Se vino el #Chubutazo – Qué significó la lucha en Chubut y cuáles son los problemas de la megaminería.
No hay megaminería sin contaminación, conflicto social y saqueo económico. Es así en todas partes del mundo, y más en el Sur Global.
En América Latina, la megaminería constituye una nueva forma de colonialismo, saqueo, dominación territorial y degradación ecológica.
Fue a partir del andamiaje jurídico montado en los 90` —sostenido y profundizado en la actualidad— que la Argentina se encontró con una nueva modalidad de explotación: la megaminería, hasta ese momento desconocida en nuestro país.
Esta se diferencia respecto de la minería tradicional fundamentalmente en su (gran) escala y en su modalidad de explotación.
Esto la hace inherentemente contaminante, insostenible e imposible de controlar. Para extraer los minerales diseminados en grandes extensiones de territorio, la megaminería se realiza a cielo abierto, con el uso de colosales cantidades de energía, explosivos, agua y sustancias extremadamente tóxicas para separar la roca del mineral.
Por ejemplo, el emprendimiento minero Pascua Lama (San Juan) removería rocas por 1.806 millones de toneladas en todo su proceso extractivo. La Alumbrera (Catamarca) tiene autorizado el empleo de más de 86 millones de litros de agua por día, más que el consumo de toda la provincia.
En materia de explosivos, también los datos son espeluznantes: Sólo en el emprendimiento minero Pascua Lama se arrojarían durante el proceso extractivo la friolera de 493.500 toneladas, casi el equivalente a la mitad de los lanzados en la 2da Guerra Mundial. En materia de sustancias tóxicas también los datos son aterradores 2 camiones diarios de cianuro durante más de 20 años.
Son también voraces energéticamente. Los tres principales proyectos mineros de nuestro país —La Alumbrera, Pascua Lama y Agua Rica— concentrarían un nivel de consumo energético (subsidiado) de 395 MW, lo que supera la producción de la central nuclear de Atucha (375 MW).
La Megaminería se configura como un modelo territorial excluyente frente a otras concepciones del territorio y a las débiles economías regionales. Así, las producciones agropecuarias, industriales y el turismo de las zonas cordilleranas y precordilleranas son incompatibles.
Por su parte es importante destacar que el destino casi exclusivo de este tipo de minería (oro, plata, cobre y otros minerales) es la exportación de un concentrado, con nulo valor agregado. Esto, asimismo, acentúa una desigual geografía de la extracción y el consumo general, que afecta a toda Latinoamérica.
Entonces nos preguntamos ¿Los Ambientalistas del sur no queremos celulares? América Latina extrae el 45,1% del cobre y consume el 6,1 por ciento. El 26,2% de la bauxita en el mundo pero sólo consume el 2,9%.
Respecto del oro, se extrae el 15,2%, pero se consume solamente el 3 % en nuestro territorio Lo que no queremos desde el Sur Global es sostener la demanda metalífera para el hiperconsumo, la obsolescencia programada, del Norte global. Ni financiarle (con nuestro territorio, nuestra agua, nuestra vida) su transición energética.
El 50% del presupuesto mundial de exploración en minería metalífera es para oro. El 90% del oro no tiene utilidades industriales (no es para celulares) sino que se usa como reserva de valor o joyería. Del subsuelo de nuestras montañas al subsuelo de las bóvedas de bancos suizos
En Argentina, además, el régimen jurídico aplicable a la minería cuenta con un tratamiento impositivo y financiero diferencial que genera que coexistan empresas inmensamente ricas y pueblos extremadamente pobres. En las provincias ligadas a la megaminería (Catamarca, San Juan y Santa Cruz), esta actividad está lejos de haberse convertido en un motor de desarrollo. Después de casi 25 años de explotación de la mina La Alumbrera y ya en su fase final, el paisaje socioeconómico de Catamarca no cambió favorablemente, sino todo lo contrario, los índices industriales y construcción cayeron y la pobreza siguen siendo más altos que la media nacional y con porcentajes de población asistida a través de los diversos programas sociales entre los más altos del país (es la provincia con más AUH proporcional).
Durante la pandemia, el 67% de su población económicamente activa tuvo que recurrir al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el 50% en la provincia “minera” de San Juan.
Las regalías del polémico proyecto minero Navidad, de la minera Pan American Silver, en Chubut, solo alcanzaría para pagar el 1,6% de los sueldos públicos de la provincia.
En San Juan, la empresa Barrick, por Veladero paga sólo US$ 1,7 por cada 100 de minerales que extrae y aporta en concepto de regalías menos del 1% del presupuesto provincial.
La minería metalífera actualmente emplea allí poco más de 2.500, menos del 1% del total del empleo. La minería metalífera representa menos del 0,045% de la población económicamente activa (PEA) de la Argentina.
Incluso en Perú, el país minero por excelencia, la minería ocupa el 2% de la PEA, contra el 23% de la agricultura, el 16% del comercio y el 10% de la manufactura.
A pesar del boom exportador de la minería metalífera en la provincia de Santa Cruz, recurrentemente declarada en “Emergencia Económica”, ni siquiera ha significado un “efecto derrame”. Por el contrario han sido escasas y frágiles las articulaciones de las actividades mineras respecto del tejido productivo provincial al mismo tiempo de un fuerte incremento de la dependencia de la población al Estado provincial a través del empleo público como amortiguador de la crisis laboral provincial. La propia Cámara de Proveedores y Servicios Mineros de Santa Cruz (CAPROMISA), de la que nadie puede sospechar de antiminera, emitió un comunicado en el año 2017 donde denunciaba: “Pan American Silver incrementa sus ganancias dejando nada a los Santacruceños” por el comportamiento de la empresa en la mina de su propiedad, Manantial Espejo, en dicha provincia.
Es así en todas las partes del mundo: Donde hay megaminería hay conflicto social y ambiental y saqueo económico. Mucho más en nuestra región, es la trágica historia de América Latina.
Para colmo, la megaminería deja como herencia pasivos ambientales, durante y tras el cierre de las minas por décadas (lo que configura verdaderas zonas de sacrificio), que quedarán a cargo del Estado nacional, las provincias y, sobre todo, las poblaciones.
Ahora bien, con el caso del “Chubutazo” resultó muy sorprendente como funcionarios nacionales, e incluso medios y periodistas “progres”, repetían -como loritos- el speech armado por la minera Panamerican Silver (la del proyecto “Navidad” en la meseta central chubutense). Pero calcado, como si lo estuvieran leyendo. Subestimando así a la población, media provincia en las calles en las principales ciudades de la provincia, y los importantísimos aportes de científicos del CONICET e investigadores de Universidades Nacionales que alertaban sobre los impactos socioambientales de la actividad: “la megaminería representa un escenario de amenaza, frente a un sistema ambiental vulnerable que cobra especial relevancia cuando se trata de una provincia donde los recursos hídricos superficiales son escasos” (extracto del documento oficial del Centro Científico CONICET-CENPAT). Una versión criolla de “Don`t look Up”, la nueva película de Leonardo Di Caprio y gran elenco.
Hace años que la provincia de Chubut está inmersa en una brutal crisis económica y social. Y no pocos se atreven a decir que es una “crisis de diseño”, la Doctrina del Shock de Naomi Klein, para generar la sensación que la única salida es habilitar la gran minería. Pero Chubut tiene 600 mil habitantes y tiene de las pesquerías más grandes del Atlántico, la industria de aluminio más grande del subcontinente, los vientos más poderosos, petróleo hace un siglo y de las riquezas turísticas más atrayentes de América del Sur. ¡Chubut no es inviable!
Lo cierto es que no hay nada más colonial que tener políticas públicas que profundicen el extractivismo en América Latina, a quien históricamente se nos ha reservado el papel de exportadora de naturaleza, sin considerar sus impactos sobre la población ni los efectos socioambientales y económicos.
Somos conscientes de la necesidad de divisas que tiene el país y la vinculación con la deuda externa financiera. Que además funciona como un círculo vicioso: necesitamos más extractivismo para conseguir los dólares para pagar, nos dicen ciegamente porque ni siquiera es así. Y, tal como señala la Encíclica Laudato Si del Papa Francisco, “la deuda externa de los países pobres se ha convertido en un instrumento de control, pero no ocurre lo mismo con la deuda ecológica”. Como país debemos liderar un movimiento regional para reclamar internacionalmente la deuda ecológica del Norte hacia el Sur global y preguntarse “¿quién le debe a quién?”. Los países denominados “desarrollados” basaron su bienestar material en el saqueo y expoliación de nuestra naturaleza y de la atmosfera en general. Somos acreedores ambientales.
Para finalizar, es el momento que la clase dirigente de nuestro país –fundamentalmente aquellos que se consideran progresistas- ponga en cuestionamiento el modelo extractivista, salga a recorrer los territorios a dar cuenta de las problemáticas socioambientales y compenetre con los nuevos debates que existen en todo el mundo sobre la transición ecosocial, antes que aceptar, de manera acrítica y desconectados con la realidad, la conversión en zonas de sacrificio a los territorios, sus ecosistemas y su gente.
Fuente: El Destape
