La Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas con la organización ecologista UPVA de Ramallo, Provincia de Buenos Aires, presentó una solicitud de urgente resolución por parte de la Justicia Federal de San Nicolas, con la finalidad de que no se avance en más profundizaciones del cauce principal ni de ningún otro curso de agua en el valle de inundación del río Paraná -mal denominada hidrovía- en razón de la enorme crisis ambiental e hídrica que se manifiesta en la cuenca del Plata y Sudamérica toda.
Intentar, en semejante escenario, avanzar con intervenciones de ensanchamiento y profundización de cauces, a los efectos de garantizar bodegas completas en su capacidad de carga, de los barcos de ultramar o los que sean según los tramos del río Paraná Medio o Inferior, sin cumplir, aplicar y respetar los procesos necesarios de estudios de impacto ambiental acumulativos como la realización de una evaluación ambiental estratégica de la cuenca, frente al delicado escenario de cambio climático, es un agravamiento del proceso ecocida que se vive en estos territorios, que no podemos ni debemos consentir y menos acompañar con silencios o faltas de decisiones ejecutivas como judiciales, sean negacionistas o ignorantes de la significación y relevancia de los principios de precaución y prevención entre tantos otros del Derecho Ambiental y Convencional.
El proceso de vulneración del acceso al agua saludable en la ciudad de Victoria, Entre Ríos, como la enorme afectación a la diversidad biológica como cultural y productiva de las comunidades habitantes del valle de inundación y ecosistemas asociados, movilizan el dictado de la decisión cautelar requerida por los impulsores de la acción de amparo ambiental federal.
Solicitamos a la Justicia Federal, se haga cargo de semejante escenario y dicte la medida cautelar que prohíba mayores intervenciones en el sistema de humedales y su cauce principal, dejando descansar y libre de más procesos de artificialización del río y sus ecosistemas asociados, hasta tanto se dicte Sentencia definitiva en la causa judicial correspondiente, en la que se peticiona se ordene conformar el Comité de Cuenca del río más grande del País, garantizando el ejercicio de la democracia ambiental, con el debido respeto de sus herramientas de participación ciudadana.
Finalmente, en estas horas la Administración General de Puertos concrectó la modificación del contrato de concesión del servicio de mantenimiento y dragado, estando habilitada para desarrollar mayores profundizaciones del cauce y ensanchamientos. Expresamos nuestro total repudio a esta medida inconstitucional y violatoria de todos los procesos participativos previos como preventivos, de absoluto agravio al federalismo de concertación, en atención a que son las Provincias y sus pueblos las titulares de los bienes naturales existentes en el valle de inundación en todas sus diversidades y vitalmente, sus ríos. Ignorar las atribuciones y derechos de las Provincias y sus pueblos, es de una gravedad institucional, en el cotexto expuesto y en relación a sus impactos negativos, que nos lleva a denunciar como un ecocidio más que anticipado por el conjunto de los movimientos ambientales, sociales y de otras escalas humanas de la cuenca en su conjunto. Buenos Aires, San Nicolás y Paraná, 20 de octubre de 2024.
Contacto: Jorge Daneri +54 9 343 5113491 Fabián Maggi +54 9 3413 72-0859 Miembros del equipo de Litigio Estratégico de la AAdeAA.
En el marco del proceso de evaluación de impacto ambiental del “Proyecto de explotación minera Calcatreu”, desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas ejercemos nuestro derecho a participar y opinar, conforme lo establece la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y el Acuerdo de Escazú. Esta participación no es un mero trámite, es un derecho fundamental para garantizar que las decisiones sobre nuestro entorno sean tomadas de manera democrática y justa.
El Proyecto Calcatreu forma parte de un modelo minero a gran escala que genera una creciente oposición social en toda América Latina y, particularmente, en Argentina. La minería metalífera a cielo abierto, como la que se propone en Calcatreu, utiliza sustancias químicas altamente contaminantes, como cianuro y ácidos, que han demostrado tener graves impactos sobre la salud de las poblaciones y el ambiente. Estos efectos, que incluyen contaminación del agua y del suelo, son muchas veces transfronterizos, lo que significa que no solo afectan a la región donde se realiza la explotación, sino también a áreas vecinas.
Uno de los principales argumentos utilizados por el gobierno y las empresas mineras es que este modelo extractivo traerá progreso y desarrollo a las regiones más relegadas. Sin embargo, la experiencia muestra una realidad distinta. La minería a gran escala consume enormes cantidades de agua y energía, y compite directamente con otras actividades económicas como la agricultura y la ganadería, que sostienen a las economías regionales. Esta competencia por los recursos no solo desplaza a las comunidades locales, sino que también reorienta completamente la vida de estas poblaciones, afectando su bienestar y generando una dependencia económica que deja poco o ningún beneficio duradero.
El Proyecto Calcatreu pretende ser la “puerta de entrada” de más de 50 proyectos mineros, para convertir a la provincia de Río Negro en la provincia con una gran cantera a cielo abierto, con la mayor cantidad de proyectos mineros en el país. El modelo minero no avanza solo. En el contexto de una política extractivista, desde hace más de diez años se han instalado plataformas de fracking en el Alto Valle, sobre todo en la localidad frutícola de Allen. En la actualidad, el gobierno ha redoblado la apuesta a través de la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur, y la instalación de un puerto petrolero y una planta de GNL en la zona del golfo. Esta combinación de minería y explotación de hidrocarburos está reconfigurando completamente la matriz productiva de Río Negro, transformándola en una “zona de sacrificio” para la exportación de recursos naturales, en desmedro del ambiente y de las comunidades locales.
Foto: Carolina Blumenkranc
El gobierno rionegrino, junto con las empresas transnacionales, ha intentado justificar estos proyectos mediante la obtención de lo que llaman “licencia social”. Sin embargo, lo que vemos es un uso del aparato del Estado para imponer dichos proyectos sin una verdadera consulta ciudadana, con la anulación de voces disidentes y la aprobación de leyes regresivas que permiten estas actividades. La reciente derogación de la Ley 3308, que protegía el Golfo San Matías, es un claro ejemplo de cómo se ha violado la obligación de no retroceder en la protección del ambiente (principio de no regresividad ambiental) y de cómo se ha incumplido el Acuerdo de Escazú, que garantiza la participación ciudadana en decisiones que afectan el ambiente.
También observamos cómo el gobierno está utilizando el sistema educativo para intentar legitimar la minería a gran escala. Un claro ejemplo es el manual “Encontrarnos en Río Negro”, publicado este año por el Ministerio de Educación,que presenta la minería de manera sesgada, omitiendo los impactos negativos comprobados de esta actividad. Este tipo de intervenciones educativas no busca informar de manera imparcial, sino crear un relato que legitime un modelo extractivo que ha sido ampliamente cuestionado por sus efectos devastadores.
Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, reafirmamos nuestro compromiso con la justicia social y ambiental, y la defensa de los ecosistemas y de las comunidades que dependen de él. La minería a gran escala y el fracking no son las únicas alternativas de desarrollo para Río Negro ni para nuestro país. Existen otros modelos de producción, más equitativos y sustentables que pueden garantizar modelos de bienestar sin sacrificar nuestra salud, nuestros bienes comunes y nuestras comunidades.
Es por ello que exigimos un proceso real de evaluación ambiental. Exigimos que realmente se escuche a las comunidades y se respete los principios fundamentales y democráticos de la protección ambiental. La sociedad toda tiene el derecho a ser informada de manera completa y transparente, y a participar efectivamente en las decisiones que afectarán su entorno, sus ecosistemas vitales y su calidad de vida.
Invitamos a todos los sectores de la sociedad a unirse a esta lucha, a informarse y a ejercer su derecho a opinar y participar. Solo así podremos evitar que proyectos como Calcatreu sigan avanzando sin el necesario control ciudadano y sin tener en cuenta el bienestar de nuestras generaciones presentes y futuras.
El pasado lunes 30 de septiembre tuvo lugar en la ciudad de Rosario el lanzamiento del Equipo Transiciones, un espacio de articulación política conformado por diversas organizaciones y equipos de trabajo de Argentina. El objetivo central de este encuentro fue generar un diálogo y un compromiso colectivo para prefigurar horizontes y alternativas comunes hacia una transición ecosocial en el país.
Durante la jornada, referentes del ámbito académico y del activismo compartieron sus perspectivas sobre la necesidad de repensar las estructuras políticas, económicas y sociales para enfrentar los desafíos actuales y futuros.
Maristella Svampa, del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur y CAJE-AAdeAA, destacó que: «Un estado ecosocial debe tener en la base una sociedad de los cuidados, incorporar los riesgos globales y locales, reorganizar las instituciones en función de una sociedad al servicio de la vida, y promover la democratización política en base a un horizonte de justicia social y ambiental.»
Por su parte, Corina Rodríguez Enríquez, investigadora de CONICET/CIEPP, subrayó la importancia de transformar los sistemas de cuidado: «La forma actual de resolución de las necesidades de cuidados hoy es en el ámbito doméstico de trabajo no remunerado, principalmente de mujeres e identidades feminizadas. La provisión pública de cuidados es acotada e insuficiente, y la tendencia es a la privatización y mercantilización del cuidado.»
Desde la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Guillermo Peinado, del GEEAS y ASAUEE, reflexionó sobre las dinámicas de dependencia económica: «Los países periféricos estamos subsidiando la acumulación de los países centrales. Somos acreedores ecológicos, lo que nos permite reubicarnos en la geopolítica planetaria.»
Asimismo, Melisa Argento (CONICET UNR, CAJE, GyBC) abordó la problemática del litio en Argentina: «El litio se engarza en las dinámicas de endeudamiento y fuga de Argentina, es el ejemplo perfecto del mandato exportador.»
En el marco del debate sobre la transición energética, Pablo Bertinat, del Taller Ecologista y el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, señaló: «No hay una mirada única de la transición energética, hay tantas miradas como intereses. La transformación de la matriz energética es condición necesaria pero no suficiente, ya que el sistema energético hoy es fósil, pero también profundamente desigual, mercantilizado y concentrado. La energía es una herramienta de redistribución de riqueza.»
Finalmente, Damián Verzeñassi, de INSSA UNR, enfatizó la necesidad de repensar el sistema de salud en este contexto: «Precisamos pensar un sistema de salud que no sea un mero sistema de atención de enfermedades, sino un sistema de cuidados en el marco de un estado ecosocial que cuide la vida de las sociedades presentes y futuras. Hoy la posibilidad de habitabilidad de los territorios está en serio riesgo, y se expresa en una nueva geopolítica de la enfermedad que define territorios en sacrificio.»
El Equipo Transiciones convoca este próximo lunes 30 de septiembre a un encuentro estratégico para la construcción de agendas orientadas a una transición ecosocial justa en Argentina. La cita es el lunes a las 18:30 hs en la Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Ciencias Económicas y Estadística (Oroño 1261). El Equipo Transiciones es una coalición diversa de organizaciones, colectivos y equipos de investigación que han decidido articular sus esfuerzos para trazar horizontes comunes frente a las múltiples crisis que afectan a nuestro país. A partir de un diagnóstico conjunto, el equipo identifica la necesidad urgente de abordar las desigualdades sociales, ambientales, de género y raciales para construir alternativas que integren la justicia social con la justicia ambiental.
Este equipo se presenta como un espacio de elaboración colectiva y radical que tiene como objetivo proponer salidas y nuevas institucionalidades en materia socioeconómica, energética y ambiental. Una respuesta a un contexto de retroceso en materia de derechos y políticas públicas, exacerbado por la combinación de factores internos y un contexto geopolítico adverso.
El evento convoca a actores sociales, políticos y académicos a la construcción conjunta en torno a una agenda ecosocial integral, que considere tanto la crisis climática como la urgencia de mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población. Contará con la participación de las personas referentes en las distintas áreas de trabajo
Maristella Svampa (Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial)
Corina Rodríguez Enriquez (CONICET/CIEPP)
Guillermo Peinado (UNR, GEEAS, ASAUEE)
Pablo Bertinat (Taller Ecologista, Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur)
Melisa Argento (CONICET UNR, CAJE, GyBC)
Damián Verzeñassi (INSSA UNR)
Coordinación: Jorgelina Hiba
En un país donde la crisis multidimensional profundiza las brechas sociales y ambientales, este evento ofrece una oportunidad para construir propuestas de salida hacia un futuro ecosocial a partir de diagnósticos y propuestas concretas. No es posible abordar la crisis ambiental sin enfrentar al mismo tiempo las desigualdades estructurales que afectan a los sectores más vulnerables. Así, la transición ecosocial debe ser también una transición justa popular, capaz de integrar agendas intersectoriales
Este momento histórico demanda una respuesta articulada y colectiva. La coyuntura nacional está marcada por el avance nacional de políticas regresivas que, además de ser autoritarias y excluyentes, profundizan la desigualdad estructural. En este sentido, la convocatoria subraya la necesidad de promover más diálogos intersectoriales que permitan construir políticas públicas orientadas a la justicia social y ambiental. Esto implica repensar también los modelos de producción y consumo, con un enfoque en los cuidados, la energía, la discusión alrededor de la deuda ecológica-financiera, el cuidado de los bienes comunes y la salud.
Las organizaciones y redes que componen el Equipo Transiciones incluyen: Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur (capítulo argentino), Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, Grupo de estudios en Geopolítica y Bienes Comunes (GyBC), Taller Ecologista, Trama Tierra, Observatorio Petrolero Sur (OPSur), Instituto de Salud Socioambiental (INSSA), Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CeDInCI), Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP), Fundación Rosa Luxemburgo (FRL-Cono Sur), Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE), Grupo de Investigación sobre Economía Ambiente y Sociedad (GEEAS), entre otros actores especializados y comprometidos con la construcción de alternativas ecosociales.
El Equipo Transiciones no es un espacio de diagnóstico pasivo, sino un lugar de acción colectiva. A través de propuestas específicas y bien fundamentadas, el equipo se propone sentar las bases de una nueva institucionalidad política que pueda enfrentar de manera efectiva las crisis entrelazadas de carácter socioeconómico, ambiental y energético.
La invitación es a sumarse a esta construcción de alternativas ecosociales que pongan en el centro la justicia social y ambiental.
NUEVA YORK—En una mañana lluviosa en el distrito financiero de Manhattan, Jorge Nawel llegó a la oficina regional de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) con una carta. Como líder de la Confederación Mapuche de Neuquén, una comunidad de pueblos originarios de Argentina, solicitaba a la comisión que investigue a las empresas que realizan fracturación hidráulica en su país y que cotizan en bolsas de valores de EE. UU.
La carta, escrita en español y dirigida al presidente de la SEC, Gary Gensler, fue revisada por Inside Climate News. En ella se hacía referencia a las operaciones de fracking en la región norte de la Patagonia argentina, conocida como Vaca Muerta, desde principios de la década de 2010. Vaca Muerta es una zona del tamaño del estado de Maryland y hogar de decenas de comunidades mapuches.
Nawel—acompañado por Gonzalo Vergez, abogado de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, y Sandra Silva, directora regional para América Latina y el Caribe de la organización sin fines de lucro Thousand Currents—entregó la carta a dos empleados de la SEC el jueves.
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“Queremos dejarles este documento en sus manos, para llamar la atención sobre el gran impacto que está teniendo esta tecnología”, dijo Nawel en español, con Silva interpretando. “Esperamos que esto pueda llegar a manos de los líderes de la comisión”.
La Confederación Mapuche solicitó al regulador de valores que investigue “urgentemente” las “consecuencias de la explotación descontrolada” de hidrocarburos y elabore un informe público sobre la situación “ambiental, social y cultural” en Vaca Muerta. La carta también insta al regulador a informar a los inversores sobre los riesgos de invertir en empresas que operan de manera “ambientalmente inaceptable”.
La ley de valores de EE. UU. se enfoca principalmente en la transparencia mediante reglas de divulgación obligatoria que requieren que las empresas proporcionen información veraz a los inversores sobre sus operaciones. En los últimos años, los defensores han presionado a los reguladores para que adopten reglas que requieran la divulgación de riesgos ambientales y de derechos humanos.
Jorge Nawel, líder de la Confederación Mapuche de Neuquén, frente a la icónica estatua del toro de Wall Street el 26 de septiembre. Crédito: Keerti Gopal/Inside Climate News.
La carta de la organización mapuche alega que las empresas que cotizan en EE. UU. están operando en Vaca Muerta con poca supervisión. Las empresas están liberando gas metano “sin control estatal” y no han sido transparentes sobre la cantidad de gas quemado en el campo mediante venteo, según alega la carta. Los gases, que contienen benceno y otras sustancias tóxicas, pueden afectar la salud humana, dice la carta.
El fracking en Vaca Muerta ha provocado más de 500 terremotos y grandes volúmenes de residuos, lo que representa una amenaza para las personas y el medio ambiente, según alega la carta.
“Nuestra cultura está amenazada, nuestros territorios son invadidos y contaminados, nuestra flora y fauna están envenenadas, nuestro aire está afectado por químicos y nuestro suelo está temblando al mismo tiempo que la explotación descontrolada”, dice la carta.
La carta, firmada por Nawel, afirma que la mitad de las empresas petroleras que operan en Vaca Muerta están reguladas por la SEC. No se mencionan firmas específicas.
La SEC no respondió a una solicitud de comentarios.
Pueblo mapuche protesta contra la extracción de petróleo y gas en el sitio de perforación Loma Campagna en Vaca Muerta, Argentina, el 2 de abril de 2023. Crédito: Katie Surma/Inside Climate News.
En Vaca Muerta, se violan los derechos del pueblo mapuche, se criminaliza a los defensores de la tierra mapuche y existe un doble estándar por parte de las empresas petroleras, que respetan mejores prácticas ambientales en sus países de origen mientras contaminan “sin piedad” al operar en el extranjero, alega la carta.
En las últimas décadas, la Corte Suprema ha dificultado cada vez más que los ciudadanos no estadounidenses presenten demandas en los tribunales de EE. UU. por presuntas violaciones de derechos humanos. En marzo, la SEC adoptó reglas sobre la divulgación de riesgos relacionados con el cambio climático, pero esas reglas están suspendidas debido a una serie de desafíos legales presentados por las empresas.
La SEC no tiene reglas vinculantes para la divulgación de riesgos sobre derechos humanos. Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que no son vinculantes, recomiendan que las empresas publiquen voluntariamente informes formales sobre estos riesgos y expliquen cómo están siendo abordados. Sin embargo, las empresas rara vez lo hacen.
Parece ridículo explicar sus consecuencias inhumanas. Quizás sí exponerlas para los seres vivos no humanos, pero ahora no es el objetivo de estas palabras. Victoria, la de las siete colinas, se está secando.
Cientos de causas se pueden exponer frente a semejante realidad. Los anti Estado que dicen que el libre mercado lo resolverá, los burócratas que no salen o no se animan a saltar de sus zonas de confort, o los militantes funcionarios de la Agenda negacionista, el no tenemos plata y los alienados al infierno mental de sus mundos digitales.
Mientras el pueblo de Victoria se queda sin acceso a las aguas, la política del auto proclamado “No” político Javier Milei, anunciará en las Naciones Unidas, la liberalización de todas y todos, más este río.
En su cauce principal, si existen dragas ¡y qué dragadoras!
Pero para abrir pasos taponados por décadas de descontrol por esas mismas mega dragas y que las aguas puedan fluir hacia el valle de inundación del ejido de Victoria, no existen urgencias ni tiempos prioritarios. Menos aún dragas públicas que solidaria y fraternalmente puedan brindar, esas manos. Las fundieron, las vaciaron, las hundieron o las regalaron a las corporaciones multinacionales.
El pueblo de Victoria se está quedando sin agua. ¿Se comprende?
Estas reflexiones, ojalá puedan servir para que algún fiscal de esos Ministerios Públicos mínimamente valiente, o esos jueces que sí tienen tiempo para avanzar en causas ambientales y resolverlas como el Derecho Constitucional y Ambiental disponen, puedan tomar estos hechos, como una solicitud de ejercicio de la ética del cuidado mutuo, de sus pueblos, como una ética del cuidado de las instituciones democráticas a escala humana, no digital, y disponer la inmediata convocatoria al Comité de Emergencia Ambiental del Delta conformado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 2020, para que se garantice todo eso que se debe poner para sostener el aún milagroso artículo 85 de la Constitución de la Provincia de los ríos libres, y el pueblo de Victoria no se sienta vulnerable y abandonado por los unos y los otros.
(*) Miembro Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y de la Unidad de Vinculación Ecologista de la Fundación La Hendija, Paraná.
Tras una década de vaivenes sobre el río Santa Cruz, que parecía encarar una batalla perdida, la serpiente de agua turquesa que viaja desde la cordillera de los Andes hasta el Mar Argentino, sigue fluyendo libremente. La película “El último río de la Patagonia”, dirigida por Sofía Nemenmann (AAdeAA/CAJE) e Ignacio Otero, narra una de las travesías en kayak organizadas en defensa de este emblemático río.
El documental narra un viaje plagado de emociones al ritmo vertiginoso del agua: 4 días de remo, 3 noches de camping, 27 activistas viajan desde distintas regiones de Argentina, Alemania, Estados Unidos y Chile para conocer el río Santa Cruz y remar sus 360 kilómetros.
Luego de meses de incertidumbre, la construcción de las mega-represas Jorge Cepernic y Nestor Kirchner sobre el río Santa Cruz, permanece paralizada, a la espera de nuevos desembolsos capaces de reactivar la obra.
En defensa de sí mismo, el río ha librado una batalla incesante con crecidas extraordinarias, inundaciones, movimientos sísmicos y demás fenómenos que han derribado puentes y estructuras a lo largo de su curso. Como resultado, a 10 años de la primera concesión, no se ha logrado avanzar en ninguno de los objetivos previstos, ni siquiera en la desviación del caudal principal que permitiría la puesta en marcha de los muros de hormigón, la pieza central de esta infraestructura.
El documental captura la red de defensores socioambientales que lucha por la libertad de este río, llevando adelante una resistencia que parecía perdida, pero que sigue viva y libre.
Imágenes de naturaleza salvaje, una travesía a través de los paisajes más inhóspitos del país y un centenar de curvas que convierten a esta arteria glaciaria en una serpiente transportadora de nutrientes y tesoros invaluables. El cortometraje ofrece una mirada profunda hacia la majestuosidad y la fragilidad de este ecosistema único, mientras el río despliega su danza surcando el territorio santacruceño.
Un viaje. Un grito. Un conjuro por la libertad de los ríos.
Roma, Italia — En el marco de la Conferencia Internacional titulada “El Uso Social de los Bienes Confiscados”, organizada por la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales (PASS) y la organización internacional LÍBERA en la Academia Pontificia de Ciencias Sociales del Vaticano, el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE)-Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas tiene la responsabilidad de llevar el caso de la Mafia del Desmonte, y su participación en el desmonte ilegal en Chaco, Argentina, ante una audiencia de alto nivel. El evento cuenta con la participación de figuras internacionales como el Vicepresidente de la Corte Penal Internacional, el Director Ejecutivo de Servicio Policiales de Interpol, el jurista Italiano Luigi Ferrajoli y el Fiscal Jefe Antimafias de Italia, el Cardenal Peter Turkson, entre otros. En él se busca establecer un marco global para la reparación social mediante la redistribución de bienes confiscados.
El abogado Enrique Viale expuso en el panel titulado “Sociedad Civil Organizada y Políticas Centradas en la Doctrina del Desarrollo Humano Integral: El Rol del Estado en la Búsqueda y Construcción del Bien Común”. Su intervención destaca el rol de los abogados ambientalistas en apoyar y promover la justicia social y ambiental, y cómo pueden ser ser aliados cruciales en la lucha contra la destrucción ambiental como el desmonte y el extractivismo y en la promoción de la justicia social y ambiental.
El foco de la presentación de CAJE-AAdeAA ha sido la aplicación de la doctrina de los bienes recuperados para combatir las figuras extremas del extractivismo (agronegocio, megaminería, combustibles fósiles). Se propone que los bienes producto de ilícitos ambientales sean incautados para reparar a la sociedad y a la Naturaleza. En particular que las tierras y bienes que se confisquen a los responsables penales del desmonte en Chaco sean transformadas tanto en reservas naturales como entregadas -para un fin social- a comunidades afectadas. Además, se ha planteado que bienes recuperados de delitos ecológicos puedan ser utilizados para proteger hábitats críticos como los de los pingüinos en Punta Tombo o el Yaguareté en el Gran Chaco.
La intervención del Papa Francisco, que cerrará la conferencia, ha enfatizado la necesidad de una respuesta global y efectiva contra el crimen organizado. En su mensaje a los participantes del evento, el Papa destacó que “el crimen organizado inflige una herida profunda a las sociedades”, subrayando que la recuperación de bienes debe orientarse no solo a la justicia penal, sino también a la reparación del bien común.
La participación de CAJE-AAdeAA en esta conferencia subraya la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y la protección de los ecosistemas nativos que garantizan el bienestar de las sociedades. Nuestra propuesta de utilizar bienes confiscados para fines de justicia ambiental busca establecer un precedente en la lucha y en los procesos por justicia social y ecológica a nivel global.
El desmantelamiento de estás Mafias del extractivismo, como el entramado público-empresarial en Chaco, es absolutamente indispensable para avanzar en una sociedad más justa e igualitaria, incluso con la Naturaleza.
En las últimas décadas, los incendios cambiaron de magnitud; son megaincendios. Resultaría contraproducente seguir entendiéndolos como “desastres naturales” sin problematizar la noción de “desastre natural”.
Un bombero trabaja para contener un incendio en una zona verde este jueves, en la ciudad de Manaos, Amazonas (Brasil). Amazonas. EFE
Hemos entrado a un territorio incierto y desconocido, el de los colapsos climáticos localizados, el de los eventos extremos, cada vez más frecuentes: inundaciones, olas de calor y de frío, vientos huracanados, tornados, sequías, incendios… Hoy es el turno de los incendios: se prende fuego la Amazonía, se prende fuego Córdoba, se prende fuego el Pantanal, el humedal más grande del mundo. El humo invade las ciudades de Asunción, llega hasta Buenos Aires. Incluso hay quienes dicen haber visto humo en las alturas de Machu Pichu.
En las últimas décadas, los incendios cambiaron de magnitud. Están por todos lados y ocupan cada vez más espacio en las noticias. Por su magnitud y escala, se trata de megaincendios. Resultaría contraproducente seguir entendiéndolos como “desastres naturales” sin problematizar la noción de “desastre natural”. Estos incendios son producto de la crisis climática que estamos atravesando como planeta, algo directamente asociado con la dinámica del capitalismo neoliberal, cuyo carácter concentrador y ecocida acelera aún más la espiral del colapso ambiental. Según National Geographic a estos megaincendios se los llama “incendios de sexta generación” ya que por su intensidad alteran la dinámica de las capas altas de la atmósfera y generan vientos que pueden ser muy difíciles de predecir, por lo que no es posible seguir el comportamiento del fuego. El fuego libera una gran cantidad de energía, dando lugar a que se forme una meteorología propia dentro del incendio. Los megaincendios devienen así muy destructivos e incontrolables.
Gran parte de los múltiples focos de incendios que hoy se esparcen son disparados por el cambio climático, con el aumento de las temperaturas, el estrés hídrico y la sequía. El peligro se multiplica en la temporada seca, como viene sucediendo en las últimas semanas en el valle de Calamuchita o en las Sierras Chicas, Córdoba. Hace unos días, el fuego llegó a la autopista que une Córdoba capital con Carlos Paz.
Inmenso incendio a 2.500 metros de altura, en Tafí del Valle David Correa
La sequía sacude también la gran región Amazónica. Y sucede, como escribe la periodista brasileña Eliane Brum, que esos ríos voladores de la Amazonía que en verano nos traen humedad, hoy, en la cada vez más extendida temporada seca, nos traen el calor y el humo. Así, con la emergencia climática, la temporada seca se amplía cada vez más y llega antes de lo previsto.
También sabemos, y nadie puede hacerse el distraído, que muchos incendios son intencionales, porque son enormes los intereses de quienes buscan arrasar los territorios, desmontando montes, bosques y humedales, y utilizar la tierra para actividades económicas, sin respetar los ciclos de la naturaleza. Esto sucede con la expansión de monocultivos como la soja, de la ganadería extensiva (la expansión de la industria cárnica es una suerte de tabú, que nadie quiere abordar, tanto o peor que la soja, por el aumento en las emisiones de CO2), y, por supuesto, el avance de emprendimientos inmobiliarios. Todas estas actividades requieren desmonte y cambios en el uso del suelo. Y generan otros impactos negativos, como la escasa absorción del suelo frente a lluvias torrenciales e inundaciones, entrampándonos cada vez más en un círculo perverso de eventos extremos, que se van potenciando entre sí, alimentados por un tipo de economía que no respeta las fronteras planetarias.
Todos recuerdan “el día del fuego” instaurado hace unos años por el expresidente J. Bolsonaro en Brasil, en el que los ganaderos y otros productores salen a hacer las quemas, práctica que está muy difundida tanto en Paraguay como en Argentina y Bolivia. En el vecino país andino, donde el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) benefició la expansión descontrolada de la soja como ninguna otra gestión, incluso en detrimento de territorios protegidos, hubo grandes incendios, como el de la Chiquitanía en 2019, cuando se quemaron más de 2 millones de hectáreas y casi seis millones de mamíferos perecieron. Sólo en lo que va de 2024, en Bolivia se quemaron ya el doble, unas cuatro millones de hectáreas, superficie equivalente a Suiza. Tal es la gravedad de los incendios que el gobierno boliviano, que recurrió a la ayuda de los países vecinos, acaba de prohibir la quema de pastizales por tiempo indeterminado.
Suspenden vuelos y clases presenciales en zonas más afectadas por los incendios en Bolivia. EFE
En Argentina, los incendios afectan todos los ecosistemas, todas las provincias. En 2022, Corrientes perdió casi 1 millón de hectáreas arrasadas por el fuego, el 12% de la superficie provincial. La sequía histórica y la crisis climática, asociada a la expansión de modelos concentradores de la tierra (como el monocultivo forestal) fueron la chispa del incendio que devoró una quinta parte de los Esteros de Iberá, el mayor humedal de la Argentina. ¿Cómo olvidar las imágenes de ese tremendo incendio, los cuerpos de animales carbonizados y aquellos yacarés que vimos en las fotos, buscando escapar del fuego, la muerte y el horror en los ojos?
Hablando de incendios, quisiera contar en esta columna que desde 2022, con escritoras y periodistas amigas, Claudia Aboaf, Soledad Barruti, Gabriela Cabezón Cámara, Dolores Reyes creamos la colectiva ecofeminista y socioambiental Mirá. Dicha grupalidad se formó al calor de la defensa de las costas bonaerenses y del mar argentino frente a la expansión petrolera offshore. Hoy, en 2024, nos une la urgencia de contribuir a la instalación del debate sobre la crisis climática (responsabilidad de los países más ricos), y su relación con el actual modelo neoextractivista en Argentina y América Latina, que impulsan los diferentes gobiernos, más allá del signo político, sean oficialistas u oposición.
La propuesta de Mirá Socioambiental es la de entrar en conversación con las voces de los territorios, y generar otros lenguajes de valoración, lenguajes eco-literarios; tratar de llegar ahí donde el periodismo ambiental y la investigación científica a veces no llegan, en relación con las problemáticas socioambientales. Por eso, acabamos de publicar el primer episodio de una serie,El territorio hablaque tratará de los principales desafíos socioambientales de nuestro país. En el episodio 1, “Todas las Fuegas el fuego”, las integrantes de Mirá Socioambiental viajamos este verano de 2024 a Córdoba para hablar de los incendios y escuchar a las Fuegas, colectiva ecofeminista de brigadistas comunitarias, que entran y salen del fuego, creando al mismo tiempo comunidad. Con y junto a ellas nos preguntamos: ¿por qué se incendia América Latina? ¿Por qué se prende fuego Córdoba? ¿Qué hay detrás de la devastación de territorios, de la fauna, de la biodiversidad? ¿Qué formas toma la resistencia ante el avance del fuego y qué nuevos oficios se gestan ante la aceleración del cambio climático?
Difícil sería negar que la Argentina atraviesa uno de sus momentos más oscuros, de la mano de un gobierno de extrema derecha que además de favorecer a los sectores más ricos y concentrados, de arrasar con nuestros derechos, de buscar disciplinar a la sociedad y de desmantelar el Estado, es también negacionista desde el punto de vista climático (como lo son D. Trump y J. Bolsonaro). En esa línea no hay nada que esperar.
Este gobierno empeorará los impactos en términos de colapsos climáticos localizados. Mucho más ahora que se aprobó el RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones), que construye un régimen de privilegio para las inversiones superiores a los US$200 millones. No cabe duda de que dichos emprendimientos significarán una mayor expansión de la soja, de la ganadería extensiva, del llamado “desarrollo inmobiliario”, y de todo tipo de extractivismo, transnacional y de capitales nacionales.
El presidente Javier Milei no cesa de hablar de los empresarios como “benefactores sociales”, muchos de los cuales son los máximos responsables de estos graves delitos ambientales, que tienen como consecuencia la destrucción de ecosistemas críticos, como montes, bosques y humedales.
Pero no es sólo el negacionismo terraplanista de este gobierno, que se regocija abiertamente en el ecocidio y cuyos seguidores y funcionarios pueden arrogarse el “derecho a contaminar”. Aunque no dudamos de que hay cada vez más argentines, sobre todo jóvenes, que son conscientes de los enormes riesgos ambientales que atravesamos, también existen sectores importantes de la sociedad que continúan abonando a una suerte de negacionismo climático implícito. Se preocupan hoy, cuando les arde la garganta por el humo de los incendios y se preguntan frunciendo la nariz de dónde viene, o se alarman cuando ven llegar el fuego, que amenaza incluso la vida protegida de los countries (como sucedió en la localidad de La Calera, vecina a Córdoba capital), y comprenden de golpe que, aunque “los sin muro” son más vulnerables, nadie está a salvo verdaderamente de estos desastres climáticos.
Incendios en Córdoba: se contuvo el foco en La Calera pero el fuego no cesaba en Ambul. NA.
Pero al día siguiente, una vez más, cuando el último foco es apagado o el humo desaparece del horizonte, en vez de exigir urgentes políticas públicas y/o volcarse a la participación ciudadana, vuelven a actuar como si no pasara nada.
El deseo de retornar a la normalidad es humano, demasiado humano, y ciertamente atraviesa todas las clases sociales, pero también nos hunde más en el abismo de la negación. De nada sirve “volver a la normalidad” si esta ya no existe como tal. Sólo dilata nuestras respuestas, las pospone, las envía al inconsciente o las archiva en una zona de confort psicológica, hasta que el próximo evento extremo vuelva a trastocarlas y nos coloque de frente, una vez más, ante la insoslayable realidad urgente y oscura.
Como colectiva socioambiental, desde Mirá, como escritoras e investigadoras, también nos preguntamos: ¿qué estética y qué pedagogía tenemos que adoptar para conmover y generar un cambio cultural en la población respecto de los desafíos ambientales que enfrentamos?
Necesitamos interpelar a la sociedad, más que nunca, porque este cambio cultural que exige políticas públicas de regulación del capital, de protección de los bienes comunes y naturales, de adaptación a los riesgos climáticos y una amplia participación ciudadana, una política integral de cuidados no provendrá de un gobierno negacionista y liquidador de derechos, ni de los empresarios, hoy “benefactores sociales”. En eso, al menos, estamos todes de acuerdo. Necesitamos generar un cambio cultural, antes de que sea demasiado tarde. Y para ello, urge crear espacios luminosos en medio de la oscuridad.
El Equipo Transiciones se enorgullece de lanzar el documento “Lineamientos para la Transición hacia un Estado Ecosocial en Argentina”. En el contexto actual de crisis ambiental y social, la noción de Estado Ecosocial se presenta como una guía esencial para la reorganización de nuestras instituciones centrales. El Estado Ecosocial no solo debe comprenderse como una estructura administrativa, sino como la organización social que tiene capacidad para satisfacer las necesidades humanas de las personas, dentro de los límites que imponen las fronteras planetarias. El documento tiene como autor a Ruben Lo Vuolo, economista argentino, del Equipo Transiciones y del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP) en Buenos Aires, Argentina. Lo Vuolo se desempeña también como presidente de la Red Argentina de Ingreso Ciudadano (REDAIC).
El Estado Ecosocial se erige como una necesidad urgente en Argentina, un llamado a la acción colectiva que debe ser atendido con la seriedad y la celeridad que el momento histórico exige. No podemos ignorar los problemas que enfrentan los Estados nacionales y las organizaciones transnacionales al abordar no solo la crisis ambiental, sino también los crecientes desafíos en las democracias, la distribución de ingresos y riquezas, y la coordinación de intereses. Es evidente que son necesarias acciones colectivas coordinadas para enfrentar estos desafíos y transformar la realidad que nos rodea.
Luego del exitoso lanzamiento del Equipo de Transiciones, el pasado 7 de agosto a sala llena en el Auditorio de ATE, este documento marca el primer paso en el camino del Equipo Transiciones para construir un Estado que priorice la justicia social y ambiental frente a los crecientes desafíos de la crisis socio-ambiental. Durante el lanzamiento, el equipo de equipos presentó los Lineamientos por una Transición Ecosocial Justa en Argentina. También se reunió con diversas organizaciones sociales y ambientales del campo nacional y popular, que debatieron en conjunto sobre las propuestas y acciones a seguir para avanzar en la construcción de un futuro ecosocial. El Equipo busca fortalecer una red de trabajo compartido, que articule esfuerzos hacia un cambio sistémico en todo el país.
Lineamientos hacia el Estado Ecosocial en Argentina
Este nuevo modelo de organización social tiene como objetivo primordial satisfacer las necesidades de las personas de forma justa y sostenible. En un contexto argentino de crisis social y ambiental, se hace imperativo contar con un sistema de políticas públicas que garantice que todas las personas accedan a los elementos necesarios para continuar con la reproducción de su vida en nuestras sociedades sobre bases igualitarias.
El documento presenta así un análisis exhaustivo de la crisis ambiental y la necesidad de avanzar hacia un Estado Ecosocial: modelo institucional que busca garantizar la protección social de las personas ante los efectos de la crisis socio-ambiental. Lo Vuolo argumenta que las instituciones políticas actuales, tanto a nivel local como internacional, no están preparadas para enfrentar las reformas necesarias, lo que subraya la urgencia de construir alternativas viables en el contexto argentino.
Entre las principales conclusiones del documento, se destaca que es esencial repensar la noción de crecimiento económico infinito, ya que el mal llamado “crecimiento verde” no ha logrado desacoplar las emisiones de carbono, y los efectos ecosistémicos, del sistema económico. También se destaca la importancia de promover políticas de adaptación locales y sistemas de protección social que respondan a los desafíos que impone la crisis socio-ambiental, protegiendo a las personas y comunidades más vulnerables ante sus efectos.
También expone cómo las reformas necesarias están fuera del alcance de las instituciones políticas actuales a nivel internacional, lo que revela la urgencia de discutir alternativas factibles a nivel local. Un recorrido por las diferentes “variedades” de Estados de Bienestar, deriva también en la oportunidad de considerar formas de organización ecosocial adaptadas a las realidades locales.
Bajo esta premisa, se avanza en la propuesta de construir un Estado Ecosocial, basado en los principios de equidad-justicia y de sostenibilidad-suficiencia. Estos ejes proponen un sistema de protección social inclusivo, que garantice el acceso de toda la población a los bienes naturales y comunes necesarios para una vida digna, pero a su vez actuando en pos del bienestar social dentro de los límites ecológicos del planeta.
Finalmente, el documento subraya la importancia de mantener un optimismo obstinado frente al negacionismo y el pesimismo, promoviendo una visión de largo plazo que priorice el bienestar humano sobre el consumo compulsivo. Valorar el presente y el futuro, en lugar de prácticas que desestiman la importancia de estos aspectos. Solo a través de este enfoque es posible construir un planeta habitable en medio de la creciente inestabilidad climática.
El Equipo Transiciones publica el documento “Lineamientos para la Transición hacia un Estado Ecosocial en Argentina” como la primera de una serie de publicaciones que desarrollará propuestas y hallazgos orientados a facilitar la transición ecosocial en el país. Este trabajo propone una reorganización de nuestras instituciones, enfocándose en la justicia social y ecológica como pilares fundamentales para enfrentar a la crisis civilizatoria.
Sobre el Equipo Transiciones
Vivimos una crisis multidimensional que requiere de respuestas urgentes y radicales que apunten a una transformación general de la sociedad, y se orienten hacia un horizonte de sostenibilidad y de cuidado de la vida. Necesitamos elaborar nuevas narrativas transformadoras, pero sobre todo propuestas concretas de Transición Ecosocial Justa, a nivel multiescalar. Esto supone construir también una agenda de cambio desde y para la Argentina, desde una perspectiva holística, integral que abarque tanto la transición energética como la transición social productiva, alimentaria, laboral y urbana.
En esta coyuntura nace en 2023 el Equipo Transiciones, como equipo de equipos, esto es, un grupo diverso y comprometido de organizaciones y colectivos, que incluyen el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur (capítulo argentino), el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y Asociación de Abogades Ambientalistas de Argentina, el Grupo de estudios en Geopolítica y Bienes Comunes (GYBC), el Taller Ecologista, Trama Tierra, Observatorio Observatorio Petrolero Sur (OPSur), el Instituto de Salud Socioambiental (INSSA), el Centro de Documentación e Investigación de la cultura de Izquierdas (CeDInCI), el Centro Interdisciplinario para el estudio de Políticas Públicas (CIEPP), la Fundación Rosa Luxemburgo (FRL-oficina Cono Sur), la Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE), el Grupo de Investigación sobre Economía Ambiente y Sociedad (GEEAS), y diferentes especialistas que hacen parte de redes de investigaciones y experiencias colectivas.
El Equipo Transiciones tiene como objetivo y aspiración abrir una agenda de propuestas centrada en las intersecciones entre desigualdades sociales y ambientales, de género y raciales, para desde allí trazar un horizonte de transición justa y popular.
Si bien el escenario nacional y geopolítico es manifiestamente adverso, marcado para el caso de nuestro país por un gobierno ultra liberal, autoritario, negacionista y racista, entendemos que éste es el momento para la discusión colectiva, para unir fuerzas y elaborar agendas comunes y radicales que nos permitan encontrar salidas a la crisis múltiple que enfrentamos.
Contacto de Prensa: Equipo Transiciones +5411239045494
