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¿A quién le importa los glaciares y el movimiento socioambiental?

por Maristella Svampa y Enrique Viale para elDiarioAr

Parece una obviedad, pero como en este país el sentido común se ha invertido y bastardeado, hay que arrancar por lo más básico. Hay que comenzar justificando por qué defendemos los glaciares:

Defendemos los glaciares porque – sea la forma que adopten- son nuestras fábricas de agua, esas que desde la cordillera van alimentando más allá de las fronteras provinciales, nuestras cuencas y ríos, de las que depende toda la actividad económica, la salud de los ecosistemas y nuestra propia subsistencia.

Defendemos los glaciares porque en todo el mundo están cada vez más amenazados por el cambio climático y el estrés hídrico que ha hecho que éstos retrocedan, hasta en algunos casos desaparecer (como ya sucedió en Perú y Bolivia). Defendemos los glaciares contra aquellos negacionistas del cambio climático que por acción u omisión, alientan su destrucción y/o desaparición.

Defendemos los glaciares porque la otra gran amenaza es la expansión de las actividades extractivas, sobre todo de la gran minería, que se emplaza sobre zonas glaciares y periglaciares, utilizando millones de agua dulce y destruyendo estas fabulosas reservas de agua, como ya lo hecho en San Juan, y también del lado chileno, un país sometido a un estrés hídrico ya dramático.

La Ley 26.639, sancionada en el año 2010, resguarda los sistemas de glaciares y sus ecosistemas asociados, colocando límites razonables a actividades extractivas (petróleo y minería) en ambientes glaciares y periglaciares. Su sanción no fue fácil. Hubo antes un veto presidencial en 2008, bajo el gobierno de Cristina F. de Kirchner (conocido como “veto Barrick Gold”), pero finalmente la ley fue sancionada dos años más tarde, gracias a la articulación de organizaciones sociales, movimientos ambientales y sectores políticos que de este modo buscaron colocar un límite a una minería descontrolada, símbolo de la reprimarización de nuestra economía, del despojo y la contaminación.

En ese entonces había políticos de fuste, que se animaban a enfrentar al poder político y empresarial. En la cámara de Diputados la autora de la primera ley de glaciares fue Marta Maffei y tuvo grandes defensores como Miguel Bonasso, Pino Solanas, el bloque completo de Elisa Carrió e incluso, luego de varios debates televisivos, el propio Daniel Filmus votó por la buena ley, contrariando a su propio bloque. En el debate en el Senado representantes como Norma Morandini y Ruben Giustiniani abrieron el espacio a las organizaciones sociales y a científicos e investigadores de la universidad pública. Muchos de nosotros fuimos a hablar con los diputados y senadores que estaban indecisos, uno por uno, ofreciendo argumentos y datos científicos. En la sesión que desembocó en su aprobación el entonces senador jefe de bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, votó a favor e incluso el cordobés Luis Juez, hoy tan libertario, también lo hizo; todos ellos alegando que era necesario afirmar nuestra soberanía, resguardar nuestros bienes comunes y colocar límites a un lobby minero que se creía todopoderoso.

La CAEM (Cámara Argentina de Empresarios Mineros), que de Argentina no tiene nada porque está conformada por las grandes mineras transnacionales, nunca se resignó a perder esa batalla. Siempre tuvo a la Ley de Glaciares en la mira, cuestionando a ésta cual piedra en el zapato. La Ley fue objetada judicialmente apenas sancionada y logró ciertos frenos en las provincias más colonizadas por el poder minero (como en San Juan). La CAEM volvió a la carga bajo el gobierno de Macri en 2016, pero no pudo modificarla debido a la filtración del proyecto y las denuncias públicas que le siguieron. Dicha modificación estuvo a punto de ser introducida en el marco del proyecto de Ley Ómnibus (enero/febrero de 2024), aunque tampoco aquí pudieron lograrlo, debido al rechazo social que provocó.

Ahora la CAEM redactó un proyecto de Decreto que pretende saltear el Congreso, con el explícito propósito de avanzar con la explotación minera al área de glaciares y periglaciares, actualmente protegidos, lo que habilitaría su destrucción. La información que circula, de varias fuentes, es que irían contra la Ley de Glaciares a través de un Decreto nacional, por la vía de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifique directamente la ley, o mediante un decreto reglamentario que termine desvirtuando los alcances de protección de la norma. Lo que es seguro es que la modificación habilitaría la minería en la zona periglaciar y limitaría además la protección solo a glaciares mayores de una hectárea, desconociendo el carácter semi-árido de gran parte de nuestro país, mucho más expuesto por eso al estrés hídrico, agravado por la crisis climática global.

Así, la modificación es abiertamente regresiva pues dejaría afuera de la protección a todo el ambiente periglaciar. Cientos de kilómetros cuadrados a merced de su destrucción. Este ambiente, que rodea los glaciares, además de tener una importancia hídrica en sí misma, es -a su vez- elemental para la conservación de los cuerpos de hielo principales por su rol ecosistémico. También, como dijimos, dejarían fuera de protección todos los glaciares menores a una hectárea (una manzana urbana). Esta distinción, absolutamente arbitraria y sin sustento científico, dejaría fuera cientos de glaciares actualmente protegidos. Además habría una modificación que habilitaría la discrecionalidad total para destruir cualquier glaciar, pues pretenden exigir que los glaciares demuestren “relevancia hídrica” para que sea protegido. Esto abriría la puerta a la destrucción de cualquier glaciar, de cualquier tamaño, con la sola declaración de una provincia de que el glaciar en cuestión no tiene esa condición. En definitiva, todos los glaciares estarán en la mira de las grandes mineras.

Si bien la modificación que se pretende hacer es “quirúrgica”, es suficiente para permitir la destrucción de estas fábricas de agua. Y ello para llevar a cabo una actividad netamente extractivista e irracional, que puede durar sólo 15 o 20 años, y que tiene como consecuencia la destrucción de los glaciares para siempre. Sí, claro, hay que decirlo una vez más aunque sea obvio: los glaciares una vez que se destruyen, no se pueden reconstruir ni recomponer.

Además, el Decreto sería abiertamente inconstitucional, por su carácter regresivo. No se puede retroceder en protección ambiental, esto lo establece el Acuerdo de Escazú al consagrar expresamente el Principio de No Regresión, tratado internacional que Argentina firmó y, por lo tanto, está obligado a respetar y, además, ya forma parte de nuestra legislación.

Por otro lado, las compañías mineras y sus voceros suelen decir que la Ley de Glaciares impide el avance de la minería. Que quede claro, por si hay todavía algún distraído: no es que la megaminería no haya avanzado en Argentina a raíz de la Ley Nacional de Glaciares. Ciertamente esta impuso límites razonables sobre polémicos proyectos que pretenden asentarse en zonas protegidas, pero no pudo evitar que la minera Barrick Gold continuara destruyendo glaciares en San Juan. En realidad, pese a los grandes logros de los movimientos en defensa del agua -como en Mendoza y Chubut- la megaminería sigue avanzando descontroladamente en las provincias. Hoy, en 2025, solamente en Río Negro hay unos 53 proyectos en distintos estados de avance, y más de 35 en San Juan y es así en casi todas las provincias. Así, la voracidad de las empresas mineras no conoce límite, mucho menos ahora que están envalentonados como nunca por una política nacional negacionista del cambio climático. Los gobernadores y los sectores promineros se han subido al carro triunfal libertario, avalando en lo provincial una política nacional que suprime derechos, que reprime en las calles la protesta social, que encarcela a activistas sociales y ambientales, y ofrece en bandeja de plata al capital transnacional y sus socios nacionales los bienes públicos y naturales de los argentinos.

Estamos en tiempo de revancha; el lobby minero se frota las manos y ve por fin llegar su hora, la de avanzar y destruir los glaciares. Seguramente van a minimizar el peligro de destrucción, mentirán sobre nuestras fuentes de agua y las posibilidades de contaminación. Mentirán como lo hacen también sistemáticamente a la hora de prometer la creación de fuentes de trabajo, pues según fuentes oficiales la minería solo representa el 0.15% del trabajo privado registrado nacional. Dirán que ellos protegen el ambiente, pese a las ingentes muestras de que es todo lo contrario. Dirán que están acá para desarrollar el país, pese a que las zonas mineras -enclaves de exportación- siguen teniendo altos índices de pobreza. Dirán que aportan al fisco, cuando la Ley de Inversiones Mineras, de la década de los 90, establece exenciones impositivas y financieras y el tope de cobro de regalías (actualmente están pagando 1,6% del mineral que extraen), a lo que se suma ahora el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en la denominada Ley Bases (2024).

En fin, sacaran a relucir su reforzada confianza de clase, porque además tienen enfrente un presidente-chucky que los llama “héroes” y “benefactores sociales” y un ministro fanático de la desregulación hasta la obscenidad como Federico Sturzenegger, que se deleita haciendo entrega de nuestros bienes al conjunto de las fuerzas corporativas.

Pese a todo, no es hora de temer, de paralizarse o de hacer la política de la avestruz. Es hora de exigir seguridad jurídica. Aunque parezca un concepto exclusivamente relacionado con los grandes intereses económico, es importante remarcar que los ciudadanos también tenemos derecho a la seguridad jurídica. Tenemos derecho a que se respeten las leyes, como en este caso, que protegen las fuentes elementales de vida. A que no sean modificadas o subvertidas intempestiva y arbitrariamente y así se cambien las reglas de manera regresiva. ¿Permitiremos que destruyan nuestras reservas de agua, algo tan prioritario para la vida, máxime en el marco de la aceleración de la crisis climática? ¿Lo aceptaremos pasivamente? ¿Habrá algún legislador o legisladora – como lo hubo en 2010 y también en 2016- que salga a defender estos bienes comunes que pertenecen a todas las y los argentinos?

Un Plan de vigilancia secreto y antidemocrático

A esto se suma el peligroso plan de vigilancia, claramente antidemocrático, que se estaría ya aplicando contra los sectores ambientales. El pasado 25 de mayo el periodista Hugo Alconada Mon reveló la existencia de un Plan de Inteligencia Nacional 2025 (PIN), elaborado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) del actual gobierno de Milei. La revista Crisis accedió a una copia de dicho Plan y evidenció la extrema gravedad de su contenido. La descripción del “objetivo de inteligencia” de la SIDE sobre el movimiento socioambiental es escalofriante.

Es una caracterización detallada de las acciones elementales que realizamos desde hace décadas: “actores estratégicos, vinculados a organizaciones ambientalistas, con capacidad de incidir en la toma de decisiones y en la obstrucción de proyectos ligados a la exploración y explotación de Recursos Naturales Estratégicos (RNE)”

El delirio es tal que alcanza incluso a aquellos que propicien un cambio de matriz energética, algo que es una obligación nacional e internacional, que establece el Acuerdo de París, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Así se dice: “actores que propician proyectos relacionados con el desarrollo de energías renovables e hidrógeno verde a nivel global que aceleren el cambio de matriz energética en detrimento de la posible comercialización de recursos hidrocarburíferos por parte del Actor Nacional”.

También se encarga de poner como objetivo de inteligencia a las comunidades indígenas: “actores que en función de la protección de patrimonios culturales y/o sagrados para las comunidades locales deriven en la obstrucción de proyectos”. Y el dislate es total al incluir a los científicos: “actores que promocionen actividades científicas ligadas a la conservación de la biodiversidad y protección de los océanos…”

Es decir que la totalidad del espacio socioambiental, que incluye organizaciones, colectivos, activistas, referentes académicos y periodistas, comunidades indígenas y científicos, son -somos- el blanco del Servicio de Inteligencia del Estado solo por promover elementales acciones que realiza pacíficamente cualquier defensor ambiental. Todo ello nos plantea las preguntas acerca de qué tareas de inteligencia ya se están realizando sobre nosotros. ¿Nos están siguiendo físicamente? ¿Penetran o infiltran nuestras comunicaciones y redes sociales? ¿Preparan “operaciones” mediáticas para desprestigiarnos? El objetivo así no es solo provocar confusión sino además producir miedo y desmovilización, generar una sumisión social absoluta que suprima no solo los derechos sino la posibilidad misma de manifestarnos. Es de tal gravedad que debería producir un escándalo nacional de proporciones. Pero en realidad, hay que preguntarse a quién le importa el movimiento ambiental, sus luchas territoriales y su defensa de nuestros bienes comunes, si este ha sido sistemáticamente ninguneado, estigmatizado e invisibilizado por todos los gobiernos argentinos de los últimos veinte años…

La cineasta Lucrecia Martel dijo hace poco que: “Nos toca algo que da mucho trabajo y es muy cansador, nos toca inventar el futuro próximo… Inventemos un futuro que nos guste, que no sea solo el futuro del apocalipsis… Hay que inventar de cero.” Así, es tiempo de pensar otro futuro y también de cuidarse, cuidarnos, mucho, juntos, para sostener y hacer retroceder colectivamente esta ofensiva autoritaria que se perfila en todos los frentes. Es tiempo de abrir el espacio -político y cognitivo- a la imaginación radical y, sobre todo, tiempo de unir las luchas.

Mendoza: Persecución judicial y detenciones a Defensores del Agua

Mendoza, 25 de febrero de 2025

Ante las detenciones a Defensores del Agua en Mendoza. — Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial exigimos la liberación inmediata de los detenidos y el cese de los allanamientos y hostigamientos contra defensores del agua en Mendoza. Hacemos responsables a las autoridades de cualquier perjuicio ocasionado a quienes ejercen su derecho a la protesta y defenderemos a quienes protegen el agua contra las amenazas al bienestar colectivo.

El pasado 24 de enero se dio inicio a una jornada que deja una huella nefasta en la provincia. En simultáneo a la inauguración de la Oficina Minera, se realizó una movilización ciudadana en rechazo al avance minero. La cabeza de cuenca del Río Mendoza fue así testigo de un entramado de intereses que busca vulnerar el derecho a manifestarse y hostigar a las personas que lo intenten.

Ante esta situación, grupos vinculados a la UOCRA y barras bravas de clubes de fútbol, actuando a órdenes del gobierno provincial, boicotearon la protesta y, en el proceso, se registraron episodios de violencia física.

En este marco, nos encontramos en articulación con Marcelo Romano, a cargo de la defensa, citados para una audiencia. Asimismo, se evaluará la posibilidad de recurrir a un amparo judicial que garantice la libertad y seguridad de todos los afectados.

Exigimos, además, un Estado a la altura de la crisis ecológica y climática actual, que garantice los derechos humanos y la voluntad popular mendocina de cuidar el agua. Es imprescindible que las decisiones que afectan a la ciudadanía y a nuestros bienes comunes naturales sean tomadas en un marco de respeto a la legalidad, la transparencia y la participación democrática.

Ante estas detenciones a defensores del agua, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas convoca a la sociedad a acompañar a las personas afectadas y no permitir cualquier abuso de poder. Seguiremos informando novedades del caso y sobre las acciones legales que acompañaremos para garantizar el ejercicio legítimo del derecho a la protesta.

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas – Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

El agua vale más que el oro: exigimos justicia ambiental para Ingeniero Jacobacci

Viedma, 23 de diciembre de 2024.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, nos hemos presentado como Amicus Curiae ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. En articulación con diversas comunidades territoriales, respaldamos el plebiscito impulsado por el Concejo Deliberante de Ingeniero Jacobacci, que busca dar voz a la comunidad sobre la instalación de la megaminería con el llamado Proyecto Calcatreu.

El proyecto Calcatreu es un emprendimiento de megaminería aurífera que pretende operar en las cercanías de la ciudad de Ingeniero Jacobacci, en la provincia de Río Negro. Este proyecto propone la extracción de oro mediante el uso de cianuro, un compuesto químico altamente tóxico que representa un riesgo crítico para los sistemas hídricos de los cuales dependen las comunidades y para los ecosistemas locales. La extracción a cielo abierto implica remover grandes volúmenes de tierra, un proceso que consume enormes cantidades de agua en una región caracterizada por su aridez y vulnerabilidad hídrica.

Amicus Calcatreu AAdeAA CAJE 2024.Descarga

Calcatreu no solo amenaza con contaminar las napas subterráneas y reducir la disponibilidad de agua para las comunidades, sino que también perpetúa un modelo extractivista que históricamente ha dejado destrucción ambiental, pobreza y dependencia económica en las regiones afectadas. Este proyecto, presentado como una promesa de desarrollo, pone en riesgo la salud, la biodiversidad y las actividades productivas tradicionales de Ingeniero Jacobacci, como la ganadería y la agricultura, comprometiendo su sostenibilidad y calidad de vida a largo plazo. No podemos aceptar que se avance sin la licencia social de quienes sufrirán las consecuencias directas.

A su vez, las comunidades indígenas y territoriales, principales guardianas de estos ecosistemas, no han sido consultadas, en flagrante violación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que exige su participación en decisiones que afecten sus territorios. Este atropello no solo desconoce sus derechos constitucionales, sino que perpetúa una lógica colonial para justificar el saqueo de sus tierras.

La participación ciudadana no es negociable. El plebiscito es una herramienta fundamental para garantizar la participación ciudadana, derecho consagrado en el artículo 41 de nuestra Constitución, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Estas normativas no son adornos legales, son pilares de una democracia que reconoce que el ambiente no es un recurso, sino uno de los comunes necesarios como base de la vida misma.

A su vez, rechazamos rotundamente las recientes afirmaciones del intendente Mellado de que la audiencia pública realizada sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es suficiente. Las audiencias no son vinculantes y se limitan a recibir opiniones, mientras que el plebiscito pone en manos del pueblo la decisión final sobre el futuro de su territorio. No permitiremos que las autoridades confundan deliberadamente a la población para evitar que ejerza su derecho a decidir.

En nuestro país los mapas de la pobreza coinciden con los mapas del extractivismo. La historia reciente de Argentina y de América Latina nos enseña que, sin participación ciudadana efectiva, los intereses mineros avanzan a costa de las comunidades y los ecosistemas. El plebiscito en Jacobacci es una oportunidad histórica para demostrar que otro camino es posible, uno que respete la vida, el agua y la dignidad de las personas.

La megaminería como la que propone el proyecto Calcatreu no solo pone en riesgo el ambiente local; perpetúa un modelo económico insostenible basado en exportar nuestros bienes naturales a costos irrisorios, sin beneficios reales para las comunidades afectadas o el país. A su vez, Calcatreu es un emblema en Río Negro ya que detrás de este proyecto se encuentran en puerta 53 proyectos mineros más.

Exigimos al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que ratifique el plebiscito de Calcatreu, asegurando el respeto por el derecho de los habitantes de Ingeniero Jacobacci a decidir sobre su futuro. Este caso es un símbolo de la lucha por una Argentina que priorice la vida sobre la ganancia, el cuidado del ambiente sobre la explotación, y la participación ciudadana sobre los intereses corporativos.

Calcatreu: La resistencia de la ciudadanía frente a un modelo extractivista devastador

En el marco del proceso de evaluación de impacto ambiental del “Proyecto de explotación minera Calcatreu”, desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas ejercemos nuestro derecho a participar y opinar, conforme lo establece la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y el Acuerdo de Escazú. Esta participación no es un mero trámite, es un derecho fundamental para garantizar que las decisiones sobre nuestro entorno sean tomadas de manera democrática y justa.

El Proyecto Calcatreu forma parte de un modelo minero a gran escala que genera una creciente oposición social en toda América Latina y, particularmente, en Argentina. La minería metalífera a cielo abierto, como la que se propone en Calcatreu, utiliza sustancias químicas altamente contaminantes, como cianuro y ácidos, que han demostrado tener graves impactos sobre la salud de las poblaciones y el ambiente. Estos efectos, que incluyen contaminación del agua y del suelo, son muchas veces transfronterizos, lo que significa que no solo afectan a la región donde se realiza la explotación, sino también a áreas vecinas.

Uno de los principales argumentos utilizados por el gobierno y las empresas mineras es que este modelo extractivo traerá progreso y desarrollo a las regiones más relegadas. Sin embargo, la experiencia muestra una realidad distinta. La minería a gran escala consume enormes cantidades de agua y energía, y compite directamente con otras actividades económicas como la agricultura y la ganadería, que sostienen a las economías regionales. Esta competencia por los recursos no solo desplaza a las comunidades locales, sino que también reorienta completamente la vida de estas poblaciones, afectando su bienestar y generando una dependencia económica que deja poco o ningún beneficio duradero.

El Proyecto Calcatreu pretende ser la “puerta de entrada” de más de 50 proyectos mineros, para convertir a la provincia de Río Negro en la provincia con una gran cantera a cielo abierto, con la mayor cantidad de proyectos mineros en el país. El modelo minero no avanza solo. En el contexto de una política extractivista, desde hace más de diez años se han instalado plataformas de fracking en el Alto Valle, sobre todo en la localidad frutícola de Allen. En la actualidad, el gobierno ha redoblado la apuesta a través de la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur, y la instalación de un puerto petrolero y una planta de GNL en la zona del golfo. Esta combinación de minería y explotación de hidrocarburos está reconfigurando completamente la matriz productiva de Río Negro, transformándola en una “zona de sacrificio” para la exportación de recursos naturales, en desmedro del ambiente y de las comunidades locales.

Foto: Carolina Blumenkranc

El gobierno rionegrino, junto con las empresas transnacionales, ha intentado justificar estos proyectos mediante la obtención de lo que llaman “licencia social”. Sin embargo, lo que vemos es un uso del aparato del Estado para imponer dichos proyectos sin una verdadera consulta ciudadana, con la anulación de voces disidentes y la aprobación de leyes regresivas que permiten estas actividades. La reciente derogación de la Ley 3308, que protegía el Golfo San Matías, es un claro ejemplo de cómo se ha violado la obligación de no retroceder en la protección del ambiente (principio de no regresividad ambiental) y de cómo se ha incumplido el Acuerdo de Escazú, que garantiza la participación ciudadana en decisiones que afectan el ambiente.

También observamos cómo el gobierno está utilizando el sistema educativo para intentar legitimar la minería a gran escala. Un claro ejemplo es el manual “Encontrarnos en Río Negro”, publicado este año por el Ministerio de Educación,que presenta la minería de manera sesgada, omitiendo los impactos negativos comprobados de esta actividad. Este tipo de intervenciones educativas no busca informar de manera imparcial, sino crear un relato que legitime un modelo extractivo que ha sido ampliamente cuestionado por sus efectos devastadores.

Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, reafirmamos nuestro compromiso con la justicia social y ambiental, y la defensa de los ecosistemas y de las comunidades que dependen de él. La minería a gran escala y el fracking no son las únicas alternativas de desarrollo para Río Negro ni para nuestro país. Existen otros modelos de producción, más equitativos y sustentables que pueden garantizar modelos de bienestar sin sacrificar nuestra salud, nuestros bienes comunes y nuestras comunidades.

Es por ello que exigimos un proceso real de evaluación ambiental. Exigimos que realmente se escuche a las comunidades y se respete los principios fundamentales y democráticos de la protección ambiental. La sociedad toda tiene el derecho a ser informada de manera completa y transparente, y a participar efectivamente en las decisiones que afectarán su entorno, sus ecosistemas vitales y su calidad de vida.

Invitamos a todos los sectores de la sociedad a unirse a esta lucha, a informarse y a ejercer su derecho a opinar y participar. Solo así podremos evitar que proyectos como Calcatreu sigan avanzando sin el necesario control ciudadano y sin tener en cuenta el bienestar de nuestras generaciones presentes y futuras.

Contacto de prensa: +541123904594

El director de cine James Cameron se reunió con Veronica Chavez, representante de las comunidades de Salinas Grandes que resisten al avance del litio en Jujuy. Ambos coincidieron en que “el agua vale más que el litio”

La fundación Avatar se comprometió a acompañar a las comunidades originarias que resisten el avance de la industria del litio sin consulta previa a las comunidades.

Buenos Aires, sábado 10 de junio de 2023

El director de cine James Cameron -luego de su encuentro con Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy- solicitó reunirse con las comunidades de los pueblos originarios de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc, para enterarse de las luchas y las resistencias ante el avance de las empresas de litio. Verónica Chávez, representante de la Comunidad Santuario Tres Pozos, llevó al director el mensaje de las comunidades de la Cuenca que defienden el agua y la vida, en tensión contra los proyectos de litio que avanzan ilegalmente en la zona. Luego de que ella le contara cómo es la vida de las comunidades en la cuenca, los dos coincidieron en el rol vital que tienen las Salinas en su modo de vida milenario, en el respeto las tradiciones ancestrales y cuidado del territorio:

“En el territorio de las Salinas Grandes vivieron nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, respetando sus vicuñas, sus plantas, y sus ojos de agua. Nosotros queremos cuidar la Mamita Pacha de la misma manera, para las nuevas generaciones, nuestros hijos, nietos y bisnietos“.

El director visiblemente conmovido, admitió que era la primera vez que tomaba conocimiento y contacto con las comunidades que habitan la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. También reconoció que al recibir la invitación por parte del gobierno provincial de Jujuy a conocer proyectos de energía solar y sustentabilidad, no le habían informado de la existencia de comunidades indígenas que resisten la explotación del litio. Dijo estar realmente honrado de conocerla y que el encuentro lo inspiró a aprender más acerca de la lucha de los pueblos originarios de la región.

James Cameron se disculpó frente a Verónica y a todas las comunidades por no haberlas contactado previamente y al expresar su deseo de recorrer el territorio afectado, y prometió visitar pronto a las comunidades de la cuenca. El director brindó su apoyo personal a la defensa del territorio y la vida. También el compromiso futuro de la Fundación Avatar para contribuir en defensa de las comunidades originarias que resisten el avance de la industria en la zona, en contra de la voluntad y sin consulta alguna con las comunidades.

Con respecto al derecho a la consulta libre, previa e informada, Verónica le relató a James Cameron cómo el consentimiento debe ser aprobado de manera colectiva con todas las Comunidades, y no mediante el consentimiento individual de Comunidades aisladas. Relató algunas de las prácticas del gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, que consisten en otorgar beneficios a algunas comunidades y negárselos a otras. James Cameron entendió lo irregular y peligroso de esta situación. Y compartió que ya había visto este tipo de prácticas en otros países, como el caso del pueblo originario Xingú, en territorio brasilero.

Verónica le obsequió una bufanda de lana de llama confeccionada en su comunidad que Cameron agradeció y, expresó que se sentía bendecido de haber conocido a Verónica. El director le confesó que estaba impresionado por la luminosidad y transparencia que ella transmite. La comunera Verónica quedó satisfecha con el encuentro y el compromiso de Cameron con la lucha de las Comunidades.

El director de cine James Cameron -luego de su encuentro con Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy- quiso reunirse con las comunidades de los pueblos originarios de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc, para enterarse de las luchas y las resistencias ante el avance de las empresas de litio.

Desde el año 2011 las comunidades de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc denuncian que las perforaciones realizadas por las empresas mineras de litio provocan graves consecuencias sobre el sistema salino. Esto afecta la provisión de agua y su derecho a habitar su territorio ancestral y a una vida digna.

En el marco de un intento de reformar la Constitución Provincial de Jujuy, los pueblos y comunidades se han organizado en defensa del agua, los salares y el territorio como bienes comunes. Exigen que se resguarde la garantía de los derechos humanos, sociales, económicos, culturales, políticos, indígenas, ancestrales y ambientales que tienen quienes habitan todos los territorios.

Desde el año 2020 que declaran a la Cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc “Patrimonio Natural, Cultural y Ancestral de los Pueblos originarios y zona Libre de megaminería, de minería de Litio y de cualquier otro proyecto extractivo que dañe a la Pachamama y atente contra las formas de la vida”.

Contacto de prensa:

Veronica Chavez +54 9 388 512-9658

Alejo di Risio +54 9 11 23904594

Encuentro en San Salvador de Jujuy y la cuenca de Salinas Grandes y laguna Guayatayoc

CONFERENCIA DE PRENSA

En el marco del encuentro en San Salvador de Jujuy y la cuenca de Salinas Grandes y laguna Guayatayoc, las Comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc, el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y la comunidad internacional Aerocene convocan a una conferencia de prensa el día 13 de enero de 2023 a las 11:30 hs. en el salón en Unión de trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), seccional Jujuy, ubicado en calle Benito Bárcena 676 de San Salvador de Jujuy.

Este encuentro marca la continuación de una relación de muchos años entre la comunidad de investigación y artivismo ambiental Aerocene, fundada en 2015 por el artista Tomás Saraceno, y las Comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. En enero de 2020, la escultura aerosolar Aerocene Pacha se elevó en las Salinas Grandes, permitiendo a su pilota, Leticia Noemi Marqués, flotar libremente, sin uso de combustibles fósiles, ni helio o litio, convirtiéndose en el vuelo más sostenible de la historia de la humanidad y estableciendo 32 récords mundiales reconocidos por la FAI. El globo elevado ese día llevaba el mensaje propuesto por las comunidades “El agua y Laila vida valen más que el litio”. El proyecto Fly with Aerocene Pacha contó con el apoyo del grupo de música BTS, curado por DaeHyung Lee.

En esta oportunidad el equipo de Aerocene viajará junto a representantes del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), entre ellxs Maristella Svampa, Enrique Viale, Gastón Chillier, Melisa Argento y Alejo Di Risio, así cómo también la abogada Alicia Chalabe, Bruno Fornillo del grupo de estudios en Geopolítica y Bienes Comunes, representantes de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la curadora Inés Katzenstein, y las escritoras y ambientalistas Claudia Aboaf, Gabriela Cabezón Cámara y Graciela Speranza.

Entre el 14 y 16 de enero se desarrollarán talleres y grupos de trabajo junto con las comunidades en Alfarcito (declarado sitio de patrimonio histórico y cultural), de Salinas Grandes, cuyo objetivo es debatir sobre los escenarios regionales y globales de la transición energética, así como sobre los impactos e injusticias socioambientales de la minería de litio y la organización de las Comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc.

En conjunto con una agenda de actividades que incluyen la realización de talleres de trabajo en torno a las claves urgentes para la Transición Ecosocial justa desde el Sur global y la centralidad de los Derechos de Naturaleza en la defensa de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc, se presentará el primer corto de Pacha (Dir: Tomás Saraceno y Maximiliano Laina, Argentina/Alemania, 2020), una película sin fin que seguirá siendo expandida y modificada en diálogo contínuo con las comunidades, la cambiante situación en las Salinas Grandes, y la evolución de estrategias locales y globales ante la crisis ambiental, presentándose un nuevo corte en junio 2023 en Serpentine, Londres.

Estamos en tiempo de descuento. De cara al agravamiento de la crisis climática y la urgencia de encarar la transición energética, nuestro primer mensaje es: No queremos ser más zona de sacrificio. Necesitamos hacer la transición, pero no podemos aceptar cualquier transición energética, como la que quieren imponer actualmente a los pueblos del Sur, a través de la minería del litio, que amplifica las desigualdades sociales, étnicas y ambientales. Debemos escuchar las voces de los territorios, en la defensa del agua, salares y nuestros bienes comunes.

Rechazo ante el avance de la megaminería sobre la institucionalidad democrática

Ante la sanción irregular de la Ley de Zonificación que habilita la megaminería en la meseta central de Chubut y la brutal represión de la protesta social desde la noche del miércoles 15 de diciembre, en vistas de alcanzar la paz social, las personas y organizaciones abajo firmantes reclamamos la derogación inmediata de la Ley XVII Nº 149, promulgada a través del Decreto 1285/21.

La decisión del gobierno y la legislatura provincial de avanzar con la megaminería no cuenta con licencia social, a lo que se suma el cuestionamiento de diversos organismos científicos y académicos (entre ellos CENPAT/Conicet y universidades públicas de la zona). La aprobación de la zonificación minera ha sido posible mediante un proceso de degradación institucional y democrática, agravado por la brutal represión arremetida contra la ciudadanía que ejerce su derecho a la protesta, colmando las calles de Chubut.

En el año 2003, un 82% de la población de Esquel votó el “No A La Mina”, un plebiscito histórico que dejó claro que la minería no tenía licencia social en la zona. Ese mismo año, se sancionó la primera de muchas leyes provinciales que prohíben la minería a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas. En vistas de reforzar este mensaje, el movimiento de asambleas territoriales impulsó dos nuevas instancias de iniciativa popular en 2014 y en 2020.

A pesar de esto, la dirigencia política provincial buscó avanzar en las medidas para habilitar la megaminería en la provincia y construir un blindaje jurídico y judicial que debilite al máximo el acceso a la justicia en materia de derechos humanos y ambientales. En una sesión del 2 de diciembre, la legislatura de la provincia había reformado la ley de amparo, limitado las medidas cautelares contra el Estado y designado a 4 jueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut.

El accionar de las fuerzas de seguridad en Chubut registra graves violaciones a los derechos humanos, como se desprende de las denuncias presentadas por las asambleas y el registro audiovisual y fotográfico de medios independientes. Estos advierten de personas detenidas de manera arbitraria, múltiples ciudadanos/as y manifestantes heridos de bala de goma, situaciones de persecución y hostigamiento contra defensores/as ambientales; asi como violación directa del artículo 9 del Acuerdo de Escazú. En un contexto de emergencia hídrica, profundizada por la aceleración del cambio climático, la larga trayectoria en la defensa del agua en la provincia de Chubut sólo puede crecer. Al igual que lo sucedido en la provincia de Mendoza hace 2 años, para restituir el pacto social y la legitimidad democrática es necesario garantizar la voluntad popular y, no solamente revertir la zonificación minera, sino avanzar en un contexto institucional y jurídico que garantice el bienestar de las personas y la vida en todo el territorio. Las Iniciativas Populares apoyadas por la misma ciudadanía representan el camino genuino para otorgar a la población local y las comunidades originarias el debido proceso de consulta y participación que fue obturado en más de una ocasión; medidas necesarias para encauzar el proceso en un sentido democrático. Lo que está en peligro hoy en Chubut no es solo el agua y los territorios sino también la paz social, los derechos humanos y la democracia.

Se vino el #Chubutazo – Qué significó la lucha en Chubut y cuáles son los problemas de la megaminería.

Por Enrique Viale para El Destape

Se vino el #Chubutazo – Qué significó la lucha en Chubut y cuáles son los problemas de la megaminería.

No hay megaminería sin contaminación, conflicto social y saqueo económico. Es así en todas partes del mundo, y más en el Sur Global.

En América Latina, la megaminería constituye una nueva forma de colonialismo, saqueo, dominación territorial y degradación ecológica.

Fue a partir del andamiaje jurídico montado en los 90` —sostenido y profundizado en la actualidad— que la Argentina se encontró con una nueva modalidad de explotación: la megaminería, hasta ese momento desconocida en nuestro país.

Esta se diferencia respecto de la minería tradicional fundamentalmente en su (gran) escala y en su modalidad de explotación.

Esto la hace inherentemente contaminante, insostenible e imposible de controlar. Para extraer los minerales diseminados en grandes extensiones de territorio, la megaminería se realiza a cielo abierto, con el uso de colosales cantidades de energía, explosivos, agua y sustancias extremadamente tóxicas para separar la roca del mineral.

Por ejemplo, el emprendimiento minero Pascua Lama (San Juan) removería rocas por 1.806 millones de toneladas en todo su proceso extractivo. La Alumbrera (Catamarca) tiene autorizado el empleo de más de 86 millones de litros de agua por día, más que el consumo de toda la provincia.

En materia de explosivos, también los datos son espeluznantes: Sólo en el emprendimiento minero Pascua Lama se arrojarían durante el proceso extractivo la friolera de 493.500 toneladas, casi el equivalente a la mitad de los lanzados en la 2da Guerra Mundial. En materia de sustancias tóxicas también los datos son aterradores 2 camiones diarios de cianuro durante más de 20 años.

Son también voraces energéticamente. Los tres principales proyectos mineros de nuestro país —La Alumbrera, Pascua Lama y Agua Rica— concentrarían un nivel de consumo energético (subsidiado) de 395 MW, lo que supera la producción de la central nuclear de Atucha (375 MW).

La Megaminería se configura como un modelo territorial excluyente frente a otras concepciones del territorio y a las débiles economías regionales. Así, las producciones agropecuarias, industriales y el turismo de las zonas cordilleranas y precordilleranas son incompatibles.

Por su parte es importante destacar que el destino casi exclusivo de este tipo de minería (oro, plata, cobre y otros minerales) es la exportación de un concentrado, con nulo valor agregado. Esto, asimismo, acentúa una desigual geografía de la extracción y el consumo general, que afecta a toda Latinoamérica.

Entonces nos preguntamos ¿Los Ambientalistas del sur no queremos celulares? América Latina extrae el 45,1% del cobre y consume el 6,1 por ciento. El 26,2% de la bauxita en el mundo pero sólo consume el 2,9%.

Respecto del oro, se extrae el 15,2%, pero se consume solamente el 3 % en nuestro territorio Lo que no queremos desde el Sur Global es sostener la demanda metalífera para el hiperconsumo, la obsolescencia programada, del Norte global. Ni financiarle (con nuestro territorio, nuestra agua, nuestra vida) su transición energética.

El 50% del presupuesto mundial de exploración en minería metalífera es para oro. El 90% del oro no tiene utilidades industriales (no es para celulares) sino que se usa como reserva de valor o joyería. Del subsuelo de nuestras montañas al subsuelo de las bóvedas de bancos suizos

En Argentina, además, el régimen jurídico aplicable a la minería cuenta con un tratamiento impositivo y financiero diferencial que genera que coexistan empresas inmensamente ricas y pueblos extremadamente pobres. En las provincias ligadas a la megaminería (Catamarca, San Juan y Santa Cruz), esta actividad está lejos de haberse convertido en un motor de desarrollo. Después de casi 25 años de explotación de la mina La Alumbrera y ya en su fase final, el paisaje socioeconómico de Catamarca no cambió favorablemente, sino todo lo contrario, los índices industriales y construcción cayeron y la pobreza siguen siendo más altos que la media nacional y con porcentajes de población asistida a través de los diversos programas sociales entre los más altos del país (es la provincia con más AUH proporcional).

Durante la pandemia, el 67% de su población económicamente activa tuvo que recurrir al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el 50% en la provincia “minera” de San Juan.

Las regalías del polémico proyecto minero Navidad, de la minera Pan American Silver, en Chubut, solo alcanzaría para pagar el 1,6% de los sueldos públicos de la provincia.

En San Juan, la empresa Barrick, por Veladero paga sólo US$ 1,7 por cada 100 de minerales que extrae y aporta en concepto de regalías menos del 1% del presupuesto provincial.

La minería metalífera actualmente emplea allí poco más de 2.500, menos del 1% del total del empleo. La minería metalífera representa menos del 0,045% de la población económicamente activa (PEA) de la Argentina.

Incluso en Perú, el país minero por excelencia, la minería ocupa el 2% de la PEA, contra el 23% de la agricultura, el 16% del comercio y el 10% de la manufactura.

A pesar del boom exportador de la minería metalífera en la provincia de Santa Cruz, recurrentemente declarada en “Emergencia Económica”, ni siquiera ha significado un “efecto derrame”. Por el contrario han sido escasas y frágiles las articulaciones de las actividades mineras respecto del tejido productivo provincial al mismo tiempo de un fuerte incremento de la dependencia de la población al Estado provincial a través del empleo público como amortiguador de la crisis laboral provincial. La propia Cámara de Proveedores y Servicios Mineros de Santa Cruz (CAPROMISA), de la que nadie puede sospechar de antiminera, emitió un comunicado en el año 2017 donde denunciaba: “Pan American Silver incrementa sus ganancias dejando nada a los Santacruceños” por el comportamiento de la empresa en la mina de su propiedad, Manantial Espejo, en dicha provincia.

Es así en todas las partes del mundo: Donde hay megaminería hay conflicto social y ambiental y saqueo económico. Mucho más en nuestra región, es la trágica historia de América Latina.

Para colmo, la megaminería deja como herencia pasivos ambientales, durante y tras el cierre de las minas por décadas (lo que configura verdaderas zonas de sacrificio), que quedarán a cargo del Estado nacional, las provincias y, sobre todo, las poblaciones.

Ahora bien, con el caso del “Chubutazo” resultó muy sorprendente como funcionarios nacionales, e incluso medios y periodistas “progres”, repetían -como loritos- el speech armado por la minera Panamerican Silver (la del proyecto “Navidad” en la meseta central chubutense). Pero calcado, como si lo estuvieran leyendo. Subestimando así a la población, media provincia en las calles en las principales ciudades de la provincia, y los importantísimos aportes de científicos del CONICET e investigadores de Universidades Nacionales que alertaban sobre los impactos socioambientales de la actividad: “la megaminería representa un escenario de amenaza, frente a un sistema ambiental vulnerable que cobra especial relevancia cuando se trata de una provincia donde los recursos hídricos superficiales son escasos” (extracto del documento oficial del Centro Científico CONICET-CENPAT). Una versión criolla de “Don`t look Up”, la nueva película de Leonardo Di Caprio y gran elenco.

Hace años que la provincia de Chubut está inmersa en una brutal crisis económica y social. Y no pocos se atreven a decir que es una “crisis de diseño”, la Doctrina del Shock de Naomi Klein, para generar la sensación que la única salida es habilitar la gran minería. Pero Chubut tiene 600 mil habitantes y tiene de las pesquerías más grandes del Atlántico, la industria de aluminio más grande del subcontinente, los vientos más poderosos, petróleo hace un siglo y de las riquezas turísticas más atrayentes de América del Sur. ¡Chubut no es inviable!

Lo cierto es que no hay nada más colonial que tener políticas públicas que profundicen el extractivismo en América Latina, a quien históricamente se nos ha reservado el papel de exportadora de naturaleza, sin considerar sus impactos sobre la población ni los efectos socioambientales y económicos.

Somos conscientes de la necesidad de divisas que tiene el país y la vinculación con la deuda externa financiera. Que además funciona como un círculo vicioso: necesitamos más extractivismo para conseguir los dólares para pagar, nos dicen ciegamente porque ni siquiera es así. Y, tal como señala la Encíclica Laudato Si del Papa Francisco, “la deuda externa de los países pobres se ha convertido en un instrumento de control, pero no ocurre lo mismo con la deuda ecológica”. Como país debemos liderar un movimiento regional para reclamar internacionalmente la deuda ecológica del Norte hacia el Sur global y preguntarse “¿quién le debe a quién?”. Los países denominados “desarrollados” basaron su bienestar material en el saqueo y expoliación de nuestra naturaleza y de la atmosfera en general. Somos acreedores ambientales.

Para finalizar, es el momento que la clase dirigente de nuestro país –fundamentalmente aquellos que se consideran progresistas- ponga en cuestionamiento el modelo extractivista, salga a recorrer los territorios a dar cuenta de las problemáticas socioambientales y compenetre con los nuevos debates que existen en todo el mundo sobre la transición ecosocial, antes que aceptar, de manera acrítica y desconectados con la realidad, la conversión en zonas de sacrificio a los territorios, sus ecosistemas y su gente.

Fuente: El Destape

15 Mitos y Realidades de la minería transnacional en Argentina

15 Mitos y Realidades de la minería transnacional en Argentina está pensado como una caja de herramientas y, a la vez, como un instrumento de lucha política. Fue concebido colectivamente al calor de la campaña en favor de la ley nacional de protección de los glaciares, sancionada por el Congreso nacional en septiembre de 2010, en un momento en el cual debíamos responder punto por punto los argumentos falaces y los indicadores económicos muchas veces mentirosos esgrimidos por el lobby minero.

En ese entonces varios investigadores que desde hace años y desde diversas provincias del país acompañamos a las luchas socioambientales que cuestionan la megaminería transnacional en Argentina, comenzamos a sistematizar información sobre el tema. Nuestro propósito era deconstruir los discursos y los lugares comunes del imaginario prominero, desmontar y desactivar dichos “mitos” que sobre la minería a gran escala repiten cotidianamente y con total impunidad sus defensores más acérrimos (corporaciones mineras, representantes del gobierno nacional y de las diferentes provincias promineras, voceros periodísticos), amparados en la escasa información y conocimiento que el argentino medio tiene sobre estos temas.

Fue entonces que nos encontramos con el artículo de Jennifer Moore (1), periodista canadiense, publicado en la Revista Memoria, de México, en octubre-noviembre de 2009, titulado “Mitos y realidades de la Minería Transnacional”.

Retomamos de esta fuente inspiradora el formato y partes de sus enunciados (bajo la forma de mitos), a los cuales ampliamos con más desarrollos, datos, ejemplos y otros tantos mitos.

Las semanas agitadas que pasamos en el Congreso, entre audiencias públicas, visitas a senadores, declaraciones, escritos periodísticos y dossier especiales, junto con numerosas organizaciones ambientalistas, vecinos de asambleas y representantes parlamentarios de diversos bloques y partidos políticos en defensa de la ley nacional de protección de los glaciares, nos convenció de la necesidad urgente de cerrar esta tarea y publicarlo bajo la forma de libro.

El texto sintetiza así diferentes saberes y discursos. La argumentación que se desarrolla combina consideraciones teóricas y de tipo general con referencias específicas a casos concretos. Éstas no aluden necesariamente a los casos más “graves”, “resonantes”, ni a los “únicos” disponibles; por el contrario, se trata sólo de algunos ejemplos tomados aleatoriamente de la vasta casuística disponible por su relevancia y cercanía a nuestra experiencia, a los solos fines de ilustrar con casos concretos el modus operandi, los impactos y las consecuencias de este tipo de explotaciones.

Asimismo, atendiendo a la complejidad de la problemática, se ha procurado construir una mirada eminentemente multidisciplinar como el propio objeto lo requiere, intentando con ello también desmontar las raíces epistémicas –profunda y primitivamente positivistas, encuadradas en perspectivas jerárquicas y unidisciplinares- sobre las que se suelen construir las falacias cientificistas y tecnicistas de las visiones “oficiales”. De tal modo, en la elaboración de este trabajo participaron geógrafos, especialistas en ciencias ambientales, abogados, sociólogos, analistas del discurso, economistas, periodistas, entre otros, muchos de los cuales conformamos el colectivo Voces de Alerta.

Dicho espacio, compuesto por científicos, artistas, intelectuales, profesionales, organizaciones de derechos humanos, de pueblos originarios, de campesinos y socioambientales, y todos aquellos/as interesados/as por la interrelación entre múltiples saberes y entramados sociales, políticos, culturales, surgió de un episodio en el ámbito científico argentino ocurrido en 2009 -un investigador dio a conocer hallazgos que tienen graves implicancias en la salud pública- a partir del cual se desencadenó un debate que puso de relieve el poco espacio que queda para la autonomía y libertad científica.

En esa ocasión y frente a la respuesta de intereses de cámaras empresariales, corporaciones e incomprensibles desligamientos de las autoridades científicas nacionales, un conjunto de personas de muy diversos mundos sociales, que hace tiempo trabajamos coordinada pero informalmente en diferentes espacios, decidió expresarse públicamente, asumiendo el nombre de Voces de Alerta.

Desde Voces de Alerta cuestionamos radicalmente la actual colonización que los grandes poderes económicos producen en las universidades, sistemas científicos y en la educación pública en general. Estamos convencidos de que no existe ninguna posibilidad de avanzar en la democratización de la sociedad si no se pone coto tanto al modelo extractivo (régimen social de acumulación y distribución de riqueza) que necesita dominar y doblegar bajo cualquier medio a las poblaciones que habitan esos territorios, como a las guardias pretorianas que los custodian.

Por último, deseamos dedicar este texto a quienes creemos son sus principales destinatarios y los grandes protagonistas de esta lucha: a todas las asambleas ciudadanas que, en nuestra extensa y rica geografía, en una situación de clara asimetría de fuerzas, abogan por la defensa del agua, por la vida, por el futuro de las próximas generaciones.

15mineria-trasnancional-en-Argentina Descarga

Desde Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Mendoza, Tandil
Abril de 2011

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas // Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Justicia Social y Ecológica