Megaminería:
territorios sacrificados, ecosistemas devastados

La megaminería se ha convertido en uno de los pilares más visibles del modelo extractivista que rige las economías latinoamericanas. En Argentina, esta actividad ha crecido de manera exponencial en las últimas décadas, consolidándose como un vector de despojo y contaminación. Bajo el discurso del "desarrollo" y la "modernización", los territorios afectados por la megaminería son resignificados como zonas de sacrificio, donde los derechos de las comunidades y los ecosistemas se subordinan a las demandas del mercado global.

Una industria bajo la lógica del despojo

La minería a gran escala implica procesos altamente destructivos. La remoción de montañas enteras, el uso intensivo de agua y químicos tóxicos, como el cianuro y el ácido sulfúrico, y la acumulación de desechos contaminantes son parte inherente de este modelo. A pesar de las promesas de generación de empleo y progreso, las poblaciones locales suelen quedar atrapadas en un círculo de contaminación, pérdida de fuentes de agua, enfermedades y desplazamiento.

Casos como Veladero en San Juan, Bajo de la Alumbrera en Catamarca y el avance de proyectos en Mendoza y Chubut muestran el patrón recurrente de violaciones de derechos ambientales y humanos. Además, la resistencia de las comunidades afectadas ha sido criminalizada, mientras las empresas mineras operan bajo marcos legales diseñados para maximizar sus beneficios y minimizar sus responsabilidades.

La trampa del desarrollo: minería y deuda ecológica

El discurso oficial presenta a la minería como una solución para el desarrollo y la reducción de la pobreza, pero los datos desmienten esta narrativa. Las regalías que pagan las empresas son mínimas en comparación con los ingresos que generan, mientras los costos sociales y ambientales son externalizados hacia las comunidades y los ecosistemas.

Este modelo refuerza la dependencia económica de la exportación de materias primas, perpetuando una economía extractiva que agudiza las desigualdades territoriales y expone a Argentina a la volatilidad de los mercados internacionales. Lo que queda tras el paso de la megaminería son paisajes arrasados, comunidades empobrecidas y una deuda ecológica impagable.

Justicia ambiental frente al saqueo

En este contexto, desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, denunciamos que la megaminería no es compatible con una transición justa hacia modelos económicos y políticos que respeten los derechos de las comunidades y los límites del planeta. La minería, tal como se lleva adelante en Argentina, no solo destruye ecosistemas enteros, sino que profundiza la crisis climática al promover un modelo energético basado en combustibles fósiles y materiales críticos para la expansión de tecnologías no inclusivas ni descentralizadas.

 

Defendemos la necesidad de implementar una moratoria a nuevos proyectos de megaminería, garantizar el acceso a la información y fortalecer las instancias de consulta previa, libre e informada, tal como lo exige el Convenio 169 de la OIT. Además, proponemos impulsar transiciones ecosociales que prioricen el cuidado de los territorios y las comunidades sobre los intereses del capital.

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Las luchas por el buen vivir

La resistencia a la minería es una lucha por la vida misma. Las comunidades que se organizan para defender sus territorios nos muestran que es posible imaginar y construir otros futuros, donde el agua, los cerros y los bosques no sean mercancías, sino parte de un entramado vital que debe ser protegido.


Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, hacemos un llamado a rechazar las dinámicas de saqueo y degradación y a exigir un modelo de desarrollo que respete los derechos de las personas y los ecosistemas.

Sin montañas, no hay agua.
Sin agua, no hay vida.