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Peor que en los 90s: DNU, autocracia, extranjerización y regresión socioambiental

Peor que en los 90s: DNU, autocracia, extranjerización y regresión socioambiental 

Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo al DNU Nº 70/2023. Lo consideramos manifiestamente inconstitucional y en contradicción con los principios fundamentales de la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

El DNU carece de argumentos sólidos y no cumple con los requisitos constitucionales de “necesidad” y “urgencia”. A su vez, ignora los mecanismos constitucionales al eludir la aprobación legislativa, contraviniendo la jurisprudencia de la CSJN. También la emisión del DNU, de 336 artículos y dictado de manera apresurada, viola la prohibición constitucional establecida en el Artículo 29 de la Constitución Nacional, lo que puede ser considerado una “traición a la patria” como establece nuestra Carta Magna. A su vez, esto se intenta implementar en conjunto con un protocolo antipiquetes que viola el Derecho a la Protesta social, en un intento por acallar cualquier tipo de respuesta popular a las medidas. 

Compartimos a la sociedad un primer análisis (ver abajo link a documento completo) de los aspectos socioambientales del mencionado Decreto, que muestra su carácter abiertamente regresivo. Entre los principales puntos que el documento analiza se encuentran: 

Ley de Tierras Rurales: Sancionada en 2011, la Ley de tierras rurales expresó la necesidad de colocar un freno al proceso de extranjerización de tierras. La ley busca limitar la extranjerización de las tierras, colocando un régimen restrictivo para la compra de tierras rurales por extranjeros. Un artículo importante es el que prohíbe a extranjeros ser propietarios de inmuebles que sean ribereños de cuerpos de agua (ríos, lagos o cuencas) y zonas de seguridad de frontera.

La derogación de esta Ley conlleva directamente la liberación total de la compra o posesión a capitales extranjeros. Extranjerizar nuestros suelos se traduce en perder nuestra soberanía sobre los bienes comunes asociados al suelo y agua. A su vez esto implica el desplazamiento de poblaciones vulnerables; comunidades campesinas e indígenas podrán ser expulsados por la megaminería metalífera y de litio, la expansión de la frontera sojera-ganadera, foresto-industrial y el corrimiento de la explotación hidrocarburífera. 

Leyes de Minería: la derogación de la Ley N° 24.523 del Sistema Nacional de Comercio Minero, y la Ley N° 24.695 del Banco Nacional de Información Minera implica aún una mayor opacidad en una actividad que ya se encuentra absolutamente desregulada y con la habilitación a una minería a gran escala que flexibiliza controles, estableciendo un sistema de regalías irrisorios a las corporaciones mineras y que continúa intacto.

Impacto en el Sector Energético: Abre la puerta a la privatización total de las empresas públicas  (su transformación de sociedades mixtas a sociedades anónimas). Representa un riesgo para la aceleración en la expansión de la frontera hidrocarburífera, en un contexto de crisis climática. Establece la liberalización tarifaria sin salvaguardas, lo cual amenaza el mercado interno y aumenta riesgos ambientales y sociales. A su vez la eliminación del Fondo para el Desarrollo de la Generación Distribuida (FODIS) y afectación de certificados de crédito fiscal representan un retroceso en la implementación de energías renovables de baja escala necesarias para la transición ecosocial. 

Lo más llamativo es la absoluta ausencia de cualquier tipo de regulación o modificación de los grandes subsidios existentes para las grandes petroleras y empresas energéticas. Es decir, se seguirá subsidiando a las grandes petroleras multinacionales, no para el consumo interno, sino para la exportación.

Modificación de la Ley del Fuego: Si bien no aparece en el DNU publicado, la modificación -anunciada expresamente por el presidente en la cadena nacional- permitiría el cambio de uso del suelo de zonas afectadas por el fuego, alentando la destrucción de bosques, humedales y áreas protegidas por el agronegocio y la especulación inmobiliaria. 

Riesgo Alimentario: La derogación de normas como la Ley de Abastecimiento o la Ley de Góndolas favorecen la exportación del agronegocio en detrimento del abastecimiento interno. Esto representa un riesgo que profundiza la crisis alimentaria global y obtura la soberanía alimentaría. 

Contacto de Prensa: +541123904594

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Aspectos socioambientales del DNU 70/2023

 21 de Diciembre de 2023, Argentina

DOCUMENTO DE ANÁLISIS

DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA (DNU 70/2023) 

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) expresamos nuestro más enérgico repudio al Decreto Nº 70/2023 de Necesidad y Urgencia recientemente publicado por ser manifiestamente inconstitucional y contrario a los mandatos convencionales y de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia.

Consideraciones preliminares

En primer lugar, y sin perjuicio de los aspectos sustanciales y/o de fondo en materia socioambiental -sobre los cuales nos detendremos posteriormente-, advertimos con profunda preocupación la orfandad de fundamentos que presenta el referido decreto a fin de sustentar las reformas y derogaciones legales. No existe rigurosidad técnica ni argumentos jurídicos sólidos que justifiquen mínimamente las reformas postuladas. 

No se configuran los requisitos exigidos por nuestra CSJN en cuanto a la acreditación de los requisitos de “necesidad” y “urgencia”, indispensables para que una norma de estas características pueda prosperar debidamente, puesto que pretende eludir los mecanismos constitucionales básicos para la sanción de leyes por parte del Congreso de la Nación mientras el Poder Ejecutivo emite arbitrariamente disposiciones de carácter legislativo.

Nuevamente, estamos frente a la configuración de la prohibición plasmada en el artículo 29 de la Constitución Nacional originaria de 1853, que castiga con la pena de ‘’infames traidores a la patria” a todos aquellos funcionarios que consientan el otorgamiento de “facultades extraordinarias” o “la suma del poder público” otorgando “sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna”. 

Frente a esto la Constitución es clara y contundente: el DNU de 336 artículos, dictado entre gallos y medianoche, nace estructuralmente viciado y su nulidad es insanable.

En el marco de la grosera inconstitucionalidad del decreto 70/2023, y los efectos regresivos en materia socioambiental, la pérdida de soberanía y control público sobre nuestros bienes comunes, solicitamos urgente al Presidente de la Nación la urgente suspensión del mismo.

ASPECTOS SOCIOAMBIENTALES

1. Derogación de la Ley 26.737 (Denominada Ley de Tierras Rurales) 

La ley de Tierras Rurales nació de una demanda social, a partir de la denuncia del acelerado proceso de extranjerización de las tierras. Fue sancionada en 2011 y establece un régimen restrictivo para la compra de tierras rurales por extranjeros, por lo que su derogación implica una cesión de soberanía de nuestro suelo y tierras fértiles a corporaciones extranjeras que históricamente vieron a nuestro país como una canasta de recursos a explotar y saquear. Esta derogación presenta una gravedad institucional y socioambiental porque se da en un contexto de profunda concentración de la tierra, la renta y riqueza en nuestro país, en manos de corporaciones y pulles de inversión ligados principalmente a la megaminería, los combustibles fósiles y agronegocios, sobre todo los monocultivos de soja, trigo, maíz y forestales como el pino y eucalipto.

La ley establece tres restricciones principales para el dominio o la posesión de “tierras rurales” en la Argentina por extranjeros: 

(i) limita el dominio o posesión de “tierras rurales” por personas extranjeras al 15% de todas las “tierras rurales” en la Argentina; 

(ii) adicionalmente, la ley determina que en ningún caso las personas físicas o jurídicas, de una misma nacionalidad extranjera, podrán superar o concentrar el 30% del 15% asignado a la titularidad o posesión extranjera sobre las “tierras rurales” (p. ej.: inversores de nacionalidad española, en el total, no podrán ser titulares o poseer más del 4,5% de todas las “tierras rurales” en Argentina); y 

(iii) por último, la ley prohíbe que un mismo titular extranjero pueda ser titular o poseer más de mil hectáreas en la zona núcleo o superficie equivalente. 

Por lo tanto, su derogación conlleva directamente la liberación total de la compra o posesión a capitales extranjeros. Este proceso de extranjerización de nuestros suelos fértiles se traduce en pérdida de soberanía sobre bienes comunes asociados al suelo y agua y desplazamientos de sectores vulnerables, como comunidades campesinas e indígenas que vienen resistiendo el avance de la megaminería metalífera y de litio, la expansión de la frontera sojera-ganadera, foresto-industrial y el corrimiento de la explotación hidrocarburífera. 

Otro aspecto fundamental de la Ley 26.737 es que prohíbe la titularidad o posesión por parte de personas extranjeras de inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes, o los ubicados en zonas de seguridad de frontera, por lo que su derogación implica que capitales extranjeros puedan, además de comprar sin límite o restricción alguna nuestro suelo rural, también disponer de nuestros sistemas de cuencas fluviomarítimas, apropiándose de ríos, riachos, lagos, lagunas, incluso de aquellos que están en zona fronteriza. Esto no sólo significa una pérdida de soberanía sobre nuestros sistemas ecológicos integrados, sino además la cesión de nuestra seguridad nacional a privados en estos corredores biológicos y en zonas de frontera. 

La entrega de nuestros suelos cultivables, cuencas y fronteras a corporaciones y capitales extranjeros, se da en un contexto de disputa geopolítica entre China y USA por el control de los recursos naturales de todo el Sur Global, por lo que resulta de extrema gravedad institucional y socioambiental. Asimismo, ceder soberanía sobre nuestros bienes comunes más preciados y estratégicos como la tierra y el agua, es preocupante frente a los eventos climáticos extremos que se han acelerado, como consecuencia del calentamiento global y la pérdida de biodiversidad, ya que los bosques y humedales son reguladores del clima, purifican el agua y regulan sus ciclos, generan infraestructura natural para mitigar los impactos climáticos como las intensas sequías, inundaciones, tornados e incendios que estamos viviendo, entre muchísimos servicios socioambientales. Dejar nuestros bienes comunes liberados al capital extranjero, sin restricciones y control alguno, implica favorecer y acelerar su mercantilización y privatización cuya lógica económica históricamente ha sido la explotación irracional y el saqueo. Esto conlleva no solo la flexibilización sino también el apartamiento total de nuestro país en relación con sus compromisos climáticos y de protección y defensa del ambiente y la salud pública.

Finalmente, esta Ley tuvo como objeto conservar el manejo de las tierras rurales en manos argentinas e impedir que la tierra se concentre en pocas manos de extranjeros. Entendemos que su derogación es la consolidación más acabada del extractivismo, colocando la riqueza de la tierra y sus ecosistemas asociados en dominio extranjero. 

2. Derogaciones leyes mineras

El DNU derogó dos leyes: (i) la Ley N° 24.523 del Sistema Nacional de Comercio Minero, y (ii) la Ley N° 24.695 del Banco Nacional de Información Minera, aduciendo necesidad de reducir los costos de dicho sector, entendiendo que es un área subdesarrollada. Quitan transparencia a la ya tan opaca actividad extractiva que avanza en connivencia con sectores de las élites locales y provinciales.

En nuestro país no había mucho más para liberalizar en la actividad minera ya que la legislación sancionada en los años 90 –en el marco de la Reforma y Privatización del Estado (dejavu de la situación actual)– que habilitó la minería a gran escala flexibilizando controles, estableciendo un sistema de regalías irrisorios a las corporaciones mineras y que continúa intacto.

La libertad económica y los beneficios tributarios de las corporaciones mineras es absoluto, por lo que el fundamento del DNU de reducir sus costos es falso. La ley 24.196 de Inversiones Mineras fue promulgada el 24 de mayo de 1993, y cubre las siguientes actividades: la prospección, exploración, desarrollo explotación, extracción y demás actividades comprendidas en el Código de Minería (incluyendo la extracción de carbonato de litio). 

El sistema de regalías que establece la Ley de Inversiones Mineras fija en su art. 22 que el monto de las mismas será tan solo del 3%, es decir, un negocio realmente formidable, ya que ese tres por ciento se cobrará sobre el valor del mineral extraído, en boca mina. Esto se agrava en el hecho que las regalías mineras sólo se aplican sobre aquellos minerales denunciados ante la Autoridad Minera, y tipificados por el mismo Código en la materia, haciendo abstracción de los subproductos, y/o sus derivados de la producción, existen en nuestro territorio yacimientos en plena explotación de oro y plata, pero no sólo se extraen estos metálicos, también se extraen por ejemplo, hierro, iridio, mercurio, cobre, etc.

Entonces, ¿debemos entender la reducción del costo que refiere el DNU como la extracción de nuestros minerales y carbonato de litio a costo 0%? Esto representa una forma acabada de entrega de soberanía nacional sobre nuestros bienes comunes. 

3. Energía

La serie de medidas en el ámbito de la energía plantea una transformación sectorial, particularmente con la dimensión de la participación estatal mediante la gestión de empresas públicas. Esto se contextualiza en un marco global en el cual las grandes empresas energéticas son las que dominan el mercado, en detrimento específico y fundamental de los derechos humanos y ambientales de las poblaciones en las cuales se llevan a cabo estas actividades. 

Se plantea la libre exportación desde Vaca Muerta, la privatización de empresas públicas y la liberalización tarifaria sin salvaguardias efectivas. Esto conlleva serios riesgos ambientales y sociales, ya que los datos demuestran que las privatizaciones de empresas estatales energéticas derivan en un aumento acelerado de la extracción, y una profundización del detrimento de la justicia social y ambiental. 

La privatización de empresas públicas se realiza mediante la transformación de Sociedades del Estado (SE) y Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) en Sociedades Anónimas (SA), también derogando contratos con petroleras y el Plan Federal de Transporte de Energía Eléctrica. 

Prohíbe al Poder Ejecutivo Nacional restringir la exportación por motivos económicos establecida en el Artículo 142 del DNU, y sustituyendo el artículo 609 del Código Aduanero (Ley N° 22.415). Es decir que vamos a seguir subsidiando a las grandes petroleras multinacionales, no para el consumo interno, sino para que exporten.

También otorga discrecionalidad a la Secretaría de Energía para retirar y otorgar subsidios de gas y electricidad. Esto le permitirá aumentar y segmentar tarifas, reiterando disposiciones del DNU 55/23. De acuerdo a lo mencionado en campaña, el aumento desmedido y desregulado de las tarifas energéticas, aumentará la desigualdad y la posibilidad de acceso a la energía, que debe ser considerada como un derecho. Esto también tendrá graves impactos en el aumento de la pobreza energética a nivel nacional. 

También impacta en la legislación vigente al desactivar el Fondo para el Desarrollo de la Generación Distribuida (FODIS) establecido por la Ley 27.424, específicamente del artículo 17 en adelante. Esto afecta la disposición de certificados de crédito fiscal y otros instrumentos previstos en la misma normativa, introduciendo grandes retrocesos en la regulación de la Generación Distribuida y sus mecanismos de fomento.

4. Ley de manejo del Fuego

Si bien la Ley de Manejo de Fuego no ha sido mencionada en el Decreto de Necesidad y Urgencia, los 30 puntos que difundió la Presidencia hablaban de la modificación de la ley 26.815 (modificada por la ley 27.604) y el propio presidente señaló expresamente su modificación. Así se pretenderían derogar los artículos de dicha ley que prohíben el cambio de uso o destino de áreas protegidas y humedales, luego de que éstas hayan sido afectadas por el fuego. 

De este modo se fomenta la utilización del fuego para reconvenir bosques, humedales, pastizales y todo tipo de ecosistemas protegidos, en predios dedicados a la agricultura, ganadería o la actividad inmobiliaria, permitiendo así la destrucción de ecosistemas enteros y áreas naturales protegidas, tan necesario en el actual contexto de aceleración de la crisis climática y la pérdida de biodiversidad. 

Semejante decisión viola principios relevantes que conforman el sistema ambiental internacional de la Argentina, violando los principios de no regresión, progresividad y sustentabilidad ratificados en la rica diversidad de Convenciones Ambientales Internacionales, Diversidad Biológica, Desertificación, Protección de los humedales, Cambio Climático y Acuerdo Regional de Escazú. 

5. Riesgo alimentario

Sin dudas el mundo atraviesa una situación crítica en materia alimentaria, y nuestro país no es la excepción: niveles intolerables de indigencia implican que millones de argentinos/as no pueden acceder a la canasta básica de alimentos. Con la configuración propuesta la situación no mejorará. La derogación de diversas normas dentro del mencionado DNU no tiene otra función que favorecer la exportación de la producción, poniendo en riesgo cierto el abastecimiento interno. Por ello, podemos afirmar que la derogación de la Ley de Abastecimiento (20.680), Ley de Góndolas (27.545) y Ley de Promoción Industrial (21.608) parcialmente las leyes Compre Nacional (21.608) y Compre Argentino (27.437) atentan contra la soberanía nacional, favoreciendo a las grandes potencias del sector agropecuario y profundizando la crisis alimentaria y el modelo actual. 

Ley Omnibus

Maltrato y Crueldad Animal en el CEMIC: Solicitamos Medidas Urgentes

18 de diciembre de 2023

Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas informamos a la opinión pública que presentamos una denuncia penal ante la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA). Dicha unidad, a cargo del Dr. Carlos Romero Santurián, recibió nuestras denuncia contra las personas responsables del Centro de Investigaciones en Reproducción Humana y Experimental (CIRHE) del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno” (CEMIC), ubicado en el barrio porteño de Saavedra. 

En la denuncia, suscrita por Rafael Colombo y Enrique Viale, integrantes del equipo legal de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, se señala la situación alarmante en la que se encuentran 74 animales no humanos. Los mismos son pertenecientes a las especies demo y macaca fascicularis, mantenidos cautivos en el bioterio del CIRHE desde el año 2021. 

Estos animales fueron utilizados en experimentos científico-médicos y se encuentran ilegítimamente en cautiverio, privados del acceso a la luz natural, al aire libre y de desarrollar una vida digna y saludable en su entorno natural.

Reconocer el valor de la naturaleza y la biodiversidad nos permite colocar todas las formas de vida y existencia no humanas. Por eso, ante la evolución del estatus jurídico de los animales no humanos, los reconocemos también como sujetos de derechos. Existen a su vez, precedentes nacionales de esta concepción, como el caso “Orangutana Sandra” y otros.

Esta conducta podría constituir delitos de maltrato y crueldad animal, tipificados en la Ley N° 14.346. Además, se solicita la aplicación de medidas urgentes de resguardo, entre ellas, el inmediato traslado de los primates al santuario del Proyecto Carayá en La Cumbre, Provincia de Córdoba, garantizando su seguridad, salubridad e integridad física.

El CIRHE, ubicado en el subsuelo del CEMIC, ha mantenido cautiva a esta colonia de primates durante décadas, realizando experimentos científicos. A pesar de que las prácticas experimentales cesaron en 2021, los animales continúan en condiciones precarias, sin un proyecto concreto de traslado a un entorno natural adecuado.

Las gestiones para el traslado han sido inconsistentes, y pese a la consulta al Proyecto Carayá en 2017 y al CONICET en 2022, no se han tomado medidas concretas. La demora injustificada en el traslado pone en riesgo la vida de estos primates, algunos de los cuales se encuentran en avanzada edad y deberían gozar de sus últimos años en libertad.

Ante la gravedad de la situación, solicitamos al fiscal a cargo, Dr. Carlos Romero Santurián, la aplicación de medidas urgentes de resguardo. Esto incluye el traslado inmediato de los primates al santuario del Proyecto Carayá. Asimismo, se pide el allanamiento del bioterio del CIRHE-CEMIC para realizar una inspección ocular y recabar la información necesaria para la investigación. Para esto, ya ha sido solicitada la citación de testigos, la intervención del CONICET y la aplicación de medidas de reparación por parte de la institución responsable.

El Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas instan a las autoridades a actuar de manera inmediata para poner fin al maltrato y crueldad animal en el CIRHE-CEMIC, asegurando el resguardo y la integridad de los primates afectados. 

La naturaleza es un fin en sí mismo no susceptible de objetivación, instrumentalización o mediatización alguna. La ética de la esencia y acción humana puede trasladarse, entonces, a una ética de la esencia y acción de la naturaleza. Sin ir más lejos, el imperativo categórico introduce la noción de dignidad, fundamento de los derechos humanos, presuponiendo que todo ser humano tiene un valor por el simple hecho de existir.

Contactos de Prensa:

Cumbre Climática ONU Julieta De la Cal.

América Latina y el Caribe Exigen Acción Histórica en la Cumbre Climática ONU

En el marco de la próxima Cumbre Climática ONU (COP28) en Dubai, el foco se centra en América Latina y el Caribe (LAC), una región que se encuentra en una encrucijada histórica para definir su rumbo hacia un desarrollo sostenible. Con la creciente conciencia global sobre la responsabilidad de los combustibles fósiles en la crisis climática, la COP28 se perfila como un momento decisivo para trazar un nuevo camino.

La sugerencia de una alianza estratégica entre LAC, África y Asia plantea la posibilidad de impulsar una agenda transformadora, alineada con principios de derechos humanos, colectivos y justicia de géneros. Este enfoque busca liberar a la región de los límites estructurales que la han relegado al rol de proveedora de materias primas, incluyendo los combustibles fósiles.

En este contexto, se destaca la importancia de una agenda climática ambiciosa para LAC. La coordinación de demandas y acciones hacia una transición energética global justa se presenta como una estrategia clave. Expertos señalan que los espacios multilaterales son fundamentales para pensar soluciones y medidas concretas de reparación a largo plazo.

Las propuestas para abordar la justicia climática incluyen la implementación efectiva de mecanismos existentes para reducir desigualdades y respetar derechos humanos y colectivos. Además, se plantea la necesidad de medidas adicionales, como un impuesto global a grandes petroleras y petroestados, así como un cambio de deuda por acción climática, para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.

En paralelo, se resalta la importancia de aumentar la participación de la energía renovable y redistribuir el consumo de energía para lograr una vida digna y garantizar el ejercicio de los derechos humanos. La reducción planificada de los combustibles fósiles se presenta como una urgencia, considerando los impactos negativos en las poblaciones cercanas, los territorios y el desarrollo de los países.

En el ámbito regional, solo Guyana, Brasil y Argentina están expandiendo sus ritmos productivos a gran escala, principalmente para la exportación de crudo. Este enfoque, sin embargo, levanta preocupaciones sobre la sostenibilidad a largo plazo, la equidad y la dependencia de una solución de corto plazo.

La expectativa frente a la COP28 en EAU es clara: una nueva independencia energética para América Latina y el Caribe, con energía propia, limpia, diversificada y accesible para los pueblos. Se busca fortalecer la soberanía política, económica y ecológica en la región, superando la contaminación, desigualdad y violencia asociadas a los combustibles fósiles.

Especialistas ambientales, de la salud y de diversas disciplinas, así como organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, elevan demandas clave para los representantes en la COP28. Estas incluyen detener nuevos proyectos de exploración, producción e infraestructura de carbón, petróleo y gas, reducir de forma planificada y equitativa la extracción de estos recursos, cerrar brechas en el apoyo a tecnologías peligrosas, aumentar la energía renovable para 2030 y transferir fondos significativos para la adaptación y mitigación de los países del sur global.

En este escenario, la Cumbre Climática ONU de la COP28 se presenta como una oportunidad única para la región, donde la transición hacia un sistema energético sostenible no solo es posible, sino urgente y necesaria.

Imagen de portada: Julieta De la Cal.

Avance de proyectos de canalización ponen en riesgo a la cuenca del Río Uruguay 

22 de noviembre de 2023

Desde la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas hacemos pública nuestra inquietud y desaprobación a los Estudios de Impacto Ambiental presentados en relación al proyecto de habilitación de la vía navegable del Río Uruguay desde Paysandu-Colón hasta Concordia-Salto. Hemos dirigido estas mismas críticas al Sr. Alejandro Nardin, de la Secretaría Técnica Comisión Administradora del Río Uruguay, y a los consultores de dicho organismo. 

De acuerdo a análisis técnicos y jurídicos relevados, hemos realizado distintas observaciones sobre aspectos del proyecto, destacando extrema preocupación sobre la falta de una visión integral de cuenca, la necesidad de una Evaluación Ambiental Estratégica, y la convocatoria a licitaciones sin la finalización del proceso de estudios y participación social.

Los estudios, revelados recientemente, destacan conclusiones que nos instan a formular las siguientes observaciones:

Inexistente visión de cuenca: Los estudios realizados limitan su enfoque al área del proyecto de canalización, careciendo así de una visión integral de la cuenca. Esta limitación impide abordar impactos sociales y ambientales no estudiados, violando principios fundamentales de prevención y precaución.

Evaluación Ambiental Estratégica (EAE): La ausencia de una Evaluación Ambiental Estratégica es evidente. La sucesión de hechos propuestos, con probabilidad de consumarse en etapas a corto y mediano plazo, requiere una EAE previa. Tanto la normativa vigente del Ministerio de Ambiente de Argentina, como la Constitución de Entre Ríos respaldan esta necesidad, considerando que la provincia es la titular originaria de los bienes naturales que podrían ser afectados.

Licitaciones sin finalización del proceso de estudios y participación social: Resulta sorprendente la convocatoria a licitaciones sin la finalización de estudios exhaustivos y la participación social correspondiente. Esta práctica omite consideraciones cruciales para la toma de decisiones informadas y la protección de los bienes comunes.

Instamos a una revisión exhaustiva de los estudios presentados, la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica y la inclusión de la participación social como componente esencial en la toma de decisiones relacionadas con este proyecto. 

Destacamos la importancia de considerar los impactos acumulativos de la intervención propuesta, como la necesidad de estudios más profundos sobre los procesos acumulativos de impactos a mediano y largo plazo. Además, subrayamos la ausencia de evaluaciones sobre las condiciones naturales del río y la necesidad de transparencia en los Términos de Referencia de los consultores.

Entre las preocupaciones específicas, destacamos la afectación a áreas protegidas, como el Sitio Ramsar Palmar Yatay, y la falta de consideración de la Ley 10735/2019 que declara áreas naturales protegidas en la región.

Enfatizamos la importancia de aplicar el principio precautorio y solicitamos la participación de los organismos ambientales nacionales y provinciales, así como la conformación de un Panel de Expertos Independientes para la evaluación de los estudios. En su estado actual, el proyecto actual no puede continuar. Proponemos la construcción social de los Términos de Referencia para una Evaluación Ambiental Estratégica.

Solicitamos por último la extensión del plazo para observaciones, para lograr la participación activa de comunidades y organizaciones sociales, promoviendo un diálogo de saberes entre diversos actores interesados en la preservación de los ecosistemas asociados al Río Uruguay.

Contacto de prensa: Jorge Daneri +54 9 343 511-3491

¿Qué significaría para el ambientalismo un triunfo de Javier Milei?

Las posibles transformaciones que podrían imprimirse en el territorio nacional son inconmensurables pero existe suficiente evidencia para prever su rumbo. Desde el negacionismo de la crisis climática hasta la financiarización absoluta de todo lo material, un triunfo de Milei-Villarruel podría marcar un profundización extrema de las desigualdades ambientales.

por Alejo di Risio para elDiarioAr

Entrevistado en el programa Gelatina hace unos días, Martín Kohan describió al candidato Javier Milei como una persona que no concibe a un ser humano como otra cosa que alguien que intercambia bienes según oferta y demanda. A partir de esta definición, podemos deducir rápidamente otra: para Milei y la gente que lo rodea, cualquier objeto o vida no humana puede verse solamente como un activo financiero para ser intercambiado según oferta y demanda. Según esta premisa, todo aquello que no pueda ser financiarizado no sólo puede desaparecer sino que debe. Una especie de darwinismo financiero: la supervivencia, no de los más fuertes, sino de los más rentables.  

Con ese mismo argumentó el diputado electo por la Provincia de Buenos Aires Alberto Benegas Lynch (n) justificó la extinción diaria de especies animales. Fue en una entrevista con Julio Leiva, en la cual también elogió la privatización y concesión del Mar Argentino. Esta propuesta se encuentra inscripta en la plataforma electoral oficial de La Libertad Avanza presentada ante la Justicia. Para la extrema derecha, la conservación de ecosistemas no tiene sentido en términos ambientales ni culturales. Incluso ignoran los beneficios para la salud pública o la dependencia de los sistemas productivos de las condiciones ambientales. Conciben cualquier tipo de bien común como un recurso a ser explotado. Una financiarización absoluta de la vida.

Esta subjetividad transforma inmediatamente cualquier tipo de regulación o consenso logrado sobre la protección del ambiente en una barrera a ser destruida. El derecho de un privado a maximizar sus ganancias no puede ser obstruido por ninguna razón, ni ética ni moral. Es de notar lo contradictorio de pregonar esta mirada ya que niega los servicios ecosistémicos que muchos sistemas productivos tienen especialmente en nuestro país. El más estructural y relevante en este momento es la enorme sequía que afectó a nuestro país este año. La misma devastó las exportaciones del agronegocio, afectando con pérdidas de hasta el 50% a los principales cultivos y teniendo un fuerte impacto en la macroeconomía nacional. 

Sin embargo, fue precisamente en La Rural que Javier Milei dijo que el valor del agua “es cero” en tanto y en cuanto los ríos no sean apropiados por privados. Mientras cerraba el Congreso Económico Argentino el candidato explicó cómo una empresa puede contaminar un río “todo lo que quiera”. En sintonía con las narrativas bolsonaristas y trumpistas, el binomio Milei-Villarruel también afirma que las políticas ambientales son “parte de la agenda del marxismo cultural”, lo que ha derivado en un discurso fuertemente anti-ciencia, que niega los límites planetarios. El mismo también se refleja en el negacionismo climático que llevó a EEUU a retirarse del Acuerdo de París, tratado internacional sobre el calentamiento global. 

El candidato Milei volvió a corroborar su creencia en el “anarcocapitalismo” y a afirmar la premisa que postula que destruir el Estado es una prioridad. Es necesario explicitar que el desmantelamiento del paisaje de instituciones estatales, genera amenazas sustanciales para la protección ambiental. Si bien hoy en día existen profundas injusticias sociales y ambientales en todo el territorio, deslegitimar y desfinanciar la estructura estatal sólo puede empeorar la situación. La existencia misma de instituciones democráticas es un punto de partida en la institucionalidad necesaria para garantizar verdadera justicia social y ambiental a mediano y largo plazo. 

Estos ataques constantes erosionan la legitimidad necesaria para que el Estado supervise y responda ante las injusticias sociales y ambientales. Esto puede ser terreno fértil para una escalada de impunidad corporativa. Incrementaría la cantidad de delitos ambientales, de empresas que sobrepasan la institucionalidad local y provincial o la falta de remediación ante derrames o accidentes. Además, tendría graves repercusiones sobre la capacidad de respuesta del Estado a eventos de clima extremo como inundaciones, o catástrofes ambientales como incendios de humedales o bosques.

A su vez, la creciente escalada de violencia genera una preocupación adicional para la integridad de defensores y defensoras ambientales en el territorio. En una columna publicada en Infobae, el referente intelectual libertario, Benegas Lynch (hijo), es decir el padre del diputado electo, declaró al ambientalismo como enemigo absoluto de la propiedad privada. 

Esta extrema derecha viene cargada de un autoritarismo que intentará disolver a los sindicatos, erradicar la protesta social y suprimir la organización territorial de comunidades que se manifiestan en un marco democrático. Sólo en los últimos días, las amenazas y amedrentamientos virtuales contra figuras públicas varias se multiplicaron hasta llegar a la presidenta de la Cámara de Diputados. 

La habilitación de un régimen de violencia multiplica y expande, a nivel institucional, mediático y político, un entorno propicio para explosiones cotidianas de la democracia. Quienes adopten como propio este legado de hostigamiento y demonización e identifiquen en el ambientalismo y los movimientos territoriales un enemigo se sentirán legitimados para violentar y hostigar a aquellos a quienes responsabilizan de sus propias miserias.

¿Cómo se darían fenómenos de protesta socioambiental regional como el Chubutazo o el Mendozazo si las Fuerzas Armadas estuvieran habilitadas a involucrarse en Seguridad Interior? ¿Cuánto se multiplicarían las violaciones de derechos humanos y ambientales en caso de disminuir las garantías estatales? ¿Cómo se van a desarrollar las provocaciones de fuerzas de choque locales a defensorxs del territorio cuando la tenencia de armas de fuego no esté regulada? 

El avance del binomio Milei-Villarruel condiciona la estabilidad política y democrática de nuestro país. Plantea amenazas sustanciales para los defensores y defensoras ambientales en todo el territorio. Estos retrocesos ambientales son una dimensión más de un proyecto de país que va en retroceso. Al sumarse al rechazo a la salud y educación pública, las propuestas de dolarización e hiperinflación, el apoyo a las políticas de la dictadura, entre otras están suscitando el apoyo a Sergio Massa de un amplio espectro de actores que nunca lo hubieran votado en otro contexto.

Como el propio Massa dijo en el debate, esto no es necesariamente traducible como un acompañamiento al proyecto massista. Pero sí puede entenderse como un voto estratégico para el apoyo a la democracia. Un punto de partida para que las políticas ambientales sigan expandiéndose y hacer políticamente posible lo socioambientalmente necesario. Probablemente, la negativa a acompañar a Milei no alcance para frenar el avance de una subjetividad financiarizada de la vida. Pero avanzar hacia una construcción de una subjetividad solidaria, de una ética del cuidado mutuo o de nociones comunitarias la democracia es necesaria.

¿Defendemos la democracia o damos un salto al abismo?

En una carta abierta a amigos y amigas ambientalistas, la escritora e investigadora Maristella Svampa llama a frenar a la ultraderecha el próximo domingo en las urnas. “Votamos a Massa, contra Milei. No es miedo, es racionalidad política y también conciencia histórica”.

Por Maristella Svampa para Revista Cítrica

Amigos y Amigas, celebro ver que en Argentina estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance dentro del orden democrático, para frenar la posibilidad de que triunfe la ultraderecha con Milei y Villarruel a la cabeza. Celebro ver la micromilitancia de la que somos capaces cuando nos tocan el límite; celebro ver a las fans de Sandro salir a decir Milei No, a las seguidoras de Taylor Swift, a los clubes de futbol, a las universidades públicas, a intelectuales críticos y artistas, más allá del signo político del que sean, incluso el comunicado de la Federación de Iglesias Evangélicas. Celebro la militancia-hormiga en trenes y subtes, de parte de expresos y presas de la última dictadura militar, de jubilados, o simplemente de indignados/as y preocupado/as por un eventual  triunfo de Milei-Villarruel.

También quisiera decir que pese a todo, quizá con esta micromilitancia no nos alcance y que el lunes 20 de noviembre tengamos que pensar que, como ecologistas y feministas, como defensoras de los derechos humanos y ambientales, además de salir a defender nuestros territorios, nuestros bienes comunes naturales y el derecho a la protesta (tal como lo haríamos si Massa ganara), vamos a tener que salir a defender la educación pública, la salud pública, las empresas del Estado; vamos a tener que salir a defender “Memoria, Verdad y Justicia” para los desaparecidos y ex presos durante el terrorismo de Estado. Vamos a tener que salir a defender incluso el menospreciado  peso argentino y el Banco Central. Vamos a tener que salir a defender nuestras Pymes, nuestros salarios, nuestras jubilaciones, por más magros que sean. Eso sin pensar en que tendremos que debatir sobre la venta de órganos, la libre portación de armas, la privatización de los ríos, nuevamente sobre la ley del aborto, quizá sobre el matrimonio igualitario, entre otras tantos disparates y propuestas regresivas que la ultraderecha ha venido haciendo y hará…

Vamos a tener que salir a defender todo esto, no porque el sistema público existente sea perfecto  o funcione de maravilla; más bien no negamos la realidad ni mucho menos la crisis múltiple en la que estamos envueltos. Sabemos de la pobreza y la precariedad que hay en la Argentina, sabemos de la alta inflación y la degradación de los salarios, sabemos de la frustración y desencanto que hay con lo alcanzado por el régimen democrático, a 40 años de este enorme logro.Sabemos también del proyecto neodesarrollista extractivista del gobierno, de éste, de los anteriores y de los que vendrán. Pero nos queda claro que el proyecto político de Milei-Villarruel nada tiene que ver con la perfectibilidad y mejoramiento de la salud y la educación pública, de las empresas públicas, o con la apreciación del peso argentino, con la defensa de nuestros salarios y jubilaciones, con los derechos de los y las trabajadoras, con la defensa del ambiente sano, con los derechos de los que menos tienen, sino con la masiva privatización y mercantilización de todos esos bienes y servicios, en nombre del  libre mercado y de la libertad de unos pocos.

Creo, como ambientalista y feminista, como investigadora anfibia del sistema público argentino y defensora de derechos humanos, que es un error mantenerse neutro/a ante tal situación extraordinaria. Seguramente, si gana Massa, el dia 11 de Diciembre, tendremos  mucho trabajo por delante, siempre en defensa de los territorios, de los derechos humanos y en la lucha contra los extractivismos, buscando la vía de una transición ecosocial justa y popular. Nunca dejamos de hacerlo, esté quien esté frente nuestro. Pero hoy tenemos un desafío electoral que nos coloca frente a una disyuntiva política-civilizatoria: el de saber si apostamos a la continuidad democrática, con todos los problemas que hoy existen y siempre hemos denunciado;  o queremos cambiar para peor, dar el salto al abismo, sabiendo que mañana tendremos que salir a defender cada uno y todos nuestros derechos frente a la ultraderecha  autoritaria, envalentonada en la violencia discursiva, la agresión constante y el desprecio del otro/a. 
No es miedo, es racionalidad política y también conciencia histórica. Se trata de elegir  de quien seremos oposición. Por eso este domingo 19 de noviembre, decimos Milei-Villarruel nunca. Hoy votamos a Massa contra Milei.

**La foto que ilustra la columna es de Rodrigo Ruiz. 

La madre Elia Espen, junto a una niña en la ronda de los jueves en Plaza de Mayo, a días del ballotage. 

Fotos: Rodrigo Ruiz. 16 de noviembre de 2023

Caranchos de metal

En un pequeño pueblo en el sur de Córdoba se produjo hace unos días el hecho político-ecológico más potente del que tengamos recuerdo en los últimos años.

Para el diarioar . Foto de portada Sebastián Carreras

En San Marcos Sud, localidad del departamento Unión de la provincia de Córdoba, se realizó el primer festival de música que busca construir una nueva conciencia ambiental a través del arte.  Foto:Eduardo Bodi

Sabemos que muchas y muchos estamos enfrascados en la micromilitancia, en la recta final, empeñados en erigir un muro democrático para evitar el arribo de la ultraderecha en Argentina, representado por la dupla libertaria-militar Milei-Villaruel. Estamos viviendo momentos de honda angustia y dramatismo, una encrucijada no sólo política sino también ética, civilizatoria, para nuestro país, instalados ya en una tensa e interminable espera. Por eso mismo, quisiéramos invitarlos a cerrar los ojos un momento y tomarnos con ustedes un respiro para comentar un potente acontecimiento vivido el domingo pasado en un pequeño pueblo del sur de Córdoba, San Marcos Sud, situado en el corazón de la pampa sojera.

Allí se llevó a cabo el primer gran Festival Musical Socioambiental del país, “Canciones Urgentes para mi Tierra”, el “Woodstock Ambiental” como bien se dijo en las redes sociales, entre las 14 y la medianoche, en el cual pasaron reconocidas bandas musicales, muchas de ellas también de diferentes provincias argentinas, para acompañar la conmovedora experiencia de los y las niñas de escuelas rurales, dirigidos por el maestro y músico cordobés Ramiro Lezcano. Allí fuimos testigos del hecho político-ecológico más potente del que tengamos recuerdo en los últimos años.

Quisiéramos contarles sobre todo lo que sucedió en el horario central cuando subió al escenario Ramiro Lezcano, el maestro rural y músico que desde 2018 lleva a cabo este maravilloso proyecto, el de organizar un coro de niñes cantores que provienen de una veintena de escuelas rurales de la provincia, niñes que cantan sus propias canciones, compuestas colectivamente, donde se denuncia la crudeza e injusticia del agronegocio. Canciones ya grabadas (que ya van por el tercer disco), junto con famosos cantantes de toda América Latina (desde Rubén Blades, de Panamá, y Aterciopelados, de Colombia, hasta el cubano Pablo Milanés antes de su muerte; desde Chizzo Napoli de La Renga y Juanse hasta Fabiana Cantilo, Hilda Lizarazu y Juan Carlos Baglietto).

Habían pasado ya muchas bandas y casi siete horas de concierto. La gente bailaba, mientras los puestos de comida locales se multiplicaban al costado del predio, en una San Marcos Sud superada por las casi diez mil personas que pasaron ese día por el concierto. Con la noche y el frío, eran miles y miles los que se apretujaban de pie frente al inmenso palco central. Y el público seguía allí, firme e indesmayable, aguardando la llegada de los y las niñas cantoras.

Fue entonces, a eso de las 21, que subieron unos 40 niñes con sus guardapolvos blancos, junto con su maestro Ramiro Lezcano. Subió también el elenco estable de la orquesta sinfónica del teatro Libertador de Córdoba; aparecieron el gran, enorme León Gieco y el talentoso Lito Vitale. Y el público rugió de alegría y comenzó a conmoverse cuando el coro de niños alzó su voz, alta y potente, en el cielo de la noche cordobesa. 

El maestro Ramiro contó la anécdota, refiriéndose a un periodista que le había preguntado si el festival “era un concierto contra el campo”. Él respondió: “¿Cómo va a ser contra el campo, si nosotros somos el campo? Son alumnos de escuelas rurales”. Dejó así en evidencia la mirada hegemónica del denominado “campo”, emparentada de modo lineal sólo con el agronegocio.   

En la segunda o tercera canción, una decena de esos niñes se plantó en la primera línea del escenario, frente al público, desafiantes, con máscaras antigas cubriendo sus rostros. Imposible no ver esas máscaras negras sobre los guardapolvos de les infantes que además aparecían proyectadas en enormes pantallas al costado del palco.

La música comenzó con un “seño, seño, mirá el avión”. Entonces se escuchó el inquietante bramido de las avionetas fumigadoras de agrotóxicos. Y les niñes, en una sola voz alta que nos puso de inmediato la piel de gallina, arrancaron con la estrofa: “Caranchos de metal, caranchos de metal… Soldados de la muerte”. Imposible no conmoverse, mucho menos no llorar mientras todos escuchamos por segunda vez la canción (es, creemos, el mismísimo León Gieco que concentrado, pregunta a los y las niñas: “¿Repetimos la canción?”). Ramiro Lezcano, ese joven maestro rural tocado por la magia y la bondad, sigue acompañando con su guitarra, mientras el coro vuelve a cantar “Caranchos de metal”. Y las madres de todos esos niños y niñas al lado del escenario, donde nosotros seguimos apretujados, ya sin tratar de ocultar nuestras lágrimas, también cantan y rugen con ellos…

Basta escuchar esta canción y la que le sigue, “Bichitos de luz”, que habla de la desaparición y exterminio de las luciérnagas en los campo de soja, para comprender que no existe un hecho más potente, más revolucionario que las voces de estas niñeces amenazadas, que cantan a voz en cuello, para despertar la adormilada conciencia ambiental de la sociedad argentina.

Cerremos los ojos otra vez y pensemos: Niñeces amenazadas. Adultocentrismo, ruptura del llamado Pacto intergeneracional. Tres cuestiones que nos llevan a abrir los ojos para pedir perdón en público a esos niños y niñas del campo argentino, a todas esas niñeces amenazadas de nuestro país. Perdón niñes por haber roto nuestra parte del pacto intergeneracional, ese que decía que debíamos garantizarles un ambiente sano, un mundo vivible y respirable, como el que conocimos nosotros en nuestras infancias. Perdón por todos aquellos que creen que se trata solo de crecer y crecer, de extraer y producir infinito, apostando a modelos de desarrollo devastadores, mientras desertifican los territorios y les dejan un planeta roto, herido por el colapso. Perdón por todos aquellos que se quejan de la sequía, mientras siguen creyendo que no es la economía la que debe adaptarse al clima y a la naturaleza; sino la naturaleza y el clima a la economía. Perdón por todos aquellos que siguen pensando que los caranchos de metal son un símbolo del progreso y del desarrollo del campo argentino.

Gracias por generar un lugar de (re) encuentro con compañeros y compañeras de todo el país. Un momento de esperanza con risas, de cariño y ternura, importantísimo en épocas de individualismos y encierros prolongados en la postpandemia. Necesitamos vernos en persona, salir de nuestra zona de confort, de nuestro ombliguismo y nuestra apatía, y coincidir, apostar al amor y abrazarnos más, porque la salida es colectiva.  

Tenemos la obligación de escucharlos, de apoyar a estos niños y niñas, expresión de la ruralidad, “del interior del interior”, como dice Lezcano, con sus voces multicolores, voces que nos cantan, nos gritan, nos impulsan a realizar transformaciones sociales y ecológicas de modo urgente.

Y gracias, sobre todo, por abrirnos la puerta de la esperanza, por ser esos “bichitos de luz” que todavía aletean con alegría en medio de la oscura noche de la pampa sojera. Gracias por abrir la posibilidad de pensar que otro campo es posible. Gracias por devolvernos la idea de que todavía es posible construir un mundo mejor. Porque a la hora de agitar la conciencia ambiental, un concierto como el del 12 de noviembre realizado en un pequeño pueblo rural vale más que todos los libros que podamos escribir sobre el tema. Necesitamos uno, dos, tres, infinitos conciertos urgentes para nuestra tierra.

Ambiente, Clima y Energía

Seminario virtual: Ambiente, Clima y Energía en América Latina y el Caribe

Debates en torno a la transición ecosocial desde el Sur Global. Noviembre 2023

OBJETIVOS

Generales
● Contribuir a la formación de funcionarios/as y empleados/as municipales, provinciales y nacionales, referentes de movimientos sociales y ambientales, organizaciones sindicales y partidos políticos, comunidades estudiantiles y religiosas, docentes de enseñanza media, en torno a temas y problemas relacionados con el ambiente, cambio climático y transición energética, con perspectiva sudamericana y con énfasis en el estado de situación de la República Argentina.
● Crear, desarrollar y mantener de espacios de formación que tengan por objeto educar desde una perspectiva socio-ambiental y de derechos humanos.

Particulares
● Presentar y exponer un panorama general, aunque especializado, y dialogar con los/as participantes, en torno a contenidos curriculares sobre derecho, ambiente, cambio climático y transición energética, con perspectiva sudamericana y con énfasis en el estado de situación de la República Argentina.
● Aproximar a los/as participantes hacia temas fundamentales sobre ambiente, cambio climático y transición energética, haciendo énfasis en políticas públicas, dispositivos legales, diseños institucionales, matrices económico productivas, sistema científico-tecnológico y rol movimientos sociales.
● Compartir discursos, saberes y experiencias provenientes de diversas formas de asociación colectiva de base comunitaria, territorial, no gubernamental, científicas y académicas, con escalas nacionales y trasnacionales, en torno a las alternativas a los modelos hegemónicos de maldesarrollo.
● Compartir insumos bibliográficos que contengan literatura sobre ambiente, cambio climático y energía, como así también materiales normativos, jurisprudenciales, documentos oficiales, informes, investigaciones científicas, insumos pictóricos, literarios y cinematográficos.
● Propiciar la participación en clase de los/as participantes desde una perspectiva humanista y ecocéntrica.

METODOLOGÍA DE CURSADO
Los/as participantes deberán asistir a la totalidad de los 4 encuentros a los fines recibir la certificación en calidad de ASISTENTES.

DURACIÓN
El seminario estará estructurado a partir de 4 encuentros semanales consecutivos, con carácter virtual, de 90 minutos de duración, distribuidos entre 60 minutos expositivos y 30 de diálogo colectivo abierto.

CALENDARIO

INSCRIPCION
Completar el siguiente formulario: https://forms.gle/n92xtvHHPDSs9KHC7

PROGRAMA

MODULO 1: “ACUERDO DE ESCAZÚ: DERECHOS HUMANOS Y AMBIENTE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”.

Docentes

  • Romina Araguas. Abogada, Mag. en Derecho Ambiental y Urbanístico – Limoges; Especialista en Derecho Ambiental y Tutela del Patrimonio Cultural UNL. Miembro de El Paraná No se Toca. Docente de Prácticas Profesionales Comunitaria en la UNR Facultad de Derecho.
  • Lucas D. Micheloud. Abogado. Especialista en Derecho Ambiental. Docente Universitario. Asesor Parlamentario. Consultor independiente especializado en Ambiente y Cambio Climático. Co-Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA).

MODULO 2: “TRANSICIÓN ECOSOCIAL EN AMÉRICA LATINA. EL CASO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA”.

Docentes

  • Melisa Argento. Investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y El Caribe. Dra. en Ciencias Sociales por la UBA. Mg. En Ciencia Política FLACSO Ecuador y Lic. en Ciencia Política por la UNR. Forma parte del Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes del IEALC, de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial. Es docente universitaria, actualmente en la Facultad de Ciencia Política y RRII de la Universidad Nacional de Rosario.
  • Rafael Colombo. Abogado ecologista (FCJS-UNL). Docente e investigador universitario. Entre 2019 y 2022 fue Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, desempeñándose actualmente como Project Manager y Asesor Legal de dicha ONG. Ha trabajado como asesor y consultor para la Fundación Humedales; asesor legal y abogado litigante en representación de Greenpeace Argentina. Coordinador regional de GARN Latinoamérica y miembro fundador del Frente Parlamentario Global por los Derechos de la Naturaleza y del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur.

MODULO 3: “CONSTITUCIONALISMO AMBIENTAL EN AMÉRICA LATINA”

Docentes

  • Jorge Cuello. Abogado. Especialista en Derecho Ambiental. Es docente en la
    Universidad Andina Simón Bolívar (UASB. Miembro de la Asociación Civil
    Econciencia. Secretario de la Catedra Libre José G. Artigas para la integración de
    la UNLP desde donde impulso la creación de la Red Latinoamericana de
    Universidades frente al Cambio Climático (REDLUCC) y la Escuela de Formación
    para la Integración Latinoamericana. Autor del libro Pintemos de Verde la Educación
    y de numerosos artículos relacionados con la temática ambiental.
  • Liliana Oropeza Acosta. Economista y abogada con maestría en Relaciones Internacionales, doctoranda en Estudios Globales y postgrados en género. Con experiencia académica y laboral en Argentina, Austria, Suecia, Alemania y Estados Unidos. Experiencia con el sector público y ONG’s y enlace con el sector privado. Coordinadora y gestora de proyectos sociales y desarrollo sostenible. Docente en la Escuela de Formación Política y Sindical en México.

MODULO 4: “EXTRACTIVISMO Y NEO-EXTRACTIVISMO EN AMÉRICA LATINA”.

Docentes

  • Enrique Viale. Abogado, fundador de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, miembro del Tribunal Ético por los Derechos de la Naturaleza y la Madre Tierra e integrante del Comité Ejecutivo de la Global Alliance for the Rights of Nature (GRAN).
  • María Marta Di Paola. Licenciada en Economía y Administración Agraria (UBA). Master en Relaciones Económicas Internacionales. Consultora independiente en tema de transiciones energéticas y políticas ambientales. Vicepresidenta de Sociedad y Naturaleza. Realizó diferentes tareas vinculadas a la investigación en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) por 12 años.
Atlanticazo, Mar Argentino, exploración offshore

Encuentro Plurinacional Atlanticazo

Compartimos el documento realizado el pasado 4 de noviembre en el Atlanticazo por el Mar Argentino de Puerto Madryn. El encuentro sirvió para compartir problemáticas y reclamos en relación al cuidado del agua, defensa del territorio y en defensa del Mar Argentino. Nos reunimos junto a diversas organizaciones, asambleas y comunidades de distintos puntos del país para marchar y visibilizar la resistencia que se opone a la exploración sísmica en el Mar Argentino. Compartimos estas reflexiones acerca de la unidad territorial y los derechos socioambientales de las comunidades costeras argentinas son de fundamental importancia para una justicia social y ambiental.

Documento del Encuentro Plurinacional ATLANTICAZO

4 de noviembre, PTO. MADRYN, CHUBUT.

El Atlanticazo, hijo del Chubutazo, nació el 30 de diciembre de 2021 cuando se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la realización de la exploración sísmica en el Mar Argentino. Ahí nació la decisión de marchar los 4 de cada mes, como símbolo de resistencia y del NO PASARÁN que gritamos aún hoy.

El mar es uno solo, estamos acá para demostrar que la fragmentación de los territorios que nos quieren imponer es una fantasía de los gobiernos y sus funcionarios. Somos, de la cordillera al mar, un solo cuerpo-territorio.

En un nuevo día 4, nos convocamos en Pto. Madryn diversas organizaciones, asambleas y comunidades de distintos puntos del país donde compartimos las diferentes problemáticas y los reclamos comunes en relación al cuidado del agua, defensa del territorio y del mar argentino. Estos espacios nos permiten recuperar la identidad como comunidad costera: ser habitantes de una costa, compartir el mar y los golfos nos da la fuerza, nos une. Debemos volver al mar, a sentirnos parte de él.

Durante la jornada nos encontramos, abrazamos, emocionamos y marchamos juntes a lo largo de la playa, buscando visibilizar los proyectos extractivos que quieren imponer desde los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, con la total connivencia del poder judicial que mira para otro lado ante nuestros reclamos.

Mientras las causas en contra de las empresas y los intereses económicos se frenan y caen, la judicialización de la protesta y de les defensores ambientales se incrementa en todo el país al ritmo que el capitalismo extractivista necesita. En Chubut, un reciente fallo a 40 años de la democracia, absuelve a policías torturadores de vecines en el marco del Chubutazo, pero embarga y criminaliza a les defensores ambientales rápidamente. En Jujuy la dictadura minera y el gobierno fascista de Morales reprime al pueblo y procesa a un abogado ambientalista. Legislaturas sesionando a puertas cerradas, a espaldas del pueblo, audiencias públicas armadas para habilitar proyectos ecocidas y no para garantizar la participación de las comunidades y la autodeterminación de los pueblos. Cámaras y Cortes judiciales completamente cooptadas por intereses políticos y económicos, instituciones científicas a disposición de las ganancias e intereses del poder corporativo, funcionaries a ambos lados del mostrador, operando para favorecerse y favorecer a sus socios empresariales.

Tenemos la experiencia y los antecedentes de 10 años de Vaca Muerta que, contrariamente a lo anunciado, no trajo divisas, ni desarrollo, ni empleo. Las comunidades están perdiendo sus casas producto de los sismos provocados por el fracking y sus territorios están siendo contaminados por los derrames y los deshechos. El avance de estos proyectos sobre los territorios marca una violenta continuidad de la matriz productiva, sin consentimiento, perpetuando así un modelo colonial de saqueo.

En este nuevo Atlanticazo participaron integrantes del 3er Malón de la Paz, compuesto por más de 400 comunidades que desde el 1 de agosto se encuentran acampando frente a la Corte Suprema de Justicia para denunciar la situación de Jujuy, donde se busca acallar al pueblo y se le quitan los derechos garantizados por la Constitución Nacional. En Jujuy, el gobierno de Morales realizó una modificación exprés sin la consulta previa a los pueblos originarios y a la medida de las corporaciones extractivas.

Nos solidarizamos con el pueblo palestino, denunciamos el genocidio que está realizando el estado sionista de Israel y decimos que no es una guerra, es un exterminio étnico. La empresa de agua estatal israelí Mekorot es utilizada para llevar adelante los asesinatos, dejando sin agua a la población confinada en Gaza. FUERA MEKOROT de nuestros territorios.

En este encuentro reivindicamos lo importante de cuidar el equilibrio de la Madre Tierra, que cada vez se desbalancea más, porque no solo avanzan sobre el mar, si no sobre toda la diversidad de la Ñuque Mapu, de la cual somos parte, como nos enseña el pueblo nación mapuche tehuelche con su cosmovisión. La recuperación y el cuidado de los territorios ancestrales es urgente y necesaria, hermanadas con las luchas socioambientales.

La democracia NO es solo ir a votar: debemos involucrarnos porque es la única manera de frenar el avance extractivista de los grandes capitales extranjeros. Debemos pasar de una democracia representativa a una democracia participativa. Las denuncias judiciales son importantes pero prácticamente inútiles sin la gente en las calles. Debemos mantenernos actives, organizades y resistir desde la alegría y la esperanza de sabernos juntes. Hay que dar vuelta el sistema que nos explota y que saquea nuestra forma de vida. Somos un mismo mar, somos una misma resistencia y sabemos que es posible vivir en equilibrio con la naturaleza. Queremos que se garantice el buen vivir ahora y siempre, desde la interculturalidad y el respeto: somos un Estado plurinacional.

Desde este territorio, que consideramos uno:

● Exigimos la restitución de la ley N°3308 obtenida por la lucha colectiva y popular, modificada de manera fraudulenta.

● Gritamos que no tienen licencia social para explorar ni explotar el mar argentino.

● Exigimos a las instituciones una ciencia digna por y para el pueblo. Hacemos un llamado de compromiso a los científicos para que asuman su rol y se involucren en las luchas socioambientales.

● Denunciamos la falsa transición energética que sostiene las mismas prácticas de muerte para nuestros territorios. No puede haber transición justa, anticapitalista y anticolonial, utilizando las mismas recetas y contaminando nuestros pueblos. Si no se disputa el modelo, es cambiar el enchufe de lugar.

● No queremos pagar con la vida de nuestros cuerpos-territorios una deuda fraudulenta e ilegal. No nos convertiremos en zonas de sacrificio. Fuera FMI.

● Luchar no es delito. Basta de criminalizar a les defensores ambientales. Absolución ya de todes les procesades por causas socioambientales.

● Abajo la reforma. Arriba los derechos.

En la era de la ebullición global elegimos la resistencia organizada y comunitaria. En un solo abrazo y un mismo grito: POR UN MAR LIBRE DE PETROLERAS. SOMOS MAR. DEFENDERLO ES DEFENDERNOS, NO VAMOS A ENTREGARNOS.

Organizaciones firmantes:

Asamblea por un MARLIBRE de petroleras, Mar del Plata/Red de Comunidades Costeras/Asamblea en Defensa del Territorio Puerto Madryn/Asamblea Rawson playa/Asamblea No a la mina Esquel/Asamblea por la tierra y el agua. Las Grutas/350.org/Multisectorial Golfo San Matías/Asamblea del Valle de Conesa/Asamblea comunidad costera de Tierra del Fuego Antártida e islas del Atlántico Sur/Asambleas del Curru leufu/Observatorio Petrolero Sur/Asamblea Ambiental Interpueblos/Tribuna Ambiental/Red Ecosocialista/Arbustock/Asociación de Abogades Ambientalistas y CAJE/Fundación Inalafquen/COA KIUS/Coordinadora BFS/Colectivo Golfo diverso Somos trama naturaleza/Colectivo de Cientificxs Autoconvocadxs Ciencia y Territorio Pto. Madryn/Ambiente en lucha/Asamblea Mar Libre de Petroleras Partido de la Costa/Asamblea Por un Mar Libre de Petroleras Necochea, Quequen/Coordinadora socioambiental Bahía Blanca/CTA Bahía Blanca/Multisectorial Comarca Marítima Viedma Patagones/Proyecto socioeducativo inclusivo Cronopios/Fundación el Vuelo Centro de Día/Agricultura Biodinamica de Nebubu/3er Malón de la Paz/Alerta roja, agrupación ambiental anticapitalista/Comodoro FASP/Frente de organizaciones en lucha, Coordinadora por el cambio social.