Por Sebastián Pilopara La Nación. Abogado especializado en Justicia y Gobernanza Democrática. Colaborador en la Asociación Argentina de Abogadas/os Ambientalistas
El Poder Ejecutivo incluyó como una de las prioridades del Congreso para este verano reformar la ley que establece los presupuestos mínimos de protección sobre el área glaciar y periglaciar de la Argentina. El proyecto avanza escondido detrás de la reforma laboral, la edad de imputabilidad y otras modificaciones normativas cuya discusión pública genera mayores incentivos para los medios de comunicación.
La discusión que ha tenido hasta ahora la norma ha sido sumamente escasa y se ha centrado, lógicamente, en torno a los posibles retrocesos en materia de protección ambiental, los riesgos de desmantelamiento del sistema de presupuestos mínimos previsto por nuestra Constitución Nacional, así como en las tensiones ante los modelos que promueven un desarrollo basado fundamentalmente en la extracción y exportación de naturaleza sin valor agregado o desarrollo de capacidades locales. Sin embargo, me interesa hacer foco aquí en aspectos hasta ahora no incorporados al debate y que, paradójicamente, se utilizan discursivamente en favor del proyecto, a pesar de que es justamente esa iniciativa la que los pone en riesgo.
Se trata del reclamo que habitualmente se enarbola desde el empresariado -especialmente en actividades que requieren niveles de inversión significativos- en torno a la necesidad de que el Estado brinde un marco de “seguridad jurídica” frente a dichas inversiones. Se argumenta que es necesario que las normas sean claras, y que no estén sujetas a cambios eventuales que “alteren las reglas del juego en la mitad del partido”. Veremos que son, justamente esos, objetivos sobre los que el proyecto va en detrimento.
La actual “Ley de Glaciares” tiene, entre otras, una virtud muy clara: dejó establecido en forma indubitable aquello que está permitido hacer y aquello que está prohibido. No depende de interpretaciones complejas sujetas a controversia, ni de la voluntad de ningún funcionario con lapicera. Bajo su vigencia, se estableció un sistema de protección universal: todos los glaciares y geoformas asociadas deben ser preservados y se prohibieron actividades que pudieran dañarlos.
Este tipo de normas, definidas como “presupuestos mínimos de protección ambiental”, no solo atienden a una lógica ecológica, sino que buscan garantizar un marco jurídico uniforme en todo el territorio nacional, tal como exige la Constitución en su artículo 41.
De aprobarse la reforma propuesta, en cambio, pasaremos a un sistema por el cual una serie de funcionarios provinciales podrá decidir -incluso contradiciendo eventualmente al criterio científico y técnico del IANIGLIA como organismo nacional especializado en la materia-, qué áreas merecen protección y cuáles no, sin más ancla o referencia legal que su propia interpretación. Las aprobaciones o prohibiciones de proyectos serán tan oscilantes e imprevisibles como lo sean los cambios de gobiernos provinciales y climas sociales de coyuntura. A la vez, tanto la nueva ley en general como cada uno de los proyectos que pretendan implementarse serán judicializados -con resultados inciertos en cada caso-. Es exactamente aquello que, desde una perspectiva de “seguridad jurídica”, se pretende evitar.
En un país con necesidades económicas pronunciadas y riesgos de fiscalidad deficitaria en muchas provincias, no es difícil imaginar que muchas de ellas van a competir por los mayores niveles de desprotección ambiental, como forma de atraer capitales extractivos. Esta “carrera hacia abajo” en materia ambiental y regulatoria es precisamente lo que genera conflictos con la preservación de bienes comunes y derechos colectivos, sin que exista claridad sobre qué debe prevalecer en cada caso.
Tampoco es difícil de ver el modo en que, transferir la capacidad regulatoria desde el Poder Legislativo Nacional hacia los Poderes Ejecutivos provinciales, puede incrementar los riesgos de corrupción y desvíos de poder: si de un decisor público dependerá la realización o no de un negocio multimillonario, los incentivos para que ese funcionario o funcionaria acepte participar de algún modo de esa rentabilidad crecen exponencialmente.
Finalmente, resta sumar un punto significativo respecto de los impactos de este proyecto en torno a la seguridad jurídica. La Ley de Glaciares se sancionó hace pocos años, como producto de una enorme participación social (especialmente después del veto presidencial sobre la primera versión de la norma) y no se han producido luego de ello descubrimientos técnicos o novedades tecnológicas que justifiquen el cambio de reglas. Dicha modificación, en cambio, está impulsada exclusivamente por una modificación circunstancial del criterio político de los legisladores. Entonces, ¿No pueden acaso aquellas poblaciones a las que se les prometió un marco jurídico que protegería en forma estable su acceso al agua potable protestar por la interrupción intempestiva de esa protección? La “seguridad jurídica” no debe ser interpretada como un derecho que sólo debe brindar garantías al sector empresario.
Finalmente, es obvio que si una mayoría legislativa circunstancial puede decidir reformar la norma de este modo, una nueva mayoría distinta podrá restituir la protección en unos años, arruinando la actual expectativa de negocios tanto como ahora se busca desarmar la expectativa de protección del recurso hídrico.
El desafío que enfrentamos como sociedad es construir un marco jurídico estable, basado en el conocimiento científico, que resguarde el interés general sin diluirlo en la discrecionalidad de quien administra el poder. Así se fortalece, no solo el ambiente, sino también la credibilidad de nuestras instituciones y la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho.
Lejos de una discusión técnica, el intento de reformar la Ley de Glaciares es una decisión política hecha a medida del lobby minero: busca habilitar proyectos hoy prohibidos, debilitar la protección del agua y consolidar un modelo extractivo regresivo, inconstitucional y ambientalmente irreversible.
La reforma a la Ley de Protección de Glaciares que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional no puede interpretarse como un debate técnico ni como una discusión jurídica. Tampoco responde a una supuesta necesidad de “modernización” normativa frente a la crisis económica que atraviesa nuestro país. Lo que se intenta presentar como un modificación legal es, en realidad, una definición política de gran impacto, que vuelve a colocar en el centro del conflicto el extractivismo como modelo de maldesarrollo y la disputa por los bienes comunes.
Ley de Protección de Glaciares que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional vuelve a colocar en el centro del conflicto el extractivismo como modelo de maldesarrollo
No tenemos dudas de que estamos frente a la “reforma Barrick Gold”. Una modificación elaborada a la medida de las grandes corporaciones mineras transnacionales que, desde hace más de una década, presionan de manera sistemática para flexibilizar o vaciar la protección de glaciares y ambientes periglaciares. Hoy, esa vieja aspiración corporativa encuentra una nueva oportunidad política bajo el actual gobierno libertario, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y una ofensiva geopolítica más amplia orientada a desmantelar los presupuestos mínimos de protección ambiental.
La Ley de Glaciares (26.639) no constituye obstáculo alguno para la actividad minera en nuestro país como repiten desde la mesa minera y los discursos oficiales. Se trata de un sector hiperliberalizado que goza de privilegios extraordinarios, regalías irrisorias escandalosas y ganancias definidas por simples declaraciones juradas que hacen las propias corporaciones mineras. En cambio, la ley de glaciares contiene un límite básico -democrático y constitucional- al avance del extractivismo (minero e hidrocarburífero), sobre ecosistemas frágiles y estratégicos, estableciendo zonas de exclusión frente a actividades de alto impacto ambiental.
Entonces lo que hoy se encuentra en disputa no es solo una ley ambiental, sino el sentido mismo de la política pública frente a la crisis ecosocial. Se trata de decidir si la Argentina continuará contando con una legislación que resguarda de manera efectiva sus glaciares y ambientes periglaciares —una de las principales reservas de agua dulce del país— o si avanzará hacia su desprotección sistemática, legitimada con recicladas promesas desarrollistas con la única intención de habilitar la expansión minera en territorios que hasta ahora permanecen protegidos legalmente.
En ese marco, la reforma de la Ley de Glaciares no aparece como un hecho aislado, sino como una pieza central de una reconfiguración regresiva del estado de derecho ambiental, donde se vuelve a usar la crisis económica como oportunidad para profundizar el saqueo, debilitar los derechos colectivos y consolidar un modelo extractivo cada vez más excluyente, dependiente y territorialmente desigual.
La reforma tiene nombres y apellidos
Para entender mejor el objetivo de la reforma que impulsa el lobby minero, es necesario aclarar que lo que buscan son los minerales que se encuentran debajo de los glaciares, y que la actual Ley los protege y prohíbe su destrucción. No es que quieren los glaciares para llevárselos “en cubitos” o “en helicóptero”, como intencionalmente confunden los trolls libertarios en redes, para intentar ridiculizar nuestro reclamo. Como lo venimos denunciando, esta avanzada tiene actores concretos, intereses muy definidos y territorios claramente identificables. La reforma tiene nombres y apellidos. En San Juan, los proyectos que presionan para modificar la Ley de Glaciares son emblemas del modelo extractivo a gran escala: Veladero, operado por Barrick Gold en sociedad con la estatal china Shandong Gold; el Proyecto Vicuña, de Lundin Mining y BHP; El Pachón, de Glencore; y Los Azules, de Río Tinto. Todos estos emprendimientos, manejados por las corporaciones mineras más grandes y poderosas del planeta, de llevarse a cabo bajo el régimen legal vigente, violarían la Ley 26.639. En Mendoza, el gobernador (filo libertario) Alfredo Cornejo aprobó recientemente ocho proyectos de exploración en zonas glaciares y periglaciares, anticipando el tipo de decisiones que se multiplicarán si la reforma prospera.
Crisis Climática
Esta ofensiva minera se produce, además, en un contexto global y nacional alarmante. Una crisis climática y ecológica que nos coloca ante un punto de inflexión histórico, posiblemente de no retorno. Los glaciares son las reservas estratégicas de agua dulce, reguladores del clima, sostienen numerosas cuencas hidrográficas, garantes de la vida de miles de comunidades y piezas clave en el equilibrio de los ecosistemas de montaña. Su función no se limita a alimentar ríos de deshielo sino que cumplen un rol central en la regulación climática, la biodiversidad, la estabilidad de los suelos y la seguridad hídrica de muchos territorios.
Hace apenas unos días, Naciones Unidas alertó sobre la “bancarrota hídrica” global, destacando el papel fundamental que cumplen los glaciares frente al calentamiento global. En un mundo cada vez más caliente, más seco y más desigual, los glaciares actúan como reservas naturales de agua, amortiguan sequías, regulan caudales y sostienen economías regionales enteras y en Argentina abastecen del vital recurso a gran parte de nuestro territorio. Avanzar sobre ellos es avanzar contra la ciencia, contra los consensos climáticos internacionales y contra el principio precautorio que debería guiar toda política pública en contextos de incertidumbre y riesgo irreversible.
No es casual que esta reforma se inscriba en una agenda más amplia de negacionismo climático, promovida por el gobierno libertario en nuestro país y por las extremas derechas a nivel global. Se trata de una visión que reduce la naturaleza a una mera mercancía, desprecia el conocimiento científico y concibe los bienes comunes como obstáculos al mercado. En esa lógica se inscribe esta reforma minera, que concibe a los glaciares y ambientes periglaciares no como reservas estratégicas de agua ni reguladores del clima, sino como “problemas legales” que deben ser removidos para facilitar negocios de cortísimo plazo para un puñado de corporaciones trasnacionales y de larguísimos e irreversibles daños ambientales y sociales para las mayorías.
Inseguridad Jurídica y Judicialización
Desde el punto de vista jurídico, el proyecto de reforma P.E. 161/25 resulta abiertamente regresivo e inconstitucional. El artículo 41 de la Constitución Nacional establece con claridad que corresponde a la Nación dictar normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental, que funcionan como un piso común, obligatorio e inderogable por parte de las provincias que, pueden complementarlo y ampliarlo, pero nunca reducirlo. Esta arquitectura constitucional fue diseñada precisamente para poner límites al poder político frente a presiones económicas como las que estamos viendo, recordando que la Constitución no existe para acompañar los ciclos del poder, sino para contenerlos. La reforma propone exactamente lo contrario.
Paradójicamente, quienes impulsan esta reforma prometen “seguridad jurídica” y “más inversiones”. Más allá que la seguridad jurídica no es solo para las corporaciones, los ciudadanos también tenemos derecho a que se mantengan las normas que protegen nuestro bienes esenciales, como el agua. También desde el punto de vista empresarial, una norma regresiva e inconstitucional está destinada a ser judicializada, suspendida y declarada inválida. Además que, como está redactada la reforma, la protección de un glaciar dependerá de la voluntad política del gobernador, lo que podrá cambiar con cada elección. El resultado será exactamente el contrario al que busca el sector minero: mayor inseguridad jurídica, paralización de proyectos, conflictos territoriales y responsabilidades políticas y judiciales para quienes impulsan este retroceso. No hay inversión posible sobre la base de la destrucción de las reservas de agua y el incumplimiento de nuestra Constitución Nacional.
Es hora de interpelar a los Senadores
Esta reforma no es inevitable, tiene responsables. Por eso cada senador y senadora deberá decidir en los próximos días de qué lado está: del lado de Barrick Gold y las corporaciones mineras, o del lado de las comunidades, la Constitución y la defensa del agua y la vida. Su decisión quedará escrita para siempre en la historia.
Junto a organizaciones socioambientales, asambleas territoriales y espacios jurídicos de todo el país estamos impulsando una consigna clara y urgente: #LaLeydeGlaciaresNoSeToca. En las Sesiones Extraordinarias de febrero, el gobierno libertario, algunos gobernadores (y sus Senadores) y las grandes corporaciones mineras intentarán desarmar una de las leyes ambientales más importantes de Argentina. No podemos permitirlo. La decisión, ahora, está en manos de Senado, pero también en nuestras manos, es tiempo de escribir a cada legislador/a, de movilizarse en cada uno de los territorios y de exigirles una respuesta clara:
¿Va a votar con las megamineras o con las comunidades que defienden el agua?
Especialistas, organizaciones socioambientales, científicas y de la sociedad civil advirtieron que el proyecto del Gobierno pone en peligro las aguas, es inconstitucional y sólo es funcional a la megaminería.
Este martes, en el Plenario de Comisiones del Senado, se debatió el proyecto del Poder Ejecutivo que busca modificar la Ley N.º 26.639, conocida como Ley de Glaciares. La jornada estuvo marcada por fuertes cuestionamientos de referentes jurídicos, científicos y organizaciones ambientales, que coincidieron en una advertencia central: la iniciativa no es una actualización técnica, sino un intento de desmantelar los presupuestos mínimos de protección del agua en la Argentina.
Durante la reunión expusieron Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas; Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); Agostina Rossi, de Greenpeace; Pablo Villagra, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas, Eugenia Testa, del Círculo de Políticas Ambientales, Manuel Jaramillo de Fundación Vida Silvestre Argentina, Gabriela González Trilla, investigadora de CONICET,
“Esto destruye la arquitectura de los presupuestos mínimos”
En su intervención, Enrique Viale lo definió sin rodeos: “Es la reforma Barrick Gold”.
Señaló que el proyecto avanza sobre un núcleo duro del derecho ambiental argentino:
“Las leyes de presupuestos mínimos son una arquitectura que este proyecto tira por la borda. La destruye. Y esto no es menor, porque tenemos otras leyes de presupuestos mínimos. ¿Qué va a pasar después? ¿Vienen por los bosques? ¿Vienen por los ríos? ¿Por la Ley General del Ambiente?”
Viale remarcó que no se puede desarmar por ley lo que está consagrado en la Constitución Nacional, y calificó la iniciativa como “flagrantemente inconstitucional” por violar el artículo 41, que obliga al Estado nacional a fijar pisos comunes de protección ambiental.
En ese sentido, advirtió sobre el impacto territorial concreto de la reforma:
“En Mendoza el 4% de la provincia es irrigable, el resto es desierto. ¿Cómo no van a tener relevancia hídrica los glaciares?”
También denunció el desplazamiento deliberado de la ciencia del proceso de toma de decisiones:
“Dejar la ciencia afuera no me parece casual. Desdeñar la ciencia… al IANIGLA lo destrozan, lo dejan casi sin funciones. Un subsecretario de minería de una provincia le va a escribir al IANIGLA diciendo ‘al glaciar tal, sacalo’, y va a estar amparado por la ley.”
Y cerró con una definición política que sintetizó el sentido del proyecto:
“Esta reforma tiene nombre y apellido: es la reforma Barrick Gold. Estas grandes mineras transnacionales tienen prontuario, no tienen pasado.”
Viale también cuestionó el procedimiento acelerado y sin debate social, en contraste con el proceso participativo que dio origen a la ley en 2010:
“La sociedad argentina tiene al agua como un piso mínimo. El problema es que este procedimiento se está haciendo a puertas cerradas, porque si no… El proceso participativo del 2010 fue enorme. No como esto que se está haciendo ahora, un tratamiento exprés para votarla un día después de Navidad.”
Intervención Completa de Enrique Viale (AAdeAA-CAJE)
Napoli (FARN): “Este proyecto va a estar 40 años en tribunales”
Por su parte, Andrés Napoli subrayó que el proyecto reduce el alcance de la protección y abre una etapa de alta conflictividad judicial:
“Los glaciares tienen muchas otras funciones ecosistémicas más allá de proveer agua: funciones climáticas, de biodiversidad.”
Napoli calificó la reforma como regresiva, al achicar áreas protegidas y avanzar sobre estándares ya consolidados:
“Si tenemos que reformar la Ley de Glaciares, hay que dar seguridad jurídica. Este proyecto hace exactamente lo contrario. Va a estar en tribunales 40 años.”
También puso el foco en los actores ausentes del debate:
“¿Dónde están los vecinos afectados, las comunidades, las personas en situación de vulnerabilidad que viven en las zonas críticas de la explotación de glaciares?”
En relación con el Inventario Nacional de Glaciares, Napoli advirtió que el proyecto lo desarma en los hechos:
“Se va a desbaratar el inventario, porque ahora cada provincia puede decirle al IANIGLA qué poner y qué sacar. Van a suceder cosas cada vez más graves que se van a judicializar.”
Además, recordó que los presupuestos mínimos implican una tutela común y uniforme, y que si existen problemas en definiciones técnicas, deberían abordarse de manera puntual y no mediante un vaciamiento general de la norma.
Greenpeace: datos científicos que el proyecto ignora
Desde Greenpeace, Agostina Rossi aportó datos clave que refuerzan la gravedad del retroceso propuesto:
“El 20% de la infiltración que llega a las napas depende del ambiente periglacial. En años de sequía puede llegar al 50%.”
Rossi advirtió que el proyecto va en contra del consenso científico internacional, no solo argentino, y recordó que el contexto actual es mucho más crítico que en 2010:
“La Ley se pensó en un contexto de crisis climática que no se esperaba que tuviera las consecuencias que tiene hoy. Los glaciares son aliados en esta lucha.”
En ese marco, fue clara:
“Las modificaciones propuestas cambian completamente el espíritu de la norma.”
Aves Argentinas: estándares ambientales y desarrollo no son opuestos
Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas, cuestionó el argumento económico del proyecto:
“Las empresas que queremos son las que cumplen estándares y apuestan a largo plazo. No buscan libertad absoluta, buscan certidumbres.”
Y agregó:
“Los flujos de inversión más importantes van a los países con los estándares ambientales más altos. El argumento económico está planteado al revés.”
Casañas utilizó una imagen contundente para graficar el absurdo de la reforma:
“A nadie se le ocurriría pasar una autopista por arriba del glaciar Perito Moreno simplemente porque no tenga una función hídrica directa. Debilitar estos estándares es romper el equilibrio.”
También recordó un punto clave del derecho ambiental:
“Es cierto que las provincias tienen dominio originario sobre los recursos naturales, pero el ambiente no reconoce fronteras políticas.”
IANIGLA: “No fuimos consultados”
Finalmente, Pablo Villagra, director del IANIGLA, aportó una mirada desde la ciencia pública:
“Las provincias con mayor superficie de glaciares son Santa Cruz, San Juan y Mendoza. Pero los glaciares son más importantes en los Andes desérticos.”
Villagra fue directo sobre la realidad mendocina:
“Yo estoy en Mendoza: todo el agua que consumimos viene de la nieve o de los glaciares.”
También cuestionó el esquema institucional propuesto por la reforma:
“Este esquema donde la autoridad local pasa a formar parte de la autoridad nacional es un debate oscuro. No estaba resuelto en la ley original y no se resuelve en esta. En lugar de dar seguridad jurídica, genera un limbo.”
Y cerró con una afirmación grave:
“Nosotros no fuimos consultados para la redacción de la nueva ley.”
Un consenso claro: la Ley de Glaciares no se toca
El plenario dejó en evidencia un consenso transversal entre especialistas y organizaciones: el proyecto debilita la protección del agua, desplaza a la ciencia, fragmenta la gestión de cuencas y expone al país a conflictos sociales y judiciales de largo plazo.
Desde AAdeAA–CAJE reafirmamos que defender la Ley de Glaciares es defender el agua, las cuencas y la vida. En un contexto de crisis climática, retroceder en los presupuestos mínimos no es una opción.
El proyecto para modificar la Ley N.º 26.639, conocida como Ley Nacional de Glaciares, que ya ingresó al Senado, apunta a desmantelar el régimen de presupuestos mínimos que hoy protege glaciares y ambiente periglacial, es decir, las reservas estratégicas de agua más importantes de la Argentina.
Un viejo anhelo de las grandes mineras transnacionales pretende llevarse a cabo en este verano argentino. En el día de ayer el gobierno nacional presento un proyecto para modificar la Ley N.º 26.639, conocida como Ley Nacional de Glaciares, que ya ingresó al Senado y busca ser aprobado en sesiones extraordinarias durante el verano. La iniciativa apunta a desmantelar el régimen de presupuestos mínimos que hoy protege glaciares y ambiente periglacial, es decir, las reservas estratégicas de agua más importantes de la Argentina.
Tal como se había anticipado y como viene siendo la regla desde que asumió este gobierno, la reforma representa un gravísimo e inaceptable retroceso en la protección del agua, en un contexto de crisis climática, de retracción acelerada de glaciares y creciente estrés hídrico en todo el país.
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El proyecto del gobierno introduce cambios estructurales que alteran por completo la letra y el espíritu de la ley vigente. En primer lugar, todos los glaciares podrían ser destruidos. ¿Porque puede suceder esto? Porque la reforma elimina la protección automática que hoy establece la ley y la reemplaza por un sistema discrecional. Mediante una simple declaración de una autoridad provincial, un glaciar puede quedar fuera de la protección legal y ser habilitado para actividades extractivas.
En segundo lugar, el proyecto también elimina la prohibición expresa de realizar minería sobre el ambiente periglacial. La Ley de Glaciares actualmente vigente reconoce que glaciares y periglaciares conforman un sistema único, indispensable para la regulación del agua. Desproteger el periglacial implica, en los hechos, permitir la destrucción del glaciar. El ambiente periglaciar no solo contienen glaciares que no vemos a simple vista (glaciares de roca), sino suelos congelados o permafrost, que son reguladores hídricos, y cuya importancia es crucial en tiempos de cambio climático y estrés hídrico. Intervenir en las áreas periglaciares donde existe agua congelada, ya sea en superficie o en profundidad, significaría perder hielo que no se recuperará nunca más y alterar procesos que sostienen el caudal de las cuencas. Por eso la actual ley prohíbe actividades allí: porque el daño sería irreversible. Fuera de estas zonas, la Ley 26.639 no es el instrumento que regula qué actividades pueden hacerse o cómo deben hacerse.
Doce provincias argentinas tienen glaciares en su territorio: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Según el Inventario Nacional de Glaciares publicado en 2018 por el IANIGLIA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), los 5.769 km² de glaciares andinos inventariados (es decir, excluyendo las Georgias y Sandwich) representan el 0,21% del total del territorio argentino en el continente americano. A eso cabe sumar la gran superficie del ambiente periglacial correspondiente a la definición de la Ley, y que incluye no solo glaciares de escombros, sino también el permafrost (suelos congelados). Pero la ambición de las grandes mineras no permite ningún tipo de límites para su voraz accionar, que pretende llevarse hasta los minerales debajo de estas geoformas, sin importar las consecuencias devastadoras e irreversibles para la población y los ecosistemas.
Tal como está formulada, la ley de protección de los glaciares sancionada en 2010 apunta a proteger las cuencas hídricas, las cuales presentan una unidad ecológica y funcional, de carácter interprovincial, y por ende no pertenecen a una sola jurisdicción provincial. Por eso invocar al “federalismo” es un error que puede costarnos muy caro. Las aguas nacen en una provincia, cruzan su territorio y continúan su curso a través de uno o más provincias, regando campos y ciudades, abasteciendo así a diferentes poblaciones. Al tratarse de cuencas interprovinciales, compete también al Estado Nacional el ser garante de la unidad de cuenca, dado que cualquier actuación o determinación legal en la gestión de las aguas afecta a todos los territorios de las distintas provincias por las que estas discurren. El objetivo es así lograr el mejor instrumento para un uso eficiente y sostenible de un recurso escaso y vulnerable, garantizando la solidaridad entre las diferentes provincias, en función de un concepto de territorio nacional. Esto quiere decir que las provincias no pueden disponer de modo exclusivo y discrecional de los recursos hídricos interjurisdiccionales, ya que las cuencas hídricas no admiten potestades provinciales exclusivas y, por ende, compete a toda la nación y al pueblo argentino.
En 2025, el año internacional de la conservación de los glaciares, el gobierno nacional pretende modificar la Ley Nacional de Glaciares, habilitando a las provincias para realizar modificaciones al gusto de cada una, siguiendo las directivas del lobby minero. Se busca subvertir así el marco legal imperante, apelando a un falso federalismo, para ampliar la zona de explotación minera. Modificar la Ley de Glaciares en este sentido es ambientalmente riesgoso y jurídicamente ilegal. El proyecto viola el principio de no regresión ambiental, reconocido por la Constitución Nacional y por el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), que prohíbe disminuir los niveles de protección ya alcanzados. En lugar de fortalecer la protección del agua frente a la crisis climática, el gobierno busca debilitar la única norma que pone un límite claro al avance de la megaminería en las cabeceras de los ríos.
Una vez destruido un glaciar, no hay ninguna posibilidad de recomponerlo. Su destrucción es para siempre. Por ello es que necesitamos más que nunca apelar a un principio básico, que va más allá del voto y de la identidad política: proteger los glaciares y el ambiente periglacial es proteger el agua, las cuencas y el futuro de toda la nación; en definitiva, es proteger la vida. Llamamos a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, a las comunidades, al periodismo y a los representantes legislativos a defender la Ley de Glaciares, tal cual está, sin modificaciones, y a impedir cualquier retroceso en la protección de las reservas estratégicas de agua de la Argentina.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe y a las ciudades de Rosario y Victoria implementar acciones urgentes para preservar el Delta del río Paraná de los incendios. “Es un fallo histórico porque pone el punto de la i donde corresponde, jerarquiza la democracia ambiental, el federalismo de concertación y esto es muy importante, dijo a AIM Jorge Daneri, miembro de la Unidad de Vinculación Ecologista de la Fundación La Hendija, de la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas (Aaaa) y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (Caje).
“El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre los incendios en el Delta es un fallo histórico”, enfatizó Daneri a esta Agencia.
El abogado ambientalista señaló que el mismo, “pone en presencia, en valor, de alguna manera resucita o reinventa el Plan Estratégico de Desarrollo Sustentable del Delta que se acordó entre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y el Estado nacional en el año 2008 cuando aquellos mega incendios, que luego se han repetido durante la pandemia y estos últimos años. Es relevante porque no solo marca la incapacidad de los gobiernos de ejercer el federalismo de concertación, sino porque además pone en su lugar a las ambientales, las sienta en las sillas y en la mesa redonda donde otras áreas de los gobiernos, en esas escalas de gestión política, los niegan, las ignoran, las ningunean, las olvidan, las descartan en función de intereses corporativos, de simplificación de los territorios, de delimitaciones geográficas inventadas por nosotros los seres humanos que niegan la visión de Cuenca, que niegan la realidad sinérgica y sistémica de un ecosistema más que sensible”.
Además, este fallo es relevante “porque el fenómeno de los incendios, en cuanto a la aplicación que le exige la Corte a las provincias, a su implementación porque el plan ya existe, a su despliegue, se aplica a otros conflictos socioambientales en la misma área, y que directamente se relaciona con las causas de los incendios, que es la desertificación del Delta a partir de los intentos de mayor profundización, de mayor dragado, de que el Delta se adapte a los megabarcos de exportación, como así se pretende en el proyecto de licitación que el Gobierno nacional está impulsando y que fue frustrado por un dictamen también relevante de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Federal a principios de años, y que ahora se intenta nuevamente llevar adelante a partir de una audiencia pública ambiental ficticia, fraudulenta, donde se ponen estudios totalmente desactualizados; estudios totalmente privatizados, sin intervención de las áreas ambientales, del Piecas, de todos los ámbitos que establece la legislación de presupuestos mínimos ambientales”.
En este sentido, remarcó Daneri, “La Corte pone en valor el Piecas, que tiene que intervenir en todos los escenarios vinculados a la protección de la diversidad biológica, de la diversidad hictícola, de todo proyecto de mega infraestructura, desde un puente, un túnel, desde una mayor profundización y artificialización del río. Todos escenarios absolutamente negados desde el 2013-14 en adelante de una manera realmente muy grave”.
Finalmente, indicó el abogado ambientalista, “el fallo destaca un punto relevante, el 9, que invito a poder analizarlo y considerarlo. Especialmente, la Corte condena a los tres Estados provinciales y al Estado nacional a la implementación de algunos de sus anuncios, como son todos los mecanismos de monitoreo, los faros que se iban a construir y que quedaron en una ejecución totalmente lenta, sin conocimiento de los pueblos en cuanto a sus resultados; la falta de una dinámica, de un activismo en el funcionamiento de la dirección y de la coordinación del Piecas que es realmente muy grave”.
“Es notable lo que el fallo destaca de los informes que le han presentado a la Corte las provincias donde casi la palabra Piecas no existe, son informes sectoriales vinculados exclusivamente a lo hecho o no hecho en cada provincia, pero que no articula, no transversaliza, no hay sinergias, no hay concertación, no hay conversación, no hay acuerdos”.
“Es un fallo histórico porque pone el punto de la i donde corresponde, jerarquiza la democracia ambiental, el federalismo de concertación y esto es muy importante. Pero lo hace, poniendo en su lugar a las leyes de presupuestos mínimos ambientales y esto es relevante. La concertación federal no puede atacar las leyes de presupuestos mínimos ambientales ya vigentes que son aplicables para todo el territorio de la República Argentina, y esto es una ratificación de la Corte de la importancia de las áreas ambientales, negadas brutalmente en el proceso hidrovía Paraná-Paraguay hasta el día de hoy; y relevante para todos los escenarios, particularmente el sistema ambiental Delta y sus ecosistemas asociados”, concluyó Daneri.
Sam Altman, uno de los creadores del ChatGPT, anunció una revolución tecnológica en Argentina, con un nuevo megacentro de datos en la Patagonia. De concretarse, nuestro paisaje se convertiría en zona de sacrificio. Territorio, energías y aguas cedidas a cambio de una inversión que el gobierno de Milei intenta capitalizar en dólares y credibilidad en campaña electoral. ¿Stargate es una promesa vacía? ¿Un sueño digital de ciencia ficción? ¿O la nueva cara del colonialismo de los tecnoricos en el Sur global?
Sam Altman es uno de los creadores de la marca ChatGPT. Mira a cámara con los ojos tan abiertos como puede, delante de un pequeño escaparate iluminado por LEDs tenues y cuidadosamente arreglado para el anuncio institucional que está haciendo. Promete una revolución tecnológica sumando a Argentina a su proyecto llamado “Stargate”. En el anuncio elogia a Milei y al pequeño fondo que será su socio local en la instalación de un megacentro de datos en la Patagonia, que podrá usar hasta 500 MW y que requerirá una inversión publicitada de hasta US$ 20–25 mil millones. Detrás suyo se ve una serie de libros. El más legible es Anthem, la novela corta de Ayn Rand, en la cual imagina el futuro más distópico que los techbros y libertarios pueden concebir: uno en que el colectivismo ha triunfado completamente y la intervención estatal es total. En su historia, cualquier forma de la individualidad es ilegal y no hay forma del pronombre “yo”, solo hay “nosotros”. La cara de Sam Altman parece retocada. Como las cuentas de OpenAI y Altman no hacen eco del anuncio, en twitter la gente duda de si es un video real o si está hecho con IA.
Demian Reidel llora. Vuelve a apretar play y vuelve a llorar. Ve el anuncio varias veces, y una y otra vez, se vuelve a emocionar. El actual presidente de Nucleoeléctrica Argentina, compañía estatal a cargo de las centrales nucleares locales, es físico egresado del Instituto Balseiro. Los dos años que se desempeñó como asesor presidencial de Javier Milei impulsó esta agenda. Es su primer hito de gestión, y viene de la mano de uno de los magnates estrella de Silicon Valley. Acaba de lograr una pequeña victoria en la agenda que impulsa hace dos años: convertir a la Patagonia en un nodo regional de datacenters. O sea, entregar la mayor cantidad posible de territorio, energía y aguas disponibles a nivel nacional para que grandes centros de procesamientos de datos se instalen en nuestro país. El sueño es lejano, fantasioso e irreal. Incluye una ciudad nuclear, con reactores alimentando el complejo. Pero Reidel logró una carta de intención y un anuncio de Altman en persona. Es el primer resultado que el gobierno de La Libertad Avanza logra a pesar de todos sus viajes, reuniones y declaraciones de alineamiento con los magnates del sector.
La compañía de Altman se ha convertido rápidamente en uno de los gigantes tecnológicos. Este año, la creadora de ChatGPT lanzó, en alianzas con otras empresas del sector, el proyecto Stargate. Un despliegue a nivel global de datacenters que representa un incremento en su capacidad de procesamiento de datos, específicamente orientados a estar a la altura de la demanda que la inteligencia artificial genera. Esta demanda no solamente es en poder de cómputo y procesamiento, sino que también ha empujado la utilización de energética e hídrica de la infraestructura digital. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, los centros de datos consumieron el 1.5% de la electricidad mundial en 2024 y se espera que esa cifra se duplique para 2030. Las incertidumbres sobre cómo, y sí estos cambios pueden darse al ritmo esperado son enormes.
Los anuncios oficiales se refieren a enormes cantidades de “energía renovable, líneas de alta tensión, fibra óptica y acceso a agua fría”. Pero hablar de semejante disponibilidad de agua en una zona de estrés hídrico tiene implícito una noción fundamentalmente violenta: si la garantía es que habrá agua para enfriar servidores ¿qué pasará con las personas? ¿Y con el resto de actividades humanas, agrarias, productivas que dependen de una manera u otra de la disponibilidad del agua? Una investigación de Bloomberg reveló que a nivel global los datacenters ya consumen 560 mil millones de litros de agua, y que dos tercios de los centros de datos son construidos en zonas de estrés hídrico.
Lejos de un sueño digital de ciencia ficción, los enormes galpones con miles de filas de servidores (al fin y al cabo la vieja CPU, pero optimizada) poco beneficio dan a las poblaciones cercanas o regionales. Si bien durante la etapa de construcción se requieren algunos empleos, la mano de obra que insume un centro de datos de estas características es escasa. La lógica del sector intenta realizar la mayor cantidad de operaciones de forma remota, por lo cual dependiendo del nivel de automatización la cantidad de empleo estable puede variar entre 50 y 150 personas. Por otro lado, la producción de insumos necesarios está localizada en Asia y la transferencia tecnológica y formación de técnicos nacionales es casi nula en este tipo de centros de datos. Es más lo que requieren del territorio que lo que dejan.
¿Y qué pasa con toda esta energía? Se procesan enormes cantidades de datos y bits. Operaciones matemáticas complejas, en fracciones de un nanosegundo, que atraviesan placas de sílice, arena y minerales que mentes brillantes de la humanidad supieron refinar y optimizar en la suma del conocimiento técnico. De todo ese pequeño aleph de potencia, finalmente sale exportado el video de un perrito, una receta de avocado toast, o el meme de un presidente de extrema derecha. De toda esa potencia, de toda esa energía concentrada, los circuitos se sobre calientan y es para la refrigeración necesaria que se utilizan volúmenes de agua realmente masivos. Agua que se usa para bajar la temperatura a la cual llegan los procesadores después de ser atravesados por toda la actividad digital.
Fue durante la última tendencia global de imitar a Studio Ghibli que OpenAI chocó con su capacidad de operación. Comenzó a rechazar peticiones para evitar que “se derritan los chips”, ya que había récord de usuarios solicitando copiar el estilo que el estudio japonés supo construir con los años. En simultáneo, OpenAI lanzó Sora, una aplicación destinada a crear una red social exclusivamente utilizada para videos generados por IA. La empresa espera competir así con TikTok y Meta, que ya había anunciado que en Facebook se permitió que los bots controlados por IA interactúen entre ellos. La tendencia es avanzar hacia más feeds, más contenido, más remix. Niveles cada vez más altos y acelerados de recombinación de elementos existentes para derivar en destellos de atención.
Estos centros de datos utilizan en todo el mundo miles de millones de litros al año, y generan enormes tensiones sociales allí donde se instalan. La otra red que atraviesa la Patagonia está hecha de cuencas y ríos. Ríos andinos muchos, que bajan desde los glaciares y van hasta el mar, garantizando la vida a lo largo de su recorrido. Estas cuencas de bajo estrés incluyen ríos que en los últimos años han tenido bajantes históricas y ciudades que compiten por caudales. El confuso anuncio del proyecto Stargate no aclara ni menciona el origen del agua, la energía o dónde se posicionará. Nada sabemos de concesiones hídricas existentes, o si el agua será la misma que usan las personas y poblaciones de la Patagonia. Cuando la nube deja de ser digital, se puede llevar el agua de nuestros ríos y glaciares.
Esta tensión no es solamente propia de nuestro país. Las ciudades de Estados Unidos donde están alojados un cuarto de los servidores del mundo enfrentan las mismas tensiones. En Los Dalles, Oregon, las comunidades llevaron a Google a tribunales para que revelara cuánta agua estaba usando. Algo similar pasó a nuestros vecinos de Uruguay: allí Google quiso instalarse durante la peor crisis hídrica de los últimos 74 años. Mientras las personas tenían que comprar bidones de agua mineral para no beber agua de baja calidad y salinizada, el propio Ministerio de Ambiente admitió que el proyecto de Google iba a insumir 7,6 millones de litros por día, aproximadamente el consumo de 202.898 hogares.
La investigadora Yawei Zhao acaba de estudiar lo que llamó “la frontera digital urbana”. Provincias empobrecidas de China que recibieron repentinamente centros de datos que cambiaron las dinámicas locales y el comportamiento urbano. Energía barata y tierras subsidiadas que abrían las puertas a nodos que reproducen desigualdades socioambientales donde se instalaron. Nuevas versiones de viejas dinámicas, en las cuales las poblaciones de centros urbanos se benefician de los costos ambientales que son sacrificados en áreas rurales. Zhao identifica que los lugares donde se instalan estos centros de datos se convierten en “vehículos metabólicos” para la infraestructura digital.
Esto se da mientras el actual gobierno se encuentra en pleno desguace del Estado. A medida que la estructura de instituciones que otorgaba algún tipo de regulación se demuele, hay una creciente privatización del agua de hecho. Concesiones laxas, privatizaciones, permisos y otras regresiones ambientales de importancia. Las tensiones sobre el uso del agua no se resuelven o gestionan, sino que se tercerizan hacia el mejor comprador. Reducir al mínimo la cantidad de resistencia social, política y regulatoria para privatizar la mayor cantidad de agua de hecho.
El video publicado por Altman para anunciar el proyecto menciona como socio local a la compañía Sur Energy. El fondo, descrito por Altman como empresa líder en el sector energético, no tiene proyectos de energía vigentes ni conocidos en el futuro. El “joint venture con un cloud developer” no tiene historial o experiencia en la construcción u operación de proyectos energéticos o informáticos de esta magnitud. De hecho al momento del anuncio, periodistas ya habían descubierto que la empresa no tiene ni página web, ni cuenta de Linkedin.
Aún así el anuncio contempla dos fases de construcción e implementación de entre uno y dos años, para un proyecto de 100 MW. El despliegue de infraestructura para así incluiría líneas de alta tensión, subestaciones, transformadores o torres de enfriamiento. A su vez, obra civil especializada y puesta en marcha de alta complejidad en cada etapa. El sector de los datacenters ni siquiera cuenta con un marco regulatorio para la actividad. Los plazos californianos parecen tener poco realismo local.
Una palabra clave en todo esto parece ser “hasta”. Anunciar una inversión de hasta veinticinco mil millones de dólares permite hacer crecer las acciones de OpenAI y la credibilidad en un gobierno en crisis sobre su capacidad de atraer inversión extranjera. La promesa que hace dos años Reidel mantiene sobre una Patagonia digital parece tener al menos un mínimo producto viable. La probabilidad es que menos sea “una de las mayores iniciativas de tecnología e infraestructura energética en la historia de Argentina” sino sea una promesa vacía para generar valor accionario por un lado y porotos electorales por el otro. Los memoriosos recordarán anuncios similares, como las megainversiones en hidrógeno verde en la Patagonia.
Dentro del ámbito de la especulación digital también recuerda más a 2022, una granja de bitcoin prometió prosperidad y criptoriquezas a la ciudad de Zapala. El proyecto, a cargo de FMI Minecraft Mining, iba a funcionar con energía del megaproyecto de fracking Vaca Muerta. Mientras quienes viven en la zona continúan sin tener energías seguras en sus hogares, 1000 MW de energía iban a ser utilizados. El proyecto nunca se llevó a cabo y no hay evidencias públicas ni anuncios que expliquen el destino del proyecto.
A pesar de lo poco realista del proyecto, la realidad es que esto puede sentar un precedente peligroso en el desembarco de emprendimientos de enorme consumo hídrico en zonas donde el agua no abunda. La probable tensión social que un proyecto de estas características en la Patagonia, el costo hídrico y energético que debería asumir estructuras tan complejas.
El RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) aparece como factor clave en esta ofensiva. Es el andamiaje legislativo y jurídico que garantiza a estas inversiones que las tensiones en torno al agua serán resueltas hacia su lado. De acuerdo a investigaciones del Observatorio del RIGI, el mismo estructura una arquitectura legal que no sólo otorga enormes exenciones fiscales, financieras y soberanas, sino que también elimina cualquier tipo de regulación que limite, desde una perspectiva ambiental, el acceso al agua que pueden tener estos proyectos netamente extractivos. En ese sentido, el RIGI también considera insumos esenciales para los proyectos como “no susceptibles a restricciones regulatorias previas”. O sea declara al agua, la energía el transporte o el procesamiento como más allá de otras leyes o normativas.
Esto se combina con los ataques directos y frontales a las instituciones estatales que daban asesoramiento técnico y político sobre la gestión del agua. El ataque frontal contra la Ley de Glaciares, el desguace del Instituto Nacional del Agua, del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, del Organismo Regulador de Seguridad de Presas, de ACUMAR, o las intenciones de privatizar AySA, la nueva licitación para las represas hidroeléctricas estatales y la nueva licitación para el control del Río Paraná, se combinan con la criminalización de la protesta y de quienes defienden al agua y al ambiente en este contexto.
Mientras tanto, a nivel local, hay más preguntas que certezas. La fuente hídrica, el caudal concesionado, la estacionalidad, los vertidos y las salmueras derivadas— bajo criterios posibles de “cero agua” y su alto costo energético derivado. Si efectivamente habrá trazabilidad para garantizar el origen renovable de la energía o si se le irá bajando el compromiso ambiental a medida que avance el tiempo, así como la capacidad real de la red o el almacenamiento posible. Que incorpore límites por sequía y priorización de usos; y, finalmente, una revisión sobre la soberanía de los datos cuando el datacenter y la plataforma operan bajo control transnacional.
Mientras las grandes empresas tecnológicas vuelven a prometer futuros de abundancia, los límites naturales y terrestres parecen volver a traerlos a la realidad. Su creciente interés en la minería del fondo marino, o en el sueño de la minería espacial, responde a una disputa por la materialidad que sostiene al mundo digital. Su alineamiento con la extrema derecha estadounidense, y ahora también argentina, es también una declaración sobre sus intenciones sobre los bienes naturales y de vida, de los cuales depende la industria, pero también la humanidad. Los tecnocapitalistas no son negacionistas de los límites terrestres y planetarios. El negacionismo climático y ecológico es una estrategia discursiva y política para avanzar en la privatización de cada vez más áreas de la vida y del sistema tierra. Pretenden avanzar sobre el control de los bienes vitales y materiales. En ese sentido no buscan frenar la crisis climática, sino gobernarla y gestionarla a su favor.
Lejos de ser inmaterial y etérea, la inteligencia artificial y la nube intervienen de forma cada vez más directa sobre nuestro mundo. En el libro The Age of AI, el mismísimo Kissinger proponía como estrategia posible saturar la red de desinformación y contenido basura, a tal punto que fuera indistinguible para una persona promedio orientarse sobre qué es real y qué no. Y que las IAs pueden convertirse en el único mediador, que defina y distinga para nosotros lo real, y por ende en herramientas de poder.
Entonces ¿cómo gestionar la tensión? La oferta de tercerizar trabajo cognitivo en una sociedad hiperdemandada es más que tentadora, y con argumentos morales y éticos no alcanzará para entablar una discusión real. Pero no deja de ser necesario eximirnos de un mediador que confiesa su instrumentalización política y su alineamiento con las fuerzas de la extrema derecha global. ¿Qué nociones de agua, de ecología o de vida puede llegar a reproducir un software programado por gente que piensa como Altman o Reidel?
En contextos de sequía, y con cada vez más inestabilidad climática, hay potencia en pensar otras formas del agua. Encontrar y conectar con patrones de lo hídrico para más allá de lo instrumental. Que construyan nuevas institucionalidades, pero que también renueven las formas sociales de gestión y diálogo con nuestras cuencas. Incorporar entonces el pensamiento hídrico, la visión de cuenca, la escucha de nuestros glaciares, que hablan desde el pasado, en movimientos y ritmos de la inmanencia, y sostienen la trama de la vida en la Patagonia. Para recomponer nuestro vínculo con lo hídrico, para potenciar culturas marítimas y ribereñas, pero que puedan desbloquear otras posibilidades del porvenir y de futuros ecológicos para nuestro país.
En la Cámara de Diputados de la Nación se encuentra en tratamiento el Proyecto de Ley 5621-D-2025, que pretende establecer presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de agrotóxicos, este proyecto de ley es una muestra clara de cómo los intereses del agronegocio se imponen sobre la salud de la población, la integridad de los ecosistemas y los derechos de las comunidades afectadas. Bajo la apariencia de regular y ordenar el uso de estos venenos, esta iniciativa busca legalizar la exposición sistemática de las personas y los territorios a sustancias altamente tóxicas, ignorando de manera flagrante la evidencia científica, las alertas de salud pública acumuladas durante décadas y sin dudas incumple el mandato constitucional de preservar el ambiente sano y equilibrado.
La propuesta legislativa es criminal, no hay otra forma de calificarla, dado que el proyecto en cuestión autoriza la aplicación de venenos a 10 metros de áreas urbanas, centros poblados, grupos de viviendas permanentes, viviendas donde habiten trabajadores rurales y sus familias, establecimientos educativos, sanitarios, cuerpos de agua, sus márgenes, pozos para extracción de agua potable, en definitiva permite pulverizar agroquímicos a 10 metros de zonas sensibles, es decir de zonas de donde debería alejarse a distancia precautoria toda aplicación de estas sustancias por su alto potencial tóxico.El autor de este proyecto es el diputado Atilio Benedetti, un fiel representante del agronegocio: productor agropecuario, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados y con un largo historial de cargos en la Bolsa de Cereales y en centros de acopiadores de Entre Ríos. Benedetti impulsa una ley que beneficia directamente al sector que representa, incluyendo la agroindustria y las empresas exportadoras de granos. Su posición política y económica evidencia que el proyecto no surge de una preocupación por la salud ni por la protección del ambiente, sino como un instrumento para consolidar la impunidad del agronegocio frente a los daños que provoca.
El proyecto de Benedetti se presenta como una ley de presupuestos mínimos, pero en realidad constituye un instrumento regresivo que normaliza el envenenamiento sistemático de personas y ecosistemas. Ignora cientos de leyes provinciales, ordenanzas locales y fallos judiciales que ya habían establecido límites concretos al uso de agrotóxicos, y pretende sustituir estos estándares de protección por normas mínimas que favorecen a la industria, exponiendo a toda la población a riesgos inaceptables. No se trata de una ley de protección ambiental, sino de una ley de impunidad corporativa.
Es útil contrastar esta iniciativa con lo que habría sido una verdadera ley de presupuestos mínimos: el proyecto impulsado por Fernando “Pino” Solanas, diseñado con criterios ambientales, científicos y de justicia social. Ese proyecto reconocía que la protección de la salud y el ambiente no puede ser negociable y establecía reglas estrictas para la aplicación de agrotóxicos, garantizando zonas de resguardo amplias, prohibición de pulverizaciones aéreas, monitoreo ambiental obligatorio y mecanismos de participación ciudadana. La iniciativa de Solanas apuntaba a prevenir daños antes de que ocurran, cumpliendo con los principios de precaución y no regresión ambiental, y constituyendo un verdadero marco de protección mínimo acorde con el artículo 41 de la Constitución Nacional. Ese era un proyecto que defendía la vida, la biodiversidad y los territorios; el de Benedetti, en cambio, favorece la impunidad y blinda las ganancias corporativas a costa de la población y los ecosistemas.
Argentina es hoy el país con mayor aplicación per cápita de agrotóxicos en el mundo, con más de 700 millones de litros aplicados por año, una cifra que sigue en ascenso. El modelo productivo del agronegocio, basado en soja transgénica, maíz y otros cultivos para exportación, genera concentración de tierras, desplazamiento de campesinos y campesinas, dependencia de insumos químicos y un efecto devastador sobre la salud de las comunidades rurales y urbanas. Las fumigaciones afectan la ruralidad, con escuelas pulverizadas, familias intoxicadas y territorios convertidos en zonas de riesgo sanitario, pero también la urbanidad, ya que estos venenos llegan a nuestras mesas a través de los alimentos que consumimos. Esta situación constituye una violación directa del derecho a la salud, a la alimentación segura y al ambiente sano, derechos consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos.
Los impactos sobre la salud están ampliamente documentados. Investigaciones del Dr. Andrés Carrasco, del Dr. Damián Marino y del equipo del INSSA de la Universidad Nacional de Rosario, entre otras, muestran que la exposición a estos venenos aumenta la incidencia de malformaciones congénitas, abortos espontáneos, alteraciones hormonales, cánceres sólidos y hematológicos, enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y Alzheimer, y déficits en el neurodesarrollo de niños y niñas. Los grupos más vulnerables, especialmente infancias y adolescentes, sufren consecuencias irreversibles: déficits de atención, hiperactividad, trastornos de aprendizaje y autismo. Reducir drásticamente las distancias de seguridad como propone el proyecto 5621-D-2025 implica exponer directamente a estos grupos, en violación de los principios de prevención y precaución, que tienen jerarquía constitucional.
Los impactos ecológicos son igualmente graves. Las cuencas hidrográficas presentan sedimentos contaminados, afectando la calidad del agua y la fauna acuática. Numerosos estudios evidencian la mortalidad de peces como el sábalo y otras especies en ríos del Paraná, Salado y otros afluentes, así como alteraciones en ecosistemas terrestres y pérdida de biodiversidad. Los agrotóxicos se dispersan por aire, agua y suelo, convirtiéndose en un problema sistémico que amenaza la sostenibilidad de los ecosistemas y la vida misma.
La jurisprudencia argentina ha establecido precedentes claros en defensa de la salud y del ambiente. Casos emblemáticos como San Jorge, Sastre y Ortiz, y Piamonte (Pcia de Santa Fe), fijaron zonas buffer de hasta 1.000 metros para fumigaciones terrestres y acreditaron mediante evidencia científica la relación entre la exposición a estos venenos y los daños a la salud y al ambiente. Ignorar estos fallos, como hace el proyecto del diputado Benedetti, constituye un retroceso jurídico, sanitario, ambiental y un incumplimiento de los estándares de protección de normativa internacional que el Estado tiene la obligación de garantizar.
El proyecto refleja un negacionismo ecológico y científico alarmante. Niega décadas de evidencia sobre los efectos negativos de los agrotóxicos, ignora recomendaciones internacionales y locales, y reduce de manera arbitraria los mecanismos de protección de la salud y el ambiente. La inclusión de drones en las prácticas de pulverización agrava aún más los riesgos, haciendo incontrolable la deriva de los venenos y ampliando la exposición de personas y ecosistemas a niveles intolerables. Frente a este escenario, la única verdadera buena práctica agrícola es el NO uso de venenos.
La agroecología, la permacultura y otros sistemas de producción sustentable ofrecen alternativas reales y verificables, basadas en la reducción de insumos tóxicos, la diversificación de cultivos, la conservación del suelo y la soberanía alimentaria. Estas prácticas no solo protegen la salud humana y la biodiversidad, sino que fortalecen la resiliencia de los territorios y la justicia socioambiental. Experiencias locales y regionales en Argentina y América Latina demuestran que es posible producir alimentos seguros, sanos y de cercanía sin depender de venenos químicos, contribuyendo a la construcción de comunidades sostenibles y equitativas.
Por todo esto, el Proyecto de Ley 5621-D-2025, lejos de ser una herramienta para proteger al ambiente del uso de estos venenos, constituye en realidad un instrumento de impunidad para el agronegocio, su único y verdadero objetivo es reducir a la mínima expresión la distancia de precaución llevándola a tan solo a 10 metros las fumigaciones terrestres y 45 metros las aéreas intentando legalizar la exposición de personas y ecosistemas a sustancias altamente tóxicas, ignora la evidencia científica, desoye la jurisprudencia y vulnera derechos constitucionales fundamentales.Debemos recordar que la ciencia determinó que recién a los 1095 metros se alcanza una distancia precautoria para reducir los efectos perjudiciales de los plaguicidas, sin embargo el proyecto en cuestión, sin el más mínimo fundamento científico, pretende llevarlo a la distancia irrisoria de 10 metros. También es ineludible considerar otro dato central: nuestros ríos y sus lagunas se encuentran masivamente contaminados con plaguicidas, así lo determinan numerosos trabajos científicos y, recientemente, fue expresamente reconocido por la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, también el Instituto Nacional del Agua cuenta con informes que alertan sobre la presencia de plaguicidas en agua y en el ámbito regional, la Comisión Administradora del Río Uruguay en su informe sobre “Residuos de Contaminantes en Peces del Río Uruguay – 2021”, detectó plaguicidas en el tejido muscular de peces (boga, dorado, surubí y sábalo). Sin embargo el proyecto de ley con sus distancias absurdas de protección -10 metros- ignora esa información científica que publica el propio Estado y así, en caso de aprobarse, habilitará a profundizar el enorme daño ambiental que estas sustancias causan en nuestros ríos y en la salud pública.
Es imperativo que nuestros legisladores rechacen este proyecto. El camino correcto es establecer regulaciones que reduzcan progresivamente el uso de agrotóxicos, promoviendo la transición hacia sistemas agroecológicos que fortalezcan la soberanía alimentaria y garanticen la salud y el bienestar de las comunidades.
Desde nuestra experiencia como abogados ambientalistas de pueblos fumigados, exigimos a nuestros legisladores el rechazo absoluto del proyecto 5621-D-2025 y la apertura de un debate genuino sobre el modelo agroalimentario que queremos para nuestro país. Se trata de garantizar una legislación que respete la salud pública, la integridad de los ecosistemas y los derechos de las comunidades, fundada en evidencia científica y principios constitucionales. En el marco de un contexto político caracterizado por graves retrocesos ecosociales (ver primer informe de regresiones ambientales 2024-2025), es inaceptable que se intente disfrazar con el eufemismo de las “buenas prácticas” lo que no es otra cosa que la legalización del drama de los pueblos fumigados de nuestro país. No podemos permitir que los intereses corporativos conviertan en política pública la impunidad de un modelo productivo ecocida.
Basta del uso irresponsable, irrespetuoso, maltratador del río y sus diversidades culturales y biológicas.
El presidente Javier Milei y el gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio, han anunciado la profundización del proceso de violación sistemático del río Paraná en el sur del sistema de humedales, nuestro Delta.
Lo que no deja de sorprender, es esta convocatoria con bombos y platillos a no dejar en paz el río, su valle de inundación y sus riberas de barrancas y selvas en galería, sus bosques, comunidades, pescadores, contextos turísticos y en especial, a sus poetas, en la crisis ambiental, hídrica y climática más espantosa conocida.
Llevamos más de cuatro años sin agua. Parece una broma de muy mal gusto, pero no lo es. El sistema de humedales y sus cuencas superiores están cambiando a un ritmo tremendo su régimen hidrológico. No está estudiado, absolutamente nada. Pero la lógica depredadora avanza sin vergüenza alguna.
En pocas palabras, aquí un detalle institucional y amoroso, básico de parte de la estructura jurídica que se incumple:
Se viola la Constitución de la Provincia reformada que pone foco en la protección del sistema de humedales, lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya distinguió maravillosamente, en la histórica sentencia del barrio Amarras en la cuenca del Gualeguaychú.
Se viola la Ley de Libertad de los Ríos. Nada se hace de estos mega proyectos delirantes, sin ratificación de la legislatura provincial y con la Comisión por ella creada, funcionando sistemáticamente. Estamos en las antípodas en esta gestión de gobierno.
Se viola el Acuerdo Federal de conformación del Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible de la Región Delta del Paraná (Piecas) y fundamentalmente se desconocen sus dos estudios científicos multidisciplinares más relevantes, Línea de Base y Evaluación Ambiental Estratégica (2010/2014).
Pero lo que aún más no deja de sorprender, es que se anuncia la profundización del Paraná Guazú y el Paraná Bravos, sin ejercicio pleno de la democracia ambiental en sus herramientas de estudios de impacto ambiental y su evaluación independiente.
Pero más grave aún, es que manifiestan ignorancia total de la declaración en el corazón de nuestro sistema de humedales hace ya dieciocho años, del “Área Natural Protegida” de los Humedales e Islas del Departamento Uruguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, sitos en el territorio de la Provincia de Entre Ríos, incorporado al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas por medio de la histórica ley 9718, razón de ser fruto de una construcción social e institucional de la norma jurídica frente a los proyectos de diversas plantas de celulosa en la cuenca del río Uruguay.
Una intervención artificial como la que se anunció como el gran proyecto para Entre Ríos gracias a las fuerzas del cielo, necesita en razón de ser una área natural ultrasensible y legalmente protegida, de estudios de impactos socioambientales aún mucho más rigurosos, participativos y con los tiempos que la naturaleza impone, no los tiempos de unas pocas corporaciones del agronegocio de exportación.
Desconocer semejantes historias o negarlas como tanto niega la rigurosidad científica y académica el Presidente de la República, es desconocer la historia del pueblo de la tierra de los ríos libres y de su federalismo en su ADN.
Basta de degradar nuestros ríos. Somo humedal, somos ríos libres para pueblos libres, somo Entre Ríos.
La libertad de los pueblos originarios, la de Artigas, la de los organizadores del Estado Nación Federal, pero muy seriamente, no es la libertad de estas iniciativas privatizadoras de todo.
Hace unos meses parecía que algunos gobernadores se plantaban frente al poder central y unitario, con un supuesto Tratado de la Región Litoral. Están borrando desde Entre Ríos de la mala mano del gobierno central, de un plumazo cualquier contexto de ejercicio con convicción y compromiso del federalismo de concertación desde un lugar de poder federal comprometido y esperanzador.
Seguramente en estas horas, poetas, cantautores, escritores, escultores, artistas plásticos y seres anónimos, movimientos de derechos humanos, feministas y organizaciones ecologistas, estarán delineando una y mil estrategias para que el río no deje su ser en manos de semejantes intereses, que de soberanía de las aguas nuestras se trata, como de protección de los reinos de vida que habitan en estos sistemas. Al poder de turno no les importa, no les preocupa, vacío total.
En nuestra tierra los ríos se aman, no se explotan, son nuestros cuerpos, sus sentidos de vida, poesía, somos agua, humedal, Pachamama.
El río es río, no es mar.
Como nos recuerda el poeta: “Nuestra historia no se negocia, no se alquila, no se entrega. Porque la memoria entrerriana es río: avanza, erosiona, arrastra y renueva. Y como el río, no se arrodilla”.
Entre Ríos sí, entre canaletas No.
(*): Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), Unidad de Vinculación Ecologista de la Fundación La Hendija (Paraná, Entre Ríos).
En nombre de la libertad del mercado, los libertarios siguen braceando la reducción (sino demolición) del Estado-Nación, la ridiculización de las disidencias de pensamiento, la criminalización de las protestas ecosociales y la banalización de la agenda vinculada a la ampliación de derechos
Este martes 22 la ciudad de Córdoba fue escenario de un evento que, si bien podría entenderse como una excentricidad libertaria, refleja muy bien el momento político y cultural que atraviesa nuestro país: “La Derecha Fest” fue promocionada como “el evento más anti-zurdo del mundo”, organizado por think tanks de extrema derecha (Fundación Faro, Gaucho Agencia de la Batalla Cultural, Hojas del Sur, La Derecha Diario, entre otros) que reunió a influencers y operadores ideológicos de la ultraderecha, con entradas valuadas en $35.000 pesos, y que incluyó un discurso del presidente Javier Milei.
Sin embargo, La Derecha Fest no fue sólo un espectáculo ideológico, sino otro intento por instalar un nuevo sentido común que presenta al mercado como el único horizonte posible. De esta forma, en nombre de la libertad del mercado, los libertarios siguen braceando la reducción (sino demolición ) del Estado-Nación, la ridiculización de las disidencias de pensamiento, la criminalización de las protestas ecosociales y la banalización de la agenda vinculada a la ampliación de derechos.
Los buenos y los malos, simplificar para esconder
Por lo general los discursos de los libertarios (así sucedió en La Derecha Fest) tienen una estratégica simplificadora, que divide el mundo entre “progreso o zurdos”, “libertad o comunismo” ,“ciudadanos de bien o militantes rentados”, construyendo una lógica binaria que no sólo niega la complejidad de los debates políticos y el alcance de los conflictos ecosociales actuales, sino que elimina deliberadamente las causas estructurales de la crisis ecológica, social y democrática que atravesamos.
En este marco, el ambientalismo ha sido designado por el oficialismo nacional como uno de los principales enemigos internos del gobierno, acusado de liderar un supuesto “marxismo cultural” que conspiraría contra la soberanía nacional y el desarrollo económico nacional que se postula como “punto de partida para la libertad de los argentinos” (así calificado en el nombre de la denominada Ley Bases).
Todas las derechas en sintonía
Esta estrategia no es un invento argentino, sino parte de un patrón común transnacional que une a las extremas derechas, y vincula concretamente a Milei con figuras como Trump, Bolsonaro o Vox, todos ellos paladines de una cruzada contra la llamada “agenda woke”, término comodín que les permite rechazar cualquier política de ampliación de derechos, protección ecológica, igualdad de género, saberes campesinos y ancestrales o reconocimiento de diversidades.
Así, bajo la simulación de “combatir el adoctrinamiento”, lo que hacen los libertarios locales es despolitizar el conflicto, deslegitimar al adversario (calificado frecuentemente como “enemigo”) y naturalizar un modelo que se estructura en la desigualdad social, la desregulación y promoción del extractivismo y el vaciamiento del Estado.
Todo ambientalismo es político, y está bien
En el plano socioambiental, esto se traduce en una ofensiva directa contra la institucionalidad ambiental a partir de la derogación o modificaciones regresivas de leyes ambientales que fueron el fruto de décadas de luchas y movilizaciones populares en nuestro país, por ejemplo, las leyes de Bosques (26.331) y Glaciares (26.639).
Frente a esta avanzada debemos reafirmar el carácter profundamente político del ambientalismo en Argentina, que no es conservador sino profundamente revolucionario.
Tampoco es teórico ni surge del romanticismo con la naturaleza, sino que nace de las necesidades emergentes de los territorios de nuestro país: desde Andalgalá a Jáchal, de Uspallata al Impenetrable Chaqueño, del Delta del Paraná a la Costa Atlántica, de los Salares Altoandinos al Golfo San Matías, del Lago Mari Menuco al Quebracho en Villa Allende.
Este ambientalismo que el presidente desprecia y califica como enemigo lleva también en su génesis las históricas resistencias de las comunidades campesinas y pueblos originarios que defienden la tierra y los bienes comunes hace décadas –sino siglos– denunciando los impactos del modelo extractivista.
Más que ideología, una disputa por el bien común
Por eso lo que está en juego no es simplemente un debate ideológico, sino una disputa profunda sobre el sentido de lo común, sobre la organización del tejido social y sobre la posibilidad de un futuro vivible en nuestro planeta tierra, rechazado las distopías escapistas hacia Marte o planetas distantes en nuestro Sistema Solar como la solución para gestionar el colapso climático y ecológico.
Mientras la extrema derecha siga banalizando las múltiples crisis socioecológicas y reduzcan los territorios a zonas de sacrificio o tierras raras, el ambientalismo deberá intensificar su radicalidad, potenciar su pensamiento crítico (y creativo), insistiendo en que no hay justicia social sin justicia ambiental.
La guerra como modelo de acción de los libertarios
No sorprende que la guerra cultural sea explícita cuando el abogado y biógrafo de Milei, Nicolás Márquez, declara sin tapujos en La Derecha Fest: “No crean que estamos en una democracia noruega, estamos en guerra. A nuestros enemigos tenemos que exterminarlos políticamente, ideológicamente, espiritualmente.” Esta declaración revela la naturaleza autoritaria y beligerante del proyecto político que hoy amenaza no solo las conquistas sociales, culturales y democráticas, sino también la justicia ecosocial.
El ambientalismo no está en guerra. Todo lo contrario. Venimos a proponer un nuevo Pacto Ecosocial, basado en la ética del cuidado, la solidaridad, justicia y paz con la naturaleza y todas las formas de vida que habitan nuestro planeta. En un clima de época que celebra el saqueo de los bienes naturales y se rinde culto a la libertad de mercado, seguiremos reafirmamos nuestros principios y convicciones, sin retroceder ni condicionar nuestras acciones.
(*) Co-Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas
En este lado del río Uruguay, la gente de Colón viene resistiendo un frente de tormenta densa y oscura desde hace meses, la posible construcción de una planta de e- combustibles de la empresa Hif Global frente a la ciudad, del otro lado del rio. Mansa tormenta, como se diría en este rincón de la provincia.
El rio es el compinche común del cual todos hablan: si está crecido, si está bajando, hasta donde llegó, si ya cruzó la costanera o subió al playón de turismo, si hay algas verdes o si está limpio, que el agua de la canilla está saliendo marrón, etc., etc.
El rio, siempre el rio como la columna de la existencia común, de la vida en común, de charlas y encuentros, asados, de grupos de WhatsApp.
Porque quien habla de rio habla de agua.
En la época de la posverdad donde la palabra está mancillada, mareada en su cadena de significantes y significados; hay una verdad que no se puede soslayar y resiste a los cambios de los tiempos: El agua provee vida, sin agua no hay vida. Por lo tanto, Agua es Vida, y así nos reconocemos como seres agua, seres río.
Pero los colonenses van un poco más cerca de nuestra humanidad diciendo: El Aire también es Vida.
Desde que la comunidad se enteró de la noticia de que esta empresa pretendía instalarse frente a ellos, movió todos los hilos que pudo en el seno de la sociedad y en el del mundo político, logrando que el Gobernador Rogelio Frigerio se acercara hasta la ciudad y declarara ante vecinos, senadores, diputados nacionales y provinciales e intendentes, que iría a hablar con el presidente de Uruguay Yamandú Orsi para trasladar la necesidad y el reclamo comunitario.
Uruguay se comprometió en encontrar una solución, “los puentes nos unen no nos separan” dijeron de uno y otro lado.
Había que esperar: que el gobierno uruguayo dialogue con la empresa, que pasen las elecciones, que vuelva el Intendente de Paysandú Sr. Olivera de vacaciones.
Y en esa espera, se cuelan las noticias que vienen del otro lado: la ministra de Industria del Uruguay, Sra. Cardona dice que la empresa se correría, pero solo un poquito porque necesita de la empresa Alur (en Paysandú) para funcionar, que se achicaría, que desmontaría mucho menos de lo que se había dicho y que las chimeneas en vez de estar enfrente de Colón, las correrían al noreste parece que con el fin de que no se vean desde la playa. Pero la producción sería la misma.
Se ve al presidente Yamandú Orsi en un video tomando mate y manifestando que las empresas estas no contaminan. Parece que es cuestión de fe.
Normalmente estas empresas se ubican lejos de localidades justamente por ser supuestamente de tecnologías nuevas. Colón, Liebig, San José y colonias serían los primeros ratones de laboratorio.
Y la Tierra de Palmares.
La Relocalización que era el pedido concreto de toda la Tierra de Palmares (55.000 personas) te lo estaría debiendo.
Las autoridades locales también esperan, pero los vecinos están más que preocupados, incluso enojados porque una vez más se ignoran sus incertidumbres y se encuentran con el sombrío horizonte de los hechos consumados, tal como ha sucedido con las plantas de celulosa aguas abajo y que la comunidad no olvida.
Si las autoridades no tienen nada para decir, es un buen tiempo para escuchar.
Los vecinos, ambientalistas, maestros, docentes, médicos, artistas, ingenieros, hoteleros, cabañeros, gestores culturales, etc. que viven en Colón, tienen mucho para aportar a la solución del problema. Tienen buenas y creativas ideas, argumentos y razones de sobra de porque no quieren cerca a esta empresa: se pone en riesgo la calidad del aire y del agua. Pero también se debilita enormemente la institucionalidad bilateral en la gestión muy poco democrática de la cuenca.
El problema no es solo visual (que afectaría a la economía y el paisaje de la ciudad turística), las preocupaciones rondan en los impactos negativos en la propia salud y la de los seres amados.
El hecho de que no sea posible la construcción colectiva de estrategias entre colonenses y autoridades locales y provinciales es porque la democracia que tenemos se está volviendo obsoleta, se degrada y nos expone a contextos desoladores.
Frente a la tendencia política expuesta, la falta de claridad institucional, los silencios de la CARU y los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países, las representaciones políticas no nos representan.
Y en este divorcio entre ciudadanos y políticos, si nada cambia, se va el aire que respiramos, el agua que tomamos, el monte cuna de vida.
Esta democracia necesita evolucionar en la profundización del diálogo y en el respeto por las diferencias. Y la comunidad organizada en un objetivo común puede ser la promotora de ese cambio.
Garantizar la participación ciudadana reuniéndonos en ronda de vecinos con Intendentes y autoridades para resolver problemas en común, esforzándonos en el arte de saber decir y de saber escuchar, pensar y concretar una democracia participativa y pluralista en serio, porque en esto de las peleas chiquitas, bajas, personales o en redes; nos vamos degradando , se opacan los ideales, involucionamos como seres humanos, minamos el tejido de comunidad, perdemos la oportunidad de declararle la paz a la naturaleza.
Pero por sobre todas las cosas, perdemos la capacidad de la comunicación, de la herramienta y el valor de la palabra, de la cultura como creación colectiva para la preservación de la especie humana.
Sin los estudios de impacto ambiental en mano de los pueblos, sin las correspondientes audiencias públicas para debatir, observar y de ser necesario impugnar los mismos, sin la intervención de la CARU y las áreas ambientales de nuestra Provincia y la Nación, como de los ámbitos académicos especializados, este proyecto no puede avanzar. Esta tormenta no puede permanecer, la diversidad de vecinos y organizaciones activas en la cuenca del río de los pájaros, seguiremos resistiendo, desde la conciencia del respeto a la primer Madre, la tierra y nuestro ser parte de la plenitud y del derecho a la belleza de la vida.
(*) Multisectorial Somos Ambiente del Rio Uruguay. Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas. Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Colón. Lalcec Colón. Cámara de Servicios Náuticos de Colón. Inmobiliarias del Departamento Colón. Agmer Seccional Colón. CTA de los Trabajadores Mesa Departamental Colón. Centro de Jubilados y Pensionados de Colón. Observatorio Ambiental Rio de Los Pájaros de Concepción del Uruguay. Vecinos y Cabañeros de Colón y San José.
