BUENOS AIRES, 15 DE ENERO, 2024. Organizaciones ecologistas, sociales e indígenas (1) lanzaron una petición para salvar las leyes ambientales de las modificaciones que se proponen en la Ley Ómnibus, que complementa el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia, ya que supone una puerta de entrada a la destrucción de bosques y glaciares en Argentina, entre otros ecosistemas, y consecuentemente una regresión ambiental en materia legislativa.
“Es urgente que alcemos la voz en contra de estas modificaciones que buscan desmembrar las leyes ambientales y flexibilizar su protección. Hace más de una década, más de dos millones de personas pidieron por la sanción de las leyes de bosques y glaciares, los hitos ambientales más importantes en la historia de Argentina. Es momento de que los legisladores tomen la decisión correcta, velen por el ambiente y resguarden los avances previamente obtenidos. Modificar estas leyes nos afecta a todos, y niega la urgencia de hacerle frente a la crisis climática y de biodiversidad en la que estamos”, aseguró Diego Salas, director de programas de Greenpeace Andino. “Utilizaremos todos los medios necesarios para proteger la institucionalidad ambiental argentina, los logros conquistados por miles de argentinos y argentinas para proteger el ambiente, y continuaremos nuestro trabajo para defender a la naturaleza”.
Bajo la premisa “Salvá Las Leyes Ambientales”, la ciudadanía podrá suscribir su firma a través de la página web salvalasleyesambientales.org y así contribuir a detener las modificaciones planteadas en el proyecto de Ley Ómnibus.
“En materia socioambiental, el proyecto de Ley Ómnibus enviado por el presidente Milei al Congreso Nacional es un golpe al corazón de la legislación de protección ambiental argentina, ya que se propone liquidar las dos leyes que mayor esfuerzo ciudadano costaron en los últimos quince años: la Ley de Protección de Bosques y la Ley de Glaciares”, sostuvo Enrique Viale, Presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial
Para obtener más información y participar en la campaña, entre aquí, o ingresando en salvalasleyesambientales.org
(1) Organizaciones que promueven la iniciativa: Greenpeace Argentina, Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), Fundación Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo, Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF), Confederación Mapuche de Neuquén, Organización Ecologista Piuke, Fundación Plurales, Sin Azul No Hay Verde, Proyecto Quimilero, Banco de Bosques, Ambient.Arg, Isla Verde, Fundeps, Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA), Consciente Colectivo, Circuito Verde, Centro Cultural Tewok, Cebil Fundación Cultural, ASOCIANA, Asociación Amigos de la Patagonia, Alianza por el Clima y Ahora Qué?, entre otras.
Nuevamente, la Ley de Bosques Nativos, N° 26.331, se encuentra en la esfera pública debido al reciente ataque que recibió durante el debate de la Ley Ómnibus presentada en el Congreso.
Esta legislación, que busca la conservación de los bosques nativos, ha aportado cambios significativos en el ordenamiento territorial a nivel nacional y la preservación ambiental en el país. Según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, desde su implementación en 2007, la ley ha contribuido a la protección de más de 22 millones de hectáreas de bosques nativos en Argentina.
El proyecto de Ley Ómnibus, presentado por el gobierno nacional, genera inquietud entre los especialistas y las organizaciones de la sociedad civil. Esta propuesta contempla la sustitución de los artículos 26 y 31 de la ley mencionada, lo que permitiría desmontes en áreas actualmente designadas como de alto y mediano valor de conservación.
El Equipo Técnico Asesor encargado del nuevo mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en Salta expresó su oposición, calificando la modificación como “técnicamente errónea, económicamente innecesaria, ambientalmente perjudicial, socialmente regresiva, legalmente irrelevante y políticamente cuestionable”. Esta postura se respalda con informes técnicos que detallan los logros ambientales alcanzados bajo la actual legislación.
Según datos del mismo Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la ley ha demostrado ser un motor para el turismo sustentable y la generación de empleo en las áreas boscosas protegidas. La eliminación de restricciones podría revertir estos avances y comprometer el aporte en materia económica para las regiones afectadas.
Además, la modificación amenaza los modos de vida de comunidades indígenas y campesinas, ya que elimina protocolos de consulta previa sobre proyectos de manejo del suelo. Datos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) indican que, en áreas bajo protección de la ley actual, se ha fortalecido la participación activa de las comunidades originarias en la toma de decisiones sobre el uso de la tierra.
Desde una perspectiva legal, la modificación ignora el Principio de Progresividad, establecido en la Ley Nacional N°25.675, y la participación pública, perdiendo legitimidad social. Según jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la Ley de Bosques ha sentado un precedente importante en materia ambiental, y cualquier retroceso podría ser objeto de cuestionamiento legal.
Las provincias, a pesar de la modificación propuesta, tienen la autonomía para mantener leyes más estrictas. Datos del Observatorio de Desarrollo Regional indican que varias provincias han fortalecido sus legislaciones locales en concordancia con la Ley de Bosques Nacional, logrando así un marco legal más sólido para la protección ambiental.
Si bien no de una manera absoluta, la Ley de Bosques ha logrado hacer un aporte en la protección de la biodiversidad y la prevención de desmontes indiscriminados. Según informes del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico, la ley ha contribuido a la conservación de especies amenazadas y la preservación de ecosistemas únicos en Argentina.
En un contexto en el cual el desafío a nivel ambiental que enfrenta todo el movimiento no tiene precedentes, todos los posibles aportes que la estructura institucional existente tenga han de ser mantenidos. La posible eliminación de restricciones y la falta de consideración hacia la sostenibilidad ambiental plantean una amenaza significativa para la conservación de los bosques nativos en Argentina. La ciudadanía, en este contexto, se encuentra llamada a la acción para proteger uno de los patrimonios naturales más importantes del país.
Hace más de trece años, Argentina dio un paso crucial en la preservación de sus bienes naturales, cuando decidió sancionar la Ley de Glaciares N°26.639. Esta legislación ambiental se destaca como una de las más trascendentales del país, por ser producto de una conquista de la sociedad civil. La norma establece presupuestos mínimos para que el Estado garantice la protección de los glaciares y el ambiente periglacial. También reconoce su papel estratégico en la preservación de las cuencas hídricas, al declarar a los cuerpos glaciares como bienes de carácter público.
La promulgación de leyes orientadas a la protección ambiental en Argentina representa un desafío monumental. Los poderosos intereses de la economía extractiva poseen una considerable capacidad e influencia política. La defensa del ambiente implica un interés colectivo, por lo cual debe ser abrazado por la población en su conjunto para hacer frente los lobbys. Al alcanzar niveles altos de legitimidad social es que se puede avanzar hacia legislaciones más comprometida con la justicia social y ecológica.
El interés de las personas por proteger nuestros ecosistemas se enfrenta a las ambiciones de grandes corporaciones internacionales y élites locales, ansiosas de apropiarse del territorio y de los bienes comunes. Esta apropiación implica sacrificar estos recursos para convertirlos en commodities destinados a la exportación, sin que los supuestos beneficios económicos lleguen a la ciudadanía.
Bajo este modelo, la salud de la población local se ve afectada. Los ríos se contaminan y los ecosistemas sufren una explotación desmedida, todo en nombre de un progreso nacional, que nunca logra mejoras tangibles para la sociedad.
Es por eso que la Ley de Glaciares marcó un hito significativo en la historia legislativa argentina. Es producto de las luchas populares y de la organización de la sociedad civil. Fueron fundamentales estos impulsos para que el Congreso promulgue una norma que no favorecía a los grandes intereses corporativos. Esta legislación, la segunda de presupuestos mínimos tras la Ley de Bosques, enfrentó incluso un veto presidencial en 2008.
Avances y Desafíos
Desde su implementación, la ley ha enfrentado recibió varios ataques de intereses de empresas mineras, en connivencia con ciertas autoridades provinciales. Logró resistir gracias al apoyo popular y su legitimidad.
Los embates legales y estrategias para limitar su alcance llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que intervino en procesos legales para confirmar su vigencia. Empresas mineras, como Barrick Gold, intentaron desafiarla judicialmente, evidenciando su desdén por la legislación ambiental argentina.
A pesar de los avances significativos, como la re-evaluación de 44 proyectos mineros que pretendían operar en áreas en las cuales afectarían directamente a los glaciares o sus cuencas, las amenazas que buscan eludir su aplicación vuelven.
En defensa del Agua
Esta legislación es un escudo vital para la preservación de nuestros glaciares, que alimentan el 70% del agua dulce de Argentina y son necesarios para la vida y el desarrollo de actividades económicas. A pesar de esto, la presión constante del sector minero para modificar las normativas provinciales suele desencadenar movilizaciones sociales en diversas provincias. Las más recientes son el Chubutazo (2021) y el Mendozazo (2022) evidenciando la preocupación que tiene la población por sus fuentes de agua.
Desafíos Pendientes:
A pesar de que en 2018 se presentó el primer Inventario Nacional de Glaciares, este aún está incompleto y excluye ciertos glaciares, dejándolos desprotegidos. En un contexto de crisis climática y ecológica mundial, la implementación plena de esta ley se convierte en una decisión estratégica de nuestro país, no solo para preservar el ambiente, sino para garantizar el acceso vital al agua de toda la población.
Minería y Derechos Humanos:
Derogar esta ley sería abrir las puertas al avance de una minería que, históricamente, ha basado su rentabilidad en violaciones de derechos humanos y ambientales. Contrario a las afirmaciones de beneficios para las poblaciones locales, la realidad muestra que las comunidades no han experimentado mejoras económicas significativas debido a la minería.
Beneficios para la Población
La ley no solo protege nuestros glaciares como reservas estratégicas de agua sino que también resguarda la biodiversidad, proporciona información científica y contribuye al atractivo turístico. La preservación de los glaciares y de las cuencas hídricas de nuestro territornio no puede ser interpretado solamente como un condicionamiento a la minería. Es una decisión estratégica superior para preservar la fuente vital para las presentes y futuras generaciones.
La Ley de Glaciares es un hito en las conquistas ambientales argentina, pero su plena implementación es esencial. A medida que las consecuencias de la crisis climática se hacen más intensas sobre nuestros territorios, proteger los ecosistemas que nos otorgan resiliencia no es solo una elección ambiental, sino un compromiso con el bienestar y el futuro de la población argentina. Mantener y fortalecer esta legislación es crucial para resguardar la integridad de nuestros glaciares y garantizar un acceso sostenible al agua, un recurso invaluable para todos.
Más de 80 organizaciones ambientales y sociales rechazaron la Ley Omnibus presentada por el Poder Ejecutivo. Entre ellas, el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas. Se remitió una comunicación a la Cámara de Diputados de la Nación, expresando desacuerdo con el proyecto de “Ley Ómnibus” presentado por el Poder Ejecutivo nacional en diciembre. En la misiva, se destaca la preocupación ante las medidas propuestas, resaltando que estas representan significativos retrocesos en la legislación ambiental lograda con esfuerzo y eluden el derecho a un ambiente sano, reconocido en el artículo 41 de la Constitución de la Nación.
El proyecto pretende realizar reformas a leyes cruciales para la protección del ambiente, entre las cuales se incluyen la Ley de Bosques (26.331), la Ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema (26.562), la Ley de Glaciares (26.639) y la Ley Federal de Pesca (24.922).
En la carta, las organizaciones advierten que el proyecto de ley contraviene el principio de no regresión ambiental del Acuerdo de Escazú, un pacto internacional que establece que la legislación no puede empeorar la situación del derecho vigente. Evidentemente, las modificaciones propuestas en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo implicarían una disminución en los niveles de protección ambiental y, por ende, tendrían un impacto negativo en el bienestar de las personas.
La Argentina está ingresando de modo vertiginoso a un Estado de Excepción, que coloca en manos del presidente la suma del poder público. La reforma que busca imponer Milei abre a un escenario de autocracia mesiánica, que desconoce la división de poderes del Estado y pretende borrar de un plumazo las normativas y regulaciones protectoras en materia social, económica, ambiental y de género, de la mano de un modelo represivo, de criminalización de la protesta social. Para las corporaciones, este momento de desdemocratización a gran escala es también el momento de la “gran piñata”, de la gran repartija de los “dulces” que quedan, ofrecidos gentilmente por un presidente anarco-capitalista, que busca suprimir cualquier regulación estatal, en favor de los privados. Y esto sucede de modo tan obsceno como visible, comparable solo con el menemismo, que encontró a una sociedad exhausta por la hiperinflación (1989-1990); y con la última dictadura cívico-militar, que se propuso una reestructuración social y económica, de la mano del terrorismo de Estado.
En materia socioambiental, el proyecto de Ley Ómnibus enviado recientemente por el presidente Milei al Congreso Nacional es un golpe al corazón de la legislación de protección ambiental argentina, ya que se propone liquidar las dos leyes que mayor esfuerzo ciudadano costaron en los últimos quince años: la Ley de Protección de Bosques (Ley 26.631, de 2007) y la Ley de Glaciares (Ley 23.639, de 2010). Dos leyes de presupuestos mínimos de protección que conllevaron grandes luchas ambientales, involucrando no sólo al conjunto del movimiento socioambiental (asambleas territoriales en las diferentes provincias) y a ONGs ecologistas (Greenpeace, FARN, Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas), sino también a amplios sectores de la sociedad argentina, que apoyaron la defensa de nuestras “fábricas de agua” (los glaciares y su ambiente periglaciar), amenazadas por la expansión de la megaminería; y la defensa de los bosques, arrasados por los desmontes y el avance de la frontera del agronegocio.
Digámoslo una vez más. Nunca, como en estas dos leyes marco hubo tanto apoyo de la ciudadanía, gracias al debate público y a la conciencia de la realidad palpable de la destrucción y despojo de nuestros ecosistemas. También es cierto que el lobby empresarial jamás cesó de atacarlas y conspirar contra ellas, a fin de flexibilizarlas y torcerlas en su favor, utilizando para ello los bloques parlamentarios afines. Sin embargo, pese a ello, no pudieron lograrlo hasta ahora. Hoy, en el marco de un gobierno libertario-empresarial, primero a través de un DNU que deroga la Ley Nacional de Tierras Rurales (ver abajo) y desregula el sistema energético a ultranza; segundo, con esta propuesta de Ley Ómnibus, que apunta de lleno a la madre de todas las batallas socioambientales, las corporaciones tienen la posibilidad de una formidable revancha social, asestando un golpe de gracia a la totalidad de nuestros bienes comunes naturales. Al parecer la casta para este gobierno, además de los trabajadores y los sectores populares afectados por el ajuste, también son los Glaciares y los Bosques.
En el caso de la Ley de Bosques, en primer lugar la desfinancia casi a cero al sacarle al Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos el porcentual de las retenciones de exportaciones del agronegocio. Pero, fundamental y con una confusa técnica legislativa, este proyecto de ley pretende autorizar los desmontes en las áreas de protección I (roja, sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse) y II (amarilla, sectores de mediano valor de conservación), esto es las áreas más importantes y vitales, desmontes que actualmente están expresamente prohibidos. Más aún; ése es el núcleo de la Ley de Bosques: si no se protegen las zonas más frágiles y fundamentales para la vida de nuestros ecosistemas ya en peligro, ¿qué sentido tiene entonces una Ley de Bosques? De aprobarse esta propuesta de ley, todos los bosques argentinos podrían ser desmontados, para garantizar el avance de los negocios (soja, cultivos transgénicos, ganadería, monocultivo forestal, entre otros).
Respecto de la Ley de Glaciares, la propuesta de reforma habilitaría la actividad minera en ambiente periglaciar (expresamente prohibida por la ley). Este retroceso ambiental es la exigencia histórica de grandes mineras transnacionales como Barrick Gold que pretenden avanzar sobre estos ecosistemas y, con dicha modificación, podrán hacerlo sin limitaciones, estrechando de manera considerable la zona de protección. Las asambleas de provincias -como San Juan- defienden a rajatabla el ambiente periglaciar, el que es significativamente más reducido en las provincias áridas del centro y norte del país -y por eso más frágil-, que en el sur argentino, más pródigo en hielos.
El proyecto de Ley Ómnibus también tiene otros aspectos abiertamente destructivos, ya que facilita la quema de tierras para “limpiarlas” en favor de cualquier “actividad productiva”. El proyecto de ley reformaría la precedente, Ley 26.562 de control de actividades de quemas, ya que habilita que si al cabo de 30 días, la autoridad competente no se expide en relación al pedido de autorización de quema “se considerará que la quema ha sido autorizada tácitamente”. Con un Estado desguazado, con escasos o nulos controles, esto significa la institucionalización de la quema indiscriminada, tal como hizo Bolsonaro años atrás en Brasil, hecho que impactó severamente en la Amazonía, sus ecosistemas y los pueblos indígenas que la habitan. También habilita y liberaliza la quema de Pastizales, ecosistemas valiosísimos e imprescindibles, bajo el eufemismo de realizar “cortafuegos” y “acciones preventivas”, hoy acciones vedadas o solo permitidas a las autoridades competentes y de forma excepcional. Aquí lo hemos vivido ya en varias provincias, lo más reciente son los incendios en Corrientes (verano de 2023), que afectaron no solo a los Esteros de Iberá, de los cuales arrasaron con más de 100.000 hectáreas, entre esteros, bañados y pastizales. Esta modificación potenciaría los incendios de manera impensada y absolutamente ilimitada.
Otro elemento de la ley ómnibus es que propone adherir al tratado de 1991 de la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV 91) para privatizar las semillas y criminalizar el intercambio de semillas criollas.
Por último, la propuesta de Ley Ómnibus dispone ingresar de lleno al capitalismo verde -que es compatible con el negacionismo climático-, que habilita a las corporaciones el derecho a seguir contaminando, a través de la compra de “bonos verdes” en el mercado de carbono. Sobre la transición hacia energías renovables, no hay nada. Solo el afán por insertar a las grandes corporaciones (del tipo que sean, pero fundamentalmente extractivas) en el negocio del carbono, en lo que hemos llamado el “Consenso de la Descarbonización”, un acuerdo capitalista que pretende combatir la crisis climática sin tocar el modelo de negocios actual, exacerbando el proceso de explotación extractivista de los bienes naturales y manteniendo una relación depredatoria con la naturaleza.
En este vértigo destructivo y desdemocratizador en el que nos sumerge el gobierno libertario-corporativo, el 29 de diciembre entra en vigencia el Decreto de Necesidad y Urgencia del día 20 de diciembre que, por sus impactos, también conlleva una fuerte regresión ambiental. Por ejemplo, dispone la derogación de la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011. Dicha ley colocó un freno al proceso de extranjerización de tierras que desde los ‘90 venía operándose en el país, acelerado luego por la crisis de 2001-2002. La ley apunta a limitar la extranjerización de las tierras, instalando un más que razonable régimen restrictivo para la compra de tierras rurales por extranjeros, como sucede en la mayoría de los países del mundo.
Un artículo importante de dicha ley es aquel que prohíbe a extranjeros ser propietarios de inmuebles que sean ribereños de cuerpos de agua (ríos, lagos o cuencas) y zonas de seguridad de frontera. Aunque no es retroactiva (Lewis y Benetton, entre otros, hicieron mucho provecho de esta falta de regulación), la derogación de esta ley conlleva directamente la liberación total de la compra o posesión a capitales extranjeros. Corporaciones transnacionales forestales como ARAUCO, que ya tienen cientos de miles de hectáreas en nuestro litoral, estarían también detrás de esta flexibilización. Este proceso de extranjerización se traduce en la pérdida de nuestra soberanía sobre los bienes comunes asociados al suelo y agua (cuencas hídricas, lagos, ríos). A su vez, implica el desplazamiento de poblaciones vulnerables; comunidades campesinas e indígenas podrán ser expulsados por la megaminería metalífera y de litio, la expansión de la frontera sojera-ganadera, foresto-industrial y el corrimiento de la explotación hidrocarburífera.
Respecto del sector energético, el DNU abre la puerta a la privatización total de las empresas públicas (con su transformación de sociedades mixtas a sociedades anónimas), lo cual anticipa mayor pérdida de soberanía y de control de los bienes comunes. Asimismo, establece la liberalización tarifaria sin salvaguardas, lo cual amenaza el mercado interno y aumenta riesgos ambientales y sociales. A su vez la eliminación del Fondo para el Desarrollo de la Generación Distribuida (FODIS) y afectación de certificados de crédito fiscal representan un retroceso en la implementación de energías renovables de baja escala necesarias para la transición ecosocial. Lo más indignante es la absoluta ausencia de cualquier tipo de regulación o modificación de los grandes subsidios existentes para las grandes petroleras y empresas energéticas. Es decir, mientras se reducen o suprimen los subsidios al consumidor en las tarifas de combustible y energía, se siguen subsidiando a las grandes petroleras multinacionales, no para el consumo interno, sino para la exportación. Un llamado explícito al despojo y el saqueo, que suena como música en los oídos de las corporaciones transnacionales.
A 40 años de recobrada la institucionalidad democrática, más allá de sus deficiencias y errores, asistimos a una vertiginosa embestida en términos de desdemocratización, que pareciera dejar desamparada a la ciudadanía, ante la salvajada de reformas y derogaciones propuestas por el presidente libertario. Frente a ello, cabe preguntarse dónde se encuentran en este país las reservas democráticas que puedan contrarrestar esta arremetida autocrática e inconstitucional, que transfiere nuestros bienes públicos y naturales y deroga nuestros derechos (civiles, sociales, económicos, ambientales, laborales, entre otros), en favor de las corporaciones privadas.
Hoy una parte importante de la ciudadanía se encuentra cada vez más movilizada en diferentes ciudades del país (a través de marchas, paros generales o parciales, cacerolazos), convocados por diferentes organizaciones (sociales, sindicales, territoriales). Sabemos que la movilización social es absolutamente necesaria, pero no suficiente si no va acompañada por la intervención política urgente del Poder Legislativo, rechazando el DNU y las reformas de esta Ley Ómnibus, así como de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, frente a la inconstitucionalidad de tales medidas. Una pregunta atraviesa esta indignación colectiva que gana las calles, cada vez más militarizadas: ¿acaso nuestra institucionalidad es tan frágil que puede venir un nuevo presidente y llevarse puesto en tres semanas las instituciones democráticas y nuestros derechos? Esta es la madre de todas las batallas. Ojalá las fuerzas políticas de la oposición y la Justicia argentina estén a la altura de esta responsabilidad histórica.
Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo al proyecto de Ley llamado “Ómnibus”. Un detallado análisis (ver más abajo) de todo el proyecto presentado por el Presidente Javier Milei, revela que las medidas representan una inaceptable y enorme regresión en materia socioambiental y socava los pilares de la legislación de protección ambiental en Argentina.
El proyecto amenaza de manera directa la legislación vigente de protección ambiental en Argentina ya que liquida dos leyes fundamentales: la Ley de Protección de Bosques y la de Glaciares. Estas leyes son producto de dos conquistas ciudadanas históricas, y son cruciales en un contexto de crisis climática global y degradación ambiental local.
Llamamos a la sociedad a rechazar y resistir estas propuestas que ponen en riesgo la naturaleza, sus ecosistemas y la capacidad del Estado para regular y proteger el ambiente. Exigimos a los legisladores nacionales que rechacen enérgicamente este proyecto y resguarden la poca legislación vigente que puede servir como un puntapié para la justicia ecosocial y la protección ambiental en Argentina. Misma exigencia realizamos con el inconstitucional DNU 70/2023 (ver nuestro informe sobre el DNU).
El análisis detalla las gravísimas regresiones ambientales del proyecto en la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares, destacando cambios que permitirían desmontes en todos los bosques del país y la actividad minera en ambientes periglaciares. La eliminación de regulaciones, el desfinanciamiento de fondos ambientales, la falta de acceso a información para comunidades afectadas y la persecución de manifestantes.
Existe también una profunda desregulación y liberalización del sector energético en el proyecto, incluyendo la privatización de empresas del sector y la afectación de la concesión sobre el Río Paraná (llamada Hidrovía Paraná-Paraguay). Asimismo, se destaca el sesgo liberalizador en sectores como hidrocarburos, minería y pesca, que amenaza la capacidad soberana del Estado en la regulación del capital trasnacional.
En cuanto a política climática, el proyecto de Ley Ómnibus propone la creación de un mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) con amplia participación del sector privado. Esta medida, similar al mercado voluntario de bonos verdes, permitiría la privatización de la capacidad de captura de dióxido de carbono, trasladando la destrucción ambiental y social a los territorios del sur global.
El proyecto propone cambios en la regulación de actividades de quema, permitiendo interpretar el silencio del Estado como una autorización “tácita” y autoriza a los productores a la quema incontrolada de pastizales, valiosos ecosistemas. Además, se destacan derogaciones en la Ley de Pesca que afectan la protección de los ecosistemas marinos y eliminan criterios de permisos que priorizan la mano de obra argentina y la construcción local de buques.
El análisis expone la desregulación total y profunda del sector energético, lo cual puede representar una aceleración en la expansión de la frontera hidrocarburífera y un aumento desmedido en los impactos socioambientales derivados de la industria fósil.
En un contexto mundial de crisis climática, ambiental y energética, la posibilidad de dar pasos concretos hacia una transición ecosocial enfrenta un peligro letal con este proyecto. El mismo muestra una combinación entre eliminación de intervenciones de actores estatales para el cuidado y la protección del ambiente, la absoluta financiarización del mercado energético subsumido a intereses internacionales y una política estatal de negacionismo climático.
Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo al DNU Nº 70/2023. Lo consideramos manifiestamente inconstitucional y en contradicción con los principios fundamentales de la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
El DNU carece de argumentos sólidos y no cumple con los requisitos constitucionales de “necesidad” y “urgencia”. A su vez, ignora los mecanismos constitucionales al eludir la aprobación legislativa, contraviniendo la jurisprudencia de la CSJN. También la emisión del DNU, de 336 artículos y dictado de manera apresurada, viola la prohibición constitucional establecida en el Artículo 29 de la Constitución Nacional, lo que puede ser considerado una “traición a la patria” como establece nuestra Carta Magna. A su vez, esto se intenta implementar en conjunto con un protocolo antipiquetes que viola el Derecho a la Protesta social, en un intento por acallar cualquier tipo de respuesta popular a las medidas.
Compartimos a la sociedad un primer análisis (ver abajo link a documento completo) de los aspectos socioambientales del mencionado Decreto, que muestra su carácter abiertamente regresivo. Entre los principales puntos que el documento analiza se encuentran:
Ley de Tierras Rurales: Sancionada en 2011, la Ley de tierras rurales expresó la necesidad de colocar un freno al proceso de extranjerización de tierras. La ley busca limitar la extranjerización de las tierras, colocando un régimen restrictivo para la compra de tierras rurales por extranjeros. Un artículo importante es el que prohíbe a extranjeros ser propietarios de inmuebles que sean ribereños de cuerpos de agua (ríos, lagos o cuencas) y zonas de seguridad de frontera.
La derogación de esta Ley conlleva directamente la liberación total de la compra o posesión a capitales extranjeros. Extranjerizar nuestros suelos se traduce en perder nuestra soberanía sobre los bienes comunes asociados al suelo y agua. A su vez esto implica el desplazamiento de poblaciones vulnerables; comunidades campesinas e indígenas podrán ser expulsados por la megaminería metalífera y de litio, la expansión de la frontera sojera-ganadera, foresto-industrial y el corrimiento de la explotación hidrocarburífera.
Leyes de Minería: la derogación de la Ley N° 24.523 del Sistema Nacional de Comercio Minero, y la Ley N° 24.695 del Banco Nacional de Información Minera implica aún una mayor opacidad en una actividad que ya se encuentra absolutamente desregulada y con la habilitación a una minería a gran escala que flexibiliza controles, estableciendo un sistema de regalías irrisorios a las corporaciones mineras y que continúa intacto.
Impacto en el Sector Energético: Abre la puerta a la privatización total de las empresas públicas (su transformación de sociedades mixtas a sociedades anónimas). Representa un riesgo para la aceleración en la expansión de la frontera hidrocarburífera, en un contexto de crisis climática. Establece la liberalización tarifaria sin salvaguardas, lo cual amenaza el mercado interno y aumenta riesgos ambientales y sociales. A su vez la eliminación del Fondo para el Desarrollo de la Generación Distribuida (FODIS) y afectación de certificados de crédito fiscal representan un retroceso en la implementación de energías renovables de baja escala necesarias para la transición ecosocial.
Lo más llamativo es la absoluta ausencia de cualquier tipo de regulación o modificación de los grandes subsidios existentes para las grandes petrolerasy empresas energéticas. Es decir, se seguirá subsidiando a las grandes petroleras multinacionales, no para el consumo interno, sino para la exportación.
Modificación de la Ley del Fuego: Si bien no aparece en el DNU publicado, la modificación -anunciada expresamente por el presidente en la cadena nacional- permitiría el cambio de uso del suelo de zonas afectadas por el fuego, alentando la destrucción de bosques, humedales y áreas protegidas por el agronegocio y la especulación inmobiliaria.
Riesgo Alimentario: La derogación de normas como la Ley de Abastecimiento o la Ley de Góndolas favorecen la exportación del agronegocio en detrimento del abastecimiento interno. Esto representa un riesgo que profundiza la crisis alimentaria global y obtura la soberanía alimentaría.
Las posibles transformaciones que podrían imprimirse en el territorio nacional son inconmensurables pero existe suficiente evidencia para prever su rumbo. Desde el negacionismo de la crisis climática hasta la financiarización absoluta de todo lo material, un triunfo de Milei-Villarruel podría marcar un profundización extrema de las desigualdades ambientales.
Entrevistado en el programa Gelatina hace unos días, Martín Kohan describió al candidato Javier Milei como una persona que no concibe a un ser humano como otra cosa que alguien que intercambia bienes según oferta y demanda. A partir de esta definición, podemos deducir rápidamente otra: para Milei y la gente que lo rodea, cualquier objeto o vida no humana puede verse solamente como un activo financiero para ser intercambiado según oferta y demanda. Según esta premisa, todo aquello que no pueda ser financiarizado no sólo puede desaparecer sino que debe. Una especie de darwinismo financiero: la supervivencia, no de los más fuertes, sino de los más rentables.
Con ese mismo argumentó el diputado electo por la Provincia de Buenos Aires Alberto Benegas Lynch (n) justificó la extinción diaria de especies animales. Fue en una entrevista con Julio Leiva, en la cual también elogió la privatización y concesión del Mar Argentino. Esta propuesta se encuentra inscripta en la plataforma electoral oficial de La Libertad Avanza presentada ante la Justicia. Para la extrema derecha, la conservación de ecosistemas no tiene sentido en términos ambientales ni culturales. Incluso ignoran los beneficios para la salud pública o la dependencia de los sistemas productivos de las condiciones ambientales. Conciben cualquier tipo de bien común como un recurso a ser explotado. Una financiarización absoluta de la vida.
Esta subjetividad transforma inmediatamente cualquier tipo de regulación o consenso logrado sobre la protección del ambiente en una barrera a ser destruida. El derecho de un privado a maximizar sus ganancias no puede ser obstruido por ninguna razón, ni ética ni moral. Es de notar lo contradictorio de pregonar esta mirada ya que niega los servicios ecosistémicos que muchos sistemas productivos tienen especialmente en nuestro país. El más estructural y relevante en este momento es la enorme sequía que afectó a nuestro país este año. La misma devastó las exportaciones del agronegocio, afectando con pérdidas de hasta el 50% a los principales cultivos y teniendo un fuerte impacto en la macroeconomía nacional.
Sin embargo, fue precisamente en La Rural que Javier Milei dijo que el valor del agua “es cero” en tanto y en cuanto los ríos no sean apropiados por privados. Mientras cerraba el Congreso Económico Argentino el candidato explicó cómo una empresa puede contaminar un río “todo lo que quiera”. En sintonía con las narrativas bolsonaristas y trumpistas, el binomio Milei-Villarruel también afirma que las políticas ambientales son “parte de la agenda del marxismo cultural”, lo que ha derivado en un discurso fuertemente anti-ciencia, que niega los límites planetarios. El mismo también se refleja en el negacionismo climático que llevó a EEUU a retirarse del Acuerdo de París, tratado internacional sobre el calentamiento global.
El candidato Milei volvió a corroborar su creencia en el “anarcocapitalismo” y a afirmar la premisa que postula que destruir el Estado es una prioridad. Es necesario explicitar que el desmantelamiento del paisaje de instituciones estatales, genera amenazas sustanciales para la protección ambiental. Si bien hoy en día existen profundas injusticias sociales y ambientales en todo el territorio, deslegitimar y desfinanciar la estructura estatal sólo puede empeorar la situación. La existencia misma de instituciones democráticas es un punto de partida en la institucionalidad necesaria para garantizar verdadera justicia social y ambiental a mediano y largo plazo.
Estos ataques constantes erosionan la legitimidad necesaria para que el Estado supervise y responda ante las injusticias sociales y ambientales. Esto puede ser terreno fértil para una escalada de impunidad corporativa. Incrementaría la cantidad de delitos ambientales, de empresas que sobrepasan la institucionalidad local y provincial o la falta de remediación ante derrames o accidentes. Además, tendría graves repercusiones sobre la capacidad de respuesta del Estado a eventos de clima extremo como inundaciones, o catástrofes ambientales como incendios de humedales o bosques.
A su vez, la creciente escalada de violencia genera una preocupación adicional para la integridad de defensores y defensoras ambientales en el territorio. En una columna publicada en Infobae, el referente intelectual libertario, Benegas Lynch (hijo), es decir el padre del diputado electo, declaró al ambientalismo como enemigo absoluto de la propiedad privada.
Esta extrema derecha viene cargada de un autoritarismo que intentará disolver a los sindicatos, erradicar la protesta social y suprimir la organización territorial de comunidades que se manifiestan en un marco democrático. Sólo en los últimos días, las amenazas y amedrentamientos virtuales contra figuras públicas varias se multiplicaron hasta llegar a la presidenta de la Cámara de Diputados.
La habilitación de un régimen de violencia multiplica y expande, a nivel institucional, mediático y político, un entorno propicio para explosiones cotidianas de la democracia. Quienes adopten como propio este legado de hostigamiento y demonización e identifiquen en el ambientalismo y los movimientos territoriales un enemigo se sentirán legitimados para violentar y hostigar a aquellos a quienes responsabilizan de sus propias miserias.
¿Cómo se darían fenómenos de protesta socioambiental regional como el Chubutazo o el Mendozazo si las Fuerzas Armadas estuvieran habilitadas a involucrarse en Seguridad Interior? ¿Cuánto se multiplicarían las violaciones de derechos humanos y ambientales en caso de disminuir las garantías estatales? ¿Cómo se van a desarrollar las provocaciones de fuerzas de choque locales a defensorxs del territorio cuando la tenencia de armas de fuego no esté regulada?
El avance del binomio Milei-Villarruel condiciona la estabilidad política y democrática de nuestro país. Plantea amenazas sustanciales para los defensores y defensoras ambientales en todo el territorio. Estos retrocesos ambientales son una dimensión más de un proyecto de país que va en retroceso. Al sumarse al rechazo a la salud y educación pública, las propuestas de dolarización e hiperinflación, el apoyo a las políticas de la dictadura, entre otras están suscitando el apoyo a Sergio Massa de un amplio espectro de actores que nunca lo hubieran votado en otro contexto.
Como el propio Massa dijo en el debate, esto no es necesariamente traducible como un acompañamiento al proyecto massista. Pero sí puede entenderse como un voto estratégico para el apoyo a la democracia. Un punto de partida para que las políticas ambientales sigan expandiéndose y hacer políticamente posible lo socioambientalmente necesario. Probablemente, la negativa a acompañar a Milei no alcance para frenar el avance de una subjetividad financiarizada de la vida. Pero avanzar hacia una construcción de una subjetividad solidaria, de una ética del cuidado mutuo o de nociones comunitarias la democracia es necesaria.
La pregunta y razonamiento más sencillo es: sí las empresas y otras entidades pueden tener derechos ¿Por qué no puede tener derechos la naturaleza, de la cual dependemos?
Integrantes de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, la Multisectorial de Humedales de Paraná, la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN) y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial presentaron proyectos para que la Provincia de Entre Ríos y el Municipio de Paraná reconozcan los Derechos de la Naturaleza o Pachamama. Los proyecto refieren a donde se reproduce y realiza la vida, debiendo asegurarse el respeto integral, su existencia, el mantenimiento, regeneración de sus ciclos y funciones vitales, estructura y procesos evolutivos.
La presentación retoma el legado de Fernando “Pino” Solanas y se basa en el texto del proyecto de ley presentado hace unos años por el Senador de Proyecto Sur. Revisa sus fundamentos y contextualiza las presentaciones en el marco de la presente campaña impulsada por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN).
Es necesario compatibilizar a nivel provincial y municipal el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza con la legislación constitucional de las provincias. Vinculando la iniciativa con el derecho de todos/as los/as habitantes a un ambiente sano, la protección de la diversidad biológica y ecosistemas en particular y los derechos de los pueblos indígenas. Y también acoplando el derecho procesal provincial (acción de amparo, intereses difusos, acción popular, acciones preventivas, etc.) entendido como una “derecho procesal de la naturaleza”.
Los dos proyectos presentados
Proyecto provincial
El proyecto provincial fue presentado en la Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos. El mismo fue ingresado por Mesa de Entradas del parlamento provincial se titula Reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la provincia de Entre Ríos. Se trata del Expediente N° (Nº 24.836 M.E.), ingresado el 3/11/2022. Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN) – Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas – Multisectorial de Humedales de Paraná.
La Provincia de Entre Ríos posee una de las Constituciones Provinciales más nuevas de Argentina. En ella se incluyen novedosos derechos con respecto a la naturaleza. Ejemplo de esto es el reconocimiento de la libertad de los ríos. Se hace mención explicita a que las cuencas hídricas comunes y los sistemas de humedales “se declaran libres de construcción de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo natural de sus ecosistemas asociados”.
A su vez reconoce la triple función del suelo, en sus dimensión social, ambiental y económica en su Artículo 85. Aunque estos no son reconocimientos explícitos de derechos a la naturaleza, son un gran avance en cuanto a la comprensión de su importancia y funcionamiento de los ecosistemas.
El segundo proyecto fue presentado ante el Concejo Municipal de la Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos. Fue ingresado por Mesa de Entradas del parlamento local y se titula Reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la ciudad de Paraná. Se trata del Expediente N° H.C.D. Nº 789/2022-A-F17, ingresado el 3/11/2022. Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN) – Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas – Multisectorial de Humedales de Paraná.
En el caso de la Ciudad de Paraná es la Ordenanza N°7.717 (1995), que crea el Código Ambiental, de la ciudad la que reconoce de la siguiente manera, en la declaración de principios y objetivos que:
“Nosotros los representantes del pueblo reconocemos: a) En lo referente al Ambiente, como sujeto del Derecho a todos seres vivos y futuros.”
Código Ambiental de la Ciudad de Paraná
“Este es un fundamental e interesante avance que pocas veces fue comprendido por gobernantes y ciudadanía.” – declaró Enzo Cullaso, integrante de la Multisectorial de Humedales de Paraná y la Asociación de Abogados/as Ambientalistas – “Hoy luego de 20 años, es necesario volver a dialogar sobre la posibilidad de otorgarle entidad jurídica a la naturaleza.”
La naturaleza como sujeto de derecho, implica necesariamente su desmercantilización. Así como el discurso normativo actual prohíbe tratar como mercancía al ser humano, al ser sujeto de derecho la naturaleza debería recibir el mismo trato. Es importante aclarar que lo que protege este proyecto son los “sistemas de vida” lo cual no es un obstáculo para el desarrollo y comercialización, por ejemplo, de actividades agrícola-ganaderas, entre otras. Con los Derechos de la Naturaleza se puede comerciar y comer carne, pescado y granos, por ejemplo, mientras se asegure que quedan ecosistemas funcionando con sus especies nativas.
Asistimos en este siglo a un modelo de producción y consumo que está generando el traspaso de los límites biofísicos, que atenta contra toda forma de vida sobre el planeta, incluida la nuestra. Es tiempo de madurar como especie, para trascender el egoísta instinto competitivo y abrazar la vida en toda su diversidad de expresiones.
El marco de los Derechos de la Naturaleza comprende que cada pueblo es portador de culturas diversas, como lo son los territorios de este continente. En este contexto, también existen culturas que supieron otorgarle un valor a la naturaleza más allá del uso humano. Quienes reconocieron en sus cosmovisiones la interdependencia con todos los reinos de la vida.
El grado de madurez de cada sociedad abre a la posibilidad de comprender e internalizar otras maneras de vincularse con su entorno. Estas culturas otorgan brújulas para que la humanidad vuelva a percibirse en igualdad, ya no como dueño, sino como parte de un todo.
Las organizaciones Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Fundación Patagonia Natural y Greenpeace Argentina presentaron una querella penal respecto al ecocidio de cientos de pingüinos que tuvo lugar en la Reserva Natural Punta Tombo (Chubut), en 2021. En esta reserva se encuentra la mayor colonia de pingüinos de Magallanes del mundo.
Durante agosto y noviembre de 2021, sin autorización previa de impacto ambiental y mediante la utilización de retroexcavadora, se abrieron caminos, realizaron desmontes de vegetación nativa y movimientos de suelo sobre el Área de la Colonia de Pingüinos de Magallanes y la ribera marina Punta Clara que limita con la Reserva Natural Punta Tombo, lo que ocasionó graves daños a la fauna, flora y los ecosistemas asociados.
Se estima que al menos 175 nidos fueron destruidos en todas las áreas de nidificación. Además, se instaló un alambrado electrificado a lo largo de 900 metros. En diferentes sectores, dicho alambrado impidió la libre circulación de los pingüinos al encontrarse a una altura inferior a la de esta especie. Este hecho ocurrió en el momento crítico del ciclo reproductivo, donde los pichones están eclosionando o tienen muy pocos días de vida, y deben ser alimentados con frecuencia por los pingüinos adultos.
“Lo sucedido da cuenta que estamos ante una masacre de pinguinos a cielo abierto, actos atroces de crueldad animal y daños a los ecosistemas que no pueden quedar impunes”, sostuvo Lucas Micheloud, Co-director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. “Necesitamos que la justicia condene a los responsables con las máximas penas previstas para estos hechos y que el Congreso de la Nación avance urgentemente en la reforma del código penal tipificando los crímenes ambientales”.
José María Musmeci, Director Ejecutivo de Fundación Patagonia Natural afirmó: “Es necesaria y muy positiva la intervención de la justicia para reforzar los esfuerzos de conservación constante y limitar el accionar arrogante sobre la biodiversidad que nos pertenece a todos y no al propietario del área”.
“Estamos frente a un verdadero ecocidio. Este es un claro ejemplo de cómo los ecosistemas y las especies son vulnerados a diario por la actividad humana. No podemos permitir que más hechos como este ocurran, necesitamos con urgencia una ley de delitos ambientales, que contemple penas específicas para estos crímenes”, mencionó Bruno Giambelluca, coordinador de la campaña de clima y energía de Greenpeace.
Más información sobre la especie:
El pingüino de Magallanes se caracteriza por medir unos 50 cm de altura aproximadamente, y su plumaje es blanco y negro. El color del plumaje le garantiza un eficiente mimetismo con el medio marino, y una serie de características relativas a la adaptación al clima, le permiten minimizar la pérdida de calor corporal. Se alimentan de peces, como sardinas, pejerreyes, anchoas y otros. Anidan en terrenos blandos cercanos a la costa y padres y madres se turnan para empollar los huevos y buscar alimento. Las crías alcanzan la madurez a los 90 días.
Más información sobre delitos ambientales:
México y Brasil han avanzando en la tipificación de los delitos ambientales y cuentan con tribunales ambientales especializados.
En Argentina, el Código Penal vigente, aunque con distintas reformas, es de 1921 y no cuenta actualmente con un capítulo penal ambiental que tipifique conductas cuyo obrar puedan afectar el ambiente y la madre tierra. Solo existen algunos tipos penales en leyes especiales. Algunas de las iniciativas que están hoy en el Congreso de la Nación apuntan a incorporar un capítulo en el código vigente o una ley especial, como la de Fauna y Residuos Peligrosos, y otras proponen una reforma general del Código Penal que incorporen los crímenes ambientales.
