Archivo del autor: AAdeAA

Repudio a la condena contra el abogado Alberto Nallar

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) expresan su más enérgico repudio y denuncia ante la condena judicial del abogado Alberto Nallar, por su labor en defensa del derecho a la protesta de miembros de comunidades indígenas y de otros colectivos en contra de la reforma constitucional aprobada y sancionada el pasado 20 de junio en la provincia de Jujuy. La condena a un abogado por defender los derechos humanos de la ciudadanía jujeña es una escalada más de las instituciones de esa provincia en contra de la vigencia de un estado democrático de derecho.

Alberto Nallar ha sido condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva, se le impuso una multa de 7 millones de pesos y se le inhabilitó para ejercer su profesión, todo ello bajo acusaciones de instigación a cometer delitos, incitación a la violencia y motín. Estas acusaciones carecen de fundamentos, tanto fácticos como legales sólidos.

La condena de Alberto Nallar es una violación grave a la libertad de expresión, el derecho a peticionar a las autoridades y la defensa de los derechos de lxs manifestantes en una sociedad democrática. Exigimos la revisión inmediata de esta sentencia y la protección de los defensores de derechos humanos en Jujuy y en todo el país. La criminalización judicial de lxs abogadxs defensores de derechos humanos y socioambientales contradice explícitamente lo dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando se pronunció para que el gobierno jujeño garantice el derechos a la protesta en lugar de limitarlo. Lamentamos que el gobierno provincial haya impulsado estas acusaciones infundadas y que el poder judicial jujeño haya avalado este pedido, demostrando una vez más su falta de imparcialidad y su incumplimiento de sus deberes de control.

La Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas apoya el pedido de organizaciones en el compromiso de informar sobre esta situación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instancias que han reclamado en reiteradas ocasiones por la no criminalización de manifestantes en Jujuy y en otras partes del mundo.

Nos solidarizamos con Alberto Nallar y todas las personas que luchan por la justicia social y ambiental a lo largo de todo el país. La lucha por los derechos humanos y la justicia no puede ser criminalizada ni silenciada.

¿Quién comprará el GNL argentino?

por Alejo di Risio y Fernando Cabrera para elDiarioAR

En las actuales condiciones, a pesar de la reciente media sanción en Diputados de la Ley de promoción de la exportación de Gas Natural Licuado, el país enfrenta una competencia feroz y dificultades para consolidarse como un actor relevante en el mercado mundial.

La Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley de promoción de la exportación de Gas Natural Licuado (GNL). Con el respaldo de sectores oficialistas y afines, el proyecto crea un régimen promocional para grandes inversiones y define para ellas un marco fiscal inamovible por 30 años. El debate que suscitó la norma plantea preguntas sobre el futuro energético del país. El mercado mundial del GNL parece haber sido una carrera en la cual Argentina tendrá serias dificultades para ser competitiva.

El objetivo del proyecto de ley es promover la exportación del gas obtenido con fracking en Vaca Muerta y generar así las divisas que al país le faltan. Sin embargo, les permite a las empresas llevarse los dólares más fácilmente y no contempla regulaciones de carácter técnicas o ambientales.

La futura ley favorece a inversiones de más de U$S1.000 millones y les garantiza la estabilidad fiscal por 30 años. Establece retenciones de entre el 0 y el 15% del precio del gas en el buque. Las empresas podrán disponer del 50% de los dólares de las exportaciones para el pago de deudas y repatriación de inversiones. Se beneficiarán, además, de la exención de derechos de importación y tasas por servicios portuarios, entre otras.

¿Quién comprará el GNL argentino cuando competidores como Brasil y Estados Unidos ofrecen mayor capacidad de exportación, costos potencialmente más bajos, y accesos más cercanos a los mercados internacionales?

Si bien este tipo de exportación podría haber sido una oportunidad para Argentina en el pasado, las condiciones del mercado actual indican que el país enfrentará una competencia feroz y dificultades para consolidarse como un actor relevante en el mercado mundial. El GNL se presenta como una opción de alto riesgo en un país que enfrenta costos de flete más elevados debido a la distancia de los países importadores y a la falta de previsibilidad de las condiciones macroeconómicas.

Según las previsiones empresariales, el proyecto de instalación en Bahía Blanca de una planta de GNL entre la petrolera estatal malaya Petronas e YPF se terminaría en 10 años. Ante ese escenario, las empresas anticiparon la contratación de dos buques de licuefacción que pondrían en funcionamiento la exportación en menos tiempo, pero la capacidad de exportación de esa infraestructura es muy restringida.

Según estimaciones del think tank climático E3G, Europa ya superó el pico de demanda de GNL y en menos de diez años sus niveles de importación de GNL serán marginales. Al mismo tiempo, la capacidad de exportación de Estados Unidos está en vías de saturar el mercado internacional. De acuerdo a la Administración de Información de Energía de ese país, existen en Estados Unidos once nuevos proyectos de terminales estadounidenses de GNL aprobadas, aparte de las cuatro ya en construcción, que se suman a las siete existentes.

En el ámbito regional, Brasil planea múltiples terminales de GNL en la Costa Atlántica mientras contempla importar gas argentino por ductos para consumo doméstico, con la ambición de convertirse también en exportador. La proximidad de los mercados hace prever que el GNL brasileño podría tener costos de flete inferiores, planteando así otro desafío para la industria del gas en Argentina.

Este panorama suscita una pregunta crucial: ¿Quién comprará el GNL argentino cuando competidores como Brasil y Estados Unidos ofrecen mayor capacidad de exportación, costos potencialmente más bajos, y accesos más cercanos a los mercados internacionales? Samuel Ade, químico del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y analista energético del Consejo de Defensa de Recursos Naturales (NRDC) de Estados Unidos, arriesga algunas respuestas. Con experiencia previa en la industria química y en transiciones energéticas en el Caribe, Ade lidera análisis interdisciplinarios sobre las implicancias internacionales de las exportaciones de GNL de Estados Unidos.

-¿Cuáles son las tendencias y los acontecimientos más significativos del actual mercado mundial de GNL?

“Los tres principales exportadores de GNL son Estados Unidos, Qatar y Australia, y representan casi dos tercios de los volúmenes de exportación mundiales. Históricamente, China, Japón y Corea del Sur han sido los mayores importadores individuales de GNL. Sin embargo, la agresión rusa en Ucrania provocó cambios significativos en los patrones mundiales. Más de un año después, la guerra en Ucrania sigue siendo uno de los principales motores de la dinámica del mercado mundial de GNL”.

“Antes de la invasión rusa de Ucrania, los países de la Unión Europea recibían alrededor del 40% de sus importaciones procedentes de Rusia. El flujo de este gas por gasoducto hacia Europa disminuyó aproximadamente un 56% entre 2021 y 2022 y la demanda de GNL ha aumentado a corto plazo para ayudar a desplazar el suministro de gas ruso. Europa (incluida Turquía) experimentó el mayor aumento regional de las importaciones de GNL a lo largo de 2022, aumentando un 65% en comparación con 2021”.

“Este aumento inesperado de la demanda europea provocó picos de precios sin precedentes y volatilidad en el mercado mundial del GNL. En respuesta a estos elevados precios, los importadores de GNL de otras regiones (especialmente Asia y Latinoamérica) han reducido su consumo de GNL a corto plazo. Las importaciones de GNL disminuyeron un 9% en Asia y un 34% en América Latina a lo largo de 2022 en comparación con los niveles de 2021”.

“Al mismo tiempo, este aumento a corto plazo de la demanda de GNL ha suscitado un renovado interés en la expansión de las cadenas de suministro a escala mundial por parte de productores y financiadores públicos y privados”.

-¿Qué horizonte futuro imagina para este mercado?

“Aunque la demanda de GNL puede crecer en el corto plazo, muchos de los principales consumidores pretenden reducirla a mediano y largo plazo. El plan europeo RE Power EU, por ejemplo, prevé una reducción de más del 50% del consumo de gas para 2030 en relación con los niveles de 2020. Esta reducción prevista de la demanda de gas tiene importantes consecuencias para los nuevos proyectos de suministro de GNL destinados a aprovechar los elevados precios actuales del mercado generados por la crisis energética europea”.

“Dados los plazos necesarios para construir nuevas instalaciones de exportación de GNL (de 3 a 5 años en el mejor de los casos) y la vida operativa de estos proyectos una vez construidos (de 25 a 35 años), existe un riesgo significativo de que los nuevos proyectos de suministro de GNL puedan convertirse en activos varados debido a los planes más estrictos de descarbonización climática y energética de diversos países”.

“Al mismo tiempo, la industria del petróleo y el gas se apura para aprovechar la crisis energética mundial y poner en marcha nuevos proyectos. El aumento previsto de la capacidad mundial de suministro de GNL plantea interrogantes sobre la viabilidad financiera de estos nuevos proyectos; mientras que se espera que disminuyan importantes fuentes de demanda mundial de gas.Cualquier país debería considerar el desarrollo estratégico de sus recursos renovables, que podrían descarbonizar su perfil energético nacional en conjunción con sus compromisos climáticos declarados y también ayudar a poner fin a la dependencia externa”.

Alejo di Risio es periodista y Coordinador de Comunicación de la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas. Fernando Cabrera es Coordinador del Observatorio Petrolero Sur.

América Latina y el Caribe libre de fósiles

Esta semana con México y Yasuní a la cabeza, y Colombia con liderazgo global y hacia Amazonía, cada vez son mayores los pasos y demandas para dejar los combustibles fósiles bajo tierra

Ciudad de México, 24 de agosto de 2023.

Esta semana, en tres ciudades de México en simultáneo, un ciclo de 11 debates presenciales y en línea reúne a más de 40 expertos entre activistas, investigadores, ingenieros e ingenieras, abogados especializados en ambiente y líderes indígenas de México, Guatemala, Colombia, Argentina, la Amazonía ecuatoriana y Portugal, para reflexionar sobre posibles caminos hacia un modelo de generación, distribución y consumo de energía para los próximos 20 años que sea común y justo con los pueblos y la naturaleza.

El ciclo llevado a cabo en las ciudades de México, Guadalajara y Mérida termina mañana viernes, y hasta el momento convocó a más de 600 personas in situ y cerca de 7 mil en línea. Es organizado por “Nuestro Futuro, Nuestra Energía”, una propuesta de articulación impulsada por 40 espacios de diverso orden en México, incluidos organizaciones de la sociedad civil, cooperativas, sindicatos, personas trabajadoras y de la academia, para repensar y modificar el futuro socio-energético en el país, bajo las siguientes premisas:

Disminución planificada de hidrocarburos en la matriz energética. Reducción de las licencias sociales de los combustibles fósiles.
Cese de megaproyectos que atentan contra la vida en los territorios.
Multiplicación de alternativas públicas y comunitarias para la transformación socioenergética. Fortalecimiento de capacidades para que más grupos agrarios y comunidades gestionen sus bienes comunes.

El momento del lanzamiento de “Nuestro Futuro, Nuestra Energía” es oportuno en tanto se suma a muchas otras iniciativas en América Latina y el Caribe que, prácticamente de forma simultánea, buscan la disminución gradual, con mínimos impactos para los sectores más vulnerables, de la explotación de petróleo y gas en la región. Ejemplo concreto de camino hacia una transición energética colectiva y consultada que otros países pueden seguir.
Sucede justo después de que el pueblo ecuatoriano hiciera historia el domingo pasado al votar abrumadoramente a favor de dejar el petróleo y el gas bajo tierra en el Parque Nacional Yasuní. Mientras que Colombia lleva dando pasos más decididos, desde el año pasado, con la llegada al poder del presidente Petro, buscando vías para la eliminación de la dependencia fósil en el país.

Activistas encaran a emisario de Javier Milei, que busca apoyo del FMI y BM para dolarizar la economía argentina

Milei, “el gatito mimoso del poder económico” y negacionista del cambio climático, es plasmado en billete de protesta en Marruecos, donde se desarrolla el encuentro del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial

MARRAKECH, Marruecos, 12 de octubre de 2023.– Con un gran billete de 100 dólares que muestra al candidato presidencial Javier Milei como un “gatito mimoso del poder económico” y negacionista del cambio climático, ambientalistas argentinos y de otras partes del mundo protestaron en la sede donde se lleva a cabo las reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

Durante la reunión del Fondo en Marrakech, los ambientalistas presentaron una carta dirigida a su directora gerente, Kristalina Georgieva, expresando que “el FMI no puede ser condescendiente y avalar políticas económicas que impliquen un retroceso en materia ambiental”, donde condenaron el negacionismo climático de Milei y la postura pro-extractivista de los principales candidatos.

La carta ha sido firmada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), Avaaz, el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), Eco Asamblea Parque Camet, Regional AJÓ APDH, Comisión por el Agua, Taller de Comunicación Ambiental (Rosario), Ecologismo Popular Movimiento Evita Tucumán, Asamblea No a la Mina Esquel, Preservando Hudson, Organización Socio Ambiental Guardianes del Y’vera, Red Corrientes de Derechos Humanos, Fundación Arbolar, Espacio Vivo, Centro de Estudiantes de Terciarios y Tecnicaturas República Oriental del Uruguay (Cetprou), Mesa Provincial no a las Represas (Misiones – Argentina), Güerta y Energía, Conciencia Ecológica, Defensores del Pastizal, ASAMBLEA CIUDADANA AMBIENTAL GUALEGUAYCHÚ, Salvemos los Humedales Villa Constitución, Acción Consciente, Vecinos por Humedales del Río Uruguay.

CARTA-DE-LA-SOCIEDAD-CIVIL-ARGENTINA-A-KRISTALINA-GEORGIEVA-1 Descarga

Milei, candidato de la Libertad Avanza, es representado en este foro financiero por el banquero Juan Ignacio Napoli, que asiste como presidente del Banco de Valores de Argentina y miembro del Consejo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; pero además lo hace como candidato a senador por el mismo partido político y que busca apoyo al proyecto de dolarizar la economía.

El equipo de economía de Milei plantea que la dolarización es la puerta de salida a la histórica crisis económica que mantiene en deuda al país desde hace más de 70 años con el FMI, el BM y otras instituciones financieras. Sin embargo, esta decisión sería un duro golpe para el 40,1% de la población que ya vive en situación de pobreza y sus ideas generan preocupación en el Fondo.

“Las ideas de Milei van a contramano de lo que se está discutiendo en el mundo, en momentos en que incluso dentro del FMI, se discute la importancia de una reforma financiera internacional, la desdolarización, los canjes de deuda por acciones ambientales y la importancia de la integración de la economía con los Objetivos del Desarrollo Sustentable, el Acuerdo de París y el Marco Global para la Biodiversidad”, dijo Emilio Spataro, coordinador de políticas públicas de Avaaz en América Latina.

“En Argentina se presentan estas ideas como nuevas, pero son ideas que ya han fracasado en el pasado y que sólo dejaron más pobreza, inequidad y malestar social. Es preciso que el pueblo argentino aprenda de su pasado y no vuelva a repetirlo creyendo en promesas impulsadas por apostatas del dólar, que añoran volver a las épocas del consenso de Washington”, agregó Enrique Viale, presidente de la AAdeAA y el CAJE.

El dólar con el rostro de Milei, en vez del de George Washington, ha sido el emblema de las caravanas de campaña de “La Libertad Avanza”. El elemento central del dólar intervenido en Marrakech critica la campaña de dolarización del Milei, mostrándole como un “gatito mimoso de poder económico” tal cual fue definido en el primer debate presidencial, en vez de la imagen del león, qué él promueve.

Los ambientalistas agregaron en el billete elementos como las palabras “odio” y “oil” (petróleo en inglés), en vez de la palabra dólar, así como los mensajes “venta de órganos” y “privatizador de ríos” en referencias a dos controvertidas ideas del candidato. En un juego de palabras con las frases del billete también se lee “Milei: Reality Denier Of America” (en español: “Milei: el negacionista de la realidad de América”) y “The Dollar’s Boy” (“el muchacho del dólar”, traducido del inglés), jugando con el recuerdo de los Chicago Boys, la escuela de economistas neoliberales que predominaron en la década de los 90.

En el reverso del billete de protesta se puede leer la palabra “ODIO”, acusando a Milei de promover el odio y la división en la sociedad. Otros dos mensajes en el anverso del billete son: “Don’t fund climate deniers” (“No financien a los negacionistas del clima”) y “In Milei we can’t trust” (“En Milei no podemos confiar”) en lugar del célebre “In God we can trust” (en Dios podemos confiar, como dice en el billete original). En la parte inferior del billete también se puede leer: “No apoyes negacionistas”.

En los años 90 la ciencia alertó sobre los efectos del cambio climático y desde entonces, 192 países han ratificado sus esfuerzos para combatir los impactos del clima y por la pérdida de biodiversidad. Ambos temas forman parte de las grandes discusiones políticas en todos los foros internacionales.

Las ideas negacionistas sobre la crisis climática por parte de Milei no comenzaron en los debates presidenciales. En 2021 aseguró que “el calentamiento global es otra de las mentiras del socialismo” y que lo que se busca es infundir miedo. Otra de las frases polémicas y muy repudiadas fue cuando Milei propuso privatizar los ríos para solucionar la contaminación. Recientemente, en el segundo debate presidencial, Milei reafirmó su visión negacionista del cambio climático al asegurar que “todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas y lo único que buscan esas políticas es recaudar fondos”. Además, Milei ha sido claro en que si gana la presidencia, no se adherirá a la Agenda 2030 ni respetará el acuerdo de París sobre el clima.

“La población argentina está viviendo en carne propia estos impactos ambientales y económicos de las sequías, que están produciendo bajas en las cosechas de soja, maíz y trigo. Tomar decisiones políticas desestimando los esfuerzos internacionales para combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, sólo provocarán más sudor y lágrimas al pueblo argentino, en especial en las poblaciones del interior”, agregó Martina Cortez, del movimiento Salus Terrae, de Santiago del Estero.

Cambio climático en Argentina: impactos ambientales y económicos

Argentina es uno de los pocos países que captura más carbono que el que genera, de acuerdo con recientes estudios de la NASA, lo cual demuestra que está contribuyendo a las metas climáticas para la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero. De hecho, los suelos argentinos almacenan el 2% de la reserva mundial de carbono. Sin embargo, la nación no está exenta de padecer las consecuencias del cambio climático global, que ya se evidencian en su economía.

En el mes de agosto de este año, la Argentina enfrentó su peor ola de calor , con temperaturas superiores en 5 grados centígrados en comparación con el año anterior y superando a Europa, EE.UU. y China. Esto ha provocado una fuerte sequía que ya causó estragos en la economía, previamente dañada por la pandemia y luego por la guerra de Ucrania, que puso en riesgo el abasto de granos a nivel mundial. En la cosecha 2022/23, la producción de los tres principales cultivos de Argentina —soja, maíz y trigo— será 45% menor que el año anterior (cerca de 65 millones de toneladas). Este es el tercer año de sequía para la soja argentina y la de este año es la peor baja en 23 años. El costo de la sequía en el periodo 2022-2023 ascendió a US$ 14.140 millones .

El titular de la Fundación Banco de Bosques y ex vicepresidente de Parques Nacionales, Emiliano Ezcurra, dijo: “Como octavo país más grande del mundo, la Argentina es un socio estratégico contra el cambio climático y la crisis de la biodiversidad. Es importante que los programas del FMI incluyan la perspectiva de la conservación y ayuden a profundizar el compromiso de las autoridades con un fuerte rol ambiental que no es sólo bueno para el país sino que es gravitante para la humanidad”.

Y agregó: “Una Argentina que en el marco de sus ajustes productivos salga rápido hacia la transición energética, se libere de la deforestación y ofrezca cada vez más productos alimenticios sanos generados por Ia agricultura regenerativa, hará que la matriz productiva primaria sea más sólida y resiliente, aportando a cumplir las obligaciones financieras. De lo contrario, una Argentina vulnerable al cambio climático y en deterioro de su biodiversidad, siempre estará en dificultades financieras”.En noviembre de 2022, el Banco Mundial ya había recomendado a Argentina “crear un modelo de crecimiento inclusivo, resiliente y de bajas emisiones de carbono, adoptar un modelo de agricultura climáticamente inteligente, adaptar las políticas de apoyo social para incluir la transición hacia los empleos verdes. Y a inicios de octubre, Argentina presentó el plan para implementar el Acuerdo de Escazú reconociendo que el desarrollo del país no puede disociarse del cuidado del ambiente y que este esfuerzo representa “atraer más desarrollo, inclusión, equidad y más derechos“.

Contacto de prensa: email media@avaaz.org / WhatsApp +54 9 11 4068-1717

El Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) distinguido en los Premios Democracia 2023

Mar del Plata, 7 de agosto de 2023

En el marco de la 15° edición de los Premios Democracia, el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) fue distinguido por su destacada labor en la defensa y promoción de la justicia socioambiental y su compromiso con la democracia profunda. La ceremonia de distinción fue realizada en el Hotel Provincial de Mar del Plata, donde se destacó la importancia crucial de su labor en el contexto actual del avance de discursos negacionistas y meritocráticos.

Los premios son organizados desde 2009 por Caras y Caretas del Grupo Octubre. Galardonan a los argentinos y latinoamericanos que se destacan en sus valores humanitarios y democráticos y en la calidad de sus obras y actividades. El CAJE, una iniciativa respaldada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, trabaja para impulsar la defensa de la justicia social y ecológica en Argentina. Fue creado para encarar interdisciplinariamente a las múltiples crisis que afectan a la sociedad actual. Para eso el colectivo ha convocado a figuras clave en la protección de los bienes comunes y en la recuperación y profundización de las garantías de los derechos humanos y ambientales.

Su área de enfoque abarca desde las violaciones de derechos humanos y ambientales en el avance del litio o el diseño y construcción de transiciones socioecológicas integrales. La agenda de trabajo, en constante expansión, incluye también cuestiones relacionadas con el offshore de hidrocarburos, y los derechos de la naturaleza. En un contexto donde los efectos de las crisis son cada vez más graves, el CAJE aboga por la construcción de respuestas creativas y efectivas a las injusticias que la democracia todavía no ha posido saldar.

Además, destaca la importancia de pensar más allá de lo convencional para lograr la ecologización en la acción social y política. Esto implica un enfoque activo del diálogo social y político, especialmente desde las comunidades más afectadas por los extractivismos. La violación de los derechos humanos en proyectos hidroeléctricos en Chile ha sido reciente objeto de atención por parte del CAJE, que ha presentado quejas y buscado justicia en instancias internacionales.

Este premio reconoce los esfuerzos y la dedicación de CAJE en la protección del ambiente y la promoción de los valores democráticos. También destaca la relevancia del trabajo colectivo e institucional en un contexto de ataque hacia la validez de los mismos en Argentina. El compromiso con la justicia ecosocial se erige como un refugio de esperanza y acción en medio de los desafíos socioambientales que enfrenta la sociedad actual.

Aparte de la distinción en la categoría de Ambiente, las otras categorías de los Premios Democracia premiaron a las siguientes distinciones:

Artes visuales: Adriana Lestido
Ciencia y tecnología: Ana Franchi
Cine: Luis Machín
Deporte: Mara Gomez
Derechos Humanos y sociedad: ANDHES Abogados y abogadas del Noreste Argentino
Educación: Patricia Redondo
Literatura: Martín Kohan
Música: La Delio Valdez
Pensamiento argentino: Ricardo Aronskind
Teatro: Alejandra Flechner.

Organizaciones presentan una nueva acción en la justicia por el avance petrolero en el Mar Argentino

Nueva medida cautelar contra la exploración offshore

El día de la fecha, organizaciones socioambientales solicitan ante la Justicia Federal una medida cautelar por las falencias que presenta el Estudio de Impacto Ambiental de la perforación que la compañía noruega Equinor tiene autorizada para comenzar en los próximos meses en el pozo Argerich 1 del bloque CAN-100, frente a la costa de Buenos Aires. Esta acción es una nueva cautelar que se realizó en paralelo a la acción existente sobre CAN-100 presentada en enero de 2022, que se encuentra pendiente de resolución por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La acción legal fue presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, junto a Greenpeace Argentina, Ecos de Mar, Surfrider Argentina, Fundación Patagonia Natural, Kula Earth, Asociación de Surf Argentina, Organización Mar, Asociación de Surf Necochea Quequén y la Asociación de General Alvarado de Surf (Miramar).

Esta acción se presenta en simultáneo a la movilización recurrente #Atlanticazo, convocada por diversas organizaciones y la ciudadanía el día 4 de cada mes. Desde las organizaciones argumentan que existe una falta de conocimiento sobre la biodiversidad que habita en el fondo marino a perforar y, por ende, incertidumbre sobre los efectos hacia dicha fauna y flora. “Equinor está yendo a perforar a ciegas un fondo marino que desconocemos casi completamente”, agregaron desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.

La empresa ha omitido o subestimado diferentes impactos de esta actividad, afectando no solo la biodiversidad sino también la relación con los países vecinos, como Uruguay y Brasil, que podrían verse impactados por posibles derrames, de acuerdo a modelados que fueron realizados tomando parámetros meteorológicos promedio y no los peores escenarios en términos climatológicos.

A su vez, la fecha prevista para la realización de la perforación fue modificada mediante una simple autorización donde no se tuvo en cuenta a las diferentes temporadas que corresponden a los ciclos reproductivos, las migraciones de especies y los períodos de alimentación de peces, reptiles y mamíferos marinos que transitan la zona, entre ellos el Monumento Natural de la Nación, la ballena Franca Austral.

Otra falencia detectada en el estudio es que no especifica cuáles serán los elementos químicos utilizados en la perforación y los parámetros que se utilizarán para determinar cuáles se arrojarán al agua, cuáles podrán ser tratados a bordo del buque y cuáles deberán retornar a tierra para remediación y tratamiento.

Las organizaciones también señalan una falta de implementación real y efectiva del Acuerdo de Escazú, tratado internacional de carácter constitucional ratificado en el Congreso y vigente por Ley 27.566. El mismo ampara el acceso a la información y la participación pública en la toma de decisiones vinculadas con el Patrimonio Natural de la Nación.

La presión ejercida sobre la justicia en ocasiones previas resulta notoria. Los intereses corporativos han sido una constante en el ámbito judicial, generando un precedente preocupante y dejando en entredicho su imparcialidad en decisiones cruciales para el ambiente y la sociedad.

Desde las organizaciones firmantes, se insta a la justicia a que esté a la altura de la crisis social y ecológica que atraviesa él país y dé una respuesta pronta y certera sobre este esta cautelar contra la exploración offshore.

Contactos de prensa:

Gonzalo Vergez (Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas) +54 9 223 426-927

Florencia Rodriguez (Prensa de Greenpeace Argentina) +54 9 11 3761-2969

Modelado de derrame de pozo Argerich, Página 121 Anexo VII D del Estudio de Impacto Ambiental. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/equinor-can-100-pozo-argerich#1

OTRA VEZ LOS BOSQUES DE CHACO EN PELIGRO: “AUDIENCIAS PÚBLICAS” QUE ATENTAN CONTRA BOSQUES NATIVOS

Argentina – 28 de Septiembre, 2023

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) expresamos nuestro más enérgico repudio a la decisión del gobierno de Chaco de “adecuar” el mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia. Consideramos que esta convocatoria representa una nueva artimaña que socava los procedimientos técnicos, participativos y administrativos establecidos por la Ley 26.331 de Protección de Bosques Nativos.

La propuesta de ordenamiento territorial presentada por el Ministerio de Producción de Chaco en estas irregulares audiencias públicas viola flagrantemente los principios fundamentales de la Ley de Protección de Bosques Nativos y la Ley General de Ambiente. Esta propuesta no cumple con los procedimientos técnicos establecidos y el mapa resultante es regresivo, lo que significa que áreas de alto valor de conservación están siendo categorizadas como de bajo valor, permitiendo su desmonte total y favoreciendo al agronegocio.

Además, esta convocatoria no cumple con las condiciones requeridas para consultar a la población sobre asuntos ambientales, como lo establecen acuerdos internacionales a los que Argentina se ha comprometido, como lo es el Acuerdo de Escazú. La falta de información previa a la población sobre la materia a discutir y la elección de espacios que no son públicos y seguros para las audiencias públicas (insólitamente las audiencias públicas se llevarán a cabo en las sedes de las entidades empresariales del agronegocio que desmontan).

Este proceso ilegal se lleva a cabo en el contexto de una actualización del ordenamiento territorial de los bosques nativos de Chaco que carece de sustento legal, y que desde sus inicios fue caracterizado por la violencia, discriminación y amenazas a defensores y defensoras ambientales. El intento previo del gobernador Capitanich de actualizar el ordenamiento por decreto requería la ratificación del Poder Legislativo, un paso que nunca se cumplió. Además, esta nueva actualización se promueve unilateralmente desde el Ministerio de Producción, excluyendo la participación del Ministerio de Ambiente, que junto al primero conforman el Consejo Provincial de Ambiente encargado de administrar los bosques del Chaco.

Lo aquí expuesto hiere de muerte la transparencia, legitimidad y legalidad del proceso, convirtiéndolo en nulo de nulidad absoluta.

Por todas estas razones, exigimos la inmediata suspensión de esta convocatoria y llamamos al gobierno de Chaco a respetar las leyes que protegen los últimos bosques nativos de la provincia y del país. Es inaceptable que se permita el desmonte ilegal en una región que ha perdido más de 8.000.000 de hectáreas en los últimos 30 años, siendo Chaco la provincia que más deforestaciones tuvo el primer semestre de 2023 con 24.522 hectáreas de bosques nativos. La dirigencia política del Chaco debe detener el saqueo de nuestros últimos pulmones verdes y refugios de flora y vida silvestre.

Estas son medidas realizadas al servicio del poder del agronegocio, que terminan siendo quien efectúa presión al estado para garantizar sus propios intereses, pero también con graves conflictos de intereses de algunos ex funcionarios de la provincia del área de bosques que durante su gestión avanzaron los desmontes en Chaco y ahora se sumaron al proceso en carácter de productores forestales y en representación de empresas tanineras ligadas al agronegocio. Instamos al gobernador Capitanich a tomar medidas coherentes y decididas en favor de la protección de los bosques nativos y de los derechos sociales y ambientales de la población. En un contexto de crisis climática y pérdida de biodiversidad, no hay margen para políticas ambiguas que permitan la expansión de la frontera agropecuaria sobre estos ecosistemas vitales.

Contacto de prensa AAdeAA/CAJE:

Abg. Enrique Viale 1151207518

Abg. Lucas Micheloud 3413042305

Organizaciones acuerdan la necesidad de profundizar debates sobre la transición ecosocial

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2023 –

Representantes de diversas organizaciones sociales, ambientales y expertos en energía se reunieron el día de ayer para dialogar sobre los desafíos y oportunidades que presenta la transición ecosocial. El evento contó con la participación de diversas instituciones del campo que se encuentran aportando a los debates en torno a las propuestas de transición energética justa y popular.

La jornada se realizó como parte de la agenda argentina del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur. Contó con la representación de la Fundación Rosa Luxemburgo (Cono Sur), el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Geopolítica y Bienes Comunes (GYBC), Taller Ecologista – Rosario, Observatorio Petrolero Sur, Trama Tierra, Global Gas and Oil Network, y el Centro de Tecnologías Ambientales y Energía de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN).

Durante la jornada se abordaron temas que se encuentran en la agenda de los movimientos sociales y ambientales. Desde el estado actual de la matriz energética nacional hasta la transición ecosocial necesaria para dimensionar sociedades post-fósiles. Las organizaciones aportaron al debate miradas interdisciplinarias sobre la relación entre el Estado, las políticas públicas y leyes existentes, así como alternativas locales y desafíos que existen en todos los niveles para avanzar en estos procesos de transición y transformación.

El evento fortaleció la colaboración entre las organizaciones y avanzó la construcción de consensos y propuestas concretas para abordar los desafíos de la transición ecosocial en la región. En su conclusión, las organizaciones presentes acordaron en la importancia de fortalecer la colaboración del movimiento socioambiental con la academia, los movimientos territoriales, sindicatos, feminismos y movimientos por los derechos humanos.

Primaveras de Ríos libres

Por Jorge Oscar Daneri (*) para Era Verde

Un veinticinco de septiembre, de 1997, Entre Ríos declaró la libertad de sus ríos. La educación pública lo sigue celebrando cada renacimiento de las primaveras.

La constitución provincial renovada en 2008 lo consolida, para todos los tiempos, cuidando los principios de prevención como de progresividad desde el restablecimiento y sanación de los «corredores biológicos» de sus ríos y «ecosistemas asociados».

Fue y es una convocatoria política y social hacia el ejercicio de la equidad y la ética intergeneracional, que, en estos tiempos de enormes cambios globales, adquiere una desafiante provocación frente a la gestión de cuencas y la inexistente democracia participativa.

“Entre Ríos Sí, entre represas No”; «ríos libres para pueblos libres», cantaban marchando por las calles de Paraná, sus gentes celebrando aquella libertad.

En estos tiempos adquiere una dimensión simbólica y amorosa muy particular, ratificando el valor de un pueblo que supo desde la resistencia al represamiento del río más grande del país, volverse creativo y constructor social de una ley liberadora y protectora de las aguas y sus reinos de vida.

En el actual proceso electoral, en momentos de una enorme crisis civilizatoria, se convoca desde los estrados libertarios a la privatización de los ríos. Chile lo concretó durante una dictadura. Fue una calamidad. De alguna manera privatizó el ciclo del agua, único caso en el mundo. El reciente intento de reforma constitucional en el país hermano infelizmente no logró retrotraer semejante violación del derecho humano y no humano de acceso al agua saludable.

Ante la amenaza privatizadora del río, y por lo tanto de sus bienes comunes y naturales no humanos, manifestada en la presencia, belleza y milenaria diversidad biológica, la mercantilización de las vidas es un agravio a la dignidad del ser, del estar y el habitar los mundos, en paz, en convivencia y en confraternidad entre todas las especies de las que somos parte.

Somos ríos, somos naturaleza, de ella inter-dependemos, nos sostiene, alimenta, limpia y cura.

En primavera nació la ley de libertad de los ríos en un concierto federal donde los bienes naturales son del dominio originario de las provincias. Los libertarios no tendrán poder democrático legislativo para reformar constituciones, ni leyes, ni los pactos relevantes vigentes en el país, ratificados en diversos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El único modo de privatizar la vida, de transformarla en más y más mercancías, será violentando, forzando, tiranizando el contrato social mayor y provincial.

Este anunciado autoritarismo de Estado privatizador de las vidas, es impensado en la República. Deberán, el Congreso de la Nación como la Justicia, actuar con la emergencia cívica y la paz social que nuestra tierra y sus pueblos tanto necesitarán.

Y si se atreven, los entrerrianos volveremos a estar en las calles y plazas, caminaremos y navegaremos los senderos de la verdadera libertad, la de todos los seres que somos, porque somos humedal, somos Pachamama, somos naturaleza, somos la trama de la vida. Estamos abrazados a ustedes, con los nuestros y las de ayer, mil años y más, todas madres de la libertad real, verdadera, fraterna y solidaria, libertad de aguas, porque agua somos.

Celebramos ratificando el espíritu constitucional así narrado: «…La Provincia concertará con las restantes jurisdicciones el uso y aprovechamiento de las cuencas hídricas comunes. Tendrá a su cargo la gestión y uso sustentable de las mismas, y de los sistemas de humedales, que se declaran libres de construcción de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo natural de sus ecosistemas asociados…».

(*) Abogado, ambientalista, integrante de la Unidad de Vinculación Ecologista (UVE) de la Fundación La Hendija de Paraná.

Statkraft viola derechos humanos en Chile; pueblo indígena mapuche williche presenta queja en Noruega.

Statkraft avanza proyectos hidroeléctricos que violan el derecho al consentimiento libre, previo e informado, el territorio, la identidad cultural y a defender derechos humanos por parte de comunidades indígenas.
La empresa contraviene su deber de respetar derechos humanos y de aplicar la debida diligencia en sus actividades en el exterior.

Oslo, Noruega y Valdivia, Chile. 14 de septiembre de 2023. Statkraft viola los derechos humanos con motivo de proyectos hidroeléctricos que pretenden ser desarrollados en el territorio del pueblo mapuche williche del Pilmayken, en Chile.

El día de hoy, comunidades mapuche williche del territorio del Pilmayken, representados por su organización autónoma Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü y autoridades ancestrales, la machi Millaray Huichalaf, autoridad espiritual del pueblo mapuche, y el consejo de lonkos, en representación de más de 150 comunidades indígenas afectadas, presentaron en Oslo una queja contra Statkraft ante el Punto Nacional de Contacto (PNC) de la OCDE en Noruega, por posibles violaciones a las Líneas Directrices sobre Empresas Multinacionales (Directrices). Cabe destacar que Chile firmó el Convenio Constitutivo de la OCDE el 7 de mayo de 2010.

Se trata de la primera queja presentada por comunidades indígenas de América contra una empresa noruega, conforme a las recientes reformas de las Directrices, aprobadas en junio de este año. Las comunidades representan a miles de personas indígenas que habitan y usan ancestralmente el territorio Pilmayken.

En 2009, la entonces empresa chilena promovente de los proyectos hidroeléctricos solicitó la autorización oficial de los mismos sin que las comunidades fueran consultadas y participaran en los estudios de impacto ambiental, social y cultural de dichos proyectos. Statkraft adquirió en 2015 los activos de la empresa chilena y tres proyectos hidroeléctricos en el río Pilmaiquén: Rucatayo, Osorno y Los Lagos. No obstante, omitió cumplir con su deber de debida diligencia en materia de derechos humanos con motivo de dicha adquisición y continúo con el avance de los proyectos sin cambios significativos.

Desde 2011, cuando las comunidades decidieron defender su territorio, han enfrentado diversos obstáculos por parte de las autoridades chilenas, pero también retaliaciones por parte de Statkraft. Desde su involucramiento en los proyectos, la empresa se niega a reconocer la existencia, el territorio y prácticas ancestrales de las comunidades mapuche williche en el Pilmayken, así como los impactos culturales por sus actividades y el derecho a una consulta indígena y al consentimiento libre, previo e informado.

Así también, Statkraft ha omitido proporcionar información clara, exacta y completa a las comunidades sobre el desarrollo de sus proyectos. Aunque la empresa informó recientemente que ha desistido del proyecto Osorno, las comunidades no tienen confirmación del desistimiento de los permisos y autorizaciones correspondientes. Tal renuncia sucedió después de una intensa demanda de las comunidades al reconocimiento de sus derechos ancestrales.

Antes, en 2021 representantes mapuche williche tuvieron conocimiento de la restitución unilateral del complejo ceremonial Ngen Mapu Kintuante –en propiedad de Statkraft Chile Inversiones Eléctricas– a un tercero, sin consulta con las comunidades mapuche williche, a pesar del conocimiento público de un proceso de restitución de dicho complejo iniciado desde 2011 por comunidades mapuche williche. Tales actuaciones han generado división comunitaria entre las comunidades asentadas en el territorio Pilmayken, así como la creación de grupos interés que favorecen a la empresa.

Lejos de contribuir a la mitigación de abusos a los derechos humanos, la empresa ha usado su influencia para ejercer presión económica para avanzar sus proyectos, de manera que el uso de la fuerza pública y la criminalización hacia líderes comunitarios, autoridades indígenas y personas defensoras ha sido constante por parte del Estado Chileno para garantizar dicha inversión.

Las referidas circunstancias constituirían violaciones a las Directrices, que obligan a las empresas a respetar derechos humanos y a identificar, prevenir y mitigar posibles impactos en el desarrollo de sus actividades. Tal obligación se extiende a las empresas con quienes tenga relaciones comerciales, como aquellas de su cadena de suministro y empresas subsidiarias.

“El río Pilmaiquén es sagrado en nuestra cosmovisión, y junto con el territorio ancestral que lo rodea y los sitios ceremoniales, son fuente de salud, alivio espiritual, bienestar y equilibrio comunitario. Además, es un territorio rico en biodiversidad. Ahora, Statkraft quiere inundar 191 hectáreas y se niega a reconocer nuestros derechos e identidad sobre dichos territorios”, señala Millaray Huichalaf Padrines, autoridad espiritual tradicional mapuche williche.

Las empresas subsidiarias de Statkraft en Chile se han negado sistemáticamente a reconocer los derechos como indígenas sobre los territorios donde pretenden desarrollar sus proyectos. Por eso, las comunidades mapuche williche acuden al PNC de Noruega, un mecanismo no judicial de mediación, para buscar un remedio a los referidos abusos, tomando en consideración la responsabilidad de Statkraft SA como empresa matriz –propiedad del Estado Noruego– de conformidad con las Directrices, pero también en consideración a la Ley noruega de Transparencia.

Las comunidades quejosas esperan que el PNC Noruego conozca de las posibles violaciones a los derechos humanos en que la empresa noruega estaría incurriendo con motivo de sus proyectos en Chile. Así también, que admita la queja y llame a Statkraft a reconocer los derechos de las comunidades quejosas e impida la continuación de acciones empresariales contrarias a las Directrices.

Así también, que Statkraft genere mecanismos de diálogo y participación genuinos con las comunidades, use su influencia para detener la división comunitaria y la criminalización y violencia contra líderes comunitarios, autoridades indígenas y personas defensoras –particularmente mujeres– con motivo de sus proyectos. Finalmente, que aplique estándares adecuados de debida diligencia para reconsiderar su inversión en el territorio mapuche williche.

En la queja presentada el día de hoy, las comunidades mapuche williche cuentan con la asistencia y acompañamiento de Manuela Royo Letelier, Andrea Pietrafesa, el Colectivo de Acción por la Justicia Social (CAJE) y la Iniciativa para la Justicia Transnacional, una organización liderada desde el Sur Global que tiene como misión el asegurar la justicia transnacional y la rendición de cuentas empresarial mediante la colaboración, el apoyo y el fortalecimiento de contrapartes ubicadas en el Sur Global que defienden los derechos económicos, sociales y culturales.

Contacto:

Andrea Pietrafesa (+54) 9 2324 46-4836 / andipietrafesa@gmail.com

Silje Kvanvik (+47) 418 52 691 / Silje@lagnorge.no

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas // Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Justicia Social y Ecológica