Archivos de categoría: Derechos de la Naturaleza

Trabajamos para expandir y completar el paradigma de los derechos humanos, incluyendo dentro de los marcos institucionales el de los derechos de la naturaleza.

Juicio Oral en Punta Tombo

Organizaciones querellantes celebran que se avance a juicio oral por la masacre de pingüinos en Punta Tombo

Por primera vez llega a juicio oral en Chubut una causa por crueldad animal y daño ambiental agravado

Las organizaciones querellantes Greenpeace Argentina, Fundación Patagonia Natural, y Asociación Argentina de Abogadas/os Ambientalistas celebraron el resultado de la audiencia que estuvo a cargo de la Jueza Penal Dra. Ana Karina Breckle. Luego de la instancia sucedida  el viernes pasado, la jueza convocó una nueva audiencia para el día de hoy para dar lectura a su decisión de elevar el caso a juicio oral y público. 

Desde las organizaciones consideraron que es un paso más para se haga justicia en nombre de los cientos de Pingüinos de Magallanes que fueron víctimas de atroces crímenes en la Reserva Punta Tombo, en la provincia de Chubut, entre agosto y noviembre de 2021. La decisión de la magistrada en favor ocurrió pese a que la defensa había solicitado el sobreseimiento del acusado; lo cual hubiera minimizado la gravedad de los delitos y abierto la posibilidad de que estos crímenes ambientales queden impunes.

El caso de la masacre de pingüinos en la Reserva Punta Tombo de Chubut no sólo representa un acto de violencia contra la naturaleza, sino que también subraya la importancia de avanzar en figuras del delito ambiental que terminen con la impunidad de estas acciones contra los ecosistemas. 

La denuncia presentada señala la configuración del delito de Crueldad contra los animales, establecido en la Ley 14.346 de Maltrato Animal, y el daño agravado sobre los ecosistemas, solicitando la adopción de medidas inmediatas para proteger a los pingüinos afectados, su entorno y hábitat natural. Asimismo, las organizaciones resaltan la necesidad de sancionar un proyecto de ley que incorpore un Capítulo Penal Ambiental en el Código Penal Argentino, para garantizar una respuesta adecuada frente a los delitos ambientales.

Sobre la Reserva Punta Tombo:

La Reserva Punta Tombo, ubicada en la provincia del Chubut, alberga una de las mayores colonias continentales de pingüinos de Magallanes del planeta. Lamentablemente, en el año 2021, esta reserva fue testigo de una masacre sin precedentes, en la cual mediante el uso de maquinaria pesada removieron el suelo pasando  por encima de la mayor colonia de pingüinos de Magallanes del mundo, desmontando la vegetación nativa y colocando cerco perimetral electrificado afectando el desplazamiento de la especie afectada, todas estas acciones sin autorización alguna. Este acto atroz constituye un ecocidio, un daño grave e irreversible contra la biodiversidad, los ecosistemas y los derechos de la naturaleza. 

Punta Tombo se extiende a lo largo de más de 210 hectáreas en la estepa patagónica, ubicándose sobre la costa del Océano Atlántico, en el departamento Florentino Ameghino, a 110 km de la ciudad de Rawson, capital provincial. ​El pingüino Magallánico, cuyo ​Estado de Conservación de acuerdo a la catalogación en la lista roja  de la IUCN es de Casi Amenazado, no sólo ha sufrido los impactos de la actividad humana en tierra, sino que también está amenazado por actividades que avanzan sobre el mar, ​principalmente la industria​ petr​olera​, la pesca intensiva y los efectos del cambio climático sobre los océanos.

Este mes se conmemora el Día Mundial del Pingüino. Estos animales desempeñan un papel importante en el ecosistema marino. Su salud es un indicador de la salud de los océanos, del Mar Argentino. Su presencia en las costas, particularmente en la Reserva Punta Tombo, enriquece la biodiversidad local y contribuye a mantener el equilibrio ecológico de la zona. Los pingüinos de Magallanes son una especie emblemática que simboliza la riqueza natural del país y el patrimonio de la biodiversidad. 

Link con fotos de Pingüinos de Magallanes aquí

📷 Laura Reyes y Pablo Borboroglu

Contactos de prensa: 

Lucas Micheloud (Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas) +54 9 341 304-2305

Florencia Rey  (Fundación Patagonia Natural) +54 9 280 430-5115

pingüinos en Punta Tombo

Audiencia clave por la masacre de pingüinos en Punta Tombo: preocupación ante el pedido de impunidad 

8 de abril, 2024

 Ante las novedades en el caso de la masacre de Pingüinos de Magallanes en 2021 

Como organizaciones querellantes, Greenpeace Argentina, Fundación Patagonia Natural, y Asociación Argentina de Abogadas/os Ambientalistas expresan su profunda preocupación ante una audiencia clave en el caso de la masacre de Pingüinos de Magallanes en 2021 . La defensa solicitó que el acusado sea sobreseído, minimizando la gravedad de los delitos,  empujando la posibilidad de que estos crímenes ambientales queden impunes. Es imperativo que se haga justicia en nombre de los cientos de Pingüinos de Magallanes que fueron víctimas de estos atroces  crímenes en la Reserva Punta Tombo, en la provincia de Chubut.

El caso de la masacre de pingüinos en la Reserva Punta Tombo de Chubut no sólo representa un acto de violencia contra la naturaleza, sino que también subraya la importancia de avanzar en figuras del delito ambiental que terminen con la impunidad de estas acciones contra los ecosistemas. La sociedad tiene el derecho y la responsabilidad de exigir a las autoridades una acción determinante en la prevención y sanción de acciones que pongan en riesgo nuestros ecosistemas y biodiversidad. 

La denuncia presentada señala la configuración del delito de Crueldad contra los animales, establecido en la Ley 14.346 de Maltrato Animal, y el daño agravado sobre los ecosistemas,  solicitando la adopción de medidas inmediatas para proteger a los pingüinos afectados, su entorno y hábitat natural. Asimismo, resaltamos la necesidad de sancionar un proyecto de ley que incorpore un Capítulo Penal Ambiental en el Código Penal Argentino, para garantizar una respuesta adecuada frente a los delitos ambientales.

En el mes en que se conmemora el Día Mundial del Pingüino, recordamos que estos animales desempeñan un papel importante en el ecosistema marino. Su salud es un indicador de la salud de los océanos, del Mar Argentino. Su presencia en las costas, particularmente en la Reserva Punta Tombo, enriquece la biodiversidad local y contribuye a mantener el equilibrio ecológico de la zona. Los pingüinos de Magallanes son una especie emblemática que simboliza la riqueza natural del país y el patrimonio de la biodiversidad. A su vez, son benefician enormemente al turismo que deja enormes beneficios en las economías y sociedades regionales. Proteger su población no solo es un acto de justicia ambiental, sino también una responsabilidad compartida para las generaciones presentes y futuras.

Sobre la Reserva Punta Tombo:

La Reserva Punta Tombo, ubicada en la provincia del Chubut, alberga una de las mayores colonias continentales de pingüinos de Magallanes del planeta. Lamentablemente, en el año 2021, esta reserva fue testigo de una masacre sin precedentes, en la cual mediante el uso de maquinaria pesada  removieron el suelo pasando  por encima de la mayor colonia de pingüinos de Magallanes del mundo, desmontando la vegetación nativa y colocando cerco perimetral electrificado afectando el desplazamiento de la especie afectada, todas estas acciones sin autorización alguna. Este acto atroz constituye un ecocidio, un daño grave e irreversible contra la biodiversidad, los ecosistemas y los derechos de la naturaleza. 

Como señalamos, se instaló un alambrado electrificado a lo largo de 900 metros. En diferentes sectores, dicho alambrado impidió la libre circulación de los pingüinos al encontrarse a una altura inferior a la de esta especie. Este hecho ocurrió en el momento crítico del ciclo reproductivo, donde los pichones están eclosionando o tienen muy pocos días de vida, y deben ser alimentados con frecuencia por los pingüinos adultos.

Punta Tombo se extiende a lo largo de más de 210 hectáreas en la estepa patagónica, ubicándose sobre la costa del Océano Atlántico, en el departamento Florentino Ameghino, a 110 km de la ciudad de Rawson, capital provincial. ​El pingüino Magallánico, cuyo ​Estado de Conservación de acuerdo a la catalogación en la lista roja  de la IUCN es de Casi Amenazado, no sólo ha sufrido los impactos de la actividad humana en tierra, sino que también está amenazado por actividades que avanzan sobre el mar, ​principalmente la industria​ petr​olera​, la pesca intensiva y los efectos del cambio climático sobre los océanos.

Link con fotos de Pingüinos de Magallanes aquí

Contactos de prensa: 

Lucas Micheloud (Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas) +54 9 341 304-2305

Florencia Rey  (Fundación Patagonia Natural) +54 9 280 430-5115

Salvá las Leyes Ambientales

Salvá las leyes ambientales: Una iniciativa de las ONGs para frenar los avances sobre los bosques y glaciares

Fotos en este link

BUENOS AIRES, 15 DE ENERO, 2024. Organizaciones ecologistas, sociales e indígenas (1) lanzaron una petición para salvar las leyes ambientales de las modificaciones que se proponen en la Ley Ómnibus, que complementa el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia, ya que supone una puerta de entrada a la destrucción de bosques y glaciares en Argentina, entre otros ecosistemas, y consecuentemente una regresión ambiental en materia legislativa.

“Es urgente que alcemos la voz en contra de estas modificaciones que buscan desmembrar las leyes ambientales y flexibilizar su protección. Hace más de una década, más de dos millones de personas pidieron por la sanción de las leyes de bosques y glaciares, los hitos ambientales más importantes en la historia de Argentina. Es momento de que los legisladores tomen la decisión correcta, velen por el ambiente y resguarden los avances previamente obtenidos. Modificar estas leyes nos afecta a todos, y niega la urgencia de hacerle frente a la crisis climática y de biodiversidad en la que estamos”, aseguró Diego Salas, director de programas de Greenpeace Andino. “Utilizaremos todos los medios necesarios para proteger la institucionalidad ambiental argentina, los logros conquistados por miles de argentinos y argentinas para proteger el ambiente, y continuaremos nuestro trabajo para defender a la naturaleza”.

Bajo la premisa “Salvá Las Leyes Ambientales”, la ciudadanía podrá suscribir su firma a través de la página web salvalasleyesambientales.org y así contribuir a detener las modificaciones planteadas en el proyecto de Ley Ómnibus.

“En materia socioambiental, el proyecto de Ley Ómnibus enviado por el presidente Milei al Congreso Nacional es un golpe al corazón de la legislación de protección ambiental argentina, ya que se propone liquidar las dos leyes que mayor esfuerzo ciudadano costaron en los últimos quince años: la Ley de Protección de Bosques y la Ley de Glaciares”, sostuvo Enrique Viale, Presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Para obtener más información y participar en la campaña, entre aquí, o ingresando en salvalasleyesambientales.org

(1)      Organizaciones que promueven la iniciativa: Greenpeace Argentina, Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), Fundación Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo, Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF), Confederación Mapuche de Neuquén, Organización Ecologista Piuke, Fundación Plurales, Sin Azul No Hay Verde, Proyecto Quimilero, Banco de Bosques, Ambient.Arg, Isla Verde, Fundeps, Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA), Consciente Colectivo, Circuito Verde, Centro Cultural Tewok, Cebil Fundación Cultural, ASOCIANA, Asociación Amigos de la Patagonia, Alianza por el Clima y Ahora Qué?, entre otras.

Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza declara como ecocidio los impactos provocados por el actual modelo forestal

COMUNICADO DE PRENSA. 11vo Tribunal Local de los Derechos de la Naturaleza

Biobío, Concepción, Chile. Domingo 14 de enero de 2024

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza celebró su 11vo Tribunal Local en la región del Biobío, Chile, el viernes 12 de enero, centrando su atención en las violaciones de los Derechos de la Naturaleza derivadas del modelo forestal y los devastadores incendios forestales de 2023.

Presidido por el destacado abogado ambientalista Enrique Viale y con el respaldo del Fiscal de la Tierra Ricardo Frez, el Tribunal se propuso investigar las responsabilidades de entidades públicas y privadas en la implementación de un modelo forestal destructivo. El Tribunal contó con un panel de jueces y juezas destacados: Claudio Donoso (Chile), Antonio Elizalde (Chile), Jacqueline Arriagada (Chile), Lucio Cuenca (Chile), y Karina Riquelme (Chile).

El jueves 11, el Tribunal pudo realizar una visita in situ al territorio y recorrió Agua Amarilla, Coroney, Cerro Neuque, Bosque de Queules, en la comuna de Tomé; y, Patagual, Quetra, la Quebrada y la comuna de Santa Juana; para dialogar con personas afectadas, comunidades y juntas de vecinos, conociendo los monocultivos forestales y constatando de primera mano los impactos del modelo forestal y los incendios en la vida de las personas y de la Naturaleza. También se visitó una reserva de Queule, donde se pudo apreciar la resiliencia de este y otros árboles nativos como el Quillay que resistieron el fuego, así como ejemplos de manejo sostenible del bosque que protege pequeños refugios de vida.

Durante la sesión, los jueces tuvieron la oportunidad de escuchar testimonios conmovedores y pruebas contundentes de expertos, comunidades afectadas y activistas, que reflejaron el impacto catastrófico del modelo forestal en las comunidades y el ecosistema. Se destacó que los megaincendios del 2023 arrasaron más de 479,000 hectáreas, afectando gravemente el 61% de la superficie forestal y el 9,4% de la superficie total de la región. Estos incendios tuvieron un costo humano significativo, con más de 7.000 personas afectadas, 26 víctimas fatales y la pérdida de 33.000 animales domésticos.

Se escuchó la voz técnica de representantes e investigadores de EULA, ONG Conciencia Sur, y Earth Law Center. Adicionalmente, se expusieron los testimonios de integrantes de comunidades y organizaciones locales de Tomé, Patagual, Nacimiento, San Ramón-Quillón y Santa Juana, cerrando la jornada con el relato de representantes de la Comunidad Indígena Pewenche del Alto Biobío, quienes revelaron el dolor y la desesperación que sienten al ver sus tierras ancestrales devastadas. Relataron cómo la contaminación del agua, la pérdida de biodiversidad y el desplazamiento territorial han sido antecedentes que han afectado significativamente a sus sistemas de vida, afectando culturalmente sus raíces y espiritualidad. 

Expertos en ecología y ciencias ambientales presentaron datos alarmantes sobre la degradación de los ecosistemas a causa de la instalación y operación del sistema forestal en el territorio. Describiendo, en concreto, evidencias de la pérdida y contaminación del agua, afectación y pérdida crítica de especies relevantes de flora y fauna y, en general, las consecuencias directas de la explotación forestal intensiva. A su vez, fue abordada la necesidad imperante de reevaluar el uso de agroquímicos, la deforestación y las prácticas de monocultivo.

Tras un análisis exhaustivo, los jueces emitieron declaraciones contundentes. Las empresas forestales como Arauco y CMPC, las más grandes de Chile, fueron señaladas como responsables por tal destrucción ambiental, y por comprometer los derechos fundamentales de las comunidades locales. La Secretaría del Tribunal invitó a comparecer a las siguientes instituciones y empresas: CORMA, CONAF, Empresas ARAUCO (titular del proyecto M.A.P.A.) y CMPC (titular del proyecto Planta Santa Fe), quienes no concurrieron a la audiencia. Una importante presentación realizó la Alcaldesa de Santa Juana, quien dio cuenta del sufrimiento de los habitantes de su comuna, de la historia de la instalación del modelo Forestal y del absoluto abandono del gobierno central en orden a mitigar y prevenir estos desastres.

Además, se hizo un llamamiento urgente para reformar una legislación ambiental insuficiente, la necesidad de establecer políticas que prioricen la justicia ambiental y comunitaria, instando a las autoridades chilenas a reconocer los derechos intrínsecos de la Naturaleza que se encuentra recogidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. 

Se denunciaron las consecuencias históricas de la implementación del Decreto Ley N°701 y se propuso modificar el artículo 19 de la Ley N°20.283, sobre “Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal”, y que sea la ciencia comunitaria quien aporte a entender y proteger los territorios afectados y, de esta manera, promover un sistema de restauración que respete los ecosistemas locales.

Claudio Donoso, uno de los jueces del Tribunal, señaló: “La intervención de las montañas y cordilleras ha afectado gravemente el suministro de agua, creando una escasez alarmante. Estamos observando un deterioro acelerado del territorio que, a su vez, provoca graves impactos en las comunidades locales”.

Lucio Cuenca, por su parte, denunció la influencia de las grandes empresas forestales en la política y la institucionalidad, alegando que “existe una especie de captura de grupos como Arauco y CMPC, que han moldeado la política en función de sus intereses”.

El Tribunal subrayó la necesidad urgente de replantear las políticas forestales en Chile, resaltando las demandas de las comunidades indígenas y locales que han sufrido directamente las consecuencias devastadoras de este modelo. Karina Riquelme, otra voz crítica del Tribunal, expresó: “Las comunidades han realizado denuncias que han sido ignoradas durante años. Es hora de actuar y reconocer profundamente su dolor que pudimos constatar ha tenido consecuencias vitales.”.

Los jueces y las juezas del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza emitieron un veredicto oral la tarde del viernes 12 de enero en la que declararon:

1.- Que el actual modelo forestal chileno ha provocado un ecocidio en el territorio y contra todos los seres vivos que lo habitan, humanos y no humanos;

2.- Que el modelo forestal viola los derechos de la naturaleza e incluso las débiles normas de protección ambiental existentes en el país;

3.- Que ha constatado la ausencia del Estado chileno en la regulación y fiscalización de la propia normativa existente la que además declaramos completamente insuficiente;

4.- Que el accionar de las grandes empresas forestales viola los derechos de la naturaleza;

5.- Se insta al Estado de Chile a generar un reconocimiento de los derechos de la Naturaleza en su normativa interna, como única forma de pervivencia de la humanidad y la biodiversidad, y que promueva un plan de superación del actual modelo forestal;

6.- Se exige con urgencia un plan de restauración y regeneración integral que nazca desde los territorios y espacios locales;

7.- Se exige la declaración de una moratoria o prohibición de establecimiento de especies invasoras y pirrofitas en el territorio;

8.- Considera al Queule, la cordillera de Nahuelbuta, el cerro Cayumanqui y el río Biobío; entre los demás elementos de la naturaleza, como sujetos de derechos inherentes que son reconocidos y amparados por la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra; mismos que deben ser reconocidos, garantizados y respetados por el Estado de Chile.

La iniciativa del XI Tribunal Local caso Biobío contra Modelo Forestal fue organizado por el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza y convocada desde el nivel local por la Alianza de los Derechos de la Naturaleza del Biobío, compuesta por diversas organizaciones, entre ellas: Red por la Superación del Modelo Forestal, Entramas por el Biobío, ONG We Kimün y ONG Defensa Ambiental; y, desde un plano internacional, por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN).

Puede encontrar más información sobre la sesión haciendo click aquí.

Para acceder a la audiencia completa, haga click aquí.

Para acceder a la lectura del veredicto, haga click aquí.

CUÑAS VEREDICTO DE JUECES

–   Claudio Donoso (Ingeniero Forestal, Chile)

“Cuando llegan las forestales cambia un poco ese escenario (deforestación en terrenos planos para uso agrícola) y se empieza a intervenir las cordilleras y las montañas, las grandes surtidoras de agua; allí es cuando comienza a notarse más el impacto sobre el equilibrio natural y los suelos, comenzando la escasez hídrica. En la medida que se sigue destruyendo ese territorio el tema del agua se va agravando, lo que se acrecienta con el monocultivo forestal de especies exóticas de rápido crecimiento, donde todos los árboles son de la misma especie y la misma edad, consumiendo enormes cantidades de agua y nutrientes desde el suelo. Estos monocultivos, que otorgan grandes utilidades para unos pocos, han secado gran parte del territorio, ya es escasa el agua y a pesar de que vemos los ríos correr, el suelo está seco y hoy día este territorio qué tratamos tan mal, se está quemando”.

–       Lucio Cuenca (OLCA, Chile)

“Sin duda acá se ha repetido, y lo hemos constatado en terreno, que hay una omisión e irresponsabilidad del estado en la expansión de este modelo nefasto que lleva ya más de 50 años. Hay antecedentes que nos permiten aproximarnos a una conclusión: Existe una especie de captura de los grupos como Arauco y Mininco, CMPC, Masisa, para moldear la institucionalidad y la política en función de sus mezquinos intereses”.

–       Jacqueline Arriagada (ANAMURI, Chile),

“Un agradecimiento profundo de cómo nos abrieron las puertas de casas, juntas de vecinos, espacios, en las cuales fuimos testigos presenciales y pudimos constatar el avasallamiento de lo que nos hacen vivir cada cierto tiempo, y de los infiernos en los que nos sumergen. Hoy los testimonios están diciendo que no lo imaginamos, que no nos pasa solo a pocos en un espacio, sino que es todo un territorio que viene siendo dañado por un modelo forestal que nos hace daño, y que no respeta los derechos de la naturaleza”.

–       Karina Riquelme (Chile).

“Por muchos años las comunidades han realizado denuncias a través de la legislación y no han sido escuchadas, Desgraciadamente la feble legislación ambiental genera hoy día las terribles situaciones que hemos podido constatar en poco tiempo de manera presencial. El día de ayer vimos situaciones en las que no creo que sea posible en 24 horas, tener la capacidad espiritual de poder entenderla y poder comprenderla profundamente. La mayoría de los jueces nos encontramos en un estado de shock, por el gran dolor que quienes habitan estos territorios han tenido que sufrir durante gran cantidad de años”.

11vo Tribunal Local de los Derechos de la Naturaleza

Ley de Bosques: en riesgo con la Ley Ómnibus

Nuevamente, la Ley de Bosques Nativos, N° 26.331, se encuentra en la esfera pública debido al reciente ataque que recibió durante el debate de la Ley Ómnibus presentada en el Congreso.

Esta legislación, que busca la conservación de los bosques nativos, ha aportado cambios significativos en el ordenamiento territorial a nivel nacional y la preservación ambiental en el país. Según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, desde su implementación en 2007, la ley ha contribuido a la protección de más de 22 millones de hectáreas de bosques nativos en Argentina.

El proyecto de Ley Ómnibus, presentado por el gobierno nacional, genera inquietud entre los especialistas y las organizaciones de la sociedad civil. Esta propuesta contempla la sustitución de los artículos 26 y 31 de la ley mencionada, lo que permitiría desmontes en áreas actualmente designadas como de alto y mediano valor de conservación.

El Equipo Técnico Asesor encargado del nuevo mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en Salta expresó su oposición, calificando la modificación como “técnicamente errónea, económicamente innecesaria, ambientalmente perjudicial, socialmente regresiva, legalmente irrelevante y políticamente cuestionable”. Esta postura se respalda con informes técnicos que detallan los logros ambientales alcanzados bajo la actual legislación.

Según datos del mismo Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la ley ha demostrado ser un motor para el turismo sustentable y la generación de empleo en las áreas boscosas protegidas. La eliminación de restricciones podría revertir estos avances y comprometer el aporte en materia económica para las regiones afectadas.

Además, la modificación amenaza los modos de vida de comunidades indígenas y campesinas, ya que elimina protocolos de consulta previa sobre proyectos de manejo del suelo. Datos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) indican que, en áreas bajo protección de la ley actual, se ha fortalecido la participación activa de las comunidades originarias en la toma de decisiones sobre el uso de la tierra.

Desde una perspectiva legal, la modificación ignora el Principio de Progresividad, establecido en la Ley Nacional N°25.675, y la participación pública, perdiendo legitimidad social. Según jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la Ley de Bosques ha sentado un precedente importante en materia ambiental, y cualquier retroceso podría ser objeto de cuestionamiento legal.

Las provincias, a pesar de la modificación propuesta, tienen la autonomía para mantener leyes más estrictas. Datos del Observatorio de Desarrollo Regional indican que varias provincias han fortalecido sus legislaciones locales en concordancia con la Ley de Bosques Nacional, logrando así un marco legal más sólido para la protección ambiental.

Si bien no de una manera absoluta, la Ley de Bosques ha logrado hacer un aporte en la protección de la biodiversidad y la prevención de desmontes indiscriminados. Según informes del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico, la ley ha contribuido a la conservación de especies amenazadas y la preservación de ecosistemas únicos en Argentina.

En un contexto en el cual el desafío a nivel ambiental que enfrenta todo el movimiento no tiene precedentes, todos los posibles aportes que la estructura institucional existente tenga han de ser mantenidos. La posible eliminación de restricciones y la falta de consideración hacia la sostenibilidad ambiental plantean una amenaza significativa para la conservación de los bosques nativos en Argentina. La ciudadanía, en este contexto, se encuentra llamada a la acción para proteger uno de los patrimonios naturales más importantes del país.

Ley de Glaciares: Nuestro patrimonio hídrico en Riesgo

Hace más de trece años, Argentina dio un paso crucial en la preservación de sus bienes naturales, cuando decidió sancionar la Ley de Glaciares N°26.639. Esta legislación ambiental se destaca como una de las más trascendentales del país, por ser producto de una conquista de la sociedad civil. La norma establece presupuestos mínimos para que el Estado garantice la protección de los glaciares y el ambiente periglacial. También reconoce su papel estratégico en la preservación de las cuencas hídricas, al declarar a los cuerpos glaciares como bienes de carácter público.

La promulgación de leyes orientadas a la protección ambiental en Argentina representa un desafío monumental. Los poderosos intereses de la economía extractiva poseen una considerable capacidad e influencia política. La defensa del ambiente implica un interés colectivo, por lo cual debe ser abrazado por la población en su conjunto para hacer frente los lobbys. Al alcanzar niveles altos de legitimidad social es que se puede avanzar hacia legislaciones más comprometida con la justicia social y ecológica.

El interés de las personas por proteger nuestros ecosistemas se enfrenta a las ambiciones de grandes corporaciones internacionales y élites locales, ansiosas de apropiarse del territorio y de los bienes comunes. Esta apropiación implica sacrificar estos recursos para convertirlos en commodities destinados a la exportación, sin que los supuestos beneficios económicos lleguen a la ciudadanía.

Bajo este modelo, la salud de la población local se ve afectada. Los ríos se contaminan y los ecosistemas sufren una explotación desmedida, todo en nombre de un progreso nacional, que nunca logra mejoras tangibles para la sociedad.

Es por eso que la Ley de Glaciares marcó un hito significativo en la historia legislativa argentina. Es producto de las luchas populares y de la organización de la sociedad civil. Fueron fundamentales estos impulsos para que el Congreso promulgue una norma que no favorecía a los grandes intereses corporativos. Esta legislación, la segunda de presupuestos mínimos tras la Ley de Bosques, enfrentó incluso un veto presidencial en 2008.

Avances y Desafíos

Desde su implementación, la ley ha enfrentado recibió varios ataques de intereses de empresas mineras, en connivencia con ciertas autoridades provinciales. Logró resistir gracias al apoyo popular y su legitimidad.

Los embates legales y estrategias para limitar su alcance llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que intervino en procesos legales para confirmar su vigencia. Empresas mineras, como Barrick Gold, intentaron desafiarla judicialmente, evidenciando su desdén por la legislación ambiental argentina.

A pesar de los avances significativos, como la re-evaluación de 44 proyectos mineros que pretendían operar en áreas en las cuales afectarían directamente a los glaciares o sus cuencas, las amenazas que buscan eludir su aplicación vuelven.

En defensa del Agua

Esta legislación es un escudo vital para la preservación de nuestros glaciares, que alimentan el 70% del agua dulce de Argentina y son necesarios para la vida y el desarrollo de actividades económicas. A pesar de esto, la presión constante del sector minero para modificar las normativas provinciales suele desencadenar movilizaciones sociales en diversas provincias. Las más recientes son el Chubutazo (2021) y el Mendozazo (2022) evidenciando la preocupación que tiene la población por sus fuentes de agua.

Desafíos Pendientes:

A pesar de que en 2018 se presentó el primer Inventario Nacional de Glaciares, este aún está incompleto y excluye ciertos glaciares, dejándolos desprotegidos. En un contexto de crisis climática y ecológica mundial, la implementación plena de esta ley se convierte en una decisión estratégica de nuestro país, no solo para preservar el ambiente, sino para garantizar el acceso vital al agua de toda la población.

Minería y Derechos Humanos:

Derogar esta ley sería abrir las puertas al avance de una minería que, históricamente, ha basado su rentabilidad en violaciones de derechos humanos y ambientales. Contrario a las afirmaciones de beneficios para las poblaciones locales, la realidad muestra que las comunidades no han experimentado mejoras económicas significativas debido a la minería.

Beneficios para la Población

La ley no solo protege nuestros glaciares como reservas estratégicas de agua sino que también resguarda la biodiversidad, proporciona información científica y contribuye al atractivo turístico. La preservación de los glaciares y de las cuencas hídricas de nuestro territornio no puede ser interpretado solamente como un condicionamiento a la minería. Es una decisión estratégica superior para preservar la fuente vital para las presentes y futuras generaciones.

La Ley de Glaciares es un hito en las conquistas ambientales argentina, pero su plena implementación es esencial. A medida que las consecuencias de la crisis climática se hacen más intensas sobre nuestros territorios, proteger los ecosistemas que nos otorgan resiliencia no es solo una elección ambiental, sino un compromiso con el bienestar y el futuro de la población argentina. Mantener y fortalecer esta legislación es crucial para resguardar la integridad de nuestros glaciares y garantizar un acceso sostenible al agua, un recurso invaluable para todos.

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza sesionará en el Biobío por modelo forestal y megaincendios de 2023

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza sesionará en la región BioBío.

Caso: Incendio Forestales.

● En la instancia, diversas comunidades denunciarán los graves impactos del modelo forestal y los incendios de 2023, buscando identificar a los responsables y contribuyendo a la judicialización de esta causa.

● Los megaincendios superaron las 326.000 hectáreas entre las regiones de Ñuble y Araucanía, correspondiendo un 61,3% a monocultivo forestal y un 9,4% a bosque nativo.

Concepción, enero de 2023. Las denuncias han sido preparadas por comunidades afectadas de Tomé, Coronel, Nacimiento y Santa Juana entre otras, en diferentes encuentros realizados en los meses de noviembre y diciembre. En todos estos casos, las personas denunciantes identifican acciones que tendrían como responsables tanto a empresas forestales como entidades estatales, lo que en conjunto con otras situaciones, han propiciado no solo los incendios, sino muchas de las graves afectaciones tanto para la población humana como también para la naturaleza. Estas denuncias serán formalizadas mediante la acción de un Fiscal de la Tierra, cargo que desempeñará el abogado Ricardo Frez de la ONG Defensa Ambiental.

Por otra parte, el Tribunal contará con importantes jueces y jueces de renombre nacional e internacional. Enrique Viale de Argentina presidirá el Tribunal, y serán jueces del mismo Claudio Donoso (Chile), Antonio Elizalde (Chile), Jacqueline Arriagada (Chile), Lucio Cuenca (Chile), y Karina Riquelme (Chile). Los diversos especialistas que integrarán el Tribunal de los DDNN en calidad de jueces, serán quienes recibirán y analizarán las acusaciones, dando en primera instancia un veredicto al finalizar la jornada, lo que se complementará con la redacción de un fallo que será entregado con posterioridad, y que sintetizará los antecedentes considerados para el veredicto, lo que probablemente constituirá una fuente para la jurisprudencia desde un enfoque biocéntrico y exhibirá de una forma concreta como la teoría de los derechos de la naturaleza se aplica a la problemática forestal.

La Sesión del Tribunal se iniciará a las 08:30 hrs. del viernes 12 de enero en Concepción, en dependencias del Sindicato de ENAP. El Tribunal examinará las evidencias, argumentos y testimonios presentados por los denunciantes, considerando los principios fundamentales de los derechos de la Naturaleza, dictaminando sentencias desde esta perspectiva. Natalia Greene (Ecuador), llevará la Secretaría del Tribunal.

Pero no sólo se trata de una audiencia, ya que durante la jornada previa del jueves 11 los jueces realizarán visitas a terreno en Tomé y Santa Juana, con el fin de conocer presencialmente la magnitud de los siniestros y recoger las vivencias de las propias personas que enfrentaron la catástrofe.

Megaincendios en el Biobío

Respecto a la magnitud de los megaincendios, cabe recordar que durante el verano del año 2023 se multiplicaron los incendios forestales de manera descontrolada, llegando a extenderse alrededor de 326.000 hectáreas entre las regiones de Ñuble y Araucanía, y que de la superficie quemada, un 61,3% corresponde a monocultivo forestal y un 9,4% a bosque nativo. Específicamente en la región del Biobío, un solo evento quemó un total de 112.622 hectáreas, que comprende el 60% de la comuna de Santa Juana y más del 40% de la comuna de Nacimiento. La intensidad de los incendios fue tan elevada que incluso se generó el fenómeno conocido como Tormenta de fuego, lo que de acuerdo a CONAF constituye una categoría que supera a las cinco anteriores dado la alta intensidad de la línea de fuego y la elevada velocidad de propagación.

Sesión del Tribunal

La instancia reunirá a expertos en el campo de la justicia ambiental y los derechos humanos, quienes compartirán sus perspectivas y experiencias, fomentando un diálogo constructivo respecto a los mega incendios forestales desde este nuevo enfoque jurídico que supone a la naturaleza como sujeto de derechos. De esta forma la sesión del Tribunal de los Derechos de la Naturaleza es una oportunidad que permite, por un lado, el fortalecimiento de las organizaciones y comunidades locales, así como también el reconocimiento de los derechos de ecosistemas como el río Biobío, la cordillera de Nahuelbuta, o de especies endémicas protegidas como el Queule, que actualmente tiene la categoría de Monumento Natural. Todos afectados no solamente por los eventos de incendios, sino además por el impacto constante del monocultivo forestal de pino y eucalipto. Silvana Ceballos, miembro de la Red por la Superación del Modelo Forestal, sostiene: “Para muchos de nosotros y nosotras estos incendios son consecuencia directa de la operación irresponsable de las empresas forestales, la fiscalización ausente o negligente del Estado y la reacción negligente de ambos”.

Mientras que para el abogado ambiental y miembro permanente del Tribunal en Latinoamérica, Enrique Viale, este es un hito relevante dado que: “Mirar los territorios desde los derechos de la naturaleza es muy importante porque cambia esa visión antropocéntrica, solo funcional de la naturaleza como una cosa, que está ahí para ser explotada de manera ilimitada”.

Organizan

La iniciativa es organizada por el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza y convocada desde el nivel local por la Alianza de los Derechos de la Naturaleza del Biobío y desde un plano internacional por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza-GARN. La primera, compuesta por diversas organizaciones como la Red por la Superación del Modelo Forestal, Entramas por el Biobío, ONG We Kimün y ONG Defensa Ambiental, las que comparten la perspectiva de los derechos de la naturaleza como una vía válida y necesaria para enfrentar las afectaciones a los derechos del río Biobío y otros elementos bioculturales. Mientras que la segunda corresponde a una diversa Red mundial de científicos, abogados, economistas, autores, políticos, actores, amas de casa, estudiantes, activistas, líderes indígenas, espirituales y empresariales: personas de múltiples ámbitos de la vida en más de 100 países, en 6 continentes.

Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza sesionará en el Biobío

Fecha: Viernes 12 de enero, 08:30 hrs.

Lectura del veredicto: 16:00 hrs.

Contacto: Ricardo Frez, abogado ONG Defensa Ambiental. +56973255852 . Rodrigo Mellado, comunicaciones. +56975468417

Peor que en los 90s: DNU, autocracia, extranjerización y regresión socioambiental

Peor que en los 90s: DNU, autocracia, extranjerización y regresión socioambiental 

Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo al DNU Nº 70/2023. Lo consideramos manifiestamente inconstitucional y en contradicción con los principios fundamentales de la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

El DNU carece de argumentos sólidos y no cumple con los requisitos constitucionales de “necesidad” y “urgencia”. A su vez, ignora los mecanismos constitucionales al eludir la aprobación legislativa, contraviniendo la jurisprudencia de la CSJN. También la emisión del DNU, de 336 artículos y dictado de manera apresurada, viola la prohibición constitucional establecida en el Artículo 29 de la Constitución Nacional, lo que puede ser considerado una “traición a la patria” como establece nuestra Carta Magna. A su vez, esto se intenta implementar en conjunto con un protocolo antipiquetes que viola el Derecho a la Protesta social, en un intento por acallar cualquier tipo de respuesta popular a las medidas. 

Compartimos a la sociedad un primer análisis (ver abajo link a documento completo) de los aspectos socioambientales del mencionado Decreto, que muestra su carácter abiertamente regresivo. Entre los principales puntos que el documento analiza se encuentran: 

Ley de Tierras Rurales: Sancionada en 2011, la Ley de tierras rurales expresó la necesidad de colocar un freno al proceso de extranjerización de tierras. La ley busca limitar la extranjerización de las tierras, colocando un régimen restrictivo para la compra de tierras rurales por extranjeros. Un artículo importante es el que prohíbe a extranjeros ser propietarios de inmuebles que sean ribereños de cuerpos de agua (ríos, lagos o cuencas) y zonas de seguridad de frontera.

La derogación de esta Ley conlleva directamente la liberación total de la compra o posesión a capitales extranjeros. Extranjerizar nuestros suelos se traduce en perder nuestra soberanía sobre los bienes comunes asociados al suelo y agua. A su vez esto implica el desplazamiento de poblaciones vulnerables; comunidades campesinas e indígenas podrán ser expulsados por la megaminería metalífera y de litio, la expansión de la frontera sojera-ganadera, foresto-industrial y el corrimiento de la explotación hidrocarburífera. 

Leyes de Minería: la derogación de la Ley N° 24.523 del Sistema Nacional de Comercio Minero, y la Ley N° 24.695 del Banco Nacional de Información Minera implica aún una mayor opacidad en una actividad que ya se encuentra absolutamente desregulada y con la habilitación a una minería a gran escala que flexibiliza controles, estableciendo un sistema de regalías irrisorios a las corporaciones mineras y que continúa intacto.

Impacto en el Sector Energético: Abre la puerta a la privatización total de las empresas públicas  (su transformación de sociedades mixtas a sociedades anónimas). Representa un riesgo para la aceleración en la expansión de la frontera hidrocarburífera, en un contexto de crisis climática. Establece la liberalización tarifaria sin salvaguardas, lo cual amenaza el mercado interno y aumenta riesgos ambientales y sociales. A su vez la eliminación del Fondo para el Desarrollo de la Generación Distribuida (FODIS) y afectación de certificados de crédito fiscal representan un retroceso en la implementación de energías renovables de baja escala necesarias para la transición ecosocial

Lo más llamativo es la absoluta ausencia de cualquier tipo de regulación o modificación de los grandes subsidios existentes para las grandes petroleras y empresas energéticas. Es decir, se seguirá subsidiando a las grandes petroleras multinacionales, no para el consumo interno, sino para la exportación.

Modificación de la Ley del Fuego: Si bien no aparece en el DNU publicado, la modificación -anunciada expresamente por el presidente en la cadena nacional- permitiría el cambio de uso del suelo de zonas afectadas por el fuego, alentando la destrucción de bosques, humedales y áreas protegidas por el agronegocio y la especulación inmobiliaria

Riesgo Alimentario: La derogación de normas como la Ley de Abastecimiento o la Ley de Góndolas favorecen la exportación del agronegocio en detrimento del abastecimiento interno. Esto representa un riesgo que profundiza la crisis alimentaria global y obtura la soberanía alimentaría. 

Contacto de Prensa: +541123904594

OTRA VEZ LOS BOSQUES DE CHACO EN PELIGRO: “AUDIENCIAS PÚBLICAS” QUE ATENTAN CONTRA BOSQUES NATIVOS

  Argentina – 28 de Septiembre, 2023

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) expresamos nuestro más enérgico repudio a la decisión del gobierno de Chaco de “adecuar” el mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia. Consideramos que esta convocatoria representa una nueva artimaña que socava los procedimientos técnicos, participativos y administrativos establecidos por la Ley 26.331 de Protección de Bosques Nativos.

La propuesta de ordenamiento territorial presentada por el Ministerio de Producción de Chaco en estas irregulares audiencias públicas viola flagrantemente los principios fundamentales de la Ley de Protección de Bosques Nativos y la Ley General de Ambiente. Esta propuesta no cumple con los procedimientos técnicos establecidos y el mapa resultante es regresivo, lo que significa que áreas de alto valor de conservación están siendo categorizadas como de bajo valor, permitiendo su desmonte total y favoreciendo al agronegocio.

Además, esta convocatoria no cumple con las condiciones requeridas para consultar a la población sobre asuntos ambientales, como lo establecen acuerdos internacionales a los que Argentina se ha comprometido, como lo es el Acuerdo de Escazú. La falta de información previa a la población sobre la materia a discutir y la elección de espacios que no son públicos y seguros para las audiencias públicas (insólitamente las audiencias públicas se llevarán a cabo en las sedes de las entidades empresariales del agronegocio que desmontan). 

Este proceso ilegal se lleva a cabo en el contexto de una actualización del ordenamiento territorial de los bosques nativos de Chaco que carece de sustento legal, y que desde sus inicios fue caracterizado por la violencia, discriminación y amenazas a defensores y defensoras ambientales. El intento previo del gobernador Capitanich de actualizar el ordenamiento por decreto requería la ratificación del Poder Legislativo, un paso que nunca se cumplió. Además, esta nueva actualización se promueve unilateralmente desde el Ministerio de Producción, excluyendo la participación del Ministerio de Ambiente, que junto al primero conforman el Consejo Provincial de Ambiente encargado de administrar los bosques del Chaco. 

Lo aquí expuesto hiere de muerte la transparencia, legitimidad y legalidad del proceso, convirtiéndolo en nulo de nulidad absoluta.

Por todas estas razones, exigimos la inmediata suspensión de esta convocatoria y llamamos al gobierno de Chaco a respetar las leyes que protegen los últimos bosques nativos de la provincia y del país. Es inaceptable que se permita el desmonte ilegal en una región que ha perdido más de 8.000.000 de hectáreas en los últimos 30 años, siendo Chaco la provincia que más deforestaciones tuvo el primer semestre de 2023 con 24.522  hectáreas de bosques nativos.  La dirigencia política del Chaco debe detener el saqueo de nuestros últimos pulmones verdes y refugios de flora y vida silvestre.

Estas son medidas realizadas al servicio del poder del agronegocio, que terminan siendo quien efectúa presión al estado para garantizar sus propios intereses, pero también con graves conflictos de intereses de algunos ex funcionarios de la provincia del área de bosques que durante su gestión avanzaron los desmontes en Chaco y ahora se sumaron al proceso en carácter de productores forestales y en representación de empresas tanineras ligadas al agronegocio. Instamos al gobernador Capitanich a tomar medidas coherentes y decididas en favor de la protección de los bosques nativos y de los derechos sociales y ambientales de la población. En un contexto de crisis climática y pérdida de biodiversidad, no hay margen para políticas ambiguas que permitan la expansión de la frontera agropecuaria sobre estos ecosistemas vitales.

Contacto de prensa AAdeAA/CAJE: 

Abg. Enrique Viale 1151207518

Abg. Lucas Micheloud 3413042305

ecocidios de Pingüinos de Magallanes

Avanza la causa por el ecocidio de pingüinos  en Punta Tombo

Chubut,  16 de junio de 2023.- En el día de hoy, Fundación Patagonia Natural, Asociación Argentina de Abogadas/os Ambientalistas y Greenpeace Argentina fueron aceptados como querellantes en la causa por el ecocidio de Pingüinos de Magallanes perpetrado en la Reserva Punta Tombo, en la Provincia de Chubut. En el mismo, cientos de Pingüinos de Magallanes fueron víctimas de un verdadero crimen ambiental.

Punta Tombo (Chubut) es la colonia de pingüinos de Magallanes más grande del mundo. En la época de reproducción, mediados de octubre,  se pueden encontrar más de un millón de ejemplares en la reserva. 

La denuncia presentada por las organizaciones señala la posible configuración del delito de Crueldad contra los animales, establecido en la Ley 14.346 de Maltrato Animal, y solicita la adopción de medidas inmediatas para proteger a los pingüinos afectados. 

De acuerdo a las organizaciones, este tipo de masacres constituye un delito penal y debe ser investigado y sancionado como tal. El daño causado es irreversible y la justicia debe actuar en consonancia con la gravedad de los hechos. A su vez,  enfatizan la necesidad de sancionar un proyecto de ley que incorpore un Capítulo Penal Ambiental en el Código Penal Argentino.

El caso de la masacre de pingüinos en Punta Tombo es un ejemplo del involucramiento activo de organizaciones y la ciudadanía en la protección de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad. La participación ciudadana es fundamental para garantizar cambios significativos en las políticas y prácticas que afectan al entorno natural. La sociedad tiene el derecho y la responsabilidad de exigir a las autoridades que actúen en defensa del ambiente y tomen medidas efectivas para prevenir y sancionar los delitos ambientales.

Sobre la reserva Punta Tombo

La Reserva Punta Tombo, ubicada en la provincia de Chubut, alberga una de las mayores colonias continentales de pingüinos de Magallanes del planeta. Lamentablemente, en el año 2021, esta reserva fue testigo de una masacre sin precedentes, en la cual las topadoras pasaron por encima de la mayor colonia de pingüinos de Magallanes del mundo. Este acto atroz constituye un ecocidio, un daño grave e irreversible contra la biodiversidad, los ecosistemas y los derechos de la naturaleza. 

Punta Tombo se extiende a lo largo de más de 210 hectáreas en la estepa patagónica, ubicándose sobre la costa del Océano Atlántico, en el departamento Florentino Ameghino, a 110 km de la ciudad de Rawson, capital provincial. ​El pingüino Magallánico, cuyo ​Estado de Conservación de acuerdo a la catalogación en la lista roja  de la IUCN es de Casi Amenazado, no sólo ha sufrido los impactos de la actividad humana en tierra, sino que también está amenazado por actividades que avanzan sobre el mar, ​principalmente la industria​ petr​olera​, la pesca intensiva y los efectos del cambio climático sobre los océanos.

Se estima que al menos 175 nidos fueron destruidos en todas las áreas de nidificación. Además, se instaló un alambrado electrificado a lo largo de 900 metros. En diferentes sectores, dicho alambrado impidió la libre circulación de los pingüinos al encontrarse a una altura inferior a la de esta especie. Este hecho ocurrió en el momento crítico del ciclo reproductivo, donde los pichones están eclosionando o tienen muy pocos días de vida, y deben ser alimentados con frecuencia por los pingüinos adultos.

FOTOS

Contactos de prensa: 

Asociación  Argentina de Abogadas/os Ambientalistas: Alejo di Risio  +5491123904594
Greenpeace Argentina: Florencia Rodriguez +5491137612969 / Mariana Ciaschini+54911.3304.3316