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Milei a contramano: el mismo día que la ONU discute cómo controlar la IA, el Presidente exige que nadie la regule

Milei quiere vender en la ONU una Argentina que no existe

Mientras el Presidente pedía una inteligencia artificial sin regulación en la Asamblea General de la ONU, en el mismo día y en el mismo edificio, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se prepara para una reunión de alto nivel con las potencias y las empresas líderes del sector para discutir medidas regulatorias de seguridad para la IA.

Y mientras el Presidente promete una IA sin regulación, en la Argentina crecen la resistencia legislativa y política ante su proyecto de ley de empresas sin humanos y un Súper RIGI que pretende convertir al país en una guarida normativa para grandes corporaciones tecnológicas. Pero que el mundo y los magnates tecnológicos lo sepan: la sociedad no va permitir esta agenda autoritaria, inhumana y tecno-extractiva.

NUEVA YORK, 23 de septiembre de 2026.— Javier Milei volvió a la Asamblea General de Naciones Unidas para hablar de un país que cada vez se parece menos al que viven los argentinos y las argentinas. Y esta vez el Presidente pretendió presentar la desregulación de la inteligencia artificial como sinónimo de progreso, justo en el mismo día en que el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para definir medidas para contener y desacelerar la IA y evitar riesgos existenciales para la humanidad.

La inteligencia artificial no necesita un Presidente que actúe como panfletero y propagandista de las corporaciones tecnológicas y de la agenda tecno-autoritaria. Necesita reglas democráticas, responsabilidad humana y controles públicos. Y Argentina necesita algo todavía más elemental: un Gobierno que vuelva a mirar el país real. Porque el país de verdad no es el que Milei describe desde la ONU. Es el que queda cuando termina el discurso.

“Milei quiere venderle al mundo una supuesta libertad tecnológica que, en la práctica, puede convertirse en una cueva jurídica para esconder responsabilidades. Si una sociedad automatizada puede tomar decisiones, contratar, administrar activos y producir daños, alguien tiene que responder. No existe innovación genuina cuando se construyen escudos de impunidad para que nadie responda por las decisiones tomadas por sistemas automatizados”, señaló Oscar Soria, cofundador y codirector del thinktank The Common Initiative, con sede en Nueva York.

“Argentina se merece un debate abierto, exhaustivo y abarcativo sobre la IA y una gobernanza propia. No podemos importar modelos que conviertan la tecnología en un escudo de impunidad”, afirmó por su parte Micaela Sánchez Malcolm, presidenta de la Asociación Civil Generas.

El problema no termina en el algoritmo. Los proyectos de infraestructura digital requieren agua, energía y territorio. Y el Súper RIGI busca establecer condiciones extraordinariamente favorables para grandes inversiones, generando objeciones técnicas y legales.

“El discurso de Milei, además de anacrónico, quiere trasladar la lógica del extractivismo a la era digital, con corporaciones con acceso privilegiado al agua y la energía y un Estado cada vez más limitado para proteger los bienes comunes”, sostuvo Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, quien se encuentra en Nueva York esta semana participando de la Semana del Clima (Climate Week).

“En Argentina, los territorios desmienten el relato de Milei en Nueva York. Para las comunidades, la inteligencia artificial no flota en la nube: necesita agua, energía, tierra, infraestructura y decisiones que impactan sobre personas concretas. No queremos que nuestro país se convierta en una guarida normativa. Y que en cuanto a la regulación se institucionalice la opacidad, permitiendo que otros decidan y la ciudadanía pague las consecuencias”, dijo por su parte Florencia Gómez, directora de relaciones institucionales del CEPPAS.

Este mismo miércoles, mientras Milei pedía en el estrado de la Asamblea General que la IA siga sin ningún tipo de regla, el Consejo de Seguridad de la ONU se preparaba para sesionar en pocas horas una agenda diametralmente opuesta: una reunión de alto nivel sobre los riesgos de la IA para la paz y la seguridad global, con la participación confirmada de Sam Altman (OpenAI) y Dario Amodei (Anthropic), dos de los máximos responsables del desarrollo de esta tecnología a nivel mundial, junto al investigador Yoshua Bengio y al CEO de Hugging Face, Clément Delangue.

El propio sector que Milei presenta como aliado de su cruzada desreguladora fue el que se sentará hoy mismo ante el organismo más alto de gobernanza de seguridad global a pedir, precisamente, coordinación internacional y estándares de seguridad compartidos.

Mientras Milei habla ante el mundo, en Argentina se discute exactamente lo contrario: en el Senado se debate quién controla la IA, quién responde cuando un algoritmo produce un daño, qué ocurre con los datos, qué recursos naturales consume la infraestructura digital y qué derechos tienen las comunidades frente a esas decisiones.

La contradicción tiene una evidencia concreta. El proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades incorpora sociedades automatizadas y DAO, pese a que más de treinta organizaciones reclamaron eliminar esas figuras y advirtieron sobre los vacíos legales que podrían generar. La propia discusión parlamentaria obligó al oficialismo a revisar su propuesta.

El problema es que el Gobierno pretende presentar estas reformas como parte de una supuesta carrera inevitable hacia el futuro, cuando incluso dentro de su propio espacio político y entre sus aliados parlamentarios existen objeciones y condicionamientos al proyecto de ley general de sociedades y al Súper RIGI.

El resultado es una paradoja: mientras Milei viaja al exterior a hacer propaganda de un país sin regulaciones, en el país real la sociedad civil, expertos, ambientalistas, comunidades y distintos sectores políticos discuten cómo evitar que esa desregulación convierta a Argentina en una guarida normativa.

Por mayor información:

Oscar Soria
Codirector y cofundador The Common Initiative
+1 415 217 9392
oscar@topsocial.org
(basado en Nueva York).

Enrique Viale
Presidente, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas
+54 9 11 5120-7518
enrique@aadeaa.org.ar
(en Nueva York durante esta semana).

Micaela Sánchez Malcolm
Presidenta Asociación Civil Géneras
+54 9 11 6028-2510
micaela@generas.org.ar
(desde Buenos Aires).

Florencia Gómez
Directora de Relaciones Institucionales, CEPPAS
+54 9 11 64325200
flordelestero@gmail.com
(desde Buenos Aires).

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super rigi

Carta abierta firmada por más de mil de académicos, científicos e investigadores de todo el país advierte sobre los riesgos del “Súper RIGI”

BUENOS AIRES, 19 de agosto de 2026.—

Un grupo de académicos, científicos, investigadores y referentes del campo tecnológico de la todo el país envió una carta abierta dirigida a las senadoras y los senadores de la Nación en la que expresa su preocupación por el proyecto conocido como “Súper RIGI”, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y se encuentra en tratamiento de comisiones en el Senado. Los firmantes sostienen que la iniciativa establecería un régimen de inversiones con beneficios fiscales, estabilidad regulatoria por varias décadas y un esquema de protección jurídica excepcional para grandes corporaciones tecnológicas internacionales, sin exigir como contraprestación la generación de empleo local, la transferencia de tecnología o compromisos concretos con el desarrollo nacional.

Según la carta, el proyecto representa “la renuncia al derecho de regular sectores estratégicos durante una generación entera” y advierte que sus efectos se profundizarían al combinarse con otra propuesta en debate: el reconocimiento de personalidad jurídica a entidades operadas íntegramente por inteligencia artificial. A criterio de los autores, ambas iniciativas podrían configurar un marco legal que otorgue amplios privilegios a grandes empresas tecnológicas sin mecanismos suficientes de control democrático ni responsabilidades claramente definidas.

El documento también cuestiona el alcance de los incentivos fiscales previstos, al señalar que la evidencia internacional indica que las exenciones impositivas no constituyen el principal factor para definir la localización de centros de datos. Otro de los puntos planteados es el impacto ambiental potencial de estas inversiones. Los firmantes advierten que infraestructuras de gran escala vinculadas a la inteligencia artificial demandan elevados niveles de consumo de energía eléctrica y agua, por lo que consideran necesario establecer regulaciones estrictas sobre el uso de recursos naturales y las emisiones de carbono, especialmente en un contexto de crisis climática y estrés hídrico.

Asimismo, la carta sostiene que la cesión de competencias regulatorias en sectores estratégicos podría limitar la capacidad futura del Estado para definir políticas públicas. Los firmantes también señalan una contradicción entre la promoción de beneficios extraordinarios para grandes empresas tecnológicas extranjeras y la situación que atraviesa el sistema científico nacional. En el documento afirman que el desfinanciamiento del CONICET, la reducción de recursos para las universidades y la pérdida de capital humano especializado debilitan las posibilidades de construir una estrategia de desarrollo tecnológico con capacidades propias.

La carta hace un llamado para que se evalúe el proyecto considerando sus efectos de largo plazo sobre el empleo, los recursos naturales, la soberanía tecnológica y la capacidad del país para definir su modelo de desarrollo, y concluye que la Argentina necesita atraer inversiones y desarrollar nuevas tecnologías, pero sin una renuncia permanente a las herramientas regulatorias ni comprometer las posibilidades de decisión de las futuras generaciones.

La misiva fue firmada por docentes, investigadores y miembros de las Universidades nacionales de Buenos Aires (UBA), La Plata (UNLP), Rosario (UNR), del Litoral (UNL), de Córdoba (UNC), de Río Cuarto (UNRC), de Cuyo (UNCuyo), de San Juan (UNSJ), de Salta (UNSa), de Jujuy (UNJu), de Río Negro (UNRN), del Comahue (UNCo), de Entre Ríos (UNER), de Tierra del Fuego (UNTDF), de Santiago del Estero (UNSE), de San Luis (UNSL) y de San Juan (UNPSJB), así como de universidades del conurbano bonaerense como Quilmes (UNQ), San Martín (UNSAM), Hurlingham (UNAHUR), Moreno (UNM), Avellaneda (UNDAV), Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), Lanús (UNLa), Tres de Febrero (UNTREF), y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

La carta abierta asimismo está firmada por miembros de casi todas las provincias pertenecientes a organismos científicos y de investigación bajo la órbita del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC PBA) y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), entre otras instituciones.

SUPER RIGI – CARTA ABIERTA DE LA COMUNIDAD ACADEMICA Y CIENTIFICA AL SENADO (19-08-2026) FINALDescarga

Más de 100 organizaciones de la sociedad civil exigen al Senado frenar el paquete legislativo que “entrega la tierra,el agua y la energía” a capitales extranjeros

BUENOS AIRES, 3 de agosto de 2026.– Un amplio bloque transversal de organizaciones de la
sociedad civil presentó un documento ante el Senado de la Nación advirtiendo sobre la gravedad de
los proyectos de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el “Súper RIGI”.

Las entidades denuncian que no se trata de iniciativas independientes, sino de “dos llaves de la
misma cerradura” que operan de forma complementaria para desarticular la soberanía sobre los
bienes comunes estratégicos del país.

“EL SENADO DE REMATE” – Documento conjunto de la sociedad civil (3 de agosto de 2026)Descarga

Las ONG denuncian que este esquema configura un “traje a medida” para crear enclaves, apuntando
especialmente a la Patagonia por sus reservas de agua dulce, minerales estratégicos, energía y clima
frío, elementos clave para la infraestructura de los gigantes tecnológicos e inteligencia artificial que el
Súper RIGI busca atraer.

A su vez, advierten a los legisladores sobre el enorme costo político y federal de aprobar este
paquete, ya que implica una renuncia estructural de las provincias a sus ingresos impositivos
(Ingresos Brutos y Sellos) y desfinancia el sistema previsional, sin generar compensaciones ni fuentes
de trabajo masivas.

En este sentido, Micaela Sánchez Malcolm de la organización Géneras, declaró que “la imagen es
precisa y alarmante: primero se entrega la tierra, el agua, la energía y los datos; y en simultáneo se le
vendan los ojos a las instancias que deberían vigilar. La Ley de Sociedades borra el rastro de quién
compra, y el Súper RIGI blinda el negocio por tres décadas. No son reformas aisladas, es una
arquitectura diseñada para el saqueo”.

Por su parte, Luciana Ghiotto (Transnational Institute) sostuvo que “el senador que apruebe esto estará
cediendo la jurisdicción de su propia provincia por treinta años y convalidando una doble delegación
inconstitucional. Las Provincias y el Estado Nacional tendrán las manos atadas para hacer cumplir
regulaciones laborales, medioambientales o de derechos humanos en general, porque el Súper RIGI
otorga 30 años de estabilidad regulatoria para las corporaciones que entren al régimen. Cualquier
cambio en la legislación puede provocar una avalancha de demandas multimillonarias en el CIADI”.
En tanto, Lucas Micheloud (AAdeAA) consideró que “la reforma a la ley de tierras forma parte de un
programa de remate de la Argentina, junto al Super RIGI, la modificación a la Ley de Sociedades y el
resto de las iniciativas de desregulación diseñadas para remover los límites que protegen nuestros
territorios y allanar el camino a los nuevos poderes globales: grandes fondos de inversión,
corporaciones extractivas y magnates tecnológicos como Peter Thiel o Elon Musk. En plena crisis
climática y disputa geopolítica por la tierra, el agua y la energía, renunciar a quién controla la tierra es
renunciar a la soberanía y legitimar una nueva forma de colonialismo en el siglo XXI”.

Ernesto Alonso Secretario de DDHH del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata
manifestó: “Existe una contradicción insalvable, no podemos defender la soberanía de los territorios
usurpados por Gran Bretaña en el Atlántico Sur y promover una ley de entrega del territorio
continental. Milei está llevando a cabo un plan sistemático de entrega para dejar a los 48 millones de
argentinos mirando con la ñata contra el vidrio como se desintegra el territorio nacional. La justicia nos
dió la razón, es inconstitucional. La soberanía es un bien tutelable”.

Florencia Gomez, del CEPPAS, dijo: “La derogación de la Ley de Tierras es una pieza vital del
engranaje normativo que impulsa el gobierno, basado en quita de derechos y pérdida de soberanía.
Derogarla además, implica perder los datos dominiales y catastrales sobre la tierra, el control sobre
activos estratégicos y favorecer la opacidad de las operaciones financieras sobre la tierra. Reniegan de
cualquier forma de participación ciudadana y política de transparencia”.

Las organizaciones convocaron a la ciudadanía a sumarse a la movilización nacional frente al
Congreso el próximo 6 de agosto, día en que se tratará el proyecto, y exigen a los senadores el
rechazo de plano y en todos sus términos tanto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
como del Súper RIGI. “Rechazar uno y aprobar el otro dejaría la cerradura a medio cerrar: la fuerza de
la defensa nacional está en rechazar los dos”, concluye el documento.

De cara al tratamiento en el recinto previsto para el próximo 6 de agosto, las organizaciones revelan
que el paquete impulsado por el Gobierno funciona con una mecánica secuencial de tres pasos para
facilitar la apropiación de territorios:

  1. La Inviolabilidad saca el techo: Al vaciar de contenido la actual Ley de Tierras Rurales, el
    proyecto elimina el tope del 15% a la extranjerización, los límites de hectáreas y la prohibición
    fundamental de adquirir tierras que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua
    permanentes (como lagos y ríos).
  2. La Ley de Sociedades borra el rastro: En paralelo, la reforma societaria permite que los
    territorios se adquieran a través de corporaciones opacas o extranjeras sin requerir información
    contable, ocultando quién es el titular real detrás de las compras.
  3. El Súper RIGI blinda y neutraliza: Finalmente, este régimen protege dichas inversiones
    otorgando 30 años de estabilidad fiscal y aduanera, impidiendo el control estatal y habilitando
    a las empresas a litigar contra el país en tribunales de arbitraje internacional.

Entre las organizaciones firmantes figuran la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas
(AAdeAA), la Asociación Gremial de Computación (AGC), Asuntos del Sur, ATTAC Argentina, la
Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para La Vida, el Centro de Estudios para la Ciudad, el
Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), el Centro de Políticas Públicas para el
Socialismo (CEPPAS), el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), el Equipo Transiciones,
Encuentro Verde por Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación
Civil Géneras, Geopolítica y Bienes Comunes (GYBC), Iciudad, Jóvenes por el Clima, el Laboratorio
Abierto de Inteligencia Artificial (LAIA), PACHAS – Movimiento Ecopolitico por el Buen Vivir, Salus
Terrae, el Taller Ecologista, La Iniciativa Common y el Transnational Institute (TNI).

LEY DE INVIOLABILIDAD DE LA PROPIEDAD PRIVADA

La ley de inviolabilidad: especulación sobre tierras incendiadas

Por Natalia Mazzei para Revista Sudestada

Desde hace varias semanas el Senado busca tratar el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, presentado por el Ejecutivo a fines de marzo y que por distintos motivos ya vio postergado su tratamiento en dos oportunidades.

El proyecto de ley despierta preocupación en sectores ambientales ya que busca modificar, entre otras tantas leyes, la ley de manejo de fuego, sancionada en el año 2012 y modificada en el 2020. Esta ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para prevenir y combatir incendios forestales y rurales en todo el país.

La ley de manejo de fuego es hoy una herramienta clave para proteger las tierras incendiadas y desincentivar la especulación económica detrás de los incendios forestales.

Además, la ley crea el Servicio nacional de Manejo del Fuego, una red institucional y operativa que está encargada de coordinar los recursos y acciones para la prevención, detección y combate de incendios forestales, rurales o de interfase en todo el país; y el Fondo Nacional de Manejo de Fuego que era un fideicomiso para garantizar el financiamiento específico y automático para la prevención y el combate de incendios forestales y rurales a nivel nacional.

Pero los puntos claves son los que se incorporaron en el 2020 y los que serían modificados con la aprobación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Son los que determinan la prohibición del cambio de uso de suelo de las tierras que hayan sido afectadas por incendios. Para ello, establece una diferenciación entre distintos tipos de superficies, que por su mayor o menor valor ecosistémico, deben ser protegidas a través del tiempo para su recuperación.

Por un lado, para el caso de bosques nativos, áreas protegidas y humedales, la ley establece que durante 60 años no se puede cambiar el uso del suelo, lotear, desarrollar emprendimientos inmobiliarios ni modificar las actividades productivas.
Para el caso de pastizales, praderas y zonas agropecuarias, la ley ordena que durante 30 años no se podían hacer desarrollos inmobiliarios ni cambiar el uso del terreno para actividades agropecuarias más intensivas.

La ley actual deja algo en claro: si un territorio se incendia, no puede convertirse rápidamente en un negocio inmobiliario o agropecuario diferente al que tenía antes. El objetivo es evitar que alguien se beneficie económicamente de un incendio.

La reforma impulsada por el gobierno nacional elimina gran parte de estas prohibiciones.

Según las modificaciones detalladas en el proyecto, el nuevo artículo 22 bis mantendría una prohibición de cambio de uso para los bosques nativos, pero ya no establecería los plazos de 60 años ni todas las restricciones específicas que existen hoy en día.

Además, en el proyecto desaparecen las referencias a humedales, áreas naturales protegidas, tierras fiscales, subdivisiones y loteos, emprendimientos inmobiliarios, cambios de actividades agropecuarias, omisiones que se ven reforzadas por la derogación del artículo 22 quáter, que es el que ordena la protección de las superficies incendiadas en pastizales, praderas, matorrales, zonas agropecuarias,

Estas modificaciones tienen un efecto contundente sobre la ley y sobre el territorio: lo que no se nombra, no se protege, por lo tanto, la letra de la nueva ley implicaría la desaparición de la protección especial para enormes extensiones del territorio argentino que históricamente fueron afectadas por incendios vinculados al avance de la frontera agropecuaria o inmobiliaria.

¿Por qué si hoy tenemos una ley detallada y específica la cambiaríamos por una mucho más vaga y llena de lagunas? La redacción detallada en las leyes ambientales es fundamental para evitar los vacíos legales y las interpretaciones discrecionales. En un contexto de retroceso normativo en materia ambiental y de avance del extractivismo sobre territorios históricamente protegidos, no podemos cometer el error de autorizar el debilitamiento de nuestras leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental. Mucho menos podemos desproteger nuestros territorios frente al fuego, si tenemos en cuenta que los incendios forestales son una problemática que azota año a año a nuestro país, convirtiendo en cenizas miles de hectáreas de bosques nativos y de humedales, generando daños ambientales irreparables y pérdidas económicas cada vez mayores.

El debilitamiento de la ley de manejo de fuego no es algo de ahora. Ya a comienzos de la gestión, el gobierno nacional intentó modificarla a través del decreto 70/2023, buscando eliminar las limitaciones sobre el destino de los terrenos afectados por el fuego. Si bien ese intento no prosperó, se encontraron maneras de desmembrar la estructura que sostiene la resistencia frente al fuego.

Uno de ellos fue la eliminación del Fondo Nacional del Manejo del Fuego mediante el Decreto 463/2025, justificada por la búsqueda del ajuste fiscal y del superávit. Pero eso trajo consecuencias: redujo las herramientas disponibles a nivel nacional para anticiparse a las emergencias y responder ante contingencias cada vez más frecuentes e intensas.

Otro de los grandes golpes tiene que ver con el pasamanos al que se sometió en los últimos años al Servicio Nacional de Manejo de Fuego, antiguamente bajo el ala del Ministerio de Ambiente, luego de la subsecretaría de ambiente y finalmente colocado bajo la órbita del Ministerio de Seguridad en febrero del 2025.

¿Cómo impactan estas medidas a quienes luchan contra los incendios forestales? Eso le pregunté a Alejo Fardjoume, trabajador de Parques Nacionales y Paritario de las y los combatientes de incendios por ATE NACIONAL: “El intento de modificación de la ley de manejo del fuego por parte del ejecutivo es una muestra más de cuál es la visión que se tiene desde el gobierno nacional con respecto a la prevención y al combate de incendios forestales. La planta de trabajadores sigue siendo muy exigua. En Parques Nacionales hay 380 brigadistas cuando la planta mínima debería ser de 600. En el servicio nacional de manejo del fuego son 130 combatientes cuando deberían ser por lo menos el doble. Además se vive una situación salarial y de precariedad en la estabilidad laboral preocupante que se ve agravada por la necesidad de contar con otro ingreso por parte de los combatientes”.

Es imprescindible recordarles a nuestros legisladores que los incendios forestales son un problema que debe ser abordado con compromiso y responsabilidad y que las herramientas de detección, prevención y combate contra incendios forestales ya se han visto suficientemente reducidas en estos últimos años ¿Es una ley más laxa en materia de incendios lo que necesitamos para que se garantice nuestro derecho a un ambiente sano?

Impunidad Artificial para la IA: sociedad civil alertasobre avance del “Súper RIGI” en el Congreso

BUENOS AIRES, 23 de junio de 2026.

Organizaciones de la sociedad civil consideraron que el proyecto de Súper RIGI, que podría obtener mañana media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, constituye una entrega de soberanía que desregula el sector tecnológico y abre la puerta a un experimento que podría convertir a la Argentina en la cabeza de playa de un modelo inédito para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) a escala global.

El principal foco de alarma radica en la entrega total de los recursos estratégicos del país sin casi nada a cambio, y el impacto ambiental. Los grandes centros de cómputos (data-centers) orientados a la IA requieren enormes cantidades de energía y de agua para el enfriamiento de sus sistemas. El proyecto garantiza la operación continuada de estos complejos por tres décadas, lo que forzaría al Estado a priorizar el abastecimiento hídrico y energético de las corporaciones tecnológicas por sobre las necesidades locales, avanzando sobre ecosistemas fundamentales y biodiversidad en zonas que ya sufren estrés hídrico, quitándoles autonomía a las provincias. El Súper RIGI combina una masiva renuncia fiscal con beneficios impositivos excepcionales que, según la evidencia, resultan poco determinantes para atraer inversiones.

Además, según las organizaciones, el esquema de “impunidad artificial” se combinaría con la reforma de la Ley General de Sociedades, que busca reconocer a entidades operadas por IA como personas jurídicas de responsabilidad limitada, un experimento legal sin precedentes globales. Un esquema donde algoritmos sin responsabilidad humana operan infraestructuras críticas, acceden a arbitraje externo y no pueden ser regulados, diluyendo cualquier posibilidad de sanción ante daños civiles o ambientales.

En este sentido, las organizaciones alertaron que mientras que a nivel internacional los países discuten regulaciones estrictas para las Big Tech, e incluso directivos del sector solicitan auditorías obligatorias, el Super-RIGI elimina los controles por 30 años. Cualquier intento de corrección regulatoria futura ante crisis de desabastecimiento o reclamos locales quedaría bloqueado, exponiendo al país a demandas multimillonarias en tribunales de arbitraje internacionales y excluyendo la jurisdicción nacional.

En este sentido, Micaela Sánchez Malcolm (Presidenta de Géneras) afirmó que el proyecto constituye “un cheque en blanco con una delegación inconstitucional de facultades que garantiza un marco de impunidad fiscal, energética y legal para grandes empresas”. Por su parte, Enrique Viale (Presidente de la AAdeAA) sostuvo que la iniciativa “traslada la lógica del extractivismo a la era digital”, garantizando a las corporaciones acceso privilegiado a bienes comunes como el agua y la energía sin protección ambiental.

Asimismo, Luciana Ghiotto (del Transnational Institute) explicó que el régimen “blinda por treinta años las condiciones regulatorias, fiscales, cambiarias y aduaneras”, impidiendo al Estado actuar ante crisis de desabastecimiento de agua o energía. En la misma línea, Matías Bianchi (Director Ejecutivo de Asuntos del Sur) consideró que el país se consolida como un escenario de experimentación que “ofrece territorio, recursos naturales e infraestructura sin pedir nada a cambio”, asemejándose a un “país bananero”. A su vez, Victoria Lichtschein (Directora Executiva de la Fundación Biodiversidad Argentina) manifestó que las medidas “incentivan las grandes inversiones con fines extractivos sin garantizar la protección del medio ambiente” ni el bienestar de las comunidades. Finalmente, Federico Pellegrino (Director Ejecutivo de Latam Lab) sostuvo que avanzar con esta norma representa “la entrega de los recursos naturales de argentina y la renuncia del país a darse un modelo de desarrollo”.

NOTAS AL EDITOR:
Por entrevistas y consultas:
● Micaela Sánchez Malcolm, Géneras: micaela@generas.org.ar
● Matías Bianchi, Asuntos del Sur: matias.bianchi@asuntosdelsur.org
● Luciana Ghiotto, Transnational Institute: +54-9-11-4023-9677 / luciana.ghiotto@gmail.com
● Enrique Viale, AAdeAA: +54 9 11 5120-7518 / enriqueviale@aadeaa.org
● Federico Pellegrino, Latam Lab: fede@latamlab.org
● Por otras consultas, escribir a Catalina Farias (prensa): catalina@topsocial.org


Textos de referencia
Documento de la sociedad civil ante la votación del Super-RIGI (23 de Junio, 2026)
Actualización para periodistas y editores: Reacciones de la sociedad civil (citas completas)

Información oficial
● Debate de las comisiones (17/06/2006)
● Dictamen aprobado (17/06/2006)
● Segunda reunión informativa (10/06/2006)
● Primera reunión informativa (03/06/2006)
● Proyecto de ley original (22/05/2026)


Artículos de interés
● Con cambios y apoyo de aliados, se firmó el dictamen del “Súper RIGI”: Parlamentario (17/06/26)
● ¡AI, Argentina! – Revista Anfibia (17/06/26)
● Súper RIGI: otra vuelta de tuerca al régimen de Milei para el capital – Trinchera
● El plan para convertir a la Argentina en un paraíso sin humanos – Tiempo Argentino (17/06/26)


Otros links de interés
● Súper RIGI: Qué es, qué dice y qué no dice el proyecto de ley que el Gobierno envió al Congreso
● Súper RIGI: excesivas concesiones y bajas exigencias y contrapartidas del proyecto oficial
● Estimación del costo fiscal anual de los proyectos aprobados del RIGI
● Mega AI datacenters de IA: qué propone el Súper RIGI
● El Súper RIGI: por qué el régimen desperdicia una oportunidad de desarrollo y cómo corregirlo
● Caso Palantir Argentina (informe de Amnistía Internacional Argentina)

SUPER RIGI: LA IMPUNIDAD ARTIFICIAL EN EL LABORATORIO LIBERTARIO

LA ARGENTINA A UN PASO DE SER UN BANCO DE PRUEBAS GLOBAL PARA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL SIN REGULACIÓN

BUENOS AIRES, 19 de junio de 2026.

El miércoles 17 de junio de 2026 la Cámara de Diputados aprobó en comisión el proyecto de ley conocido como “Súper RIGI”, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias.

Ahora el proyecto podría llegar al recinto el 24 de junio. En paralelo, el gobierno de Javier Milei tiene en la misma agenda legislativa la reforma de la Ley General de Sociedades, enviada al Congreso el 29 de mayo, que introduce la figura de las “sociedades automatizadas”: empresas con personería jurídica plena operadas por algoritmos o agentes de inteligencia artificial, sin necesidad de empleados humanos para su funcionamiento ordinario.

DEBATE-SUPER-RIGI-POSICIONAMIENTO-DE-LA-SOCIEDAD-CIVIL-VERSION-FINAL-16-DE-JUNIO-2026 (1)Descarga

Estos dos proyectos circulan por separado en el Congreso de la Nación, pero forman parte de una misma arquitectura. El Súper RIGI es el contenedor fiscal y regulatorio: ofrece a proyectos de más de mil millones de dólares exenciones impositivas, cambiarias y aduaneras por 30 años, reduce a la mitad los aportes patronales, otorga acceso a arbitraje internacional excluyente y garantía de operación continuada Y limita la autonomía de las Provincias, entre otros beneficios. Por otro lado, la Ley de Sociedades es el contenedor jurídico: crea el tipo societario que podría operar dentro de ese régimen sin responsabilidad humana identificable. Juntos, configuran lo que organizaciones de la sociedad civil que monitorean el proceso han comenzado a llamar “impunidad artificial”: un marco en el que el capital opera, los sistemas deciden, las grandes empresas extranjeras se llevan todo y nadie responde.

El 4 de junio, Milei publicó una columna de opinión en el Financial Times, coescrita con el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, invitando a las empresas tecnológicas globales a instalarse en Argentina bajo tres pilares: IA sin regular, la nueva categoría corporativa no humana, y un régimen fiscal competitivo. La respuesta internacional fue inmediata y de alto voltaje: el historiador Yuval Noah Harari respondió en el mismo diario advirtiendo que otorgar personería jurídica a agentes de IA equivale a darles “una llave maestra” al sistema financiero, económico y político. Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI, respaldó a Harari en X. Milei replicó inmediatamente anunciando una respuesta formal, la cual fue publicada diez días después en la cuenta oficial de la presidencia.

“El Súper RIGI traslada la lógica del extractivismo a la era digital. Busca transformar a la Argentina en una plataforma de sacrificio para las grandes corporaciones tecnológicas, garantizándoles durante 30 años beneficios extraordinarios, estabilidad jurídica y acceso privilegiado a bienes comunes estratégicos como el agua, la energía y el territorio, sin exigir empleo de calidad, transferencia tecnológica, desarrollo científico nacional ni protección ambiental. Mientras el mundo discute cómo regular el poder de las Big Tech para proteger el interés público, Argentina les ofrece un cheque en blanco y blinda sus privilegios frente a cualquier control futuro. Lo que se presenta como una política de inversiones puede terminar
convirtiéndose en una cesión histórica de soberanía, territorios y bienes comunes.
Enrique Viale, Presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA),

LO QUE SABEMOS HASTA AHORA

Las organizaciones de la sociedad civil vienen alertando sobre estos desarrollos legislativos, en los cuales no se han dado las condiciones necesarias para una apropiada discusión sobre las implicaciones profundas que este paquete legislativo conlleva en la sociedad argentina y en la política pública.

● El estado parlamentario: El Súper RIGI tuvo sus primeras audiencias conjuntas en las comisiones de Presupuesto y Hacienda e Industria los días 3 y 10 de junio, y el 17 de junio hubo un debate conjunto de estas comisiones para dictaminar este proyecto. El oficialismo, con el apoyo de los bloques dialoguistas que acompañaron el RIGI original en 2024, logró un dictamen de mayoría para tratar el proyecto en la Cámara de Diputados. El gobierno presiona para avanzar antes de que el Congreso entre en receso informal por el Mundial de fútbol. La Ley de Sociedades tiene una trayectoria más lenta y su debate en comisión aún no tiene fecha definida.

● Las críticas transversales: En las audiencias parlamentarias, legisladores de distintos bloques coincidieron en cuatro problemas centrales: la indefinición del objeto de la ley (qué es una “nueva actividad” lo decide el Ejecutivo por reglamentación); la ausencia de evaluación oficial de costo fiscal; la falta de encadenamientos productivos vinculantes que generen empleo y crecimiento en el país; y el mecanismo de arbitraje internacional que excluye la jurisdicción argentina. Fundar, CEPA y Audemus documentaron estas fallas con evidencia técnica. Asimismo, el dictamen de minoría ha indicado que este proyecto de ley, que entrega todo y no deja nada en el país, incumple 10 artículos de la Constitución Nacional.

● El eco internacional: El intercambio Milei-Harari-Suleyman en el Financial Times convirtió el debate local en una discusión global sobre los límites de la personería jurídica de la IA. La encíclica papal Magnifica Humanitas (León XIV, mayo de 2026) también abordó el “paradigma tecnocrático” como amenaza a la dignidad humana, sumando una voz de peso para los bloques con afinidad al catolicismo social. El caso hondureño de Próspera (zona especial con garantías similares que derivó en un reclamo arbitral de 10.000 millones de dólares) fue citado en el Congreso como advertencia concreta.

● Lo que no está resuelto: Ni el Súper RIGI ni la Ley de Sociedades establecen condiciones de seguridad nacional sobre la infraestructura digital, obligaciones de auditoría de seguridad para sistemas de IA, ni mecanismos de acceso estatal a los sistemas que operen en territorio argentino. La garantía de operación continuada por 30 años, combinada con arbitraje internacional excluyente, hace que cualquier corrección futura active costos internacionales. El Congreso que vota estas disposiciones, en los términos actuales, estaría despojando a los congresos de las próximas tres décadas de su poder de legislación

● La preocupación de la sociedad civil: De momento, las organizaciones de la sociedad civil que expresaron su preocupación son Amnistía Internacional Argentina, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, la Asociación Gremial de Computación, Asuntos del Sur, ATTAC Argentina, el Centro de Estudios Derecho Al Futuro, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación Biodiversidad, Géneras Asociación Civil, Greenpeace Argentina, Iciudad, The Common Initiative Argentina y Transnational Institute – Argentina (TNI).

POR QUÉ ESTE DEBATE ES CLAVE

Argentina no es el primer país en debatir incentivos para atraer infraestructura de inteligencia artificial. Lo que la hace singular, y lo que convierte este debate en una historia de alcance global, es la combinación y la escala de lo que está sobre la mesa.

● Desde la geopolítica tecnológica: El país ya firmó una carta de intención con OpenAI para instalar en la Patagonia el primer centro de datos Stargate de América Latina, con una inversión proyectada de hasta 25 mil millones de dólares. Peter Thiel, cofundador de Palantir, compró una mansión en Buenos Aires, se reunió con funcionarios del gobierno y es mencionado frecuentemente en el debate parlamentario como beneficiario potencial del régimen. En un momento en que Estados Unidos y China libran una disputa estratégica por el control de la infraestructura de IA, Argentina se posiciona como zona de desregulación máxima, con implicancias para la cadena de semiconductores, los datos soberanos y la seguridad regional.

● Desde el derecho corporativo global: La figura de la “sociedad automatizada” no tiene precedente en ninguna legislación nacional vigente. Si prospera, Argentina se convertiría en el primer país del mundo en reconocer a una entidad operada por IA como persona jurídica con responsabilidad limitada. El debate que eso abre (quién responde cuando un sistema autónomo causa daño, cómo se tributa, qué jurisdicción aplica) es el mismo que los reguladores de la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos están postergando. Buenos Aires lo está forzando ahora.

● Desde la economía política: El Súper RIGI implica resignar, según estimaciones independientes, el equivalente a 1,27 puntos del PBI en gasto tributario por cada 100 mil millones de dólares de inversión en un país que simultáneamente redujo el presupuesto de ciencia y tecnología al nivel más bajo desde 2002. La pregunta que el debate parlamentario no ha respondido: ¿quién captura el valor de la infraestructura que se instale?

● Desde la regulación de IA: En el mismo mes en que Argentina debate este paquete legislativo, Dario Amodei (CEO de Anthropic) publicó un ensayo de política pública pidiendo regulación obligatoria, auditorías independientes y mecanismos de redistribución fiscal para el sector. La paradoja es elocuente: el país que desarrolla la tecnología pide más controles; el país que quiere alojar la infraestructura los elimina por tres décadas.

● Desde la ecología y el cuidado del agua: La infraestructura material de las inversiones en inteligencia artificial tienen profundos impactos en los territorios donde se despliega. Los proyectos de “data-centers”, grandes centros de cómputos, precisan enormes cantidades de energía y de agua para su funcionamiento. Para el gobierno oficialista, garantizar el agua y la energía de estos data-centers se vuelve un imperativo y se pretende avanzar sobre ecosistemas fundamentales, de los cuales depende una enorme biodiversidad, en zonas de estrés hídrico

Súper RIGI: organizaciones advierten sobre riesgos fiscales, ambientales y de soberanía

Un documento conjunto de organizaciones de la sociedad civil señala que el proyecto otorga beneficios extraordinarios por 30 años sin definir con precisión las actividades alcanzadas, sin evaluación oficial de impacto fiscal y sin condiciones ambientales, productivas ni tecnológicas verificables.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, junto a organizaciones de la sociedad civil, elaboró un análisis crítico sobre el proyecto de Ley de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como “Súper RIGI”, que se encuentra en debate en la Cámara de Diputados de la Nación.

DEBATE SUPER-RIGI – POSICIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL – VERSION FINAL – 16 DE JUNIO, 2026Descarga

El documento advierte que la iniciativa crea un régimen excepcional de beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios para proyectos de inversión superiores a USD 1.000 millones, con estabilidad normativa por 30 años. Sin embargo, el texto no define con precisión qué actividades quedarán alcanzadas, no incorpora una evaluación oficial del gasto tributario y no establece obligaciones vinculantes de desarrollo productivo, transferencia tecnológica, uso responsable del agua, abastecimiento energético ni reducción de emisiones.

“El Congreso no puede aprobar un régimen de beneficios extraordinarios sin saber con claridad qué actividades serán alcanzadas, con qué impacto fiscal, bajo qué condiciones ambientales y con qué mecanismos de control democrático”, señalaron las organizaciones.

Uno de los principales problemas del proyecto es la indeterminación de su objeto. El artículo 4° define las “nuevas actividades económicas” como aquellas que no se desarrollen en el país o cuyo grado de desarrollo sea experimental o piloto, pero deja su alcance concreto sujeto a la reglamentación posterior.

Esto implica que el Congreso aprobaría una ley que delega en el Poder Ejecutivo la definición de qué sectores, empresas o proyectos podrán acceder a beneficios extraordinarios durante tres décadas.

Para las organizaciones, esta delegación plantea un problema jurídico e institucional relevante, ya que la Constitución Nacional exige que toda delegación legislativa tenga bases claras, materia determinada y límites precisos.

El Súper RIGI profundiza los beneficios ya previstos en el RIGI aprobado en la Ley Bases. Entre otros puntos, reduce la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, elimina derechos de exportación desde el inicio del proyecto, amplía exenciones de importación, reduce contribuciones patronales al 10% y otorga estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y de seguridad social por 30 años.

A pesar de esa magnitud, el proyecto no exige compra mínima de insumos nacionales, contratación de proveedores locales, inversión obligatoria en investigación y desarrollo, transferencia tecnológica, articulación con universidades públicas ni cesión de capacidad tecnológica para el sistema científico nacional.

El riesgo señalado por las organizaciones es que el régimen habilite economías de enclave: proyectos que utilizan suelo, energía, agua e infraestructura argentina, pero sin generar capacidades locales, desarrollo productivo ni beneficios proporcionales para el país.

El proyecto tampoco incorpora condiciones ambientales específicas sobre consumo energético, uso del agua, emisiones de carbono ni evaluación de impactos acumulativos. Esta omisión resulta especialmente preocupante frente a la posibilidad de que el régimen alcance a proyectos de infraestructura digital y centros de datos de gran escala.

Los centros de datos pueden demandar enormes volúmenes de energía, agua y suelo. Sin reglas claras, su instalación podría tensionar redes eléctricas, profundizar conflictos por el agua y consolidar infraestructura crítica en manos privadas sin control público suficiente.

Por eso, las organizaciones plantean que el Congreso debe incorporar en el texto de la ley obligaciones ambientales precisas, evaluaciones de impacto ambiental, condiciones de eficiencia energética, abastecimiento renovable, uso responsable del agua y mecanismos de monitoreo público.

Otro punto crítico es el artículo 73, inciso c, que garantiza a los Vehículos de Proyecto Único el derecho a la “operación continuada del proyecto sin interrupciones”, salvo orden judicial y con defensa previa de la empresa.

Esta cláusula podría restringir la capacidad del Estado de actuar preventivamente ante riesgos ambientales, energéticos, sociales o regulatorios. En la práctica, el proyecto quedaría protegido por una garantía reforzada de continuidad operativa, incluso frente a situaciones que exijan intervención pública urgente.

Ningún régimen de promoción de inversiones debe impedir la protección del interés público, la salud, el ambiente, el acceso al agua, la energía o los derechos de las comunidades.

El proyecto también habilita a los inversores a someter controversias a tribunales arbitrales internacionales, como el CIADI, la Cámara de Comercio Internacional o la Corte Permanente de Arbitraje, con sede fuera del país. Además, considera los derechos e incentivos otorgados por el régimen como “inversiones protegidas” bajo tratados internacionales.

Esto podría debilitar la jurisdicción argentina y exponer futuras decisiones regulatorias del Estado a reclamos internacionales. También reduce la capacidad de modificar políticas públicas, exigir cumplimiento de condiciones o corregir impactos ambientales, sociales o económicos.

El documento advierte que el Súper RIGI debe analizarse en el contexto de la expansión global de la inteligencia artificial, los centros de datos y la infraestructura digital crítica. La instalación de infraestructura tecnológica de gran escala sin condiciones de transparencia, seguridad, acceso público, transferencia tecnológica ni articulación con el sistema científico nacional puede profundizar la dependencia tecnológica y la concentración económica.

Argentina no debe convertirse en un territorio de experimentación tecnológica sin reglas claras, sin protección ambiental, control democrático y beneficios concretos para su sistema científico, productivo y social. Las organizaciones solicitamos que las comisiones competentes no avancen con el dictamen sin incorporar modificaciones sustanciales al proyecto.

Antes de votar, el Congreso debería exigir una definición legislativa clara y verificable de las actividades alcanzadas; una evaluación oficial del impacto fiscal; condiciones ambientales obligatorias sobre energía, agua, emisiones y evaluación de impacto ambiental; obligaciones de integración local, desarrollo de proveedores, inversión en I+D y articulación con universidades y organismos científicos; jurisdicción argentina para la resolución de controversias; y mecanismos efectivos de transparencia, control parlamentario y rendición de cuentas.

El Súper RIGI no es solo una ley de incentivos a grandes inversiones. Es una decisión sobre quién controlará infraestructura estratégica, bajo qué reglas, con qué costos fiscales, con qué impactos ambientales y con qué capacidad de revisión democrática durante las próximas tres décadas.

El juicio a Bolsonaro y la criminalización de la protesta ecosocial en Argentina

por Lucas Micheloud para Radio UNR

El Tribunal Supremo Federal de Brasil (que es el equivalente a nuestra Corte Suprema Nacional) decidió por unanimidad el pasado miércoles 26, abrir el enjuiciamiento del expresidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, tras los eventos sucedidos en enero de 2023, que instaron la intervención de la Procuraduría General de la Nación y la formulación de cargos contra el expresidente por el delito de intento de golpe de estado por la violenta abolición del estado de derecho democrático, organización criminal armada y daños calificados con violencia y grave amenaza.

Este movimiento insurreccional buscaba bloquear la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva, quien asumió nuevamente en 2022 tras un proceso electoral muy disputado. La descripción que realizó la Procuradoría de Bolsonaro como cabeza de una “organización criminal” resalta la gravedad de las acusaciones que enfrenta. El juicio incluye a varios de sus antiguos colaboradores, incluidos altos oficiales militares. La participación de personas como Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira, quienes asumieron grandes responsabilidades en el gobierno de Bolsonaro, destaca la relación incrustada entre la extrema derecha y los militares.

Javier Milei calificó a la decisión de la Procuraduría General de presentar estos cargos como un caso de “lawfare”, declarando públicamente que su amigo brasileño está siendo perseguido políticamente. La cobertura y el desconocimiento del estado de derecho por parte del presidente Milei es mucho más que un acto aislado. Es una elección estratégica de la extrema derecha argentino-brasileña para destruir las reglas que hacen posible la democracia y las instituciones republicanas que la configuran. El veredicto de este juicio podría establecer un precedente importante no solo para Brasil, sino para otros países de la región que enfrentan desafíos similares en sus democracias liquidas, parafraseando a Zygmunt Bauman.

El asalto al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021 por parte de los fanáticos seguidores de Donald Trump se erige como un oscuro espejo del intento de golpe de Bolsonaro, exponiendo el vínculo pernicioso entre los dos frentes de extrema derecha. Pero también simboliza la estrecha unión que existe entre el negacionismo climático y la violencia política. Mientras Trump atacaba el cambio climático derogando regulaciones ambientales, abandonando el Acuerdo de Paris y persiguiendo a científicos del clima, Bolsonaro alentaba la deforestación de la Amazonia, persiguiendo a defensores ambientales y dirigentes indigenistas. Este mismo desprecio hacia la ciencia, el ambiente y la democracia también puede observarse en Javier Milei, quien ha adoptado un discurso anticientífico, desmontando desde su asunción organismos y políticas vinculadas al ambiental, el clima, los derechos humanos y la cuestión indígena; una clara consolidación del patrón de desestabilización promovido por las extremas derechas de nuestro tiempo. Ninguno de estos eventos y sus figuras son accidentes. Ninguno. Son expresiones de un manual común: socavar la confianza en las instituciones democráticas y movilizar a las masas a través del miedo y la desinformación para tomar el control autoritario a favor del mercado (el capitalismo financiero y extractivista). Al atacar no solo a sus oponentes políticos, sino también a la ciencia digna, Trump, Bolsonaro y Milei son representantes de un movimiento peligroso que amenaza las bases democracias contemporáneas y el futuro ecológico del planeta.

Volviendo a la imputación de Bolsonaro –por intento de golpe de estado–, esto sirve no solo para revelar el aterrador giro antidemocrático de la extrema derecha brasileña, sino también como un espejo retrovisor que refleja la realidad Argentina. Lo ocurrido en Brasil desnuda vergonzosamente la violencia estructural y física que ha sido utilizada por el gobierno de Bolsonaro contra los defensores del ambiente, particularmente los líderes nativos. Esta estrategia de represión y criminalización de la protesta social incluyó el desmantelamiento de políticas fundamentales para la conservación ambiental, el respeto a las comunidades indígenas, la defensa de los derechos humanos y la regulación del sector extractivo. Esto es clave para comprender el rumbo que Argentina ha tomado con la extrema derecha, y activar de forma urgente mecanismos de resistencia y acción democrática.

En este contexto, vale recordar un episodio revelador que muestra la actitud de Javier Milei hacia los eventos en Brasil. En la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Buenos Aires en diciembre de 2024, el expresidente de Brasil agradeció al presidente argentino por refugiar a sus seguidores fugitivos, quienes habían sido condenados por su ataque a las instituciones públicas en Brasil en 2023. En ese marco, Milei no tuvo reparos en defender a Bolsonaro en otra cumbre conservadora realizada en Camboriú, afirmando: “Vean la persecución judicial que sufre nuestro amigo Jair Bolsonaro aquí en Brasil”.

Tal lealtad hacia un líder que desmanteló la democracia y pisoteó derechos básicos es motivo de alarma y preocupación. Hasta ahora, cinco seguidores de Bolsonaro han sido arrestados en Argentina, donde hay más de 61 órdenes de captura vigentes. Milei no solo niega la gravedad de estos delitos, sino que también se alinea con aquellos que desean socavar el orden democrático. La noción misma de ofrecer tal apoyo en favor de la antidemocracia es una muestra provocativa de complicidad que resuena de las políticas represivas que han dominado el reciente pasado de la región.

Del ataque a la democracia al ataque a los territorios y defensores ambientales

Pero Bolsonaro no solo intentó destruir la democracia brasileña desde el asiento del poder, sino que también llevó a cabo una política de persecución sistemática contra quienes defienden el ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. Bajo su gobierno aumentaron los asesinatos, amenazas y criminalización de activistas contra la deforestación y la expansión del agronegocio y la minería ilegal en la Amazonia. Durante su mandato, por ejemplo, el indigenista Bruno Pereira y el periodista Dom Phillips fueron asesinados. Su pecado mortal fue denunciar la connivencia del poder político con los sectores económicos extractivistas sobre la Amazonia.

En Argentina, la administración de Javier Milei y varios gobernadores aliados han comenzado a imitar una lógica represiva con el objetivo de desmovilizar y sembrar el temor entre quienes defienden los bienes comunes. Desde su llegada al poder, el gobierno nacional ha impulsado una criminalización sistemática de la protesta a través de protocolos antipiquetes[1] que buscan erradicar cualquier manifestación en las calles, incluso si se tratan de los más débiles: nuestros abuelos jubilados. En provincias como Jujuy, Mendoza y Chubut, los conflictos ambientales han sido respondidos con una brutal represión, incluidas detenciones arbitrarias y persecuciones judiciales dirigidas a asambleas socioambientales y comunidades indígenas.

Hay muchos casos alarmantes; uno es el de dos defensores del agua en Mendoza: Federico Soria y Mauricio Cornejo. A partir del 14 de febrero de 2025, comenzarán a ser perseguidos y criminalizados por la lucha que emprendieron para defender el agua como parte de su comunidad en Uspallata. Han sido acusados de pertenecer a un grupo que supuestamente ejerce coerción ideológica a través del miedo, mediante un artículo del Código Penal Argentino establecido durante la dictadura militar (1976-1983), nunca aplicado antes en la provincia de Mendoza. Este asalto a los derechos humanos ocurre en el contexto de la llegada de la empresa minera San Jorge, un proyecto que podría tener consecuencias catastróficas para el ecosistema y la población de Uspallata. Federico Soria y Mauricio Cornejo son activistas de la Asamblea de Vecinos de Uspallata, un movimiento cívico que con valentía lucha en contra de la instalación de esta mina, ya que puede poner en peligro a su comunidad. Este panorama destaca la alarmante represión que enfrenta el activismo ambiental en el país y es una clara señal de la deriva antidemocrática que ahora amenaza a Argentina.

Precedentes fallidos en Brasil y el peligro de normalizar la represión

Sin embargo, el caso de Bolsonaro es un faro revelador, uno que debería advertir y disuadir a lo largo de la región. Su historia es un recordatorio contundente de que los ataques a la democracia y los ataques a los territorios son dos partes de la misma narrativa destructiva. En Brasil, el intento de golpe no surgió de la nada; fueron años de preparación, una culminación de décadas de acoso sistemático contra ambientalistas y activistas indígenas. En este país, luchar por la tierra misma se convirtió en un acto de revuelta, rebelión y resistencia contra un sistema corporativo extractivo dispuesto a llevarse todo por delante, incluso la vida de los defensores y defensoras ambientales. La represión se disfrazó de gestión, y los disidentes por la justicia ecológica fueron silenciados a través de balas de goma y deslegitimaciones públicas.

Ahora, volviendo a Argentina, el panorama se torna inquietante. La consolidación de un modelo autoritario, similar al que vimos en Brasil, podría seguir el mismo sendero vertiginoso: primero el uso de la fuerza para silenciar las luchas ecoterritoriales y luego, con un menosprecio esperable, el ataque a las reglas democráticas si el poder se encuentra amenazado.

Por eso es crucial proteger y celebrar la lucha de aquellos que se levantan para defender el agua, la tierra, los bosques y la dignidad de los pueblos originarios, porque es el verdadero pulso de la democracia. Pero en Argentina los defensores ambientales están siendo objeto de campañas de persecución, incluso criminalizados y detenidos irregularmente. De hecho, dentro de este contexto, el movimiento ambientalista ha sido señalado por Javier Milei en varios foros internacionales y locales como el enemigo declarado de la extrema derecha.

En este momento de encrucijada, cada desafío trae consigo la lucha por los derechos como brasas de justicia, una lección no olvidada que exige que todos nos mantengamos vigilantes. La dualidad de la defensa de la democracia y la defensa de los territorios es algo que no podemos ignorar y son dos caras de la misma moneda.

Estoy convencido que el caso de Bolsonaro es un grito de advertencia para toda América Latina y para Argentina en particular: no podemos permitir que nos roben nuestro derecho a un futuro democrático y ecológico. En última instancia, si las instituciones brasileñas logran llevar a cabo un proceso para condenar a Bolsonaro, esto no solo serviría para disuadir futuros intentos de golpe en ese país, sino también para mejorar la calidad de la democracia en el conosur y la protección de quienes defienden los territorios y los bienes comunes que habitan. Hasta que eso suceda, y después también, la lucha por la justicia ecológica y social debe seguir en pie.

[1] Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación. Disponible en: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/300917/20231215