Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas (AAdeAA) celebramos el reciente fallo de la Corte de Justicia de Catamarca que hace parcialmente lugar a una acción de amparo en defensa de las poblaciones, la naturaleza y los bienes comunes en el territorio de Antofagasta de la Sierra. Los daños irreparables que produce la minería de litio en el Salar de Hombre Muerto son denunciados hace años por la Comunidad Atacameños del Altiplano, la red de asambleas socioambientales PUCARÁ y diversos movimientos sociales e indígenas de la provincia .
Este salar, está ubicado y compartido entre las provincias de Catamarca y Salta, e integra la subcuenca hídrica del Hombre Muerto y la subcuenca glaciaria del Salar Pocitos. Territorios habitados desde tiempos ancestrales por comunidades indígenas que desarrollan sus actividades comunitarias, culturales y económicas.
El tratamiento de la acción cautelar presentada evidencia que la provincia de Catamarca ha entregado 6 permisos de exploración y explotación sobre este territorio. Esto viola la normativa aplicable, dado que no se proveyó la debida información a la población, como tampoco se ha garantizado su participación ni la Consulta Previa Libre e Informada, ni se ha realizado la evaluación de impacto ambiental integral y acumulativo.
Conforme los arts. 41 y 124 de la Constitución Nacional corresponde a las provincias el ejercicio de control ambiental por ser titulares del dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio, y deben aplicar los presupuestos mínimos previstos en la Ley General de Ambiente N° 25675
A su vez, el Estado Nacional debe garantizar la efectividad y ejercicio de los derechos de los pueblos originarios, reconocidos en los tratados de Derechos Humanos incorporados en el art. 75 inc. 22 de la CN, y el Convenio N° 169 de la OIT, ratificado por ley nacional y por el art. 75 inc. 17 de la CN. El Estado Nación es responsable de garantizar el derecho a un ambiente sano conforme el artículo 41 de la CN y del art. 12 inc. b y le corresponde intervenir en virtud del art. 4 de la Ley General de Ambiente en casos de impacto ambiental interjurisdiccional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de los organismos creados al efecto como el Consejo Federal de Ambiente (COFEMA). Finalmente, el Estado Nación debe intervenir conforme a la Ley N° 26639 dado que en la zona afectada existen diferentes tipos de glaciares.
La acción legal presentada solicitaba suspender las autorizaciones a las empresas norteamericana Livent (ex Minera del Altiplano S.A.) y Galaxy Lithium S.A., para las diversas obras que construyen en el marco de los proyectos Fénix. Al menos hasta que se realizara una evaluación de impacto ambiental integral y acumulativo, se estableciera la línea de base ambiental de la Subcuenca del Hombre Muerto con la adecuada y oportuna participación y consulta de la Comunidad Atacameños del Altiplano, y con la intervención de las autoridades nacionales. Esto implicaba el cese de: la construcción del acueducto Río Los Patos, la ampliación del proyecto Fénix y su respectiva ampliación para la extracción de agua y para el proyecto Sal de Vida la ampliación del campamento, la construcción de pozos y piletas de evaporación y expansión de extracción de agua.
La decisión de la corte fue limitada a “dar lugar parcialmente a la acción cautelar”, ordenando en concreto:
Al Ministerio de Minería de la Provincia de Catamarca la realización de un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral del desarrollo de la actividad minera (litio), que deberá versar sobre el impacto ambiental acumulado sobre el Río Los Patos – Salar del Hombre Muerto –
A brindar el libre acceso a la información, como su consecuente participación a la Comunidad aborigen Atacameños del Altiplano y a los miembros de la localidad afectada -Antofagasta de la Sierra.
Al Ministerio de Minería de la Provincia de Catamarca y el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, a abstenerse de otorgar nuevos permisos, o declaración de impacto ambiental (en los términos del Código de Minería y Ley de Aguas de la Provincia) con respecto a obras u actividades en el Río Los Patos – Salar del Hombre Muerto – Dpto. Antofagasta de las Sierras, hasta tanto se cumpla con la realización del estudio de impacto ambiental acumulativo e integral.-
Celebramos este fallo que representa un freno al avance descontrolado del extractivismo de litio en el salar de Hombre Muerto y creemos indispensable este precedente en la defensa de los bienes comunes, agua, salar, humedales altoandinos y glaciares en la provincia, así como en el conjunto de los territorios y poblaciones afectadas en nuestro país.
Contacto de prensa AAdeAA/CAJE: Alejo di Risio +541123904594
El autor, abogado ambientalista, considera uno de los puntos del acuerdo ofrecido a los gobernadores habilita un “pacto para el saqueo” y señala la gravedad de querer declarar “organización terrorista” a Greenpeace, como propuso un legislador de LLA. Llama a la acción: “Lleva décadas recuperar derechos, conquistas sociales y bienes perdidos”.
Ahora es la agencia Télam. Después será un hospital público, una Universidad también pública vallada, una escuela desmantelada. Hoy un diputado libertario sentencia que la organización Greenpeace es terrorista, mañana lo dirán de todas las organizaciones ambientalistas, pasado buscarán cerrarlas.
Hoy vacían el Conicet, la institución de investigación pública académica más prestigiosa de América Latina, después irán por ARSAT, como ya han ido por el INADI, el INAI, y quieren hacerlo con instituciones culturales.
Tenemos que reaccionar, urgente, ya.
En el marco de medidas económicas totalmente deshumanizadas que están destruyendo a la clase media, empujándola a la pobreza, y a la pobreza a la indigencia, la vertiginosidad de los retrocesos es alarmante. Solo anunciadas con “likes” en cuentas random en la frenética actividad orgiástica del Presidente en X (ex Twitter). El vaciamiento del Conicet es ya una realidad concreta y la imposibilidad de pagar los gastos corrientes de las universidades e institutos de investigación públicos hará inviable cualquier presente consistente.
Esta semana el propio Ministerio de Seguridad, comandado por Patricia Bullrich, anunció en un comunicado oficial que se detuvo a un joven por una discusión en Instagram por su “pensamiento apegado a la propaganda de la ex Unión Soviética” y que “contaba con vínculos con grupos comunistas” (el entrecomillado es textual). 40 años de Democracia y se detiene a una persona por su ideología. En otras palabras, la persecución política ya es una realidad en la Argentina distópica de Milei.
En la apertura de las sesiones legislativas en el Congreso Nacional, el presidente Milei anunció el denominado “Pacto de Mayo”. El punto 6 incluye “un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”. Un “Pacto para el Saqueo” denuncian las organizaciones socioambientales. Reformar, derogar o modificar leyes y normas ambientales por el DNU o en el intento en la Ley Ómnibus (Ley de Tierras, Ley de Manejo del Fuego, Ley de Glaciares, Ley de Bosques, entre otras), solo profundizan las crisis ecológica y apuntalan la desigualdad producida por el modelo extractivista. En definitiva nos proponen más extractivismo y menos democracia. Más colonialismo y reprimarización de la economía. Ganancia de las grandes transnacionales mineras, petroleras y del agronegocio.
Con este contexto preocupan las declaraciones del Legislador bonaerense de la Libertad Avanza, Agustín Romo, que pide declarar “organización terrorista” a Greenpeace. Sabemos que es un disparate, pero estamos rodeados de disparates que luego se consuman. Desde un Decreto Nacional para prohibir el “lenguaje inclusivo y la perspectiva de género”, hasta un Presidente que habla con el perro muerto (ojo que hablar con los perros, todos hablamos, pero no todos le entendemos cuando ladran y, seguro, ninguno puede hablar con un perro muerto). Por eso en el contexto actual las declaraciones del referente del partido de gobierno preocupan. Señalar de “terrorista” a una reconocida organización ambientalista, que lleva la palabra “paz” en su nombre, es parte de la construcción del enemigo. Y eso es peligroso, máxime en América Latina que ostenta el triste récord de más defensores/as ambientales asesinados y perseguidos.
Y este ataque al movimiento socioambiental también viene de sectores de la ¿oposición? El exsenador eterno Miguel Pichetto, ahora devenido en diputado nacional señaló que el ambientalismo es una construcción “de la izquierda boutique de la Capital que llevó a todo el país al rechazo a la minería”. Cuando es exactamente al revés, los que más resisten al extractivismo son las poblaciones de las provincias, no son ambientalistas de CABA: Famatina (La Rioja) Esquel (Chubut) Mendoza Jachal (San Juan) Pueblos Fumigados Mar del Plata (PBA) Jujuy, son solo algunos ejemplos. De ellas tenemos que aprender a cuidar derechos y conquistas sociales. Fueron los movimientos populares más grandes y efervescentes de los últimos tiempos. Desde el Famatinazo, hasta los más recientes Chubutazos y Mendozazos. Con gran protagonismo de las mujeres y maestras.
Es fundamental comprender que lleva décadas recuperar derechos, conquistas sociales y bienes perdidos. Fijense con todo lo entregado, retrocedido y saqueado de la fiesta menemista. Todavía no pudo ser recuperado, desde los trenes hasta retrocesos legales que continúan aún hoy intactos como toda la legislación minera de saqueo.
¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo meros espectadores pasivos de este brutal retroceso de derechos y conquistas sociales? Lo abrumador de la realidad no puede quitarnos la solidaridad ni la ternura (si, la ternura, no hay nada más político que reivindicarla en estas épocas de crueldad). Tampoco la indignación, que debemos transformarla en acción. Resistir en este contexto es una obligación histórica. Hay que dejar de lado las especulaciones, las mezquindades y los cálculos políticos. Las bases mismas de la democracia y donde se asienta, están más que en peligro, ya están siendo vertiginosamente erosionadas.
CARTA ABIERTA A LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS NACIONALES POR EL DICTAMEN DE LEY ÓMNIBUS
Estimadas y estimados diputados y diputadas nacionales,
Nos dirigimos a ustedes en representación del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), con el propósito de expresar nuestra profunda preocupación y rechazo categórico hacia la versión de dictamen del proyecto de Ley Ómnibus que actualmente se encuentra en circulación. Consideramos que este dictamen, aún con las modificaciones propuestas, sigue representando una clara regresión ambiental y una amenaza seria para el estado democrático de derecho y los principios fundamentales de justicia republicana que son parte
Habiendo realizado un análisis detallado del borrador circulante, queremos destacar como especialistas en materia socioambiental que las modificaciones introducidas son altamente preocupantes, inadmisibles por lo profundamente regresivas respecto de la legislación de protección ambiental vigente y los estándares internacionales.
De manera concreta nos referimos a:
Ley de Glaciares: Glaciares y ambientes periglaciares, ahora protegidos, ya no lo estarán y podrían ser destruidos, de aprobarse el texto del dictamen. Las modificaciones propuestas allí para cambiar las definiciones de glaciar y ambiente periglaciar tienen un claro objetivo de reducir notoriamente el área protegida. Esta regresión de proyección ambiental será utilizada para avanzar con actividades extractivistas (megaminería fundamentalmente) sobre estos ecosistemas.
Ley de Bosques: A pesar de las modificaciones respecto de la redacción original, la desfinanciación de la ley y otros cambios impuestos siguen representando una amenaza significativa a la preservación de nuestros bosques, comprometiendo la biodiversidad y la sostenibilidad de nuestros ecosistemas.
Ley de Manejo del Fuego:Se derogan las prohibiciones de cambio de uso del suelo después de un incendio, lo cual representa una clara regresión en la protección de los ecosistemas, promoviendo actividades que se dicen “productivas” pero que pueden tener consecuencias ambientales devastadoras. Los humedales, pastizales y bosques serán los principales perjudicados que, además, fueron los protagonistas de los últimos grandes incendios intencionales para cambios de uso de suelos.
Autorización de Quema: Aumento de 30 a 90 días para la autorización de quema. Esto representa, de manera tácita, la aprobación y la desregulación de las quemas en todo el territorio nacional. Este cambio sigue siendo erróneo ya que nunca debiera haber una actividad de quema sin autorización expresa de autoridad competente. La necesidad de controlar actividades que perjudican la salud de la población, que tienen un impacto ambiental significativo y que pueden desencadenar megaincendios (como ya es habitual en el contexto de agravamiento de la crisis climática), afectan de manera directa a las economías regionales y el entramado social.
En definitiva, la combinación del DNU 70/23, la derogación de la Ley de Tierras Rurales y este proyecto de Ley Ómnibus constituyen una amenaza inminente y concreta sobre la totalidad de los bosques, glaciares y humedales.
OTRAS REGRESIONES AMBIENTALES QUE SE MANTIENEN EN EL PROYECTO
Adicionalmente, este proyecto representa otros peligros en materia socioambiental que por sí solos ameritarían su rechazo.
Si bien Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y Nucleoeléctrica ya no aparecen como empresas públicas sujetas a privatización total (aunque si aparecen sujetas a privatización parcial) en este proyecto, la privatización de las empresas públicas del sector energético, tanto nacionales como provinciales, intensificará y profundizará la dependencia en materia energética, en todas las etapas. Esto no solamente tiene un impacto social debido al valor de la tarifa energética, generando mayor pobreza energética, sino que también ocasiona desbalances macroeconómicos al afectar la balanza de pagos. Todo esto posterga y demora innecesariamente el inicio de una transición energética, a la cual el mundo se dirige inexorablemente y que Argentina precisa poner en su propia esfera, como un ámbito estratégico.
Se propone la privatización de la Administración General de Puertos (en adelante “AGP”), consolidándose las políticas hacia la privatización de los ríos, en particular, el Paraná, imposibilitando aún más el control nacional y provincial sobre nuestra principal vía de exportación y negando la gestión pública, en el contexto del federalismo de concertación, negando la titularidad de las provincias de sus bienes naturales.
A su vez son hechos altamente preocupantes la creciente desregulación del sector minero y la profunda desregulación sobre la propiedad de las semillas, aspectos que comprometerían la soberanía nacional y la salud de nuestras comunidades.
Décadas de experiencia acumulada como Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial nos llevan a concluir que este proyecto, en su forma actual, constituye un claro retroceso y debe ser rechazado en su conjunto.
FACULTADES DELEGADAS, DEMOCRACIA Y CRISIS ECOLÓGICA
Por otra parte, queremos manifestar expresamente nuestro rechazo a la propuesta de Declaración de Emergencia Pública y Delegación de Facultades sobre al menos 11 materias diferentes -sea cual sea el plazo fijado para el otorgamiento de esas “facultades delegadas”- puesto que colocarían al Poder Ejecutivo Nacional en la situación de volver a imponer -ya sin la intervención del Congreso de la Nación- las reformas regresivas que pretendió impulsar inicialmente, no solo en materia ambiental, sino en todos los demás asuntos y materias comprendidas en el proyecto de ley (Salud, Educación, Cultura, Jubilaciones, Consumidores, Privatizaciones, Retenciones, Impuestos y muchas otras).
Las Facultades Delegadas -expresamente prohibidas por la Constitución Nacional- provocarán un avasallamiento de la democracia constitucional argentina, configurándose con ello el supuesto en donde el Presidente de la Nación -por decisión del parlamento- adquiere “facultades extraordinarias” y la “suma del poder público”, con poder y discrecionalidad que lo habilitan a imponer “sumisiones” y ejercer “supremacías”, bajo la forma de únicato decisionista, convirtiendo nuestro estado en autocrático, de excepción e inconstitucional. El mismísimo Art. 29 de la Constitución originaría de 1853, advirtió que “…actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.
No podemos pasar por alto las groseras deficiencias y vicios democráticos que tiene este proceso en cuanto a la falta de deliberación, transparencia, publicidad, participación y sobre todo, tiempo razonable para debatir abiertamente. Todos sabemos, tanto la sociedad como los miembros del Congreso, que los funcionarios de gobierno que participaron en las audiencias públicas no fueron los que elaboraron el proyecto de Ley Ómnibus. Por el contrario, quienes lo elaboraron ni siquiera son parte del gobierno o del Estado. El mejor ejemplo de la inconducencia de estas audiencias es que el nuevo dictamen oficial es tan regresivo en materia ambiental como el original. Evidentemente, los sectores que se beneficiarán con estas reformas encontraron una oportunidad de hacer una política pública, escribiendo sin ningún escrutinio público ni pudor, leyes para beneficio propio.
Por último, la humanidad es cada vez más consciente de la emergencia climática y socioambiental que atraviesa nuestro planeta. Temperaturas cada vez más extremas y variables, eventos cada vez más frecuentes como los tornados, incendios, inundaciones y sequías, azotan nuestro país e interpelan de modo directo los modelos de desarrollo hegemónico. Para hacer sostenible la vida, se hace cada vez más necesario pensar una economía adaptada a la crisis climática y a la defensa del planeta. Más que nunca debemos fortalecer las legislaciones e institucionalidades ambientales, en lugar de debilitarlas. Sin embargo, en vez de preguntarnos por políticas públicas integrales que asuman desde una perspectiva a la vez nacional y global, los grandes desafíos del siglo XXI (protección de los bienes comunes, transición energética y ecosocial justa, adaptación y mitigación al cambio climático), la Argentina se instala a contramano, aislándose con posicionamientos negacionistas y retrocediendo con políticas públicas privatistas, corporativas y neocoloniales de corte devastador, propias de lo peor de los siglos XIX y XX.
Por todo ello, exhortamos a cada uno de ustedes a considerar la gravedad de las implicancias de este proyecto y a votar en contra del mismo. Cada voto en contra de estas iniciativas debe ser un acto de defensa de la soberanía, de la salud de nuestras comunidades y de respeto al ambiente y la Naturaleza.
Agradecemos su atención a este asunto crítico y confiamos en que tomarán la decisión que mejor responda a los intereses del pueblo argentino y la preservación de nuestros ecosistemas y sociedades que dependen de ellos.
Quedamos a entera disposición ante cualquier duda o consulta.
Atentamente,
Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial
Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas
Nuevamente, la Ley de Bosques Nativos, N° 26.331, se encuentra en la esfera pública debido al reciente ataque que recibió durante el debate de la Ley Ómnibus presentada en el Congreso.
Esta legislación, que busca la conservación de los bosques nativos, ha aportado cambios significativos en el ordenamiento territorial a nivel nacional y la preservación ambiental en el país. Según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, desde su implementación en 2007, la ley ha contribuido a la protección de más de 22 millones de hectáreas de bosques nativos en Argentina.
El proyecto de Ley Ómnibus, presentado por el gobierno nacional, genera inquietud entre los especialistas y las organizaciones de la sociedad civil. Esta propuesta contempla la sustitución de los artículos 26 y 31 de la ley mencionada, lo que permitiría desmontes en áreas actualmente designadas como de alto y mediano valor de conservación.
El Equipo Técnico Asesor encargado del nuevo mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en Salta expresó su oposición, calificando la modificación como “técnicamente errónea, económicamente innecesaria, ambientalmente perjudicial, socialmente regresiva, legalmente irrelevante y políticamente cuestionable”. Esta postura se respalda con informes técnicos que detallan los logros ambientales alcanzados bajo la actual legislación.
Según datos del mismo Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la ley ha demostrado ser un motor para el turismo sustentable y la generación de empleo en las áreas boscosas protegidas. La eliminación de restricciones podría revertir estos avances y comprometer el aporte en materia económica para las regiones afectadas.
Además, la modificación amenaza los modos de vida de comunidades indígenas y campesinas, ya que elimina protocolos de consulta previa sobre proyectos de manejo del suelo. Datos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) indican que, en áreas bajo protección de la ley actual, se ha fortalecido la participación activa de las comunidades originarias en la toma de decisiones sobre el uso de la tierra.
Desde una perspectiva legal, la modificación ignora el Principio de Progresividad, establecido en la Ley Nacional N°25.675, y la participación pública, perdiendo legitimidad social. Según jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la Ley de Bosques ha sentado un precedente importante en materia ambiental, y cualquier retroceso podría ser objeto de cuestionamiento legal.
Las provincias, a pesar de la modificación propuesta, tienen la autonomía para mantener leyes más estrictas. Datos del Observatorio de Desarrollo Regional indican que varias provincias han fortalecido sus legislaciones locales en concordancia con la Ley de Bosques Nacional, logrando así un marco legal más sólido para la protección ambiental.
Si bien no de una manera absoluta, la Ley de Bosques ha logrado hacer un aporte en la protección de la biodiversidad y la prevención de desmontes indiscriminados. Según informes del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico, la ley ha contribuido a la conservación de especies amenazadas y la preservación de ecosistemas únicos en Argentina.
En un contexto en el cual el desafío a nivel ambiental que enfrenta todo el movimiento no tiene precedentes, todos los posibles aportes que la estructura institucional existente tenga han de ser mantenidos. La posible eliminación de restricciones y la falta de consideración hacia la sostenibilidad ambiental plantean una amenaza significativa para la conservación de los bosques nativos en Argentina. La ciudadanía, en este contexto, se encuentra llamada a la acción para proteger uno de los patrimonios naturales más importantes del país.
Hace más de trece años, Argentina dio un paso crucial en la preservación de sus bienes naturales, cuando decidió sancionar la Ley de Glaciares N°26.639. Esta legislación ambiental se destaca como una de las más trascendentales del país, por ser producto de una conquista de la sociedad civil. La norma establece presupuestos mínimos para que el Estado garantice la protección de los glaciares y el ambiente periglacial. También reconoce su papel estratégico en la preservación de las cuencas hídricas, al declarar a los cuerpos glaciares como bienes de carácter público.
La promulgación de leyes orientadas a la protección ambiental en Argentina representa un desafío monumental. Los poderosos intereses de la economía extractiva poseen una considerable capacidad e influencia política. La defensa del ambiente implica un interés colectivo, por lo cual debe ser abrazado por la población en su conjunto para hacer frente los lobbys. Al alcanzar niveles altos de legitimidad social es que se puede avanzar hacia legislaciones más comprometida con la justicia social y ecológica.
El interés de las personas por proteger nuestros ecosistemas se enfrenta a las ambiciones de grandes corporaciones internacionales y élites locales, ansiosas de apropiarse del territorio y de los bienes comunes. Esta apropiación implica sacrificar estos recursos para convertirlos en commodities destinados a la exportación, sin que los supuestos beneficios económicos lleguen a la ciudadanía.
Bajo este modelo, la salud de la población local se ve afectada. Los ríos se contaminan y los ecosistemas sufren una explotación desmedida, todo en nombre de un progreso nacional, que nunca logra mejoras tangibles para la sociedad.
Es por eso que la Ley de Glaciares marcó un hito significativo en la historia legislativa argentina. Es producto de las luchas populares y de la organización de la sociedad civil. Fueron fundamentales estos impulsos para que el Congreso promulgue una norma que no favorecía a los grandes intereses corporativos. Esta legislación, la segunda de presupuestos mínimos tras la Ley de Bosques, enfrentó incluso un veto presidencial en 2008.
Avances y Desafíos
Desde su implementación, la ley ha enfrentado recibió varios ataques de intereses de empresas mineras, en connivencia con ciertas autoridades provinciales. Logró resistir gracias al apoyo popular y su legitimidad.
Los embates legales y estrategias para limitar su alcance llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que intervino en procesos legales para confirmar su vigencia. Empresas mineras, como Barrick Gold, intentaron desafiarla judicialmente, evidenciando su desdén por la legislación ambiental argentina.
A pesar de los avances significativos, como la re-evaluación de 44 proyectos mineros que pretendían operar en áreas en las cuales afectarían directamente a los glaciares o sus cuencas, las amenazas que buscan eludir su aplicación vuelven.
En defensa del Agua
Esta legislación es un escudo vital para la preservación de nuestros glaciares, que alimentan el 70% del agua dulce de Argentina y son necesarios para la vida y el desarrollo de actividades económicas. A pesar de esto, la presión constante del sector minero para modificar las normativas provinciales suele desencadenar movilizaciones sociales en diversas provincias. Las más recientes son el Chubutazo (2021) y el Mendozazo (2022) evidenciando la preocupación que tiene la población por sus fuentes de agua.
Desafíos Pendientes:
A pesar de que en 2018 se presentó el primer Inventario Nacional de Glaciares, este aún está incompleto y excluye ciertos glaciares, dejándolos desprotegidos. En un contexto de crisis climática y ecológica mundial, la implementación plena de esta ley se convierte en una decisión estratégica de nuestro país, no solo para preservar el ambiente, sino para garantizar el acceso vital al agua de toda la población.
Minería y Derechos Humanos:
Derogar esta ley sería abrir las puertas al avance de una minería que, históricamente, ha basado su rentabilidad en violaciones de derechos humanos y ambientales. Contrario a las afirmaciones de beneficios para las poblaciones locales, la realidad muestra que las comunidades no han experimentado mejoras económicas significativas debido a la minería.
Beneficios para la Población
La ley no solo protege nuestros glaciares como reservas estratégicas de agua sino que también resguarda la biodiversidad, proporciona información científica y contribuye al atractivo turístico. La preservación de los glaciares y de las cuencas hídricas de nuestro territornio no puede ser interpretado solamente como un condicionamiento a la minería. Es una decisión estratégica superior para preservar la fuente vital para las presentes y futuras generaciones.
La Ley de Glaciares es un hito en las conquistas ambientales argentina, pero su plena implementación es esencial. A medida que las consecuencias de la crisis climática se hacen más intensas sobre nuestros territorios, proteger los ecosistemas que nos otorgan resiliencia no es solo una elección ambiental, sino un compromiso con el bienestar y el futuro de la población argentina. Mantener y fortalecer esta legislación es crucial para resguardar la integridad de nuestros glaciares y garantizar un acceso sostenible al agua, un recurso invaluable para todos.
La Argentina está ingresando de modo vertiginoso a un Estado de Excepción, que coloca en manos del presidente la suma del poder público. La reforma que busca imponer Milei abre a un escenario de autocracia mesiánica, que desconoce la división de poderes del Estado y pretende borrar de un plumazo las normativas y regulaciones protectoras en materia social, económica, ambiental y de género, de la mano de un modelo represivo, de criminalización de la protesta social. Para las corporaciones, este momento de desdemocratización a gran escala es también el momento de la “gran piñata”, de la gran repartija de los “dulces” que quedan, ofrecidos gentilmente por un presidente anarco-capitalista, que busca suprimir cualquier regulación estatal, en favor de los privados. Y esto sucede de modo tan obsceno como visible, comparable solo con el menemismo, que encontró a una sociedad exhausta por la hiperinflación (1989-1990); y con la última dictadura cívico-militar, que se propuso una reestructuración social y económica, de la mano del terrorismo de Estado.
En materia socioambiental, el proyecto de Ley Ómnibus enviado recientemente por el presidente Milei al Congreso Nacional es un golpe al corazón de la legislación de protección ambiental argentina, ya que se propone liquidar las dos leyes que mayor esfuerzo ciudadano costaron en los últimos quince años: la Ley de Protección de Bosques (Ley 26.631, de 2007) y la Ley de Glaciares (Ley 23.639, de 2010). Dos leyes de presupuestos mínimos de protección que conllevaron grandes luchas ambientales, involucrando no sólo al conjunto del movimiento socioambiental (asambleas territoriales en las diferentes provincias) y a ONGs ecologistas (Greenpeace, FARN, Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas), sino también a amplios sectores de la sociedad argentina, que apoyaron la defensa de nuestras “fábricas de agua” (los glaciares y su ambiente periglaciar), amenazadas por la expansión de la megaminería; y la defensa de los bosques, arrasados por los desmontes y el avance de la frontera del agronegocio.
Digámoslo una vez más. Nunca, como en estas dos leyes marco hubo tanto apoyo de la ciudadanía, gracias al debate público y a la conciencia de la realidad palpable de la destrucción y despojo de nuestros ecosistemas. También es cierto que el lobby empresarial jamás cesó de atacarlas y conspirar contra ellas, a fin de flexibilizarlas y torcerlas en su favor, utilizando para ello los bloques parlamentarios afines. Sin embargo, pese a ello, no pudieron lograrlo hasta ahora. Hoy, en el marco de un gobierno libertario-empresarial, primero a través de un DNU que deroga la Ley Nacional de Tierras Rurales (ver abajo) y desregula el sistema energético a ultranza; segundo, con esta propuesta de Ley Ómnibus, que apunta de lleno a la madre de todas las batallas socioambientales, las corporaciones tienen la posibilidad de una formidable revancha social, asestando un golpe de gracia a la totalidad de nuestros bienes comunes naturales. Al parecer la casta para este gobierno, además de los trabajadores y los sectores populares afectados por el ajuste, también son los Glaciares y los Bosques.
En el caso de la Ley de Bosques, en primer lugar la desfinancia casi a cero al sacarle al Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos el porcentual de las retenciones de exportaciones del agronegocio. Pero, fundamental y con una confusa técnica legislativa, este proyecto de ley pretende autorizar los desmontes en las áreas de protección I (roja, sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse) y II (amarilla, sectores de mediano valor de conservación), esto es las áreas más importantes y vitales, desmontes que actualmente están expresamente prohibidos. Más aún; ése es el núcleo de la Ley de Bosques: si no se protegen las zonas más frágiles y fundamentales para la vida de nuestros ecosistemas ya en peligro, ¿qué sentido tiene entonces una Ley de Bosques? De aprobarse esta propuesta de ley, todos los bosques argentinos podrían ser desmontados, para garantizar el avance de los negocios (soja, cultivos transgénicos, ganadería, monocultivo forestal, entre otros).
Respecto de la Ley de Glaciares, la propuesta de reforma habilitaría la actividad minera en ambiente periglaciar (expresamente prohibida por la ley). Este retroceso ambiental es la exigencia histórica de grandes mineras transnacionales como Barrick Gold que pretenden avanzar sobre estos ecosistemas y, con dicha modificación, podrán hacerlo sin limitaciones, estrechando de manera considerable la zona de protección. Las asambleas de provincias -como San Juan- defienden a rajatabla el ambiente periglaciar, el que es significativamente más reducido en las provincias áridas del centro y norte del país -y por eso más frágil-, que en el sur argentino, más pródigo en hielos.
El proyecto de Ley Ómnibus también tiene otros aspectos abiertamente destructivos, ya que facilita la quema de tierras para “limpiarlas” en favor de cualquier “actividad productiva”. El proyecto de ley reformaría la precedente, Ley 26.562 de control de actividades de quemas, ya que habilita que si al cabo de 30 días, la autoridad competente no se expide en relación al pedido de autorización de quema “se considerará que la quema ha sido autorizada tácitamente”. Con un Estado desguazado, con escasos o nulos controles, esto significa la institucionalización de la quema indiscriminada, tal como hizo Bolsonaro años atrás en Brasil, hecho que impactó severamente en la Amazonía, sus ecosistemas y los pueblos indígenas que la habitan. También habilita y liberaliza la quema de Pastizales, ecosistemas valiosísimos e imprescindibles, bajo el eufemismo de realizar “cortafuegos” y “acciones preventivas”, hoy acciones vedadas o solo permitidas a las autoridades competentes y de forma excepcional. Aquí lo hemos vivido ya en varias provincias, lo más reciente son los incendios en Corrientes (verano de 2023), que afectaron no solo a los Esteros de Iberá, de los cuales arrasaron con más de 100.000 hectáreas, entre esteros, bañados y pastizales. Esta modificación potenciaría los incendios de manera impensada y absolutamente ilimitada.
Otro elemento de la ley ómnibus es que propone adherir al tratado de 1991 de la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV 91) para privatizar las semillas y criminalizar el intercambio de semillas criollas.
Por último, la propuesta de Ley Ómnibus dispone ingresar de lleno al capitalismo verde -que es compatible con el negacionismo climático-, que habilita a las corporaciones el derecho a seguir contaminando, a través de la compra de “bonos verdes” en el mercado de carbono. Sobre la transición hacia energías renovables, no hay nada. Solo el afán por insertar a las grandes corporaciones (del tipo que sean, pero fundamentalmente extractivas) en el negocio del carbono, en lo que hemos llamado el “Consenso de la Descarbonización”, un acuerdo capitalista que pretende combatir la crisis climática sin tocar el modelo de negocios actual, exacerbando el proceso de explotación extractivista de los bienes naturales y manteniendo una relación depredatoria con la naturaleza.
En este vértigo destructivo y desdemocratizador en el que nos sumerge el gobierno libertario-corporativo, el 29 de diciembre entra en vigencia el Decreto de Necesidad y Urgencia del día 20 de diciembre que, por sus impactos, también conlleva una fuerte regresión ambiental. Por ejemplo, dispone la derogación de la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011. Dicha ley colocó un freno al proceso de extranjerización de tierras que desde los ‘90 venía operándose en el país, acelerado luego por la crisis de 2001-2002. La ley apunta a limitar la extranjerización de las tierras, instalando un más que razonable régimen restrictivo para la compra de tierras rurales por extranjeros, como sucede en la mayoría de los países del mundo.
Un artículo importante de dicha ley es aquel que prohíbe a extranjeros ser propietarios de inmuebles que sean ribereños de cuerpos de agua (ríos, lagos o cuencas) y zonas de seguridad de frontera. Aunque no es retroactiva (Lewis y Benetton, entre otros, hicieron mucho provecho de esta falta de regulación), la derogación de esta ley conlleva directamente la liberación total de la compra o posesión a capitales extranjeros. Corporaciones transnacionales forestales como ARAUCO, que ya tienen cientos de miles de hectáreas en nuestro litoral, estarían también detrás de esta flexibilización. Este proceso de extranjerización se traduce en la pérdida de nuestra soberanía sobre los bienes comunes asociados al suelo y agua (cuencas hídricas, lagos, ríos). A su vez, implica el desplazamiento de poblaciones vulnerables; comunidades campesinas e indígenas podrán ser expulsados por la megaminería metalífera y de litio, la expansión de la frontera sojera-ganadera, foresto-industrial y el corrimiento de la explotación hidrocarburífera.
Respecto del sector energético, el DNU abre la puerta a la privatización total de las empresas públicas (con su transformación de sociedades mixtas a sociedades anónimas), lo cual anticipa mayor pérdida de soberanía y de control de los bienes comunes. Asimismo, establece la liberalización tarifaria sin salvaguardas, lo cual amenaza el mercado interno y aumenta riesgos ambientales y sociales. A su vez la eliminación del Fondo para el Desarrollo de la Generación Distribuida (FODIS) y afectación de certificados de crédito fiscal representan un retroceso en la implementación de energías renovables de baja escala necesarias para la transición ecosocial. Lo más indignante es la absoluta ausencia de cualquier tipo de regulación o modificación de los grandes subsidios existentes para las grandes petroleras y empresas energéticas. Es decir, mientras se reducen o suprimen los subsidios al consumidor en las tarifas de combustible y energía, se siguen subsidiando a las grandes petroleras multinacionales, no para el consumo interno, sino para la exportación. Un llamado explícito al despojo y el saqueo, que suena como música en los oídos de las corporaciones transnacionales.
A 40 años de recobrada la institucionalidad democrática, más allá de sus deficiencias y errores, asistimos a una vertiginosa embestida en términos de desdemocratización, que pareciera dejar desamparada a la ciudadanía, ante la salvajada de reformas y derogaciones propuestas por el presidente libertario. Frente a ello, cabe preguntarse dónde se encuentran en este país las reservas democráticas que puedan contrarrestar esta arremetida autocrática e inconstitucional, que transfiere nuestros bienes públicos y naturales y deroga nuestros derechos (civiles, sociales, económicos, ambientales, laborales, entre otros), en favor de las corporaciones privadas.
Hoy una parte importante de la ciudadanía se encuentra cada vez más movilizada en diferentes ciudades del país (a través de marchas, paros generales o parciales, cacerolazos), convocados por diferentes organizaciones (sociales, sindicales, territoriales). Sabemos que la movilización social es absolutamente necesaria, pero no suficiente si no va acompañada por la intervención política urgente del Poder Legislativo, rechazando el DNU y las reformas de esta Ley Ómnibus, así como de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, frente a la inconstitucionalidad de tales medidas. Una pregunta atraviesa esta indignación colectiva que gana las calles, cada vez más militarizadas: ¿acaso nuestra institucionalidad es tan frágil que puede venir un nuevo presidente y llevarse puesto en tres semanas las instituciones democráticas y nuestros derechos? Esta es la madre de todas las batallas. Ojalá las fuerzas políticas de la oposición y la Justicia argentina estén a la altura de esta responsabilidad histórica.
Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo al proyecto de Ley llamado “Ómnibus”. Un detallado análisis (ver más abajo) de todo el proyecto presentado por el Presidente Javier Milei, revela que las medidas representan una inaceptable y enorme regresión en materia socioambiental y socava los pilares de la legislación de protección ambiental en Argentina.
El proyecto amenaza de manera directa la legislación vigente de protección ambiental en Argentina ya que liquida dos leyes fundamentales: la Ley de Protección de Bosques y la de Glaciares. Estas leyes son producto de dos conquistas ciudadanas históricas, y son cruciales en un contexto de crisis climática global y degradación ambiental local.
Llamamos a la sociedad a rechazar y resistir estas propuestas que ponen en riesgo la naturaleza, sus ecosistemas y la capacidad del Estado para regular y proteger el ambiente. Exigimos a los legisladores nacionales que rechacen enérgicamente este proyecto y resguarden la poca legislación vigente que puede servir como un puntapié para la justicia ecosocial y la protección ambiental en Argentina. Misma exigencia realizamos con el inconstitucional DNU 70/2023 (ver nuestro informe sobre el DNU).
El análisis detalla las gravísimas regresiones ambientales del proyecto en la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares, destacando cambios que permitirían desmontes en todos los bosques del país y la actividad minera en ambientes periglaciares. La eliminación de regulaciones, el desfinanciamiento de fondos ambientales, la falta de acceso a información para comunidades afectadas y la persecución de manifestantes.
Existe también una profunda desregulación y liberalización del sector energético en el proyecto, incluyendo la privatización de empresas del sector y la afectación de la concesión sobre el Río Paraná (llamada Hidrovía Paraná-Paraguay). Asimismo, se destaca el sesgo liberalizador en sectores como hidrocarburos, minería y pesca, que amenaza la capacidad soberana del Estado en la regulación del capital trasnacional.
En cuanto a política climática, el proyecto de Ley Ómnibus propone la creación de un mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) con amplia participación del sector privado. Esta medida, similar al mercado voluntario de bonos verdes, permitiría la privatización de la capacidad de captura de dióxido de carbono, trasladando la destrucción ambiental y social a los territorios del sur global.
El proyecto propone cambios en la regulación de actividades de quema, permitiendo interpretar el silencio del Estado como una autorización “tácita” y autoriza a los productores a la quema incontrolada de pastizales, valiosos ecosistemas. Además, se destacan derogaciones en la Ley de Pesca que afectan la protección de los ecosistemas marinos y eliminan criterios de permisos que priorizan la mano de obra argentina y la construcción local de buques.
El análisis expone la desregulación total y profunda del sector energético, lo cual puede representar una aceleración en la expansión de la frontera hidrocarburífera y un aumento desmedido en los impactos socioambientales derivados de la industria fósil.
En un contexto mundial de crisis climática, ambiental y energética, la posibilidad de dar pasos concretos hacia una transición ecosocial enfrenta un peligro letal con este proyecto. El mismo muestra una combinación entre eliminación de intervenciones de actores estatales para el cuidado y la protección del ambiente, la absoluta financiarización del mercado energético subsumido a intereses internacionales y una política estatal de negacionismo climático.
Deberíamos convocar a una secuencia de mesas redondas, de ejercicio pleno de la capacidad de escucha para saber que lo anunciado como nuevo no lo es; que es un conjunto de historias ya vividas por aquí y más por allá, que ahora vienen para, quizás, sostenerse por mucho tiempo, o nada. Depende de los pueblos y de legisladores nacionales que aún puedan preservar aquello de que se “rompa y no se doble”, o “la causas de los desposeídos”, o “la lucha contra el Régimen”, o “no hay justicia ambiental sin justicia social”, o, finalmente, “somos agua, monto, humedales, madre tierra”.
La primera conversación quizás debería ser imaginada con la presencia de tres seres, claro, muy especiales, conversando sobre la realidad política argentina, sentados en una mesa bien redonda del café Tortoni en Buenos Aires o en el teatro (público), el “Tres de Febrero” de Paraná, ciudad capital de la Organización Nacional.
En esa mesa debería estar Naomi Klein, Vandana Shiva, Timothy Snyder.
En la segunda ronda: Saskia Sassen, Nicholas Shaxson y Byung-Chul Han.
Deberíamos poder convocarlos a estos pensadores para compartir sus visiones sobre la agresividad de las viejas políticas de los mandatarios de la escuela económica de Chicago, ahora como integradas en cuestiones no de forma, como se nos quiere exponer, sino muy de fondo, y entonces comprender sus lógicas y consecuencias.
Nos podrían brindar algunas, sino todas las pistas, indicadores, sobre lo que muy probablemente suceda o, mejor, se profundice en nuestra tierra al sur del mundo, de concretarse las mismas, así impulsadas en el Decreto de “Necesidad y Urgencia” (DNU) y en el ahora proyecto privatizador de los ecosistemas estratégicos y vitales de argentina, expuesto en la iniciativa de Ley Ómnibus presentado ayer al Congreso de la Nación.
Pero antes, en estos tiempos de imposible descanso, reflexión pausada, evaluación de lo que nos sucede, intentar leerlos.
En el orden aquí presentados, entre otros tantos de sus textos, las siguientes obras: “La Doctrina del Shock: El auge del capitalismo del desastre”, Editorial Planeta, 2012. “Ecofeminismo”, Editorial Icaria 2016 y “Sobre la tiranía, veinte lecciones del Siglo XX”, Editorial Salamandra Ediciones, 2022.
Segunda vuelta
En la segunda convocatoria al ejercicio que proponemos, en semejante crisis civilizatoria y este experimento de privatización de la política, con mucha calma, del arte de la escucha, los referentes seguramente dejarían mudos a los lectores comprometidos, de convicciones no contaminadas por la crisis de representación política o, quizás, el saberse minoría y muy fuera de las grietas. Aquí sus libros, siempre en el mismo orden: Sassen “Expulsiones” Editorial Katz Barpal, 2015. Shaxson “Las islas del tesoro, Los paraísos fiscales y los hombres que se robaron el mundo”. Editorial Fondo de Cultura Económica, 2014 y Chul Han “Capitalismo y pulsión de muerte”, Editorial Herder, 2022.
Intentar un resumen de las magníficas obras de arte de estos seis seres humanos sería algo así como una denuncia activa y comprometida sobre la privatización de la política. La “No política”, es el mayor ejercicio de lo peor de la política en beneficio voraz de los capitales de todo tipo, concentrados en las mega corporaciones del agronegocio, la minería y los combustibles fósiles. Regiones del planeta de exclusión y expulsión, el capitalismo del desastre que se está llevando a la tierra puesta y con ella a las futuras generaciones. Privatización absoluta de los bienes comunes renovables y los no renovables. Aprenderíamos del rol de los paraísos fiscales, sus secuaces nativos y mecanismos al servicio del remate de los pueblos y sus territorios cargados de bienes naturales (litio, pesca, minerales, granos, maderas, diversidades biológicas, etcétera). Concentración del poder sin códigos ni parlamentos que puedan poner límites.
Para una tercera ronda de conversaciones, proponer a Maristella Svampa y Enrique Viale, seres de nuestra aún maravillosa tierra de Abya Yala, para que puedan participar sumergiéndonos previamente desde “Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo”, de Editorial Katz, 2015.
El proyecto de mega ley ingresado ayer, pone foco también en derretir la médula de la ley de protección de los Glaciares; lo mismo propone con el espíritu y razón de existir, de ser naturaleza, de la ley de protección de los bosques argentinos. Y ya avanza sobre el gran río Paraná, proponiendo ni más ni menos que la privatización de la Administración General de Puertos.
Es coherente el Presidente Javier Milei, el cambio climático, fuera. Los nuevos gobernadores deberán ponerse a estudiar los principios rectores de la política hídrica nacional y eso que denominan el ciclo del agua.
Recuerdo cuando no pocos encumbrados dirigentes de diversos partidos políticos denunciaban, “vienen por el agua”. Vamos a conversar con ellos ahora, vamos a invitarlos a la lectura y el estudio, convocarlos a la memoria reciente sobre de la construcción social e institucional de muchas de estas normas ejemplares, pero con los tiempos de la democracia ambiental, no de este delirio desenfrenado que borra las esencias, el espíritu de las leyes y la constitución nacional.
Antípodas frente a un supuesto nuevo contrato social, que por lo menos, no pocos, no vamos a acompañar y menos silenciarnos.
Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo al DNU Nº 70/2023. Lo consideramos manifiestamente inconstitucional y en contradicción con los principios fundamentales de la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
El DNU carece de argumentos sólidos y no cumple con los requisitos constitucionales de “necesidad” y “urgencia”. A su vez, ignora los mecanismos constitucionales al eludir la aprobación legislativa, contraviniendo la jurisprudencia de la CSJN. También la emisión del DNU, de 336 artículos y dictado de manera apresurada, viola la prohibición constitucional establecida en el Artículo 29 de la Constitución Nacional, lo que puede ser considerado una “traición a la patria” como establece nuestra Carta Magna. A su vez, esto se intenta implementar en conjunto con un protocolo antipiquetes que viola el Derecho a la Protesta social, en un intento por acallar cualquier tipo de respuesta popular a las medidas.
Compartimos a la sociedad un primer análisis (ver abajo link a documento completo) de los aspectos socioambientales del mencionado Decreto, que muestra su carácter abiertamente regresivo. Entre los principales puntos que el documento analiza se encuentran:
Ley de Tierras Rurales: Sancionada en 2011, la Ley de tierras rurales expresó la necesidad de colocar un freno al proceso de extranjerización de tierras. La ley busca limitar la extranjerización de las tierras, colocando un régimen restrictivo para la compra de tierras rurales por extranjeros. Un artículo importante es el que prohíbe a extranjeros ser propietarios de inmuebles que sean ribereños de cuerpos de agua (ríos, lagos o cuencas) y zonas de seguridad de frontera.
La derogación de esta Ley conlleva directamente la liberación total de la compra o posesión a capitales extranjeros. Extranjerizar nuestros suelos se traduce en perder nuestra soberanía sobre los bienes comunes asociados al suelo y agua. A su vez esto implica el desplazamiento de poblaciones vulnerables; comunidades campesinas e indígenas podrán ser expulsados por la megaminería metalífera y de litio, la expansión de la frontera sojera-ganadera, foresto-industrial y el corrimiento de la explotación hidrocarburífera.
Leyes de Minería: la derogación de la Ley N° 24.523 del Sistema Nacional de Comercio Minero, y la Ley N° 24.695 del Banco Nacional de Información Minera implica aún una mayor opacidad en una actividad que ya se encuentra absolutamente desregulada y con la habilitación a una minería a gran escala que flexibiliza controles, estableciendo un sistema de regalías irrisorios a las corporaciones mineras y que continúa intacto.
Impacto en el Sector Energético: Abre la puerta a la privatización total de las empresas públicas (su transformación de sociedades mixtas a sociedades anónimas). Representa un riesgo para la aceleración en la expansión de la frontera hidrocarburífera, en un contexto de crisis climática. Establece la liberalización tarifaria sin salvaguardas, lo cual amenaza el mercado interno y aumenta riesgos ambientales y sociales. A su vez la eliminación del Fondo para el Desarrollo de la Generación Distribuida (FODIS) y afectación de certificados de crédito fiscal representan un retroceso en la implementación de energías renovables de baja escala necesarias para la transición ecosocial.
Lo más llamativo es la absoluta ausencia de cualquier tipo de regulación o modificación de los grandes subsidios existentes para las grandes petrolerasy empresas energéticas. Es decir, se seguirá subsidiando a las grandes petroleras multinacionales, no para el consumo interno, sino para la exportación.
Modificación de la Ley del Fuego: Si bien no aparece en el DNU publicado, la modificación -anunciada expresamente por el presidente en la cadena nacional- permitiría el cambio de uso del suelo de zonas afectadas por el fuego, alentando la destrucción de bosques, humedales y áreas protegidas por el agronegocio y la especulación inmobiliaria.
Riesgo Alimentario: La derogación de normas como la Ley de Abastecimiento o la Ley de Góndolas favorecen la exportación del agronegocio en detrimento del abastecimiento interno. Esto representa un riesgo que profundiza la crisis alimentaria global y obtura la soberanía alimentaría.
En el marco de la próxima Cumbre Climática ONU (COP28) en Dubai, el foco se centra en América Latina y el Caribe (LAC), una región que se encuentra en una encrucijada histórica para definir su rumbo hacia un desarrollo sostenible. Con la creciente conciencia global sobre la responsabilidad de los combustibles fósiles en la crisis climática, la COP28 se perfila como un momento decisivo para trazar un nuevo camino.
La sugerencia de una alianza estratégica entre LAC, África y Asia plantea la posibilidad de impulsar una agenda transformadora, alineada con principios de derechos humanos, colectivos y justicia de géneros. Este enfoque busca liberar a la región de los límites estructurales que la han relegado al rol de proveedora de materias primas, incluyendo los combustibles fósiles.
En este contexto, se destaca la importancia de una agenda climática ambiciosa para LAC. La coordinación de demandas y acciones hacia una transición energética global justa se presenta como una estrategia clave. Expertos señalan que los espacios multilaterales son fundamentales para pensar soluciones y medidas concretas de reparación a largo plazo.
Las propuestas para abordar la justicia climática incluyen la implementación efectiva de mecanismos existentes para reducir desigualdades y respetar derechos humanos y colectivos. Además, se plantea la necesidad de medidas adicionales, como un impuesto global a grandes petroleras y petroestados, así como un cambio de deuda por acción climática, para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.
En paralelo, se resalta la importancia de aumentar la participación de la energía renovable y redistribuir el consumo de energía para lograr una vida digna y garantizar el ejercicio de los derechos humanos. La reducción planificada de los combustibles fósiles se presenta como una urgencia, considerando los impactos negativos en las poblaciones cercanas, los territorios y el desarrollo de los países.
En el ámbito regional, solo Guyana, Brasil y Argentina están expandiendo sus ritmos productivos a gran escala, principalmente para la exportación de crudo. Este enfoque, sin embargo, levanta preocupaciones sobre la sostenibilidad a largo plazo, la equidad y la dependencia de una solución de corto plazo.
La expectativa frente a la COP28 en EAU es clara: una nueva independencia energética para América Latina y el Caribe, con energía propia, limpia, diversificada y accesible para los pueblos. Se busca fortalecer la soberanía política, económica y ecológica en la región, superando la contaminación, desigualdad y violencia asociadas a los combustibles fósiles.
Especialistas ambientales, de la salud y de diversas disciplinas, así como organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, elevan demandas clave para los representantes en la COP28. Estas incluyen detener nuevos proyectos de exploración, producción e infraestructura de carbón, petróleo y gas, reducir de forma planificada y equitativa la extracción de estos recursos, cerrar brechas en el apoyo a tecnologías peligrosas, aumentar la energía renovable para 2030 y transferir fondos significativos para la adaptación y mitigación de los países del sur global.
En este escenario, la Cumbre Climática ONU de la COP28 se presenta como una oportunidad única para la región, donde la transición hacia un sistema energético sostenible no solo es posible, sino urgente y necesaria.
