Archivos de categoría: Notas

Información de análisis desde una perspectiva socioambiental en torno a la coyuntura social y ambiental

La Derecha Fest: extractivismo, odio y guerra cultural

En nombre de la libertad del mercado, los libertarios siguen braceando la reducción (sino demolición) del Estado-Nación, la ridiculización de las disidencias de pensamiento, la criminalización de las protestas ecosociales y la banalización de la agenda vinculada a la ampliación de derechos

Por Lucas Micheloud para el Ciudadano

Este martes 22 la ciudad de Córdoba fue escenario de un evento que, si bien podría entenderse como una excentricidad libertaria, refleja muy bien el momento político y cultural que atraviesa nuestro país: “La Derecha Fest” fue promocionada como “el evento más anti-zurdo del mundo”, organizado por think tanks de extrema derecha (Fundación Faro, Gaucho Agencia de la Batalla Cultural, Hojas del Sur, La Derecha Diario, entre otros) que reunió a influencers y operadores ideológicos de la ultraderecha, con entradas valuadas en $35.000 pesos, y que incluyó un discurso del presidente Javier Milei.

Sin embargo, La Derecha Fest no fue sólo un espectáculo ideológico, sino otro intento por instalar un nuevo sentido común que presenta al mercado como el único horizonte posible. De esta forma, en nombre de la libertad del mercado, los libertarios siguen braceando la reducción (sino demolición ) del Estado-Nación, la ridiculización de las disidencias de pensamiento, la criminalización de las protestas ecosociales y la banalización de la agenda vinculada a la ampliación de derechos.

Los buenos y los malos, simplificar para esconder

Por lo general los discursos de los libertarios (así sucedió en La Derecha Fest) tienen una estratégica simplificadora, que divide el mundo entre “progreso o zurdos”, “libertad o comunismo” ,“ciudadanos de bien o militantes rentados”, construyendo una lógica binaria que no sólo niega la complejidad de los debates políticos y el alcance de los conflictos ecosociales actuales, sino que elimina deliberadamente las causas estructurales de la crisis ecológica, social y democrática que atravesamos.

En este marco, el ambientalismo ha sido designado por el oficialismo nacional como uno de los principales enemigos internos del gobierno, acusado de liderar un supuesto “marxismo cultural” que conspiraría contra la soberanía nacional y el desarrollo económico nacional que se postula como “punto de partida para la libertad de los argentinos” (así calificado en el nombre de la denominada Ley Bases).

Todas las derechas en sintonía

Esta estrategia no es un invento argentino, sino parte de un patrón común transnacional que une a las extremas derechas, y vincula concretamente a Milei con figuras como Trump, Bolsonaro o Vox, todos ellos paladines de una cruzada contra la llamada “agenda woke”, término comodín que les permite rechazar cualquier política de ampliación de derechos, protección ecológica, igualdad de género, saberes campesinos y ancestrales o reconocimiento de diversidades.

Así, bajo la simulación de “combatir el adoctrinamiento”, lo que hacen los libertarios locales es despolitizar el conflicto, deslegitimar al adversario (calificado frecuentemente como “enemigo”) y naturalizar un modelo que se estructura en la desigualdad social, la desregulación y promoción del extractivismo y el vaciamiento del Estado.

Todo ambientalismo es político, y está bien

En el plano socioambiental, esto se traduce en una ofensiva directa contra la institucionalidad ambiental a partir de la derogación o modificaciones regresivas de leyes ambientales que fueron el fruto de décadas de luchas y movilizaciones populares en nuestro país, por ejemplo, las leyes de Bosques (26.331) y Glaciares (26.639).

Frente a esta avanzada debemos reafirmar el carácter profundamente político del ambientalismo en Argentina, que no es conservador sino profundamente revolucionario.

Tampoco es teórico ni surge del romanticismo con la naturaleza, sino que nace de las necesidades emergentes de los territorios de nuestro país: desde Andalgalá a Jáchal, de Uspallata al Impenetrable Chaqueño, del Delta del Paraná a la Costa Atlántica, de los Salares Altoandinos al Golfo San Matías, del Lago Mari Menuco al Quebracho en Villa Allende.

Este ambientalismo que el presidente desprecia y califica como enemigo lleva también en su génesis las históricas resistencias de las comunidades campesinas y pueblos originarios que defienden la tierra y los bienes comunes hace décadas –sino siglos– denunciando los impactos del modelo extractivista.

Más que ideología, una disputa por el bien común

Por eso lo que está en juego no es simplemente un debate ideológico, sino una disputa profunda sobre el sentido de lo común, sobre la organización del tejido social y sobre la posibilidad de un futuro vivible en nuestro planeta tierra, rechazado las distopías escapistas hacia Marte o planetas distantes en nuestro Sistema Solar como la solución para gestionar el colapso climático y ecológico.

Mientras la extrema derecha siga banalizando las múltiples crisis socioecológicas y reduzcan los territorios a zonas de sacrificio o tierras raras, el ambientalismo deberá intensificar su radicalidad, potenciar su pensamiento crítico (y creativo), insistiendo en que no hay justicia social sin justicia ambiental.

La guerra como modelo de acción de los libertarios

No sorprende que la guerra cultural sea explícita cuando el abogado y biógrafo de Milei, Nicolás Márquez, declara sin tapujos en La Derecha Fest: “No crean que estamos en una democracia noruega, estamos en guerra. A nuestros enemigos tenemos que exterminarlos políticamente, ideológicamente, espiritualmente.” Esta declaración revela la naturaleza autoritaria y beligerante del proyecto político que hoy amenaza no solo las conquistas sociales, culturales y democráticas, sino también la justicia ecosocial.

El ambientalismo no está en guerra. Todo lo contrario. Venimos a proponer un nuevo Pacto Ecosocial, basado en la ética del cuidado, la solidaridad, justicia y paz con la naturaleza y todas las formas de vida que habitan nuestro planeta. En un clima de época que celebra el saqueo de los bienes naturales y se rinde culto a la libertad de mercado, seguiremos reafirmamos nuestros principios y convicciones, sin retroceder ni condicionar nuestras acciones.

(*) Co-Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas

La hipnosis de la política

En este lado del río Uruguay, la gente de Colón viene resistiendo un frente de tormenta densa y oscura desde hace meses, la posible construcción de una planta de e- combustibles de la empresa Hif Global frente a la ciudad, del otro lado del rio. Mansa tormenta, como se diría en este rincón de la provincia.

El rio es el compinche común del cual todos hablan: si está crecido, si está bajando, hasta donde llegó, si ya cruzó la costanera o subió al playón de turismo, si hay algas verdes o si está limpio, que el agua de la canilla está saliendo marrón, etc., etc.

El rio, siempre el rio como la columna de la existencia común, de la vida en común, de charlas y encuentros, asados, de grupos de WhatsApp.

Porque quien habla de rio habla de agua.

En la época de la posverdad donde la palabra está mancillada, mareada en su cadena de significantes y significados; hay una verdad que no se puede soslayar y resiste a los cambios de los tiempos: El agua provee vida, sin agua no hay vida. Por lo tanto, Agua es Vida, y así nos reconocemos como seres agua, seres río.

Pero los colonenses van un poco más cerca de nuestra humanidad diciendo: El Aire también es Vida.

Desde que la comunidad se enteró de la noticia de que esta empresa pretendía instalarse frente a ellos, movió todos los hilos que pudo en el seno de la sociedad y en el del mundo político, logrando que el Gobernador Rogelio Frigerio se acercara hasta la ciudad y declarara ante vecinos, senadores, diputados nacionales y provinciales e intendentes, que iría a hablar con el presidente de Uruguay Yamandú Orsi para trasladar la necesidad y el reclamo comunitario.

Uruguay se comprometió en encontrar una solución, “los puentes nos unen no nos separan” dijeron de uno y otro lado.

Había que esperar: que el gobierno uruguayo dialogue con la empresa, que pasen las elecciones, que vuelva el Intendente de Paysandú Sr. Olivera de vacaciones.

Y en esa espera, se cuelan las noticias que vienen del otro lado:  la ministra de Industria del Uruguay, Sra. Cardona dice que la empresa se correría, pero solo un poquito porque necesita de la empresa Alur (en Paysandú) para funcionar, que se achicaría, que desmontaría mucho menos de lo que se había dicho y que las chimeneas en vez de estar enfrente de Colón, las correrían al noreste parece que con el fin de que no se vean desde la playa. Pero la producción sería la misma.

Se ve al presidente Yamandú Orsi en un video tomando mate y manifestando que las empresas estas no contaminan. Parece que es cuestión de fe.

Normalmente estas empresas se ubican lejos de localidades justamente por ser supuestamente de tecnologías nuevas. Colón, Liebig, San José y colonias serían los primeros ratones de laboratorio.

Y la Tierra de Palmares.

La Relocalización que era el pedido concreto de toda la Tierra de Palmares (55.000 personas) te lo estaría debiendo.

Las autoridades locales también esperan, pero los vecinos están más que preocupados, incluso enojados porque una vez más se ignoran sus incertidumbres y se encuentran con el sombrío horizonte de los hechos consumados, tal como ha sucedido con las plantas de celulosa aguas abajo y que la comunidad no olvida.

Si las autoridades no tienen nada para decir, es un buen tiempo para escuchar.

Los vecinos, ambientalistas, maestros, docentes, médicos, artistas, ingenieros, hoteleros, cabañeros, gestores culturales, etc. que viven en Colón, tienen mucho para aportar a la solución del problema. Tienen buenas y creativas ideas, argumentos y razones de sobra de porque no quieren cerca a esta empresa: se pone en riesgo la calidad del aire y del agua. Pero también se debilita enormemente la institucionalidad bilateral en la gestión muy poco democrática de la cuenca.

El problema no es solo visual (que afectaría a la economía y el paisaje de la ciudad turística), las preocupaciones rondan en los impactos negativos en la propia salud y la de los seres amados.

El hecho de que no sea posible la construcción colectiva de estrategias entre colonenses y autoridades locales y provinciales es porque la democracia que tenemos se está volviendo obsoleta, se degrada y nos expone a contextos desoladores.

Frente a la tendencia política expuesta, la falta de claridad institucional, los silencios de la CARU y los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países, las representaciones políticas no nos representan.

Y en este divorcio entre ciudadanos y políticos, si nada cambia, se va el aire que respiramos, el agua que tomamos, el monte cuna de vida.

Esta democracia necesita evolucionar en la profundización del diálogo y en el respeto por las diferencias. Y la comunidad organizada en un objetivo común puede ser la promotora de ese cambio.

Garantizar la participación ciudadana reuniéndonos  en ronda de vecinos con Intendentes y autoridades para resolver problemas en común, esforzándonos en el  arte de saber decir y de  saber escuchar, pensar y concretar una democracia participativa y pluralista en serio, porque en esto de las peleas chiquitas, bajas, personales o en redes; nos vamos degradando  , se opacan los ideales, involucionamos como seres humanos, minamos el tejido de comunidad, perdemos la oportunidad de declararle la paz a la naturaleza.

Pero por sobre todas las cosas, perdemos la capacidad de la comunicación, de la herramienta y el valor de la palabra, de la cultura como creación colectiva para la preservación de la especie humana.

Sin los estudios de impacto ambiental en mano de los pueblos, sin las correspondientes audiencias públicas para debatir, observar y de ser necesario impugnar los mismos, sin la intervención de la CARU y las áreas ambientales de nuestra Provincia y la Nación, como de los ámbitos académicos especializados, este proyecto no puede avanzar. Esta tormenta no puede permanecer, la diversidad de vecinos y organizaciones activas en la cuenca del río de los pájaros, seguiremos resistiendo, desde la conciencia del respeto a la primer Madre, la tierra y nuestro ser parte de la plenitud y del derecho a la belleza de la vida.

(*) Multisectorial Somos Ambiente del Rio Uruguay. Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas. Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Colón. Lalcec Colón. Cámara de Servicios Náuticos de Colón. Inmobiliarias del Departamento Colón. Agmer Seccional Colón. CTA de los Trabajadores Mesa Departamental Colón. Centro de Jubilados y Pensionados de Colón. Observatorio Ambiental Rio de Los Pájaros de Concepción del Uruguay. Vecinos y Cabañeros de Colón y San José.

La Constitución Ecosocial para Santa Fe ¿tiene quien la escriba?

La Constitución Ecosocial para Santa Fe ¿tiene quien la escriba?

La Reforma de la Constitución de Santa Fe necesita de un debate: cómo atendemos a los intereses de los propios ecosistemas, los reconocemos como sujetos de derechos y les asignamos guardianías. Qué dice el documento “Por una Constitución Ecosocial para Santa Fe“.

Por Lucas Micheloud y María Valeria Berros para Pausa

La Constitución de la Provincia de Santa Fe fue reformada por última vez en 1962 durante el gobierno de Carlos Sylvestre Begnis. Seis décadas después, Santa Fe es hoy una de las pocas provincias argentinas cuya Constitución no fue actualizada tras la reforma de la carta magna nacional de 1994. Pero, más allá del desfase técnico-jurídico, lo que está en juego es algo más profundo: la incapacidad estructural del texto vigente para dar respuesta a la actual policrisis civilizatoria.

Vivimos en un contexto marcado por el colapso climático, la pérdida acelerada de biodiversidad, la profundización de múltiples extractivismos y una desigualdad social y ambiental cada vez más estructural y acuciante. Algunas imágenes resultan muy ilustrativas. Mientras unos 23.000 jets privados transportan a un número minúsculo de personas contribuyendo a la generación de gases efecto invernadero, la Agencia de la ONU para los Refugiados calcula que se desplazan más de 20 millones de personas anualmente como desplazadas climáticas. A la vez que en países del norte global se intenta impulsar la transición energética se invisibiliza lo que sucede en territorios del sur global en nombre del litio. La lista podría continuar, son cada vez más numerosos los ejemplos de injusticia ecosocial.

Frente a este escenario mundial, que no nos resulta ajeno, es urgente repensar los marcos institucionales desde los que se concibe el derecho, el poder y la democracia. La Constitución Provincial, como norma fundamental, es una pieza central. La Constitución santafesina actual ya ha incorporado la dimensión de la justicia social en la década del 60, pero carece de una dimensión de justicia ecológica. Su texto actual no reconoce el derecho a un ambiente sano en articulación con el reconocimiento de derechos de la naturaleza, los principios del derecho ambiental y sus principales instrumentos de gestión, así como estructuras de organización del poder y de la toma de decisiones que amplíen la participación ciudadana y también representen los intereses de los propios ecosistemas.

Del Constitucionalismo Ambiental al Constitucionalismo Ecológico

La Reforma constitucional de 1994 a nivel nacional representó un avance al consagrar el derecho a un ambiente sano (art. 41) y el amparo colectivo (art. 43) en un momento en el cual la impronta para trabajar con los temas ambientales resultaba de una perspectiva general más antropocéntrica y economicista. Sin embargo, la perspectiva sobre la cuestión ambiental se ha ido ecologizando con el tiempo a partir de un sostenido proceso de ecologización del derecho y de incorporación del debate sobre la justicia ecosocial. Este se nutre de aportes del constitucionalismo en la región, de las interpretaciones contemporáneas del derecho vigente en Argentina y de reiterados precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que incorporan la necesidad de, por un lado, salir de la perspectiva antropocéntrica y, por otro, atender no sólo  los intereses estatales o privados sino también los de los propios ecosistemas. Estos avances en una dirección ecocéntrica pueden asociarse con la insuficiencia de la mirada existente frente a la magnitud del deterioro ecosistémico, gestionando el actual colapso con regulaciones que no logran aportar en torcer el rumbo hacia otra dirección.

Ante esta insuficiencia, en las últimas décadas ha emergido una corriente que plantea un cambio de paradigma hacia un Constitucionalismo Ecológico. Este enfoque no es teórico ni abstracto, ya tiene traducción regulatoria e institucional en varios países de América Latina. Ecuador –con su Constitución de 2008– y Bolivia –con sus leyes marco de 2010– han reconocido los derechos de la naturaleza, el Buen Vivir y la pluralidad de naciones y cosmovisiones existentes en sus territorios. En similar dirección la Corte Constitucional Colombiana ha emitido fallos pioneros que reconocen a ecosistemas como sujetos de derechos y les asignan guardianías. Estos antecedentes que tienen su repliegue también en nuestro país, demuestran que se trata de un camino prolífico y en persistente crecimiento tal y como lo afirma la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 32 hecha pública el 3 de julio de 2025.

Pese a este emergente escenario, también es cierto que uno de los puntos ciegos que ha tenido el campo jurídico es su silencio –o complicidad– frente al modelo extractivo que domina la matriz económica y la política en la región y no ha resultado en un freno para la megaminería, el fracking, los monocultivos y el uso intensivo de agrotóxicos, la especulación inmobiliaria ni los megaproyectos de infraestructura que subordinan lo común al capital.

Una Constitución Ecosocial parte de este escenario complejo y permite también ubicar a Santa Fe como epicentro de múltiples conflictos socioambientales: incendios sistemáticos en humedales del Delta del Paraná, contaminación por agrotóxicos que afectan la salud humana y los ecosistemas, especulación inmobiliaria en áreas de alto valor ecológico, extractivismo pesquero, deforestación en el norte provincial, entre otros. Asimismo, el impacto del cambio climático se expresa en sequías extremas, crisis hídricas, olas de calor y pérdida de capacidad adaptativa de los territorios rurales y urbanos. Estos impactos no se distribuyen de forma equitativa: afectan de forma desproporcionada a comunidades que han sido vulnerabilizadas, pueblos indígenas, sectores populares y campesinos, profundizando la desigualdad social.

En este contexto un conjunto de organizaciones de la sociedad civil ha intentado convertir este escenario difícil en uno propositivo que interpele la escritura de quienes tienen a su cargo la trascendental responsabilidad de escribir una Constitución en un tiempo histórico en el que se lucha por la existencia misma de un porvenir habitable. Luego de un esfuerzo colectivo de varios meses el documento Por una Constitución Ecosocial para Santa Fe condensa una serie de ideas tanto en términos de reconocimiento de derechos como de diseño de instituciones más democráticas para la toma de decisiones que intenta estar a la altura de este tiempo. Un tiempo en el que la humanidad se da cuenta cada día con más claridad que somos parte de la naturaleza como tan gráficamente quedó expuesto en el contexto de las quemas del Delta del Paraná: somos humedal.

Sin naturaleza no hay producción, ni trabajo, ni democracia, ni futuro vivible. Imaginar un porvenir es factible si los esfuerzos colectivos y pactos sociales más relevantes, como es una Constitución provincial, tienen quien los escriba en clave ecosocial.

derecho a la energía

YPF en riesgo, derecho a la energía, frío polar

por Alejo di Risio para Revista Anfibia

Esta semana, mientras Argentina se convertía en el segundo lugar más frío del mundo, casi medio país se quedó sin gas, y hubo muchas ciudades aisladas y paralizadas. ¿Cuánto tiene que ver la ola polar y cuánto las políticas energéticas alrededor de Vaca Muerta? Eso no fue todo: mientras tanto, se conoció un fallo de la justicia estadounidense que pretende que el Estado entregue el 51% de YPF, es decir los bienes de nuestra naturaleza y su gestión. Pone en peligro, además, la estrategia de YPF de Milei. Y hace que el derecho a la energía gane el centro del debate.

Para pasear en Mar del Plata en invierno siempre hay que respirar hondo. Pero estas vacaciones de julio no hay abrigo que alcance: llegó a amanecer con casi diez grados bajo cero. Por falta de gas se suspendieron las clases, y hasta cortaron la luz en el shopping del centro y en los restaurantes. Cayó nieve en Atacama, en las sierras cordobesas, hasta en Los Polvorines. Los vecinos de Lugano salieron a las calles para denunciar que llevaban más de una semana sin agua, y encima les habían interrumpido el servicio de luz: “Pagamos tarifas cada vez más caras, ¡y nadie nos explica nada!”. Los pediatras del Garrahan levantaron cartelitos pidiendo a las familias refuerzos de mantas y frazadas “ya que el servicio no cuenta con suficientes”. En Trevelin prohibieron usar el agua corriente para evitar que se congelen los tanques, y por el hielo de los caminos rurales los camiones que transportan leña no pudieron entrar a los pueblos. Muchas industrias pararon. 

En esta semana que termina, Argentina fue el segundo país más frío del mundo. Y gran parte del territorio, estuvo sin acceso al gas. ¿Culpa de la ola de frío o de las políticas energéticas? Spoiler: de ambas.

A CABA no le tocó lo peor de este fenómeno extremo, pero igual registró temperaturas mínimas de –1,9 °C, la más baja desde 1991. Ayer, 3 de julio, el consumo residencial de gas llegó a su record histórico 100,3 millones de m³/día, aún mayor que el último pico de consumo, 96 millones m³ del año pasado. Las distribuidoras activaron medidas de emergencia: interrumpieron el servicio a industrias, estaciones de GNC (incluidas con contrato firme) y se redujeron exportaciones a Chile. En La Plata, la baja presión con la que llegaba el gas fue acompañada por cortes de luz y paralización en la distribución de GNC, lo que paralizó el transporte urbano. En Mar del Plata la activación de un “Protocolo de Crisis” también interrumpió actividades con alto consumo de gas, como piletas climatizadas. 

Si bien es normal que la demanda residencial de gas se quintuplique en invierno, este año hubo un récord. Pero uno que el Servicio Meteorológico Nacional ya había advertido. Y a pesar del poco tiempo de aviso del SMN, ¿es posible hablar de imprevisibilidad si en un contexto de crisis climática sabemos que cada año será récord? La demanda residencial picó en 100 millones de m³/día; es un 25 % por encima de niveles habituales, pero apenas superior a los 96 millones de m³/día que había alcanzado el año pasado. Las fallas técnicas debidas al frío extremo, que congeló equipos y tuberías, y la presión sobre la infraestructura de transporte generó múltiples problemas. Por un lado, una caída de presión que activó mecanismos de protección, cerrando el circuito que alimentaba algunas zonas. Por otro lado, las usinas térmicas que dependen del gas operaron por debajo de su capacidad, lo que generó cortes eléctricos a más de 100.000 usuarios sin luz en AMBA. Las estufas se apagaron, incluso en los hogares que pagan más caro (contratos priorizados) para que esto no pase. 

***


En esta semana, en la que en el sur casi no hablábamos de otra cosa que del frío, la estadounidense Loretta Preska podía andar de camisa. Desde los casi 30ºC que rodeaban su oficina de Nueva York tomó una decisión que algunos diarios titularon “una pesadilla para la Argentina”. Sentenció que en dos semanas nuestro país debería entregar el 51 % de YPF para saldar parte de una deuda megamillonaria (USD 16.1 mil millones) con los fondos buitre Burford Capital.

Las primeras declaraciones del oficialismo apuntaron a que el fallo se apelará. Pero los primeros descargos del presidente Javier Milei dirigieron la culpa al gobernador Axel Kiciloff, y como consecuencia se fortaleció la posición de la justicia estadounidense. Las declaraciones presidenciales pueden ser usadas como evidencia en el proceso legal.  Si nuestro país acata el fallo y entrega el 51% de YPF, las consecuencias pueden ser nefastas para la estabilidad del sistema energético nacional. A pesar de que los ultralibertarios se jactan de ser anti-Estado, saben que la principal herramienta para asegurar el suministro -tanto de energía como de balanza comercial- es YPF. Si Argentina pierde el control de su principal empresa estatal, podría pulverizar la capacidad de definir una política energética en un sector fuertemente controlado por enormes jugadores en términos de poder. 

Las acciones de YPF están protegidas por la Ley de Expropiaciones que el Congreso argentino ratificó y que la Constitución Argentina permite: avanzar en activos estratégicos. No hay antecedentes en el mundo de que se haya avanzado sobre un patrimonio de otro país de esta manera. El caso no tiene precedentes, puede sentar jurisprudencia a nivel global y por eso otros países se presentaron a favor de la posición argentina. Como así lo hizo el Departamento de Justicia estadounidense, durante el gobierno de Biden, dos veces. 

El Presidente Milei apelará, argumentando un impacto negativo en el ingreso de divisas. Esto le llevaría respiro al establishment energético local: Paolo Rocca, Marcelo Mindlin, Miguel Gallucio y los Bulgheroni, entre otros. Sus empresas privadas dependen fundamentalmente del Estado, a través de subsidios o de sociedades con la petrolera nacional. Al cierre de esta nota, ninguno de ellos había hecho declaraciones públicas para apoyar la soberanía nacional sobre YPF. 

El fallo de Preska pretende quedarse con nuestros bienes naturales y su gestión, y pone en peligro la estrategia de la YPF de Milei. La petrolera estatal es la principal operadora en Vaca Muerta, donde se produce el gas que puede salvar vidas cada invierno y durante olas de frío como esta. La pérdida de control de YPF clausuraría definitivamente cualquier atisbo de planificación energética argentina, tanto actual como futura. 


En el escenario actual a nivel global, la crisis climática avanza tanto como los discursos negacionistas en torno a su origen en la actividad humana. Sin embargo, hasta la Agencia Internacional de Energía diagnostica que el pico de demanda de petróleo y gas será para 2030. La extrema derecha, tanto en Argentina como en el resto del mundo, combate la certeza científica para demorar la acción climática. Esto aparece, incluso, en el recientemente revelado Plan de Inteligencia Nacional de la SIDE. Entre sus objetivos, monitorear a personas y organizaciones que intenten frenar los combustibles fósiles o acelerar la transición energética. Esta vaga definición podría incluir no sólo a periodistas, activistas o académicos sino también a empresas privadas que se dediquen al sector de energías renovables, como la subsidiaria  YPF Luz. 

Las empresas estatales energéticas tienen un rol clave en diseñar y moldear cómo nos vinculamos socialmente con la energía, en la actualidad y en el panorama futuro. YPF, como empresa estatal, tiene un potencial único para ser parte de las respuestas que nuestro país necesita, pero es necesario asegurar que sirva al interés público y pueda gestionar su vínculo con el territorio de manera responsable y segura. Su capacidad no es solamente definir políticas sectoriales, sino también articular con el resto de organismos estatales, incluidas las empresas energéticas provinciales. De dirigir, desde su rol como empresa estatal líder, un verdadero proceso de transición y transformación a la altura del contexto actual.

Muchos de estos organismos estatales hoy están bajo ataque . Tienen la capacidad de proyectar el rumbo del país en sectores fundamentales para garantizar la vida como el agua, el aire o los alimentos. Una transformación a la altura del contexto no implica solamente dejar atrás los combustibles fósiles, sino que es mucho más amplio, implica rediseñar la mirada energética integral con una perspectiva ecosocial.

Esto implica el compromiso con un descenso planificado y seguro de nuestra dependencia de los combustibles fósiles.  Implica, también, diseñar una transición segura, con una agenda basada en evidencia científica antes que en los compromisos con accionistas. Que la reinversión pública permita planificar e implementar una infraestructura que facilite el acceso a energías limpia,  seguras y accesibles para la población. Para que esto suceda, los activos nacionales energéticos no pueden seguir siendo instrumentos de apuesta constante, comportamiento usual del volátil mercado petrolero y gasífero. 

Por otro lado, desde YPF se podría avanzar enormemente en la descentralización geográfica del suministro, la producción y el consumo energético. La energía como vector de la federalización se encuentra inscripta en la identidad histórica de la empresa. También podría promover la desconcentración del sector, en términos de poder, para que el sector no sea controlado por grandes actores extranjeros, de cuya inversión nos volvemos dependientes, sino por un entramado de actores locales y regionales, que sí tengan los intereses territoriales en mente. La expansión desde YPF Luz podría impulsar los proyectos de generación distribuida de energía, donde cooperativas o PyMes puedan generar la electricidad que consumen, y hasta obtener rédito vendiendo el excedente a la red. No se trata sólo de tener un sistema que dependa de las grandes centrales sino que estructure materialmente una distribución de los beneficios que la energía otorga y permite. 


Esta ola polar demuestra que pensar la energía como una mercancía es un error desde una perspectiva social. El sector energético opera históricamente bajo la lógica de inversión mínima en interés público. Hace décadas que las petroleras se dedican sistemáticamente a sembrar duda sobre la crisis climática que hoy profundiza esta ola polar que quiebra récords. Existen todavía enormes deudas por saldar, no sólo políticas, sino ambientales y sociales. Los pozos abandonados sin remediación, la impunidad de los derrames petroleros o deudas como la de Shell con el municipio bonaerense de Magdalena: el derrame de petróleo en agua dulce más grande de la historia sigue impune, y la deuda de $20 millones de dólares, insignificante para Shell, sigue sin haber sido abonada a los bonaerenses.

La política energética nacional sigue orientada a la generación de divisas antes que al bienestar social. La apuesta actual del sector es a la exportación. Esta misma semana el Ministro de Economía prometió ductos exportadores al Mercosur. El Ministro de Desregulación (sic) permitió la exportación sin límite de las mismas garrafas de gas que no llegan a hogares y escuelas. Y desde el comienzo de la gestión que avanza el inseguro proyecto de puerto exportador del Golfo San Matías. El gobierno, desprovisto de todo sentido de la ética, apuesta nuevamente a la crueldad, esta vez con la energía como vector. 

Cuando los climas extremos se intensifiquen, como lo harán cada año, las redes de abastecimiento volverán a colapsar y a entrar en estado de emergencia social y sanitaria. La punta del iceberg son los casos más extremos con víctimas fatales. En este invierno, en Argentina ya murieron diez personas por hipotermia y por intoxicación con monóxido de carbono. Imposible  cuantificar el sufrimiento que ocasionan estas bajas temperaturas en una población que no tiene cómo refugiarse del frío.

***

La física define a la energía como la capacidad de producir un cambio. Entenderla como un derecho implica pensar en el derecho a producir esos cambios no solo sobre nuestra realidad material sino también en el mundo que nos rodea. El derecho a la energía implica imaginar y proyectar un país en el cual ninguna persona tenga que sacrificar su salud para no pasar frío. Que no haya shoppings iluminados y piletas calefaccionadas mientras personas sufren el frío de manera profunda. En ese contexto el precio de la garrafa (o la falta de límite para su exportación) se convierten en decisiones profundamente éticas. 

Argentina se enfrenta a un invierno potenciado por variables estructurales y coyunturales. La ola polar expone un sistema frágil, con infraestructura insuficiente y debilidad institucional en proveedoras clave como YPF. Si los Estados no refuerzan el sistema energético, y comienzan a fortalecer el entramado del sistema energético ante las adversidades del contexto global, corremos el riesgo de que la energía se convierta en un vector de desigualdad, en vez de uno que potencie las vidas. Una salida exige visión estratégica, evidencia científica e inversión pública-privada responsable con los territorios la vida y la salud. Es posible integrar la seguridad energética con la justicia socioambiental, pero esto requiere una mayor democratización de las decisiones sobre la energía.

En simultáneo, existe un enorme potencial en estos momentos de crisis para revalorizar lo local y cercano. Las más de 600 cooperativas que llevan electricidad a los hogares en Argentina, o las incipientes comunidades energéticas son modelos de gestión de nuestra energía que permiten controlar mejor el sistema, decidir sobre nuestras propias vidas. En un contexto de crisis climática, en el cual los cambios bruscos de temperatura y la amplitud térmica sólo aumentarán, la decisión sobre la energía es también la decisión sobre la salud.

La prioridad de un sistema energético debe ser transportar y distribuir energía con una misión principal: mejorar la calidad de vida de las personas. Esto no significa negar al mercado ni a los actores privados sino avanzar hacia sistemas mixtos, con fuerte participación estatal, para garantizar el acceso al bienestar. El enfoque exclusivamente mercantilista falla cada vez más. Si bien se habla mucho de los activos estratégicos, suele quedar al margen del debate que toda estrategia tiene una ética implícita. La gestión de los bienes naturales es siempre estratégica. Ya que los beneficios que permiten son capaces de permitir la vida, no sólo en términos de supervivencia, sino de producir un cambio en su calidad. Las olas polares no deciden quién las sufre y quien no, pero hoy existe una élite de empresarios, que sí tiene ese poder. Y el desafío es trabajar para un futuro en el cual nadie tenga que padecerlas. 

Una Reforma Constitucional Ecosocial Justa y Popular que ponga la Vida en el centro

Por Melisa Argento, Romina Araguas y Lucas Micheloud para Revista Econcejo

La provincia de Santa Fe se encuentra frente a un hito histórico: reformar su Ley Fundamental. Si bien se dice que la Constitución refleja lo que la sociedad valora y considera importante en su tiempo; en rigor es resultante de negociaciones de un fuerte entramado de intereses que representan los Constituyentes elegidos por la sociedad. Es urgente evitar que la ola libertaria que recorre el país impida la incorporación de derechos ecológicos y ambientales, así como el fortalecimiento de los derechos humanos, laborales, políticos, culturales, indígenas y el respeto por la diversidad de género.

La realidad histórica que vivimos es dramática, estamos atravesando una crisis ecológica a escala global, que es civilizatoria, dado que lo que debe ser transformado es la manera predadora para con la Naturaleza. Lo cierto es que las temperaturas del planeta están en aumento, la concentración de dióxido de carbono y metano excede los límites aceptables, y la pérdida de biodiversidad se acelera.

La crisis climática y ecológica también impactan a Santa Fe, que ha sufrido una explotación intensiva de sus bienes naturales en las últimas décadas, generando una crítica degradación ambiental en sus ecosistemas y vulneración de los derechos de las comunidades locales. Desde la histórica tala de bosques con la vieja forestal hasta la descontrolada expansión agrícola del agronegocio, se han perdido más del 80% de los bosques nativos, contribuyendo a la erosión de los suelos, exacerbada por eventos climáticos extremos y prolongadas sequías, especialmente en la cuenca del río Paraná. Además, las fumigaciones con agrotóxicos afectan la salud de comunidades urbanas y rurales. Mientras que los incendios forestales devastan humedales y pastizales, la industria pesquera exportadora arrasa con la fauna ictícola. Se consolida un modelo de producción de commodities (y no de alimento).

Frente a esto es fundamental que la reforma constitucional no se limite a un “lavado verde”, sino que sea una verdadera transformación del modelo extractivista. La reforma se presenta como una oportunidad histórica para redefinir los principios constitucionales de la provincia incorporando soluciones de fondo que garanticen derechos para la vida digna y sana de su población.

Desextractivizar el Futuro: Santa Fe en la encrucijada de la sostenibilidad

La necesidad de garantizar la sostenibilidad de la vida es crucial para revertir la situación ecológica y social que enfrentamos. Es imperativo que la reforma de la Constitución Provincial adopte un enfoque que priorice otros modelos de producción que respeten el equilibrio ecológico intergeneracional y fomenten la justicia social. Esto implica la protección de la naturaleza, el bienestar de la comunidad y la preservación de la biodiversidad para las generaciones futuras.

Propuestas hacia una Constitución Ecosocial

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, en red con otras organizaciones y colectivos, venimos cuestionando el extractivismo promoviendo acciones judiciales en defensa del ambiente y de las comunidades afectadas. Pero también venimos imaginando otros futuros que, articulen de manera definitiva la justicia social con la justicia ambiental.

Propuestas para un nuevo Pacto Ecosocial: 

1.-  Reconocimiento de los derechos de la naturaleza, a existir y prosperar: en sintonía con los compromisos internacionales, y un número creciente de fallos judiciales y normas que han reconocido la personalidad jurídica de los no humanos, es urgente reconocer a la naturaleza y a su diversidad por su valor intrínseco, es decir, como sujeto de derecho. 

2.-Reconocimiento del derecho al ambiente, como derecho humano fundamental: reconocer al ambiente, como derecho fundamental y condición de preexistencia a los derechos humanos, por su fuerte vinculación no solo con los derechos a la vida y a la salud, sino también con derechos a la igualdad, a la libertad de pensamiento y expresión.

3.- Reconocimiento del sistema de Principios ambientales, priorizando la prevención de daños y la restauración de ecosistemas, adoptando un enfoque de precaución ante la incertidumbre científica. Garantizar a través del principio pro natura que la naturaleza prevalezca sobre los derechos subjetivos o privados, promoviendo políticas ambientales progresivas. Estos principios han de respaldar los planes de reparación para el río Paraná y sus cuencas, garantizando la protección y rehabilitación de los humedales.

4.- Reconocimiento de los instrumentos de política y gestión ambiental, particularmente la evaluación de impacto ambiental, la evaluación estratégica integral y acumulativa sobre la afectación ambiental en cada ecosistema o cuenca hídrica, el acceso a los derechos a la información pública ambiental transparente y temprana, a la participación en asuntos ambientalesy a el acceso irrestricto y gratuito a la justicia ambiental, a través de la acción de Amparo Ambiental.

5.- Reconocimiento del derecho humano al agua, como bien colectivo esencial para la vida. Debe preverse el ordenamiento territorial por cuencas hídricas, con la consecuente construcción de comités o entes de regulación y gestión público-social que deberán evitar la privatización de los ríos y los represamientos, así como la discrecionalidad de dragados.

6.- Reconocimiento del derecho a una alimentación segura y promoción de la agroecología, impulsando políticas que desarrollen la soberanía alimentaria. Progresivamente la eliminación en el uso de agrotóxicos, incentivando una agricultura con agricultores, alimentos y biodiversidad.

7.-Para que todo esto sea posible, nuestra futura Constitución debe vetar cualquier intento de legislar nuevas formas de financierización de la naturaleza que han sido configurada para favorecer la compensación de emisión de gases de efecto de invernadero de los sectores corporativos de poder, principales contaminantes del mundo. Rechazar cualquier intervención mercantil del mercado de carbono, y asumir un verdadero compromiso con la mitigación del cambio climático más allá de la adaptación.

8.-La legislación sobre nuestros bienes comunes debe garantizar la vida sana y digna de la ciudadanía santafesina, así como los derechos humanos y ecosistémicos. Por esto, la Constitución debe velar por la libre expresión y el derecho a la protesta social, rechazando cualquier impulso criminalizador que tiene, muchas veces entre sus principales víctimas a la sociedad organizada en la defensa de sus derechos. Es un momento decisivo para alzar la voz contra la amenaza de una agenda conservadora y negacionista impuesta por la ultraderecha, pero que, a muchos sectores políticos cooptados hace tiempo por los poderes económicos, le queda muy cómoda.

¿A quién le importa los glaciares y el movimiento socioambiental?

por Maristella Svampa y Enrique Viale para elDiarioAr

Parece una obviedad, pero como en este país el sentido común se ha invertido y bastardeado, hay que arrancar por lo más básico. Hay que comenzar justificando por qué defendemos los glaciares:

Defendemos los glaciares porque – sea la forma que adopten- son nuestras fábricas de agua, esas que desde la cordillera van alimentando más allá de las fronteras provinciales, nuestras cuencas y ríos, de las que depende toda la actividad económica, la salud de los ecosistemas y nuestra propia subsistencia.

Defendemos los glaciares porque en todo el mundo están cada vez más amenazados por el cambio climático y el estrés hídrico que ha hecho que éstos retrocedan, hasta en algunos casos desaparecer (como ya sucedió en Perú y Bolivia). Defendemos los glaciares contra aquellos negacionistas del cambio climático que por acción u omisión, alientan su destrucción y/o desaparición.

Defendemos los glaciares porque la otra gran amenaza es la expansión de las actividades extractivas, sobre todo de la gran minería, que se emplaza sobre zonas glaciares y periglaciares, utilizando millones de agua dulce y destruyendo estas fabulosas reservas de agua, como ya lo hecho en San Juan, y también del lado chileno, un país sometido a un estrés hídrico ya dramático.

La Ley 26.639, sancionada en el año 2010, resguarda los sistemas de glaciares y sus ecosistemas asociados, colocando límites razonables a actividades extractivas (petróleo y minería) en ambientes glaciares y periglaciares. Su sanción no fue fácil. Hubo antes un veto presidencial en 2008, bajo el gobierno de Cristina F. de Kirchner (conocido como “veto Barrick Gold”), pero finalmente la ley fue sancionada dos años más tarde, gracias a la articulación de organizaciones sociales, movimientos ambientales y sectores políticos que de este modo buscaron colocar un límite a una minería descontrolada, símbolo de la reprimarización de nuestra economía, del despojo y la contaminación.

En ese entonces había políticos de fuste, que se animaban a enfrentar al poder político y empresarial. En la cámara de Diputados la autora de la primera ley de glaciares fue Marta Maffei y tuvo grandes defensores como Miguel Bonasso, Pino Solanas, el bloque completo de Elisa Carrió e incluso, luego de varios debates televisivos, el propio Daniel Filmus votó por la buena ley, contrariando a su propio bloque. En el debate en el Senado representantes como Norma Morandini y Ruben Giustiniani abrieron el espacio a las organizaciones sociales y a científicos e investigadores de la universidad pública. Muchos de nosotros fuimos a hablar con los diputados y senadores que estaban indecisos, uno por uno, ofreciendo argumentos y datos científicos. En la sesión que desembocó en su aprobación el entonces senador jefe de bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, votó a favor e incluso el cordobés Luis Juez, hoy tan libertario, también lo hizo; todos ellos alegando que era necesario afirmar nuestra soberanía, resguardar nuestros bienes comunes y colocar límites a un lobby minero que se creía todopoderoso.

La CAEM (Cámara Argentina de Empresarios Mineros), que de Argentina no tiene nada porque está conformada por las grandes mineras transnacionales, nunca se resignó a perder esa batalla. Siempre tuvo a la Ley de Glaciares en la mira, cuestionando a ésta cual piedra en el zapato. La Ley fue objetada judicialmente apenas sancionada y logró ciertos frenos en las provincias más colonizadas por el poder minero (como en San Juan). La CAEM volvió a la carga bajo el gobierno de Macri en 2016, pero no pudo modificarla debido a la filtración del proyecto y las denuncias públicas que le siguieron. Dicha modificación estuvo a punto de ser introducida en el marco del proyecto de Ley Ómnibus (enero/febrero de 2024), aunque tampoco aquí pudieron lograrlo, debido al rechazo social que provocó.

Ahora la CAEM redactó un proyecto de Decreto que pretende saltear el Congreso, con el explícito propósito de avanzar con la explotación minera al área de glaciares y periglaciares, actualmente protegidos, lo que habilitaría su destrucción. La información que circula, de varias fuentes, es que irían contra la Ley de Glaciares a través de un Decreto nacional, por la vía de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifique directamente la ley, o mediante un decreto reglamentario que termine desvirtuando los alcances de protección de la norma. Lo que es seguro es que la modificación habilitaría la minería en la zona periglaciar y limitaría además la protección solo a glaciares mayores de una hectárea, desconociendo el carácter semi-árido de gran parte de nuestro país, mucho más expuesto por eso al estrés hídrico, agravado por la crisis climática global.

Así, la modificación es abiertamente regresiva pues dejaría afuera de la protección a todo el ambiente periglaciar. Cientos de kilómetros cuadrados a merced de su destrucción. Este ambiente, que rodea los glaciares, además de tener una importancia hídrica en sí misma, es -a su vez- elemental para la conservación de los cuerpos de hielo principales por su rol ecosistémico. También, como dijimos, dejarían fuera de protección todos los glaciares menores a una hectárea (una manzana urbana). Esta distinción, absolutamente arbitraria y sin sustento científico, dejaría fuera cientos de glaciares actualmente protegidos. Además habría una modificación que habilitaría la discrecionalidad total para destruir cualquier glaciar, pues pretenden exigir que los glaciares demuestren “relevancia hídrica” para que sea protegido. Esto abriría la puerta a la destrucción de cualquier glaciar, de cualquier tamaño, con la sola declaración de una provincia de que el glaciar en cuestión no tiene esa condición. En definitiva, todos los glaciares estarán en la mira de las grandes mineras.

Si bien la modificación que se pretende hacer es “quirúrgica”, es suficiente para permitir la destrucción de estas fábricas de agua. Y ello para llevar a cabo una actividad netamente extractivista e irracional, que puede durar sólo 15 o 20 años, y que tiene como consecuencia la destrucción de los glaciares para siempre. Sí, claro, hay que decirlo una vez más aunque sea obvio: los glaciares una vez que se destruyen, no se pueden reconstruir ni recomponer.

Además, el Decreto sería abiertamente inconstitucional, por su carácter regresivo. No se puede retroceder en protección ambiental, esto lo establece el Acuerdo de Escazú al consagrar expresamente el Principio de No Regresión, tratado internacional que Argentina firmó y, por lo tanto, está obligado a respetar y, además, ya forma parte de nuestra legislación.

Por otro lado, las compañías mineras y sus voceros suelen decir que la Ley de Glaciares impide el avance de la minería. Que quede claro, por si hay todavía algún distraído: no es que la megaminería no haya avanzado en Argentina a raíz de la Ley Nacional de Glaciares. Ciertamente esta impuso límites razonables sobre polémicos proyectos que pretenden asentarse en zonas protegidas, pero no pudo evitar que la minera Barrick Gold continuara destruyendo glaciares en San Juan. En realidad, pese a los grandes logros de los movimientos en defensa del agua -como en Mendoza y Chubut- la megaminería sigue avanzando descontroladamente en las provincias. Hoy, en 2025, solamente en Río Negro hay unos 53 proyectos en distintos estados de avance, y más de 35 en San Juan y es así en casi todas las provincias. Así, la voracidad de las empresas mineras no conoce límite, mucho menos ahora que están envalentonados como nunca por una política nacional negacionista del cambio climático. Los gobernadores y los sectores promineros se han subido al carro triunfal libertario, avalando en lo provincial una política nacional que suprime derechos, que reprime en las calles la protesta social, que encarcela a activistas sociales y ambientales, y ofrece en bandeja de plata al capital transnacional y sus socios nacionales los bienes públicos y naturales de los argentinos.

Estamos en tiempo de revancha; el lobby minero se frota las manos y ve por fin llegar su hora, la de avanzar y destruir los glaciares. Seguramente van a minimizar el peligro de destrucción, mentirán sobre nuestras fuentes de agua y las posibilidades de contaminación. Mentirán como lo hacen también sistemáticamente a la hora de prometer la creación de fuentes de trabajo, pues según fuentes oficiales la minería solo representa el 0.15% del trabajo privado registrado nacional. Dirán que ellos protegen el ambiente, pese a las ingentes muestras de que es todo lo contrario. Dirán que están acá para desarrollar el país, pese a que las zonas mineras -enclaves de exportación- siguen teniendo altos índices de pobreza. Dirán que aportan al fisco, cuando la Ley de Inversiones Mineras, de la década de los 90, establece exenciones impositivas y financieras y el tope de cobro de regalías (actualmente están pagando 1,6% del mineral que extraen), a lo que se suma ahora el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en la denominada Ley Bases (2024).

En fin, sacaran a relucir su reforzada confianza de clase, porque además tienen enfrente un presidente-chucky que los llama “héroes” y “benefactores sociales” y un ministro fanático de la desregulación hasta la obscenidad como Federico Sturzenegger, que se deleita haciendo entrega de nuestros bienes al conjunto de las fuerzas corporativas.

Pese a todo, no es hora de temer, de paralizarse o de hacer la política de la avestruz. Es hora de exigir seguridad jurídica. Aunque parezca un concepto exclusivamente relacionado con los grandes intereses económico, es importante remarcar que los ciudadanos también tenemos derecho a la seguridad jurídica. Tenemos derecho a que se respeten las leyes, como en este caso, que protegen las fuentes elementales de vida. A que no sean modificadas o subvertidas intempestiva y arbitrariamente y así se cambien las reglas de manera regresiva. ¿Permitiremos que destruyan nuestras reservas de agua, algo tan prioritario para la vida, máxime en el marco de la aceleración de la crisis climática? ¿Lo aceptaremos pasivamente? ¿Habrá algún legislador o legisladora – como lo hubo en 2010 y también en 2016- que salga a defender estos bienes comunes que pertenecen a todas las y los argentinos?

Un Plan de vigilancia secreto y antidemocrático

A esto se suma el peligroso plan de vigilancia, claramente antidemocrático, que se estaría ya aplicando contra los sectores ambientales. El pasado 25 de mayo el periodista Hugo Alconada Mon reveló la existencia de un Plan de Inteligencia Nacional 2025 (PIN), elaborado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) del actual gobierno de Milei. La revista Crisis accedió a una copia de dicho Plan y evidenció la extrema gravedad de su contenido. La descripción del “objetivo de inteligencia” de la SIDE sobre el movimiento socioambiental es escalofriante.

Es una caracterización detallada de las acciones elementales que realizamos desde hace décadas: “actores estratégicos, vinculados a organizaciones ambientalistas, con capacidad de incidir en la toma de decisiones y en la obstrucción de proyectos ligados a la exploración y explotación de Recursos Naturales Estratégicos (RNE)”

El delirio es tal que alcanza incluso a aquellos que propicien un cambio de matriz energética, algo que es una obligación nacional e internacional, que establece el Acuerdo de París, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Así se dice: “actores que propician proyectos relacionados con el desarrollo de energías renovables e hidrógeno verde a nivel global que aceleren el cambio de matriz energética en detrimento de la posible comercialización de recursos hidrocarburíferos por parte del Actor Nacional”.

También se encarga de poner como objetivo de inteligencia a las comunidades indígenas: “actores que en función de la protección de patrimonios culturales y/o sagrados para las comunidades locales deriven en la obstrucción de proyectos”. Y el dislate es total al incluir a los científicos: “actores que promocionen actividades científicas ligadas a la conservación de la biodiversidad y protección de los océanos…”

Es decir que la totalidad del espacio socioambiental, que incluye organizaciones, colectivos, activistas, referentes académicos y periodistas, comunidades indígenas y científicos, son -somos- el blanco del Servicio de Inteligencia del Estado solo por promover elementales acciones que realiza pacíficamente cualquier defensor ambiental. Todo ello nos plantea las preguntas acerca de qué tareas de inteligencia ya se están realizando sobre nosotros. ¿Nos están siguiendo físicamente? ¿Penetran o infiltran nuestras comunicaciones y redes sociales? ¿Preparan “operaciones” mediáticas para desprestigiarnos? El objetivo así no es solo provocar confusión sino además producir miedo y desmovilización, generar una sumisión social absoluta que suprima no solo los derechos sino la posibilidad misma de manifestarnos. Es de tal gravedad que debería producir un escándalo nacional de proporciones. Pero en realidad, hay que preguntarse a quién le importa el movimiento ambiental, sus luchas territoriales y su defensa de nuestros bienes comunes, si este ha sido sistemáticamente ninguneado, estigmatizado e invisibilizado por todos los gobiernos argentinos de los últimos veinte años…

La cineasta Lucrecia Martel dijo hace poco que: “Nos toca algo que da mucho trabajo y es muy cansador, nos toca inventar el futuro próximo… Inventemos un futuro que nos guste, que no sea solo el futuro del apocalipsis… Hay que inventar de cero.” Así, es tiempo de pensar otro futuro y también de cuidarse, cuidarnos, mucho, juntos, para sostener y hacer retroceder colectivamente esta ofensiva autoritaria que se perfila en todos los frentes. Es tiempo de abrir el espacio -político y cognitivo- a la imaginación radical y, sobre todo, tiempo de unir las luchas.

Presupuesto para incendios

Incendios, pinos y mal desarrollo

por Enrique Viale y Malena Srur para elDiarioAr

La Argentina enfrenta incendios devastadores en el sur y noreste del país, agravados por sequías, altas temperaturas y desfinanciamiento estatal. Las plantaciones de pinos aumentan el riesgo y dificultan la regeneración del ecosistema. Este modelo forestal, basado en monocultivos exóticos, afecta la biodiversidad, el agua y las comunidades, promoviendo un desarrollo insostenible y regresivo.

Otro verano con incendios en todo el país. En la Patagonia, donde aún continúan activos, consumieron miles de hectáreas de bosques en los Parques Nacionales Nahuel Huapi y Lanin. En la Comarca Andina ya se quemaron también miles de hectáreas en una zona de interfase urbano-rural, destruyendo casi 200 viviendas y con centenares de familias evacuadas. Hasta el momento más de 45.000 hectáreas de bosques fueron arrasadas por el fuego en el Sur. Los peores en las últimas tres décadas.

También hay incendios de gran extensión en las provincias del noreste del país, ya muy castigadas por el fuego durante los últimos años. En lo que va de 2025, solo en Corrientes se quemaron cerca de 150.000 hectáreas, aunque los datos varían por la ausencia de información oficial confiable.

En todos los casos se combina una sequía atípica, temperaturas extremas y fuertes vientos como detonantes principales, sumado a que los recursos para prevención y control que destinan el gobierno nacional y los gobiernos provinciales son insuficientes y cada vez más escasos. El desfinanciamiento y precarización de las áreas de control del fuego en el Gobierno Nacional se hace sentir en los territorios y tiene consecuencias desastrosas muy concretas en el marco del Cambio Climático Global.

La mayor respuesta estatal fue la persecución a comunidades mapuches y grupos comunitarios. Una verdadera cacería, por parte del Gobierno Nacional y provinciales. Para des-responsabilizarse de los incendios necesitan un culpable, un “enemigo” que alimente teorías conspirativas.

Pero existe otra constante de la que se habló en mucho menor medida: los habitantes y productores de las zonas bajo fuego indican que la presencia de plantaciones forestales de pinos —y, en menor proporción, eucaliptos— han contribuido a aumentar los riesgos, actuando como focos o haciendo que los incendios se propaguen con tal velocidad o adquieran magnitudes de tal violencia, que los deja fuera de control. También sucede que se prioriza el control del fuego en las plantaciones forestales, y se deja a merced del fuego a los bosques verdaderos, pastizales y humedales.

Pinos e incendios

No es sorprendente. Desde hace décadas que esta característica “pirogénica” de los pinos está estudiada y documentada en otras partes del mundo, tanto donde se cultivan como en los países del hemisferio norte de donde son originarios.

Contribuyen sustancialmente a que los incendios sean más frecuentes e intensos porque, de alguna manera, les resultan favorables. Tienen características que les permiten sobrevivir o regenerarse rápidamente, aumentando incluso su superficie gracias a este disturbio (cortezas gruesas, enorme producción de semillas que germinan o dispersan en respuesta al calor extremo). Además, contienen aceites o resinas inflamables que aumentan la probabilidad de incendio, y su hojarasca (la “pinocha”) se acumula sin degradarse y es más inflamable que la de nuestros ambientes nativos. Como si esto fuera poco, como las copas están tan cercanas el fuego se puede trasladar en altura, siendo estos incendios de copa los tipos de incendios forestales de mayor severidad y peligro.

En condiciones post fuego también se ven favorecidas, interfiriendo con la regeneración de nuestros bosques, matorrales y pastizales quemados. En esas condiciones los pinos germinan literalmente como un césped y cubren completamente el suelo, ahogando a la vegetación nativa e impidiendo que prospere.

Ya sea por causas naturales o antrópicas, el fuego forma parte de la dinámica de varios ecosistemas argentinos. Pero la combinación de fuegos repetidos y catastróficos con las plantaciones de pinos es un nuevo tipo de disturbio que puede llegar a convertir tierras productivas en improductivas y ocasionar graves deterioros ambientales y socioeconómicos en una región.

Las plantaciones forestales pueden causar y agravar las sequías

Además del riesgo de incendio que se retroalimenta y de la pérdida masiva de biodiversidad que provocan las plantaciones forestales, uno de sus impactos más importantes se produce sobre la hidrología de las regiones en donde se instalan, pudiendo afectar la calidad, cantidad y distribución del agua superficial y subterránea.

Los pinos y eucaliptos consumen cantidades enormes de agua, mucha más de la que consume la vegetación nativa, especialmente cuando reemplazan arbustales y pastizales. Normalmente consumen más agua de la que llueve, con lo cual deben bombearla de las napas y de los cuerpos de agua vecinos. Además, su altura y densidad de ramas y hojas impiden que un alto porcentaje del agua de lluvia llegue al suelo (hasta el 95%); ésta queda retenida en las copas y luego simplemente se evapora con el sol. Estos procesos combinados contribuyen a que, con el paso del tiempo, disminuya o desaparezca la recarga de agua de arroyos, lagunas, bañados y acuíferos, que finalmente se secan. Esta situación se agrava al aumentar la superficie plantada o invadida, como ya ha sucedido en otros lugares del mundo (Ej: Sudáfrica, con reducciones de caudales en cuencas enteras de hasta un 70%).

En años secos, las lagunas no se llenan y las napas se hacen más profundas. El resultado es un agotamiento local del agua que ya no queda disponible para la fauna y flora nativas ni para el consumo humano u otros usos productivos. Es algo que repiten todas las personas que viven en lugares en donde se instalan estas plantaciones: “desde que se plantó el pino o el eucalipto, se acabó el agua”. En sectores de los Esteros del Iberá, por ejemplo, los pozos que antes daban agua a los 8 metros de profundidad, ahora recién lo hacen cerca de los 20 metros.

A estos hay que sumar los impactos directos de las obras hidráulicas que se deben hacer en zonas de humedales y pastizales (naturalmente inundables) para conducir el drenaje y permitir que se haga la plantación inicial y la apertura de caminos: “camellones”, terraplenes y canales de drenaje, directamente diseñados para secar los sectores en donde se hacen las plantaciones de estas especies exóticas.

La invasión silenciosa

Las inmensas plantaciones forestales implican un riesgo ambiental en sí mismas como agentes de cambio de la dinámica hídrica de la región en donde se instalan, por modificar la estructura y funcionamiento del paisaje, por no servir como hábitat para la flora y fauna silvestres, y por su papel como agentes de cambio cultural en las comunidades rurales de la zona, entre otros. Como si esto fuera poco, existe otro riesgo tal vez más grande debido a su carácter de “especies invasoras”: los pinos se propagan descontroladamente hacia ambientes naturales y áreas productivas y poblados vecinos, lo que puede hacer escalar todos estos impactos hasta dimensiones impensadas.

Especialistas de todo el mundo destacan la gravedad del problema de las llamadas “especies exóticas invasoras” como los pinos, que conforman el grupo de especies forestales más irruptivas para todo el hemisferio Sur afectando bosques, pastizales, humedales, estepas y dunas costeras. Las pérdidas de biodiversidad y la homogeneización del paisaje disminuyen la resiliencia frente a cambios ambientales como las sequías y los incendios, y pueden aumentar el riesgo de plagas y enfermedades atentando contra las propias plantaciones forestales. Impactan así sobre todas las actividades productivas de una región, incluyendo la agrícola, ganadera y turística. Daños todos ya registrados en nuestro país, desde la Patagonia hasta los Esteros del Iberá. A todo esto, se suma que los pinos fuera de las plantaciones ni siquiera tienen valor forestal ya que su madera es de mala calidad por la densidad en la que crecen.

Los pinos y el mal desarrollo

Pese a los extensos y riquísimos bosques y selvas pobladas de especies valiosas que supo tener nuestro país, este mal llamado “desarrollo” forestal argentino se basó fundamentalmente en el desmonte y posterior instalación de extensos monocultivos, artificiales y altamente mecanizados, de especies de pinos originarios de Estados Unidos y otras especies exóticas. Se hizo copiando al modelo chileno: se fueron desarrollando a la par, con inversiones de los gobiernos militares de la década del 70, fomentando la plantación sobre tierras fiscales y construyendo las pasteras que los gobiernos luego privatizaron a precios bajísimos, para quedar finalmente en manos de 2 o 3 corporaciones como la chilena Celulosa Arauco y Constitución.

Este modelo constituye un ejemplo de un tipo de desarrollo socialmente regresivo y ambientalmente insustentable que ha generado miseria, despojo y explotación en todos los territorios en donde prospera. Las plantaciones forestales no sólo fracasaron en reducir la presión sobre los bosques nativos, en mejorar la conservación de suelo y agua o en promover el empleo y el desarrollo social, sino al contrario: dieron lugar a una creciente homogeneización de los paisajes y a la destrucción y radical transformación de otros ecosistemas, como los pastizales correntinos y las estepas patagónicas, tan valiosos como los bosques, generando problemas cada vez más difíciles de resolver. Se desarrolló a expensas de la apropiación y concentración de la propiedad de la tierra, dejando a comunidades campesinas y localidades enteras encerradas dentro de “jaulas de pinos”, sin fuentes de empleo y provocando migraciones masivas con una caída general en los estándares de vida.

Este modelo de mal desarrollo forestal no distingue entre bosque nativo y plantaciones, y ve a los árboles como una mercancía, donde los criterios cuantitativos de “número de árboles”, “toneladas por hectárea” o “PIB per cápita” son instrumentos suficientes de estrategia y política, convirtiendo a esta actividad en una figura extrema del extractivismo dentro del agronegocio, como la megaminería o la explotación petrolera. Los verdaderos bosques y recursos forestales nativos siguen siendo ignorados o depredados, mientras se promueve el modelo fabril de monocultivos industriales con instrumentos tan efectivos como el del régimen de promoción instaurado desde finales de los 90 con la ley nacional 25.080 y otras leyes provinciales relacionadas. Desde entonces, el Estado subsidia todos los pasos productivos de implantación, mantenimiento, riego y cosecha de las plantaciones, exime a las empresas del pago de impuesto inmobiliario por las tierras sembradas, de impuestos de sellos y de ingresos brutos, les devuelve el IVA en forma anticipada, y les otorga estabilidad fiscal por 30 años, entre otros beneficios y exenciones fiscales e impositivos.

Frente a estos fracasos tan devastadores, ampliamente documentados, del paradigma de desarrollo forestal basado en los monocultivos, resulta urgente establecer una inmediata moratoria que prohíba la plantación de especies exóticas, que destine gran parte del presupuesto de la actual ley de promoción forestal a la restauración de ecosistemas nativos, el manejo de áreas naturales protegidas, la promoción de la producción de alimentos a escala local, la educación ambiental, la restauración productiva de las tierras quemadas y el control y prevención de incendios catastróficos.

incendios

La desigualdad es inflamable: Radiografía del fuego

La Comarca Andina, una de las regiones más hermosas y visitadas de la Patagonia argentina, donde hace semanas se multiplican los incendios, está atravesada por múltiples desigualdades. Allí conviven gauchos criollos marginados por el proceso de gentrificación, grupos de clase media emigrados de las grandes ciudades en busca de una vida buena y organizaciones indígenas que luchan por acceder a la tierra y afirmar su identidad cultural. También, el avance de la frontera extractiva, los dispositivos represivos de las fuerzas de seguridad y el entramado corrupto de la política local, la justicia y los magnates territorializados. Maristella Svampa disecciona el combustible que se enciende y estalla cuando los focos de fuego se multiplican: la desigualdad.

Por Maristella Svampa para Revista Anfibia

“¿Qué elegirías para llevarte de tu casa si tuvieras que huir en medio de un incendio?” La pregunta no es meramente retórica, ni tampoco exclusivamente personal. Desde hace meses, del lado argentino de la cordillera nordpatagónica, los incendios forestales arrasan con bosques, animales y casas; hace poco tiempo, también, los incendios devastaron una gran cantidad de mansiones de ricos y famosos en California; y durante la temporada seca, a mediados de 2024, la querida provincia de Córdoba ardió nuevamente, mientras el humo caliente y sofocante de los múltiples focos en la Amazonia llegaba a casi todas las capitales de Sudamérica. 

En la Comarca Andina, el paralelo 42, una de las regiones más hermosas y visitadas de la Patagonia argentina, situada entre las provincias de Río Negro y Chubut, la gente vive en  zona de interfase, un área de transición entre zonas urbanas y rurales, y muchas viviendas se hallan encastradas en el bosque, sobre las tupidas laderas de los cerros o en la costa de ríos y lagos de aguas transparentes. Hippies viejos, llegados hace décadas, que todavía incursionan en las ferias de artesanos, permacultores y ambientalistas de nuevo cuño, jóvenes de todo el país en busca de otros horizontes, se instalaron en  pequeñas chacras, dedicadas a la agroecología o a los cultivos orgánicos. Hoy se codean con comunidades indígenas originarias que disputan orgullosas la tierra, y con criollos de campo, de boina, que andan a caballo y sufren parte del desplazamiento que propone la gentrificación creciente. La Comarca es también ahora un territorio donde desembarcaron grandes empresarios turísticos y forestales. La tierra es fértil, se dice que una de sus lonjas, la que atraviesa El Bolsón, al pie del rocoso cerro Piltriquitrón, es tierra negra rica en nutrientes. Durante el verano austral, para muchos turistas del país y del exterior y para los que somos patagónicos y vivimos a apenas cien kilómetros de distancia, solo un par de lagos de por medio, la temporada de frambuesas y cerezas, el lúpulo para cerveza artesanal, y todo tipo de verduras orgánicas, hacen de la comarca andina un sitio obligado de visita. 

Pero, lejos de ser un lugar idílico, la convivencia entre los diferentes grupos sociales que habitan la Comarca Andina no es armoniosa. Y ello, por varias razones. En primer lugar, en medio de los grandes incendios forestales hay también una fuerte embestida inmobiliaria, para cambiar los usos del suelo, y habilitar la construcción de emprendimientos turísticos. Aquellos sectores de la población, hippies, naturistas y ecologistas que en sintonía con las comunidades mapuche, fomentan otros modos de habitar el territorio, desarrollaron fuertes resistencias contra lo que se llama el “extractivismo inmobiliario”, como antes lo hicieron contra la minería a cielo abierto y las represas. Cada vez que se desata un incendio y hay focos intencionales que escapan a la dinámica del cambio climático, no son pocos los que afirman que éstos están asociados a los intereses inmobiliarios. 

Hippies, naturistas y ecologistas que en sintonía con las comunidades mapuche, fomentan otros modos de habitar el territorio, desarrollaron fuertes resistencias contra lo que se llama el “extractivismo inmobiliario”, como antes lo hicieron contra la minería a cielo abierto y las represas.

En la zona, desde los años 70, la deforestación y el reemplazo de los árboles nativos por especies exóticas, como el pino radiata, que vienen del hemisferio Norte, trajo consecuencias que, con el avance de la crisis climática, se volvieron dramáticas. El pino radiata es una especie que tiene en su genética al fuego como la mejor forma de dispersar sus semillas. Los conos del mismo, al calentarse, salen disparados como si fueran granadas, expandiendo sus semillas por todos lados. El fuego establece una trágica dinámica de destrucción, regeneración e invasión, mientras retrocede el bosque nativo y se pierden especies centenarias como coihues, lengas, notros y maitenes.

El corazón de la Comarca Andina, la localidad de El Bolsón, es un enclave controlado por un magnate inglés, Joe Lewis, que en 1996 se asentó en esta suerte de paraíso surcado de cerros exuberantes y lagos silenciosos, y usurpó ilegalmente el camino de acceso público al Lago Escondido. Allí empezó un conflicto que pronto escalaría. Se presentaron varios amparos que solicitaban la apertura del camino público más corto al lago, pero en una larga trama judicial, que arrancó en 2005, con muchas idas y vueltas, finalmente en 2023, la justicia de la provincia de Río Negro, falló de modo muy controvertido en favor de Lewis, y volvió a cerrar el camino público que pasa por su estancia. No era la única causa que afrontaba Lewis, también tuvo otra por compra fraudulenta de tierras, unas 12.000 hectáreas, donde hoy se extiende su mansión, un zoológico privado y una catarata artificial. Aunque la oposición de la población le impidió construir un aeropuerto propio en su patio trasero, Lewis lo hizo en Bahia Dorada, a 42 km de Sierra Grande, en medio de la estepa rionegrina. Dicen que tiene una pista casi tan larga como la de Aeroparque Jorge Newbery, el principal aeropuerto argentino de cabotaje. 

Los tentáculos del milmillonario con el poder político y judicial son muy conocidos en Argentina. Lewis no solo es amigo del expresidente, el empresario Mauricio Macri, quien ha visitado varias veces su residencia de Lago Escondido. En 2022, se desató un escándalo que saltó a los medios, cuando varios jueces federales y funcionarios porteños, incluso personas ligadas a un conocido multimedios argentino, viajaron en un avión privado, y fueron a pasar unos días allí. También se hizo público que dichos jueces habían firmado fallos en favor de Lewis (por el tema de la compra de tierras), así como en favor del multimedios involucrado. La colusión de intereses era evidente, más allá de la instrumentalización política-partidaria del affaire, y sin embargo, la justicia desestimó el “delito de dádivas” y de “lawfare” y declaró nula la causa, por considerar que se trataba de “una excursión de pesca”. 

Lewis zafó de la justicia argentina pero no así de la de Estados Unidos, donde en 2024 fue condenado por “tráfico ilegal de influencias”, al ser encontrado culpable de proporcionar información confidencial de ciertas empresas que cotizan en bolsa, a sus empleados, incluidos sus chóferes privados, y sus amantes, en una trama insólita que entre 2013 y 2021 le reportó millones de dólares. ¿Habrá sido acaso una expresión de populismo plutocrático para con sus subalternos? Vaya a saber. Lewis fue condenado a tres años de libertad condicional y se lo multó con apenas 5 millones de dólares.

El racismo anti-mapuche fue escalando y el intento de cancelación de las demandas indígenas se instaló de lleno en los medios de comunicación.

En segundo lugar, desde hace varios años ya, idas y vueltas mediante, se ha ido instalando una virulenta campaña anti-indígena, en un contexto de fuerte disputa de tierras y de avance del extractivismo petrolero, minero, represas y megaproyectos turísticos en todo el país, muy particularmente en esa codiciada zona de la Patagonia. No es algo nuevo, es cierto, recorre la historia argentina y vuelve a traer a la memoria el genocidio indígena, llevado a cabo por el ejército argentino en el siglo XIX. Sin embargo, hace unos años el racismo anti-mapuche fue escalando y el intento de cancelación de las demandas indígenas se instaló de lleno en los medios de comunicación. Un ejemplo fue lo sucedido en octubre de 2021, en el programa de un reconocido periodista, hoy fallecido, transmitido en el prime time televisivo: bajo el título “Indios al ataque”, aplicado sobre una foto o infografía que mostraba los colores de la bandera mapuche cubriendo el mapa de la Patagonia, una voz en off que en tono enfático decía: “Son los nuevos terroristas. Incendian y ponen en jaque a poblaciones enteras. Reclaman la mitad de la Argentina con la complicidad del gobierno que no se inmuta”. Si la derecha neoliberal, con Mauricio Macri, disparó el peligroso dispositivo del “enemigo interno”, algo que fue matizado durante el gobierno del oscilante Alberto Fernández (al cual medios mainstream acusaban de ser “cómplice”), con la llegada del ultra-neoliberal Javier Milei, y el regreso de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad Nacional (estuvo a cargo de dicho ministerio durante la gestión del PRO y fue responsable de los operativos que terminaron con la vida de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel), el racismo anti-mapuche volvió a encenderse a niveles delirantes. 

En tiempos de crisis múltiple, de Estado ausente y de negacionismos de todo tipo, lo más rápido es buscar un chivo expiatorio, y alentar la hipótesis de que los responsables de todo mal son un supuesto “enemigo interno”, el que ineludiblemente se encuentra entre los sectores más vulnerables de la sociedad. Sobre la comunidad mapuche se lanzaron todo tipo de acusaciones absurdas,  como por ejemplo, que son los responsables de los focos de incendio intencional en la Comarca Andina, cuando lo real es que las comunidades indígenas, por su cosmovisión, jamás prenderían fuego un árbol y resultan tan afectadas como cualquier otro sector de la población por los incendios. Incluso, muchos de los brigadistas comunitarios en la primera línea de fuego son mapuches. Sin embargo, el racismo anti-indígena del gobierno otorga combustible fácil para encender aún más la mecha del odio y habilitar toda suerte de teoría conspirativa. 

Antes de cerrar este relato patagónico, quisiera volver a Lewis, cuyo largo brazo se extiende al poder local. Importantes funcionarios municipales de El Bolsón fueron sus empleados, el milmillonario es también uno de los principales empleadores de la localidad. En este marco, se disparan hechos de tensión: criollos montados a caballo acusan de ser “falsos mapuches” a los indígenas o la policía privada que trabaja para Lewis impide el ingreso al camino que era público de los manifestantes que cada año suben para reclamar por la soberanía argentina, entre otros. 

Criollos montados a caballo acusan de ser “falsos mapuches” a los indígenas, la policía privada que trabaja para Lewis impide el ingreso al camino que era público de los manifestantes que cada año suben para reclamar por la soberanía argentina.

Además, en los últimos años, en un contexto de avance de los reclamos de los derechos territoriales de las comunidades indígenas, amparados en la Ley 26160 (que el gobierno de Javier Milei derogó a fines de 2024), hubo ocupaciones de territorios. Años atrás, una fracción indígena radicalizada, muy minúscula (me refiero a Facundo Jones Huala), fue acusada de protagonizar hechos de violencia. Jones Huala terminó siendo usado por las autoridades provinciales y nacionales: cada tanto sacan a relucir viejos videos, que vuelven a circular oportunamente en las redes sociales. Mientras, varias personas de origen indígena fueron asesinadas en contextos de tomas, sea por las fuerzas de seguridad, como por los socios de un empresario forestal. En el medio de estos hechos controvertidos, cada tanto hay disturbios en El Bolsón: gauchos de a caballo operan como fuerza de choque y golpean con su rebenque a miembros de la población completamente desarmados, que se manifiestan por alguna causa.

La bella y prometedora Comarca Andina aparece como una suerte de analizador social, que revela elementos ocultos y permite leer lo que sucede, en pequeña escala, en el resto de la sociedad. Se pueden ver cómo se activan las redes de solidaridad ante cada incendio, frente a la desidia estatal. Pero también se puede palpar la desigualdad social, con sus gauchos criollos marginados por el proceso de gentrificación; se puede ver la desigualdad racial, teñida de un racismo anti-indígena que estremece por su nivel de desprecio y violencia; se puede ver la impunidad con la cual obran empresarios y millonarios, sean extranjeros o no; se puede ver el esfuerzo de diferentes grupos de clase media emigrados de las grandes ciudades y convertidos en chacareros, por llevar una vida buena, en interconexión con la naturaleza, atravesada por otros modelos productivos; se puede ver la lucha asimétrica de las organizaciones indígenas por acceder a la tierra y afirmar su identidad cultural; se puede ver el dispositivo represivo que une fuerzas de seguridad locales, provinciales y nacionales; se puede ver el avance de la frontera extractiva en varias de sus modalidades; se puede ver el entramado corrupto de la política local, amañada con la justicia y los magnates territorializados. Todos estos elementos son parte del combustible que se enciende y estalla cuando los focos de fuego se multiplican, y en medio de la ola de solidaridad ante el desastre, de pronto todo se vuelve confuso y peligroso, y el territorio, con sus desigualdades múltiples, su racismo y su impunidad, se convierte en zona de tensiones y las fuerzas de seguridad arrancan con su cacería.

 Así, no son solo los incendios del Antropoceno o del Capitaloceno los que acechan la Comarca Andina y más allá. Entonces, ¿qué elegirías para llevarte  de tu casa si tuvieras que huir en medio de un incendio?

futuro

El fin de la derrota: abrir el futuro

Hace más de un año que la extrema derecha llegó al poder y, entre tanta ejecución, aún no hay reacción. Entre diagnósticos y derrotismo, la pregunta sigue en el aire: ¿Cómo se construye una respuesta? ¿Cuál es el rumbo que va a tomar la indignación? ¿Quiénes seremos cuando la historia vuelva a girar?

Por Alejo di Risio para Revista Urbe

ELLOS 

Hace más de un año que la extrema derecha llegó al poder en Argentina. A pesar de que pasa el tiempo, todavía estamos de cara. Sorpresa, caretas, sin entender. Las hipótesis y teorías sobre por qué llegamos acá siguen resonando. En las pantallas, en las conversaciones y en las roscas suenan variaciones de las mismas preguntas ¿Cómo fue que llegamos hasta acá? ¿Vamos a poder salir? ¿Cuánto falta? 

Que si fue la inflación o los incels. Que si es #TendenciaMundial. Los medios normalizaron, los streamers banalizaron. La mano del Partido Militar. Fue la crisis, esa que ya ni sabemos desde hace cuánto viene y que tampoco entendemos bien cómo sería su final. Fue algún gato de los que Alberto llevó a la casta rosada. Fue ese gato anónimo que quiso que le digan elle. Fue el mismo gato de siempre. Sobró kirchnerismo. Faltó Cristina. Faltó kirchnerismo. Fueron (los) tibios, fueron los gorilas. Faltó territorio, calle y/o tik tok. Eran los porteños; son los cordobeses, serán los venezolanos. Todas las anteriores. 

Y mientras tanto la derecha ejecuta. Extrema, ultra, gritona, ruidosa, rabiosa. Boluda y violenta: satura y sobreinforma. Te invita a pelear, pero si aceptás corre. Cryptotinchos que sueñan con emanciparse de la vida mula porque no quieren laburar. Quieren ser influencers, brokers, traders, grinders, chads. No demandan la precariedad que Argentina les oferta. Desean la emancipación, aman la guita y esforzarse por ella, pero odian pensarse como trabajadores. Impugnan jubilarse y odian aportar. Saben que la guerra entre capital y trabajo la ganó el capital. Para los problemas del capitalismo tardío, proponen dejar atrás a la democracia. Fascismo para pocos, antes que desigualdad para muchos. Estafa piramidal antes que escasez.

Modelos de masculinidad pusilánime, frágil. Necesitaban que se validara su dolor, que les confesaran que era real, que les dieran un abrazo y les dijeran que no es su culpa. Se pensaron víctimas cuando el feminismo los moralizó, y apostaron por tierra arrasada antes que ser el último orejón. Prefirieron creer que no eran ellos, sino que era Soros. Culpan al DNI no binarix de no haber alcanzado a tener su guarida fiscal. Compensan impotencia política con venganza financiera. Parece que estuvieran a punto de componer un movimiento, pero son sólo muchos individuos. Se piensan solos, autosuficientes, flashean Lobo de Wall Street. Luchan y lucharán por su derecho inalienable a devenir Marcos Galperin. 

El Estado al cual le exigimos, al cual definimos como responsable, hoy, nos odia. Este último año se institucionalizó el desprecio por las banderas de la política. Enarbolan la de la escuela de Chicago, santificando a una economía abstracta e irreal como superior. Exorcizan la sensación de fracaso, de rezago. Microdosean odio para rellenar resentimiento. Disfrazan política de identidad.

¿NOSOTRXS?

En la selva, lo que no se mueve se muere. O se convierte en presa o muere de hambre. Parece haber estabilidad. Hay hambre.

Los primeros meses hubo un desfile mediático de oráculos colapsistas. Pero esto no se cayó por su propio peso, dio para más y no hubo estallido.  Después de los idus de marzo, la sensación de que se podía batallar gente gritona de redes con gente gritona de redes perdió ímpetu. Pregonar verdades mesiánicas no funcionó. Hubo más sensación de desamparo, de soledad. Derrotismo y desmovilización. La confirmación de que no había una reacción inmediata invitó a asumir el duelo de lo quedaba atrás. Pasamos de discutir ingreso universal básico a ver en vivo cómo esterilizan la potencia estatal. Cómo desfinancian el paisaje de instituciones, personas y conocimientos conocido como Estado. Todo edificio se puede reconstruir, y toda institución restituir. Pero para nuevas instituciones se necesitan nuevos planos de obra. 

Desestabiliza lo que dábamos por asumido, nos deja derrotados, desahuciados. El regodeo de la crueldad nos toma por sorpresa. No el de un puñadito de gritones y pusilánimes, sino el de la tribuna que los festeja. Duele. 

Tal vez la mayor herida es la social, la sensible. Que confiaba que el pueblo argentino tenía la paz social inscripta como acuerdo común. Que existía en la voluntad popular un horizonte compartido de bienestar, de igualdad. Con instituciones que, con todas sus falencias, fueran construyendo cada vez más esa sociedad. Pero no es sólo la economía lo que está en crisis, es el entramado de valores sociales ¿Hay un nosotrxs?

Cada vez más trabajadorxs no se identifican como tales, ni con sus compatriotas. A veces ni siquiera quienes tienen mejoras materiales con paritarias se identifican en las luchas colectivas. Se las ve parte de una estructura a la cual no quieren abonar ni pertenecer. Las entienden parte de una política, que no representa, y por ende no convoca. 

Con la toxificación de las redes, la provocación se ha algoritmizado. Nos llevan años de TikTok de ventaja y el gen militante se come todas las pelotas. Sin granjas de bots, publicidad, o presupuesto ¿Cómo se renueva la potencia política desde lo micro? ¿Cuando finalmente se reorganice lo popular, habrá oposición consolidada? ¿Hasta dónde la llevamos? ¿A cuantxs les va a pintar la salida solitaria de luigimangionearla? ¿cómo retomar la beligerancia sin convertirse en un promotor de las hostilidades? ¿Tenemos un derecho a la violencia? La democracia no la ejerce nadie, no se cuida sola. Funciona por oposición de intereses ¿Quién va a emerger antagonista a la extrema derecha como ordenador del sistema político? 

Esos resortes de la institucionalidad democrática ¿están aquí con nosotrxs? ¿O en el Congreso que no lo iba a dejar? Al principio la calle respiraba odio, y ellos parasitan indignación. Libran una guerra santa contra un Estado ineficiente, pero no culpable. Aunque mucha de la indignación es compartida: nos prometieron que con democracia se comía, se educaba y se curaba. Pero los descargos de ira que vimos fueron erráticos. Algunos brotes, algunos fusibles. Pero sueltos, atomizados, fundamentalmente individuales. En física, cuando las moléculas vibran para lados distintos, aumenta la temperatura de un objeto, pero este no se mueve. Y así estuvimos, quietos y calientes. Si al menos explotáramos juntxs habría 2001. Pero implotar en soledad no aglutina, no convoca, ni genera comunidad. La voluntad de dosmilunearla parece quedar en el pasado. 

Tardamos, pero entendimos. La extrema derecha, sus formas, prácticas y la identidad que pregonan, están plantadas. No se la combatirá con amor, ni diplomacia. La información y los datos no atraviesan el griterío de insultos, y nos invitan a que nos convirtamos en víctimas antes que en antagonistas. Capítulo aparte para periodistas y medios que insisten con prestar micrófono a argumentos fascistoides sin poder contextualizarlos como tales. Antes decíamos “al fascismo no se lo discute, se lo combate”. Ahora diremos “no alimentar al troll”. 

Pero es esa indignación caótica y errática la que la extrema derecha sabe capitalizar mejor que nadie. La aspira como un chute y la canaliza a su favor. Deslegitima, denigra, contesta, baitea. Sabe que la falta de visión común, deja la individualidad caótica a merced. Y de la falta de planificación del pueblo se benefician quienes más planifican. Los que más que nadie aman al Estado, que lo seducen y le vacían las arcas. El poder real. 

Las cuentas entraron en rojo, las puteadas se disiparon. Defender lo que todavía es motivo de orgullo, se combina con indignación por sus ofensivas ¿Cuánta de la indignación que fogoneamos sigue capitalizando la extrema derecha? ¿Quién cosecha la potencia política cuando suenan las cacerolas? Empujar gente al borde del estallido sólo deja una dirección para avanzar. Y ellos se alimentan de los microestallidos, de lo desorganizado. En la marea de individuos pueden gobernar, dirigir la ira de unos contra otros. 

Cuanto menos solos estamos, menos miedo tenemos. Hay potencia política en el pueblo y en lo popular, sólo que estuvo descansando, esperando, craneando. Pero terminó de duelar la expectativa de un cambio radical, de la épica de una resistencia. Ahora quiere activar y busca dónde. 

Huele a sed de acción. Las militancias silvestres asoman la cabeza, buscan rumbo, expanden campo de acción. Se buscan referentes, liderazgos, mariscales, bastones ¿Qué puede darle rumbo a la sed que fluye por las capilaridades subterráneas?

DEVENIR ANTAGONISTAS, SER ENEMIGOS

Hay procesos llegando a su final. La sensación es de cambio de época. Hubo angustias que se hicieron carne en los cuerpos, en las cuentas bancarias, en quienes fingieron cordura. Pero los cuerpos sanan, se recomponen, procesan. La derrota no se borra, pero la sensación de derrotismo si. Pensamos que la catástrofe política era el final, pero no hay final. El futuro es infinito.

Poco se ha resistido con aguante, más con resignación. Pocas trincheras, muchos repliegues. Las redes se debilitan, pero las comunidades salen a buscar solidaridad. Si ellos son la reacción al feminismo ¿cómo va a ser la reacción a la reacción al feminismo?. Pareciera que después de la derrota, el derrotismo también está llegando a su final. Devenir antagonistas a la ultraderecha. Que no haya una respuesta a ellos, sino que construyamos una ofensiva nuestra.

Venimos de un año de puro diagnóstico y pocas respuestas. Había que construir el rompecabezas, que abordar la multidimensionalidad, los pliegues. Falló la comunicación, no hay duda. Los efectos especiales no te salvan de un mal guion. Falló la capacidad de la política para transformar las vidas de las personas. Y sólo ellos se radicalizaron, de este lado no hay ultras, ni siquiera un rumbo común. Los manuales de política clásica no explican cómo recorrer los actuales territorios digitales-subjetivos-políticos. Insistir con correrse a la derecha para prevenir que llegue la derecha no interpela. 

¿Y la dirigencia a quién dirige? ¿Desde qué palacio es que “baja” al territorio? ¿Está hecha de moral esa altura que los separa? ¿Son académicos esos escalones que los elevan del territorio? Si piensan que no son de acá, gobiernen sus oficinas de Puerto Madero. No importa cuánto se recorra, siempre se es visitante donde no se habita. No pensarse dentro del país los acerca más a quienes se creen dueños de un país que odian. No ignoren, ni renieguen. Vengan, acá estamos, traiganse una sillita, les prestamos la reposera. Permitan el arraigo, hagan amistades. Construyan comunidad, necesitamos componernos como enemigos.

Si la moral progresista fracasó, indignó, ofendió ¿desde dónde construimos éticas que construyan bienestar colectivo? Me perdonen, pero la bandera de que vivamos bien, todxs, vidas plenas, felices, gozosas, no la pienso bajar. Aunque fuera cierto que se puede ser feliz en soledad, ni pienso intentarlo. Necesitamos más imágenes de futuro que nos puedan hacer salir de este presente. Derrotar esa invisible barrera que bloquea pensamiento y acción de la que hablaba Mark Fisher. La comunidad puede ser un gran acto inicial de insurrección ante tanto terror.

No quiero que pisen el pasto, quiero que recorran los pastizales. Que los sientan propios, que los quieran proteger y reproducir. Su parquizado color verde country no pincha, gasta agua, está fumigado. No permite que nuevas hierbas asomen cuando más las necesitamos. En nuestro ecosistema de representaciones, las nativas son orgullo, nunca yuyo. Las nuevas referencias que ordenen, que nucleen, que permitan salir de la recuperación a la potencia política, que la empujen a devenir y componerse antagonista de las fuerzas que nos vienen a destruir. Combatir activamente la resignación que nos lleva a la autodestrucción. La pulsión de colapso sólo lo acelera. 

Declararnos enemigos. De lo que ellos representan, de la resignación, de lo que deshumaniza y ataca. Encarnar antagonismos conscientes, colectivos, radicales. Combatir al odio, desterrar la crueldad.

CONSTRUIR COMUNIDAD, HACER FUTUROS

Fogonear indignación y denuncia construye la expectativa y la esperanza de que el cambio va a suceder. Si la percepción de la importancia del diagnóstico fuera suficiente para que alguien tomara cartas en el asunto ¿Pero quien? ¿No les pasa que extrañan la esperanza? 

Si seguimos fogoneando, un día nos vamos a despertar entre cenizas. Con capacidad de antagonizar con adversarios, pero aún más con capacidad de acción antes que la renuncia. Abandonar el derrotismo colectivo, pasar a nuevas formas de acción militante con los horizontes colectivos en el centro. Descartar vieja indignación para ir hacia los objetivos de las dirigencias aisladas. Sanar es necesario, fundamental. Incluso diría que es deseable por encima de todo lo demás. Pero ir a terapia no cura una crisis de angustia. Sanar es lento. Necesita tiempo, dedicación, riego.

Del otro lado tienen armas y finanzas, bots y trolls. Llevan ventaja en redes, en la macro. Cosechar nuestra potencia política tiene, ante todo, que ofrecer una visión común, una salida, una promesa. Nuevos pactos de futuro cargados de bienestar y plenitud, de justicia y esperanza. No resignarse a ser lo menos malo. Que puedan alentar y avivar esas chispas de micromilitancia por fuera de twitter. Llevarle una porción de postre al vecinx, discutir con el taxista, escuchar, bajarle el volumen al odio. Escuchar, escuchar, entender y escuchar un poco más. Preguntar de nuevo. Buscar, que el diagnóstico nos agarre haciendo. 

¿Dónde encontrar y construir plataformas comunes de despegue? Los valores que puedan lograr conexiones comunes, compartidas, con lo comunitario, con lo organizacional. Cómo recomponerse de quienes se sienten traicionadxs por las instituciones, por la política, por la sociedad. Las borrosas distinciones entre Estado, democracia, instituciones o capitalismo hace que las heridas de las promesas rotas las paguen todas las anteriores. 

Sindicatos, organizaciones sociales, partidos, referencias, micromilitancias ¿Cómo canalizar esa potencia política hacia adelante? El palacio manda a la calle a hacer autocrítica, pero la legitimidad está en las casas, no en el think tank. Los ritmos algorítmicos destruyen el pensamiento estratégico. Somos baiteables, queremos defender lo que atacan, hay agendas que no podemos ignorar. Un loop que se retroalimenta, su barrera que bloquea con ruido pensamiento, acción, organización. 

Diseñar y delinear la forma de las organizaciones que puedan representar y ejercer esa representación se vuelve una tarea profundamente política ¿Qué queremos y qué podemos reconstruir de los territorios estatales arrasados? ¿Cuáles son las nuevas estatalidades por emerger a la altura de los contextos de policrisis? Llenarnos de respuestas, de rumbos, de nortes y futuros a la altura de las necesidades y deseos de cada comunidad, de cada amistad, de cada expectativa. 

Deleuze dice que la amistad podía basarse en el sentido de habitar en común, de tener en común. No solamente ideas y temporalidades sino lenguajes y visiones ¿Por qué se dice tanto” mis amigxs me salvaron la vida”? Porque nos dieron en la vida el regalo de sentirse en comunidad. La sensación de no estar solxs contra el mundo, cuando había distancias culturales entre dos generaciones que eran más culturales que ideológicas ¿qué comunidades habitamos hoy que tengan futuros y horizontes en común? En la amistad y sus lenguajes existe una plataforma para atravesar una realidad absurda, para creernos capaces de transformarla.

Crear conciencia no alcanza. Fuimos criados para habitar un mundo que ya no existe; bajo paradigmas de praxis político-culturales que ya no describen la realidad.  Motorizar la voluntad popular requiere articulación y sincronía de las potencias políticas. Ante una ofensiva hiperindividualista e hiperfinanciarizada, hay oportunidad en apostar por rumbos colectivos y desfinanciarizados. Construir y fomentar comunidades no mediadas por el poder financiero que puedan crecer evitando la embestida. Que fomenten la potencia política de las micromilitancias en materialidades inscriptas por fuera de lo coyuntural. De grandes valores ordenadores que hoy no asoman, pero que la enorme capacidad del campo nacional y popular busca activamente. En simultáneo, fortalecer las redes comunitarias, de cuidados, organización que construyen capacidad colectiva de acción. 

La voluntad de las micromilitancias que existían en campaña todavía está ahí. ¿Acaso sólo el miedo a la catástrofe por venir logró destrabar una imaginación militante? Activaciones silvestres que crearon oportunidades inesperadas de intervención social. Con las urnas abiertas la potencia política demostró existencia, fluyó, apostó. Si eso fue posible sin expectativas por el mal menor.  Sobrevivir, salvar a la democracia, proteger al Estado. Había una causa por la cual luchar, un rumbo común. Y puede haber nuevos para qué de la militancia y el hacia dónde ¿Cuánto podría lograr esa potencia si emergieran horizontes ambiciosos y radicales de bienestar?

incendios

Incendios, la conspiración avanza

El Gobierno niega la crisis climática y desmantela políticas ambientales mientras los incendios arrasan ecosistemas. Se persigue a brigadistas y se fomenta el racismo anti-indígena con teorías conspirativas. Es urgente fortalecer la defensa civil y movilizar solidaridad ambiental para contrarrestar la indiferencia estatal y la manipulación política de la extrema derecha.

por Maristella Svampa y Enrique Viale para elDiarioAR

Enfrentamos un gobierno negacionista que, por definición, niega la crisis ecológica y climática y, por ende, suprime políticas ambientales y recorta cada vez más el presupuesto en nombre del ajuste fiscal, mientras los incendios previsiblemente se multiplican y devoran bosques, destruyen ecosistemas, seres humanos, animales y viviendas. ¿Cómo incidir públicamente o con qué estrategias responder en medio de esta crisis que no es solo ambiental, sino también política? Parece difícil de responder porque al Gobierno no le interesan los grandes incendios, ya que todavía percibe que no paga ningún costo político frente a la sociedad. 

En todo caso, creemos que es necesario recuperar o repensar algunas claves para poder enfrentar estos megaincendios del Antropoceno o el Capitaloceno: por un lado, información y capacitación. Por otro lado, solidaridad y empatía ambiental a gran escala.El primer eje apunta al Estado, porque requiere de políticas públicas, que es lo que efectivamente no está en la agenda del Presidente. Contamos con un sistema de información meteorológico altamente capacitado, que también ha sido afectado por despidos del Gobierno. Lo mismo ha sucedido con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que además de ser desfinanciado y precarizado, pasó de la cartera ambiental a la órbita del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. Así, en vez de estar planificando cómo activar las alertas tempranas (que se basan en datos meteorológicos, territoriales y en el monitoreo de las zonas más propensas a sufrir incendios), y que servirían para controlar la propagación de focos de incendios (intencionales o no), lo que el Gobierno está haciendo es reducir el personal científico y de defensa civil, mantenerlos en la angustia de la precariedad laboral permanente y amenazarlos con despidos o represalias si –por ejemplo- hablan de “cambio climático”. Es evidente que una política pública de adaptación y mitigación de la crisis climática debe pasar por el fortalecimiento y la contratación de más personal científico y de defensa civil, incluso de formación de más brigadistas entre la población y dotarlos de equipamiento y la logística adecuada.  

Pero lo cierto es que estamos ante un ecocidio anunciado: al Gobierno le interesa usar la información para sembrar noticias falsas en las redes sociales (como explica Giuliano Da Empoli en su libro Los Ingenieros del caos, al referirse a las extremas derechas), no para fortalecer un sistema de defensa civil o una red de información científica que permita prevenir, adaptarse y mitigar la crisis climática en curso. Las respuestas del Gobierno siempre van en la línea de la negación (como lo muestra el constante “Yo no dije lo que dije” del Presidente), a lo que se suman toda suerte de teorías conspirativas. Por ejemplo, se prefiere buscar un chivo expiatorio –como hizo el gobernador de Chubut hace un par de semanas y ahora replica la superministra de seguridad nacional Patricia Bullrich—, en continuidad con la campaña anti-indígena (que inició la propia Bullrich durante el mandato de Mauricio Macri), y alentar la hipótesis de que los responsables están entre la comunidad mapuche, lanzando todo tipo de acusaciones absurdas, cuando lo real es que las comunidades indígenas, por su cosmovisión, jamás prenderían fuego un árbol y son tan afectadas como cualquier otro sector de la población en estos incendios. Incluso muchos de los brigadistas en la primera línea de fuego son miembros de esta comunidad indígena. El racismo anti-indígena de este Gobierno otorga combustible fácil para encender aún más la mecha del odio y habilitar toda suerte de teoría conspirativa.

Más aún, las fuerzas policiales de la provincia estarían persiguiendo y deteniendo incluso a brigadistas comunitarios que están colaborando en el combate contra los incendios y del centro de donaciones en la Comarca Andina, de manera aleatoria, afirmando que han encontrado a los responsables de los incendios intencionales. También corre el rumor en la Patagonia que sería inminente el ingreso del Ejército a la región. Queda claro que están dispuestos a habilitar una verdadera cacería.

Falta que Milei culpe de los incendios a algún ambientalista también… Parece chiste, pero si Milei dijo hace poco en una entrevista que la izquierda debería hacerse cargo del “nacionalsocialismo” de la segunda guerra mundial, todo es posible en la Argentina de hoy. A algún troll envalentonado o alguna entusiasta diputada oficialista se le podría ocurrir y lanzarlo sin aspavientos al tóxico debate político que hoy impera en los medios televisivos.

El colmo del carácter anticiencia de este Gobierno, que viene desmantelando y desfinanciando el aparato científico nacional, se logró con la noticia de la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Un hecho sin precedentes, que provoca a nuestro país innumerables perjuicios muy concretos y un aislamiento en relación a la cooperación internacional en materia de salud.

Solidaridad y Empatía Ambiental

La pregunta también es cómo desmantelar las lecturas conspirativas. Estas no solo tienen por objetivo dar una respuesta fácil, rápida y mentirosa. Las lecturas conspirativas habilitan a quien las esgrime a “recuperar” el control, cuando todo es incontrolable. La extrema derecha LO SABE y lo viene haciendo en todos lados, utilizando hechos siniestros –se trate de un crimen aberrante o de un desastre ambiental— para apelar a teorías conspiranoicas, que des-responsabilicen al Gobierno y a los poderes económicos, y que fabriquen un culpable —que ineludiblemente está entre los sectores mas vulnerables de la sociedad—. Eso suele amainar las angustias de sectores de la sociedad que solo quieren volver a la situación anterior, negando las verdaderas causas de la crisis. 

El segundo eje apunta a la necesidad de organizar social y políticamente la solidaridad y la empatía, como claves para transitar una crisis ecológica anunciada, que se va agravando. La solidaridad que vemos emerger en los territorios dañados es conmovedora y de una gran potencia. Pero por el momento es posible en un escenario de colapso climático localizado. La pregunta es cómo potenciar esas solidaridades y empatía a una escala mayor. Necesitamos, como dicen Omar Giraldo e Ingrid Toro en un hermoso libro sobre “La Afectividad Ambiental”, de 2020, volver sobre la cuestión de las emociones y el régimen de afectividad. “Este régimen establece qué elementos pueden ser amados y ante cuáles se debe permanecer indiferente, modulando así la economía afectiva de los individuos. En este contexto, la afectividad no es caótica, sino que responde a una lógica y un orden que son determinados por las estructuras de poder.” Lo cierto es que deviene complicado y difícil en un contexto nacional donde la población —o más bien, diríamos, el régimen de afectividad— está siendo constantemente bombardeado con mensajes de insensibilidad y de crueldad.

En el contexto de la policrisis contemporánea, uno de nuestros grandes desafíos es trazar una vía de construcción colectiva hacia un cambio en la afectividad que nos reconecte con la pluralidad de la vida. Esto no se logra solamente por una vía racional o a través del conocimiento científico (que a veces asusta y desmoviliza), sino “por la revolución de los afectos y las emociones”, por la movilización en defensa de la vida que incluye no solo la nuestra y la de los vecinos, sino la de los seres no humanos, animales, bosques, fuentes de agua, que están siendo devastadas. Si no alentamos esa pulsión de vida, nuestros mejores sentimientos y emociones, en clave de construcción colectiva e interdependencia, de democracia plural y participativa, nadie se salvará. Ni siquiera los ricos o los grandes empresarios que hoy contratan bomberos privados para salvar sus propiedades… 

En suma, varias veces hemos hablado aquí que de cara a una transición ecosocial justa y popular es necesario pensar en las bases de un Estado Ecosocial para hacer frente al doble desafío, el de la crisis climática y el de las desigualdades sociales. Pero afrontar la policrisis en la que vivimos también exige activar colectivamente la pulsión de vida, el respeto por la diversidad y la interdependencia como condición de la vida misma, frente al proyecto destructivo que tanto hacia arriba (instituciones/Estado) como hacia abajo (subjetividades) impulsan políticos como Milei y el conjunto de las extremas derechas.