por Lucas Micheloud para Radio UNR

El Tribunal Supremo Federal de Brasil (que es el equivalente a nuestra Corte Suprema Nacional) decidió por unanimidad el pasado miércoles 26, abrir el enjuiciamiento del expresidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, tras los eventos sucedidos en enero de 2023, que instaron la intervención de la Procuraduría General de la Nación y la formulación de cargos contra el expresidente por el delito de intento de golpe de estado por la violenta abolición del estado de derecho democrático, organización criminal armada y daños calificados con violencia y grave amenaza.

Este movimiento insurreccional buscaba bloquear la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva, quien asumió nuevamente en 2022 tras un proceso electoral muy disputado. La descripción que realizó la Procuradoría de Bolsonaro como cabeza de una “organización criminal” resalta la gravedad de las acusaciones que enfrenta. El juicio incluye a varios de sus antiguos colaboradores, incluidos altos oficiales militares. La participación de personas como Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira, quienes asumieron grandes responsabilidades en el gobierno de Bolsonaro, destaca la relación incrustada entre la extrema derecha y los militares.

Javier Milei calificó a la decisión de la Procuraduría General de presentar estos cargos como un caso de “lawfare”, declarando públicamente que su amigo brasileño está siendo perseguido políticamente. La cobertura y el desconocimiento del estado de derecho por parte del presidente Milei es mucho más que un acto aislado. Es una elección estratégica de la extrema derecha argentino-brasileña para destruir las reglas que hacen posible la democracia y las instituciones republicanas que la configuran. El veredicto de este juicio podría establecer un precedente importante no solo para Brasil, sino para otros países de la región que enfrentan desafíos similares en sus democracias liquidas, parafraseando a Zygmunt Bauman.

El asalto al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021 por parte de los fanáticos seguidores de Donald Trump se erige como un oscuro espejo del intento de golpe de Bolsonaro, exponiendo el vínculo pernicioso entre los dos frentes de extrema derecha. Pero también simboliza la estrecha unión que existe entre el negacionismo climático y la violencia política. Mientras Trump atacaba el cambio climático derogando regulaciones ambientales, abandonando el Acuerdo de Paris y persiguiendo a científicos del clima, Bolsonaro alentaba la deforestación de la Amazonia, persiguiendo a defensores ambientales y dirigentes indigenistas. Este mismo desprecio hacia la ciencia, el ambiente y la democracia también puede observarse en Javier Milei, quien ha adoptado un discurso anticientífico, desmontando desde su asunción organismos y políticas vinculadas al ambiental, el clima, los derechos humanos y la cuestión indígena; una clara consolidación del patrón de desestabilización promovido por las extremas derechas de nuestro tiempo. Ninguno de estos eventos y sus figuras son accidentes. Ninguno. Son expresiones de un manual común: socavar la confianza en las instituciones democráticas y movilizar a las masas a través del miedo y la desinformación para tomar el control autoritario a favor del mercado (el capitalismo financiero y extractivista). Al atacar no solo a sus oponentes políticos, sino también a la ciencia digna, Trump, Bolsonaro y Milei son representantes de un movimiento peligroso que amenaza las bases democracias contemporáneas y el futuro ecológico del planeta.

Volviendo a la imputación de Bolsonaro –por intento de golpe de estado–, esto sirve no solo para revelar el aterrador giro antidemocrático de la extrema derecha brasileña, sino también como un espejo retrovisor que refleja la realidad Argentina. Lo ocurrido en Brasil desnuda vergonzosamente la violencia estructural y física que ha sido utilizada por el gobierno de Bolsonaro contra los defensores del ambiente, particularmente los líderes nativos. Esta estrategia de represión y criminalización de la protesta social incluyó el desmantelamiento de políticas fundamentales para la conservación ambiental, el respeto a las comunidades indígenas, la defensa de los derechos humanos y la regulación del sector extractivo. Esto es clave para comprender el rumbo que Argentina ha tomado con la extrema derecha, y activar de forma urgente mecanismos de resistencia y acción democrática.

En este contexto, vale recordar un episodio revelador que muestra la actitud de Javier Milei hacia los eventos en Brasil. En la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Buenos Aires en diciembre de 2024, el expresidente de Brasil agradeció al presidente argentino por refugiar a sus seguidores fugitivos, quienes habían sido condenados por su ataque a las instituciones públicas en Brasil en 2023. En ese marco, Milei no tuvo reparos en defender a Bolsonaro en otra cumbre conservadora realizada en Camboriú, afirmando: “Vean la persecución judicial que sufre nuestro amigo Jair Bolsonaro aquí en Brasil”.

Tal lealtad hacia un líder que desmanteló la democracia y pisoteó derechos básicos es motivo de alarma y preocupación. Hasta ahora, cinco seguidores de Bolsonaro han sido arrestados en Argentina, donde hay más de 61 órdenes de captura vigentes. Milei no solo niega la gravedad de estos delitos, sino que también se alinea con aquellos que desean socavar el orden democrático. La noción misma de ofrecer tal apoyo en favor de la antidemocracia es una muestra provocativa de complicidad que resuena de las políticas represivas que han dominado el reciente pasado de la región.

Del ataque a la democracia al ataque a los territorios y defensores ambientales

Pero Bolsonaro no solo intentó destruir la democracia brasileña desde el asiento del poder, sino que también llevó a cabo una política de persecución sistemática contra quienes defienden el ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. Bajo su gobierno aumentaron los asesinatos, amenazas y criminalización de activistas contra la deforestación y la expansión del agronegocio y la minería ilegal en la Amazonia. Durante su mandato, por ejemplo, el indigenista Bruno Pereira y el periodista Dom Phillips fueron asesinados. Su pecado mortal fue denunciar la connivencia del poder político con los sectores económicos extractivistas sobre la Amazonia.

En Argentina, la administración de Javier Milei y varios gobernadores aliados han comenzado a imitar una lógica represiva con el objetivo de desmovilizar y sembrar el temor entre quienes defienden los bienes comunes. Desde su llegada al poder, el gobierno nacional ha impulsado una criminalización sistemática de la protesta a través de protocolos antipiquetes[1] que buscan erradicar cualquier manifestación en las calles, incluso si se tratan de los más débiles: nuestros abuelos jubilados. En provincias como Jujuy, Mendoza y Chubut, los conflictos ambientales han sido respondidos con una brutal represión, incluidas detenciones arbitrarias y persecuciones judiciales dirigidas a asambleas socioambientales y comunidades indígenas.

Hay muchos casos alarmantes; uno es el de dos defensores del agua en Mendoza: Federico Soria y Mauricio Cornejo. A partir del 14 de febrero de 2025, comenzarán a ser perseguidos y criminalizados por la lucha que emprendieron para defender el agua como parte de su comunidad en Uspallata. Han sido acusados de pertenecer a un grupo que supuestamente ejerce coerción ideológica a través del miedo, mediante un artículo del Código Penal Argentino establecido durante la dictadura militar (1976-1983), nunca aplicado antes en la provincia de Mendoza. Este asalto a los derechos humanos ocurre en el contexto de la llegada de la empresa minera San Jorge, un proyecto que podría tener consecuencias catastróficas para el ecosistema y la población de Uspallata. Federico Soria y Mauricio Cornejo son activistas de la Asamblea de Vecinos de Uspallata, un movimiento cívico que con valentía lucha en contra de la instalación de esta mina, ya que puede poner en peligro a su comunidad. Este panorama destaca la alarmante represión que enfrenta el activismo ambiental en el país y es una clara señal de la deriva antidemocrática que ahora amenaza a Argentina.

Precedentes fallidos en Brasil y el peligro de normalizar la represión

Sin embargo, el caso de Bolsonaro es un faro revelador, uno que debería advertir y disuadir a lo largo de la región. Su historia es un recordatorio contundente de que los ataques a la democracia y los ataques a los territorios son dos partes de la misma narrativa destructiva. En Brasil, el intento de golpe no surgió de la nada; fueron años de preparación, una culminación de décadas de acoso sistemático contra ambientalistas y activistas indígenas. En este país, luchar por la tierra misma se convirtió en un acto de revuelta, rebelión y resistencia contra un sistema corporativo extractivo dispuesto a llevarse todo por delante, incluso la vida de los defensores y defensoras ambientales. La represión se disfrazó de gestión, y los disidentes por la justicia ecológica fueron silenciados a través de balas de goma y deslegitimaciones públicas.

Ahora, volviendo a Argentina, el panorama se torna inquietante. La consolidación de un modelo autoritario, similar al que vimos en Brasil, podría seguir el mismo sendero vertiginoso: primero el uso de la fuerza para silenciar las luchas ecoterritoriales y luego, con un menosprecio esperable, el ataque a las reglas democráticas si el poder se encuentra amenazado.

Por eso es crucial proteger y celebrar la lucha de aquellos que se levantan para defender el agua, la tierra, los bosques y la dignidad de los pueblos originarios, porque es el verdadero pulso de la democracia. Pero en Argentina los defensores ambientales están siendo objeto de campañas de persecución, incluso criminalizados y detenidos irregularmente. De hecho, dentro de este contexto, el movimiento ambientalista ha sido señalado por Javier Milei en varios foros internacionales y locales como el enemigo declarado de la extrema derecha.

En este momento de encrucijada, cada desafío trae consigo la lucha por los derechos como brasas de justicia, una lección no olvidada que exige que todos nos mantengamos vigilantes. La dualidad de la defensa de la democracia y la defensa de los territorios es algo que no podemos ignorar y son dos caras de la misma moneda.

Estoy convencido que el caso de Bolsonaro es un grito de advertencia para toda América Latina y para Argentina en particular: no podemos permitir que nos roben nuestro derecho a un futuro democrático y ecológico. En última instancia, si las instituciones brasileñas logran llevar a cabo un proceso para condenar a Bolsonaro, esto no solo serviría para disuadir futuros intentos de golpe en ese país, sino también para mejorar la calidad de la democracia en el conosur y la protección de quienes defienden los territorios y los bienes comunes que habitan. Hasta que eso suceda, y después también, la lucha por la justicia ecológica y social debe seguir en pie.

[1] Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación. Disponible en: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/300917/20231215