Foto portada: Susi Maresca
Abajo la reforma, arriba las Wiphala
Archivo del autor: AAdeAA
Avanza la causa por el ecocidio de pingüinos en Punta Tombo
Chubut, 16 de junio de 2023.- En el día de hoy, Fundación Patagonia Natural, Asociación Argentina de Abogadas/os Ambientalistas y Greenpeace Argentina fueron aceptados como querellantes en la causa por el ecocidio de Pingüinos de Magallanes perpetrado en la Reserva Punta Tombo, en la Provincia de Chubut. En el mismo, cientos de Pingüinos de Magallanes fueron víctimas de un verdadero crimen ambiental.
Punta Tombo (Chubut) es la colonia de pingüinos de Magallanes más grande del mundo. En la época de reproducción, mediados de octubre, se pueden encontrar más de un millón de ejemplares en la reserva.
La denuncia presentada por las organizaciones señala la posible configuración del delito de Crueldad contra los animales, establecido en la Ley 14.346 de Maltrato Animal, y solicita la adopción de medidas inmediatas para proteger a los pingüinos afectados.
De acuerdo a las organizaciones, este tipo de masacres constituye un delito penal y debe ser investigado y sancionado como tal. El daño causado es irreversible y la justicia debe actuar en consonancia con la gravedad de los hechos. A su vez, enfatizan la necesidad de sancionar un proyecto de ley que incorpore un Capítulo Penal Ambiental en el Código Penal Argentino.
El caso de la masacre de pingüinos en Punta Tombo es un ejemplo del involucramiento activo de organizaciones y la ciudadanía en la protección de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad. La participación ciudadana es fundamental para garantizar cambios significativos en las políticas y prácticas que afectan al entorno natural. La sociedad tiene el derecho y la responsabilidad de exigir a las autoridades que actúen en defensa del ambiente y tomen medidas efectivas para prevenir y sancionar los delitos ambientales.
Sobre la reserva Punta Tombo
La Reserva Punta Tombo, ubicada en la provincia de Chubut, alberga una de las mayores colonias continentales de pingüinos de Magallanes del planeta. Lamentablemente, en el año 2021, esta reserva fue testigo de una masacre sin precedentes, en la cual las topadoras pasaron por encima de la mayor colonia de pingüinos de Magallanes del mundo. Este acto atroz constituye un ecocidio, un daño grave e irreversible contra la biodiversidad, los ecosistemas y los derechos de la naturaleza.
Punta Tombo se extiende a lo largo de más de 210 hectáreas en la estepa patagónica, ubicándose sobre la costa del Océano Atlántico, en el departamento Florentino Ameghino, a 110 km de la ciudad de Rawson, capital provincial. El pingüino Magallánico, cuyo Estado de Conservación de acuerdo a la catalogación en la lista roja de la IUCN es de Casi Amenazado, no sólo ha sufrido los impactos de la actividad humana en tierra, sino que también está amenazado por actividades que avanzan sobre el mar, principalmente la industria petrolera, la pesca intensiva y los efectos del cambio climático sobre los océanos.
Se estima que al menos 175 nidos fueron destruidos en todas las áreas de nidificación. Además, se instaló un alambrado electrificado a lo largo de 900 metros. En diferentes sectores, dicho alambrado impidió la libre circulación de los pingüinos al encontrarse a una altura inferior a la de esta especie. Este hecho ocurrió en el momento crítico del ciclo reproductivo, donde los pichones están eclosionando o tienen muy pocos días de vida, y deben ser alimentados con frecuencia por los pingüinos adultos.
Contactos de prensa:
Asociación Argentina de Abogadas/os Ambientalistas: Alejo di Risio +5491123904594
Greenpeace Argentina: Florencia Rodriguez +5491137612969 / Mariana Ciaschini+54911.3304.3316
Organizaciones de derechos humanos rechazan el proceso de reforma constitucional en la provincia de Jujuy
Organizaciones de derechos humanos enviaron una carta a la Convención Constituyente de la Provincia de Jujuy para expresar su preocupación y rechazo al proceso de reforma constitucional de la provincia. El proceso presenta “problemas de legalidad como de legitimidad e implica una serie de retrocesos en materia de derechos humanos” afirmaron.
Tiempos
La ley de declaración de la necesidad de la reforma parcial de la constitución provincial de Jujuy Nº 6.302 dispuso que, desde la elección de los convencionales constituyentes, se dispondría de 30 días para la sesión preparatoria, y hasta 90 días más para finalizar el proceso.
La elección de los convencionales tuvo lugar el 7 de mayo pasado y, desde entonces, los procesos se aceleraron drásticamente, al punto que se anunció que la nueva constitución sería votada el 19 de junio y luego se adelantó al 14 del mismo mes. Un proceso que debería haber consistido en un debate plural, sustantivo y riguroso sobre el contenido del texto constitucional para todos/as los/as jujeños/as, tuvo una duración de poco más de un mes.
Falta de debate y participación
“El actual proceso de reforma constitucional en la provincia no ha sido debatido ampliamente, en muchos de sus aspectos implica un retroceso en los derechos humanos de las personas de la provincia”, aseguran las once organizaciones que firman la carta a la Convención Constituyente de la provincia de Jujuy. Convencionales constituyentes renunciaron a sus bancas ante la imposibilidad de participar efectivamente en el debate de la reforma propuesta, con el fin de no avalar un proceso claramente ilegítimo.
Además, el proceso de reforma constitucional de la provincia de Jujuy no estableció procesos que aseguren la consulta libre, previa e informada a pueblos indígenas sobre cuestiones susceptibles de afectarles, tal como establece el Convenio Nº 169 de la OIT, tratado internacional con jerarquía supralegal.
El 31 de mayo los representantes de siete pueblos indígenas (guaraní, okloya, tilian, omaguaca, kolla, quechua y chicha) presentaron una nota al bloque oficialista mayoritario de la convención constituyente solicitando ser escuchados y que se apliquen los principios de consulta previa. Pese a ello, no fueron recibidos.
Democracia
El articulado que se propone reformar aborda, entre otros, temas centrales para el ejercicio de la democracia como son el derecho al ambiente sano, la consulta a pueblos indígenas, el derecho a la protesta.
La regulación de estos derechos debe respetar la prelación constitucional de nuestro país y adecuarse, consecuentemente, a los preceptos establecidos en las normas de jerarquía superior a las provinciales, en la Constitución Nacional, y en los instrumentos internacionales correspondientes.
Reclamo de las organizaciones de derechos humanos y sociedad civil
El proceso de reforma constitucional muestra una clara falta de voluntad de promover la participación de los distintos sectores de la sociedad, así como de generar espacios de discusión en torno a temas críticos para los y las habitantes de Jujuy. Esta es una oportunidad única para la provincia de integrar los avances que en materia de derechos humanos y ambientales se han dado tanto a nivel normativo internacional y nacional como jurisprudencial en los recientes años e integrar una agenda con fuerte mirada de derechos humanos que pueda dar respuesta a los desafíos de la democracia en el siglo XXI.
Para que esto suceda, se deben plantear otras formas y procedimientos que no le den la espalda a las demandas de la ciudadanía. Requiere abrir un espacio genuino de participación efectiva para poder discutir con la profundidad que se merecen los temas centrales para la vida democrática en Jujuy, sin apuros injustificables y con los tiempos necesarios para llegar a consensos que amplíen los derechos de las y los jujeños.
Organizaciones firmantes
ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales)
AADI (Asociación de Abogadas/os de Derecho Indígena)
Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas – CAJE (Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial)
ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia)
Amnistía Internacional Argentina
CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales)
CEPPAS (Centro de Políticas Públicas para el Socialismo)
Consciente colectivo
ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen)
FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales)
Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ)
SERPAJ (Fundación Servicio Paz y Justicia)
Open Letter to the Governor of the Province of Jujuy, Gerardo Morales
Salinas Grandes, Tuesday, June 13, 2023
To the Governor of the Province of Jujuy, Gerardo Morales
Mr. Governor,
We are writing to you in order to respond to your public letter (via Twitter) last Sunday to Mr. James Cameron, regarding his statements in favor of the struggle of the communities of Salinas Grandes and Laguna de Guayatayoc in relation to lithium mega-mining.
For centuries this Basin has been our “home” and we and our ancestors have lived in harmony with its ecosystem, caring for and respecting the vital cycles of nature. We deeply regret that, despite having raised the fulfillment of our rights formally and informally, our communities were discredited when an international figure took an interest in our claims.
First of all, it is important to clarify that the person who voices our concerns and demands does not do so in a personal but in a collective capacity. Therefore, any individual reprimand or response only puts at risk a person who defends the environment in a region where defending nature makes her vulnerable, and in a country where stigmatization is the first form of violence.
Fortunately, nature defenders are now protected by the Escazú Agreement, which has already entered into force.
In your public response, you state that the rights of the communities of Salinas Grandes and Laguna de Guayatayoc have been respected and guaranteed by the province of Jujuy through consultation with some communities for the exploitation of lithium. It also suggests that information was provided and their consent was obtained. This is not so, Mr. Governor. There was never a process of prior and informed consultation with the communities of the Basin, as established by Convention 169 of the International Labor Organization (Law 24,071) and the Escazú Agreement (Law 27,566), despite the fact that both are part of the legal system in force in Argentina. On the contrary, we had to resort to provincial, federal and international instances, in order to be guaranteed the rights that the Government of Jujuy has systematically denied us for more than 13 years. In 2010, we had to go to the Supreme Court of Justice to order the provinces of Jujuy and Salta to enforce these rights. In March of this year, finally, the highest national court ordered the provinces of Salta and Jujuy to provide all the information related to the lithium exploration and mining authorizations granted in each of the provinces, as well as information on citizen participation, complaints and challenges against such permits. This information has not been provided to date.
We have also raised this claim before the UN and, after his visit to the country, the Special Rapporteur on Indigenous Peoples, Dr. James Anaya, recommended that Argentina guarantee the right to free, prior and informed consultation in Salinas Grandes in his 2012 report to the UN Human Rights Council.
In the province of Jujuy, we have had to resort to the courts due to the unjustified denial of information that we requested regarding mining permits and mining claims planned in our territory. Based on the Escazú agreement, the environmental court of Jujuy stated that the provincial government did not comply with its duty to guarantee effective access to information and ordered that this information be delivered to us in a complete and integral manner.
However, we were only able to obtain incomplete information on the more than 32 mining projects planned in our territory and were not allowed access to the environmental impact reports.
Given the lack of response from the government of Jujuy to all our requests, in 2015 we developed a participatory Protocol for the implementation of prior consultation that we call Kachi Yupi. You may remember it, because eight years ago, when you took office as Governor, we invited you to the Basin and, in an assembly held in the community of Alfarcito, we raised our concerns about the refusal to implement it by previous governments. You yourself promised us that you would sign a decree to implement it.
However, eight years later, we are sad to see that this never happened.
We believe that, in no way, delivering a technical folder with environmental impact reports and exploration and exploitation work plans means the fulfillment of our rights, as you claim in your public letter. It is an offense for us to pretend that the right to prior, free and informed consultation to indigenous communities, recognized by our country, is reduced to the delivery of a folder. We therefore understand that this right has never been respected in our territory. If there really exists the will in the Government to guarantee the right to prior, free and informed consultation, as established by ILO Convention 169, it should be included as a right in the constitutional reforms that are being debated these days in the province of Jujuy. Unfortunately, as all the people of Jujuy know and are demonstrating in the streets these days, this process is being carried out behind closed doors, without consultation with any sector or with the indigenous peoples. Everything suggests that the right to consultation will not be part of the constitutional reform either.
You also state in your letter that mining development through evaporation has not caused ecosystemic alterations or loss of biodiversity. However, there are countless scientific, geological and hydrogeological studies that validate our claims, making it clear that lithium mining is a water mining that can cause enormous risks for the ecosystemic life in the water basins of the puna because they are endorheic basins. These are things that we know because we live there.
It is important for you to understand that the greatest impact of this extractive industry is the use of large quantities of water. There is no need to remind you that we are facing a major water crisis in our country and in the world. Just look at the unprecedented drought due to the impact of the use of large quantities of water to extract lithium. The water at the bottom of the basin is a huge high altitude wetland, a necessary water reserve for the entire province, impossible to replenish. In fact, although the figure may vary according to specific conditions, about two million liters of water are used per ton of lithium carbonate. This permanent pumping causes the rupture of the natural water balance, generating the risk of water stress, the possible salinization of fresh groundwater and the drying up of natural “water eyes”, which are the aquifer sources for the life of our communities, our small animals and the microbacterial species that feed the birds. The whole chain of life is endangered by lithium megamining in these territories. The risk for us is the displacement of our populations and the elimination of our culture, knowledge and ancestral knowledge. For us, water is life. We can continue to live without lithium, but not without water. We would also like to remind you that indigenous peoples make up only 5 percent of the world’s population and occupy less than a third of the planet’s territories, yet they are responsible for preserving 80 percent of the Earth’s biodiversity.
Finally, you state in your public response to Mr. Cameron that “it is not true that there is a destruction of culture; the companies have been respectful of the worldview and community practices, incorporating in their corporate culture the ancestral cultural capital of the native communities”.
Mr. Governor, for fourteen years we have been under pressure from government officials, both national and international, and also from representatives of very powerful transnational corporations whose sole objective is to extract the lithium found in our territory, without taking into account the rights of the communities that inhabit it. These pressures have changed our lives and force us to a continuous state of alert because we feel permanently threatened. Our fears of the concrete and real damage that may be done to Mamita Pacha have not been allayed by your government, quite the contrary.
This situation destroys the harmony of our community life and threatens to transform our culture. We want to live in peace, carrying out sustainable projects that are respectful of our customs and the Pacha, that allow us to continue living in this place respecting the land, water and life as our grandparents and many generations have done for centuries.
We take this opportunity, Mr. Governor, to ask you once again that your government listen to us and guarantee our rights. We are open and willing to meet with you, in case you believe that dialogue can serve to advance along this path for the good of all.
Sincerely yours,
Indigenous Communities of Salinas Grande Watershed and Laguna de Guayatayoc
Carta Abierta al Gobernador de la Provincia de Jujuy Gerardo Morales
Salinas Grandes, martes 13 de junio de 2023
Al Gobernador de la Provincia de Jujuy Gerardo Morales
Sr. Gobernador,
Nos dirigimos a Ud. con el fin de responder su carta pública (vía twitter) del domingo pasado al Sr. James Cameron, a propósito de sus declaraciones en favor de la lucha de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc en relación con la megaminería del litio.
Durante siglos esta Cuenca ha sido nuestra “casa” y, tanto nosotros como nuestros antepasados, hemos convivido en armonía con su ecosistema, cuidando y respetando los ciclos vitales de la naturaleza. Lamentamos profundamente que, a pesar de haber planteado el cumplimiento de nuestros derechos de manera formal e informal, desacreditar a a nuestras comunidades cuando una figura internacional se interesó por nuestros reclamos.
En primer lugar, es importante aclarar que la persona que lleva la voz de nuestras preocupaciones y demandas no lo hace a título personal sino colectivo. Por lo tanto, cualquier señalamiento o respuesta de carácter individual no hace más que poner en riesgo a una persona defensora del ambiente en una región en la que defender a la naturaleza la vuelve vulnerable, y en un país en que la estigmatización es la primera forma de violencia.
Afortunadamente, los defensores de la naturaleza estamos ahora protegidos por el Acuerdo de Escazú que ya ha entrado en vigencia.
En su respuesta pública, Ud. afirma que los derechos de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc han sido respetados y garantizados por la provincia de Jujuy mediante la consulta a algunas comunidades para la explotación del litio. También sugiere que se brindó información y se obtuvo su consentimiento. Esto no es así, Sr. Gobernador. Nunca se realizó un proceso de consulta previa e informada a las comunidades de la Cuenca, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (Ley 24.071) y el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), a pesar de que ambos son parte del ordenamiento legal que rige en la Argentina. Por el contrario, debimos recurrir a instancias provinciales, federales e internacionales, a fin de que se nos garanticen los derechos que el Gobierno de Jujuy nos niega sistemáticamente desde hace más de 13 años. En 2010, debimos acudir a la Suprema Corte de Justicia para que ordene a las provincias de Jujuy y Salta la aplicación de estos derechos. En marzo de este año, finalmente, el máximo tribunal nacional ordenó a las provincias de Salta y de Jujuy brindar toda la información relativa a las autorizaciones de exploración y explotación minera del litio otorgados en cada una de las provincias, así como la información sobre la participación ciudadana, denuncias e impugnaciones contra dichos permisos. Esta información no ha sido aportada hasta el día de hoy.
Hemos elevado también esta demanda ante la ONU y, luego de su visita al país, el Relator Especial de Pueblos Indígenas, Dr. James Anaya, recomendó que Argentina garantice el derecho a la consulta previa, libre e informada en Salinas Grandes en su informe del año 2012 al Consejo de Derechos Humanos de ese organismo.
En el ámbito de la provincia de Jujuy hemos tenido que recurrir a la justicia frente a la denegación injustificada de información que pedimos sobre pedimentos y permisos mineros planificados en nuestro territorio. En base al acuerdo de Escazú, el juzgado ambiental de Jujuy señaló que el gobierno provincial no cumplió con su deber de garantizar el acceso efectivo a la información y ordenó que nos sea entregada dicha información en forma completa e integral.
Sin embargo, apenas pudimos lograr que nos informaran de forma incompleta sobre los más de 32 proyectos mineros previstos en nuestro territorio y no nos fue permitido acceder a los informes de impacto ambiental.
Ante la falta de respuesta por parte del gobierno de Jujuy a todos nuestros pedidos, en 2015 elaboramos participativamente un Protocolo para la implementación de la consulta previa que llamamos Kachi Yupi. Es posible que Ud. lo recuerde, porque hace ocho años, cuando asumió como Gobernador, lo invitamos a la Cuenca y, en una asamblea realizada en la comunidad de Alfarcito, le planteamos nuestra preocupación por la negativa a su aplicación por parte de los gobiernos anteriores. Usted mismo nos prometió que firmaría un decreto para implementarlo.
Sin embargo, ocho años más tarde, nos apena comprobar que eso nunca ocurrió.
Creemos que, de ninguna manera, entregar una carpeta técnica con informes de impacto ambiental y de planes de trabajo de exploración y explotación significa el cumplimiento de nuestros derechos, como usted sostiene en su carta pública. Es una ofensa para nosotros pretender que el derecho a la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, reconocido por nuestro país, se reduzca a la entrega de una carpeta. Entendemos por lo tanto que este derecho nunca se respetó en nuestro territorio. Si realmente existe la voluntad en el Gobierno de garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada, conforme lo establece el Convenio 169 de la OIT, debería incluirse como un derecho en las reformas constitucionales que se están debatiendo en estos días en la provincia de Jujuy. Lamentablemente, como todo el pueblo jujeño sabe y lo manifiesta en estos días en las calles, este proceso se está haciendo a puertas cerradas, sin consultas a ningún sector y tampoco a los pueblos indígenas. Todo hace suponer que el derecho a la consulta tampoco será parte de la reforma constitucional.
Sostiene Ud. también en su carta que el desarrollo minero a través de la evaporación no ha provocado alteraciones ecosistémicas ni pérdida de biodiversidad. Sin embargo, existe incontable cantidad de estudios científicos, geológicos e hidrogeológicos que validan nuestros reclamos, dejando en claro que la minería de litio es una minería de agua que puede provocar enormes riesgos para la vida ecosistémica en las cuencas hídricas de la puna porque se trata de cuencas endorreicas. Estas son cosas que nosotros sabemos porque vivimos allí.
Es importante que Ud. entienda que el mayor impacto de esta industria extractiva es el uso de
grandes cantidades de agua. No hace falta recordarle que nos encontramos ante una gran crisis hídrica en nuestro país y en el mundo. Basta observar la sequía sin precedentes debida al impacto del uso de grandes cantidades de agua para extraer el litio. El agua del fondo de la cuenca es un enorme humedal de altura, una reserva de agua necesaria para toda la provincia, imposible de reponer. De hecho, aunque la cifra puede variar según las condiciones específicas, se utilizan alrededor de dos millones de litros de agua por tonelada de carbonato de litio. Este bombeo permanente, provoca la ruptura del equilibrio hídrico natural, generando el riesgo de estrés hídrico, la posible salinización de napas dulces y la sequía de vegas u “ojos de agua” naturales que son las fuentes acuíferas para la vida de nuestras comunidades, de nuestros animalitos y de las especies microbacterianas que alimentan a las aves. Toda la cadena de la vida se pone en peligro por la megaminería de litio en estos territorios. El riesgo para nosotros
es el desplazamiento de nuestras poblaciones y la eliminación de nuestra cultura, saberes y conocimientos ancestrales. Para nosotros el agua es la vida. Podemos seguir viviendo sin litio, pero no sin agua. Quisiéramos también recordarle que los pueblos indígenas son apenas el 5 por ciento de la población del mundo y ocupan menos de un tercio de los territorios del planeta y sin embargo son responsables de preservar el 80 por ciento de la diversidad que vive en la Tierra.
Por último, afirma Ud. en su respuesta pública al Sr. Cameron que “no es cierto que haya una destrucción de la cultura; las empresas han sido respetuosas de la cosmovisión y prácticas comunitarias, incorporando en su cultura empresarial ese capital cultural ancestral de las comunidades originarias”.
Sr. Gobernador, hace catorce años que sufrimos la presión de funcionarios gubernamentales, nacionales e internacionales, y también de representantes de corporaciones transnacionales muy poderosas cuyo único objetivo es extraer el litio que se encuentra en nuestro territorio, sin tener en cuenta los derechos de las comunidades que lo habitan. Estas presiones nos han cambiado la vida y nos obligan a un continuo estado de alerta pues nos sentimos amenazados permanentemente. Nuestros temores al daño concreto y real que puedan hacerle a Mamita
Pacha no han sido despejados por su gobierno, sino todo lo contrario.
Esta situación destruye la armonía de nuestra vida comunitaria y amenaza transformar nuestra cultura. Queremos vivir en paz, realizando proyectos sustentables y respetuosos de nuestras costumbres y de la Pacha, que nos permitan seguir viviendo en este lugar respetando la tierra, el agua y la vida como lo hicieron nuestros abuelos y muchas generaciones durante siglos.
Aprovechamos entonces esta oportunidad, Sr. Gobernador, para pedirle nuevamente que su gobierno nos escuche y garantice nuestros derechos. Estamos abiertos y dispuestos a reunirnos con Ud., en caso de que crea que el diálogo puede servir para avanzar en ese camino para el bien de todos.
Lo saludamos atentamente,
Comunidades Indígenas de Cuenca Salinas Grande y Laguna de Guayatayoc
El director de cine James Cameron se reunió con Veronica Chavez, representante de las comunidades de Salinas Grandes que resisten al avance del litio en Jujuy. Ambos coincidieron en que “el agua vale más que el litio”
La fundación Avatar se comprometió a acompañar a las comunidades originarias que resisten el avance de la industria del litio sin consulta previa a las comunidades.
Buenos Aires, sábado 10 de junio de 2023
El director de cine James Cameron -luego de su encuentro con Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy- solicitó reunirse con las comunidades de los pueblos originarios de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc, para enterarse de las luchas y las resistencias ante el avance de las empresas de litio. Verónica Chávez, representante de la Comunidad Santuario Tres Pozos, llevó al director el mensaje de las comunidades de la Cuenca que defienden el agua y la vida, en tensión contra los proyectos de litio que avanzan ilegalmente en la zona. Luego de que ella le contara cómo es la vida de las comunidades en la cuenca, los dos coincidieron en el rol vital que tienen las Salinas en su modo de vida milenario, en el respeto las tradiciones ancestrales y cuidado del territorio:
“En el territorio de las Salinas Grandes vivieron nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, respetando sus vicuñas, sus plantas, y sus ojos de agua. Nosotros queremos cuidar la Mamita Pacha de la misma manera, para las nuevas generaciones, nuestros hijos, nietos y bisnietos“.
El director visiblemente conmovido, admitió que era la primera vez que tomaba conocimiento y contacto con las comunidades que habitan la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. También reconoció que al recibir la invitación por parte del gobierno provincial de Jujuy a conocer proyectos de energía solar y sustentabilidad, no le habían informado de la existencia de comunidades indígenas que resisten la explotación del litio. Dijo estar realmente honrado de conocerla y que el encuentro lo inspiró a aprender más acerca de la lucha de los pueblos originarios de la región.
James Cameron se disculpó frente a Verónica y a todas las comunidades por no haberlas contactado previamente y al expresar su deseo de recorrer el territorio afectado, y prometió visitar pronto a las comunidades de la cuenca. El director brindó su apoyo personal a la defensa del territorio y la vida. También el compromiso futuro de la Fundación Avatar para contribuir en defensa de las comunidades originarias que resisten el avance de la industria en la zona, en contra de la voluntad y sin consulta alguna con las comunidades.
Con respecto al derecho a la consulta libre, previa e informada, Verónica le relató a James Cameron cómo el consentimiento debe ser aprobado de manera colectiva con todas las Comunidades, y no mediante el consentimiento individual de Comunidades aisladas. Relató algunas de las prácticas del gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, que consisten en otorgar beneficios a algunas comunidades y negárselos a otras. James Cameron entendió lo irregular y peligroso de esta situación. Y compartió que ya había visto este tipo de prácticas en otros países, como el caso del pueblo originario Xingú, en territorio brasilero.
Verónica le obsequió una bufanda de lana de llama confeccionada en su comunidad que Cameron agradeció y, expresó que se sentía bendecido de haber conocido a Verónica. El director le confesó que estaba impresionado por la luminosidad y transparencia que ella transmite. La comunera Verónica quedó satisfecha con el encuentro y el compromiso de Cameron con la lucha de las Comunidades.
Desde el año 2011 las comunidades de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc denuncian que las perforaciones realizadas por las empresas mineras de litio provocan graves consecuencias sobre el sistema salino. Esto afecta la provisión de agua y su derecho a habitar su territorio ancestral y a una vida digna.
En el marco de un intento de reformar la Constitución Provincial de Jujuy, los pueblos y comunidades se han organizado en defensa del agua, los salares y el territorio como bienes comunes. Exigen que se resguarde la garantía de los derechos humanos, sociales, económicos, culturales, políticos, indígenas, ancestrales y ambientales que tienen quienes habitan todos los territorios.
Desde el año 2020 que declaran a la Cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc “Patrimonio Natural, Cultural y Ancestral de los Pueblos originarios y zona Libre de megaminería, de minería de Litio y de cualquier otro proyecto extractivo que dañe a la Pachamama y atente contra las formas de la vida”.
Contacto de prensa:
Veronica Chavez +54 9 388 512-9658
Alejo di Risio +54 9 11 23904594
Organización para romper el consenso extractivista
Por Enrique Viale para Agencia Tierra Viva
El humo de incendios forestales y de humedales se ve, se siente y se respira fuerte en las grandes ciudades del país. Interminables olas de calor con temperaturas récord en el marco de la mayor sequía de la que se tenga memoria. Incendios de pastizales que, además de la destrucción natural, provocaron un apagón en medio país. No, no es el comienzo de una novela futurista distópica. Es ahora, es acá. Época de colapso que en Argentina se invisibiliza, se rehúsa el debate y se profundiza aún más en un espiral sin fin.
Es inaceptable que todo esto no se lo vincule con el modelo de maldesarrollo imperante. Desmonte récord —solo en 2022 fueron 200 mil hectáreas de bosque nativo—, más la destrucción de humedales. El mapa de los incendios coincide mayoritariamente con las explotaciones forestales exóticas que crece destruyendo humedales y pastizales. Pero los medios solo hablaron del lado pintoresco de la ola de calor.
Y nos dicen que haciendo más de lo mismo vamos a salir de lo que nos trajo hasta acá.
Para dar vuelta todo hay que romper el “consenso extractivista” que coloca a América Latina en proveedor de Naturaleza para el norte global como si fuese un destino y no, como es, una decisión geopolítica mundial que nos pone colonialmente en este lugar.
Romper con los “consensos” requiere mucha determinación y convicción. Oponerse tiene un costo alto porque la ridiculización y la “cancelación” son las armas para mantener el statu quo. “¿Cómo vas a cuestionar a Vaca Muerta si nos va a salvar?” “¿Y la soja? Si somos líderes en el mundo.” Nadie puede discutir esto bajo pena de ser despreciado y atacado. Se califica de insensato e irrazonable a quienes cuestionan los modelos de maldesarrollo que nos trajeron a la actual crisis ecológica y económica. Instalan un nuevo escepticismo o ideología de la resignación que impone la idea de que no existen alternativas al modelo extractivista.
Lo cierto es que Argentina con fracking, agronegocio y megaminería tiene más de la mitad de los pibes bajo la línea de pobreza. No pareciera razonable que profundizando ese modelo vayamos a tener resultados distintos. No hay nada más insensato e irracional, máxime en el contexto actual, que consentir el seguir destruyendo bosques, humedales, ríos, glaciares, ecosistemas enteros para la ganancia de unas pocas corporaciones del Norte Global.
Colonialismo verde y ambientalismo extractivista
Con este contexto, un nuevo capítulo de saqueo y devastación ambiental se cierne sobre nuestra región. La “transición energética” se convierte en un nuevo altar para que, nuevamente, América Latina se convierta en una zona de sacrificio para que cada estadounidense tenga su automóvil/camioneta Tesla eléctrico o un europeo su BMW a baterías de litio.
Es que esta transición energética no es la nuestra. Es una de características corporativa, de mercado, que sólo tiene en cuenta las necesidades del Norte global sin importar las consecuencias en nuestras tierras. “Esta descarbonización para los ricos, un proceso orientado a la exportación impulsado por las grandes corporaciones, se asienta sobre una nueva fase de despojo ambiental del Sur Global que afecta la vida de millones de mujeres, hombres y niños”, dijimos desde el Pacto Ecosocial del Sur en el Manifiesto de los Pueblos del Sur por una Transición Energética Justa y Popular.
“Colonialismo verde” se ha denominado a esta nueva dinámica y preocupa la cerrazón e invisibilización de los enormes impactos locales que conlleva. Este tipo de transición corporativa aumenta la deuda ecológica del Norte sobre el Sur.
Europa realizó el listado global de los recursos estratégicos críticos. Los europeos consumen el 19 por ciento de los recursos naturales mundiales, pero en sus territorios extraen solo el tres por ciento. El colonialismo europeo requiere nuevamente a América Latina como zona de sacrificio. El norteamericano también, por ello la desesperación de la jefa del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, Laura Richardson, quien visitó el país dos veces sólo en los últimos meses.
Este “colonialismo verde” necesita la construcción de un nuevo “ambientalismo” que esté totalmente desconectado de los territorios, que sea indiferente de las consecuencias locales. Los medios se encargarán de poner a este novedoso “ambientalismo” como interlocutor para invisibilizar las voces de las luchas socioambientales territoriales. Los gobiernos harán su parte, dándoles lugar y mostrándolos en (falsos) diálogos para legitimar el nuevo avance sobre la naturaleza y las comunidades.
Este novedoso “ambientalismo”, a contramano de la totalidad del movimiento socioambiental de América Latina, no cuestionará el avance de la frontera hidrocarburífera sobre el Mar Argentino, ni el fracking en Vaca Muerta, ni el avance de la minería trasnacional de litio sobre las comunidades indígenas en el norte de nuestro país (incluso son defensores del nuevo trigo transgénico y la minería metalífera, con la excusa de los minerales para la transición).
No sólo no cuestionará a estas figuras extremas del extractivismo sino que las impulsará abiertamente en nombre del “desarrollo” (aunque con esto atrasen 30 años). Esto es realmente novedoso e inédito. Como si dentro del movimiento feminista apareciera una corriente que no apoye el aborto y esté en contra de la igualdad entre los hombres y las mujeres. En realidad no sería una corriente feminista.
Planificadas y costosas campañas publicitarias para influir en la opinión pública se realizan para disfrazar de soberanía nacional este nuevo ciclo de saqueo neocolonial. Se esconderán las transnacionales (de siempre) que están detrás y seguirán hablando de soberanía aún con casos extremos, como que una de las directoras de la petrolera Equinor (que hará explotación offshore en nuestro mar) es asesora del ilegal gobierno kelper en las Islas Malvinas. ¡Y tendrá a cargo el mapeo de los recursos hidrocarburíferos en el Mar Argentino!
Así, el objetivo es mantener intacto el modelo colonial extractivista sin discutir el modelo extractivista, solo importa la oportunidad de ser (nuevamente) proveedores de materias primas para la denominada transición (del Norte). Un proceso impulsado por las corporaciones y orientado a la exportación de commodities hacia las grandes potencias (Europa, China, Estados Unidos) que encuentra así legitimación interna.
Consenso extractivista, economía para la vida y justicia social
Salir de este modelo no solo es posible, sino que es un deber en América Latina donde los mapas de la pobreza coinciden con los mapas del saqueo y la degradación ambiental. No por casualidad es la región más desigual del planeta.
El modelo extractivista empobrece y desiguala. Siempre fue así en el Sur Global. Urge cambiar esta matriz. Son los modelos de maldesarrollo, que se imponen verticalmente sobre las poblaciones, los que mantienen a más de la mitad de los niños en la pobreza en nuestro país. Por ello, confrontar al extractivismo es luchar por la justicia social.
Para ello es fundamental que todo ecologista conozca y respete los territorios, su gente y comunidades. Es esencial esto porque no sólo te da conocimiento sino que, fundamentalmente, te ubica y contiene. No por casualidad es que el “ambientalismo extractivista”, sin territorio mas que las redes sociales, plantea desde la ciudad de Buenos Aires disparates como si fueran estadistas.
Como dijimos con Maristella Svampa, la salida a la crisis ecológica y climática es colectiva y no individual; que no es solo técnica, sino profundamente política.
Sin ser ingenuos, creemos que resulta prioritario transformar la ecoansiedad en ampliación de la imaginación política y ecológica. Convertir la distopía en utopía. El socio ambientalismo es una gran disputa de sentido, tenemos que revalorizar otras experiencias que existen y crear nuevos relatos alternativos a ese destino extractivista que nos imponen desde el Norte.
Como plantea el presidente colombiano Gustavo Petro, necesitamos una economía de (y para) la vida, no de la muerte y destrucción. Una economía que garantice acceso a la tierra y genere posibilidades de progreso a la población y no que la expulse y condene a malvivir en los cordones de las grandes ciudades.
Es momento de actuar, de poner un freno, no debemos seguir soportando pasivamente las consecuencias ambientales, sociales y económicas de un modelo que solo trae devastación, saqueo y exclusión.
A la Corte Suprema en la Causa por el Golfo San Matías
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) expresamos nuestro más enérgico repudio a la decisión tomada por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) en la causa por el Golfo San Matías. Nos solidarizamos con las asambleas y comunidades que resisten el embate de la industria petrolera y gasífera, y manifestamos nuestra convicción de continuar patrocinando legalmente esta causa hasta sus últimas instancias. Por eso interpusimos el 31 de mayo pasado un Recurso Extraordinario Federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación modifique la arbitraria y absurda decision del STJ de Rio Negro.
Como organización patrocinante, denunciamos que en el fallo el STJ de Rio Negro no analiza el reclamo de fondo: la inconstitucionalidad de la Ley 5.594 sancionada el 9 de agosto de 2022 por la Legislatura de Rio Negro en clara violacion al principio constitucional de progresividad y no regresión y al derecho de información y participación ciudadana, modificando la histórica Ley 3308 que prohibía la construcción de oleoductos y terminales de carga y descarga de combustibles fósiles en el área natural Golfo San Matias.
Lo único que hizo el STJ en su resolucion es negarle la participación en la causa a actores territoriales orgánicos y representativos de la voluntad popular a lo largo de la provincia, entre ellas las organizaciones que presentaron la accion legal: Fundación Inalafquen, Multisectorial Golfo San Matías; Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas, Fundación Greenpeace Argentina; Fundación Patagonia Natural; Asamblea por la Tierra y el Agua de las Grutas; Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata, Pastoral Social Diócesis de Bariloche, Pastoral Social Diócesis de Viedma; Pastoral Social Diócesis Alto Aalle, Radio Comunitaria La Korneta, Feria de Artesanos Victor Menjolou de las Grutas; Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Partido Socialista de Rio Negro y Asamblea Socioambiental de Cipolletti.
Esta y otras acciones del Poder Judicial local se encuentran alineadas con las políticas fosilistas y extractivistas del gobierno provincial y las empresas petroleras y gasíferas que operan históricamente en la región. Esto incluye la falta de transparencia y consulta ciudadana, lo que se encuentra en violación del Acuerdo de Escazú, ratíficado por nuestro país. También la suspensión de la Audiencia Pública organizada para esta causa, cuyas flagrantes irregularidades fueron denunciadas por las organizaciones ante la Fiscalía de Estado.
El rechazo de la causa niega la voz de las comunidades territoriales que resisten el avance de la infraestructura de Vaca Muerta. La cual necesariamente viola derechos humanos y ambientales para maximizar y lograr su rentabilidad macroeconómica. El modelo actual de avance del entramado petrolero avanza sobre falsas promesas de riqueza, que a 10 años de Vaca Muerta, se ha comprobado que no solo son falsas, sino que han fugado más divisas de las que han ingresado. Recientemente estuvimos presentes en las Grutas y pudimos una vez más comprobar la voz del Pueblo: ¡La Ley 3308 no se toca!
La causa por el golfo San Matías
El 9 de septiembre de 2022, la Legislatura de Río Negro aprobó la Ley N°5.594, que modifica la Ley N°3.308 previa, la cual brindaba una protección especial al Golfo San Matías debido a sus singulares características ecológicas, naturales y socioeconómicas, consideradas únicas a nivel mundial. Esto fue realizado de espaldas a la participación ciudadana y de organizaciones de la sociedad civil, a puertas cerradas y con velocidad nunca vista.
Forma parte del impulso al megaproyecto Vaca Muerta más allá de las fronteras de los yacimientos de la cuenca Neuquina. El mismo implica la construcción de grandes proyectos de infraestructura para su funcionamiento. El “Proyecto de Oleoducto Vaca Muerta Sur” de YPF pretende también instalar un gran puerto para la exportación de petróleo, que puede contaminar agua, tierra y suelo en el territorio rionegrino, como a su vez, afectar miles de puestos de trabajo en la pesca y el turismo de la zona.
Contacto de prensa AAdeAA/CAJE: Gonzalo Vergez +54 9 223 426-8927
Foto: Greenpeace
Deforestación ilegal de bosques de Palo Santo: argumentos hacia una condena
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentó argumentos jurídicos relevantes en el caso “Tierra Vasca” de deforestación ilegal de bosques de palo santo (EXPTE. N° 4121/201). La presentación se realizó después de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara un acuerdo de reparación integral propuesto por empresarios forestales, quienes están acusados de falsificar documentación pública para obtener permisos administrativos con el fin de exportar palo santo. Esto se llevaba a cabo en el marco de una actividad que el juzgado de primera instancia definió como “tala clandestina”.
Los desmontes ilegales de palo santo y otras especies protegidas son parte de la deforestación que la industria extractiva de la madera realiza en nuestro territorio. La deforestación ilegal es un problema significativo en el país. Según informes, entre 2015 y 2018, Argentina perdió alrededor de 1,3 millones de hectáreas de bosques nativos debido a la deforestación ilegal. La provincia de Salta, en el norte del país, ha sido una de las áreas más afectadas. Esta situación representa una urgencia ecológica y también social, ya que el avance ilegal de la industria conlleva violación de los derechos humanos y vulneración de las comunidades.
La causa se centra en los desmontes ilegales llevados a cabo en los bosques de palo santo y en el rechazo de un acuerdo de reparación por parte de la Corte de Casación. Es importante destacar que el entonces Secretario de Ambiente fue responsable de la empresa encargada de la tala de los bosques de palo santo y se encuentra también vinculado a esta causa. El avance de la industria extractiva de la tala no solo tiene consecuencias ambientales, sino que también afecta a las instituciones, a la democracia ambiental y a la seguridad jurídica de las zonas donde la industria está presente.
Desde la Asociación, se presentó el recurso jurídico llamado Amicus Curiae, una figura legal que permite a terceros ajenos al proceso judicial presentar argumentos y opiniones ante un tribunal en relación con un caso específico. Fue realizado para proporcionar al tribunal una serie de argumentos jurídicos relacionados con el derecho constitucional, internacional, nacional y local que son relevantes para la resolución del caso. Se realizó especial énfasis en aquellos elementos jurídicos considerados trascendentales para su consideración y que son de vital importancia en este asunto, en el que se decide sobre una cuestión de relevancia colectiva que se relaciona directamente con la Justicia Ambiental, los Derechos de la Naturaleza y la protección de nuestros ecosistemas en un contexto de crisis ecológica.
Tomar medidas en contra de la deforestación ilegal es fundamental para proteger nuestro planeta y garantizar el respeto de los derechos humanos. En un contexto de crecientes sequías y crisis climática, es necesario que las instituciones también se sumen a la lucha contra la deforestación en nuestro país.
Avanza la investigación penal por los basureros petroleros de Vaca Muerta
La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, en conjunto con la Asamblea Por los Derechos Humanos de Neuquén, fue admitida como querellante de la investigación penal en curso en los basureros petroleros de Vaca Muerta. La misma pesa sobre COMARSA, las corporaciones petroleras que operan en Vaca Muerta y los funcionarios públicos del estado provincial. La solicitud de querella fue aceptada por la Fiscalía especializada en Delitos Ambientales del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén.
Se investiga la posible comisión del delito de contaminación peligrosa para la salud y el ambiente por parte de la empresa Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A. (COMARSA), así como la posible responsabilidad de los funcionarios públicos encargados de supervisar dicha actividad. La Fiscalía consideró que este delito protege dos bienes jurídicos fundamentales: el ambiente y la salud, los cuales están estrechamente relacionados. Además, destacó la legitimación amplia en materia ambiental, respaldada por la Constitución Nacional y Provincial, reconociendo el papel activo de las organizaciones de la sociedad civil en la defensa del ambiente y el acceso a la justicia en temas ambientales como un derecho humano reconocido internacionalmente.
En la causa existe documentación oficial, informes y testimonios en donde, por una parte, se exponen abiertamente una serie de irregularidades en el accionar de COMARSA, en cuanto al tratamiento de los residuos petroleros; y, por otra parte, el conocimiento de estos incumplimientos reiterados por parte de las autoridades públicas competentes.
Dentro de voluminoso legajo de la investigación penal, se destacan más de 1180 fojas que contienen las actas de las inspecciones realizadas a Comarsa por funcionarios estatales entre 2013 y 2021. También se encuentra el historial de las infracciones constatadas por la autoridad de aplicación, los registros del programa de trazabilidad de residuos (incorporados en 2017), estudios de emisiones de gases de hornos pirolíticos y manifiestos de la cadena de custodia. Se ha comprobado que la cantidad de residuos peligrosos que genera el fracking hace que su correcto tratamiento sea imposible.
Esta nueva información ratifica la la entidad, gravedad y cantidad de conductas irregulares detalladas cometidas por la empresa COMARSA. La misma se apropió ilegalmente de tierras fiscales para depositar en ellas residuos peligrosos provenientes de hidrocarburos no convencionales. También son evidentes las reiteradas declaraciones falaces sobre el volumen de los residuos acopiados y el acopio de basura por sobre las capacidades de tratamiento. La violación a las suspensiones por mal funcionamiento de hornos son de especial gravedad, ya que ponen en peligro a la población con emisiones de dioxinas y material particulado.
La denuncia penal presentada en diciembre de 2020
Desde diciembre de 2020 que la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas expone el escandaloso negocio millonario de los basureros petroleros en Vaca Muerta. Denunció penalmente a la empresa COMARSA por acumular residuos peligrosos en sus plantas de Neuquén y Añelo. También a las compañías petroleras YPF, Shell, Chevron, Tecpetrol (entre otras) por producir esos residuos en el marco de las perforaciones de fracking. Por último, a los funcionarios públicos del gobierno provincial de Neuquén, responsables por la omisión de los controles correspondientes.