Un documento conjunto de organizaciones de la sociedad civil señala que el proyecto otorga beneficios extraordinarios por 30 años sin definir con precisión las actividades alcanzadas, sin evaluación oficial de impacto fiscal y sin condiciones ambientales, productivas ni tecnológicas verificables.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, junto a organizaciones de la sociedad civil, elaboró un análisis crítico sobre el proyecto de Ley de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como “Súper RIGI”, que se encuentra en debate en la Cámara de Diputados de la Nación.

El documento advierte que la iniciativa crea un régimen excepcional de beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios para proyectos de inversión superiores a USD 1.000 millones, con estabilidad normativa por 30 años. Sin embargo, el texto no define con precisión qué actividades quedarán alcanzadas, no incorpora una evaluación oficial del gasto tributario y no establece obligaciones vinculantes de desarrollo productivo, transferencia tecnológica, uso responsable del agua, abastecimiento energético ni reducción de emisiones.

“El Congreso no puede aprobar un régimen de beneficios extraordinarios sin saber con claridad qué actividades serán alcanzadas, con qué impacto fiscal, bajo qué condiciones ambientales y con qué mecanismos de control democrático”, señalaron las organizaciones.

Uno de los principales problemas del proyecto es la indeterminación de su objeto. El artículo 4° define las “nuevas actividades económicas” como aquellas que no se desarrollen en el país o cuyo grado de desarrollo sea experimental o piloto, pero deja su alcance concreto sujeto a la reglamentación posterior.

Esto implica que el Congreso aprobaría una ley que delega en el Poder Ejecutivo la definición de qué sectores, empresas o proyectos podrán acceder a beneficios extraordinarios durante tres décadas.

Para las organizaciones, esta delegación plantea un problema jurídico e institucional relevante, ya que la Constitución Nacional exige que toda delegación legislativa tenga bases claras, materia determinada y límites precisos.

El Súper RIGI profundiza los beneficios ya previstos en el RIGI aprobado en la Ley Bases. Entre otros puntos, reduce la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, elimina derechos de exportación desde el inicio del proyecto, amplía exenciones de importación, reduce contribuciones patronales al 10% y otorga estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y de seguridad social por 30 años.

A pesar de esa magnitud, el proyecto no exige compra mínima de insumos nacionales, contratación de proveedores locales, inversión obligatoria en investigación y desarrollo, transferencia tecnológica, articulación con universidades públicas ni cesión de capacidad tecnológica para el sistema científico nacional.

El riesgo señalado por las organizaciones es que el régimen habilite economías de enclave: proyectos que utilizan suelo, energía, agua e infraestructura argentina, pero sin generar capacidades locales, desarrollo productivo ni beneficios proporcionales para el país.

El proyecto tampoco incorpora condiciones ambientales específicas sobre consumo energético, uso del agua, emisiones de carbono ni evaluación de impactos acumulativos. Esta omisión resulta especialmente preocupante frente a la posibilidad de que el régimen alcance a proyectos de infraestructura digital y centros de datos de gran escala.

Los centros de datos pueden demandar enormes volúmenes de energía, agua y suelo. Sin reglas claras, su instalación podría tensionar redes eléctricas, profundizar conflictos por el agua y consolidar infraestructura crítica en manos privadas sin control público suficiente.

Por eso, las organizaciones plantean que el Congreso debe incorporar en el texto de la ley obligaciones ambientales precisas, evaluaciones de impacto ambiental, condiciones de eficiencia energética, abastecimiento renovable, uso responsable del agua y mecanismos de monitoreo público.

Otro punto crítico es el artículo 73, inciso c, que garantiza a los Vehículos de Proyecto Único el derecho a la “operación continuada del proyecto sin interrupciones”, salvo orden judicial y con defensa previa de la empresa.

Esta cláusula podría restringir la capacidad del Estado de actuar preventivamente ante riesgos ambientales, energéticos, sociales o regulatorios. En la práctica, el proyecto quedaría protegido por una garantía reforzada de continuidad operativa, incluso frente a situaciones que exijan intervención pública urgente.

Ningún régimen de promoción de inversiones debe impedir la protección del interés público, la salud, el ambiente, el acceso al agua, la energía o los derechos de las comunidades.

El proyecto también habilita a los inversores a someter controversias a tribunales arbitrales internacionales, como el CIADI, la Cámara de Comercio Internacional o la Corte Permanente de Arbitraje, con sede fuera del país. Además, considera los derechos e incentivos otorgados por el régimen como “inversiones protegidas” bajo tratados internacionales.

Esto podría debilitar la jurisdicción argentina y exponer futuras decisiones regulatorias del Estado a reclamos internacionales. También reduce la capacidad de modificar políticas públicas, exigir cumplimiento de condiciones o corregir impactos ambientales, sociales o económicos.

El documento advierte que el Súper RIGI debe analizarse en el contexto de la expansión global de la inteligencia artificial, los centros de datos y la infraestructura digital crítica. La instalación de infraestructura tecnológica de gran escala sin condiciones de transparencia, seguridad, acceso público, transferencia tecnológica ni articulación con el sistema científico nacional puede profundizar la dependencia tecnológica y la concentración económica.

Argentina no debe convertirse en un territorio de experimentación tecnológica sin reglas claras, sin protección ambiental, control democrático y beneficios concretos para su sistema científico, productivo y social. Las organizaciones solicitamos que las comisiones competentes no avancen con el dictamen sin incorporar modificaciones sustanciales al proyecto.

Antes de votar, el Congreso debería exigir una definición legislativa clara y verificable de las actividades alcanzadas; una evaluación oficial del impacto fiscal; condiciones ambientales obligatorias sobre energía, agua, emisiones y evaluación de impacto ambiental; obligaciones de integración local, desarrollo de proveedores, inversión en I+D y articulación con universidades y organismos científicos; jurisdicción argentina para la resolución de controversias; y mecanismos efectivos de transparencia, control parlamentario y rendición de cuentas.

El Súper RIGI no es solo una ley de incentivos a grandes inversiones. Es una decisión sobre quién controlará infraestructura estratégica, bajo qué reglas, con qué costos fiscales, con qué impactos ambientales y con qué capacidad de revisión democrática durante las próximas tres décadas.