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Contaminación del Río Paraná

Solicitamos acceso a la información pública ambiental sobre el río Paraná

25 de Octubre – En un contexto de crisis hídrica y ambiental en el río Paraná, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas ha solicitado al Gobierno Nacional el acceso a la información ambiental completa sobre las recientes modificaciones en el contrato de concesión de la Vía Navegable Troncal del Paraná que dispone mayores profundizaciones y ensanchamientos del canal.

La solicitud se ampara en el derecho de acceso a la información pública garantizado por la Ley Nacional 25.831 y el Acuerdo de Escazú, que establece el deber de brindar información ambiental de forma oportuna y accesible a toda la ciudadanía.

Solicitud de accesoDescarga

Importancia de la transparencia ambiental en el contrato del río Paraná

La transparencia en el manejo de la Vía Navegable Troncal del Paraná es esencial para garantizar un uso sostenible de este recurso vital para la región. La cuenca del Paraná, que atraviesa varias provincias y es clave para el ecosistema y la economía nacional, enfrenta actualmente una de sus peores bajantes registradas, lo cual afecta el suministro de agua potable y la salud de los humedales y ecosistemas asociados. El acceso a la información sobre el contrato de concesión permite que la sociedad y las organizaciones tengan claridad sobre las implicancias de las decisiones gubernamentales para la cuenca, la biodiversidad, y la calidad de vida en las comunidades locales.

Derechos de acceso a la información ambiental y Acuerdo de Escazú

La Ley 25.831, que garantiza el derecho de acceso a la información ambiental, establece que cualquier persona o entidad puede solicitar información sobre el ambiente sin tener que justificar un interés especial. Esta ley, junto con el Acuerdo de Escazú, firmado por Argentina, promueve el acceso libre y transparente a información ambiental relevante para la sociedad.

Enfatizamos también que el acceso a esta información es indispensable para la participación ciudadana en políticas públicas, ya que los ciudadanos tienen derecho a conocer y comprender las decisiones que afectan su ambiente y su calidad de vida. El Acuerdo de Escazú establece el “Principio de Máxima Publicidad”, que indica que el Estado debe ofrecer proactivamente esta información y ponerla a disposición pública, en un formato accesible y claro.

Información solicitada sobre la Vía Navegable Troncal

Específicamente, la Asociación ha solicitado la entrega del texto completo del contrato de concesión del río Paraná y todas sus modificaciones, además de los anexos de la Disposición 24/2024, los cuales no son publicados con el texto de la Disposición que los referencia, pero reiteramos, no son publicados de manera íntegra y accesible. Lo expuesto se manifiesta accediendo  en el Boletín Oficial. Esta información es fundamental para comprender el alcance e impacto de las modificaciones introducidas.

En ese sentido, solicitamos especialmente la totalidad de los anexos obrantes en el expediente, ya que en el propio Boletín Oficial  al final mencionan que “NOTA : El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición no se publica/n.”

La falta de acceso a esta información pública es una barrera a la participación de la ciudadanía en el control de decisiones estratégicas que afectan a un bien común. En caso de recibir una respuesta incompleta o falta de respuesta, la Asociación formulará la correspondiente reserva de acción judicial.

Río Paraná

Masacre de Pingüinos en Punta Tombo: Comienza un Juicio Oral único en Argentina

Masacre de Pingüinos en Punta Tombo: Tenso inicio para un Juicio Oral único en Argentina

28 de octubre de 2024 – Chubut, Argentina – Luego de comenzado en el edificio del Superior Tribunal de Justicia de Chubut el juicio oral contra Ricardo La Regina, acusado de destruir más de 175 nidos de pingüinos de Magallanes en la Reserva Natural Punta Tombo, utilizando maquinaria pesada sin permiso ni estudio de impacto ambiental, en absoluto desmedro de la vida y de los ecosistemas. Este acto, que afectó gravemente a una de las mayores colonias de pingüinos del continente, representa el primer juicio en Argentina que aborda delitos ambientales y crueldad animal con posibilidad de condena efectiva.

La defensa solicitó probation y luego intentó suspender el juicio a cambio de la donación de 300 hectáreas para extender la reserva, pero el tribunal rechazó la propuesta. Lo hizo priorizando el interés público, conforme al Acuerdo de Escazú, que garantiza justicia y transparencia en este tipo de casos. La defensa también intentó introducir un video de cobertura mediática y una declaración sobre el “compromiso familiar” de La Regina con los pingüinos, pero ambas fueron objetadas y rechazadas por el tribunal. Cabe recordar el acusado creció en contacto con este ecosistema, lo que refuerza su conocimiento y responsabilidad sobre el impacto ambiental de sus acciones.

Luego de un tenso inicio, con tres cuartos intermedios en pocas horas, el juicio continua. Se espera que continue hasta entrada la semana próxima. Este juicio representa un punto de inflexión para la justicia ambiental argentina. Como organizaciones querellantes, Grenpeace Argentina, Fundación Patagonia Natural y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas están comprometidas en hacer que este caso no solo obtenga justicia para los pingüinos y su hábitat, sino que también genere un cambio sistémico en las políticas de conservación.

La participación activa de la sociedad civil es fundamental para asegurar que este proceso legal sea una victoria no solo para los pingüinos y el ambiente, sino para la ciudadanía en su conjunto.

Histórico: Comienza el juicio oral por la masacre de pingüinos en Punta Tombo
Masacre de Pingüinos en Punta Tombo: Comienza un Juicio Oral único en Argentina

Punta Tombo: una batalla por la justicia ecológica

Por Lucas Micheloud para La Nación

El empresario ganadero Ricardo Adolfo La Regina enfrenta cargos por daño agravado y crueldad animal por la matanza de pingüinos

La atroz matanza de pingüinos de Magallanes en Punta Tombo, perpetrada entre agosto y diciembre de 2021, llegará finalmente a juicio oral el próximo 28 de octubre. En este proceso judicial, sin precedentes en Argentina, buscaremos la condena por los delitos de daños ambientales agravados (art. 184, inc. 5° del Código Penal) y crueldad animal (Ley 14.346). Estamos próximo a construir un precedente que constituya un punto de inflexión para que la impunidad no siga ganando terreno frente a los crímenes contra la naturaleza.

El empresario ganadero Ricardo Adolfo La Regina enfrenta cargos por daño agravado y crueldad animal, tras una serie de acciones ilegales y deliberadas perpetradas en la Estancia La Perla, lindante con el Área Natural Protegida Punta Tombo y con el Área Maritima protegida Punta Tombo que dispone la protección de Punta Tombo y Punta Clara, las que constituyen zonas de alimentación y tránsito del Pingüino de Magallanes, ambas se encuentran dentro del Sistema de Áreas Naturales Protegidas, y es núcleo de la Reserva Biosfera de UNESCO Patagonia Azul. Se trata, en otras palabras, de un ecosistema de altísimo valor ecológico, sujeto a rigurosa protección.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, junto a Greenpeace y Fundación Patagonia Natural denunciamos y nos constituimos como querellantes en este proceso, y formulamos junto al Ministerio Público Fiscal de Trelew y la Fiscalía de Estado de la Provincia de Chubut una categórica acusación contra el ganadero por usar máquina retroexcavadora para desmontar más de 1000 m2 de vegetación nativa, abriendo caminos sin estudios de impacto ambiental ni autorizaciones, destruyendo el hábitat reproductivo de los pingüinos, aplastando 175 nidos. Además, lo querellamos por el arrollamiento y muerte de centenares de pingüinos, incluyendo pichones y huevos, y la instalación de un cerco eléctrico de 6 hilos obstaculizando el libre tránsito durante la anidación.

La evidencia que llevaremos al juicio oral es categórica: imágenes satelitales aportadas por la propia National Geographic, fotografías y videos (terrestres y aéreos), informes y testimonios de expertos probarán la devastación de Punta Tombo. Exigimos una condena histórica que refleje la magnitud del daño ambiental y la crueldad practicada hacia los animales no humanos, enviando un mensaje claro a la sociedad: la protección de la naturaleza no es negociable.

Por otro lado, este caso como otros crímenes ambientales, expone una falla sistémica en nuestro marco legal: los tipos penales se basan en una perspectiva antropocéntrica que considera el ambiente y a los animales no humanos como recursos, cosas muebles u objetos, negando su valor intrínseco. La dominación cartesiana de la naturaleza, funcional al extractivismo, se traduce en su mercantilización y en la negación de los derechos inherentes a la naturaleza y los animales no humanos, con quienes cohabitamos el planeta.

Es por ello que la destrucción del ecosistema de Punta Tombo y Punta Clara exige no solo una condena ejemplar, sino también una profunda reflexión sobre la necesidad de reformar el Código Penal para incorporar delitos penales ecocéntricos y reconocer a los animales no humanos como sujetos de derecho. Además, los hechos enrostrados al ganadero configuran, a nuestro entender, un verdadero ecocidio, pero esta figura aún no está contemplada en nuestro sistema penal.

La condena ejemplar debe servir para cambiar nuestra cultura jurídica. El reconocimiento de los pingüinos como seres sintientes, como lo hizo la jueza penal de Rawson Ana Carina Breckle en la sentencia que resolvió la elevación a juicio oral, ha sido un gran avance en la ecologización del proceso, pero necesitamos ir más allá. Es evidente que los animales, como seres sintientes, experimentan dolor, placer y otros sentimientos, pero el simple reconocimiento de su sensibilidad no alcanza. Es necesario asignarles un nuevo estatuto jurídico que los reconozca como sujetos de derechos. La naturaleza, incluida la vida animal, como sujetos de derechos. Alberto Acosta y Enrique Viale, en su libro: “La Naturaleza sí tiene derechos, aunque algunos no lo crean”, afirman que, así como el siglo XX fue el siglo de los derechos humanos, el XXI debe ser el de los derechos de la naturaleza. Punta Tombo debe ser un llamado a comprender esta necesidad de reconocimiento legal de los derechos de nuestra madre tierra.

Tenemos la convicción que este caso concluirá con una condena histórica por daños agravados al ambiente y actos de crueldad animal. Sin embargo, necesitamos reformas ecocéntricas que incorporen tipos penales específicos para sancionar con mayor rigurosidad la nueva criminalidad ambiental: la deforestación indiscriminada, los incendios forestales, la contaminación masiva de ríos y océanos, y la destrucción de glaciares y la biodiversidad. Impulsar la efectiva aplicación de la justicia ecológica requiere erradicar la impunidad histórica de los poderosos que ha favorecido la destrucción del ambiente; este juicio debe sentar un precedente necesario para lograrlo.

Sabemos que la defensa de La Regina minimizará el impacto en Punta Tombo, apelando a una visión obsoleta de la propiedad privada, restando entidad a la catástrofe ecológica. Pero este juicio se centra en algo mayor: el choque entre dos visiones irreconciliables del mundo, una que ignora la naturaleza y otra que la defiende. Como querellantes, vamos a fondo. La impunidad no es una opción.

Lucas Micheloud, Co-Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y querellante en el proceso penal de Tombo.

Por Lucas Micheloud

Histórico: Comienza el juicio oral por la masacre de pingüinos en Punta Tombo

Las organizaciones querellantes Greenpeace Argentina, Fundación Patagonia Natural y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA ) exigen justicia por la masacre de pingüinos en Punta Tombo. La reserva alberga a la colonia continental de pingüinos Magallanes más grande del mundo. 

Chubut, Argentina – 25 de octubre de 2024. Las organizaciones ambientales Greenpeace Argentina, Fundación Patagonia Natural y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) impulsan un juicio histórico en el que se busca justicia por la matanza de más de un centenar de  pingüinos de Magallanes, incluidos huevos y pichones  en la Reserva Natural de Punta Tombo, sumado a 175 nidos destruidos de acuerdo a informes técnicos realizados.  Este caso sin precedentes, que aborda los cargos de daño ambiental agravado y crueldad contra los animales, podría marcar un antes y un después en la defensa de la biodiversidad en Argentina.

Se trata de una oportunidad histórica para la justicia ambiental. El próximo 28 de octubre comenzará el juicio oral por daño ambiental agravado a ecosistemas costeros y crueldad animal, un hecho sin precedentes en el país. Aunque algunos casos ambientales han llegado a la justicia, la mayoría son archivados o se resuelven con juicios abreviados que no llegan a juicio oral. Este proceso es clave no solo para este caso particular, sino para abrir la puerta a una mayor aplicación de la ley en los crímenes ambientales. 

La masacre de los pingüinos de Punta Tombo expone las graves falencias en la protección de áreas naturales y la debilidad del sistema jurídico para abordar adecuadamente los delitos ambientales. Greenpeace Argentina, Fundación Patagonia Natural y la AAdeAA resaltan que la matanza de pingüinos es un símbolo de la urgencia con la que debemos actualizar nuestras leyes para proteger la biodiversidad y los ecosistemas de los cuales dependemos.

Las organizaciones querellantes exigen verdadera justicia para los pingüinos y la naturaleza. Este hito en la defensa de la biodiversidad necesita:

  1. La creación de un capítulo específico de delitos ambientales en el Código Penal, que contemple sanciones a los daños causados a los ecosistemas y la fauna.
  2. Medidas cautelares inmediatas para garantizar la protección de la colonia de pingüinos durante el juicio, incluyendo la implementación de monitoreos estrictos y la prohibición de actividades que alteren el hábitat.
  3. Un proceso judicial justo, transparente y ejemplar que siente las bases para la persecución efectiva de delitos ambientales en el futuro.

Este juicio representa un punto de inflexión en la justicia ambiental argentina. Las organizaciones querellantes están comprometidas en hacer que este caso no solo obtenga justicia para los pingüinos y su hábitat, sino que también genere un cambio sistémico en las políticas de conservación. La participación activa de la sociedad civil es fundamental para asegurar que este proceso legal sea una victoria no solo para los pingüinos y el ambiente, sino para la ciudadanía en su conjunto.

Sobre la Reserva Punta Tombo:

La Reserva Punta Tombo, ubicada en la provincia del Chubut, alberga una de las mayores colonias continentales de pingüinos de Magallanes del planeta. Lamentablemente, en el año 2021, esta reserva fue testigo de una masacre sin precedentes. Se utilizó maquinaria pesada que pasó por encima de la mayor colonia de pingüinos de Magallanes del mundo para trazar caminos, lo que provocó a su vez el desmonte de vegetación nativa. 

Este acto atroz, que despertó la indignación de la ciudadanía,  constituye un ecocidio, un daño grave e irreversible contra la biodiversidad, los ecosistemas y los derechos de la naturaleza. 

Además, se instaló un alambrado electrificado a lo largo de 900 metros. En diferentes sectores, dicho alambrado impidió la libre circulación de los pingüinos al encontrarse a una altura inferior a la de esta especie. Este hecho ocurrió en el momento crítico del ciclo reproductivo, donde los pichones están eclosionando o tienen muy pocos días de vida, y deben ser alimentados con frecuencia por los pingüinos adultos.

Punta Tombo se extiende a lo largo de más de 210 hectáreas en la estepa patagónica, ubicándose sobre la costa del Océano Atlántico, en el departamento Florentino Ameghino, a 110 km de la ciudad de Rawson, capital provincial. ​El pingüino Magallánico, cuyo ​Estado de Conservación de acuerdo a la catalogación en la lista roja  de la IUCN es de Casi Amenazado, no sólo ha sufrido los impactos de la actividad humana en tierra, sino que también está amenazado por actividades que avanzan sobre el mar, ​principalmente la industria​ petr​olera​, la pesca intensiva y los efectos del cambio climático sobre los océanos.

Link con fotos de Pingüinos de Magallanes aquí. 

Contactos de prensa: 

Lucas Micheloud (Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas) +54 9 341 304-2305

Florencia Rey  (Fundación Patagonia Natural) +54 9 280 430-5115

Florencia Rodriguez (Greenpeace Argentina): +54 9 11 3761 2969

Paso clave en la defensa del Mar Argentino y la costa bonaerense: la Justicia rechazó el pedido de Equinor para cerrar la causa

En una resolución contundente, el Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata rechazó el pedido de la empresa petrolera Equinor, que buscaba cerrar la causa por la exploración y futura explotación de hidrocarburos en la costa bonaerense, y además, la condenó en costas por los gastos del pedido. Este fallo se convierte en un hito para la defensa del Mar Argentino y protección de las costas, confirmando los argumentos presentados por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y las organizaciones que impulsamos la causa. La misma fue iniciada en 2022 como respuesta a múltiples amparos que cuestionan la exploración sísmica y la explotación de petróleo y gas frente a las costas de todo el territorio argentino. 

Equinor, a través de una solicitud de “abstracción”, intentó alegar que, dado que las actividades de exploración sísmica habían concluido, lo que impulsaba el proceso ya estaba terminado. Sin embargo, el juez Santiago Martín determinó que los permisos de exploración aún siguen vigentes, lo que habilita a la empresa a retomar las actividades en cualquier momento dentro del plazo estipulado. Además, se reafirmó que los amparos también incluyen cuestionamientos sobre la futura explotación, lo que mantiene la causa activa.

El fallo del juez Martín se basó en dos aspectos principales. En primer lugar, la causa no solo se refiere a la etapa de exploración, sino también a la posible explotación, que está legalmente conectada con la primera. Según el propio pliego de bases y condiciones, las empresas que descubran yacimientos pueden obtener concesiones de explotación, lo que podría tener graves consecuencias a nivel ambiental y social.

En segundo lugar, el juez subrayó que no hay elementos que confirmen que las actividades de exploración se hayan terminado de manera definitiva, ya que Equinor no ha formalizado ante la Secretaría de Energía su decisión de detenerlas o revertir las áreas concesionadas al Estado. Esto implica que la empresa aún puede reanudar las tareas de exploración.

Además del rechazo de su pedido, Equinor fue condenada a pagar las costas de este pedido. Esta condena refleja la fragilidad de los argumentos presentados por la empresa y representa una victoria significativa para las organizaciones que luchan por la defensa del ambiente y la soberanía costera. Al intentar cerrar el caso de manera prematura, Equinor no solo hizo un planteo jurídicamente débil, sino que también subestimó la seriedad del proceso judicial en curso.

Este fallo no cierra la puerta a futuras instancias judiciales, ya que el caso continuará bajo un proceso ordinario, lo que permitirá un análisis más profundo y detallado de los posibles impactos de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. En este contexto, desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas seguiremos trabajando para garantizar que se respeten los derechos ambientales y sociales de las comunidades costeras y que se impida cualquier tipo de actividad que ponga en riesgo la biodiversidad marina y los medios de vida de los habitantes de la región.

El Paraná seco por la bajante

Basta de más profundización artificial extractivista del río Paraná

La Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas con la organización ecologista UPVA de Ramallo, Provincia de Buenos Aires, presentó una solicitud de urgente resolución por parte de la Justicia Federal de San Nicolas, con la finalidad de que no se avance en más profundizaciones del cauce principal ni de ningún otro curso de agua en el valle de inundación del río Paraná -mal denominada hidrovía- en razón de la enorme crisis ambiental e hídrica que se manifiesta en la cuenca del Plata y Sudamérica toda.


Intentar, en semejante escenario, avanzar con intervenciones de ensanchamiento y profundización de cauces, a los efectos de garantizar bodegas completas en su capacidad de carga, de los barcos de ultramar o los que sean según los tramos del río Paraná Medio o Inferior, sin cumplir, aplicar y respetar los procesos necesarios de estudios de impacto ambiental acumulativos como la realización de una evaluación ambiental estratégica de la cuenca, frente al delicado escenario de cambio climático, es un agravamiento del proceso ecocida que se vive en estos territorios, que no podemos ni debemos consentir y menos acompañar con silencios o faltas de decisiones ejecutivas como judiciales, sean negacionistas o ignorantes de la significación y relevancia de los principios de precaución y prevención entre tantos otros del Derecho Ambiental y Convencional.


El proceso de vulneración del acceso al agua saludable en la ciudad de Victoria, Entre Ríos, como la enorme afectación a la diversidad biológica como cultural y productiva de las comunidades habitantes del valle de inundación y ecosistemas asociados, movilizan el dictado de la decisión cautelar requerida por los impulsores de la acción de amparo ambiental federal.


Solicitamos a la Justicia Federal, se haga cargo de semejante escenario y dicte la medida cautelar que prohíba mayores intervenciones en el sistema de humedales y su cauce principal, dejando descansar y libre de más procesos de artificialización del río y sus ecosistemas asociados, hasta tanto se dicte Sentencia definitiva en la causa judicial correspondiente, en la que se peticiona se ordene conformar el Comité de Cuenca del río más grande del País, garantizando el ejercicio de la democracia ambiental, con el debido respeto de sus herramientas de participación ciudadana.


Finalmente, en estas horas la Administración General de Puertos concrectó la
modificación del contrato de concesión del servicio de mantenimiento y dragado, estando habilitada para desarrollar mayores profundizaciones del cauce y ensanchamientos. Expresamos nuestro total repudio a esta medida inconstitucional y violatoria de todos los procesos participativos previos como preventivos, de absoluto agravio al federalismo de concertación, en atención a que son las Provincias y sus pueblos las titulares de los bienes naturales existentes en el valle de inundación en todas sus diversidades y vitalmente, sus ríos. Ignorar las atribuciones y derechos de las Provincias y sus pueblos, es de una gravedad institucional, en el cotexto expuesto y en relación a sus impactos negativos, que nos lleva a denunciar como un ecocidio más que anticipado por el conjunto de los movimientos ambientales, sociales y de otras escalas humanas de la cuenca en su conjunto.
Buenos Aires, San Nicolás y Paraná, 20 de octubre de 2024.

Contacto:
Jorge Daneri +54 9 343 5113491
Fabián Maggi +54 9 3413 72-0859
Miembros del equipo de Litigio Estratégico de la AAdeAA.

Calcatreu: La resistencia de la ciudadanía frente a un modelo extractivista devastador

En el marco del proceso de evaluación de impacto ambiental del “Proyecto de explotación minera Calcatreu”, desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas ejercemos nuestro derecho a participar y opinar, conforme lo establece la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y el Acuerdo de Escazú. Esta participación no es un mero trámite, es un derecho fundamental para garantizar que las decisiones sobre nuestro entorno sean tomadas de manera democrática y justa.

El Proyecto Calcatreu forma parte de un modelo minero a gran escala que genera una creciente oposición social en toda América Latina y, particularmente, en Argentina. La minería metalífera a cielo abierto, como la que se propone en Calcatreu, utiliza sustancias químicas altamente contaminantes, como cianuro y ácidos, que han demostrado tener graves impactos sobre la salud de las poblaciones y el ambiente. Estos efectos, que incluyen contaminación del agua y del suelo, son muchas veces transfronterizos, lo que significa que no solo afectan a la región donde se realiza la explotación, sino también a áreas vecinas.

Uno de los principales argumentos utilizados por el gobierno y las empresas mineras es que este modelo extractivo traerá progreso y desarrollo a las regiones más relegadas. Sin embargo, la experiencia muestra una realidad distinta. La minería a gran escala consume enormes cantidades de agua y energía, y compite directamente con otras actividades económicas como la agricultura y la ganadería, que sostienen a las economías regionales. Esta competencia por los recursos no solo desplaza a las comunidades locales, sino que también reorienta completamente la vida de estas poblaciones, afectando su bienestar y generando una dependencia económica que deja poco o ningún beneficio duradero.

El Proyecto Calcatreu pretende ser la “puerta de entrada” de más de 50 proyectos mineros, para convertir a la provincia de Río Negro en la provincia con una gran cantera a cielo abierto, con la mayor cantidad de proyectos mineros en el país. El modelo minero no avanza solo. En el contexto de una política extractivista, desde hace más de diez años se han instalado plataformas de fracking en el Alto Valle, sobre todo en la localidad frutícola de Allen. En la actualidad, el gobierno ha redoblado la apuesta a través de la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur, y la instalación de un puerto petrolero y una planta de GNL en la zona del golfo. Esta combinación de minería y explotación de hidrocarburos está reconfigurando completamente la matriz productiva de Río Negro, transformándola en una “zona de sacrificio” para la exportación de recursos naturales, en desmedro del ambiente y de las comunidades locales.

 Foto: Carolina Blumenkranc

El gobierno rionegrino, junto con las empresas transnacionales, ha intentado justificar estos proyectos mediante la obtención de lo que llaman “licencia social”. Sin embargo, lo que vemos es un uso del aparato del Estado para imponer dichos proyectos sin una verdadera consulta ciudadana, con la anulación de voces disidentes y la aprobación de leyes regresivas que permiten estas actividades. La reciente derogación de la Ley 3308, que protegía el Golfo San Matías, es un claro ejemplo de cómo se ha violado la obligación de no retroceder en la protección del ambiente (principio de no regresividad ambiental) y de cómo se ha incumplido el Acuerdo de Escazú, que garantiza la participación ciudadana en decisiones que afectan el ambiente.

También observamos cómo el gobierno está utilizando el sistema educativo para intentar legitimar la minería a gran escala. Un claro ejemplo es el manual “Encontrarnos en Río Negro”, publicado este año por el Ministerio de Educación,que presenta la minería de manera sesgada, omitiendo los impactos negativos comprobados de esta actividad. Este tipo de intervenciones educativas no busca informar de manera imparcial, sino crear un relato que legitime un modelo extractivo que ha sido ampliamente cuestionado por sus efectos devastadores.

Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, reafirmamos nuestro compromiso con la justicia social y ambiental, y la defensa de los ecosistemas  y de las comunidades que dependen de él. La minería a gran escala y el fracking no son las únicas alternativas de desarrollo para Río Negro ni para nuestro país. Existen otros modelos de producción, más equitativos y sustentables que pueden garantizar modelos de bienestar sin sacrificar nuestra salud, nuestros bienes comunes y nuestras comunidades.

Es por ello que exigimos un proceso real de evaluación ambiental. Exigimos que realmente se escuche a las comunidades y se respete los principios fundamentales y democráticos de la protección ambiental. La sociedad toda tiene el derecho a ser informada de manera completa y transparente, y a participar efectivamente en las decisiones que afectarán su entorno, sus ecosistemas vitales y su calidad de vida.

Invitamos a todos los sectores de la sociedad a unirse a esta lucha, a informarse y a ejercer su derecho a opinar y participar. Solo así podremos evitar que proyectos como Calcatreu sigan avanzando sin el necesario control ciudadano y sin tener en cuenta el bienestar de nuestras generaciones presentes y futuras.

Contacto de prensa: +541123904594

Equipo Transiciones en Rosario

Lanzamiento del Equipo Transiciones en Rosario: por una transición ecosocial justa

El pasado lunes 30 de septiembre tuvo lugar en la ciudad de Rosario el lanzamiento del Equipo Transiciones, un espacio de articulación política conformado por diversas organizaciones y equipos de trabajo de Argentina. El objetivo central de este encuentro fue generar un diálogo y un compromiso colectivo para prefigurar horizontes y alternativas comunes hacia una transición ecosocial en el país.

Durante la jornada, referentes del ámbito académico y del activismo compartieron sus perspectivas sobre la necesidad de repensar las estructuras políticas, económicas y sociales para enfrentar los desafíos actuales y futuros.

Maristella Svampa, del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur y CAJE-AAdeAA, destacó que: «Un estado ecosocial debe tener en la base una sociedad de los cuidados, incorporar los riesgos globales y locales, reorganizar las instituciones en función de una sociedad al servicio de la vida, y promover la democratización política en base a un horizonte de justicia social y ambiental.»

Por su parte, Corina Rodríguez Enríquez, investigadora de CONICET/CIEPP, subrayó la importancia de transformar los sistemas de cuidado: «La forma actual de resolución de las necesidades de cuidados hoy es en el ámbito doméstico de trabajo no remunerado, principalmente de mujeres e identidades feminizadas. La provisión pública de cuidados es acotada e insuficiente, y la tendencia es a la privatización y mercantilización del cuidado.»

Desde la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Guillermo Peinado, del GEEAS y ASAUEE, reflexionó sobre las dinámicas de dependencia económica: «Los países periféricos estamos subsidiando la acumulación de los países centrales. Somos acreedores ecológicos, lo que nos permite reubicarnos en la geopolítica planetaria.»

Asimismo, Melisa Argento (CONICET UNR, CAJE, GyBC) abordó la problemática del litio en Argentina: «El litio se engarza en las dinámicas de endeudamiento y fuga de Argentina, es el ejemplo perfecto del mandato exportador.»

En el marco del debate sobre la transición energética, Pablo Bertinat, del Taller Ecologista y el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, señaló: «No hay una mirada única de la transición energética, hay tantas miradas como intereses. La transformación de la matriz energética es condición necesaria pero no suficiente, ya que el sistema energético hoy es fósil, pero también profundamente desigual, mercantilizado y concentrado. La energía es una herramienta de redistribución de riqueza.»

Finalmente, Damián Verzeñassi, de INSSA UNR, enfatizó la necesidad de repensar el sistema de salud en este contexto: «Precisamos pensar un sistema de salud que no sea un mero sistema de atención de enfermedades, sino un sistema de cuidados en el marco de un estado ecosocial que cuide la vida de las sociedades presentes y futuras. Hoy la posibilidad de habitabilidad de los territorios está en serio riesgo, y se expresa en una nueva geopolítica de la enfermedad que define territorios en sacrificio.»

El evento fue coordinado por Jorgelina Hiba.

La transmisión en vivo del encuentro está disponible en el canal de YouTube de Salud Socioambiental.

Fotos: Julia OubiÑa
Transmisión en vivo: Salud Socioambiental

Equipo Transiciones

Equipo Transiciones

 ⚡ El Equipo Transiciones presenta sus propuestas de salida a la crisis en Rosario 

El Equipo Transiciones convoca este próximo lunes 30 de septiembre a un encuentro estratégico para la construcción de agendas orientadas a una transición ecosocial justa en Argentina. La cita es el lunes a las 18:30 hs en la Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Ciencias Económicas y Estadística (Oroño 1261). El Equipo Transiciones es una coalición diversa de organizaciones, colectivos y equipos de investigación que han decidido articular sus esfuerzos para trazar horizontes comunes frente a las múltiples crisis que afectan a nuestro país. A partir de un diagnóstico conjunto, el equipo identifica la necesidad urgente de abordar las desigualdades sociales, ambientales, de género y raciales para construir alternativas que integren la justicia social con la justicia ambiental.

Este equipo se presenta como un espacio de elaboración colectiva y radical que tiene como objetivo proponer salidas y nuevas institucionalidades en materia socioeconómica, energética y ambiental.  Una respuesta a un contexto de retroceso en materia de derechos y políticas públicas, exacerbado por la combinación de factores internos y un contexto geopolítico adverso.

El evento convoca a actores sociales, políticos y académicos a la construcción conjunta en torno a una agenda ecosocial integral, que considere tanto la crisis climática como la urgencia de mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población. Contará con la participación de las personas referentes en las distintas áreas de trabajo 

  • Maristella Svampa (Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial)
  • Corina Rodríguez Enriquez (CONICET/CIEPP)
  • Guillermo Peinado (UNR, GEEAS, ASAUEE)
  • Pablo Bertinat (Taller Ecologista, Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur)
  • Melisa Argento (CONICET UNR, CAJE, GyBC)
  • Damián Verzeñassi (INSSA UNR)
  • Coordinación: Jorgelina Hiba

En un país donde la crisis multidimensional profundiza las brechas sociales y ambientales, este evento ofrece una oportunidad para construir propuestas de salida hacia un futuro ecosocial a partir de diagnósticos y propuestas concretas. No es posible abordar la crisis ambiental sin enfrentar al mismo tiempo las desigualdades estructurales que afectan a los sectores más vulnerables. Así, la transición ecosocial debe ser también una transición justa popular, capaz de integrar agendas intersectoriales

Este momento histórico demanda una respuesta articulada y colectiva. La coyuntura nacional está marcada por el avance nacional de políticas regresivas que, además de ser autoritarias y excluyentes, profundizan la desigualdad estructural. En este sentido, la convocatoria subraya la necesidad de promover más diálogos intersectoriales que permitan construir políticas públicas orientadas a la justicia social y ambiental. Esto implica repensar también los modelos de producción y consumo, con un enfoque en los cuidados, la energía, la discusión alrededor de la deuda ecológica-financiera, el cuidado de los bienes comunes y la salud.

Las organizaciones y redes que componen el Equipo Transiciones incluyen: Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur (capítulo argentino), Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, Grupo de estudios en Geopolítica y Bienes Comunes (GyBC), Taller Ecologista, Trama Tierra, Observatorio Petrolero Sur (OPSur), Instituto de Salud Socioambiental (INSSA), Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CeDInCI), Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP), Fundación Rosa Luxemburgo (FRL-Cono Sur), Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE), Grupo de Investigación sobre Economía Ambiente y Sociedad (GEEAS), entre otros actores especializados y comprometidos con la construcción de alternativas ecosociales.

El Equipo Transiciones no es un espacio de diagnóstico pasivo, sino un lugar de acción colectiva. A través de propuestas específicas y bien fundamentadas, el equipo se propone sentar las bases de una nueva institucionalidad política que pueda enfrentar de manera efectiva las crisis entrelazadas de carácter socioeconómico, ambiental y energético. 

La invitación es a sumarse a esta construcción de alternativas ecosociales que pongan en el centro la justicia social y ambiental.

Contactos de prensa 

Melisa Argento, 341 5994819

Pablo Bertinat, 341 5429278

Guillermo Peinado, 341 2166759

Damián Verzeñassi, 341 3548550

Pueblo originario pide a la SEC que investigue a las empresas de fracking que operan en Argentina

por By Katie Surma, Keerti Gopal para Inside Climate News

NUEVA YORK—En una mañana lluviosa en el distrito financiero de Manhattan, Jorge Nawel llegó a la oficina regional de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) con una carta. Como líder de la Confederación Mapuche de Neuquén, una comunidad de pueblos originarios de Argentina, solicitaba a la comisión que investigue a las empresas que realizan fracturación hidráulica en su país y que cotizan en bolsas de valores de EE. UU.

La carta, escrita en español y dirigida al presidente de la SEC, Gary Gensler, fue revisada por Inside Climate News. En ella se hacía referencia a las operaciones de fracking en la región norte de la Patagonia argentina, conocida como Vaca Muerta, desde principios de la década de 2010. Vaca Muerta es una zona del tamaño del estado de Maryland y hogar de decenas de comunidades mapuches.

Nawel—acompañado por Gonzalo Vergez, abogado de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, y Sandra Silva, directora regional para América Latina y el Caribe de la organización sin fines de lucro Thousand Currents—entregó la carta a dos empleados de la SEC el jueves.

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“Queremos dejarles este documento en sus manos, para llamar la atención sobre el gran impacto que está teniendo esta tecnología”, dijo Nawel en español, con Silva interpretando. “Esperamos que esto pueda llegar a manos de los líderes de la comisión”.

La Confederación Mapuche solicitó al regulador de valores que investigue “urgentemente” las “consecuencias de la explotación descontrolada” de hidrocarburos y elabore un informe público sobre la situación “ambiental, social y cultural” en Vaca Muerta. La carta también insta al regulador a informar a los inversores sobre los riesgos de invertir en empresas que operan de manera “ambientalmente inaceptable”.

La ley de valores de EE. UU. se enfoca principalmente en la transparencia mediante reglas de divulgación obligatoria que requieren que las empresas proporcionen información veraz a los inversores sobre sus operaciones. En los últimos años, los defensores han presionado a los reguladores para que adopten reglas que requieran la divulgación de riesgos ambientales y de derechos humanos.

Jorge Nawel, líder de la Confederación Mapuche de Neuquén, frente a la icónica estatua del toro de Wall Street el 26 de septiembre. Crédito: Keerti Gopal/Inside Climate News.

La carta de la organización mapuche alega que las empresas que cotizan en EE. UU. están operando en Vaca Muerta con poca supervisión. Las empresas están liberando gas metano “sin control estatal” y no han sido transparentes sobre la cantidad de gas quemado en el campo mediante venteo, según alega la carta. Los gases, que contienen benceno y otras sustancias tóxicas, pueden afectar la salud humana, dice la carta.

El fracking en Vaca Muerta ha provocado más de 500 terremotos y grandes volúmenes de residuos, lo que representa una amenaza para las personas y el medio ambiente, según alega la carta.

“Nuestra cultura está amenazada, nuestros territorios son invadidos y contaminados, nuestra flora y fauna están envenenadas, nuestro aire está afectado por químicos y nuestro suelo está temblando al mismo tiempo que la explotación descontrolada”, dice la carta.

La carta, firmada por Nawel, afirma que la mitad de las empresas petroleras que operan en Vaca Muerta están reguladas por la SEC. No se mencionan firmas específicas.

La SEC no respondió a una solicitud de comentarios.

Pueblo mapuche protesta contra la extracción de petróleo y gas en el sitio de perforación Loma Campagna en Vaca Muerta, Argentina, el 2 de abril de 2023. Crédito: Katie Surma/Inside Climate News.

En Vaca Muerta, se violan los derechos del pueblo mapuche, se criminaliza a los defensores de la tierra mapuche y existe un doble estándar por parte de las empresas petroleras, que respetan mejores prácticas ambientales en sus países de origen mientras contaminan “sin piedad” al operar en el extranjero, alega la carta.

En las últimas décadas, la Corte Suprema ha dificultado cada vez más que los ciudadanos no estadounidenses presenten demandas en los tribunales de EE. UU. por presuntas violaciones de derechos humanos. En marzo, la SEC adoptó reglas sobre la divulgación de riesgos relacionados con el cambio climático, pero esas reglas están suspendidas debido a una serie de desafíos legales presentados por las empresas.

La SEC no tiene reglas vinculantes para la divulgación de riesgos sobre derechos humanos. Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que no son vinculantes, recomiendan que las empresas publiquen voluntariamente informes formales sobre estos riesgos y expliquen cómo están siendo abordados. Sin embargo, las empresas rara vez lo hacen.