3 de julio de 2025 — En un fallo sin precedentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió hoy la Opinión Consultiva OC-32/25, en la que, por primera vez, reconoce a la Naturaleza y sus componentes como sujetos de derechos. La decisión marca un hito histórico para el movimiento global que, desde hace décadas, trabajamos por transformar la forma en que las sociedades y los marcos jurídicos se relacionan con los ecosistemas.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial celebramos este avance histórico como una herramienta clave para consolidar la justicia ecológica y climática. Este precedente abre nuevas posibilidades para el litigio estratégico, la protección efectiva de territorios amenazados y la incorporación de los Derechos de la Naturaleza en legislaciones nacionales y locales en toda la región.
En palabras de la propia Corte, este reconocimiento “constituye un desarrollo normativo que permite reforzar la protección de la integridad y funcionalidad de los ecosistemas a largo plazo, proporcionando herramientas jurídicas eficaces frente a la triple crisis planetaria y facilitando la prevención de daños existenciales antes de que alcancen un carácter irreversible”.
La Opinión Consultiva, aprobada por cuatro votos a favor y tres en contra, enfatiza que el reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de derechos no introduce conceptos ajenos al sistema interamericano, sino que representa una evolución coherente del principio de interdependencia entre los derechos humanos y el ambiente.
Como sostiene el propio fallo, “este enfoque fortalece un paradigma centrado en la protección de las condiciones ecológicas esenciales para la vida y empodera a comunidades locales y pueblos indígenas, quienes históricamente han sido guardianes de los ecosistemas” (OC-32/25, párr. 280).
🌿 Seguiremos trabajando junto a comunidades de toda la región, pueblos originarios, defensoras y defensores de la vida, para que este reconocimiento no sea solo simbólico, sino un punto de partida para una transformación concreta en defensa de los ecosistemas y las futuras generaciones.
Por Melisa Argento, Romina Araguas y Lucas Micheloud para Revista Econcejo
La provincia de Santa Fe se encuentra frente a un hito histórico: reformar su Ley Fundamental. Si bien se dice que la Constitución refleja lo que la sociedad valora y considera importante en su tiempo; en rigor es resultante de negociaciones de un fuerte entramado de intereses que representan los Constituyentes elegidos por la sociedad. Es urgente evitar que la ola libertaria que recorre el país impida la incorporación de derechos ecológicos y ambientales, así como el fortalecimiento de los derechos humanos, laborales, políticos, culturales, indígenas y el respeto por la diversidad de género.
La realidad histórica que vivimos es dramática, estamos atravesando una crisis ecológica a escala global, que es civilizatoria, dado que lo que debe ser transformado es la manera predadora para con la Naturaleza. Lo cierto es que las temperaturas del planeta están en aumento, la concentración de dióxido de carbono y metano excede los límites aceptables, y la pérdida de biodiversidad se acelera.
La crisis climática y ecológica también impactan a Santa Fe, que ha sufrido una explotación intensiva de sus bienes naturales en las últimas décadas, generando una crítica degradación ambiental en sus ecosistemas y vulneración de los derechos de las comunidades locales. Desde la histórica tala de bosques con la vieja forestal hasta la descontrolada expansión agrícola del agronegocio, se han perdido más del 80% de los bosques nativos, contribuyendo a la erosión de los suelos, exacerbada por eventos climáticos extremos y prolongadas sequías, especialmente en la cuenca del río Paraná. Además, las fumigaciones con agrotóxicos afectan la salud de comunidades urbanas y rurales. Mientras que los incendios forestales devastan humedales y pastizales, la industria pesquera exportadora arrasa con la fauna ictícola. Se consolida un modelo de producción de commodities (y no de alimento).
Frente a esto es fundamental que la reforma constitucional no se limite a un “lavado verde”, sino que sea una verdadera transformación del modelo extractivista. La reforma se presenta como una oportunidad histórica para redefinir los principios constitucionales de la provincia incorporando soluciones de fondo que garanticen derechos para la vida digna y sana de su población.
Desextractivizar el Futuro: Santa Fe en la encrucijada de la sostenibilidad
La necesidad de garantizar la sostenibilidad de la vida es crucial para revertir la situación ecológica y social que enfrentamos. Es imperativo que la reforma de la Constitución Provincial adopte un enfoque que priorice otros modelos de producción que respeten el equilibrio ecológico intergeneracional y fomenten la justicia social. Esto implica la protección de la naturaleza, el bienestar de la comunidad y la preservación de la biodiversidad para las generaciones futuras.
Propuestas hacia una Constitución Ecosocial
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, en red con otras organizaciones y colectivos, venimos cuestionando el extractivismo promoviendo acciones judiciales en defensa del ambiente y de las comunidades afectadas. Pero también venimos imaginando otros futuros que, articulen de manera definitiva la justicia social con la justicia ambiental.
Propuestas para un nuevo Pacto Ecosocial:
1.- Reconocimiento de los derechos de la naturaleza, a existir y prosperar: en sintonía con los compromisos internacionales, y un número creciente de fallos judiciales y normas que han reconocido la personalidad jurídica de los no humanos, es urgente reconocer a la naturaleza y a su diversidad por su valor intrínseco, es decir, como sujeto de derecho.
2.-Reconocimiento del derecho al ambiente, como derecho humano fundamental: reconocer al ambiente, como derecho fundamental y condición de preexistencia a los derechos humanos, por su fuerte vinculación no solo con los derechos a la vida y a la salud, sino también con derechos a la igualdad, a la libertad de pensamiento y expresión.
3.- Reconocimiento del sistema de Principios ambientales, priorizando la prevención de daños y la restauración de ecosistemas, adoptando un enfoque de precaución ante la incertidumbre científica. Garantizar a través del principio pro natura que la naturaleza prevalezca sobre los derechos subjetivos o privados, promoviendo políticas ambientales progresivas. Estos principios han de respaldar los planes de reparación para el río Paraná y sus cuencas, garantizando la protección y rehabilitación de los humedales.
4.- Reconocimiento de los instrumentos de política y gestión ambiental, particularmente la evaluación de impacto ambiental, la evaluación estratégica integral y acumulativa sobre la afectación ambiental en cada ecosistema o cuenca hídrica, el acceso a los derechos a la información pública ambiental transparente y temprana, a la participación en asuntos ambientalesy a el acceso irrestricto y gratuito a la justicia ambiental, a través de la acción de Amparo Ambiental.
5.- Reconocimiento del derecho humano al agua, como bien colectivo esencial para la vida. Debe preverse el ordenamiento territorial por cuencas hídricas, con la consecuente construcción de comités o entes de regulación y gestión público-social que deberán evitar la privatización de los ríos y los represamientos, así como la discrecionalidad de dragados.
6.- Reconocimiento del derecho a una alimentación segura y promoción de la agroecología, impulsando políticas que desarrollen la soberanía alimentaria. Progresivamente la eliminación en el uso de agrotóxicos, incentivando una agricultura con agricultores, alimentos y biodiversidad.
7.-Para que todo esto sea posible, nuestra futura Constitución debe vetar cualquier intento de legislar nuevas formas de financierización de la naturaleza que han sido configurada para favorecer la compensación de emisión de gases de efecto de invernadero de los sectores corporativos de poder, principales contaminantes del mundo. Rechazar cualquier intervención mercantil del mercado de carbono, y asumir un verdadero compromiso con la mitigación del cambio climático más allá de la adaptación.
8.-La legislación sobre nuestros bienes comunes debe garantizar la vida sana y digna de la ciudadanía santafesina, así como los derechos humanos y ecosistémicos. Por esto, la Constitución debe velar por la libre expresión y el derecho a la protesta social, rechazando cualquier impulso criminalizador que tiene, muchas veces entre sus principales víctimas a la sociedad organizada en la defensa de sus derechos. Es un momento decisivo para alzar la voz contra la amenaza de una agenda conservadora y negacionista impuesta por la ultraderecha, pero que, a muchos sectores políticos cooptados hace tiempo por los poderes económicos, le queda muy cómoda.
por Maristella Svampa y Enrique Viale para elDiarioAr
Parece una obviedad, pero como en este país el sentido común se ha invertido y bastardeado, hay que arrancar por lo más básico. Hay que comenzar justificando por qué defendemos los glaciares:
Defendemos los glaciares porque – sea la forma que adopten- son nuestras fábricas de agua, esas que desde la cordillera van alimentando más allá de las fronteras provinciales, nuestras cuencas y ríos, de las que depende toda la actividad económica, la salud de los ecosistemas y nuestra propia subsistencia.
Defendemos los glaciares porque en todo el mundo están cada vez más amenazados por el cambio climático y el estrés hídrico que ha hecho que éstos retrocedan, hasta en algunos casos desaparecer (como ya sucedió en Perú y Bolivia). Defendemos los glaciares contra aquellos negacionistas del cambio climático que por acción u omisión, alientan su destrucción y/o desaparición.
Defendemos los glaciares porque la otra gran amenaza es la expansión de las actividades extractivas, sobre todo de la gran minería, que se emplaza sobre zonas glaciares y periglaciares, utilizando millones de agua dulce y destruyendo estas fabulosas reservas de agua, como ya lo hecho en San Juan, y también del lado chileno, un país sometido a un estrés hídrico ya dramático.
La Ley 26.639, sancionada en el año 2010, resguarda los sistemas de glaciares y sus ecosistemas asociados, colocando límites razonables a actividades extractivas (petróleo y minería) en ambientes glaciares y periglaciares. Su sanción no fue fácil. Hubo antes un veto presidencial en 2008, bajo el gobierno de Cristina F. de Kirchner (conocido como “veto Barrick Gold”), pero finalmente la ley fue sancionada dos años más tarde, gracias a la articulación de organizaciones sociales, movimientos ambientales y sectores políticos que de este modo buscaron colocar un límite a una minería descontrolada, símbolo de la reprimarización de nuestra economía, del despojo y la contaminación.
En ese entonces había políticos de fuste, que se animaban a enfrentar al poder político y empresarial. En la cámara de Diputados la autora de la primera ley de glaciares fue Marta Maffei y tuvo grandes defensores como Miguel Bonasso, Pino Solanas, el bloque completo de Elisa Carrió e incluso, luego de varios debates televisivos, el propio Daniel Filmus votó por la buena ley, contrariando a su propio bloque. En el debate en el Senado representantes como Norma Morandini y Ruben Giustiniani abrieron el espacio a las organizaciones sociales y a científicos e investigadores de la universidad pública. Muchos de nosotros fuimos a hablar con los diputados y senadores que estaban indecisos, uno por uno, ofreciendo argumentos y datos científicos. En la sesión que desembocó en su aprobación el entonces senador jefe de bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, votó a favor e incluso el cordobés Luis Juez, hoy tan libertario, también lo hizo; todos ellos alegando que era necesario afirmar nuestra soberanía, resguardar nuestros bienes comunes y colocar límites a un lobby minero que se creía todopoderoso.
La CAEM (Cámara Argentina de Empresarios Mineros), que de Argentina no tiene nada porque está conformada por las grandes mineras transnacionales, nunca se resignó a perder esa batalla. Siempre tuvo a la Ley de Glaciares en la mira, cuestionando a ésta cual piedra en el zapato. La Ley fue objetada judicialmente apenas sancionada y logró ciertos frenos en las provincias más colonizadas por el poder minero (como en San Juan). La CAEM volvió a la carga bajo el gobierno de Macri en 2016, pero no pudo modificarla debido a la filtración del proyecto y las denuncias públicas que le siguieron. Dicha modificación estuvo a punto de ser introducida en el marco del proyecto de Ley Ómnibus (enero/febrero de 2024), aunque tampoco aquí pudieron lograrlo, debido al rechazo social que provocó.
Ahora la CAEM redactó un proyecto de Decreto que pretende saltear el Congreso, con el explícito propósito de avanzar con la explotación minera al área de glaciares y periglaciares, actualmente protegidos, lo que habilitaría su destrucción. La información que circula, de varias fuentes, es que irían contra la Ley de Glaciares a través de un Decreto nacional, por la vía de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifique directamente la ley, o mediante un decreto reglamentario que termine desvirtuando los alcances de protección de la norma. Lo que es seguro es que la modificación habilitaría la minería en la zona periglaciar y limitaría además la protección solo a glaciares mayores de una hectárea, desconociendo el carácter semi-árido de gran parte de nuestro país, mucho más expuesto por eso al estrés hídrico, agravado por la crisis climática global.
Así, la modificación es abiertamente regresiva pues dejaría afuera de la protección a todo el ambiente periglaciar. Cientos de kilómetros cuadrados a merced de su destrucción. Este ambiente, que rodea los glaciares, además de tener una importancia hídrica en sí misma, es -a su vez- elemental para la conservación de los cuerpos de hielo principales por su rol ecosistémico. También, como dijimos, dejarían fuera de protección todos los glaciares menores a una hectárea (una manzana urbana). Esta distinción, absolutamente arbitraria y sin sustento científico, dejaría fuera cientos de glaciares actualmente protegidos. Además habría una modificación que habilitaría la discrecionalidad total para destruir cualquier glaciar, pues pretenden exigir que los glaciares demuestren “relevancia hídrica” para que sea protegido. Esto abriría la puerta a la destrucción de cualquier glaciar, de cualquier tamaño, con la sola declaración de una provincia de que el glaciar en cuestión no tiene esa condición. En definitiva, todos los glaciares estarán en la mira de las grandes mineras.
Si bien la modificación que se pretende hacer es “quirúrgica”, es suficiente para permitir la destrucción de estas fábricas de agua. Y ello para llevar a cabo una actividad netamente extractivista e irracional, que puede durar sólo 15 o 20 años, y que tiene como consecuencia la destrucción de los glaciares para siempre. Sí, claro, hay que decirlo una vez más aunque sea obvio: los glaciares una vez que se destruyen, no se pueden reconstruir ni recomponer.
Además, el Decreto sería abiertamente inconstitucional, por su carácter regresivo. No se puede retroceder en protección ambiental, esto lo establece el Acuerdo de Escazú al consagrar expresamente el Principio de No Regresión, tratado internacional que Argentina firmó y, por lo tanto, está obligado a respetar y, además, ya forma parte de nuestra legislación.
Por otro lado, las compañías mineras y sus voceros suelen decir que la Ley de Glaciares impide el avance de la minería. Que quede claro, por si hay todavía algún distraído: no es que la megaminería no haya avanzado en Argentina a raíz de la Ley Nacional de Glaciares. Ciertamente esta impuso límites razonables sobre polémicos proyectos que pretenden asentarse en zonas protegidas, pero no pudo evitar que la minera Barrick Gold continuara destruyendo glaciares en San Juan. En realidad, pese a los grandes logros de los movimientos en defensa del agua -como en Mendoza y Chubut- la megaminería sigue avanzando descontroladamente en las provincias. Hoy, en 2025, solamente en Río Negro hay unos 53 proyectos en distintos estados de avance, y más de 35 en San Juan y es así en casi todas las provincias. Así, la voracidad de las empresas mineras no conoce límite, mucho menos ahora que están envalentonados como nunca por una política nacional negacionista del cambio climático. Los gobernadores y los sectores promineros se han subido al carro triunfal libertario, avalando en lo provincial una política nacional que suprime derechos, que reprime en las calles la protesta social, que encarcela a activistas sociales y ambientales, y ofrece en bandeja de plata al capital transnacional y sus socios nacionales los bienes públicos y naturales de los argentinos.
Estamos en tiempo de revancha; el lobby minero se frota las manos y ve por fin llegar su hora, la de avanzar y destruir los glaciares. Seguramente van a minimizar el peligro de destrucción, mentirán sobre nuestras fuentes de agua y las posibilidades de contaminación. Mentirán como lo hacen también sistemáticamente a la hora de prometer la creación de fuentes de trabajo, pues según fuentes oficiales la minería solo representa el 0.15% del trabajo privado registrado nacional. Dirán que ellos protegen el ambiente, pese a las ingentes muestras de que es todo lo contrario. Dirán que están acá para desarrollar el país, pese a que las zonas mineras -enclaves de exportación- siguen teniendo altos índices de pobreza. Dirán que aportan al fisco, cuando la Ley de Inversiones Mineras, de la década de los 90, establece exenciones impositivas y financieras y el tope de cobro de regalías (actualmente están pagando 1,6% del mineral que extraen), a lo que se suma ahora el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en la denominada Ley Bases (2024).
En fin, sacaran a relucir su reforzada confianza de clase, porque además tienen enfrente un presidente-chucky que los llama “héroes” y “benefactores sociales” y un ministro fanático de la desregulación hasta la obscenidad como Federico Sturzenegger, que se deleita haciendo entrega de nuestros bienes al conjunto de las fuerzas corporativas.
Pese a todo, no es hora de temer, de paralizarse o de hacer la política de la avestruz. Es hora de exigir seguridad jurídica. Aunque parezca un concepto exclusivamente relacionado con los grandes intereses económico, es importante remarcar que los ciudadanos también tenemos derecho a la seguridad jurídica. Tenemos derecho a que se respeten las leyes, como en este caso, que protegen las fuentes elementales de vida. A que no sean modificadas o subvertidas intempestiva y arbitrariamente y así se cambien las reglas de manera regresiva. ¿Permitiremos que destruyan nuestras reservas de agua, algo tan prioritario para la vida, máxime en el marco de la aceleración de la crisis climática? ¿Lo aceptaremos pasivamente? ¿Habrá algún legislador o legisladora – como lo hubo en 2010 y también en 2016- que salga a defender estos bienes comunes que pertenecen a todas las y los argentinos?
Un Plan de vigilancia secreto y antidemocrático
A esto se suma el peligroso plan de vigilancia, claramente antidemocrático, que se estaría ya aplicando contra los sectores ambientales. El pasado 25 de mayo el periodista Hugo Alconada Mon reveló la existencia de un Plan de Inteligencia Nacional 2025 (PIN), elaborado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) del actual gobierno de Milei. La revista Crisis accedió a una copia de dicho Plan y evidenció la extrema gravedad de su contenido. La descripción del “objetivo de inteligencia” de la SIDE sobre el movimiento socioambiental es escalofriante.
Es una caracterización detallada de las acciones elementales que realizamos desde hace décadas: “actores estratégicos, vinculados a organizaciones ambientalistas, con capacidad de incidir en la toma de decisiones y en la obstrucción de proyectos ligados a la exploración y explotación de Recursos Naturales Estratégicos (RNE)”
El delirio es tal que alcanza incluso a aquellos que propicien un cambio de matriz energética, algo que es una obligación nacional e internacional, que establece el Acuerdo de París, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Así se dice: “actores que propician proyectos relacionados con el desarrollo de energías renovables e hidrógeno verde a nivel global que aceleren el cambio de matriz energética en detrimento de la posible comercialización de recursos hidrocarburíferos por parte del Actor Nacional”.
También se encarga de poner como objetivo de inteligencia a las comunidades indígenas: “actores que en función de la protección de patrimonios culturales y/o sagrados para las comunidades locales deriven en la obstrucción de proyectos”. Y el dislate es total al incluir a los científicos: “actores que promocionen actividades científicas ligadas a la conservación de la biodiversidad y protección de los océanos…”
Es decir que la totalidad del espacio socioambiental, que incluye organizaciones, colectivos, activistas, referentes académicos y periodistas, comunidades indígenas y científicos, son -somos- el blanco del Servicio de Inteligencia del Estado solo por promover elementales acciones que realiza pacíficamente cualquier defensor ambiental. Todo ello nos plantea las preguntas acerca de qué tareas de inteligencia ya se están realizando sobre nosotros. ¿Nos están siguiendo físicamente? ¿Penetran o infiltran nuestras comunicaciones y redes sociales? ¿Preparan “operaciones” mediáticas para desprestigiarnos? El objetivo así no es solo provocar confusión sino además producir miedo y desmovilización, generar una sumisión social absoluta que suprima no solo los derechos sino la posibilidad misma de manifestarnos. Es de tal gravedad que debería producir un escándalo nacional de proporciones. Pero en realidad, hay que preguntarse a quién le importa el movimiento ambiental, sus luchas territoriales y su defensa de nuestros bienes comunes, si este ha sido sistemáticamente ninguneado, estigmatizado e invisibilizado por todos los gobiernos argentinos de los últimos veinte años…
La cineasta Lucrecia Martel dijo hace poco que: “Nos toca algo que da mucho trabajo y es muy cansador, nos toca inventar el futuro próximo… Inventemos un futuro que nos guste, que no sea solo el futuro del apocalipsis… Hay que inventar de cero.” Así, es tiempo de pensar otro futuro y también de cuidarse, cuidarnos, mucho, juntos, para sostener y hacer retroceder colectivamente esta ofensiva autoritaria que se perfila en todos los frentes. Es tiempo de abrir el espacio -político y cognitivo- a la imaginación radical y, sobre todo, tiempo de unir las luchas.
La justicia avanza sobre la responsabilidad empresarial en la acumulación de residuos petroleros en la región de Vaca Muerta
El Ministerio Público Fiscal de Neuquén realizó el día de hoy un allanamiento en la planta de Comarsa, ubicada en el Parque Industrial de Neuquén, con autorización de la jueza de garantías Natalia Peloso. La acción fue realizada dentro del marco de la causa denunciada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, conocida como Basureros Petroleros.
El operativo tuvo como objetivo principal tomar muestras de suelo en zonas hasta ahora inaccesibles, utilizando maquinaria pesada, e incautar documentación física y digital relacionada con el tratamiento, traslado y disposición de residuos petroleros. También se busca constatar el cumplimiento efectivo del plan de remediación autorizado por la Secretaría de Ambiente en 2024, que implicaba el traslado de los residuos acumulados a un relleno de seguridad.
Este avance se da en el marco de una causa penal en curso, donde ya fueron imputados tres responsables de la empresa: dos directivos y un empleado, por los delitos de contaminación peligrosa para la salud pública y administración fraudulenta. En términos concretos, se investiga si Comarsa simuló el tratamiento de residuos, acumulándolos sin control, y emitió certificados falsos para encubrir prácticas ilegales. También se analiza la posible utilización irregular de tierras fiscales, así como la sobreocupación de capacidad autorizada.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas impulsamos esta causa desde 2020 y advertimos tempranamente que Comarsa acumulaba toneladas de barros petroleros sin tratamiento real, con alta concentración de hidrocarburos y metales pesados, exponiendo a las comunidades cercanas a un riesgo sanitario inaceptable. Las inspecciones realizadas en 2023 y 2024 constataron que gran parte del predio estaba completamente ocupado por residuos, impidiendo incluso verificar el daño real al suelo natural. Recién cuando comenzó el retiro parcial de residuos en 2024 se pudo acceder a nuevas zonas clave para la investigación.
En 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén restableció los embargos preventivos contra la empresa por más de siete millones de dólares, como garantía ante la magnitud del daño ambiental ocasionado. El operativo de hoy representa un paso decisivo en la producción de pruebas, y podría derivar en nuevas imputaciones o medidas cautelares, según el resultado de los análisis y el material secuestrado.
Nos enfrentamos a un modelo extractivo que externaliza sus costos, degrada territorios y luego exige que el Estado y la sociedad se hagan cargo de la limpieza. Este caso es paradigmático: muestra cómo el fracking, lejos de ser una solución energética, genera pasivos ambientales de altísimo riesgo. Exigimos que la justicia avance con firmeza, que se impongan sanciones ejemplares y que los costos de remediación no sean trasladados a las comunidades ni al erario público. No se trata solo de castigar delitos pasados, sino de impedir que se repitan bajo nuevas formas.
Desde la Asociación llamamos a todas las organizaciones sociales, dependenicas estatales, movimientos territoriales y medios comprometidos con la justicia ambiental a seguir este proceso con atención crítica. La salud pública, la integridad del territorio patagónico y el derecho al ambiente y la salud de las futuras generaciones están en juego. No habrá procesos de transición ecosocial sin memoria, sin reparación y sin freno a la impunidad empresarial.
El 19 de diciembre de 2024, defensores y defensoras ambientales que denuncian la ilegalidad de una obra de defensa costera en Camet Norte fueron víctimas de hostigamiento y detención/privación de su libertad. Fue el propio municipio, a través de diversos actores políticos con intereses en la ejecución de la obra avanzaron en represalias contra integrantes de la comunidad local y organizaciones que impulsan desde hace años el resguardo del ecosistema de acantilados.
El conflicto tiene larga data. Desde 2020, el Juzgado Civil y Comercial N.º 7 de Mar del Plata, a cargo de la Dra. Daniela Basso, lleva adelante una acción preventiva por daño ambiental y busca la recomposición del ambiente dañado. A partir de ese proceso judicial, el 6 de octubre de 2020 se dictó una medida cautelar que prohíbe expresamente innovar con cualquier tipo de obra o acción material en los acantilados y playa de Camet Norte, una zona reconocida por la propia Justicia como ambientalmente sensible. Esta medida fue ratificada y ampliada el 18 de diciembre de 2020, alcanzando a cualquier persona física o jurídica que contribuya a dañar el entorno.
A pesar de esta prohibición clara y vigente, en abril de 2025 la empresa Gerónimo Rizzo S.A. avanzó con obras sin autorización, generando impactos sobre el ambiente costero. Las denuncias realizadas por vecinos, organizaciones del territorio e incluso algunos concejales del partido de Mar Chiquita dieron cuenta de los daños y el incumplimiento deliberado de la medida judicial. Lejos de asumir su responsabilidad, la empresa redobló su embestida intentando criminalizar, una vez más, a quienes defienden el ambiente.
La resolución judicial más reciente reitera la plena vigencia de la cautelar y ordena notificar formalmente a la empresa sobre su obligación de cesar de inmediato cualquier intervención en la zona. La jueza Basso advirtió también sobre el accionar de funcionarios municipales y provinciales que no sólo no hicieron cumplir las resoluciones judiciales, sino que podrían haber favorecido las obras ilegales. Por eso ordenó remitir los antecedentes a la Justicia penal para investigar responsabilidades.
En este contexto, la criminalización de los defensores ambientales resulta inaceptable. Los acantilados y playas de Camet Norte no pueden ser sacrificados en nombre de intereses empresariales ni de decisiones políticas arbitrarias que ignoran los límites legales y ecológicos. Las máquinas pesadas se retiraron, dejando un pasivo ambiental que debe ser reparado. Lo que debemos desarmar ahora, es la maquinaria persecutoria estatal, que amedrenta a quienes activan en defensa del ambiente.
Por eso participamos y colaboramos desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas – Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, en el marco de nuestro Programa de Defensa de Defensores Ambientales, acompañando a la comunidad de Camet Norte en su lucha por justicia ambiental.
Una minuciosa investigación revela con precisión el entramado ilegal del poder político y el extractivismo forestal en Chaco que incluye corrupción, permisos truchos y canje de votos en el Senado Nacional
Lo que durante años fue sospecha y denuncia social, hoy se confirma con expedientes, mapas, nombres propios y cifras oficiales.
Denunciamos y revelamos el mapa detallado del sistema mafioso que desmonta ilegalmente en el monte chaqueño argentino. El Equipo Interdisciplinario de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas – Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial presentó un riguroso análisis de las pruebas judiciales recabadas en la causa federal conocida como la Mafia del Desmonte en Chaco.
Dicho análisis de la prueba, más el aporte de nueva, fue presentado formalmente el día de hoy en la causa judicial que tramita ante la Justicia Federal de Chaco (donde la AAdeAA-CAJE es querellante) y se solicitaron nuevas medidas y la ampliación del requerimiento de Instrucción contra el diputado imputado Juan José Bergia y las autoridades nacionales de Bosques.
La evidencia procesada es abrumadora. Cruces de expedientes, permisos, nombres y empresas revelan con precisión quirúrgica cómo funciona desde hace décadas una maquinaria público-privada diseñada para desmontar, saquear y ocultar. No se trata de denuncias aisladas. Ponemos nombre y apellido a cada punto del sistema: funcionarios que habilitaban lo prohibido, técnicos que gestionaban el desmonte a escalas industriales, y empresas nacionales y extranjeras que se montaban.
Pero el entramado supera el ámbito provincial. La acreditación nacional del nuevo Ordenamiento Territorial, pese a que estaba judicializado y plagado de irregularidades técnicas, fue la moneda de cambio de un canje de favores con la Casa Rosada. Víctor Zimmermann, ex ministro chaqueño y autoridad ambiental de la provincia, volvió al Senado Nacional para garantizar al oficialismo nacional su voto para el acuerdo con el FMI, entre otras leyes. A cambio, el gobierno de Milei legalizó el ecocidio en Chaco. Lo que se vendió como un intercambio técnico es un pacto político que habilita el saqueo de nuestra naturaleza, de uno de los ecosistemas más biodiversos de Sudamérica.
A su vez, la investigación revela que el diputado chaqueño Juan José Bergia no es solo un engranaje más, sino uno de los arquitectos políticos del sistema de legalización del saqueo forestal. En 2012 impulsó el artículo 53 de la Ley 2079-R, que permite a los infractores “usufructuar” la madera talada ilegalmente tras pagar una multa simbólica. Y en 2025, redobló la apuesta: diseñó y logró la aprobación del proyecto 1861, que otorga aún más beneficios a los responsables de desmontes ilegales, incluyendo descuentos para el “aprovechamiento de productos abatidos”.
Vía libre al desmonte
Entre 2011 y 2021, la Dirección de Bosques del Chaco otorgó 1.335 permisos de cambio de uso del suelo. Casi el 20% de toda la superficie desmontada en ese período fue concentrada por apenas 15 propietarios. La mayoría son sociedades anónimas que operaron como verdaderos sociedades anónimas de desmonte. El caso más extremo es el de Cuenca del Salado S.A., que recibió autorización para desmontar más de 7.300 hectáreas, el 94% de ellas en zonas donde el desmonte está expresamente prohibido.
MSU S.A. recibió cinco permisos entre 2010 y 2016 por más de 6.000 hectáreas, posicionándose como una de las principales beneficiarias del sistema de cambio de uso del suelo, y figura como receptora de recategorizaciones prediales en zonas protegidas.
CIAGRO S.A. accedió a permisos por más de 3.400 hectáreas, con autorizaciones concentradas en los años 2010 y 2011, obtenidas en plena expansión del modelo extractivo sobre el monte chaqueño.
TRIAD S.A., sociedad de Buenos Aires que figura en el informe con más de 2.700 hectáreas desmontadas, tiene domicilio fiscal en el estudio del Ing. Kalbermatter y está vinculada a Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central de la República Argentina.
Las Guindas S.A., de la familia Urquía (dueños de Aceitera General Deheza), recibió un permiso en 2018 por 1.331 hectáreas, gestionado por Halavacs, y figura también con nueve autorizaciones especiales para desmontes ilegales.
Vicentín, a través de distintas personas físicas y jurídicas de la familia, obtuvo permisos por más de 4.500 hectáreas, todos gestionados por Halavacs, incluyendo desmontes cercanos a áreas protegidas y dentro de zonas de conservación.
El zorro en el gallinero, el ex Ministro de la Producción Hernan Halavacs
El ex ministro Hernan Halavacs gestionó permisos de cambio de uso del suelo para desmontar casi 38.000 hectáreas en total, con una influencia y participación creciente en los últimos 10 años.
Los propietarios a quienes Halavacs gestionó permisos para desmontar las mayores superficies son Juan Antonio Aloi (propietario de la Finca Monterrey vecina al Parque Nacional Copo donde se habilitaron para desmontar por recategorización predial 2.000 hectáreas en 2016), Alejandro Hayes Coni (1.600 hectáreas), Los Tordos S.A. (1450 hectáreas), Las Guindas S.A. (empresa de la Aceitera General Deheza, 1.331 hectáreas) y varios predios de la familia Vicentín.
Miguel Angel Lopez y Emanuel Carrocino, Directores de Desmonte de la Provincia
De un total de 1335 permisos de cambio de uso del suelo otorgados por la Dirección de Bosques entre 2011 y 2021, se evidencian dos períodos con alta cantidad de permisos y superficie habilitada para desmontes: en 2013 bajo la gestión de Miguel Angel López y en 2016 bajo la gestión de Emanuel Carrocino.
Por ejemplo, en un año, el 2013, la Dirección de Bosques a cargo de Miguel Angel López entregó más de 300 permisos de cambio de uso del suelo que significaron la habilitación de casi 35.000 hectáreas de desmonte.
Solo en 2016, la Dirección de Bosques a cargo de Emanuel Carrocino entregó casi 200 permisos de cambio de uso del suelo que significaron la habilitación de casi 30.000 hectáreas de desmonte.
Permisos truchos y Recategorizaciones
Se habilitaron desmontes donde estaban prohibidos, y eso se hizo bajo la figura de recategorización predial. Así, 31.000 hectáreas de bosque nativo fueron bajadas de categoría para legalizar su destrucción, incluso dentro del Corredor Biológico del Chaco Seco y zonas lindantes al Parque Nacional Copo. Cuenca del Salado S.A. fue beneficiada con más de 6900 hectáreas. Esta forma de habilitar el desmonte se usó para 53 predios recategorizados. De ellos hay 12 casos que rondan o superan las 1.000 hectáreas desmontadas. Entre los beneficiados están Marcos Andrés Maggi (anterior dueño de la Estancia La Fabiana, vendida a CIGRA S.A.), Melisa y Héctor Giongo, Los Tordos S.A., TRIAD S.A.), Juan Antonio Aloi (2000 hectáreas recategorizadas en la Estancia Monterrey), Alberto Vicentin, La Nueva Pirámide S.A. (tierras fiscales entregadas a Ana Victoria Hupaluk y usufructuadas por INDUNOR S.A.) y el gigante pool de siembra MSU S.A.
El cambio de uso del suelo solo puede ser realizado si esta se encuentra debidamente autorizada. Pero además de los 1335 permisos de cambio de uso del suelo, la Dirección de Bosques de la Provincia de Chaco entregó 15.064 permisos entre 2009 y 2024, siendo nuevamente el año con mayor cantidad de permisos otorgados 2013 bajo la gestión de Miguel Ángel López con más de 1.500 permisos otorgados ese año. Más del 50% fueron de “aprovechamiento forestal”, disfrazando la extracción intensiva de “manejo sostenible”. Las asociaciones comunitarias Meguesoxochi y Misión Nueva Pompeya recibieron cientos de estos permisos, bajo control de operadores políticos denunciados.
“Autorizaciones Especiales”
Uno de los tipos de permisos más controversiales entregados por la Dirección de Bosques en los últimos 15 años son las “autorizaciones especiales”, este tema es central en la investigación penal federal dado que refleja el entramado político empresarial que en su creciente impunidad llegaron a diseñar un sistema de incentivo perverso bajo el ropaje de “legalidad”, pero que en realidad es el mecanismo que permite ingresar la madera obtenida de desmontes ilegales al mercado formal de la economía.
Esta figura creada irregularmente por la Dirección de Bosques permitió que los desmontes ilegales fueran “regularizados” a posteriori. Las llamadas “autorizaciones especiales” se dispararon en los últimos años: 403 autorizaciones, 94 se dieron sólo el año pasado en 2024, 110 de ellas fueron gestionadas por Halavacs. Las empresas beneficiadas son Carbotec S.A, Argecosol SRL, Forestales del Chaco y “Katona SRL” (empresa forestal de Los Frentones que es la principal proveedora de madera de Ana Victoria y Adolfo Eduardo Hupaluk), entre otras.
Corrupción con fondos nacionales: la asignación del Fondo NacIonal de Bosques
El Fondo de Bosques es un instrumento de la Ley 26.331 diseñado para que tiene como objetivo compensar a los titulares de tierras que decidan conservar y hacer un manejo sostenible de sus bosques. La Ley Nacional, el COFEMA y la propia reglamentación chaqueña establecen que para asignar fondos tienen prioridad comunidades indígenas y campesinas respecto a empresas, bosques de alto valor respecto a bosques degradados y planes de conservación respecto a planes de manejo.
La Provincia de Chaco hizo exactamente lo contrario a lo que establece la Ley por 12 años. El 98% de los fondos que debían destinarse a comunidades indígenas y campesinas fueron a parar a empresas, sociedades anónimas o funcionarios con negocios forestales. La Asociación Comunitaria Meguesoxochi, manejada por el diputado Bergia, recibió casi 100 millones mientras promovía desmontes en tierras indígenas. De los fondos recibidos por la provincia entre 2013 y 2018, el 30% de los mismos tuvo como beneficiario al Estado provincial (está permitido por Ley), el 69,1% se entregó a empresas y sólo el 0,9% fue destinado a comunidades indígenas y campesinas, pese a que las mismas que deberían haber sido priorizadas según la Ley.
Permisos de transporte truchos e inflados.
Los permisos que el gobierno provincial entrega a los productores forestales van asociados a la entrega de una cantidad de “guías”. La cantidad de guías debe ser proporcional al volumen de productos forestales que el permiso habilita extraer del bosque nativo. Se entregaron cantidades desproporcionadas de estas guías de transporte forestal (permisos de transporte) respecto al volumen autorizado. Un caso es el de Ramón Jalil Abraham, con 1.374 guías para apenas 50 hectáreas. Otro caso fue el de Alejandro Ibáñez, con 485 guías para 45 hectáreas, derivadas en su mayoría a las tanineras. Las guías se usan como moneda para legalizar desmontes ilegales. Todos los datos demuestran la existencia de un mecanismo por el cual la Dirección de Bosques de la Provincia vende cupo d 1 e extracción a los productores forestales, mediante la expedición de guías sobregiradas, para que éstos puedan transportar legalmente los productos forestales extraídos de manera ilegal.
Sin desmantelar los entramados mafiosos del extractivismo no hay justicia posible
En tiempos de desconfianza en las instituciones y en los representantes de nuestra sociedad, la voluntad política y judicial para actuar es más necesaria que nunca. Las evidencias son contundentes e innegables, sin desarmar estas tramas de corrupción no habrá regeneración posible, tanto de nuestras sociedades como de nuestros ecosistemas.
Es imposible retomar la confianza en la justicia si se protegen intereses mafiosos. Avanzar hacia una transición ecosocial en nuestro país requiere, como primer paso, desbaratar estas redes que operan con impunidad desde hace décadas. Recuperar los ecosistemas del Gran Chaco y defender los territorios campesinos e indígenas empieza por decir lo que hay que decir: el desmonte tiene nombre, apellido y firma.
Trelew, 21 de mayo 2025.- Greenpeace, Fundación Patagonia Natural, y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, las organizaciones que integran la querella de la causa por la matanza de los pingüinos de Punta Tombo, han reconocido la decisión de la Cámara de Apelaciones de Trelew que confirmó hoy la sentencia condenatoria del Tribunal Colegiado de Juicio de Rawson contra Ricardo La Regina el 20 de noviembre de 2024.
La Cámara de Apelaciones rechazó el pedido de nulidad del proceso y la suspensión de juicio a prueba solicitados por La Regina.
“Celebramos la decisión del tribunal. Una vez más, queda demostrado que este caso fue un claro ejemplo de daño directo a los pingüinos y la naturaleza y, gracias al accionar de la justicia, no quedó impune. Sin embargo, la protección al ambiente debe ampliarse y respetarse y por eso es necesario avanzar a nivel nacional en la penalización de los delitos ambientales”, explicó Matías Arrigazzi, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina.
La sentencia que impuso el tribunal de primera instancia en noviembre pasado ya había acreditado la responsabilidad del acusado por el desmonte de flora nativa y la apertura ilegal de caminos mediante el uso de maquinaria pesada ocurrida entre agosto y diciembre del 2021. Esto produjo la destrucción de nidos, la muerte de más de un centenar de pingüinos y el daño a una colonia entera en plena temporada reproductiva.
“Este fallo no solo impuso una condena ejemplar, sino que también sienta un precedente en la defensa de los ecosistemas del país. El uso del término “ecocidio” por uno de los jueces del tribunal es innovador. Es un término que el campo ecosocial impulsa desde hace años, pero que la legislación argentina aún no tipifica como delito”, sostuvo Lucas Micheloud, co-director ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. “Con este caso probamos que nadie es dueño de la naturaleza. Si bien los bienes comunes están dentro de propiedad privada, quien destruye los ecosistemas comete un delito contra toda la sociedad. Este nuevo fallo lo evidencia, y marca un límite frente al avance de prácticas extractivas y destructivas”.
El tribunal de primera instancia condenó al acusado a tres años de prisión de ejecución condicional y le impuso estrictas reglas de conducta, como la prohibición de transitar con vehículos de gran porte en zonas sensibles al ecosistema, la obligación de colaborar con tareas de restauración ambiental en la estancia La Perla, que es lugar donde se perpetraron los hechos y la prohibición de realizar obras sin autorización e informes de impacto ambiental aprobados por las autoridades provinciales.
Además, la sentencia ordenó, como habían solicitado las organizaciones querellantes durante el juicio oral, el decomiso de la retroexcavadora utilizada para perpetrar los delitos constatados, reconociendo su rol instrumental en la ejecución de los hechos.
“Con esta decisión, la justicia es clara; cualquier actividad que atente contra la protección de los ecosistemas y su biodiversidad no quedará impune. Este es un caso testigo. Es un ejemplo que esperamos se aplique en el resto de la Patagonia en un principio para establecer normas claras para la protección de los ecosistemas y su biodiversidad”, agregó José María Musmeci, presidente de Fundación Patagonia Natural.
Organizaciones sociales y ambientales queremos una Constitución que promueva la sostenibilidad y el cuidado colectivo desde una perspectiva de justicia ecosocial. Frente a ello, elaboramos una serie de propuestas que sintetizan nuestros principios y reivindicaciones. Consideramos que la provincia necesita preservar los bienes comunes, resignificar la habilitabilidad de los territorios y propiciar la integración de las comunidades, en armonía con la naturaleza.
La reforma constitucional no puede ser ajena al contexto crítico que atravesamos: una crisis ecológica de escala civilizatoria, marcada por el avance del extractivismo, el deterioro ambiental extremo y una creciente ofensiva de sectores conservadores que buscan desmantelar derechos conquistados. Frente a la amenaza de una agenda negacionista representada por intereses concentrados, creemos que Santa Fe tiene la responsabilidad histórica de construir una Constitución que reafirme un horizonte de justicia social, ambiental, étnica, de género, económica y cultural.
Estamos convencidos que es una oportunidad para que la provincia recupere, por fin, el espíritu precursor, el de anteponer las necesidades compartidas a los intereses individuales o los egoísmos corporativos, como lo ha hecho a lo largo de toda su historia. Esperamos que nuestros convencionales sean portavoces de este tiempo, el que nos toca transitar, donde urge el resguardo de la casa común y su legado para generaciones futuras. A continuación nuestras propuestas:
Capibara – Naturaleza, Derecho y Sociedad / El Paraná No Se Toca / Cepronat / Onda Verde / Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) / Foro por la Recuperacíon del Paraná / MOPEA – Movimiento por el Agua / CTA Autónoma Santa Fe / Insittuo de Salud Socioambiental (InSSa) / Equipo Transiciones / Taller Ecologista / Multisectorial Humedales / STS Rosario / Asoc. Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) / Tramatierra
La ciudadanía responsabiliza a las empresas de petróleo y gas, de gestión de residuos y grandes productores agropecuarios por los daños ambientales
BUENOS AIRES – Una nueva encuesta muestra que en Argentina hay un apoyo abrumador a las acciones para minimizar los impactos del cambio climático (91% de apoyo total, incluyendo un 45% de apoyo firme), incluyendo medidas específicas contra la contaminación por metano (82% de apoyo total, con un 33% de apoyo firme). El estudio internacional, realizado en Argentina y en otros 16 países, fue encargado por el Global Methane Hub para conocer el nivel de respaldo público a soluciones climáticas, en particular la reducción de las emisiones de metano.
Si bien temas económicos como la reducción de la pobreza y la generación de empleo encabezan las prioridades políticas de la población, las personas encuestadas expresaron un fuerte apoyo a políticas que reduzcan la contaminación por metano en distintos sectores de la economía. Por ejemplo, actualizar el plan nacional de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) para incluir una meta específica de reducción de emisiones de metano (82%) o crear un programa de monitoreo y medición de metano en el sector agropecuario (84%) despertaron un respaldo sustancial. Este apoyo supera incluso el nivel de creencia en el cambio climático causado por actividades humanas (78%).
“El metano es uno de los contaminantes climáticos más potentes, y reducirlo es una de las herramientas más eficaces y eficientes que tenemos para limitar el calentamiento global, limpiar el aire, proteger la salud pública y generar oportunidades económicas”, afirmó Marcelo Mena, Director Ejecutivo de Global Methane Hub. “Tenemos una gran oportunidad de trabajar con responsables políticos para canalizar este apoyo social hacia soluciones colaborativas que mejoren el bienestar colectivo”.
En un contexto de ciudades que enfrentan inundaciones y un país golpeado por olas de frío antártico sin precedentes, el 97% de las personas encuestadas manifestó creer en el cambio climático, y 9 de cada 10 apoyan acciones para minimizar sus efectos. Sin embargo, comparado con otros países de América Latina, en Argentina se perciben menos impactos personales: solo 3 de cada 10 personas dijeron sentir impactos fuertes o extremos, frente a 6 de cada 10 en Brasil, Colombia y México.
“Esta encuesta confirma lo que sostenemos hace tiempo: la sociedad argentina respalda claramente acciones concretas frente a la crisis climática. Sin embargo, el país aún carece de metas específicas y mecanismos rigurosos para reducir el metano, un gas sumamente nocivo vinculado al avance de la industria fósil. Proyectos como Vaca Muerta operan con niveles alarmantes de fugas de metano y sin control estatal real. Esta ausencia de regulación efectiva es, en la práctica, una licencia para contaminar. Necesitamos una política climática basada en la ciencia, el interés público y el mandato popular para frenar el calentamiento global”, declaró Lucas Micheloud, Codirector Ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.
Los resultados de esta encuesta confirman una verdad cada vez más evidente: existe un consenso social amplio que exige una acción climática urgente, con medidas específicas para reducir las emisiones de metano y desmantelar el modelo basado en fósiles. Esta voluntad popular debe orientar políticas que prioricen la justicia ecológica y social, respeten los derechos territoriales y promuevan transiciones ecosociales justas. Es hora de que los gobiernos escuchen este mandato y actúen con firmeza frente a los intereses corporativos que perpetúan la crisis.
La ciudadanía argentina responsabiliza a las grandes corporaciones por los daños ambientales y respalda planes de acción climática
Consultadas sobre quiénes son los principales responsables de los daños ambientales como el cambio climático, las personas en Argentina señalaron en primer lugar a las grandes empresas de petróleo y gas, seguidas por las compañías de gestión de residuos y los grandes productores agropecuarios. Recién después aparece la ciudadanía individual.
En la pregunta relacionada sobre quiénes tienen mayor capacidad para mitigar los efectos del cambio climático, las mismas corporaciones (petróleo y gas, gestión de residuos) encabezan el listado, seguidas por organizaciones internacionales no gubernamentales.
Encuesta internacional revela fuerte apoyo global a la mitigación del metano
La encuesta se realizó en 17 países de cinco continentes: Argentina, Botsuana, Brasil, Colombia, Egipto, Francia, Alemania, Indonesia, Kazajistán, México, Marruecos, Omán, Pakistán, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos. Se recopilaron al menos 600 respuestas por país mediante encuestas online, incluyendo preguntas sobre percepciones del cambio climático, preocupaciones ambientales, conocimiento sobre el metano y apoyo a políticas específicas para reducir sus emisiones.
Los resultados globales muestran una tendencia clara y positiva: una gran mayoría apoya la reducción del metano, con un 82% de apoyo promedio en los países encuestados. En momentos donde sectores de alta emisión amenazan con retrocesos en las políticas climáticas, este respaldo amplio y sostenido confirma que la opinión pública respalda el avance climático.
Aunque las preocupaciones económicas siguen siendo prioritarias, los países del Sur Global —más golpeados por los impactos del cambio climático— tienden a mostrar mayor apoyo a la mitigación del metano, mientras que en el Norte Global, donde los impactos se perciben menos, el apoyo es más moderado.
La urgencia de reducir el metano
Las emisiones de metano han sido responsables de aproximadamente la mitad del calentamiento actual. Reducirlas es clave para enfriar el planeta luego del año más caluroso registrado. Un recorte del 45% en las emisiones de metano permitiría reducir el calentamiento global en 0,3°C para 2040, acercándonos a un futuro saludable y al cumplimiento de los compromisos climáticos internacionales.
El metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono:
86 veces más potente que el CO₂ en un período de 20 años
28 veces más potente que el CO₂ en un período de 100 años
“Esta encuesta, encargada por Global Methane Hub y realizada por Burson, brinda una mirada sin precedentes sobre las actitudes del público frente al metano y el cambio climático. Aporta información clave para que quienes toman decisiones entiendan mejor las perspectivas sociales sobre la reducción del metano”, explicó Bob Torongo, Vicepresidente Ejecutivo de Burson.
Global Methane Hub y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas están disponibles para entrevistas. Para solicitar más información o coordinar una entrevista, escriba a jerralyn.davis@berlinrosen.com
Sobre Global Methane Hub
Global Methane Hub coordina a filántropos, expertos, organizaciones sin fines de lucro y gobiernos para garantizar una estrategia conjunta de máxima reducción del metano. Ha recaudado más de 200 millones de dólares de más de 20 de las principales organizaciones filantrópicas climáticas del mundo para acelerar la mitigación del metano a escala global. Más información en nuestro sitio web.
Sobre la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas
Desde hace más de veinte años, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas impulsa la defensa de los bienes comunes desde una perspectiva de justicia ecológica, climática y social. Fundada por profesionales y activistas de todo el país, integra saberes interdisciplinarios, militancia territorial e incidencia pública para acompañar a comunidades y organizaciones en conflictos socioambientales. Su trabajo combina litigio estratégico, debates públicos, construcción legislativa colectiva y apoyo territorial. Ha sido protagonista en luchas históricas como la Ley de Glaciares, las prohibiciones a la megaminería y las acciones contra desmontes, basurales petroleros, destrucción de humedales y exploración offshore. También impulsa propuestas de transición ecosocial en energía, producción y hábitat, desafiando proyectos fósiles como Vaca Muerta y promoviendo la justicia climática. Más información en nuestro sitio web.
Metodología de la encuesta
La encuesta fue realizada por Burson Insights, Data & Intelligence (anteriormente BSG) mediante entrevistas online de 10 minutos entre el 13 de enero y el 8 de febrero de 2025, traducida a 14 idiomas y aplicada en 17 países de América, Europa, África y Asia.
Las personas encuestadas fueron mayores de 18 años, residentes en cada país y con acceso a internet. Se aplicaron ponderaciones por edad, género, geografía y nivel educativo para que la muestra sea representativa de la población adulta con acceso a internet en cada país.
Se recolectaron al menos 750 respuestas en 12 países (Argentina, Brasil, Colombia, Egipto, Francia, Alemania, Indonesia, México, Filipinas, Sudáfrica, Estados Unidos y Reino Unido), con un margen de error de ±3,58%. En los otros 5 países (Marruecos, Omán, Botsuana, Kazajistán y Pakistán), se obtuvieron al menos 600 respuestas, con un margen de error de ±4,00%.
Nota: Cuando se mencionan cifras “globales” o del “estudio total”, se refieren al promedio de los 17 países encuestados.
Del colapso a las alternativas desde América Latina
Durante una semana intensa, entre el 20 y el 27 de abril, el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur desplegó su presencia en Argentina, afirmando que no se trata solo de resistir sino de construir pactos profundamente democráticos para salir de la policrisis civilizatoria.
Más de veinte referentes políticos y de movimientos sociales e intelectuales de todo el continente se reunieron para disputar el avance de las extremas derechas, e impulsar una transición civilizatoria anclada en las experiencias concretas de los pueblos, en la fuerza de lo común y en la urgencia de las alianzas intersectoriales.
El Pacto Ecosocial, una propuesta política y cultural pensada desde el Sur y para el Sur, se consolida como una alternativa al destino extractivista que imponen en la región. Este fue su tercer encuentro plenario del Pacto Ecosocial, primero fue en el año 2023 en Bogotá, Colombia, luego en la ciudad de Cusco, Perú, en el 2024.
En Argentina, la cumbre comenzó en Rosario, el lunes 21 de abril. La jornada del reunió en dos mesas de debate a referentes clave del pensamiento crítico y la política socioambiental. En la primera participaron Alberto Acosta, Rocío Silva Santisteban y Pablo Bertinat, con la moderación de Melisa Argento. La segunda mesa, centrada en propuestas para una nueva Constitución en Santa Fe, contó con Rubén Giustiniani, Juan Monteverde, Carlos Del Frade, Carla Deiana, Valeria Berros y Damián Verzeñassi.
El Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR desbordó de asistentes para escuchar voces claves en la construcción del pensamiento crítico latinoamericano. La provincia de Santa Fe, inmersa en un proceso de reforma constitucional provincial, está atravesada por el modelo sojero, los incendios en humedales y la concentración de poder del agronegocio.
El martes 22 el Pacto recorrió la localidad bonaerense de Moreno, con fuerte acompañamiento institucional, el Pacto conoció una experiencia local que pone en cuestión el orden vigente. Allí, la creación de parques agroecológicos, una política pública de ordenamiento territorial y el impulso a la economía popular como forma de organización comunitaria son parte de un horizonte que disputa sentido y propone una reconfiguración radical del vínculo entre tierra, trabajo y vida. En palabras de los actores territoriales, “la economía popular es ecológica en sí misma, porque nace como respuesta al descarte social del modelo dominante”.
El miércoles 23, el histórico Teatro Picadero de la ciudad de Buenos Aires fue escenario de un acto público a sala llena, donde se debatió sobre las transiciones en disputa y las amenazas que se ciernen sobre nuestros territorios. En la primera mesa, titulada “Pacto Ecosocial, transiciones y visiones en disputa”, participaron Esperanza Martínez (Ecuador), Lef Nahuel (Confederación Mapuche), Liliana Buitrago (Venezuela), Enrique Viale (Argentina) y José de Echave (Perú), con la coordinación de María Paz Aedo (Chile). La segunda mesa, “¿Qué hacer frente a las extremas derechas?”, contó con las intervenciones de Natalia Zaracho(Argentina), Christian Castillo (diputado nacional, Argentina), Leo Grosso (exdiputado nacional, Argentina), Breno Bringel (Brasil) y Maristella Svampa (Argentina). Durante más de cuatro horas, la escena potente de intercambio, contó con escucha crítica y articulación política.
Lejos de clausurar el encuentro, el evento en el Picadero abrió nuevas preguntas. El jueves y viernes, integrantes del Pacto continuaron los trabajos colectivos junto a organizaciones sociales y ambientales, profundizando debates y delineando estrategias para ampliar el alcance del Pacto en América Latina. El diagnóstico compartido es claro: asistimos a una ofensiva de las ultraderechas que, en nombre del mercado, promueve la depredación y el autoritarismo. Frente a esto, el desafío es proyectar una salida ecosocial, feminista, antirracista y profundamente democrática.
La Semana Ecosocial llegó a su cierre con el reconocimiento qué el pensamiento de la ecología política tiene para todo el campo del conocimiento. La entrega del Doctorado Honoris Causa a Edgardo Lander es también una demostración de lo que el conocimiento latinoamericano genera en las estructuras sociales y políticas.
El Pacto afirma que hay futuro en las resistencias que ya existen y en los entramados comunitarios que disputan poder sin pedir permiso. Lejos de los discursos vacíos de desarrollo o crecimiento verde, lo que está en juego es la posibilidad de reimaginar lo común, redistribuir lo vital y reconstruir las condiciones de habitabilidad de nuestros territorios.
Desde Argentina, este encuentro no fue un punto de llegada, sino una etapa en el proceso colectivo de articulación continental. El Pacto habilita un espacio de interlocución entre movimientos, experiencias y saberes que ya están generando alternativas reales y que viene a disputar las formas que tenemos de habitar. Lo que urge no es una nueva promesa, sino una práctica común que interpele el orden vigente y permita disputar la vida toda.
La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas- Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial agradece el trabajo de producción y logística a cargo de Luz Tripiana y Alejandra Braga.
