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YPF en riesgo, derecho a la energía, frío polar

por Alejo di Risio para Revista Anfibia

Esta semana, mientras Argentina se convertía en el segundo lugar más frío del mundo, casi medio país se quedó sin gas, y hubo muchas ciudades aisladas y paralizadas. ¿Cuánto tiene que ver la ola polar y cuánto las políticas energéticas alrededor de Vaca Muerta? Eso no fue todo: mientras tanto, se conoció un fallo de la justicia estadounidense que pretende que el Estado entregue el 51% de YPF, es decir los bienes de nuestra naturaleza y su gestión. Pone en peligro, además, la estrategia de YPF de Milei. Y hace que el derecho a la energía gane el centro del debate.

Para pasear en Mar del Plata en invierno siempre hay que respirar hondo. Pero estas vacaciones de julio no hay abrigo que alcance: llegó a amanecer con casi diez grados bajo cero. Por falta de gas se suspendieron las clases, y hasta cortaron la luz en el shopping del centro y en los restaurantes. Cayó nieve en Atacama, en las sierras cordobesas, hasta en Los Polvorines. Los vecinos de Lugano salieron a las calles para denunciar que llevaban más de una semana sin agua, y encima les habían interrumpido el servicio de luz: “Pagamos tarifas cada vez más caras, ¡y nadie nos explica nada!”. Los pediatras del Garrahan levantaron cartelitos pidiendo a las familias refuerzos de mantas y frazadas “ya que el servicio no cuenta con suficientes”. En Trevelin prohibieron usar el agua corriente para evitar que se congelen los tanques, y por el hielo de los caminos rurales los camiones que transportan leña no pudieron entrar a los pueblos. Muchas industrias pararon. 

En esta semana que termina, Argentina fue el segundo país más frío del mundo. Y gran parte del territorio, estuvo sin acceso al gas. ¿Culpa de la ola de frío o de las políticas energéticas? Spoiler: de ambas.

A CABA no le tocó lo peor de este fenómeno extremo, pero igual registró temperaturas mínimas de –1,9 °C, la más baja desde 1991. Ayer, 3 de julio, el consumo residencial de gas llegó a su record histórico 100,3 millones de m³/día, aún mayor que el último pico de consumo, 96 millones m³ del año pasado. Las distribuidoras activaron medidas de emergencia: interrumpieron el servicio a industrias, estaciones de GNC (incluidas con contrato firme) y se redujeron exportaciones a Chile. En La Plata, la baja presión con la que llegaba el gas fue acompañada por cortes de luz y paralización en la distribución de GNC, lo que paralizó el transporte urbano. En Mar del Plata la activación de un “Protocolo de Crisis” también interrumpió actividades con alto consumo de gas, como piletas climatizadas. 

Si bien es normal que la demanda residencial de gas se quintuplique en invierno, este año hubo un récord. Pero uno que el Servicio Meteorológico Nacional ya había advertido. Y a pesar del poco tiempo de aviso del SMN, ¿es posible hablar de imprevisibilidad si en un contexto de crisis climática sabemos que cada año será récord? La demanda residencial picó en 100 millones de m³/día; es un 25 % por encima de niveles habituales, pero apenas superior a los 96 millones de m³/día que había alcanzado el año pasado. Las fallas técnicas debidas al frío extremo, que congeló equipos y tuberías, y la presión sobre la infraestructura de transporte generó múltiples problemas. Por un lado, una caída de presión que activó mecanismos de protección, cerrando el circuito que alimentaba algunas zonas. Por otro lado, las usinas térmicas que dependen del gas operaron por debajo de su capacidad, lo que generó cortes eléctricos a más de 100.000 usuarios sin luz en AMBA. Las estufas se apagaron, incluso en los hogares que pagan más caro (contratos priorizados) para que esto no pase. 

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En esta semana, en la que en el sur casi no hablábamos de otra cosa que del frío, la estadounidense Loretta Preska podía andar de camisa. Desde los casi 30ºC que rodeaban su oficina de Nueva York tomó una decisión que algunos diarios titularon “una pesadilla para la Argentina”. Sentenció que en dos semanas nuestro país debería entregar el 51 % de YPF para saldar parte de una deuda megamillonaria (USD 16.1 mil millones) con los fondos buitre Burford Capital.

Las primeras declaraciones del oficialismo apuntaron a que el fallo se apelará. Pero los primeros descargos del presidente Javier Milei dirigieron la culpa al gobernador Axel Kiciloff, y como consecuencia se fortaleció la posición de la justicia estadounidense. Las declaraciones presidenciales pueden ser usadas como evidencia en el proceso legal.  Si nuestro país acata el fallo y entrega el 51% de YPF, las consecuencias pueden ser nefastas para la estabilidad del sistema energético nacional. A pesar de que los ultralibertarios se jactan de ser anti-Estado, saben que la principal herramienta para asegurar el suministro -tanto de energía como de balanza comercial- es YPF. Si Argentina pierde el control de su principal empresa estatal, podría pulverizar la capacidad de definir una política energética en un sector fuertemente controlado por enormes jugadores en términos de poder. 

Las acciones de YPF están protegidas por la Ley de Expropiaciones que el Congreso argentino ratificó y que la Constitución Argentina permite: avanzar en activos estratégicos. No hay antecedentes en el mundo de que se haya avanzado sobre un patrimonio de otro país de esta manera. El caso no tiene precedentes, puede sentar jurisprudencia a nivel global y por eso otros países se presentaron a favor de la posición argentina. Como así lo hizo el Departamento de Justicia estadounidense, durante el gobierno de Biden, dos veces. 

El Presidente Milei apelará, argumentando un impacto negativo en el ingreso de divisas. Esto le llevaría respiro al establishment energético local: Paolo Rocca, Marcelo Mindlin, Miguel Gallucio y los Bulgheroni, entre otros. Sus empresas privadas dependen fundamentalmente del Estado, a través de subsidios o de sociedades con la petrolera nacional. Al cierre de esta nota, ninguno de ellos había hecho declaraciones públicas para apoyar la soberanía nacional sobre YPF. 

El fallo de Preska pretende quedarse con nuestros bienes naturales y su gestión, y pone en peligro la estrategia de la YPF de Milei. La petrolera estatal es la principal operadora en Vaca Muerta, donde se produce el gas que puede salvar vidas cada invierno y durante olas de frío como esta. La pérdida de control de YPF clausuraría definitivamente cualquier atisbo de planificación energética argentina, tanto actual como futura. 


En el escenario actual a nivel global, la crisis climática avanza tanto como los discursos negacionistas en torno a su origen en la actividad humana. Sin embargo, hasta la Agencia Internacional de Energía diagnostica que el pico de demanda de petróleo y gas será para 2030. La extrema derecha, tanto en Argentina como en el resto del mundo, combate la certeza científica para demorar la acción climática. Esto aparece, incluso, en el recientemente revelado Plan de Inteligencia Nacional de la SIDE. Entre sus objetivos, monitorear a personas y organizaciones que intenten frenar los combustibles fósiles o acelerar la transición energética. Esta vaga definición podría incluir no sólo a periodistas, activistas o académicos sino también a empresas privadas que se dediquen al sector de energías renovables, como la subsidiaria  YPF Luz. 

Las empresas estatales energéticas tienen un rol clave en diseñar y moldear cómo nos vinculamos socialmente con la energía, en la actualidad y en el panorama futuro. YPF, como empresa estatal, tiene un potencial único para ser parte de las respuestas que nuestro país necesita, pero es necesario asegurar que sirva al interés público y pueda gestionar su vínculo con el territorio de manera responsable y segura. Su capacidad no es solamente definir políticas sectoriales, sino también articular con el resto de organismos estatales, incluidas las empresas energéticas provinciales. De dirigir, desde su rol como empresa estatal líder, un verdadero proceso de transición y transformación a la altura del contexto actual.

Muchos de estos organismos estatales hoy están bajo ataque . Tienen la capacidad de proyectar el rumbo del país en sectores fundamentales para garantizar la vida como el agua, el aire o los alimentos. Una transformación a la altura del contexto no implica solamente dejar atrás los combustibles fósiles, sino que es mucho más amplio, implica rediseñar la mirada energética integral con una perspectiva ecosocial.

Esto implica el compromiso con un descenso planificado y seguro de nuestra dependencia de los combustibles fósiles.  Implica, también, diseñar una transición segura, con una agenda basada en evidencia científica antes que en los compromisos con accionistas. Que la reinversión pública permita planificar e implementar una infraestructura que facilite el acceso a energías limpia,  seguras y accesibles para la población. Para que esto suceda, los activos nacionales energéticos no pueden seguir siendo instrumentos de apuesta constante, comportamiento usual del volátil mercado petrolero y gasífero. 

Por otro lado, desde YPF se podría avanzar enormemente en la descentralización geográfica del suministro, la producción y el consumo energético. La energía como vector de la federalización se encuentra inscripta en la identidad histórica de la empresa. También podría promover la desconcentración del sector, en términos de poder, para que el sector no sea controlado por grandes actores extranjeros, de cuya inversión nos volvemos dependientes, sino por un entramado de actores locales y regionales, que sí tengan los intereses territoriales en mente. La expansión desde YPF Luz podría impulsar los proyectos de generación distribuida de energía, donde cooperativas o PyMes puedan generar la electricidad que consumen, y hasta obtener rédito vendiendo el excedente a la red. No se trata sólo de tener un sistema que dependa de las grandes centrales sino que estructure materialmente una distribución de los beneficios que la energía otorga y permite. 


Esta ola polar demuestra que pensar la energía como una mercancía es un error desde una perspectiva social. El sector energético opera históricamente bajo la lógica de inversión mínima en interés público. Hace décadas que las petroleras se dedican sistemáticamente a sembrar duda sobre la crisis climática que hoy profundiza esta ola polar que quiebra récords. Existen todavía enormes deudas por saldar, no sólo políticas, sino ambientales y sociales. Los pozos abandonados sin remediación, la impunidad de los derrames petroleros o deudas como la de Shell con el municipio bonaerense de Magdalena: el derrame de petróleo en agua dulce más grande de la historia sigue impune, y la deuda de $20 millones de dólares, insignificante para Shell, sigue sin haber sido abonada a los bonaerenses.

La política energética nacional sigue orientada a la generación de divisas antes que al bienestar social. La apuesta actual del sector es a la exportación. Esta misma semana el Ministro de Economía prometió ductos exportadores al Mercosur. El Ministro de Desregulación (sic) permitió la exportación sin límite de las mismas garrafas de gas que no llegan a hogares y escuelas. Y desde el comienzo de la gestión que avanza el inseguro proyecto de puerto exportador del Golfo San Matías. El gobierno, desprovisto de todo sentido de la ética, apuesta nuevamente a la crueldad, esta vez con la energía como vector. 

Cuando los climas extremos se intensifiquen, como lo harán cada año, las redes de abastecimiento volverán a colapsar y a entrar en estado de emergencia social y sanitaria. La punta del iceberg son los casos más extremos con víctimas fatales. En este invierno, en Argentina ya murieron diez personas por hipotermia y por intoxicación con monóxido de carbono. Imposible  cuantificar el sufrimiento que ocasionan estas bajas temperaturas en una población que no tiene cómo refugiarse del frío.

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La física define a la energía como la capacidad de producir un cambio. Entenderla como un derecho implica pensar en el derecho a producir esos cambios no solo sobre nuestra realidad material sino también en el mundo que nos rodea. El derecho a la energía implica imaginar y proyectar un país en el cual ninguna persona tenga que sacrificar su salud para no pasar frío. Que no haya shoppings iluminados y piletas calefaccionadas mientras personas sufren el frío de manera profunda. En ese contexto el precio de la garrafa (o la falta de límite para su exportación) se convierten en decisiones profundamente éticas. 

Argentina se enfrenta a un invierno potenciado por variables estructurales y coyunturales. La ola polar expone un sistema frágil, con infraestructura insuficiente y debilidad institucional en proveedoras clave como YPF. Si los Estados no refuerzan el sistema energético, y comienzan a fortalecer el entramado del sistema energético ante las adversidades del contexto global, corremos el riesgo de que la energía se convierta en un vector de desigualdad, en vez de uno que potencie las vidas. Una salida exige visión estratégica, evidencia científica e inversión pública-privada responsable con los territorios la vida y la salud. Es posible integrar la seguridad energética con la justicia socioambiental, pero esto requiere una mayor democratización de las decisiones sobre la energía.

En simultáneo, existe un enorme potencial en estos momentos de crisis para revalorizar lo local y cercano. Las más de 600 cooperativas que llevan electricidad a los hogares en Argentina, o las incipientes comunidades energéticas son modelos de gestión de nuestra energía que permiten controlar mejor el sistema, decidir sobre nuestras propias vidas. En un contexto de crisis climática, en el cual los cambios bruscos de temperatura y la amplitud térmica sólo aumentarán, la decisión sobre la energía es también la decisión sobre la salud.

La prioridad de un sistema energético debe ser transportar y distribuir energía con una misión principal: mejorar la calidad de vida de las personas. Esto no significa negar al mercado ni a los actores privados sino avanzar hacia sistemas mixtos, con fuerte participación estatal, para garantizar el acceso al bienestar. El enfoque exclusivamente mercantilista falla cada vez más. Si bien se habla mucho de los activos estratégicos, suele quedar al margen del debate que toda estrategia tiene una ética implícita. La gestión de los bienes naturales es siempre estratégica. Ya que los beneficios que permiten son capaces de permitir la vida, no sólo en términos de supervivencia, sino de producir un cambio en su calidad. Las olas polares no deciden quién las sufre y quien no, pero hoy existe una élite de empresarios, que sí tiene ese poder. Y el desafío es trabajar para un futuro en el cual nadie tenga que padecerlas. 

La Justicia neuquina amplía la investigación en el caso Comarsa

La Justicia neuquina amplía la investigación en el caso Comarsa: se profundiza en la cadena de contaminación y fraude

Neuquén, 17 de febrero de 2025 – Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial celebramos la decisión de a Sala 6 del Poder Judicial de la provincia de Neuquén que decidió aceptar nuestra solicitud y extender por seis meses la investigación contra Comarsa S.A., la empresa responsable de la acumulación y traslado ilegal de residuos petroleros. 

Esta medida responde a la necesidad de esclarecer la responsabilidad de todas las empresas involucradas en el fraude y la contaminación denunciados. El juez Gustavo Ravizzoli ordenó la ampliación de la investigación y la solicitud de información al gobierno provincial, Comarsa, YPF y otras compañías que enviaron residuos a la tratadora.

La justicia aceptó la reformulación de cargos, reafirmando que se trata de un caso de contaminación peligrosa y fraude. Se mantendrá la calificación de “causa compleja” y se extendió el plazo de investigación por seis meses más. Además, se confirmó la continuidad de los embargos preventivos sobre la empresa para garantizar recursos en caso de una eventual condena y reparación del daño ambiental.

Desde 2013, Comarsa ha acumulado 300.000 metros cúbicos de residuos peligrosos en terrenos que no le fueron habilitados, incluyendo espacios públicos. La empresa recibió material contaminante de la industria petrolera, lo trató deficientemente y lo depositó de manera ilegal en el Distrito 6 de Neuquén. Durante años, las autoridades provinciales y municipales permitieron este accionar, avalando una práctica que pone en riesgo la salud de la población y el equilibrio ecológico de la región.

El traslado de residuos iniciado en diciembre de 2024 hacia la localidad de Añelo genera nuevas sospechas. La fiscalía y las querellas exigen conocer en detalle dónde están depositando los contaminantes y qué tipo de tratamiento se les está dando. Sin embargo, hasta el momento, solo hay información fragmentaria obtenida de comunicados oficiales sin verificación independiente.

El fiscal jefe Maximiliano Breide amplió la acusación, imputando a los dueños y gerentes de Comarsa por contaminación peligrosa para la salud pública y defraudación. La investigación contable reveló ocultamiento del pasivo ambiental, falsificación de balances y omisión deliberada de información a YPF y otras empresas contratantes. Se encontraron registros en cuadernos personales del dueño de Comarsa, que detallan una operatoria paralela para encubrir la situación real de la empresa.

A pesar de la evidencia, la defensa intentó sin éxito frenar la investigación. Los abogados de los acusados minimizaron el daño, incluso comparándolo con “las deposiciones de un perro en la vía pública”. Pero como demostró la fiscalía,  Comarsa contaminó suelos de manera ilegal, operando sin habilitación y ocupando terrenos de la municipalidad de forma clandestina.

El juez Gustavo Ravizzoli definirá si la investigación se extiende a nuevas empresas involucradas en la cadena de contaminación y fraude. La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas exige que se garantice el derecho a la información pública y que se detenga la impunidad de los responsables.

La crisis climática y ecológica no es solo consecuencia de decisiones políticas fallidas, sino de un modelo que sacrifica territorios y comunidades en favor de la rentabilidad petrolero-gasífera. La crisis de residuos provocada por la explotación hidrocarburífera del megaproyecto Vaca Muerta es una advertencia ineludible. La contaminación en Neuquén es un eslabón más de este esquema de saqueo y expoliación. Seguiremos impulsando que la justicia actúe con independencia y que los responsables paguen por los daños causados. Urge avanzar en una transición ecosocial justa y popular, que promueva un modelo energético descentralizado, democrático y basado en fuentes limpias, que garantice acceso universal a la energía y respete los territorios y comunidades. 

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas – Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Península Valdés y Golfo San Matías

Península Valdés y Golfo San Matías: organizaciones reclaman audiencia pública por el puerto petrolero 

Un colectivo que agrupa a cámaras empresariales, organizaciones territoriales y ambientales solicitaron una medida cautelar para garantizar la participación de la ciudadanía de Chubut en el debate por la realización del proyecto Vaca Muerta Oil Sur.

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur contempla la realización de un ducto que transportará hidrocarburos desde Vaca Muerta atravesando toda la provincia de Río Negro y parte de Neuquén y finalizará en un puerto de carga con dos monoboyas en el Golfo San Matías, en Río Negro.

Cámaras empresariales, organizaciones territoriales y ambientales se presentaron en el Juzgado Federal de Viedma, provincia de Rio Negro, solicitando una medida cautelar que garantice la participación social de las ciudadanas y ciudadanos de Chubut, a partir de la celebración de una nueva audiencia pública en la que puedan expresarse respecto de los impactos ambientales del mencionado proyecto.

“La biodiversidad no entiende de fronteras y quienes trabajan por su conservación al igual que los colectivos sociales y comunidades potencialmente afectadas tienen derecho a participar, expresarse y ser escuchados”, dijo Roxana Schteinbarg, del Instituto de Conservación de Ballenas.

La planificación del oleoducto con las monoboyas en el Golfo San Matías fue posible debido a  la modificación de la Ley 3308 que lo protegía. La reforma, a cargo de la Legislatura de Río Negro, fue realizada de manera inconsulta y vulnerando los principios de no regresión y de progresividad en las condiciones de protección ambiental incluídos en la normativa ambiental vigente, como la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. La ley reformada otorgaba explícitamente protección a las aguas jurisdiccionales de los impactos que produce la actividad petrolera, como la contaminación por hidrocarburos. 

En julio de 2023, las autoridades provinciales convocaron a una audiencia pública presencial para el 17 de agosto, en la ciudad de Sierra Grande, donde solamente podían participar residentes de Río Negro que se desplazasen hasta alli. Esto suscitó una fuerte oposición por parte del movimiento socio-ambiental vecinal y de las comunidades de pueblos originarios de la zona, no sólo a raíz de las restricciones y obstáculos que debieron enfrentar en el acceso a la audiencia, sino también por la documentación presentada por YPF en torno al Estudio de Impacto Ambiental, las cuales viciaron el proceso democrático. 

“Restringir la participación a una pequeña porción de la población donde este proyecto tiene incumbencia, es una afrenta a los principios democráticos que nos rigen como Nación. El Golfo San Matías, la Península Valdés y el mar Argentino son patrimonio de la humanidad y las decisiones que afecten este patrimonio no pueden tomarse a puertas cerradas”, dijo Fabricio Di Giacomo, de Las Grutas.

“El retroceso en la protección del Golfo San Matías es inconstitucional y el oleoducto atenta contra la biodiversidad de Península Valdés, sitio de patrimonio de la humanidad que atrae el turismo en la provincia de Chubut, una actividad fundamental para dinamizar la economía de nuestras comunidades que desde hace 22 años le decimos no a la megaminería, no al extractivismo y sí al turismo, al agua y la vida”, agregó Cristina Aguero, de “Asamblea Esquel No a La Mina”.

Entre los demandantes, se incluyen: la Cámara de Turismo y Servicios dept Península de Valdés; la Asociación Argentina de Guías Balleneros; Península Valdés Orca Research; la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas; la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn; la Fundación Patagonia Natural; la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de la Península de Valdés; la Asociación de Guías Profesionales de Turismo del Chubut; la Asamblea No A La Mina de Esquel; la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB); la Fundación Inalafquen y Surfrider Argentina.

Paso clave en la defensa del Mar Argentino y la costa bonaerense: la Justicia rechazó el pedido de Equinor para cerrar la causa

En una resolución contundente, el Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata rechazó el pedido de la empresa petrolera Equinor, que buscaba cerrar la causa por la exploración y futura explotación de hidrocarburos en la costa bonaerense, y además, la condenó en costas por los gastos del pedido. Este fallo se convierte en un hito para la defensa del Mar Argentino y protección de las costas, confirmando los argumentos presentados por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y las organizaciones que impulsamos la causa. La misma fue iniciada en 2022 como respuesta a múltiples amparos que cuestionan la exploración sísmica y la explotación de petróleo y gas frente a las costas de todo el territorio argentino. 

Equinor, a través de una solicitud de “abstracción”, intentó alegar que, dado que las actividades de exploración sísmica habían concluido, lo que impulsaba el proceso ya estaba terminado. Sin embargo, el juez Santiago Martín determinó que los permisos de exploración aún siguen vigentes, lo que habilita a la empresa a retomar las actividades en cualquier momento dentro del plazo estipulado. Además, se reafirmó que los amparos también incluyen cuestionamientos sobre la futura explotación, lo que mantiene la causa activa.

El fallo del juez Martín se basó en dos aspectos principales. En primer lugar, la causa no solo se refiere a la etapa de exploración, sino también a la posible explotación, que está legalmente conectada con la primera. Según el propio pliego de bases y condiciones, las empresas que descubran yacimientos pueden obtener concesiones de explotación, lo que podría tener graves consecuencias a nivel ambiental y social.

En segundo lugar, el juez subrayó que no hay elementos que confirmen que las actividades de exploración se hayan terminado de manera definitiva, ya que Equinor no ha formalizado ante la Secretaría de Energía su decisión de detenerlas o revertir las áreas concesionadas al Estado. Esto implica que la empresa aún puede reanudar las tareas de exploración.

Además del rechazo de su pedido, Equinor fue condenada a pagar las costas de este pedido. Esta condena refleja la fragilidad de los argumentos presentados por la empresa y representa una victoria significativa para las organizaciones que luchan por la defensa del ambiente y la soberanía costera. Al intentar cerrar el caso de manera prematura, Equinor no solo hizo un planteo jurídicamente débil, sino que también subestimó la seriedad del proceso judicial en curso.

Este fallo no cierra la puerta a futuras instancias judiciales, ya que el caso continuará bajo un proceso ordinario, lo que permitirá un análisis más profundo y detallado de los posibles impactos de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. En este contexto, desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas seguiremos trabajando para garantizar que se respeten los derechos ambientales y sociales de las comunidades costeras y que se impida cualquier tipo de actividad que ponga en riesgo la biodiversidad marina y los medios de vida de los habitantes de la región.

Equipo Transiciones en Rosario

Lanzamiento del Equipo Transiciones en Rosario: por una transición ecosocial justa

El pasado lunes 30 de septiembre tuvo lugar en la ciudad de Rosario el lanzamiento del Equipo Transiciones, un espacio de articulación política conformado por diversas organizaciones y equipos de trabajo de Argentina. El objetivo central de este encuentro fue generar un diálogo y un compromiso colectivo para prefigurar horizontes y alternativas comunes hacia una transición ecosocial en el país.

Durante la jornada, referentes del ámbito académico y del activismo compartieron sus perspectivas sobre la necesidad de repensar las estructuras políticas, económicas y sociales para enfrentar los desafíos actuales y futuros.

Maristella Svampa, del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur y CAJE-AAdeAA, destacó que: «Un estado ecosocial debe tener en la base una sociedad de los cuidados, incorporar los riesgos globales y locales, reorganizar las instituciones en función de una sociedad al servicio de la vida, y promover la democratización política en base a un horizonte de justicia social y ambiental.»

Por su parte, Corina Rodríguez Enríquez, investigadora de CONICET/CIEPP, subrayó la importancia de transformar los sistemas de cuidado: «La forma actual de resolución de las necesidades de cuidados hoy es en el ámbito doméstico de trabajo no remunerado, principalmente de mujeres e identidades feminizadas. La provisión pública de cuidados es acotada e insuficiente, y la tendencia es a la privatización y mercantilización del cuidado.»

Desde la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Guillermo Peinado, del GEEAS y ASAUEE, reflexionó sobre las dinámicas de dependencia económica: «Los países periféricos estamos subsidiando la acumulación de los países centrales. Somos acreedores ecológicos, lo que nos permite reubicarnos en la geopolítica planetaria.»

Asimismo, Melisa Argento (CONICET UNR, CAJE, GyBC) abordó la problemática del litio en Argentina: «El litio se engarza en las dinámicas de endeudamiento y fuga de Argentina, es el ejemplo perfecto del mandato exportador.»

En el marco del debate sobre la transición energética, Pablo Bertinat, del Taller Ecologista y el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, señaló: «No hay una mirada única de la transición energética, hay tantas miradas como intereses. La transformación de la matriz energética es condición necesaria pero no suficiente, ya que el sistema energético hoy es fósil, pero también profundamente desigual, mercantilizado y concentrado. La energía es una herramienta de redistribución de riqueza.»

Finalmente, Damián Verzeñassi, de INSSA UNR, enfatizó la necesidad de repensar el sistema de salud en este contexto: «Precisamos pensar un sistema de salud que no sea un mero sistema de atención de enfermedades, sino un sistema de cuidados en el marco de un estado ecosocial que cuide la vida de las sociedades presentes y futuras. Hoy la posibilidad de habitabilidad de los territorios está en serio riesgo, y se expresa en una nueva geopolítica de la enfermedad que define territorios en sacrificio.»

El evento fue coordinado por Jorgelina Hiba.

La transmisión en vivo del encuentro está disponible en el canal de YouTube de Salud Socioambiental.

Fotos: Julia OubiÑa
Transmisión en vivo: Salud Socioambiental

Equipo Transiciones

 ⚡ El Equipo Transiciones presenta sus propuestas de salida a la crisis en Rosario 

El Equipo Transiciones convoca este próximo lunes 30 de septiembre a un encuentro estratégico para la construcción de agendas orientadas a una transición ecosocial justa en Argentina. La cita es el lunes a las 18:30 hs en la Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Ciencias Económicas y Estadística (Oroño 1261). El Equipo Transiciones es una coalición diversa de organizaciones, colectivos y equipos de investigación que han decidido articular sus esfuerzos para trazar horizontes comunes frente a las múltiples crisis que afectan a nuestro país. A partir de un diagnóstico conjunto, el equipo identifica la necesidad urgente de abordar las desigualdades sociales, ambientales, de género y raciales para construir alternativas que integren la justicia social con la justicia ambiental.

Este equipo se presenta como un espacio de elaboración colectiva y radical que tiene como objetivo proponer salidas y nuevas institucionalidades en materia socioeconómica, energética y ambiental.  Una respuesta a un contexto de retroceso en materia de derechos y políticas públicas, exacerbado por la combinación de factores internos y un contexto geopolítico adverso.

El evento convoca a actores sociales, políticos y académicos a la construcción conjunta en torno a una agenda ecosocial integral, que considere tanto la crisis climática como la urgencia de mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población. Contará con la participación de las personas referentes en las distintas áreas de trabajo 

  • Maristella Svampa (Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial)
  • Corina Rodríguez Enriquez (CONICET/CIEPP)
  • Guillermo Peinado (UNR, GEEAS, ASAUEE)
  • Pablo Bertinat (Taller Ecologista, Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur)
  • Melisa Argento (CONICET UNR, CAJE, GyBC)
  • Damián Verzeñassi (INSSA UNR)
  • Coordinación: Jorgelina Hiba

En un país donde la crisis multidimensional profundiza las brechas sociales y ambientales, este evento ofrece una oportunidad para construir propuestas de salida hacia un futuro ecosocial a partir de diagnósticos y propuestas concretas. No es posible abordar la crisis ambiental sin enfrentar al mismo tiempo las desigualdades estructurales que afectan a los sectores más vulnerables. Así, la transición ecosocial debe ser también una transición justa popular, capaz de integrar agendas intersectoriales

Este momento histórico demanda una respuesta articulada y colectiva. La coyuntura nacional está marcada por el avance nacional de políticas regresivas que, además de ser autoritarias y excluyentes, profundizan la desigualdad estructural. En este sentido, la convocatoria subraya la necesidad de promover más diálogos intersectoriales que permitan construir políticas públicas orientadas a la justicia social y ambiental. Esto implica repensar también los modelos de producción y consumo, con un enfoque en los cuidados, la energía, la discusión alrededor de la deuda ecológica-financiera, el cuidado de los bienes comunes y la salud.

Las organizaciones y redes que componen el Equipo Transiciones incluyen: Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur (capítulo argentino), Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, Grupo de estudios en Geopolítica y Bienes Comunes (GyBC), Taller Ecologista, Trama Tierra, Observatorio Petrolero Sur (OPSur), Instituto de Salud Socioambiental (INSSA), Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CeDInCI), Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP), Fundación Rosa Luxemburgo (FRL-Cono Sur), Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE), Grupo de Investigación sobre Economía Ambiente y Sociedad (GEEAS), entre otros actores especializados y comprometidos con la construcción de alternativas ecosociales.

El Equipo Transiciones no es un espacio de diagnóstico pasivo, sino un lugar de acción colectiva. A través de propuestas específicas y bien fundamentadas, el equipo se propone sentar las bases de una nueva institucionalidad política que pueda enfrentar de manera efectiva las crisis entrelazadas de carácter socioeconómico, ambiental y energético. 

La invitación es a sumarse a esta construcción de alternativas ecosociales que pongan en el centro la justicia social y ambiental.

Contactos de prensa 

Melisa Argento, 341 5994819

Pablo Bertinat, 341 5429278

Guillermo Peinado, 341 2166759

Damián Verzeñassi, 341 3548550

centrales hidroeléctricas

El Gobierno abre el proceso de venta de centrales hidroeléctricas

por Alejo di Risio para elDiarioAr

El Gobierno Nacional, a través del  Decreto 718/2024, avanzó con decisiones sobre las concesiones de las centrales hidroeléctricas del Comahue. Trece días antes de su vencimiento, otorgó una nueva prórroga a las concesiones existentes para las centrales de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. En ese mismo decreto, se llama a concurso público para avanzar en la privatización de hecho a cargo de la Secretaría de Energía, que tiene 180 días para llamar a concurso público nacional e internacional y vender la mayoría de las acciones de las centrales.

En un contexto en el cual la energía y el agua han sido focos de conflicto en la estabilidad macroeconómica nacional, la reciente decisión del gobierno de prorrogar las concesiones de las represas hidroeléctricas del Comahue plantea serias preocupaciones. La retórica privatizadora avanza sobre los proyectos de infraestructura, específicamente sobre los que venían más vulnerables: aquellos que se mantenían en un limbo legal de concesiones y parches regulatorios. Entre ellos están los contratos de concesión de las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila actualmente en manos de empresas privadas como AES (Alicurá), ENEL Generación (El Chocón Arroyito), Orazul Energy (Cerros Colorados) y Central Puerto (Piedra del Águila).

Las represas hidroeléctricas han sido una parte integral del sistema energético argentino, representando aproximadamente el 20% de la generación total de energía eléctrica. Su construcción fue realizada por el Estado nacional a partir de los años ‘60, con una inversión de alrededor de U$S 20 mil millones. Si bien se contó con préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, estas represas también fueron financiadas gracias a los fondos específicos pagados por los usuarios de todo el país. Debido a la enorme inversión los períodos de amortización se calculan alrededor de 30 años, incluso con una rentabilidad anual de entre U$S350 y U$S400 millones. Si bien varía de central a central y depende de la inversión en mantenimiento, una vida útil de más de 60 años otorga enorme cantidad de divisas a largo plazo. 

Sin embargo, se calcula que al privatizarse Hidronor S.A. y las 19 represas hidroeléctricas el Estado recuperó aproximadamente U$S2 mil millones, alrededor de un 10% de su inversión. Por lo cual una inversión económica que hubiera sido redituable, representó una pérdida para las arcas estatales. La inversión y construcción fue pública, pero la renta fue privatizada en estas últimas décadas. 

El saldo de la privatización es negativo por donde se lo mire. Desde la desregulación y privatización del sistema eléctrico que se llevó a cabo durante el menemismo, el sector privado no ha aportado un diferencial deseable. No sólo en términos de divisas, sino en ninguna de las múltiples esferas de las cuales las grandes represas forman parte. El supuesto mercado libre y sistema de competencias que el neoliberalismo prometió, sólo dejó un oligopolio energético que tiende a fugar divisas, que no realiza nuevas obras, que no transfiere conocimiento tecnológico, que no invierte en mantenimiento y que no reduce tarifas. 

Ante la falta de planificación, las concesiones que ya vencieron fueron extendidas con prórrogas cortas. Parches regulatorios que postergaban la definición largo plazo, mientras vaivenes electorales evitaban una dirección clara en la política energética nacional. La senda del actual gobierno fue clara en lo discursivo, y la reciente aprobación de la Ley Bases otorgó el capital político que faltaba para avanzar en las privatizaciones. 

Incluso para un gobierno que enarbola el déficit como bandera, y para el cual la restricción externa por la ausencia de dólares es un nudo difícil de resolver, renunciar a la renta producida por la energía hidráulica no es una decisión financiera. Es una ceguera profundamente ideológica. En un sentido estratégico energético, la renta producida de las grandes represas existentes podría financiar proyectos de transición energética justa y popular hacia fuentes renovables. Una matriz energética fosilizada como la argentina está altamente dependiente del precio internacional de la energía y de los márgenes de ganancia de los privados en el sector. Pocos meses atrás hubo una pequeña crisis en este sentido, cuando el sector gasífero no alcanzó a equiparar la demanda y hubo que pedir de favor a Brasil un buque de gas natural licuado para evitar que hubiera hogares sin calefacción.

A medida que la crisis climática impacta cada vez más sobre la salud de las poblaciones, la discusión en torno a la urgencia y formas de las transiciones energéticas se vuelven cruciales. Si bien en nuestro país esta discusión no atraviesa el arco político, activos estratégicos como las represas tienen que ser vistas desde una perspectiva pública y social. Aunque no hay consenso intersectorial para nuevas construcciones de esta magnitud, la decisión sobre el destino de las ya existentes es necesaria. Durante el resto de su vida útil, las represas hidroeléctricas pueden funcionar como “baterías” de energía potencial, complementando otras fuentes renovables que son intermitentes, como la solar y la eólica. Pero este enfoque requiere una planificación integral que considere las necesidades del sistema energético en su totalidad y los diversos actores involucrados en la gestión de cuencas. 

Si bien operan bajo la lógica de ser estructuras generadoras de energía, estas enormes represas tienen un carácter multidimensional. La regulación pública es fundamental para enfrentar desafíos como la pérdida de glaciares y la disminución del caudal del río Paraná, asegurando que las decisiones sobre energía se basen en criterios multidimensionales. Solo a través de una gestión pública (en todas sus formas) adecuada se podrá avanzar hacia una transición ecosocial del sistema energético.

Las operadoras tuvieron su oportunidad de décadas de actuar bajo lógicas de mercado y con regulaciones laxas. Su búsqueda de maximizar beneficios ha derivado en una falta de inversión en infraestructura y un mantenimiento inadecuado de las instalaciones. A su vez, ha habido especulación con los niveles de los embalses para vender la energía al momento que más conviene, y retención del agua cuando la energía está más barata. Este modelo de gestión perjudica a su vez a usuarios cuenca abajo y genera impactos ecosistémicos que afectan el suministro hídrico y energético. Esto genera problemas debido a la multiescalaridad de una enorme infraestructura que cuenta con: financiamiento y concesión a nivel nacional, bienes naturales de control provincial y enormes impactos socioambientales a nivel local. Esta gestión requiere una intersectorialidad multiescalar y multisectorial. En este espíritu, las propuestas de Comité de Cuenca, con marcos interjurisdiccionales y visión integral, deberían incorporar el bien público y colectivo antes que la dependencia de decisiones privadas. 

De más está decir que el agua posibilita la vida en sentido biofísico. Pero en este contexto de crisis climática y eventos de clima extremo es necesario entender que el agua posibilita la vida también en términos culturales y sociales. Cuando en un territorio hay crisis hídrica, quien gestiona el agua y la energía tiene la capacidad de decidir qué sector productivo se reproduce o no. Retener masivos volúmenes de agua afecta los regímenes hidrológicos y transforma los ecosistemas y modos de vida de las poblaciones. Gestionar el agua se convierte entonces en un interés ambiental, estratégico y social, porque es gestionar un derecho humano, una fuente de reproducción y un insumo clave para la producción de la vida toda. 

La privatización de estos puntos nodales del sistema energético-ambiental demuestra a todas luces ser una estrategia fallida. La continuidad de este modelo, en última instancia, vuelve a evidenciar la profunda ceguera ideológica con la que actúa el gobierno de La Libertad Avanza. La gestión de las represas debería ser una cuestión de interés social, con el bienestar de la población en el centro y con la conciencia de que una salida gradual y ordenada del sistema energético actual es necesaria cuanto antes. Si bien el rol estatal es fundamental, para esto es necesario extender la noción de público más allá de lo estatal y explorar otras formas de lo público que incluyan la participación de sectores sindicales, cooperativos y comunitarios. 

Equipo Transiciones: Una coalición de organizaciones sociales y ambientales propone salidas a la crisis

Buenos Aires, 8 de agosto de 2024 – 

La crisis multidimensional que enfrenta nuestro mundo exige respuestas urgentes, profundas y radicales. En este contexto, el lanzamiento del Equipo Transiciones surge como una iniciativa audaz. Un equipo de equipos que viene a articular esfuerzos y trazar un camino hacia una Transición Ecosocial Justa en Argentina.  Busca dar respuestas urgentes y radicales que apuntan a una transformación general de la sociedad, y se orienten hacia un horizonte de sostenibilidad y de cuidado de la vida.

El Equipo Transiciones celebró con éxito su presentación pública el pasado 7 de agosto en el Auditorio de ATE, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A sala llena, se dio inicio a una serie de  propuestas y debates orientadas hacia la construcción de una Transición Ecosocial Justa en Argentina. Días previos al evento, se lanzó el documento “Lineamientos por una Transición Ecosocial Justa en Argentina”, en el cual se desarrollan más profundamente los temas y ejes del Equipo. Es la primera publicación de una serie de documentos complementarios en los cuales se desarrollan investigaciones conjuntas, hallazgos y propuestas para seguir en este proceso.

Vivimos una crisis multidimensional que requiere de narrativas transformadoras, pero sobre todo propuestas concretas de Transición Ecosocial Justa, a nivel multiescalar. Esto supone construir también una agenda de cambio desde y para la Argentina, desde una perspectiva holística, integral que abarque tanto la transición energética como la transición social productiva, alimentaria, laboral y urbana.

Es en esa coyuntura que nace en 2023 el Equipo Transiciones, como equipo de equipos. Un grupo diverso y comprometido de organizaciones y colectivos> el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur (capítulo argentino), el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y Asociación de Abogades Ambientalistas de Argentina, el Grupo de estudios en Geopolítica y Bienes Comunes (GYBC), el Taller Ecologista, Trama Tierra, Observatorio Observatorio Petrolero Sur (OPSur), el Instituto de Salud Socioambiental (INSSA), el Centro de Documentación e Investigación de la cultura de Izquierdas (CeDInCI), el Centro Interdisciplinario para el estudio de Políticas Públicas (CIEPP), la Fundación Rosa Luxemburgo (FRL-oficina Cono Sur), la Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE), el Grupo de Investigación sobre Economía Ambiente y Sociedad (GEEAS), y diferentes especialistas que hacen parte de redes de investigaciones y experiencias colectivas.

La presentación, que contó con la moderación de la periodista Ana Cacopardo, contó con distintos desarrollos dimensionales. Maristella Svampa dio inicio a la jornada subrayando la urgencia de transformar el actual modelo de acumulación capitalista, señalando que “debemos cambiar el modelo de acumulación del capitalismo, el actual nos lleva al colapso ambiental”. Svampa también destacó la necesidad de avanzar hacia “un modelo que apunte a otro modo de habitar  el territorio”.

El economista Rubén Lo Vuolo enfocó su intervención sobre el Estado Ecosocial en la importancia de reorientar las políticas públicas con un enfoque preventivo. Afirmando que “tenemos que organizar las políticas públicas con un criterio preventivo, o lo que se llama en el debate actual políticas de prevención. Y esto lo tenemos que hacer en el contexto de un pacto intergeneracional.” Lo Vuolo enfatizó que “no hay lugar para ambiciones máximas en una sociedad del colapso climático. Las garantías deben ser universales, no se puede dejar librado al mercado. Tiene que ser política pública que ofrezca garantías. El ejemplo claro fue en la época de la pandemia”. Añadió, además, que “los principales responsables de lo que está pasando en el planeta son los grupos sociales opulentos”, y que “de lo único que no podemos escapar es de la crisis climática”.

En su intervención, el economista Francisco Cantamutto abordó la relación entre la deuda ecológica y la deuda externa, cuestionando “¿De dónde sale la deuda que atraviesa la mayor parte del sur global? Se utiliza en términos generales para generar una supuesta estabilidad macroeconómica, compensando desbalances que se van por otro lado. En otras palabras, fuga.” Cantamutto fue enfático al señalar que “no podemos separar los Derechos Humanos del derecho a estar en un ambiente sano”, y subrayó la importancia de realizar auditorías sobre la deuda y de “construir alianzas internacionales en ese sentido”.

El ingeniero Pablo Bertinat expuso sobre la necesidad de cuestionar el sistema energético actual, afirmando que “es necesario pensar en un diagnóstico sistémico, en lo que nos hace ruido y en lo que no estamos de acuerdo del sistema energético actual. No puede ser solo un cambio de fuentes. Debemos decir que no solo es un sistema energético fósil, sino fuertemente desigual y neoliberal.”

Corina Rodríguez Enríquez profundizó en la injusticia inherente a la organización social de los cuidados, argumentando que “la organización social de los cuidados es injusta porque está racializada, sentada en las dinámicas de las migraciones.” En su análisis, destacó que “para avanzar en estas estrategias el paradigma que se ha ido consolidando en la región es el de sistemas integrados de cuidado, y aquí es donde aparecen como centrales el Estado y las políticas públicas.” Rodríguez Enríquez también mencionó la necesidad de “ampliar la agenda de cuidados para reconocer el conflicto central del Capital-Vida,” y propuso “redefinir los cuidados desde la perspectiva que nos aportan los ecofeminismos en el concepto de Cuerpo-Tierra-Territorio.”

Finalmente, Cecilia Anigstein planteó un interrogante central en el contexto de la transición ecosocial: “¿Es posible una transición trabajo-intensiva con una reducción de la jornada laboral que ponga la tecnología al servicio de los derechos humanos y de la naturaleza?”

La presentación pública del Equipo Transiciones continuó el 8 de agosto, con una jornada de plenario y debate, donde diversas organizaciones sociales y ambientales se reunieron para avanzar en la construcción de una red de trabajo compartido. Si bien el escenario nacional y geopolítico es manifiestamente adverso, marcado para el caso de nuestro país por un gobierno de extrema derecha, hubo acuerdo en que es un momento para la discusión y construcción colectiva, para unir fuerzas y elaborar agendas comunes y radicales que permitan encontrar salidas a la crisis múltiple que enfrentamos.

Desde el Equipo Transiciones, reafirman su compromiso de seguir articulando esfuerzos para enfrentar la crisis múltiple que atraviesa nuestra sociedad. Las propuestas presentadas, junto con el documento “Lineamientos por una Transición Ecosocial Justa en Argentina” y los siguientes a publicarse, servirán de base para construir colectivamente un horizonte de justicia ecosocial en nuestro país.

Investigadores/as de diversos ámbitos y organizaciones presentan equipo de trabajo por una transición ecosocial justa

Ante el contexto de crisis multidimensional que atraviesa la Argentina, diversas organizaciones y equipos de trabajo se autoconvocaron para actuar en un esfuerzo conjunto. Unidos por la convicción de que es posible construir otras alternativas de sociedad, el denominado Equipo Transiciones se propone construir horizontes y alternativas comunes en el marco de una transición ecosocial justa para Argentina. 

Para hacer extensiva la invitación a formar parte de este debate urgente y necesario, la propuesta será presentada públicamente el próximo miércoles 7 de agosto, a partir de las 18:00, en el auditorio de ATE (Belgrano 2527, CABA). Para garantizar una participación amplia y federal, el evento también será transmitido en vivo por streaming.

La presentación estará a cargo de Maristella Svampa, quien introducirá los diferentes ejes temáticos de la propuesta, desarrollados por: Rubén Lo Vuolo, quien hablará sobre el Estado Ecosocial; Francisco Cantamutto, que abordará la Deuda Ecológica y Externa; Pablo Bertinat, que discutirá sobre la transición energética; Corina Rodriguez Enriquez, quien expondrá sobre la sociedad del cuidado; y Cecilia Anigstein, que presentará transformaciones del mundo del trabajo. La periodista Ana Cacopardo será la encargada de coordinar la actividad.

El primer documento publicado por el Equipo Transiciones: Lineamientos para una transición Ecosocial en Argentina

La coalición reúne un equipo de equipos, esto es, un grupo diverso y comprometido de organizaciones y colectivos, incluyendo el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur (capítulo argentino), el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y Asociación de Abogades Ambientalistas de Argentina, el Grupo de estudios en Geopolítica y Bienes Comunes (GYBC), el Taller Ecologista, Trama Tierra, Observatorio Observatorio Petrolero Sur (OPSur), el Instituto de Salud Socioambiental (INSSA), el Centro de Documentación e Investigación de la cultura de Izquierdas (CeDInCI), el Centro Interdisciplinario para el estudio de Políticas Públicas (CIEPP), la Fundación Rosa Luxemburgo (FRL-oficina Cono Sur), la Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE), el Grupo de Investigación sobre Economía Ambiente y Sociedad (GEEAS), y diferentes especialistas que hacen parte de redes de investigaciones y experiencias colectivas. 

El Equipo Transiciones propone que es posible imaginar un futuro con justicia ambiental sólo si se abordan las desigualdades y la injusticia social que atraviesan la Argentina. Por eso este equipo de equipos se centra en las intersecciones entre desigualdades sociales y ambientales, de género y raciales, para desde allí trazar un horizonte de transición justa y popular. Si bien el escenario nacional y geopolítico es manifiestamente adverso, marcado para el caso de nuestro país por un gobierno ultra liberal, autoritario, negacionista y racista, entienden que éste es el momento de la discusión colectiva, de unir fuerzas para elaborar agendas comunes y radicales que nos permitan encontrar salidas a la crisis múltiple que enfrentamos.

La coyuntura actual hace fundamental apuntar a un país con justicia social y ambiental. El equipo construyó un diagnóstico conjunto que apunta a trabajar sobre propuestas concretas, hacia una nueva institucionalidad política en materia socioeconómica, energética y productiva. Su intención es promover el diálogo intersectorial para la consolidación de transiciones ecosociales justas en Argentina.

Lineamientos para una transición Ecosocial en Argentina

Diversas organizaciones y equipos de trabajo de Argentina nos hemos autoconvocado a una articulación política de nuestros trabajos, investigación y acción colectiva, impulsados por el objetivo de prefigurar horizontes y alternativas comunes hacia la transición energética justa y popular en el marco de una transición ecosocial para nuestro país.

Creemos que más allá de la construcción de un diagnóstico compartido en torno al modelo de acumulación capitalista, y el carácter extractivista, injusto, desigual y conflictivo que impulsa la transición energética corporativa y el colonialismo verde en curso, es preciso postular senderos y horizontes políticos para la transición energética justa y popular. Ante la aceleración de la crisis climática y la expansión de nuevas formas de extractivismo que no hacen más que reforzarla, creemos que es urgente incorporar los límites físicos inexorables de la actual crisis socioambiental e ir abandonando un modelo de acumulación predador de la naturaleza.

Vivimos tiempos de caos e inestabilidad. El nuevo status quo global instalado luego de la pandemia del Covid 19 refleja el empeoramiento de varias crisis entrelazadas (social, económica, política, ecológica, sanitaria, geopolítica y de los cuidados), que se potencian entre sí y adquieren una dimensión civilizatoria. Vemos con gran preocupación el debilitamiento de las instituciones y prácticas democráticas en gran parte del mundo, la expansión de las extremas derechas y de los autoritarismos, la ampliación de las brechas de la desigualdad, el agravamiento de la crisis climática y
energética, así como la potenciación de los conflictos bélicos, asociados al capitalismo, el colonialismo y la exacerbación del patriarcado y el racismo. Asimismo, la actual guerra en Ucrania –que no es la única, pero sí la que ha tenido mayores impactos globales- profundizó aún más las conductas ambivalentes a nivel global manifiestas, por un lado, en la expansión de la extracción y consumo de energías fósiles, especialmente las energías extremas; por otro lado, en el avance de una transición hacia energías “limpias”.

En esta crisis múltiple, uno de los grandes desafíos de nuestra época es el de construir colectivamente propuestas de Transición ecosocial justas y populares. La urgencia por articular justicia social y justicia ambiental, parte del reconocimiento de un diagnóstico acerca de los límites ecológicos y biofísicos del planeta, visibles en la aceleración de la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, y en la responsabilidad de la dinámica capitalista actual en dicho proceso, que además de potenciar las desigualdades sociales, se apoya sobre modelos productivos y alimentarios que son destructivos de los ecosistemas y los bienes comunes, de la salud y la vida en el planeta.