El día de ayer, representantes de diversas organizaciones sociales, ambientales, académicos y activistas, economistas y expertos en energía se congregaron para abordar los desafíos y oportunidades inherentes a la transición ecosocial. En un esfuerzo conjunto, este equipo de equipos reconoció la necesidad imperante de proponer y seguir lineamientos que conduzcan hacia una transición ecosocial integral. Si bien el abordaje inicial de muchas organizaciones es a raíz de la urgencia de la transición energética, la indisoluble relación de la misma con una transición ecosocial más amplia y holística es parte de este encuentro.
Durante la jornada, se abordaron temáticas de vital importancia para los movimientos sociales y ambientales, desde el estado actual del sistema energético nacional hasta la imperiosa necesidad de una transición que conciba la energía como un bien común y no como una mercancía. Se alentó también el intercambio de miradas interdisciplinarias sobre la construcción desde el Estado, las políticas públicas, la legislación vigente y las alternativas locales, así como los desafíos que enfrentamos en todos los niveles para avanzar en estos procesos de transformación.
Se debatió también la importancia de la agenda de alimentos, energía y agua, y se resaltó la necesidad de profundizar propuestas de políticas públicas que puedan aumentar el bienestar de la población y avanzar en agendas que estén a la altura del desafío de la crisis civilizatoria, incluida la energética, social, de los cuidados y climática. A su vez, las organizaciones y expertos reunidos reafirmaron la importancia de fortalecer la colaboración entre los movimientos socioambientales, la academia, los pueblos originarios, los movimientos campesinos y agrarios, los sindicatos, los feminismos y los movimientos por los derechos humanos.
Desde las organizaciones afirman que el espacio continúa en crecimiento y que la expansión de su agenda en el futuro contribuirá significativamente a la construcción de consensos y propuestas concretas para abordar los desafíos de la transición ecosocial en nuestra región.
Acusan y embargan a empresarios investigados por contaminación y defraudación
El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y la asistente letrada Julieta González formularon cargos hoy a dos empresarios y un empleado que, teniendo a su cargo la operación de una planta de residuos peligrosos, simularon ganancias por la realización de tratamientos que finalmente no se concretaron con el objetivo de obtener ventajas patrimoniales.
La empresa es Comarsa (Compañía De Saneamiento y Recuperación de Materiales Sociedad Anónima) y la maniobra investigada, que abarca desde 2014 hasta la actualidad y sobre un predio ubicado en el parque industrial de Neuquén capital, consiste en haber contaminado el ambiente y puesto en peligro la salud de la población.
Además de acusar a quienes apuntaron como responsables por la maniobra, el y la representante de la fiscalía solicitaron un embargo de los bienes de la empresa y de dos de los imputados hasta cubrir un total de U$7.000.000.
Los imputados son J.M.L, presidente desde el 1 de abril de 2014; accionista mayoritario y controlante de Comarsa; H.E.B; director suplente entre abril de 2014 y mayo de 2017, pero que permaneció en posición de decisión hasta enero de 2021 y que tuvo funciones delegadas de administración y control; y F.A.P, quien entre principios de 2013 y septiembre de 2016 fue gerente general y responsable técnico de la firma, tenía la dirección del personal a su cargo y reportaba en forma directa a los otros dos acusados.
Desde la unidad fiscal de Delitos Ambientales se les atribuyó los delitos de contaminación peligrosa para la salud pública (artículos 57 y 55 de la ley 24.051 de residuos peligrosos, con remisión al artículo 200 del Código Penal; y 45 del Código Penal, en calidad de coautores); en concurso real con administración fraudulenta (artículo 173, inciso 7, del Código Penal).
La participación de los tres comienza a partir de abril de 2014, pero por diferentes períodos: el fiscal jefe precisó la acusación hasta la actualidad sólo respecto de J.M.L, mientras que sobre las otras dos personas acusadas definió límites: H.E.B hasta enero de 2021 y F.A.P hasta septiembre de 2016. Además, los dos primeros fueron imputados como coautores, mientras que el último como partícipe necesario.
La acusación también es impulsada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y por la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén, ambas entidades en carácter de querellantes particulares. Su intervención en la causa tiene el aval de la fiscalía, pero ante un cuestionamiento de parte de las defensas, el juez de garantías ratificó su legitimidad.
Investigación
Los hechos ocurrieron a partir de 2014, en el predio de Comarsa en el parque industrial de Neuquén. En ese momento, la empresa se comprometió contractualmente con YPF S.A., su principal cliente; a recibir y someter a tratamiento residuos semi-sólidos, consistentes en lodo contaminado con hidrocarburos, mediante un horno de desorción térmica.
Según precisó el fiscal, Comarsa recibió residuos “por sobre su capacidad instalada de tratamiento”, lo que generó una acumulación de éstos dentro del predio. Breide Obeid agregó que mientras eso ocurría, la empresa emitió certificados y cobró por tratamientos no realizados. “Esta maniobra les permitió disimular la situación real para continuar recibiendo residuos peligrosos, mantener sus contratos y justificar ganancias para luego distribuir; y entorpeció las labores de contralor sobre la empresa”, afirmó.
Comarsa se ubica a menos de 500 metros de barrios densamente poblados de la Ciudad de Neuquén. Breide Obeid relató que en 2014 comenzaron las manifestaciones públicas en contra de la empresa ante “los malos olores y el humo negro que emanaban los hornos”.
En 2015 se publicó el decreto 2263, que obliga a las empresas que tratan residuos peligrosos a reubicarse fuera del ejido municipal y, al menos, a 8 kilómetros de distancia de asentamientos poblacionales estables. Comarsa presentó ante los organismos de control un plan de cierre y traslado de sus actividades a la localidad de Añelo. En tanto, la subsecretaría de Ambiente de la Provincia le prohibió a la empresa recibir nuevos residuos a mediados de 2017, pese a lo cual se detectaron ingresos de residuos peligrosos en al menos seis oportunidades más.
En Marzo de 2018, la empresa reconoció la existencia de volúmenes de residuos superiores a los inicialmente informados, lo que implicaba continuar operando los hornos más allá del cronograma establecido por el plan de cierre. “La empresa solicitó entonces autorización para tratar los residuos a través de biorremediación dentro de la misma planta; y para enviar al menos 200 mil metros cúbicos de suelo contaminado a un relleno de seguridad en Añelo”, precisó el fiscal jefe. Agregó que “este plan fue nuevamente incumplido por la empresa, que en marzo de 2023 abandonó totalmente el tratamiento de los residuos por biorremediación y el envío a disposición final”.
“Actualmente, permanecen acopiados en el predio y sin tratamiento alguno más de 210.000 metros cúbicos de residuos peligrosos, solo separados de la población circundante por 500 metros y un paredón de hormigón que se encuentra prácticamente caído”, afirmó.
De acuerdo con la acusación, los contratos con YPF S.A. le reportaron a Comarsa ingresos por más de $700 millones; que “se cobraron sin haber realizado el tratamiento de los residuos y sin asentar entre sus deudas los residuos pendientes de tratamiento”. Esto permitió a la empresa “simular ganancias y justificar la distribución de honorarios y dividendos”.
Caso complejo y embargos
Luego de que el juez a cargo de la audiencia tuviera por formulados los cargos, el fiscal jefe y la asistente letrada solicitaron la declaración de caso complejo. Argumentaron la necesidad de contar con plazos mayores de investigación –pidieron 1 año- dado el elevado número de víctimas, la complejidad de las pericias que restan realizar y que “la fiscalía considera que se trata también de un caso de delincuencia organizada”.
El magistrado hizo lugar al pedido del fiscal Breide Obeid y de la asistente letrada González y declaró el caso complejo. Igualmente, dispuso el embargo de bienes por la suma y las precisiones indicadas respecto de la empresa y, en el caso de los imputados como coautores, también de las cuentas bancarias.
Prohibición de salir del país
Los representantes de la unidad fiscal de Delitos Ambientales solicitaron también al juez que disponga la prohibición de salir del país durante, al menos, 4 meses, respecto de J.M.L y de H.E.B. Breide Obeid sostuvo que existe respecto de ambos el riesgo de no sometimiento al proceso. En este caso, el juez también hizo lugar.
El único planteo de la fiscalía que no prosperó tiene que ver con establecer una restricción de 1.000 metros desde los límites del predio para la radicación o avance de urbanizaciones. Respecto de esto, el magistrado consideró que se trata de iniciativas que deben regirse por trámites específicos y que requieren, por caso, la presentación de estudios que son evaluados en otras sedes administrativas que, además, no están representadas en la causa.
Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo al DNU Nº 70/2023. Lo consideramos manifiestamente inconstitucional y en contradicción con los principios fundamentales de la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
El DNU carece de argumentos sólidos y no cumple con los requisitos constitucionales de “necesidad” y “urgencia”. A su vez, ignora los mecanismos constitucionales al eludir la aprobación legislativa, contraviniendo la jurisprudencia de la CSJN. También la emisión del DNU, de 336 artículos y dictado de manera apresurada, viola la prohibición constitucional establecida en el Artículo 29 de la Constitución Nacional, lo que puede ser considerado una “traición a la patria” como establece nuestra Carta Magna. A su vez, esto se intenta implementar en conjunto con un protocolo antipiquetes que viola el Derecho a la Protesta social, en un intento por acallar cualquier tipo de respuesta popular a las medidas.
Compartimos a la sociedad un primer análisis (ver abajo link a documento completo) de los aspectos socioambientales del mencionado Decreto, que muestra su carácter abiertamente regresivo. Entre los principales puntos que el documento analiza se encuentran:
Ley de Tierras Rurales: Sancionada en 2011, la Ley de tierras rurales expresó la necesidad de colocar un freno al proceso de extranjerización de tierras. La ley busca limitar la extranjerización de las tierras, colocando un régimen restrictivo para la compra de tierras rurales por extranjeros. Un artículo importante es el que prohíbe a extranjeros ser propietarios de inmuebles que sean ribereños de cuerpos de agua (ríos, lagos o cuencas) y zonas de seguridad de frontera.
La derogación de esta Ley conlleva directamente la liberación total de la compra o posesión a capitales extranjeros. Extranjerizar nuestros suelos se traduce en perder nuestra soberanía sobre los bienes comunes asociados al suelo y agua. A su vez esto implica el desplazamiento de poblaciones vulnerables; comunidades campesinas e indígenas podrán ser expulsados por la megaminería metalífera y de litio, la expansión de la frontera sojera-ganadera, foresto-industrial y el corrimiento de la explotación hidrocarburífera.
Leyes de Minería: la derogación de la Ley N° 24.523 del Sistema Nacional de Comercio Minero, y la Ley N° 24.695 del Banco Nacional de Información Minera implica aún una mayor opacidad en una actividad que ya se encuentra absolutamente desregulada y con la habilitación a una minería a gran escala que flexibiliza controles, estableciendo un sistema de regalías irrisorios a las corporaciones mineras y que continúa intacto.
Impacto en el Sector Energético: Abre la puerta a la privatización total de las empresas públicas (su transformación de sociedades mixtas a sociedades anónimas). Representa un riesgo para la aceleración en la expansión de la frontera hidrocarburífera, en un contexto de crisis climática. Establece la liberalización tarifaria sin salvaguardas, lo cual amenaza el mercado interno y aumenta riesgos ambientales y sociales. A su vez la eliminación del Fondo para el Desarrollo de la Generación Distribuida (FODIS) y afectación de certificados de crédito fiscal representan un retroceso en la implementación de energías renovables de baja escala necesarias para la transición ecosocial.
Lo más llamativo es la absoluta ausencia de cualquier tipo de regulación o modificación de los grandes subsidios existentes para las grandes petrolerasy empresas energéticas. Es decir, se seguirá subsidiando a las grandes petroleras multinacionales, no para el consumo interno, sino para la exportación.
Modificación de la Ley del Fuego: Si bien no aparece en el DNU publicado, la modificación -anunciada expresamente por el presidente en la cadena nacional- permitiría el cambio de uso del suelo de zonas afectadas por el fuego, alentando la destrucción de bosques, humedales y áreas protegidas por el agronegocio y la especulación inmobiliaria.
Riesgo Alimentario: La derogación de normas como la Ley de Abastecimiento o la Ley de Góndolas favorecen la exportación del agronegocio en detrimento del abastecimiento interno. Esto representa un riesgo que profundiza la crisis alimentaria global y obtura la soberanía alimentaría.
En el marco de la próxima Cumbre Climática ONU (COP28) en Dubai, el foco se centra en América Latina y el Caribe (LAC), una región que se encuentra en una encrucijada histórica para definir su rumbo hacia un desarrollo sostenible. Con la creciente conciencia global sobre la responsabilidad de los combustibles fósiles en la crisis climática, la COP28 se perfila como un momento decisivo para trazar un nuevo camino.
La sugerencia de una alianza estratégica entre LAC, África y Asia plantea la posibilidad de impulsar una agenda transformadora, alineada con principios de derechos humanos, colectivos y justicia de géneros. Este enfoque busca liberar a la región de los límites estructurales que la han relegado al rol de proveedora de materias primas, incluyendo los combustibles fósiles.
En este contexto, se destaca la importancia de una agenda climática ambiciosa para LAC. La coordinación de demandas y acciones hacia una transición energética global justa se presenta como una estrategia clave. Expertos señalan que los espacios multilaterales son fundamentales para pensar soluciones y medidas concretas de reparación a largo plazo.
Las propuestas para abordar la justicia climática incluyen la implementación efectiva de mecanismos existentes para reducir desigualdades y respetar derechos humanos y colectivos. Además, se plantea la necesidad de medidas adicionales, como un impuesto global a grandes petroleras y petroestados, así como un cambio de deuda por acción climática, para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.
En paralelo, se resalta la importancia de aumentar la participación de la energía renovable y redistribuir el consumo de energía para lograr una vida digna y garantizar el ejercicio de los derechos humanos. La reducción planificada de los combustibles fósiles se presenta como una urgencia, considerando los impactos negativos en las poblaciones cercanas, los territorios y el desarrollo de los países.
En el ámbito regional, solo Guyana, Brasil y Argentina están expandiendo sus ritmos productivos a gran escala, principalmente para la exportación de crudo. Este enfoque, sin embargo, levanta preocupaciones sobre la sostenibilidad a largo plazo, la equidad y la dependencia de una solución de corto plazo.
La expectativa frente a la COP28 en EAU es clara: una nueva independencia energética para América Latina y el Caribe, con energía propia, limpia, diversificada y accesible para los pueblos. Se busca fortalecer la soberanía política, económica y ecológica en la región, superando la contaminación, desigualdad y violencia asociadas a los combustibles fósiles.
Especialistas ambientales, de la salud y de diversas disciplinas, así como organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, elevan demandas clave para los representantes en la COP28. Estas incluyen detener nuevos proyectos de exploración, producción e infraestructura de carbón, petróleo y gas, reducir de forma planificada y equitativa la extracción de estos recursos, cerrar brechas en el apoyo a tecnologías peligrosas, aumentar la energía renovable para 2030 y transferir fondos significativos para la adaptación y mitigación de los países del sur global.
En este escenario, la Cumbre Climática ONU de la COP28 se presenta como una oportunidad única para la región, donde la transición hacia un sistema energético sostenible no solo es posible, sino urgente y necesaria.
Esta semana con México y Yasuní a la cabeza, y Colombia con liderazgo global y hacia Amazonía, cada vez son mayores los pasos y demandas para dejar los combustibles fósiles bajo tierra
Ciudad de México, 24 de agosto de 2023.
Esta semana, en tres ciudades de México en simultáneo, un ciclo de 11 debates presenciales y en línea reúne a más de 40 expertos entre activistas, investigadores, ingenieros e ingenieras, abogados especializados en ambiente y líderes indígenas de México, Guatemala, Colombia, Argentina, la Amazonía ecuatoriana y Portugal, para reflexionar sobre posibles caminos hacia un modelo de generación, distribución y consumo de energía para los próximos 20 años que sea común y justo con los pueblos y la naturaleza.
El ciclo llevado a cabo en las ciudades de México, Guadalajara y Mérida termina mañana viernes, y hasta el momento convocó a más de 600 personas in situ y cerca de 7 mil en línea. Es organizado por “Nuestro Futuro, Nuestra Energía”, una propuesta de articulación impulsada por 40 espacios de diverso orden en México, incluidos organizaciones de la sociedad civil, cooperativas, sindicatos, personas trabajadoras y de la academia,para repensar y modificar el futuro socio-energético en el país,bajo las siguientes premisas:
Disminución planificada de hidrocarburos en la matriz energética. Reducción de las licencias sociales de los combustibles fósiles.
Cese de megaproyectos que atentan contra la vida en los territorios.
Multiplicación de alternativas públicas y comunitarias para la transformación socioenergética. Fortalecimiento de capacidades para que más grupos agrarios y comunidades gestionen sus bienes comunes.
El momento del lanzamiento de “Nuestro Futuro, Nuestra Energía” es oportuno en tanto se suma a muchas otras iniciativas en América Latina y el Caribe que, prácticamente de forma simultánea, buscan la disminución gradual, con mínimos impactos para los sectores más vulnerables, de la explotación de petróleo y gas en la región. Ejemplo concreto de camino hacia una transición energética colectiva y consultada que otros países pueden seguir. Sucede justo después de que el pueblo ecuatoriano hiciera historia el domingo pasado al votar abrumadoramente a favor de dejar el petróleo y el gas bajo tierra en el Parque Nacional Yasuní. Mientras que Colombia lleva dando pasos más decididos, desde el año pasado, con la llegada al poder del presidente Petro, buscando vías para la eliminación de la dependencia fósil en el país.
Nueva medida cautelar contra la exploración offshore
El día de la fecha, organizaciones socioambientales solicitan ante la Justicia Federal una medida cautelar por las falencias que presenta el Estudio de Impacto Ambiental de la perforación que la compañía noruega Equinor tiene autorizada para comenzar en los próximos meses en el pozo Argerich 1 del bloque CAN-100, frente a la costa de Buenos Aires. Esta acción es una nueva cautelar que se realizó en paralelo a la acción existente sobre CAN-100 presentada en enero de 2022, que se encuentra pendiente de resolución por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La acción legal fue presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, junto a Greenpeace Argentina, Ecos de Mar, Surfrider Argentina, Fundación Patagonia Natural, Kula Earth, Asociación de Surf Argentina, Organización Mar, Asociación de Surf Necochea Quequén y la Asociación de General Alvarado de Surf (Miramar).
Esta acción se presenta en simultáneo a la movilización recurrente #Atlanticazo, convocada por diversas organizaciones y la ciudadanía el día 4 de cada mes. Desde las organizaciones argumentan que existe una falta de conocimiento sobre la biodiversidad que habita en el fondo marino a perforar y, por ende, incertidumbre sobre los efectos hacia dicha fauna y flora. “Equinor está yendo a perforar a ciegas un fondo marino que desconocemos casi completamente”, agregaron desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.
La empresa ha omitido o subestimado diferentes impactos de esta actividad, afectando no solo la biodiversidad sino también la relación con los países vecinos, como Uruguay y Brasil, que podrían verse impactados por posibles derrames, de acuerdo a modelados que fueron realizados tomando parámetros meteorológicos promedio y no los peores escenarios en términos climatológicos.
A su vez, la fecha prevista para la realización de la perforación fue modificada mediante una simple autorización donde no se tuvo en cuenta a las diferentes temporadas que corresponden a los ciclos reproductivos, las migraciones de especies y los períodos de alimentación de peces, reptiles y mamíferos marinos que transitan la zona, entre ellos el Monumento Natural de la Nación, la ballena Franca Austral.
Otra falencia detectada en el estudio es que no especifica cuáles serán los elementos químicos utilizados en la perforación y los parámetros que se utilizarán para determinar cuáles se arrojarán al agua, cuáles podrán ser tratados a bordo del buque y cuáles deberán retornar a tierra para remediación y tratamiento.
Las organizaciones también señalan una falta de implementación real y efectiva del Acuerdo de Escazú, tratado internacional de carácter constitucional ratificado en el Congreso y vigente por Ley 27.566. El mismo ampara el acceso a la información y la participación pública en la toma de decisiones vinculadas con el Patrimonio Natural de la Nación.
La presión ejercida sobre la justicia en ocasiones previas resulta notoria. Los intereses corporativos han sido una constante en el ámbito judicial, generando un precedente preocupante y dejando en entredicho su imparcialidad en decisiones cruciales para el ambiente y la sociedad.
Desde las organizaciones firmantes, se insta a la justicia a que esté a la altura de la crisis social y ecológica que atraviesa él país y dé una respuesta pronta y certera sobre este esta cautelar contra la exploración offshore.
Contactos de prensa:
Gonzalo Vergez (Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas) +54 9 223 426-927
Florencia Rodriguez (Prensa de Greenpeace Argentina) +54 9 11 3761-2969
Representantes de diversas organizaciones sociales, ambientales y expertos en energía se reunieron el día de ayer para dialogar sobre los desafíos y oportunidades que presenta la transición ecosocial. El evento contó con la participación de diversas instituciones del campo que se encuentran aportando a los debates en torno a las propuestas de transición energética justa y popular.
La jornada se realizó como parte de la agenda argentina del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur. Contó con la representación de la Fundación Rosa Luxemburgo (Cono Sur), el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Geopolítica y Bienes Comunes (GYBC), Taller Ecologista – Rosario, Observatorio Petrolero Sur, Trama Tierra, Global Gas and Oil Network, y el Centro de Tecnologías Ambientales y Energía de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN).
Durante la jornada se abordaron temas que se encuentran en la agenda de los movimientos sociales y ambientales. Desde el estado actual de la matriz energética nacional hasta la transición ecosocial necesaria para dimensionar sociedades post-fósiles. Las organizaciones aportaron al debate miradas interdisciplinarias sobre la relación entre el Estado, las políticas públicas y leyes existentes, así como alternativas locales y desafíos que existen en todos los niveles para avanzar en estos procesos de transición y transformación.
El evento fortaleció la colaboración entre las organizaciones y avanzó la construcción de consensos y propuestas concretas para abordar los desafíos de la transición ecosocial en la región. En su conclusión, las organizaciones presentes acordaron en la importancia de fortalecer la colaboración del movimiento socioambiental con la academia, los movimientos territoriales, sindicatos, feminismos y movimientos por los derechos humanos.
El colonialismo energético es la pieza central del «Consenso de la Descarbonización»: un nuevo acuerdo capitalista global que apuesta por el cambio de la matriz energética basada en los combustibles fósiles a otra sin (o con reducidas) emisiones de carbono, asentada en las energías «renovables», y que condena a los países periféricos a ser zonas de sacrificio, sin cambiar el perfil metabólico de la sociedad ni la relación depredadora con la naturaleza.
Vivimos un momento decisivo, marcado por un alto nivel de fragilidad e incertidumbre ante la emergencia climática y múltiples riesgos globales y destinos posibles. La narrativa de estabilidad, gobernabilidad nacional y gobernanza mundial creada en las últimas décadas por los actores hegemónicos se ha desmoronado; primero con la crisis de 2008 y luego con la pandemia de covid-19. La imprevisibilidad y la inestabilidad se han convertido en norma ante la secuencia de profundas crisis (sociales, políticas, sanitarias, geopolíticas, económicas y ecológicas) que ya no pueden afrontarse como antes, pues se yuxtaponen y refuerzan mutuamente.
Estamos pasando de las crisis múltiples a una policrisis civilizatoria, esto es, a crisis interrelacionadas que se entrelazan causalmente –producen un daño mayor que la suma de lo que producirían de modo aislado1– y ponen en cuestión el modelo civilizatorio basado en el crecimiento ilimitado, el progreso y el desarrollo. A este escenario se suman el fortalecimiento de la extrema derecha y los autoritarismos, la erosión democrática, el control digital y tecnológico de la vida y el fortalecimiento de la cultura de la guerra, tal como sugiere el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur en su reciente Declaración de Bogotá2.
Con el desarrollo de estas tendencias, en los últimos años la transición socioecológica ha dejado de ser un tema restringido a grupos de activistas y científicos para convertirse en eje central de las agendas políticas y económicas contemporáneas. Sin embargo, surgen aquí dos cuestiones importantes. Primero, frente a la urgencia de la descarbonización, existe una tendencia a reducir la transición socioecológica –cuya comprensión integral debería abarcar los planos energético, productivo, alimentario y urbano– a la transición energética3. La segunda cuestión está asociada al modo en que se lleva a cabo la transición energética y a quién pagará los costos.
La transición energética, impulsada principalmente por grandes empresas, fundaciones y gobiernos del Norte global y países emergentes hacia energías supuestamente «limpias», presiona cada vez más al Sur global. Para que China, Estados Unidos y Europa transiten hacia la desfosilización, se crean nuevas zonas de sacrificio en las periferias mundiales. Hay varios ejemplos de esta dinámica: la extracción de cobalto y litio para la producción de baterías de alta tecnología para los automóviles eléctricos afecta brutalmente al llamado «triángulo del litio» en América Latina y al norte de África; la creciente demanda de madera de balsa –abundante en la Amazonía ecuatoriana– para la construcción de aerogeneradores demandados por China y países europeos destroza comunidades, territorios y biodiversidad; y la nueva puja por megaproyectos de paneles solares e infraestructuras de hidrógeno incrementa aún más el acaparamiento de tierras.
Este proceso empieza a conocerse, en el activismo y en la academia crítica, como «extractivismo verde» o «colonialismo energético»: una nueva dinámica de extracción capitalista y de apropiación de materias primas, bienes naturales y mano de obra, especialmente en el Sur global (aunque no de modo exclusivo), con el propósito de llevar a cabo la transición energética verde.
En este artículo sostenemos que el colonialismo energético es la pieza central de un nuevo consenso capitalista, que definiremos como el «Consenso de la Descarbonización». Se trata de un acuerdo global que apuesta por el cambio de la matriz energética basada en los combustibles fósiles a otra sin (o con reducidas) emisiones de carbono, asentada en las energías «renovables». Su leitmotiv es luchar contra el calentamiento global y la crisis climática, estimulando una transición energética promovida por la electrificación del consumo y la digitalización. Sin embargo, más que proteger el planeta, contribuye a destruirlo, profundizando las desigualdades existentes, exacerbando la explotación de bienes naturales y perpetuando el modelo de comodificación de la naturaleza. Este artículo analiza cómo se produjo el paso de los consensos capitalistas globales previos –el «Consenso de Washington» y el «Consenso de los Commodities»– al «Consenso de la Descarbonización». Asimismo, discute sus principales características, así como las líneas de continuidad y ruptura en un mundo multipolar. Por último, presenta una serie de reflexiones y propuestas en relación con la transición energética, tanto en clave geopolítica como en lo local-territorial.
Del «Consenso de Washington» al «Consenso de la Descarbonización» (pasando por el «Consenso de los Commodities»)
El proceso de liberalización comercial y económica, desregulación, privatizaciones, reducción del Estado y expansión de las fuerzas del mercado en las economías nacionales, iniciado en la década de 1980 y consolidado en los años 90, tomó el nombre de «Consenso de Washington». Conocemos bien la trágica receta: un paquete de reformas que impulsó un fundamentalismo de mercado, encumbrando el neoliberalismo como única alternativa tras la caída del Muro de Berlín. Se trató de un consenso entre actores diversos que promovieron la globalización neoliberal, con especial peso de las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial (bm), el Fondo Monetario Internacional (fmi) y la Organización Mundial del Comercio (omc). A pesar de las diferencias de matiz, se impuso una serie de políticas de ajuste estructural a los países del Sur que fomentaban el libre mercado.
Estas políticas fueron pensadas teniendo a América Latina como referencia y acabaron refrendadas por buena parte de los gobiernos de la región. Sin embargo, los graves efectos ambientales y sociales y las múltiples crisis económicas que generaron en diversos países latinoamericanos sirvieron como base para su crítica política e intelectual. Resistencias, redes y movimientos sociales empezaron a articularse contra los tratados de libre comercio, la globalización neoliberal y sus principales símbolos. Las protestas contra la omc, el bm, el fmi, las campañas contra el Área de Libre Comercio de las Américas (alca) y el Foro Social Mundial fueron procesos claves que articularon la denuncia del «Consenso de Washington» con el intento de generar alternativas y convergencias hacia «otros mundos posibles».
A este ciclo global y regional de protestas se sumaron en el cambio de siglo movilizaciones intensas en países como Argentina (2001), Venezuela (2002) y Bolivia (2003), que impulsaron la emergencia del llamado «ciclo progresista» latinoamericano y de un imaginario posneoliberal. Los progresismos latinoamericanos reivindicaron un papel más prominente del Estado, con políticas sociales focalizadas y, en algunos casos, de redistribución, pero lo hicieron de forma estrechamente articulada al fortalecimiento de los capitales privados multinacionales. Lo que en varios países se vendió como una política win-win, mediante la cual los pobres mejoraban su vida mientras que los ricos seguían enriqueciéndose, fue posible por el ingreso de América Latina en un nuevo orden económico y político-ideológico sostenido por el auge de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo cada vez más demandados por los países centrales y las potencias emergentes como China.
Este nuevo orden, caracterizado por la hegemonía del desarrollo neoextractivista, marcó el tránsito hacia otro tipo de consenso capitalista: el «Consenso de los Commodities»4, visto por actores muy diversos y heterogéneos –desde los más conservadores hasta los progresismos– como una auténtica «oportunidad económica». Las economías latinoamericanas se reprimarizaron y la dinámica de desposesión se acentuó de manera muy violenta, con destrucción de la biodiversidad y expulsión y desplazamiento de poblaciones de sus territorios.
Ante este escenario, se incrementaron la conflictividad social y la resistencia de comunidades y movimientos sociales a la expansión del agronegocio, los megaproyectos de minería a cielo abierto, la construcción de grandes represas hidroeléctricas y la expansión de la frontera petrolera y energética a hidrocarburos no convencionales. Pero las luchas de resistencia contra el desarrollismo neoextractivista, con protagonismo de los movimientos ecoterritoriales, no se limitaron a un repertorio reactivo. Del «no» brotaron muchos «síes» y se empezaron a cultivar alternativas al desarrollo y nuevos horizontes propositivos, como el Buen Vivir, los bienes comunes, la plurinacionalidad, los derechos a la naturaleza y el paradigma de los cuidados.
El final del boom de los commodities a mediados de la segunda década de este siglo coincidió con el cierre de aquel ciclo progresista y el fortalecimiento de las derechas en varios países, en medio de un profundo deterioro de los sistemas políticos y cuestionamiento de los actores sociales y políticos establecidos. Se instaló una fuerte polarización entre los progresismos, que se vieron atacados y se pusieron a la defensiva, y fuerzas conservadoras o reaccionarias que empezaron a marcar la agenda.
La pandemia de covid-19 emerge en este contexto como un acontecimiento crítico global, que permitió acelerar y consolidar cambios geopolíticos que ya venían dándose, como la militarización global, el fortalecimiento de China, la puja interimperial y el incremento de las brechas entre centro y periferia5. A la vez, se abrió una nueva ventana política de discusión acerca de cómo sería el mundo pospandemia. A pesar de la insistencia de sectores dominantes en mantener el business as usual, apostando más por una «vuelta a la normalidad» que a una «nueva normalidad», empezó a ganar terreno también una lógica adaptativa del capitalismo hacia un modelo supuestamente más «limpio» y «ecológico».
Grandes corporaciones transnacionales, instituciones supranacionales y gobiernos, con el aval de numerosas organizaciones y expertos internacionales, empezaron a colocar en el centro de la agenda económica y política la necesidad de una descarbonización de la matriz energética. El Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) se convirtieron en los principales referentes oficialistas con el propósito de generar marcos internacionales compartidos. En el plano nacional, varios países crearon sus Pactos Verdes o Green New Deals e incluso ministerios de Transición Ecológica. Actores supranacionales, como la Comisión Europea, también impulsaron un Pacto Verde Europeo, formulado con el objetivo de ser el primer continente «climáticamente neutro». El discurso «NetZero hacia 2050» empezó así a aparecer en buena parte de los discursos de las colectividades dominantes, incluidas algunas que hace años eran abiertamente negacionistas y ahora empezaron a ofrecer «soluciones climáticas». Es así como emerge el más reciente de los consensos capitalistas: el «Consenso de la Descarbonización».
El «Consenso de la Descarbonización»: características, contradicciones e implicaciones
El «Consenso de la Descarbonización» se basa en un objetivo común de amplia aceptación. Al final, en un mundo herido por el colapso, ¿quién podría oponerse a la descarbonización y la neutralidad climática? El problema principal no es el qué, sino el cómo. La descarbonización es bienvenida, pero no de esta manera. Entre las finalidades de esta descarbonización hegemónica no se encuentran la desconcentración del sistema energético, el cuidado de la naturaleza, mucho menos la justicia climática global, sino otro tipo de motivaciones como la captación de nuevos incentivos financieros, la reducción de la dependencia de algunos países en búsqueda de la seguridad energética, la ampliación de los nichos de mercado o la mejoría de la imagen de las empresas. En otras palabras, si los actores dominantes adoptan esta agenda es porque la entienden como una nueva ventana de oportunidad para el reposicionamiento geopolítico y para la acumulación capitalista, más específicamente, una «acumulación por desfosilización»6 que profundiza la contradicción capital/naturaleza.
En este nuevo consenso, la descarbonización no es vista como parte de un proceso más amplio de cambio del perfil metabólico de la sociedad (en los patrones de producción, consumo, circulación de bienes y generación de desechos), sino como un fin en sí mismo. Aunque se reconoce la gravedad de la emergencia climática, se construyen políticas no solo insuficientes, sino además con gravísimos impactos, dado que se intensifica la explotación de bienes naturales y se mantiene la ideología del crecimiento económico indefinido. Con otra vuelta de tuerca a la retórica de la «sostenibilidad» se abre, por lo tanto, una nueva fase de despojo ambiental del Sur global, que afecta la vida de millones de seres humanos y seres sintientes no humanos; compromete aún más la biodiversidad y destruye ecosistemas estratégicos. El Sur global se convierte de nuevo en un almacén de recursos supuestamente inagotables, de donde se extraen los minerales estratégicos para la transición energética del Norte global, además de ser el destino para los desechos y la contaminación generados por esta nueva «revolución industrial».
El «Consenso de la Descarbonización» moviliza continuamente el discurso de las potencialidades tecnológicas y de la innovación. A la vez, aboga explícitamente por los «negocios verdes», la «financiación climática», las «soluciones basadas en naturaleza», la «minería climáticamente inteligente», los «mercados de carbono» y diversas formas de inversión especulativa. Casi sin solución de continuidad, las políticas de «responsabilidad social» de las empresas extractivas se han convertido en las últimas décadas en políticas de «responsabilidad socioambiental», en un intento de construir una imagen de responsabilidad ecológica que contrasta fuertemente con la realidad. En definitiva, se propone un tipo de transición basada en una lógica fundamentalmente mercantil y con una interfaz hiperdigitalizada, lo que genera nuevas mercancías y formas sofisticadas de control social y territorial.
Como consecuencia, el «Consenso de la Descarbonización» está marcado por el imperialismo ecológico y el colonialismo verde. Moviliza no solo prácticas, sino también un imaginario ecológico neocolonial. Por ejemplo, muchas veces gobernantes y empresas utilizan la idea de «espacio vacío», típica de la geopolítica imperial. Si en el pasado esta idea, que complementa la noción ratzeliana de «espacio vital» (Lebensraum), generó ecocidio y etnocidio indígena –y sirvió luego para promover políticas de «desarrollo» y de «colonización» de los territorios–, hoy se usa para justificar el expansionismo territorial para la inversión en energía «verde». De esta manera, grandes extensiones territoriales en zonas rurales con poca población son vistas como espacios vacíos aptos para la construcción de molinos de energía eólica o plantas de hidrógeno. Estos imaginarios geopolíticos de las transiciones corporativas reproducen las relaciones coloniales, que no solo pueden verse como una imposición de afuera hacia adentro, del Norte hacia el Sur. En muchos casos, lo que está en juego es también una especie de colonialismo verde interno, que forja las condiciones de posibilidad para el avance del extractivismo verde basado en alianzas y relaciones coloniales entre las elites nacionales y las elites globales.
Debemos reconocer asimismo que, en nombre de la «transición verde», el «Consenso de la Descarbonización» también genera presiones sobre los propios territorios del Norte global, tanto en eeuu como en Europa7, con un impacto principal en zonas rurales menos pobladas. Pero nada de ello puede compararse con los impactos y la envergadura que estos procesos tienen en la periferia globalizada. Como señala atinadamente un estudio reciente de Alfons Pérez sobre los Pactos Verdes:
La distribución geográfica de la extracción actual y de las reservas de estas materias primas críticas dibuja un mapa ciertamente diferente al de la extracción de los combustibles fósiles. Mientras el Oriente Medio ha sido el epicentro geoestratégico para el suministro de hidrocarburos, ahora el foco se pone sobre otras zonas del planeta. Las regiones claves para la explotación de estos elementos se concentran en el Sur global y en regiones como África subsahariana, Sudeste asiático, Sudamérica, Oceanía y China.8
A pesar de la búsqueda incesante de esos minerales críticos, la forma y la temporalidad de la implementación del «Consenso de la Descarbonización» desencadenan contradicciones incluso entre sus propios promotores. La exacerbación de conductas y políticas esquizofrénicas –o de double bind [doble vínculo],por utilizar los términos de Gregory Bateson9– parece ser así un signo de la policrisis civilizatoria. Hay quienes, aun reconociendo su importancia, pretenden retrasar la descarbonización y extraer hasta la última gota de petróleo, como es el caso de muchas empresas fósiles y sus lobbies hacia los gobiernos. Un ejemplo fue el presidente Joe Biden que, desdiciéndose de su promesa electoral, aprobó en marzo de 2023 el Proyecto Willow, que permite avanzar en la expansión de la frontera petrolera en el Ártico de Alaska, y pone así en peligro un ecosistema extremadamente frágil y ya castigado por el derretimiento de los hielos debido al calentamiento global. Otro ejemplo viene de la Unión Europea que, mientras busca expandir el Pacto Verde Europeo, optó por regresar al carbón a mediados de 2022, usando como justificación la crisis energética acelerada por la guerra en Ucrania. Así, el gobierno alemán ordenó en enero de 2023 la demolición de una aldea para dar paso a la expansión de una mina de carbón de lignito, el tipo de carbón más contaminante entre los combustibles fósiles. Al mismo tiempo, como parte del plan europeo de recuperación tras la crisis, Alemania presionó a los Estados miembros de la ue para que destinaran parte de esos fondos al desarrollo del hidrógeno verde10.
El tipo de lógica posfósil que promueve el «Consenso de la Descarbonización» conduce, por lo tanto, a una transición corporativa, tecnocrática, neocolonial e insustentable. Numerosas proyecciones alertan sobre el hecho de que, planteada de esta manera, la transición energética es insostenible desde el punto de vista metabólico. El propio bm advertía en 2020 que la extracción de minerales
como el grafito, el litio y el cobalto podría experimentar un aumento de casi 500% de aquí a 2050, para satisfacer la creciente demanda de tecnologías de energía limpia. Se estima que se requerirán más de 3.000 millones de toneladas de minerales y metales para la implementación de la energía eólica, solar y geotérmica, así como el almacenamiento de energía, para lograr una reducción de la temperatura por debajo de los 2 ºC en el futuro.11
Informes más recientes son aún más escalofriantes respecto del aumento del uso de «minerales para la transición». Como sostiene el periodista francés Guillaume Pitron, «cientos de miles de turbinas eólicas, algunas más altas que la torre Eiffel, serán construidas en los próximos años y exigirán enormes cantidades de cobalto, zinc, molibdeno, aluminio, zinc, cromo… entre otros metales»12.
El «Consenso de la Descarbonización» restringe el horizonte de combate contra el cambio climático a lo que la investigadora brasileña Camila Moreno define como la «métrica del carbono»: una forma limitada de cuantificar el carbono solo a partir de las moléculas de co2, que ofrece una especie de moneda para el cambio internacional, lo que genera la ilusión de que se está haciendo algo contra la degradación ambiental13. De esta manera, se encubre el problema de fondo y no solo se sigue contaminando, sino que además se hacen nuevos negocios con la contaminación (a través, por ejemplo, del comercio de compensación de emisiones). Se siguen ignorando los límites naturales y ecológicos del planeta, pues claramente no hay litio ni minerales críticos que alcancen si no se cambian los modelos de movilidad y los patrones de consumo. El hecho en sí de que las baterías de litio, así como los proyectos eólicos y solares, requieran también de minerales (como el cobre, el zinc, entre tantos otros) debería alertarnos sobre la necesidad de realizar una reforma radical del sistema de transporte y del modelo de consumo existente.
Por eso, la transición no puede reducirse únicamente a un cambio de matriz energética que garantice la continuidad de un modelo insustentable. Al proponer una transición energética corporativa de corto alcance, el «Consenso de la Descarbonización» mantiene el patrón hegemónico de desarrollo y acelera la fractura metabólica, con el objetivo de preservar el estilo de vida y el consumo actual, muy especialmente de los países del Norte y los sectores más pudientes a escala global.
Continuidades y rupturas entre los tres consensos capitalistas
Si durante la Guerra Fría la imaginación geopolítica hegemónica hablaba de un mundo bipolar, dividido en dos bloques polarizados ideológicamente, desde la caída del Muro de Berlín se empezó a forjar una imaginación geopolítica hegemónica basada en consensos capitalistas globales. Si observamos el «Consenso de la Descarbonización» en una perspectiva de procesualidad sociohistórica, veremos que entre los tres consensos hegemónicos vigentes en las últimas décadas hay continuidades y rupturas. Entre los puntos de continuidad, se pueden subrayar tres elementos principales. El primero es el discurso de la inevitabilidad, que plantea que no hay alternativa a estos consensos. Esta restricción del mundo de lo posible ha sido perfeccionada a lo largo de las últimas décadas con diferentes repertorios de legitimación social, sea el acceso al consumo por parte de los sectores populares o la retórica de respirar un aire más saludable. Asimismo, el «Consenso de los Commodities» se construyó sobre la idea de que existía un acuerdo sobre el carácter irrevocable o irresistible de la dinámica extractivista, resultante de la creciente demanda mundial de materias primas, cuyo objetivo era cerrar la posibilidad a otras alternativas. De forma similar, el «Consenso de la Descarbonización» pretende instalar hoy la idea de que, dada la urgencia climática, no hay otra transición posible, y de que la única existente y «realista» es la transición corporativa.
En segundo lugar, todos estos consensos suponen una mayor concentración de poder en actores no democráticos (grandes corporaciones, actores financieros y organizaciones internacionales), que socavan cualquier posibilidad de una gobernanza democrática, mucho más en un contexto de «transición». Esto se manifiesta de dos formas principales. Por un lado, se observa en la captura corporativa de espacios de gobernanza. Ámbitos como la Conferencia de Partes (cop) que, como órgano supremo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, deberían ser foros multilaterales para avanzar en la lucha contra el cambio climático, son cada vez más una feria de negocios del capitalismo verde que mantiene las relaciones de poder energético entre el Norte y el Sur. Podemos decir que las cop sirven al «Consenso de la Descarbonización» como la omc servía al «Consenso de Washington» y el «Consenso de los Commodities».
Por otro lado, se manifiesta en la fuerte concentración de poder entre las grandes empresas, desde el inicio hasta el final de las cadenas globales. Si pensamos el caso del litio en Argentina y en Chile, por ejemplo, al final de la cadena global de valor están los gigantes del automóvil (Toyota, bmw, vw, Audi, Nissan, General Motors) y empresas eléctricas, como Vestas y Tesla. 50% de la industrialización de las baterías para las plantas automotrices se concentra en empresas chinas, y el control de la extracción también está dominado por unas pocas empresas: la estadounidense Albemarle, la chilena sqm, la norteamericana Livent Corp, Orocobre de Australia y Ganfeng de China14. A su vez, Chile y Argentina exportan carbonato de litio, un commodity sin valor agregado, y más allá de los anuncios recurrentes acerca de la «industrialización», los países del llamado «triángulo del litio» están muy lejos de controlar la cadena global del mineral, desde los salares hasta las baterías.
En numerosos casos, la extracción de litio avanza sin licencia social, acuerdo o consulta a las comunidades indígenas que habitan esos territorios desde hace milenios y que denuncian el sobreconsumo de agua y sus impactos en el proceso de extracción. En las Salinas Grandes en Jujuy, Argentina, desde 2010, un conjunto de comunidades indígenas (llamadas «las 33 comunidades») rechaza la extracción de litio en sus territorios, exige una consulta previa, libre e informada y defiende una perspectiva holística y ancestral, que integra el territorio, la autonomía, el Buen Vivir, la plurinacionalidad, el agua y la sustentabilidad de la vida. El salar es considerado por los indígenas como «un ser vivo, dador de vida», y ellos tienen como lema «El agua y la vida valen más que el litio», como pudo verse reflejado en el Aerocene Pacha, un globo aerostático sin combustible que el artista argentino Tomás Saraceno elevó en enero de 202015.
En tercer lugar, la búsqueda constante de ampliación de las fronteras capitalistas supone, en todos estos casos, el fomento de megaproyectos tendientes al control, la extracción y la exportación de bienes naturales. Y para ello hay una apuesta clara por garantizar «seguridad jurídica» a los capitales con bases normativas y legales que posibiliten la mayor rentabilidad empresarial. No es inocente, por ejemplo, que en los nuevos tratados bilaterales de comercio que la ue negocia (entre otros, con Chile y México) haya incorporado capítulos de energía y materias primas para garantizar un acceso a los minerales críticos para la transición. La Comisión Europea ha dejado muy claro en la declaración del Pacto Verde Europeo que «el acceso a los recursos es una cuestión de seguridad estratégica para implementar el Pacto Verde» y que es imprescindible «asegurar la oferta de materias primas sostenibles, en particular las necesarias para la tecnología renovable, digital, espacial y de defensa»16. En este contexto, presentó en marzo de 2023 una propuesta de «Reglamento de materias primas críticas», aparentemente destinada a garantizar un suministro seguro y sostenible de tales materias primas17. Sin embargo, como se explica en un informe del Centro de Investigación sobre Empresas Multinacionales (somo, por sus siglas en neerlandés), la estrategia propuesta por la ue no conducirá a un suministro sostenible de minerales críticos para Europa, ya que agravará los riesgos para los derechos humanos y el ambiente, socavará la dinámica económica en los países socios y continuará reforzando el consumo insostenible en los países ricos18.
Más allá de estas líneas de continuidad, hay también novedades. Una característica importante del «Consenso de la Descarbonización» se vincula a la complejidad de las relaciones neocoloniales en un mundo multipolar, marcado por la puja interimperial, donde la geopolítica se transforma en geoeconomía y colonialismos múltiples. No es solo la ue, carente de los minerales críticos, la que busca acceso directo a ellos. China, pese a contar con estos minerales, se encuentra muy bien posicionada en el Sur global, donde desde hace casi dos décadas viene realizando inversiones muy agresivas en los sectores extractivos estratégicos, manteniendo un tipo de relación distinta de las que establecen eeuu y Europa19. Una de las particularidades de la nueva dependencia que se genera entre China y los países latinoamericanos, de los que en casi todos los casos es el primer socio comercial, es que si bien sus inversiones apuestan al largo plazo y se ubican en diferentes sectores (agronegocios, minería, petróleo, infraestructura ligada a actividades extractivas), en términos de transferencias tecnológicas –muy particularmente en relación con la transición verde– se tiende a usar tecnología china de punta, lo cual incluye también, a veces, mano de obra de ese país20. La puja interimperial se completa con eeuu. Aunque estos temas parecen estar ausentes en las declaraciones del Departamento de Estado, en varias oportunidades la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, ha dejado claro el interés estratégico de América del Sur para su país (en lo que concierne al agua, petróleo, litio, entre otros)21. Por último, agreguemos que Rusia, como actor tendencialmente hegemónico en un mundo multipolar, está lejos de tener el alcance de las potencias antes mencionadas en el campo de disputa por la transición energética.
Otro elemento distintivo significativo entre estos tres consensos es el rol del Estado. Sabemos que el «Consenso de Washington» estuvo marcado por una lógica de Estado mínimo y el «Consenso de los Commodities» sostuvo un Estado moderadamente regulador, pero en estrecha alianza con el capital transnacional. Por su parte, el «Consenso de la Descarbonización» parece inaugurar la emergencia de un tipo de neoestatismo planificador –en algunos casos, más cercano a un Estado ecocorporativo– que busca aunar transición verde con la promoción de los fondos privados y la financiarización de la naturaleza. De esta manera, las transiciones ecológicas impulsadas por las instituciones gubernamentales y por el Estado tienden a aproximarse, facilitar y fundirse con las transiciones corporativas, en una dinámica de sumisión del sector público a los intereses privados. Sin embargo, en algunos casos en que se dan ciclos intensos de movilización social, el Estado puede tratar de recuperar una cierta autonomía relativa, promoviendo transiciones ecosociales que fomenten la descentralización y la desconcentración del poder corporativo.
Asimismo, aunque tanto el «Consenso de los Commodities»como el «Consenso de la Descarbonización» implican una lógica extractivista, los productos y minerales requeridos se han ampliado. En el primer caso, son sobre todo productos alimenticios, hidrocarburos y minerales como el cobre, el oro, la plata, el estaño, la bauxita y el zinc, mientras que en el segundo, además de los minerales mencionados, el foco del interés recae en los llamados minerales críticos para la transición energética como el litio, el cobalto, el grafito, el indio, entre otros, y las tierras raras. En ambos casos, la extracción y la exportación de materias primas tienen consecuencias catastróficas en términos de destrucción ecológica y generación de dependencia. Sin embargo, como argumenta la socióloga alemana Kristina Dietz22, un aspecto clave que diferencia el extractivismo verde del neoextractivismo es el discurso utilizado para legitimar el primero, ya que los actores que lo promueven afirman que es sostenible y que es la única vía posible para hacer frente a la emergencia climática.
Descarbonizar sí, pero con justicia geopolítica
Para que la descarbonización pueda salir de esta lógica perversa, es necesario descomodificarla y descolonizarla a partir de una contestación estructural. Cualquier hipótesis de transición ecosocial justa e integral debe enfrentar este desafío y no puede anclarse solo en lo local –como muchas veces ocurre–, sino que debe considerar también el nivel geopolítico como prioritario. Esto implica incorporar el imperativo del decrecimiento por parte del Norte global, así como la deuda ecológica que este tiene con los pueblos del Sur, buscando generar puentes entre los actores y diagnósticos críticos en pos de una justicia ecológica global.
El Norte global debe comenzar a decrecer urgentemente en varios ámbitos: en términos de consumo, de reducción de la esfera de mercantilización, de desmaterialización de la producción, de transporte y de reparto de horas de trabajo. Aunque en buena parte de las propuestas decrecentistas los factores mencionados aparecen articulados a una lógica de redistribución social, la «desmaterialización» –esto es, la reducción en la intensidad del uso de materias primas y energía– es inexorable. Si bien es una responsabilidad prioritaria del Norte global, esto no significa que sea «solo una cosa del Norte», como muchas veces se sostiene en el debate público, y que el Sur tenga que reivindicar su «derecho al desarrollo», pues son el llamado desarrollo y la lógica del crecimiento insostenible lo que hoy nos empuja al colapso.
El decrecimiento es una exigencia de justicia global, en el marco de un planeta ya dañado. Además, como vienen advirtiendo varios referentes del decrecimiento (tales como Giorgos Kallis, Federico Dimaria y Jason Hickel, entre otros), la progresiva reducción del metabolismo social se traduciría en una menor presión sobre los bienes naturales y los territorios del Sur, lo que abriría un «espacio conceptual»23 en el Sur global necesario para transitar hacia el posextractivismo. Como afirma Hickel, «el decrecimiento es una exigencia de descolonización. Los países del Sur deben ser libres para organizar sus recursos y su trabajo en torno de la satisfacción de las necesidades humanas y no en torno del servicio del crecimiento del Norte»24.
El complemento del decrecimiento no puede ser otro que el pago de la deuda ecológica a los pueblos y países del Sur. En términos contables, la deuda climática no es más que una línea en el balance de una deuda ecológica más amplia. Así, la deuda ecológica podría entenderse como la obligación y responsabilidad que los países industrializados del Norte tienen con los países del Sur, por el expolio y el usufructo de sus bienes naturales (petróleo, minerales, bosques, biodiversidad, bienes marinos), a costa de la energía humana de sus pueblos y de la destrucción, devastación y contaminación de su patrimonio natural y de sus propias fuentes de subsistencia25.
La deuda ecológica está, además, estrechamente vinculada a la deuda externa. La sobreexplotación de los recursos naturales se intensifica cuando las relaciones comerciales empeoran para las economías extractivas, que tienen que hacer frente a los pagos de la deuda externa y financiar las importaciones necesarias26. La presión que los centros capitalistas ejercen sobre la periferia para extraer recursos naturales se agrava en el contexto de la deuda externa. El imperativo de crecimiento de los países ricos tiene como contrapartida el «mandato exportador» del Sur27, que en los países capitalistas periféricos aparece asociado a la necesidad de pagar la deuda externa y sus intereses, lo que renueva un círculo interminable de desigualdad. Esto sucede hoy en día en Argentina, país que arrastra una deuda externa (contraída por el gobierno neoliberal de Mauricio Macri entre 2015 y 2019) que lo incapacita para pensar cualquier alternativa de cambio que no sea otra que expandir las fronteras del neoextractivismo, para obtener los dólares que alivien los pagos de los intereses de la deuda externa con el fmi.
Desde hace décadas existen numerosas y recurrentes iniciativas que exigen una reparación integral por las responsabilidades históricas y que articulan también explícitamente deuda ecológica con deuda externa. Este fue el caso de la campaña ¿Quién debe a quién? que, en pleno auge del movimiento alterglobalización en el cambio de siglo, exigía la cancelación de la deuda externa y el pago de la deuda ecológica. Además de la denuncia del carácter ilegítimo de la deuda externa, se buscaba sensibilizar a la población del Norte global sobre la responsabilidad en la deuda ecológica28. Más recientemente, el 27 de febrero de 2023, el movimiento Deuda por Clima lanzó una invitación para reunirse con representantes de los países más afectados por la intersección de la crisis climática y la deuda, con el fin de discutir la condonación de la deuda del Sur global y permitir así una transición justa. Ese día se celebraba el 70o aniversario del Acuerdo de Londres por el que Alemania recibió una quita de 50% de la deuda que había acumulado antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Algunos de los países que permitieron a Alemania experimentar su llamado «milagro económico», gracias a esta condonación, hoy están fuertemente endeudados. Sin embargo, Alemania obstaculiza cualquier medida progresiva para aliviar a esos países de su pesada carga de la deuda mientras que, al mismo tiempo, están experimentando las devastadoras consecuencias de la crisis climática (como Bangladesh).
Según el economista Alberto Acosta, si esto fue posible para Alemania, en un contexto de posguerra, ¿por qué no lo sería para los países del Sur, en un escenario de pospandemia y de emergencia climática? El Acuerdo de Londres nos ofrece, además, una lista de temas a considerar para enfrentar la deuda externa: capacidad de pago, condonaciones sustanciales de la deuda, reducción significativa de las tasas de interés, transparencia en las negociaciones para determinar los beneficios de las partes, cláusulas de contingencia, esquemas de manejo de disputas y la posibilidad de un arbitraje justo y transparente, entre muchos otros. Para avanzar en la búsqueda de soluciones duraderas, es necesario, aunque no suficiente, reclamar la condonación de las deudas, auditorías ciudadanas y la atención a las reiteradas denuncias de tanta violencia y corrupción vinculadas a la deuda externa29. En suma, una reconfiguración del sistema financiero internacional que deje claro que ningún país se salva solo, algo que no surgirá de forma espontánea, sino que requiere de una reactivación de las articulaciones internacionalistas que conecten el Norte y el Sur global en un escenario de policrisis civilizatoria.
En este marco, el decrecimiento y el posextractivismo son dos perspectivas complementarias, de carácter multidimensional, que permiten crear puentes internacionalistas y Norte-Sur alrededor de una transición ecosocial integral. Ambos formulan una crítica a los límites ecológicos del planeta y enfatizan la insustentabilidad de los modelos de consumo imperial y la profundización de las desigualdades sociales. Asimismo, son conceptos-horizonte que constituyen un punto de partida para construir herramientas de cambio y alternativas civilizatorias, basadas en otro régimen socioecológico, diferente del economicista y del pragmatismo de ciertos ambientalismos de ocasión, capaz de transitar en clave de justicia climática hacia un horizonte de transformación ecosocial.
Construir transiciones ecosociales justas, populares y territorializadas
A diferencia de lo que propone el «Consenso de la Descarbonización», la energía debe ser pensada como un derecho y la democracia/soberanía energética, como un horizonte para el sostenimiento del tejido de la vida. La justicia ecosocial debe encaminarse a eliminar la pobreza energética y desmontar las relaciones de poder. En un horizonte de transición energética justa, hay que dejar los combustibles fósiles bajo tierra e ir «desescalando» los procesos de explotación hidrocarburífera, como nos sugieren las compañeras de la organización Censat Agua Viva de Colombia, lo cual implica una ruptura de sentido para resignificar la naturaleza.
Hay cada vez más voces que, afortunadamente, buscan desenmascarar el «Consenso de la Descarbonización», argumentando que la transición energética no puede hacerse a costa del agua, los ecosistemas y los pueblos30. A la vez, muestran que las transiciones ecosociales justas no son ni pueden ser una proyección de futuro, sino que están ocurriendo en el presente, en la experiencia cotidiana de múltiples territorios urbanos y rurales, en el Norte y en el Sur. Como consecuencia, el desafío no consiste tanto en construir nuevas utopías y narrativas ecoutópicas para un mundo que nos gustaría vivir, sino en ampliar, reconocer y potenciar estas prácticas, impulsadas por comunidades, organizaciones y movimientos sociales diversos, que ya existen y prefiguran alternativas societarias.
Las transiciones ecosociales populares y territoriales se anclan, por lo tanto, en experiencias concretas que, aunque locales, pueden ampliarse, conectarse e inspirar otras realidades. Presentan diversos ejes estratégicos que se retroalimentan: la energía (comunitaria), la alimentación (agroecología y soberanía alimentaria), la producción y el consumo (estrategias de desrelocalización y prácticas posextractivistas de economía social y solidaria, agricultura urbana), trabajo y cuidados (redes de cuidados y sociabilidades anticapitalistas), infraestructuras (vivienda, movilidad, etc.), cultura y subjetividad (cambio cultural y de mentalidad), disputa política y normativa (generación de nuevos imaginarios políticos relacionales vinculados a los derechos territoriales y de la naturaleza, la ecodependencia, los ecofeminismos, las múltiples dimensiones de la justicia y la ética interespecie).
Estas propuestas entienden que las transiciones ecosociales no pueden restringirse únicamente a cuestiones climáticas y energéticas, como es habitual en el tipo de transición dominante, sino que deben tener un carácter holístico e integral. Reivindican una transformación estructural del sistema energético, pero también del modelo productivo y urbano, así como de los vínculos con la naturaleza: desconcentrar, desprivatizar, desmercantilizar, descentralizar, despatriarcalizar, desjerarquizar, reparar y sanar31. Además, se persigue un concepto de justicia integral que trascienda la visión limitada de las transiciones corporativas: lo social no puede separarse de lo ambiental; y la justicia social, ambiental, étnica, racial y de género son también indisociables.
Lejos de romantizar las experiencias de transición ecosocial justa, es fundamental entender sus contradicciones, dificultades y obstáculos internos y externos. En este registro, la multiescalaridad y las mediaciones políticas son elementos claves. Por ejemplo, no es lo mismo una alternativa ecosocial restringida a pequeñas comunidades y lugares específicos, que no se relacionan con otras experiencias, que experiencias localizadas, pero no localistas, que buscan construir articulaciones y sentidos más allá de su propio territorio. En un contexto de desglobalización gradual, la tentación de una fuerte desconexión es pujante. Pero para que las transiciones justas progresen, necesitamos la creación de bloques regionales fuertes, así como avanzar en la dirección de un Estado ecosocial.
La crisis ecológica y climática está introduciendo nuevos riesgos, en su mayoría con daños irreversibles, que afectan de forma desigual a la población. Como señala el economista Rubén Lo Vuolo, necesitamos superar la lógica de un Estado que repara daños para construir un Estado capaz de prevenirlos. Debe pensarse la distribución independientemente del crecimiento. Un Estado ecosocial debería buscar un mecanismo de protección social que sea lo más universal posible. Antes que garantizar una jubilación (a aquellos que realizaron aportes durante años), hay que apuntar a un ingreso universal o renta básica, para transitar de un Estado compensatorio a un Estado preventivo, preocupado más por las necesidades de los pueblos que por los intereses de las corporaciones32.
Sin movilización social constante, coordinada y masiva, eso difícilmente ocurrirá. No se trata solo de juntar movimientos por el clima o de repensar el ambientalismo, sino además de integrar una multiplicidad de luchas que no siempre se han conectado entre sí, pero que en los últimos años tienden a adherir progresivamente al paradigma de las transiciones justas, contribuyendo a avanzar en sus diferentes dimensiones: movimientos feministas, antirracistas, campesinos, indígenas, animalistas, sindicales, de economía popular y solidaria, entre otras. Lejos de las salidas individualistas que se desprenden del «Consenso de la Descarbonización», esto permite comprender que la salida es colectiva; que no es solo técnica, sino profundamente política. Esta es la clave para generar procesos de confluencia y de liberación cognitiva que nos permitan percibirnos como sujetos valiosos, aunque no únicos, en la construcción urgente y necesaria de una historia interespecie que merezca ser vivida.
1. Michael Lawrence, Scott Janzwood y Thomas Homer-Dixon: «What is a Global Polycrisis? And How Is It Different from a Systemic Risk?», informe para discusión, Cascade Institute, 9/2022.
3. M. Svampa y Pablo Bertinat (eds.): La transición energética en la Argentina. Una hoja de ruta para entender los proyectos en pugna y las falsas soluciones, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2022.
4. M. Svampa: «‘Consenso de los Commodities’ y lenguajes de valoración en América Latina» en Nueva Sociedad No 244, 3-4/2013, disponible en nuso.org.
5. B. Bringel y Geoffrey Pleyers (eds.): Alerta global. Políticas, movimientos sociales y futuros en disputa en tiempos de pandemia, Clacso, Buenos Aires, 2020.
6. Este concepto ha sido acuñado por el Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes de la Universidad de Buenos Aires. V., entre otros, «El litio y la acumulación por desfosilización en Argentina» en M. Svampa y P. Bertinat (eds.): La transición energética en Argentina, cit.
7. Thea Riofrancos: «Por qué relocalizar la extracción de minerales críticos en el Norte global no es justicia climática» en Viento Sur, 8/3/2022.
8. A. Pérez: Pactos verdes en tiempos de pandemias. El futuro se disputa ahora, Observatori del Deute en la Globalització / Libros en Acción / Icaria, Barcelona, 2021, p. 62.
9. G. Bateson: Steps to an Ecology of Mind, Chandler, San Francisco, 1972.
10. Etienne Beeker: «¿Hacia dónde va la transición energética alemana?» en Agenda Pública, 15/2/2023.
11. Banco Mundial: Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition, BM, Washington, DC, 2020.
12. G. Pitron: «El impacto de los metales raros. Profundizando en la transición energética» en Green European Journal, 5/2/2021.
13. C. Moreno, Daniel Speich Chassé y Lili Fuhr: A métrica do carbono: abstrações globais e epistemicídio ecológico, Fundação Heinrich Böll, Río de Janeiro, 2016.
14. Melisa Argento, Ariel Slipak y Florencia Puente: «Cambios en la normativa de explotación y creación de una empresa 100% estatal», Serie Políticas y Líneas de Acción, Clacso, 2021.
19. M. Svampa y A. Slipak: «Amérique Latine, entre vieilles et nouvelles depéndances: le rôle de la Chine dans la dispute (inter)hégémonique» en Hérodote. Revue de Géographie et de Géopolitique vol. 2018/4 No 171, 2018.
20. M. Argento, A. Slipak y F. Puente: ob. cit.
21. Camilo Solís: «Laura Richardson: la jefa del Comando Sur de EEUU que pretende el litio sudamericano y que cierren Russia Today y Sputnik» en Interferencia, 6/6/2023.
22. K. Dietz: «Transición energética y extractivismo verde», Serie Análisis y Debate No 39, Fundación Rosa Luxemburgo, Oficina Región Andina, Quito, 9/2022. V. artículo en este número, p. 108.
23. F. Demaria: «Decrecimiento: una propuesta para fomentar una transformación socioecológica profundamente radical» en Oikonomics No 16, 11/2021. Vale aclarar que mientras en Europa el debate sobre el decrecimiento ha desbordado el campo militante, abandonando su carácter «abstracto», para ir permeando los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (que cuestionan la lógica del crecimiento económico), metiéndose cada vez más en la discusión política institucional de la UE, en EEUU, por el contrario, este continúa siendo tabú, incluso dentro de los ámbitos ecosocialistas, poco propensos a retomarlo en los debates sobre la transición ecosocial.
24. J. Hickel: «The Anti-Colonial Politics of Degrowth» en Resilience, 4/5/2021.
25. «Alerta verde No 78: ¡No más saqueo, nos deben la deuda ecológica!» en Ecología Política No 18, 1999.
26. M. Svampa y E. Viale: «De la ceguera ecológica a la indignación colectiva» en ElDiarioAR, 14/5/2023.
27. Francisco Cantamutto y Martín Schoor: «América Latina y el mandato exportador» en Nueva Sociedad edición digital, 6/2021, disponible en nuso.org.
28. Joan Martínez Alier y Arcadi Oliveres: ¿Quién debe a quién? Deuda ecológica y deuda externa, Icaria, Barcelona, 2010.
29. A. Acosta: «Un aniversario histórico, 70 años del Acuerdo de Londres. ¿Por qué es un imposible para los países del sur?» en Ecuador Today, 23/2/2023.
31. V. a este respecto los trabajos de Pablo Bertinat y la Declaración de Bogotá del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur.
32. R. Lo Vuolo: «Crisis climática y políticas sociales. Del Estado de Bienestar al Estado Eco-Social», Serie Documentos de Trabajo CIEPP No 111, 12/2022.
La fundación Avatar se comprometió a acompañar a las comunidades originarias que resisten el avance de la industria del litio sin consulta previa a las comunidades.
Buenos Aires, sábado 10 de junio de 2023
El director de cine James Cameron -luego de su encuentro con Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy- solicitó reunirse con las comunidades de los pueblos originarios de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc, para enterarse de las luchas y las resistencias ante el avance de las empresas de litio. Verónica Chávez, representante de la Comunidad Santuario Tres Pozos, llevó al director el mensaje de las comunidades de la Cuenca que defienden el agua y la vida, en tensión contra los proyectos de litio que avanzan ilegalmente en la zona. Luego de que ella le contara cómo es la vida de las comunidades en la cuenca, los dos coincidieron en el rol vital que tienen las Salinas en su modo de vida milenario, en el respeto las tradiciones ancestrales y cuidado del territorio:
“En el territorio de las Salinas Grandes vivieron nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, respetando sus vicuñas, sus plantas, y sus ojos de agua. Nosotros queremos cuidar la Mamita Pacha de la misma manera, para las nuevas generaciones, nuestros hijos, nietos y bisnietos“.
El director visiblemente conmovido, admitió que era la primera vez que tomaba conocimiento y contacto con las comunidades que habitan la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. También reconoció que al recibir la invitación por parte del gobierno provincial de Jujuy a conocer proyectos de energía solar y sustentabilidad, no le habían informado de la existencia de comunidades indígenas que resisten la explotación del litio. Dijo estar realmente honrado de conocerla y que el encuentro lo inspiró a aprender más acerca de la lucha de los pueblos originarios de la región.
James Cameron se disculpó frente a Verónica y a todas las comunidades por no haberlas contactado previamente y al expresar su deseo de recorrer el territorio afectado, y prometió visitar pronto a las comunidades de la cuenca. El director brindó su apoyo personal a la defensa del territorio y la vida. También el compromiso futuro de la Fundación Avatar para contribuir en defensa de las comunidades originarias que resisten el avance de la industria en la zona, en contra de la voluntad y sin consulta alguna con las comunidades.
Con respecto al derecho a la consulta libre, previa e informada, Verónica le relató a James Cameron cómo el consentimiento debe ser aprobado de manera colectiva con todas las Comunidades, y no mediante el consentimiento individual de Comunidades aisladas. Relató algunas de las prácticas del gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, que consisten en otorgar beneficios a algunas comunidades y negárselos a otras. James Cameron entendió lo irregular y peligroso de esta situación. Y compartió que ya había visto este tipo de prácticas en otros países, como el caso del pueblo originario Xingú, en territorio brasilero.
Verónica le obsequió una bufanda de lana de llama confeccionada en su comunidad que Cameron agradeció y, expresó que se sentía bendecido de haber conocido a Verónica. El director le confesó que estaba impresionado por la luminosidad y transparencia que ella transmite. La comunera Verónica quedó satisfecha con el encuentro y el compromiso de Cameron con la lucha de las Comunidades.
Desde el año 2011 las comunidades de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc denuncian que las perforaciones realizadas por las empresas mineras de litio provocan graves consecuencias sobre el sistema salino. Esto afecta la provisión de agua y su derecho a habitar su territorio ancestral y a una vida digna.
En el marco de un intento de reformar la Constitución Provincial de Jujuy, los pueblos y comunidades se han organizado en defensa del agua, los salares y el territorio como bienes comunes. Exigen que se resguarde la garantía de los derechos humanos, sociales, económicos, culturales, políticos, indígenas, ancestrales y ambientales que tienen quienes habitan todos los territorios.
Desde el año 2020 que declaran a la Cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc “Patrimonio Natural, Cultural y Ancestral de los Pueblos originarios y zona Libre de megaminería, de minería de Litio y de cualquier otro proyecto extractivo que dañe a la Pachamama y atente contra las formas de la vida”.
Un llamamiento a líderes, instituciones y nuestros hermanos y hermanas
Les invitamos a respaldar esta propuesta con su firma:AQUÍ
Manifiesto de los Pueblos del Sur – A más de dos años después del estallido de la pandemia de COVID-19, a lo que se suman las catastróficas consecuencias de la invasión rusa de Ucrania, vemos surgir una «nueva normalidad». Este nuevo statu quo global refleja un empeoramiento de varias crisis: social, económica, política, ecológica, biomédica y geopolítica. Se acerca el colapso ambiental. La vida cotidiana se ha militarizado cada vez más. El acceso a buenos alimentos, agua potable y atención médica asequible se ha vuelto aún más restringido. Más gobiernos se han vuelto autocráticos. Los ricos se han vuelto más ricos, los poderosos más poderosos y la tecnología no regulada solo ha acelerado estas tendencias.
Los motores de este statu quo injusto —el capitalismo, el patriarcado, el racismo, el colonialismo, las relaciones depredadoras con la naturaleza y diversos fundamentalismos— están agravando la situación. Por lo tanto, debemos debatir e implementar urgentemente nuevas visiones de transición y transformación ecosocial que sean justas respecto al género, regenerativas y populares, que sean a la vez locales e internacionales.
En el presente Manifiesto por una Transición Energética Justa y Popular de los Pueblos del Sur, sostenemos que los problemas del Sur Global geopolítico son diferentes de los del Norte Global y de las potencias emergentes como China. Un desequilibrio de poder entre estas dos esferas no solo persiste debido a un legado colonial, sino que se ha profundizado debido a una economía global neocolonial. En el contexto del cambio climático, de la creciente demanda de energía y la pérdida de biodiversidad, los centros capitalistas han aumentado la presión para extraer la riqueza natural y depender de la mano de obra barata de los países de la periferia. No sólo sigue vigente el conocido paradigma extractivo, sino que la deuda ecológica del Norte con el Sur va en aumento.
Lo nuevo de este momento actual es la ‘transición energética’ del Norte a las energías limpias, que han ejercido aún más presión sobre el Sur Global para producir cobalto y litio para la producción de baterías de alta tecnología, madera de balsa para turbinas eólicas, brindar superficies de tierra para grandes conjuntos de paneles solares y nuevas infraestructuras para megaproyectos de hidrógeno. Esta descarbonización para los ricos, un proceso orientado a la exportación impulsado por las grandes corporaciones, se asienta sobre una nueva fase de despojo ambiental del Sur Global que afecta la vida de millones de mujeres, hombres y niños, sin mencionar la vida no humana. Las mujeres, especialmente en sociedades agrarias, están entre las más afectadas. De esta forma, el Sur Global se ha convertido nuevamente en una zona de sacrificio, un almacén de recursos supuestamente inagotables, para los países del Norte.
Una prioridad para el Norte Global ha sido asegurar las cadenas de suministro globales, especialmente de materias primas críticas, y evitar que ciertos países, como China, monopolicen el acceso. Los ministros de comercio del G7, por ejemplo, recientemente abogaron por una cadena de suministro ‘responsable, sostenible y transparente’ para minerales críticos a través de políticas de cooperación internacional y finanzas, que incluye el comercio de bienes y servicios ambientales en el marco de la OMC. El Norte Global ha presionado para que se firmen más acuerdos comerciales y de inversión con el Sur Global para satisfacer su necesidad de recursos, en particular aquellos que son parte integral de la ‘transición energética’. Estos acuerdos, diseñados para reducir las barreras al comercio y la inversión, protegen e incrementan el poder y los derechos de las corporaciones al someter a los estados a posibles juicios legales, de acuerdo con los mecanismos de arbitraje para controversias entre inversores y estados (ISDS, por sus siglas en inglés). El Norte Global está utilizando estos acuerdos para controlar la transición energética y generar un nuevo colonialismo verde.
Mientras tanto, los gobiernos del Sur han caído en la trampa de la deuda, tomando dinero prestado para construir industrias y agricultura a gran escala para abastecer al Norte. Para pagar estas deudas, los gobiernos se han sentido obligados a extraer aún más recursos del suelo, creando un círculo vicioso de desigualdad y destrucción. Hoy, el imperativo de ir más allá de los combustibles fósiles, sin ninguna reducción significativa en la producción o el consumo en el Norte, solo ha aumentado la presión para explotar estos recursos naturales. Además, a medida que avanza con sus propias transiciones energéticas, el Norte no ha ofrecido más que palabras respecto a su responsabilidad de abordar su histórica y creciente deuda ecológica con el Sur.
Pequeños cambios en la matriz energética no son suficientes. Todo el sistema energético debe transformarse, desde la producción y distribución hasta el consumo y la disposición de residuos. La sustitución de coches de combustión interna por vehículos eléctricos es insuficiente, pues es necesario cambiar todo el modelo de transporte individualista, reduciendo el consumo de energía y promoviendo opciones de movilidad colectiva y pública sostenible.
De esta manera, las relaciones deben volverse más equitativas no solo entre los países del centro y la periferia, sino también dentro de los países, entre la élite y el pueblo. Las élites corruptas del Sur Global también han colaborado en este sistema injusto lucrando con la extracción, reprimiendo a quienes defienden los derechos humanos y de la naturaleza y perpetuando la desigualdad económica.Más que solo tecnológicas, las soluciones a estas crisis interrelacionadas son sobre todo políticas.
Como activistas, intelectuales y organizaciones de diferentes países del Sur, hacemos un llamado a las y los agentes de cambio de diferentes partes del mundo a comprometerse con una transición ecosocial radical, democrática, con justicia global, justicia de género, intercultural, regenerativa y popular que transforme tanto el sector energético como las esferas industrial y agrícola, que dependen de insumos energéticos a gran escala. Según los diferentes movimientos por la justicia climática, “la transición es inevitable, pero la justicia no”.
Todavía estamos a tiempo de iniciar una transición justa y democrática, que desmonte las relaciones (neo-)coloniales entre Norte y Sur Globales. Podemos alejarnos del sistema económico neoliberal en una dirección que sustente la vida, combine la justicia social con la justicia ambiental en lugar de ponerlas a competir entre sí, reúna valores igualitarios y democráticos con una política social holística y resiliente, y restablezca un equilibrio ecológico necesario para un planeta sano. Pero para eso necesitamos más imaginación política y más visiones utópicas de otra sociedad socialmente justa y respetuosa tanto de la diversidad como de nuestra casa común planetaria.
La transición energética debe ser parte de una visión integral que aborde la desigualdad radical en la distribución de los recursos energéticos y promueva la democracia energética. Debería restar importancia a las instituciones a gran escala (agricultura corporativa, grandes empresas de energía), así como a las soluciones basadas en el mercado. En cambio, debería fortalecer la resiliencia de la sociedad civil y las organizaciones sociales. Por lo tanto, desde el presente Manifiesto, establecemos los siguientes ocho puntos:
Alertamos que una transición energética liderada por megaproyectos corporativos, provenientes del Norte Global y aceptados por numerosos gobiernos del Sur, implica la ampliación de las zonas de sacrificio en todo el Sur Global, la persistencia del legado colonial, el patriarcado y la trampa de la deuda. La energía es un derecho humano elemental e inalienable, y la democracia energética debe ser nuestro objetivo.
Llamamos a los pueblos del Sur a rechazar las falsas soluciones que vienen con nuevas formas de colonialismo energético, ahora en nombre de una transición ‘verde’. Hacemos un llamado explícito a continuar la coordinación política entre los pueblos del Sur y al mismo tiempo a buscar alianzas estratégicas con sectores críticos del Norte.
Para mitigar los estragos de la crisis climática y avanzar en una transición ecosocial justa y popular, exigimos el pago de la deuda ecológica. Esto significa, ante la responsabilidad desproporcionada del Norte Global por la crisis climática y el colapso ecológico, la implementación real de un sistema de compensación al Sur global. Este sistema debe incluir una considerable transferencia de fondos y tecnología apropiada, y debe conllevar la cancelación de la deuda soberana para los países del Sur. Apoyamos una política de reparaciones por las pérdidas y daños sufridos por pueblos indígenas, grupos vulnerables y comunidades locales debido a proyectos de minería, grandes represas y energía sucia. También apoyamos las luchas para legalizar y restituir los territorios colectivos de los pueblos indígenas en todo el mundo.
Rechazamos la ampliación de la frontera hidrocarburífera en nuestros países —a través del fracking y proyectos offshore— y repudiamos el hipócrita discurso de la Unión Europea, que recientemente declaró al gas natural y a la energía nuclear como “energías limpias”. Como ya se planteó en la Iniciativa Yasuní en Ecuador en 2007, siendo una idea que hoy es apoyada por muchos sectores y organizaciones sociales, apostamos por dejar los combustibles fósiles bajo tierra y a generar las condiciones sociales y laborales necesarias para abandonar el extractivismo y transitar hacia un futuro post combustibles fósiles.
De manera similar, rechazamos el colonialismo verde bajo la forma de acaparamiento de tierras para parques solares y eólicos, la extracción indiscriminada de minerales críticos y la promoción de «soluciones» tecnológicas como el hidrógeno azul, verde y gris. El cercamiento, la exclusión, la violencia, la invasión y el atrincheramiento han caracterizado las relaciones energéticas Norte-Sur pasadas y actuales y no son aceptables en una era de transiciones ecosociales.
Exigimos la protección efectiva de los y las defensoras de la naturaleza y los derechos humanos, en particular los pueblos indígenas y las mujeres que están en la primera línea de la resistencia al extractivismo.
La eliminación de la pobreza energética en los países del Sur debe estar entre nuestros objetivos fundamentales, así como de la pobreza energética de partes del Norte Global, a través de proyectos de energía renovable alternativos, descentralizados y distribuidos equitativamente que sean propiedad de las comunidades y sean operados por ellas mismas.
Denunciamos los acuerdos comerciales internacionales que penalizan a los países que quieren frenar la extracción de combustibles fósiles. Debemos detener el uso de acuerdos comerciales y de inversión controlados por corporaciones multinacionales que, en última instancia, promueven una mayor extracción y refuerzan un nuevo colonialismo.
Nuestra alternativa ecosocial se basa en innumerables luchas, estrategias, propuestas e iniciativas comunitarias. Nuestro Manifiesto se conecta con la experiencia vivida y las perspectivas críticas de los campesinos, los pueblos indígenas y otras comunidades locales, mujeres y jóvenes en todo el Sur Global. Se inspira en el trabajo realizado sobre los derechos de la naturaleza, buen vivir, vivir sabroso, sumak kawsay, ubuntu, swaraj, los comunes, la economía de los cuidados, la agroecología, la soberanía alimentaria, el postextractivismo, el pluriverso, la autonomía y la soberanía energética. Sobre todo, hacemos un llamado a una transición ecosocial radical, democrática, popular, con justicia de género, regenerativa e integral.
Este Manifiesto propone una plataforma dinámica que invita a unirse a nuestra lucha compartida por la transformación ayudando a crear visiones y soluciones colectivas.
Les invitamos a respaldar esta propuesta con su firma:AQUÍ