas que habitan esos territorios desde hace milenios y que denuncian el sobreconsumo de agua y sus impactos en el proceso de extracción. En las Salinas Grandes en Jujuy, Argentina, desde 2010, un conjunto de comunidades indígenas (llamadas «las 33 comunidades») rechaza la extracción de litio en sus territorios, exige una consulta previa, libre e informada y defiende una perspectiva holística y ancestral, que integra el territorio, la autonomía, el Buen Vivir, la plurinacionalidad, el agua y la sustentabilidad de la vida. El salar es considerado por los indígenas como «un ser vivo, dador de vida», y ellos tienen como lema «El agua y la vida valen más que el litio», como pudo verse reflejado en el Aerocene Pacha, un globo aerostático sin combustible que el artista argentino Tomás Saraceno elevó en enero de 202015.
En tercer lugar, la búsqueda constante de ampliación de las fronteras capitalistas supone, en todos estos casos, el fomento de megaproyectos tendientes al control, la extracción y la exportación de bienes naturales. Y para ello hay una apuesta clara por garantizar «seguridad jurídica» a los capitales con bases normativas y legales que posibiliten la mayor rentabilidad empresarial. No es inocente, por ejemplo, que en los nuevos tratados bilaterales de comercio que la ue negocia (entre otros, con Chile y México) haya incorporado capítulos de energía y materias primas para garantizar un acceso a los minerales críticos para la transición. La Comisión Europea ha dejado muy claro en la declaración del Pacto Verde Europeo que «el acceso a los recursos es una cuestión de seguridad estratégica para implementar el Pacto Verde» y que es imprescindible «asegurar la oferta de materias primas sostenibles, en particular las necesarias para la tecnología renovable, digital, espacial y de defensa»16. En este contexto, presentó en marzo de 2023 una propuesta de «Reglamento de materias primas críticas», aparentemente destinada a garantizar un suministro seguro y sostenible de tales materias primas17. Sin embargo, como se explica en un informe del Centro de Investigación sobre Empresas Multinacionales (somo, por sus siglas en neerlandés), la estrategia propuesta por la ue no conducirá a un suministro sostenible de minerales críticos para Europa, ya que agravará los riesgos para los derechos humanos y el ambiente, socavará la dinámica económica en los países socios y continuará reforzando el consumo insostenible en los países ricos18.
Más allá de estas líneas de continuidad, hay también novedades. Una característica importante del «Consenso de la Descarbonización» se vincula a la complejidad de las relaciones neocoloniales en un mundo multipolar, marcado por la puja interimperial, donde la geopolítica se transforma en geoeconomía y colonialismos múltiples. No es solo la ue, carente de los minerales críticos, la que busca acceso directo a ellos. China, pese a contar con estos minerales, se encuentra muy bien posicionada en el Sur global, donde desde hace casi dos décadas viene realizando inversiones muy agresivas en los sectores extractivos estratégicos, manteniendo un tipo de relación distinta de las que establecen eeuu y Europa19. Una de las particularidades de la nueva dependencia que se genera entre China y los países latinoamericanos, de los que en casi todos los casos es el primer socio comercial, es que si bien sus inversiones apuestan al largo plazo y se ubican en diferentes sectores (agronegocios, minería, petróleo, infraestructura ligada a actividades extractivas), en términos de transferencias tecnológicas –muy particularmente en relación con la transición verde– se tiende a usar tecnología china de punta, lo cual incluye también, a veces, mano de obra de ese país20. La puja interimperial se completa con eeuu. Aunque estos temas parecen estar ausentes en las declaraciones del Departamento de Estado, en varias oportunidades la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, ha dejado claro el interés estratégico de América del Sur para su país (en lo que concierne al agua, petróleo, litio, entre otros)21. Por último, agreguemos que Rusia, como actor tendencialmente hegemónico en un mundo multipolar, está lejos de tener el alcance de las potencias antes mencionadas en el campo de disputa por la transición energética.
Otro elemento distintivo significativo entre estos tres consensos es el rol del Estado. Sabemos que el «Consenso de Washington» estuvo marcado por una lógica de Estado mínimo y el «Consenso de los Commodities» sostuvo un Estado moderadamente regulador, pero en estrecha alianza con el capital transnacional. Por su parte, el «Consenso de la Descarbonización» parece inaugurar la emergencia de un tipo de neoestatismo planificador –en algunos casos, más cercano a un Estado ecocorporativo– que busca aunar transición verde con la promoción de los fondos privados y la financiarización de la naturaleza. De esta manera, las transiciones ecológicas impulsadas por las instituciones gubernamentales y por el Estado tienden a aproximarse, facilitar y fundirse con las transiciones corporativas, en una dinámica de sumisión del sector público a los intereses privados. Sin embargo, en algunos casos en que se dan ciclos intensos de movilización social, el Estado puede tratar de recuperar una cierta autonomía relativa, promoviendo transiciones ecosociales que fomenten la descentralización y la desconcentración del poder corporativo.
Asimismo, aunque tanto el «Consenso de los Commodities»como el «Consenso de la Descarbonización» implican una lógica extractivista, los productos y minerales requeridos se han ampliado. En el primer caso, son sobre todo productos alimenticios, hidrocarburos y minerales como el cobre, el oro, la plata, el estaño, la bauxita y el zinc, mientras que en el segundo, además de los minerales mencionados, el foco del interés recae en los llamados minerales críticos para la transición energética como el litio, el cobalto, el grafito, el indio, entre otros, y las tierras raras. En ambos casos, la extracción y la exportación de materias primas tienen consecuencias catastróficas en términos de destrucción ecológica y generación de dependencia. Sin embargo, como argumenta la socióloga alemana Kristina Dietz22, un aspecto clave que diferencia el extractivismo verde del neoextractivismo es el discurso utilizado para legitimar el primero, ya que los actores que lo promueven afirman que es sostenible y que es la única vía posible para hacer frente a la emergencia climática.
Descarbonizar sí, pero con justicia geopolítica
Para que la descarbonización pueda salir de esta lógica perversa, es necesario descomodificarla y descolonizarla a partir de una contestación estructural. Cualquier hipótesis de transición ecosocial justa e integral debe enfrentar este desafío y no puede anclarse solo en lo local –como muchas veces ocurre–, sino que debe considerar también el nivel geopolítico como prioritario. Esto implica incorporar el imperativo del decrecimiento por parte del Norte global, así como la deuda ecológica que este tiene con los pueblos del Sur, buscando generar puentes entre los actores y diagnósticos críticos en pos de una justicia ecológica global.
El Norte global debe comenzar a decrecer urgentemente en varios ámbitos: en términos de consumo, de reducción de la esfera de mercantilización, de desmaterialización de la producción, de transporte y de reparto de horas de trabajo. Aunque en buena parte de las propuestas decrecentistas los factores mencionados aparecen articulados a una lógica de redistribución social, la «desmaterialización» –esto es, la reducción en la intensidad del uso de materias primas y energía– es inexorable. Si bien es una responsabilidad prioritaria del Norte global, esto no significa que sea «solo una cosa del Norte», como muchas veces se sostiene en el debate público, y que el Sur tenga que reivindicar su «derecho al desarrollo», pues son el llamado desarrollo y la lógica del crecimiento insostenible lo que hoy nos empuja al colapso.
El decrecimiento es una exigencia de justicia global, en el marco de un planeta ya dañado. Además, como vienen advirtiendo varios referentes del decrecimiento (tales como Giorgos Kallis, Federico Dimaria y Jason Hickel, entre otros), la progresiva reducción del metabolismo social se traduciría en una menor presión sobre los bienes naturales y los territorios del Sur, lo que abriría un «espacio conceptual»23 en el Sur global necesario para transitar hacia el posextractivismo. Como afirma Hickel, «el decrecimiento es una exigencia de descolonización. Los países del Sur deben ser libres para organizar sus recursos y su trabajo en torno de la satisfacción de las necesidades humanas y no en torno del servicio del crecimiento del Norte»24.
El complemento del decrecimiento no puede ser otro que el pago de la deuda ecológica a los pueblos y países del Sur. En términos contables, la deuda climática no es más que una línea en el balance de una deuda ecológica más amplia. Así, la deuda ecológica podría entenderse como la obligación y responsabilidad que los países industrializados del Norte tienen con los países del Sur, por el expolio y el usufructo de sus bienes naturales (petróleo, minerales, bosques, biodiversidad, bienes marinos), a costa de la energía humana de sus pueblos y de la destrucción, devastación y contaminación de su patrimonio natural y de sus propias fuentes de subsistencia25.
La deuda ecológica está, además, estrechamente vinculada a la deuda externa. La sobreexplotación de los recursos naturales se intensifica cuando las relaciones comerciales empeoran para las economías extractivas, que tienen que hacer frente a los pagos de la deuda externa y financiar las importaciones necesarias26. La presión que los centros capitalistas ejercen sobre la periferia para extraer recursos naturales se agrava en el contexto de la deuda externa. El imperativo de crecimiento de los países ricos tiene como contrapartida el «mandato exportador» del Sur27, que en los países capitalistas periféricos aparece asociado a la necesidad de pagar la deuda externa y sus intereses, lo que renueva un círculo interminable de desigualdad. Esto sucede hoy en día en Argentina, país que arrastra una deuda externa (contraída por el gobierno neoliberal de Mauricio Macri entre 2015 y 2019) que lo incapacita para pensar cualquier alternativa de cambio que no sea otra que expandir las fronteras del neoextractivismo, para obtener los dólares que alivien los pagos de los intereses de la deuda externa con el fmi.
Desde hace décadas existen numerosas y recurrentes iniciativas que exigen una reparación integral por las responsabilidades históricas y que articulan también explícitamente deuda ecológica con deuda externa. Este fue el caso de la campaña ¿Quién debe a quién? que, en pleno auge del movimiento alterglobalización en el cambio de siglo, exigía la cancelación de la deuda externa y el pago de la deuda ecológica. Además de la denuncia del carácter ilegítimo de la deuda externa, se buscaba sensibilizar a la población del Norte global sobre la responsabilidad en la deuda ecológica28. Más recientemente, el 27 de febrero de 2023, el movimiento Deuda por Clima lanzó una invitación para reunirse con representantes de los países más afectados por la intersección de la crisis climática y la deuda, con el fin de discutir la condonación de la deuda del Sur global y permitir así una transición justa. Ese día se celebraba el 70o aniversario del Acuerdo de Londres por el que Alemania recibió una quita de 50% de la deuda que había acumulado antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Algunos de los países que permitieron a Alemania experimentar su llamado «milagro económico», gracias a esta condonación, hoy están fuertemente endeudados. Sin embargo, Alemania obstaculiza cualquier medida progresiva para aliviar a esos países de su pesada carga de la deuda mientras que, al mismo tiempo, están experimentando las devastadoras consecuencias de la crisis climática (como Bangladesh).
Según el economista Alberto Acosta, si esto fue posible para Alemania, en un contexto de posguerra, ¿por qué no lo sería para los países del Sur, en un escenario de pospandemia y de emergencia climática? El Acuerdo de Londres nos ofrece, además, una lista de temas a considerar para enfrentar la deuda externa: capacidad de pago, condonaciones sustanciales de la deuda, reducción significativa de las tasas de interés, transparencia en las negociaciones para determinar los beneficios de las partes, cláusulas de contingencia, esquemas de manejo de disputas y la posibilidad de un arbitraje justo y transparente, entre muchos otros. Para avanzar en la búsqueda de soluciones duraderas, es necesario, aunque no suficiente, reclamar la condonación de las deudas, auditorías ciudadanas y la atención a las reiteradas denuncias de tanta violencia y corrupción vinculadas a la deuda externa29. En suma, una reconfiguración del sistema financiero internacional que deje claro que ningún país se salva solo, algo que no surgirá de forma espontánea, sino que requiere de una reactivación de las articulaciones internacionalistas que conecten el Norte y el Sur global en un escenario de policrisis civilizatoria.
En este marco, el decrecimiento y el posextractivismo son dos perspectivas complementarias, de carácter multidimensional, que permiten crear puentes internacionalistas y Norte-Sur alrededor de una transición ecosocial integral. Ambos formulan una crítica a los límites ecológicos del planeta y enfatizan la insustentabilidad de los modelos de consumo imperial y la profundización de las desigualdades sociales. Asimismo, son conceptos-horizonte que constituyen un punto de partida para construir herramientas de cambio y alternativas civilizatorias, basadas en otro régimen socioecológico, diferente del economicista y del pragmatismo de ciertos ambientalismos de ocasión, capaz de transitar en clave de justicia climática hacia un horizonte de transformación ecosocial.
Construir transiciones ecosociales justas, populares y territorializadas
A diferencia de lo que propone el «Consenso de la Descarbonización», la energía debe ser pensada como un derecho y la democracia/soberanía energética, como un horizonte para el sostenimiento del tejido de la vida. La justicia ecosocial debe encaminarse a eliminar la pobreza energética y desmontar las relaciones de poder. En un horizonte de transición energética justa, hay que dejar los combustibles fósiles bajo tierra e ir «desescalando» los procesos de explotación hidrocarburífera, como nos sugieren las compañeras de la organización Censat Agua Viva de Colombia, lo cual implica una ruptura de sentido para resignificar la naturaleza.
Hay cada vez más voces que, afortunadamente, buscan desenmascarar el «Consenso de la Descarbonización», argumentando que la transición energética no puede hacerse a costa del agua, los ecosistemas y los pueblos30. A la vez, muestran que las transiciones ecosociales justas no son ni pueden ser una proyección de futuro, sino que están ocurriendo en el presente, en la experiencia cotidiana de múltiples territorios urbanos y rurales, en el Norte y en el Sur. Como consecuencia, el desafío no consiste tanto en construir nuevas utopías y narrativas ecoutópicas para un mundo que nos gustaría vivir, sino en ampliar, reconocer y potenciar estas prácticas, impulsadas por comunidades, organizaciones y movimientos sociales diversos, que ya existen y prefiguran alternativas societarias.
Las transiciones ecosociales populares y territoriales se anclan, por lo tanto, en experiencias concretas que, aunque locales, pueden ampliarse, conectarse e inspirar otras realidades. Presentan diversos ejes estratégicos que se retroalimentan: la energía (comunitaria), la alimentación (agroecología y soberanía alimentaria), la producción y el consumo (estrategias de desrelocalización y prácticas posextractivistas de economía social y solidaria, agricultura urbana), trabajo y cuidados (redes de cuidados y sociabilidades anticapitalistas), infraestructuras (vivienda, movilidad, etc.), cultura y subjetividad (cambio cultural y de mentalidad), disputa política y normativa (generación de nuevos imaginarios políticos relacionales vinculados a los derechos territoriales y de la naturaleza, la ecodependencia, los ecofeminismos, las múltiples dimensiones de la justicia y la ética interespecie).
Estas propuestas entienden que las transiciones ecosociales no pueden restringirse únicamente a cuestiones climáticas y energéticas, como es habitual en el tipo de transición dominante, sino que deben tener un carácter holístico e integral. Reivindican una transformación estructural del sistema energético, pero también del modelo productivo y urbano, así como de los vínculos con la naturaleza: desconcentrar, desprivatizar, desmercantilizar, descentralizar, despatriarcalizar, desjerarquizar, reparar y sanar31. Además, se persigue un concepto de justicia integral que trascienda la visión limitada de las transiciones corporativas: lo social no puede separarse de lo ambiental; y la justicia social, ambiental, étnica, racial y de género son también indisociables.
Lejos de romantizar las experiencias de transición ecosocial justa, es fundamental entender sus contradicciones, dificultades y obstáculos internos y externos. En este registro, la multiescalaridad y las mediaciones políticas son elementos claves. Por ejemplo, no es lo mismo una alternativa ecosocial restringida a pequeñas comunidades y lugares específicos, que no se relacionan con otras experiencias, que experiencias localizadas, pero no localistas, que buscan construir articulaciones y sentidos más allá de su propio territorio. En un contexto de desglobalización gradual, la tentación de una fuerte desconexión es pujante. Pero para que las transiciones justas progresen, necesitamos la creación de bloques regionales fuertes, así como avanzar en la dirección de un Estado ecosocial.
La crisis ecológica y climática está introduciendo nuevos riesgos, en su mayoría con daños irreversibles, que afectan de forma desigual a la población. Como señala el economista Rubén Lo Vuolo, necesitamos superar la lógica de un Estado que repara daños para construir un Estado capaz de prevenirlos. Debe pensarse la distribución independientemente del crecimiento. Un Estado ecosocial debería buscar un mecanismo de protección social que sea lo más universal posible. Antes que garantizar una jubilación (a aquellos que realizaron aportes durante años), hay que apuntar a un ingreso universal o renta básica, para transitar de un Estado compensatorio a un Estado preventivo, preocupado más por las necesidades de los pueblos que por los intereses de las corporaciones32.
Sin movilización social constante, coordinada y masiva, eso difícilmente ocurrirá. No se trata solo de juntar movimientos por el clima o de repensar el ambientalismo, sino además de integrar una multiplicidad de luchas que no siempre se han conectado entre sí, pero que en los últimos años tienden a adherir progresivamente al paradigma de las transiciones justas, contribuyendo a avanzar en sus diferentes dimensiones: movimientos feministas, antirracistas, campesinos, indígenas, animalistas, sindicales, de economía popular y solidaria, entre otras. Lejos de las salidas individualistas que se desprenden del «Consenso de la Descarbonización», esto permite comprender que la salida es colectiva; que no es solo técnica, sino profundamente política. Esta es la clave para generar procesos de confluencia y de liberación cognitiva que nos permitan percibirnos como sujetos valiosos, aunque no únicos, en la construcción urgente y necesaria de una historia interespecie que merezca ser vivida.
1. Michael Lawrence, Scott Janzwood y Thomas Homer-Dixon: «What is a Global Polycrisis? And How Is It Different from a Systemic Risk?», informe para discusión, Cascade Institute, 9/2022.
3. M. Svampa y Pablo Bertinat (eds.): La transición energética en la Argentina. Una hoja de ruta para entender los proyectos en pugna y las falsas soluciones, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2022.
4. M. Svampa: «‘Consenso de los Commodities’ y lenguajes de valoración en América Latina» en Nueva Sociedad No 244, 3-4/2013, disponible en nuso.org.
5. B. Bringel y Geoffrey Pleyers (eds.): Alerta global. Políticas, movimientos sociales y futuros en disputa en tiempos de pandemia, Clacso, Buenos Aires, 2020.
6. Este concepto ha sido acuñado por el Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes de la Universidad de Buenos Aires. V., entre otros, «El litio y la acumulación por desfosilización en Argentina» en M. Svampa y P. Bertinat (eds.): La transición energética en Argentina, cit.
7. Thea Riofrancos: «Por qué relocalizar la extracción de minerales críticos en el Norte global no es justicia climática» en Viento Sur, 8/3/2022.
8. A. Pérez: Pactos verdes en tiempos de pandemias. El futuro se disputa ahora, Observatori del Deute en la Globalització / Libros en Acción / Icaria, Barcelona, 2021, p. 62.
9. G. Bateson: Steps to an Ecology of Mind, Chandler, San Francisco, 1972.
10. Etienne Beeker: «¿Hacia dónde va la transición energética alemana?» en Agenda Pública, 15/2/2023.
11. Banco Mundial: Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition, BM, Washington, DC, 2020.
12. G. Pitron: «El impacto de los metales raros. Profundizando en la transición energética» en Green European Journal, 5/2/2021.
13. C. Moreno, Daniel Speich Chassé y Lili Fuhr: A métrica do carbono: abstrações globais e epistemicídio ecológico, Fundação Heinrich Böll, Río de Janeiro, 2016.
14. Melisa Argento, Ariel Slipak y Florencia Puente: «Cambios en la normativa de explotación y creación de una empresa 100% estatal», Serie Políticas y Líneas de Acción, Clacso, 2021.
19. M. Svampa y A. Slipak: «Amérique Latine, entre vieilles et nouvelles depéndances: le rôle de la Chine dans la dispute (inter)hégémonique» en Hérodote. Revue de Géographie et de Géopolitique vol. 2018/4 No 171, 2018.
20. M. Argento, A. Slipak y F. Puente: ob. cit.
21. Camilo Solís: «Laura Richardson: la jefa del Comando Sur de EEUU que pretende el litio sudamericano y que cierren Russia Today y Sputnik» en Interferencia, 6/6/2023.
22. K. Dietz: «Transición energética y extractivismo verde», Serie Análisis y Debate No 39, Fundación Rosa Luxemburgo, Oficina Región Andina, Quito, 9/2022. V. artículo en este número, p. 108.
23. F. Demaria: «Decrecimiento: una propuesta para fomentar una transformación socioecológica profundamente radical» en Oikonomics No 16, 11/2021. Vale aclarar que mientras en Europa el debate sobre el decrecimiento ha desbordado el campo militante, abandonando su carácter «abstracto», para ir permeando los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (que cuestionan la lógica del crecimiento económico), metiéndose cada vez más en la discusión política institucional de la UE, en EEUU, por el contrario, este continúa siendo tabú, incluso dentro de los ámbitos ecosocialistas, poco propensos a retomarlo en los debates sobre la transición ecosocial.
24. J. Hickel: «The Anti-Colonial Politics of Degrowth» en Resilience, 4/5/2021.
25. «Alerta verde No 78: ¡No más saqueo, nos deben la deuda ecológica!» en Ecología Política No 18, 1999.
26. M. Svampa y E. Viale: «De la ceguera ecológica a la indignación colectiva» en ElDiarioAR, 14/5/2023.
27. Francisco Cantamutto y Martín Schoor: «América Latina y el mandato exportador» en Nueva Sociedad edición digital, 6/2021, disponible en nuso.org.
28. Joan Martínez Alier y Arcadi Oliveres: ¿Quién debe a quién? Deuda ecológica y deuda externa, Icaria, Barcelona, 2010.
29. A. Acosta: «Un aniversario histórico, 70 años del Acuerdo de Londres. ¿Por qué es un imposible para los países del sur?» en Ecuador Today, 23/2/2023.
31. V. a este respecto los trabajos de Pablo Bertinat y la Declaración de Bogotá del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur.
32. R. Lo Vuolo: «Crisis climática y políticas sociales. Del Estado de Bienestar al Estado Eco-Social», Serie Documentos de Trabajo CIEPP No 111, 12/2022.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) presentaremos formalmente un escrito para exponer, denunciar y detallar las violaciones a los derechos democráticos que sucedieron el día de hoy en la localidad de Sierra Grande, en la Audiencia Pública por el el oleoducto Vaca Muerta-Costa Atlántica-YPF Oil Sur. Ante un contexto de escalada de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad e instituciones estatales, es esencial preservar la participación ciudadana en los procesos legítimos y salvaguardar la integridad de nuestros principios democráticos.
La presencia abrumadora de fuerzas policiales y grupos de choque, que amedrentaron, amenazaron e impidieron el acceso de la ciudadanía a la Audiencia, es de particular relevancia en la evaluación de proyectos extractivos que avanzan sin legitimidad social. Exigimos se integre la voluntad popular mediante la participación de la comunidad en los procesos legales y democráticos. La entrada restringida a la Audiencia atenta contra la esencia misma de la democracia participativa.
En condiciones tan adversas, no puede llevarse a cabo una Audiencia Pública que pueda ser considerada válida por la ciudadanía. La ausencia de garantías para la seguridad física de los ciudadanos y ciudadanas socava la posibilidad de una participación libre y sin restricciones. Es esencial que los procesos democráticos se desarrollen en un entorno que promueva la seguridad y la expresión genuina de las voces ciudadanas.
La encrucijada política en la que nos encontramos nos invita a reflexionar sobre los valores que defendemos como sociedad. Si la acción que se emprende conlleva destrucción y vulneración de derechos, no puede ser considerada un avance o progreso genuino. Es nuestra responsabilidad colectiva proteger nuestro entorno y nuestros principios y derechos democráticos.
Fotos y registro desde el exterior de la Audiencia: Pablo Piovanno
