Archivos de categoría: Comunicados

Comunicados oficiales de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas dirigidos a prensa, medios especializados, funcionarios públicos en todos sus niveles, activistas y otros integrantes de la sociedad civil.

Megafábricas de cerdos

Declaración: América sin megafábricas de cerdos

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🔺 ¿Por qué y cómo avanzan las fábricas porcinas en América Latina? 🔺

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Desde Homún, Yucatán, México, pueblo maya que ha logrado la suspensión de operaciones de una mega fábrica de 49 mil cerdos, comunidades indígenas y campesinas en resistencia, defensoras y defensores de derechos humanos, ambientalistas, personas expertas y de la academia de Argentina, Chile, Ecuador, Estados Unidos y México suscribimos esta Declaración en donde exigimos el cese de la expansión de las mega fábricas de cerdos en el continente.
Este modelo agroindustrial, que se extiende desde Estados Unidos al resto de América, reproduce los patrones de explotación del capitalismo más voraz que afecta y despoja a los territorios indígenas, genera fractura del tejido social y cultural, violentando la vida pacífica de los pueblos, contaminando la naturaleza y potenciando la crueldad y explotación animal.
Las operaciones de las mega fábricas de cerdos violan el derecho a la salud de las personas y de las comunidades, el derecho al agua y al saneamiento, el derecho a la integridad personal, los derechos laborales, el derecho a la alimentación adecuada y el derecho a la información y la participación al dañar el medio ambiente de manera irreparable.
Estas mega fábricas producen una gran cantidad de desechos tóxicos y orgánicos que contaminan los suelos, el aire y el agua. Cuando los residuos de las mega fábricas de cerdos se descomponen, liberan sulfuro de hidrógeno, amoníaco y cientos de compuestos orgánicos volátiles,[1] además de metano y óxido nitroso, dos potentes gases de efecto invernadero [2] a la atmósfera.
Los olores y la pestilencia causan náuseas, dolores de cabeza, mareos, secreción nasal, picor de garganta, ardor en los ojos, tos y dificultad para respirar.[3] Además, afectan la salud respiratoria de las personas que viven cerca de estas instalaciones y se asocian a enfermedades respiratorias, como el asma en la niñez.
Las mega fábricas de cerdos también usan grandes cantidades de agua: solamente para producir un kilogramo de carne emplean 6 mil litros del líquido. Por otro lado, la contaminación que genera esta industria en el agua puede perjudicar a los seres humanos, a la fauna y al medio ambiente.[4]
Es decir, el almacenamiento y la eliminación de los residuos de las megafábricas de cerdos contamina las aguas superficiales, subterráneas (pozos y cenotes y otras fuentes de donde las comunidades obtienen agua), e incluso los océanos, con heces y orines.
El exceso de nutrientes en los residuos de las megafábricas se asocia a la proliferación de algas nocivas en las aguas superficiales, en las rías y lagunas donde se reproducen las especies marinas necesarias para la subsistencia de las comunidades pesqueras. Esta contaminación puede matar a los peces [5] y causar molestias en el tracto gastrointestinal e infecciones de la piel, los ojos y los oídos en los seres humanos.[6] Además, la contaminación del agua puede ocasionar enfermedades como defectos de nacimiento y a casos de metahemoglobinemia, o “síndrome del bebé azul”[7] hipertiroidismo y diabetes insulinodependiente.[8]
Las condiciones de hacinamiento en las que viven los cerdos deprimen su respuesta inmune y facilitan la transmisión de enfermedades. Por ello, los animales son sometidos a una alta cantidad antibióticos y antivirales para prevenir enfermedades y engordarlos rápidamente. Esta exposición constante a altas dosis de antibióticos favorece el desarrollo de genes de resistencia a dicho antibióticos por parte de las bacterias. Además, las condiciones de hacinamiento pueden provocar nuevas infecciones y potenciales pandemias.
Las operaciones de estos recintos industriales también amenazan el derecho a la tierra, el territorio y los bienes comunes naturales de los pueblos indígenas y campesinos. Estas mega fábricas se establecen de forma desproporcionada en comunidades indígenas y afroamericanas, violando su derecho a la libre determinación, sin acceso a la información, sin evaluaciones de impacto ambiental y social, y sin su consentimiento libre, previo, informado y culturalmente adecuado. Lo anterior, representa una forma del colonialismo ambiental. Ante el abandono del gobierno, y para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos provocados por la operación de mega fábricas de cerdos a los pueblos y comunidades, las y los firmantes señalamos firmemente que tenemos el legítimo derecho a organizarnos y defendernos.
Este modelo agroindustrial genera despojo territorial, desplaza otras formas de vida, el patrimonio biocultural y afecta de forma negativa la vida comunitaria. Cuando las comunidades exigen sus derechos se encuentran con la falta de información y de transparencia de la industria, y, en ocasiones, con la represión. Las violaciones a los derechos humanos se dan con la aquiescencia y complicidad de los gobiernos de todos los niveles, en un contexto de captura corporativa de Estado por parte de las empresas de la carne.
La organización de las megafábricas de cerdos en una economía vertical además desplaza otras formas de producir alimentos, incluso carne. El modelo de las mega fábricas de cerdos requiere una gigantesca cantidad de agua potable, soja, maíz y cereales para alimentación animal. Por ello, profundiza el modelo de agronegocio basado en monocultivo, muchas veces transgénico, con devastadoras consecuencias para los territorios (fumigaciones con agrotóxicos, deforestación, muerte de abejas y polinizadores y acaparamiento de tierras). Un aspecto alarmante es que el modelo de producción de alimentos cada vez se aleja más de la ganadería y agricultura sostenibles, en los que cada pueblo pueda producir y acceder a alimentos de una manera culturalmente adecuada, conforme a los cultivos y a la alimentación ancestral y la agroecología, lo cual es la base de la soberanía alimentaria.
Ante los graves impactos y las violaciones a los derechos humanos de las personas y la naturaleza, exigimos que se frene la alarmante expansión de las mega fábricas de cerdos a nuestros países impulsada por acuerdos comerciales, subsidios e incluso bancos de desarrollo. En este sentido, le exigimos a los gobiernos de Argentina, Chile, Ecuador, Estados Unidos y México, bancos y donantes y a las instituciones internacionales que:
● No otorguen más permisos para este tipo de industria ¡Ni una mega fábrica de cerdos más!
● El cierre inmediato de las mega fábricas de cerdos que se encuentran operando
● No subsidien este modelo agroindustrial e inviertan en una agricultura que garantice la soberanía alimentaria mediante la agroecología, el cultivo y la alimentación ancestral
● Respeten el derecho a la libre determinación, a la tierra y el territorio de las comunidades indígenas y campesinas afectadas por la industria porcícola
● Se respete el principio de precaución y prevención frente a las mega fábricas de cerdos

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PRIMERAS ADHESIONES
Suscriben:
Acción Ecológica
Agua para todos, agua para la vida
Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN)
ARTICLE 19, Oficina México y Centroamérica, A. C.
Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas
Atención Comunitaria U Yutzil Kaaj
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires, Argentina
CartoCrítica. Investigación, mapas y datos para la sociedad civil
Center for Biological Diversity
Che’en Kuxtal
Co’ox Mayab
Colectivo de Derechos Humanos Yopoi
Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán
Consejo Maya del Poniente de Yucatán “Chik’in-ja”
Coordinadora Ecuatoriana de organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Greenpeace México, A. C.
Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A. C.
Kanan Derechos Humanos, A. C.
Kanan Lu’um Chapab
Kanan Ts’ono’ot, Guardianes de los cenotes
La Esperanza de Sitilpech
Mundo y Conciencia, A. C.
Museo del Hambre
Observatorio para la Defensa del Territorio Maya
Red Ciudadana por la Sostenibilidad de Yucatán
Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria (REDASA)
Red de Apoyo Comunitario (Redacom), Yaxkukul
Seminario Interdisciplinario sobre el Hambre y el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
Slow Food Chile
Universidad Andina Simón Bolívar
Waterkeeper Alliance

Basurero petrolero en Vaca Muerta

Vaca Muerta: Se detectan graves irregularidades en los residuos tóxicos del fracking

Ante la escandalosa situación revelada en un allanamiento de la fiscalía de Neuquén

Por primera vez en el marco de la causa iniciada en diciembre de 2020, fue allanado el interior de las plantas donde están depositados los residuos petroleros de Vaca Muerta. El relevamiento in situ fue llevado adelante por la Fiscalía de Neuquén y se dio en el marco de la investigación penal iniciada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. La causa investiga el escandaloso negocio millonario de los basurales petroleros en Vaca Muerta, al denunciar penalmente a la empresa COMARSA por acumular residuos peligrosos en las dos plantas inspeccionadas: Neuquén y Añelo.

Enormes irregularidades fueron constatadas en dicho allanamiento, con flagrantes violaciones a lo que la ley penal en materia de residuos peligros, dentro de los que se encuentra la “basura petrolera”. Una clase especial de residuo clasificado como “peligroso” puesto  que contiene restos radiactivos y metales pesados. También se encontró suelo empetrolado, líquidos con aceite y líquidos con petróleo, cuyo origen no se encuentra registrado. La planta se encuentra, ya desde hace varios años, en su límite de capacidad de procesamiento, lo cual implica que los residuos provenientes del fracking no deberían ser nuevamente incorporados en esta cadena de procesamiento.

Impresiona aún el descomunal volumen de residuos allí acumulados.

Rafael Colombo, impulsor de la denuncia penal.

En el allanamiento participaron la Ingeniera Cecilia Bianco, del área tóxicos de Taller Ecologista y el investigador Martín Alvarez Mullaly, del Observatorio Petrolero Sur. Bianco es una de las autoras del informe “La Basura del Fracking en Vaca Muerta”, que sistematiza la evidencia que ratifica la entidad, gravedad y cantidad de conductas irregulares detalladas cometidas por la empresa COMARSA y sobre el cual brindó testimonio formal ante el organismo fiscal. Al concluir el allanamiento, enfatizó: “La ausencia de información es escandalosa, incluso en las actas de inspección que se hicieron en ambas plantas. El control de napas, sin pozos freatímetros, es tan solo uno de los múltiples residuos peligrosos que deben tener un seguimiento exhaustivo por ley”.

Por su parte, Rafael Colombo, letrado impulsor de la denuncia en representación  de la Asociación de Abogados/as Ambientalistas, tuvo oportunidad de volver a recorrer las inmediaciones de las plantas pertenecientes a la empresa Comarsa: “Presentamos la denuncia hace poco más de 12 meses y la situación no ha cambiado. La basura del Parque Industrial de Neuquén continúa expuesta a cielo abierto. Impresiona aún el descomunal volumen de residuos allí acumulados. También persiste el riesgo que recae sobre una comunidad de vecinos/as lindantes a la planta, no observándose presencia alguna del estado para prevenir potenciales daños sobre la salud de las familias que allí viven en condiciones de vulnerabilidad”. 

La denuncia penal presentada en diciembre de 2020

El allanamiento fue requerido por la Fiscalía especializada en Delitos Ambientales del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén, en el marco de la investigación en curso que pesa sobre Comarsa, las corporaciones petroleras que operan en Vaca Muerta y los funcionarios públicos del estado provincial.

En diciembre de 2020, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas reveló el escandaloso negocio millonario de los basurales petroleros en Vaca Muerta, al denunciar penalmente a la empresa COMARSA por acumular residuos peligrosos en sus plantas de Neuquén y Añelo; a las compañías petroleras como YPF, Shell, Chevron, entre otras, por producir esos residuos en el marco de las perforaciones – fracking mediante – para extraer hidrocarburos no convencionales; y a los funcionarios públicos del gobierno provincial responsables.

Rechazo ante la represión en andalgalá

Rechazo ante la represión en Andalgala y el avance de la megaminería

Ante la brutal represión ejercida por las fuerzas de seguridad de Catamarca 

Ante la brutal represión ejercida por las fuerzas de seguridad de la provincia de Catamarca, que el día de ayer reprimieron con gases lacrimógenos y balas de goma a vecinos y vecinas de Choya que realizaban un acampe pacífico, desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas reclamamos la liberación inmediata de la detenida Karina Orquera y el libre ejercicio del derecho a la protesta en todo el territorio nacional.

La minería, como cualquier otra actividad, no debe realizarse sin consulta previa, libre e informada a las comunidades locales. El pueblo de Andalgalá ha realizado más de 600 manifestaciones pacíficas desde 1996 para exigir el cese de las actividades mineras en el cerro Aconquija. Se ha proclamado de manera irresoluta y persistente en contra de la minera canadiense Yamana Gold que se encuentra instalada en su territorio. Desde el año 1997 que, de una forma u otra, la megaminería intenta avanzar en la cuenca del Río Andalgalá en detrimento del marco democrático.

A pesar de encontrarse en zona periglaciar (expresamente prohibido por la Ley de Glaciares) el Proyecto MARA por Yamana Gold ha logrado avanzar en diversas etapas. En los últimos 20 años de lucha contra la megaminería en el país, mediante un ejercicio de democracia directa, la sociedad ha logrado incluir en el marco regulatorio siete leyes provinciales que prohíben la megaminería con uso de sustancias tóxicas. A 45 años de la primera caminata de las Madres de Plaza de Mayo, recuperamos y reivindicamos el derecho a la protesta pacífica como ejercicio de la voluntad popular. La construcción de una verdadera democracia exige el freno de esta práctica extrema del extractivismo, que precisa degradar los marcos institucionales y democráticos para poder avanzar.

La violencia institucional ejercida desde el estado contra defensores ambientales y asambleas constituidas en defensa de sus territorios y bienes comunes, reduce dramáticamente la democracia participativa socio-ambiental, incumpliendo no solo con la legislación constitucional ambiental sino con el Acuerdo de Escazú, ratificado por el Estado Argentino. La ausencia de mecanismos de participación ciudadana en la construcción institucional de las decisiones políticas, compromete la realización de los más elementales derechos humanos ambientales del pueblo catamarqueño, cuya determinación en defensa del agua, la vida, y el valor inherente de sus cerros se impone contra el avance de la megaminería.

Para lograr restituir la legitimidad democrática y el ejercicio pleno de los derechos garantizados por la Carta Fundamental, es necesario que la provincia de Catamarca garantice la voluntad popular y, no solamente le de un freno al proyecto MARA, sino que también avance en el contexto institucional y jurídico y en la defensa de los bienes comunes del territorio

Argentina – 4 de Mayo 2022

Rechazo al avance de la megaminería

Rechazo ante el avance de la megaminería sobre la institucionalidad democrática

Ante la sanción irregular de la Ley de Zonificación que habilita la megaminería en la meseta central de Chubut y la brutal represión de la protesta social desde la noche del miércoles 15 de diciembre, en vistas de alcanzar la paz social, las personas y organizaciones abajo firmantes reclamamos la derogación inmediata de la Ley XVII Nº 149, promulgada a través del Decreto 1285/21. 

La decisión del gobierno y la legislatura provincial de avanzar con la megaminería no cuenta con licencia social, a lo que se suma el cuestionamiento de diversos organismos científicos y académicos (entre ellos CENPAT/Conicet y universidades públicas de la zona). La aprobación de la zonificación minera ha sido posible mediante un proceso de  degradación institucional y democrática, agravado por la brutal represión arremetida contra la ciudadanía que ejerce su derecho a la protesta, colmando las calles de Chubut. 

En el año 2003, un 82% de la población de Esquel votó el “No A La Mina”, un plebiscito histórico que dejó claro que la minería no tenía licencia social en la zona. Ese mismo año, se sancionó la primera de muchas leyes provinciales que prohíben la minería a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas. En vistas de reforzar este mensaje, el movimiento de asambleas territoriales impulsó dos nuevas instancias de iniciativa popular en 2014 y en 2020. 

A pesar de esto, la dirigencia política provincial buscó avanzar en las medidas para habilitar la megaminería en la provincia y construir un blindaje jurídico y judicial que debilite al máximo el acceso a la justicia en materia de derechos humanos y ambientales. En una sesión del 2 de diciembre, la legislatura de la provincia había reformado  la ley de amparo, limitado las medidas cautelares contra el Estado y designado a  4 jueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut.

El accionar de las fuerzas de seguridad en Chubut registra graves violaciones a los derechos humanos, como se desprende de las denuncias presentadas por las asambleas y el registro audiovisual y fotográfico de medios independientes. Estos advierten de personas detenidas de manera arbitraria, múltiples ciudadanos/as y manifestantes heridos de bala de goma, situaciones de persecución y hostigamiento contra defensores/as ambientales; asi como violación directa del artículo 9 del Acuerdo de Escazú. En un contexto de emergencia hídrica, profundizada por la aceleración del cambio climático, la larga trayectoria en la defensa del agua en la provincia de Chubut sólo puede crecer. Al igual que lo sucedido en la provincia de Mendoza hace 2 años, para restituir el pacto social y la legitimidad democrática es necesario garantizar la voluntad popular y, no solamente revertir la zonificación minera, sino avanzar en un contexto institucional y jurídico que garantice el bienestar de las personas y la vida en todo el territorio. Las Iniciativas Populares apoyadas por la misma ciudadanía representan el camino genuino para otorgar a la población local y las comunidades originarias el debido proceso de consulta y participación que fue obturado en más de una ocasión; medidas necesarias para encauzar el proceso en un sentido democrático. Lo que está en peligro hoy en Chubut no es solo el agua y los territorios sino también la paz social, los derechos humanos  y la democracia.

Los pinguinos magallanes

Denuncia penal ante la masacre de pingüinos magallanes en la Reserva de Punta Tombo

➡️ Ante la masacre de pingüinos en Punta Tombo, desde Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace Argentina solicitamos el inmediato embargo del bien para que el terreno forme parte de la reserva. También la incorporación de otros delitos a la denuncia penal ante el Min. Público Fiscal de #Chubut.

🌎 Estamos ante un #Ecocidio. Se generó un daño grave, a gran escala e irreversible contra la biodiversidad, los ecosistemas y los derechos de la madre tierra, comprometiendo la reproducción y desarrollo de una de las colonias de pingüinos más importantes del mundo, alterando significativamente la continuidad de los ciclos vitales de la Naturaleza y afectando severamente su capacidad de regeneración

🌿 Es precisamente por la impunidad de este tipo de crímenes que necesitamos avanzar en la implementación de los #DerechosDeLaNaturaleza y en la sanción de un proyecto de ley que incorpore los #DelitosAmbientales en un Capítulo Penal Ambiental en el Código Penal Argentino. Argentina no posee regulaciones penales-ambientales que estén a la altura de la presente crisis ecológica y de eventos como el de la masacre de pingüinos.

Ambientalistas-presentan-denuncia-penal-por-el-Ecocidio-de-Punta-TomboDescarga

Fumigar

La justicia imputó penalmente a un productor agropecuario por fumigar con agrotóxicos

Ante las sistemáticas fumigaciones desde 2015 a una familia. 

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, en conjunto con Capibara NDS y la Multisectorial Paren de Fumigarnos comunicamos que el pasado martes 26 de octubre, la justicia imputó a un productor agropecuario por ser penalmente responsable de fumigar con agrotóxicos a Norma Cabrera y su familia, en la localidad de Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe. Este sería el primer proceso en Santa Fe que podría llegar a una condena por los alcances de la Ley de Residuos Peligrosos.

Asimismo, por solicitud de la fiscalía y la querella, el juez interviniente dictó una medida cautelar ordenando el cese de la aplicación de agrotóxicos de cualquier clase hasta una distancia de 500 metros contados desde el límite de la zona urbana. Desde la querella se señaló que las prácticas llevadas a cabo por el productor agropecuario imputado son un fiel reflejo de un modelo de agroindustria de base biotecnológica que depende de la aplicación de millones de litros de herbicidas agrotóxicos. Durante al menos 6 años, este productor aplicó agrotóxicos a sabiendas de que podría estar dañando la salud de la familia Cabrera y jamás tomó medida alguna para minimizar los riesgos o evitar que se produjeran daños sobre la salud humana o el ambiente.

Adicionalmente, argumentan que nunca se respetó la distancia mínima de la legislación provincial; las fumigaciones se realizaban sin dar previo aviso a la familia Cabrera; no se contó, en muchos casos, con la receta agronómica correspondiente; sin tener en cuenta la dirección del viento; sin importarle en lo más mínimo que inmediatamente frente al campo que arrienda y donde se aplican agrotóxicos de manera indiscriminada, viva una familia compuesta por un matrimonio, sus hijos y nietos. Sin importar que esa familia tenga en su terreno una pequeña y modesta granja para la cría de animales; sin importarle que esa familia tenga una huerta orgánica.

La denuncia de Norma Cabrera.

En 2018 presentó una denuncia penal, acusando al productor aplicador terrestre de los herbicidas agrotóxicos, por ser responsables de la auténtica pesadilla toxicológica y sanitaria, que se suma a una persecución y hostigamiento político por parte de la Municipalidad de Cañada de Gómez.

Las fumigaciones comenzaron en noviembre de 2015 y hasta el día de la fecha. Tanto el Municipio como la Fiscalía local no han tomado intervención ante la amenaza a la salud de la familia Cabrera, su granja y el ambiente. Se han ocasionado graves daños en la salud de Norma Cabrera, su esposo, hijos, y nietos, provocando a su vez el fallecimiento de sus animales de granja y la pérdida de sus huertas de hortalizas.

A lo largo de los últimos 3 años, la investigación penal ha producido significativos avances gracias al compromiso de la fiscalía del Ministerio Público de la Acusación, que ha presentado evidencia que respalda las denuncias realizadas por Norma Cabrera y su familia. Al menos 10 episodios de fumigación, la mayoría de ellas, con apenas 15 metros de distancia entre el límite del campo del productor y el hogar de la familia Cabrera.

Se realizaron extracción de muestras de sangre, tierra y agua que, tras ser debidamente analizadas en laboratorios revelaron la presencia de glifosato en el cuerpo de Norma Cabrera, en la tierra y el agua de la casa.Es por todo lo anterior que la fiscalía y la querella decidieron solicitar la imputación al productor en razón de la cuantiosa evidencia aportada y producida a lo largo de la investigación penal.

Concretamente, el hecho imputado haber envenenado, adulterado y contaminado, de un modo peligroso para la salud, el suelo, la atmósfera y el ambiente en general, en calidad de autor. Desde la fiscalía y la querella solicitamos una medida cautelar donde se le ordena al productor el cese de aplicación de productos fitosanitarios de cualquier clase hasta una distancia de 500 metros contados desde el límite de la zona urbana.

Alejamiento del Consejo Federal de la Hidrovía

Ante la falta de participación ciudadana en el Consejo Federal de la Hidrovía

Debido al agotamiento de instancias diplomáticas para la ambientalización de las cuencas nacionales

Desde la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas anunciamos nuestro alejamiento del Consejo Federal de la Hidrovía. No convalidamos las decisiones administrativas hasta aquí adoptadas, sin participación ni consulta ciudadana previa, y en manifiesta contradicción a las herramientas de política y gestión ambiental y el sistema de principios ambientales, de jerarquía constitucional. 

Desde la creación del Consejo Federal de la Hidrovía (CFH) a través de la resolución 307/2020 al presente, el mismo se apartó de los fundamentos que le dieron su institucionalidad federal y social. Se han dictado un número no menor de decretos, resoluciones, actos administrativos y adjudicaciones de dragados, con marchas y contramarchas oficiales y deliberadamente eludiendo la inclusión de mecanismos participativos reales.

En rigor, la única instancia de participación ciudadana ofrecida por el CFH en todo este periodo fue reducida a la presentación y exposición virtual de nuestra propuesta, en conjunto con un número acotado de miembros invitados de la sociedad civil, que, a la vista del derrotero administrativo consumado, tampoco han sido consideradas ni formaron parte sustantiva del ni del diseño institucional ni tampoco de principales decisiones tomadas.

Estamos en presencia de un megaproyecto que genera una enorme presión, hostigamiento, alteración y contaminación sobre el río Paraná y los distritos ribereños limítrofes. Lo más grave es que esto ocurre desde hace décadas. 

Es por ello que esta situación exige un debate público lo más amplio y plural posible, y la adopción de decisiones administrativas construidas desde el consenso social y político. Esto es así porque en la vigencia del Estado de Derecho Ambiental, la afectación de los bienes comunes, en este caso, ríos, cuencas, humedales, fauna ictícola y comunidades ribereñas e isleñas vulnerables que dependen del río para garantizar su propia subsistencia vital, demanda por parte de los decisores públicos, la más amplia instancia de articulación interjurisdiccional y licencia social, componentes del federalismo de concertación ciertamente devaluados en el presente espacio del CFH. 

Hemos realizado una prudente y discreta espera de respuestas oficiales a los requerimientos e iniciativas hasta aquí formuladas, resumidas en el documento presentado a todos los miembros de este espacio en la comisión de ambiente el 17 de marzo del corriente.

Entendemos haber ejercido la diplomacia social al extremo; pero ya nos resulta suficiente con los aconteceres en marcha que, insistimos, no compartimos.

A la postre, y en estricto resguardo de los derechos humanos ambientales, los derechos de la naturaleza y la vigencia de los instrumentos de política y gestión ambiental, con rango constitucional y convencional, evaluaremos continuar nuestro trabajo mediante requerimientos administrativos y/o judiciales. 

Estamos convencidos que se debe salir urgentemente del esquema propuesto por el Estado Nacional y, como venimos apuntando, conformar el Comité de Cuenca que el río Paraná en el tramo argentino, se merece. Conocemos del debate abierto en el propio frente de gobierno sobre conceptos tales como soberanía del río, de cuenca, los intentos de conversaciones que ponen en crisis el modelo de maldesarrollo. Pero sin lugar a dudas, atento las últimas medidas oficiales y públicas, dichos debates han sido rápida y “eficientemente” cancelados de la agenda política institucional, a pesar, inclusive, de estar atravesando una crisis hidrológica y climática sin precedentes, que impacta directamente sobre el Río Paraná y la región.

Solo el ejercicio comprometido, coherente, auténticamente federal, en pleno cumplimiento de las herramientas de participación ciudadana y social, de la democracia ambiental, nos fortalecerán como sociedad plural y diversa, ecológicamente orientada. De lo contrario, como sucede ahora, estaremos frente a un prólogo oficial que sostiene y se orienta a profundizar dramáticamente la vigencia de la mal llamada hidrovía, avanzando en mayores niveles de intervención sobre nuestro río Paraná y sus ecosistemas, ratificando la política neoliberal de la década del 90, absolutamente desambientalizada.

Ley de Envases

Rechazo a amenazas a la Ley de Envases

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, comunicamos nuestra adhesión total al Proyecto de Ley de Envases con Inclusión Social (Ley De Presupuestos Mínimos De Gestión Ambiental De Envases Y Promoción Del Reciclaje Inclusivo) presente en la Cámara de Diputados y con un reciente dictamen favorable de la comisión. Acompañamos a las organizaciones socioambientales de cartoneros y cartoneras que impulsan este proyecto que forma una política integral para la problemática del envasado. 

A su vez rechazamos taxativamente las injerencias de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) por tratarse de intereses privados que representan un atraso en la concepción de entender la justicia social y ambiental dentro del territorio argentino. 

En la actualidad existe una producción diaria de 50.000 toneladas de residuos, cuyo destino termina siendo sistemas ecológicos ya de por sí vulnerados, como las cuencas hídricas o los ecosistemas marinos.

A su vez la problemática presente en los rellenos sanitarios o basurales a cielo abierto es de una precariedad extrema, ya que las consecuencias ecológicas y sanitarias impactan con aún mayor fuerza y crudeza a las poblaciones más vulnerables. La mayor parte de estos residuos son envases que se descartan luego de consumidos los productos, lo cual deriva en que los productores de los mismos no se responsabilicen de su tratamiento posterior.  Gran parte de esta responsabilidad se encuentra depositada hoy en día en casi 150.000 trabajadores y trabajadores del reciclado informal. 

La responsabilidad extendida del productor y la creación de fondos específicos para manejo de los residuos, es parte del marco jurídico y regulatorio necesario para avanzar hacia una transición socioecológica ya que reduce la cantidad de envases, promueve el análisis del ciclo de vida entero de los envases, el compromiso a lo largo de toda la cadena de uso, incluye a los y las trabajadores y trabajadores del reciclado y mejorará las condiciones ambientales de las zonas de sacrificio que hoy representan los basurales a cielo abierto o rellenos sanitarios. 

fracking en Mendoza

Rechazo al informe de la Universidad de Cuyo sobre fracking en Mendoza

Ante el informe presentado por la UNCuyo sobre Fracking en Mendoza 

Desde la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas acompañamos los reclamos de la Asociación Civil “OIKOS Red Ambiental” y denunciamos la incertidumbre científica con la cual el Gobierno de Mendoza quiere aprobar el fracking en la provincia. Hacemos responsable al Gobierno frente a los riesgos graves del fracking, como por ejemplo la afectación a acuíferos subterráneos, la sismicidad inducida, y el peligro de contaminación por residuos radiactivos.

El informe titulado “Producción De Hidrocarburos En Reservorios No Convencionales En Mendoza. Consideraciones sobre el Método de Estimulación Hidráulica” fue elaborado por la Universidad Nacional de Cuyo en el mes de junio de 2018. El Gobierno de Mendoza solicitó su incorporación al expediente en el que se cuestiona ante la Suprema Corte de Mendoza la constitucionalidad del decreto 248/18 que regula el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de la exploración y explotación de hidrocarburos por medio de fractura hidráulica.

El escrito de la Asociación Civil Oikos

La Asociación Civil OIKOS presentó el día 2 de septiembre un escrito en el cual se enumeran las irregularidades e inconsistencias del informe usado para justificar el avance del fracking. En el mismo denunciaron la falta de asidero científico, la falta de citas a fuentes y estudios científicos, la referencia constante a información de organizaciones afines a la industria petrolera y fundamentalmente la falta de información de “línea base” sobre aspectos importantes y fundamentales de las regiones en el territorio mendocino donde se realizarían las actividades de fracking.

Desde OIKOS se observó además que es un informe desactualizado, que se realizó sin documentar ninguna visita de campo, relevamiento o monitoreo territorial,  no especifica las  facultades que intervinieron ni los docentes, profesores y/o especialistas que participaron en su redacción y no detalla la presencia de comunidades indígenas a fin de dar acabado cumplimiento de la normativa constitucional y convencional en relación a la consulta, libre, previa e informada. 

A su vez, es de notar que el informe se redactó después de la publicación del Decreto N°248 en marzo de 2018, lo que significa no sólo que la información presentada no se tuvo en cuenta a la hora de redactar dicho decreto sino que tampoco estuvo disponible para la ciudadanía de Mendoza a la fecha de la audiencia pública de diciembre de 2017, lo cual implica una vulneración preocupante al derecho a la participación pública.

 Por otro lado, el informe no discute la posibilidad de contaminación, ni analiza los pasivos ambientales, ni hace mención alguna a los riesgos de contaminación por material radiactivo. En relación al informe de la UNCuyo y el informe de la Secretaría de Ambiente la reconocida organización internacional “Earthjustice” afirmó: “estos dos documentos presentan graves debilidades por la poca profundidad de su análisis, su dependencia en un número muy limitado de fuentes científicas, y por obviar o completamente ignorar varios impactos graves de la técnica”. Respecto a este último punto, se destaca que “los informes no hacen un análisis serio de ciertos riesgos graves, como por ejemplo la afectación a acuíferos subterráneos y la sismicidad inducida, y completamente ignoran a otros como el peligro de contaminación por residuos radiactivos (los NORM)”.  

A su vez, el informe no analiza las complejidades geológicas y no caracteriza para este territorio la posibilidad de contaminación inherente a las fallas y fracturas.

Esta dimensión debería ser la más exhaustiva del informe, incluyendo aspectos geológicos, hídricos, ecosistémicos y socioeconómicos, fundamental para entender la gravedad y probabilidad de riesgos inherentes del fracking. El informe tampoco considera el peligro de sismos provocados por la inyección de aguas de producción, la principal práctica que puede ocasionar sismicidad inducida. La ausencia de referencias a esta cuestión es de particular gravedad en un contexto donde se han observado sismos en la zona de Sauzal Bonito (Neuquén) ante la llegada de los no convencionales. 

Estas inconsistencias científicas, evidencian que el “informe” que ofrece la UNCuyo para analizar los costos y beneficios del fracking no alcanzan el nivel de competencia técnica exigido por el principio precautorio. No es posible que la Dirección de Protección Ambiental de la Secretaría de Ambiente de Mendoza apoyado únicamente en estas fuentes de información, pudiese realizar de forma eficaz su labor de evaluación de impactos ambientales a la hora de revisar proyectos de fracking. 

Acompañamos las denuncias efectuadas por OIKOS a fin de que se subsanen las omisiones del informe de la UNCuyo respondiendo todos los aspectos cuestionados y reclamamos la inconstitucionalidad del Decreto reglamentario 248 en Mendoza. El escrito completo es de público acceso en este link.

Decreto sobre hidrovía

Nuevo decreto sobre hidrovía se aparte del Estado de Derecho Ambiental

Ante el Decreto 556/2021 del Poder Ejecutivo Nacional

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, reiteramos nuestra preocupación ante el dictado del Decreto 556/2021 de creación del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable. La medida profundiza la desambientalización que presenta desde sus orígenes el denominado proyecto Hidrovía Paraná Paraguay, y reduce dramáticamente los mecanismos de participación ciudadana.

Mediante este decreto, el poder ejecutivo crea el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, un organismo descentralizado autárquico dependiente del Ministerio de Transporte. El artículo 3 del mismo crea un Consejo Directivo integrado por quince miembros, y excluye al Ministerio de Ambiente de la Nación como así también la exclusión de organizaciones de la sociedad civil.

Esto significa profundizar la situación sucedida en el Consejo Federal de la Hidrovía, un órgano político directamente organizado por el poder Ejecutivo Nacional, designado por el mismo, que no desarrolló, en su breve historia, los objetivos de su creación, su dinámica fue inexistente en el proceso de construcción de las diversas decisiones, modificaciones políticas y técnicas que se han venido resolviendo hasta el presente. 

Este decreto sobre hidrovía reduce directamente la democracia participativa socio-ambiental al minimizar la ausencia de mecanismos de participación ciudadana en la construcción social e institucional de las decisiones políticas y técnicas y sus efectividades conducentes, incumpliendo no solo con la legislación constitucional ambiental sino también con el Acuerdo de Escazú, firmado recientemente por nuestro país y vigente desde el pasado 22 de abril de 2020.

A ello hay que agregarle los cuestionamientos esgrimidos desde diversos sectores de la sociedad civil, destacándose las fuertes críticas que provienen de las comunidades que se encuentran directamente afectadas por este modelo de gestión de cuenca actual, directamente emparentado con la matriz institucional y política de los años ’90. 

La decisión no refiere a ningún tipo de resguardo en el cumplimiento de la normativa ambiental vigente a nivel federal, provincial y municipal.

El punto 22 incluso habilita tareas para garantizar la navegabilidad frente a emergencias. Esto podría implicar tareas de sobredragado en un marco de crisis hídrica que está atravesando nuestro país y la región. Los actos administrativos dictados en el marco del Proyecto Hidrovía Paraná-Paraguay y la cuenca toda, deben estar ajustados al Estado de Derecho ambiental. Esto implica garantizar los principios ambientales, las normas ambientales y todas las herramientas de política y gestión ambiental vigentes en nuestro país. 

En un contexto global de crisis climática y ecológica, la emergencia hidrológica de nuestras cuencas no puede quedar desatendida ni interpretada como licencias para mayores niveles de intervenciones antrópicas, sino todo lo contrario. Esta situación debe profundizar los mecanismos de participación ciudadana para la toma de decisiones públicas, los instrumentos de política y gestión ambiental para administrar los riesgos y prevenir daños permanentes a los ecosistemas fluviales.

La extrema vulnerabilidad del sistema de humedales, la fauna ictícola, los graves riesgos en asegurar el acceso a agua saludable potable, como  la fragilidad de los márgenes de las costas, entre otros tantos y diversos impactos socioambientales negativos, implica actuar de manera preventiva y precautoria, situación no advertida en el decreto sancionado.

La democracia ambiental invita a conformar nuevos espacios de construcción colectiva y participativa en las decisiones que puedan comprometer la integridad de los bienes comunes, públicos y colectivos, tanto hídricos como ecológicos, sus servicios ambientales, de la  segunda cuenca más importante de Sudamérica.

En esta nueva instancia, siendo integrantes del Comité Federal de la Hidrovía, ratificamos nuestra posición oportunamente presentada y propuesta a sus miembros y la autoridad política que la preside , a los efectos de conformar el comité de cuenca en el tramo argentino del río Paraná, en su sector medio e inferior, y desde dicho espacio desarrollar la transversalidad y sinergias de las políticas públicas integrales que la cuenca necesita de manera urgente, sin esta visión parcial y fragmentada considerada solo y únicamente como una vía navegable, frente a la diversidades que el río y su cuenca conforman y así se constituyen social, económica y ecológicamente. 

Finalmente, reiteramos nuestra profunda preocupación por la absoluta inactividad y falta total de convocatoria y sistematización del funcionamiento del Comité Federal de la Hidrovía. De continuar este escenario, nos retiraremos del mismo, atento no estamos dispuestos a integrar un ámbito inexistente, como ser parte del total incumplimiento de su norma de constitución.