El día de hoy se realizó la audiencia pública convocada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación para tratar el llamado “Informe de Gestión y Evaluación Ambiental” de la Vía Navegable Troncal del Paraná. Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas pedimos su impugnación y rechazamos el proyecto de dragado, profundización, ensanchamiento y cambio de trazas sobre el Río Paraná.
A pesar de los obstáculos deliberados para dificultar la participación —información técnica desordenada, formularios impresos, falta de difusión—, la respuesta es categórica: la participación de una enorme cantidad de expertos, referentes sociales, académicos, intelectuales y sindicales que rechazan este modelo de río.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial advertimos desde el primer día que esta audiencia era ilegítima:
No se presentó ningún Estudio de Impacto Ambiental válido.
Las obras de dragado ya están en curso
No existe línea de base ni evaluación de impactos acumulativos.
La información no fue clara, ni accesible, ni difundida en forma efectiva, violando el Acuerdo de Escazú.
Lo que se intentó fue convalidar por vía administrativa una licitación ya decidida.
En la participación territorial y de la sociedad civil se destacan organizaciones socioambientales, comunidades isleñas, trabajadores del río, universidades, sindicatos, colectivos artísticos y ciudadanos autoconvocados. Lo que se expresó fue una oposición transversal, masiva y bien argumentada, que dejó en evidencia la profundidad del rechazo a este modelo extractivo y defiende con fuerza:al río:
Como fuente de agua potable para millones.
Como corredor de biodiversidad y soporte de humedales.
Como territorio habitado por comunidades que resisten.
Como bien común que no puede seguir siendo gestionado a espaldas de la sociedad.
La audiencia, lejos de legitimar el proceso, demuestra la ilegitimidad de lo que se está intentando hacer con el Paraná. La voz colectiva desmontó el simulacro. Cada intervención señaló distintos aspectos en los cuales el Estado, y las empresas usuarias, violan la constitución y el deber de proteger los bienes naturales. Y cuando eso pasa, el pueblo se organiza y habla.
A esta altura, el Gobierno no puede alegar desconocimiento, ni ignorar la voluntad ciudadana. La oposición es contundente.
El modelo de río que intentan imponer no tiene licencia social. Exigimos la anulación del proceso y la suspensión inmediata de la licitación proyectada.
Basta del uso irresponsable, irrespetuoso, maltratador del río y sus diversidades culturales y biológicas.
El presidente Javier Milei y el gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio, han anunciado la profundización del proceso de violación sistemático del río Paraná en el sur del sistema de humedales, nuestro Delta.
Lo que no deja de sorprender, es esta convocatoria con bombos y platillos a no dejar en paz el río, su valle de inundación y sus riberas de barrancas y selvas en galería, sus bosques, comunidades, pescadores, contextos turísticos y en especial, a sus poetas, en la crisis ambiental, hídrica y climática más espantosa conocida.
Llevamos más de cuatro años sin agua. Parece una broma de muy mal gusto, pero no lo es. El sistema de humedales y sus cuencas superiores están cambiando a un ritmo tremendo su régimen hidrológico. No está estudiado, absolutamente nada. Pero la lógica depredadora avanza sin vergüenza alguna.
En pocas palabras, aquí un detalle institucional y amoroso, básico de parte de la estructura jurídica que se incumple:
Se viola la Constitución de la Provincia reformada que pone foco en la protección del sistema de humedales, lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya distinguió maravillosamente, en la histórica sentencia del barrio Amarras en la cuenca del Gualeguaychú.
Se viola la Ley de Libertad de los Ríos. Nada se hace de estos mega proyectos delirantes, sin ratificación de la legislatura provincial y con la Comisión por ella creada, funcionando sistemáticamente. Estamos en las antípodas en esta gestión de gobierno.
Se viola el Acuerdo Federal de conformación del Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible de la Región Delta del Paraná (Piecas) y fundamentalmente se desconocen sus dos estudios científicos multidisciplinares más relevantes, Línea de Base y Evaluación Ambiental Estratégica (2010/2014).
Pero lo que aún más no deja de sorprender, es que se anuncia la profundización del Paraná Guazú y el Paraná Bravos, sin ejercicio pleno de la democracia ambiental en sus herramientas de estudios de impacto ambiental y su evaluación independiente.
Pero más grave aún, es que manifiestan ignorancia total de la declaración en el corazón de nuestro sistema de humedales hace ya dieciocho años, del “Área Natural Protegida” de los Humedales e Islas del Departamento Uruguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, sitos en el territorio de la Provincia de Entre Ríos, incorporado al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas por medio de la histórica ley 9718, razón de ser fruto de una construcción social e institucional de la norma jurídica frente a los proyectos de diversas plantas de celulosa en la cuenca del río Uruguay.
Una intervención artificial como la que se anunció como el gran proyecto para Entre Ríos gracias a las fuerzas del cielo, necesita en razón de ser una área natural ultrasensible y legalmente protegida, de estudios de impactos socioambientales aún mucho más rigurosos, participativos y con los tiempos que la naturaleza impone, no los tiempos de unas pocas corporaciones del agronegocio de exportación.
Desconocer semejantes historias o negarlas como tanto niega la rigurosidad científica y académica el Presidente de la República, es desconocer la historia del pueblo de la tierra de los ríos libres y de su federalismo en su ADN.
Basta de degradar nuestros ríos. Somo humedal, somos ríos libres para pueblos libres, somo Entre Ríos.
La libertad de los pueblos originarios, la de Artigas, la de los organizadores del Estado Nación Federal, pero muy seriamente, no es la libertad de estas iniciativas privatizadoras de todo.
Hace unos meses parecía que algunos gobernadores se plantaban frente al poder central y unitario, con un supuesto Tratado de la Región Litoral. Están borrando desde Entre Ríos de la mala mano del gobierno central, de un plumazo cualquier contexto de ejercicio con convicción y compromiso del federalismo de concertación desde un lugar de poder federal comprometido y esperanzador.
Seguramente en estas horas, poetas, cantautores, escritores, escultores, artistas plásticos y seres anónimos, movimientos de derechos humanos, feministas y organizaciones ecologistas, estarán delineando una y mil estrategias para que el río no deje su ser en manos de semejantes intereses, que de soberanía de las aguas nuestras se trata, como de protección de los reinos de vida que habitan en estos sistemas. Al poder de turno no les importa, no les preocupa, vacío total.
En nuestra tierra los ríos se aman, no se explotan, son nuestros cuerpos, sus sentidos de vida, poesía, somos agua, humedal, Pachamama.
El río es río, no es mar.
Como nos recuerda el poeta: “Nuestra historia no se negocia, no se alquila, no se entrega. Porque la memoria entrerriana es río: avanza, erosiona, arrastra y renueva. Y como el río, no se arrodilla”.
Entre Ríos sí, entre canaletas No.
(*): Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), Unidad de Vinculación Ecologista de la Fundación La Hendija (Paraná, Entre Ríos).
El presente anuncio en la ciudad de Paraná, por parte del Presidente de la República y el Gobernador de Entre Ríos, sobre la mayores profundizaciones por dragado en los tramos o brazos del Río Paraná, denominados Paraná Guazú y Paraná Bravo, se dan en pleno proceso electoral, sin estudios técnicos de ninguna naturaleza.
Desde la Asociacón Argentina de Abogados/as disponemos de documentación oficial que acredita la total ausencia del área ambiental y otras por parte del Gobierno de Entre Ríos en la construcción técnica y política de semejante decisión. Los bienes naturales son de las Provincias. El Gobierno Nacional no puede ni debe hacer lo que se le ocurra con el río, su valle de inundación y consecuentemente sus diversidades culturales, ecológicas como económicas a escala humana, local, como regional.
Más aún, hemos requerido los informes emitidos por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EEUU en este contexto, ahora profundizado por estos anuncios, para poder saber cuáles son sus recomendaciones en cuanto a la instrumentación del Memorándum de Entendimiento firmado hace más de un años y medio y poder así observar las razones y vínculos con semejantes decisiones. No olvidemos que dicho acuerdo fue ratificado por el Presidente Javier Milei en marzo de 2024.
Los anuncios en Paraná, no son inocentes, se hacen con el Órgano de Control de la Vía Troncal Navegable y del Instituto Nacional del Agua, extinguidos por la actual gestión de gobierno. Con ningún tipo de intervención del Consejo Hídrico Federal, lo que también tenemos documentado. Es decir, la privatización del conocimiento y el descontrol y el unitarismo, es absoluto.
Nos oponemos frontalmente a estas decisiones y vamos a utilizar todas las herramientas de la democracia ambiental, el derecho, en particular en Acuerdo Regional de Escazú que sean necesarios como apoyar todas las manifestaciones del activismo de las comunidades y sus articulaciones.
De avanzar con estas decisiones, el proceso de desertificación del sistema de humedales del Delta, será brutal y muy probablemente irreversible. No hay agua. En estos momentos en Brasil, Paraguay y Bolivia, el gran Pantanal está con una sequía y bajante extrema y agudizándose. Se están conservando en las represas de Brasil, con disminución de flujos de agua por parte de tres hidroeléctricas del río Paraná. Todos factores geopolíticos y ecológicos relevantes para poder comprender que este delirio implica no prestar atención a una diplomacia inexistente y que obliga a la aplicación extrema de los principios precautorio y preventivo. La falta de agua no justifica mayores profundizaciones, sino todo lo contrario.
Los efectos negativos sobre los ciclos de vida de la flora y la fauna y en particular de los bienes ictícolas es en este contexto, desbastadora. Ya son cuatro años con realidades angustiante para las comunidades, como Victoria en Entre Ríos, poder quedarse sin agua potable por la desertificación del humedal y el descontrol en la gestión de los sedimentos del dragado de la hidrovía, que taponan sus ingresos de agua al humedal desde hace décadas.
Reiteramos, hacer semejante intervención de artificialización del río dentro del corazón de un Áreas Natural protegida y sin Evaluación de Impacto Ambiental, y sin una Evaluación Acumulativa Estratégica, es demencial.
Además, esta intervención en la diversidad biológica y cultural, como social de la artificialización anunciada, sin participación de áreas críticas de Entre Ríos y las provincias del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná, Buenos Aires y Santa Fé, es un ataque directo a la institucionalidad democrática y federal de la República.
Por eso también presentamos una nueva solicitud de acceso a la información pública ante el Ministerio de Economía de la Nación, del cual depende la Secretaría de Transporte, para conocer las implicancias del Memorándum de Entendimiento firmado entre el Gobierno Argentino y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. ¿Qué informes emitió, qué recomendaciones, por qué ese contenido no es público aún?
El acuerdo, ratificado por Javier Milei en marzo de 2024, incluye compromisos de cooperación en políticas hídricas, gestión de cuencas, control de inundaciones, sedimentación, dragado y “dirección estratégica” en la gestión de ríos y cuencas argentinas. Estos puntos son de altísimo interés público y ambiental, ya que podrían estar vinculados con la nueva profundización del Paraná anunciada la semana pasada.
Solicitamos copia certificada de todos los informes emitidos por el Cuerpo de Ingenieros respecto de la Cuenca del Plata —en especial los ríos Paraguay, Paraná y Río de la Plata— y pidió precisiones sobre las obras o megaobras recomendadas, los proyectos de dragado o infraestructura propuestos, y los mecanismos de adjudicación o ejecución sugeridos.
También saber si existen nuevos convenios vinculantes o consultorías activas con ese organismo extranjero. De negarse la información, haremos uso de los mecanismos legales previstos por el Acuerdo Regional de Escazú, que garantiza el acceso a la información y la participación pública en asuntos ambientales.
Estamos frente a la profundización de un megaproyecto que se encuentra en los escenarios judiciales de investigación de corrupción, que avanza en su instrumentación con la privatización absoluta del río y en un contexto de agravio al federalismo y de total entrega de la soberanía nacional bajo el asesoramiento extranjero ya expuesto y con un gran ausente, la máxima autoridad ambiental nacional.
En una respuesta judicial inédita, el ex Ministerio de Ambiente admite que no intervino en ningún Estudio de Impacto Ambiental del dragado en el Río Paraná
La máxima autoridad ambiental nacional acaba de reconocer ante la justicia que en las últimas dos décadas no posee registros, antecedentes técnicos ni intervenciones vinculadas al dragado del río Paraná. Así lo confirmó la ex cartera de Ambiente de la Nación —hoy degradada a Subsecretaría— en el marco de la causa impulsada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la organización UPVA Ramallo ante la Cámara Federal de Rosario.
En su respuesta oficial al tribunal, el ex Ministerio reconoce explícitamente que no participó en ningún Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ni en instancias de consulta pública respecto a las obras de dragado, ensanchamiento y cambio de traza del Paraná desde 2011 hasta la actualidad. La respuesta fue emitida frente a un requerimiento expreso de la Sala B de la Cámara Federal, que ordenó al Estado nacional entregar, en un plazo de diez días, los estudios de impacto ambiental con participación ciudadana correspondientes a las obras realizadas en el tramo frente a la ciudad bonaerense de Ramallo.
La respuesta es clara: no hay absolutamente nada. Ninguna intervención del organismo. Ninguna solicitud de otros entes estatales. Ningún estudio registrado. Ninguna evaluación técnica o instancia de participación. El propio Estado reconoce así la ausencia total de control ambiental estatal sobre uno de los proyectos de infraestructura más significativos del país.
Este nuevo documento judicial es, además, la segunda vez que el ex Ministerio de Ambiente admite no haber tenido ninguna actuación vinculada a la aplicación de la legislación ambiental nacional ni de los tratados internacionales en el marco del desarrollo de la mal llamada hidrovía.
Este reconocimiento, que no solo se expone en relación al caso del paso denominado Las Hermanas frente a la localidad de Ramallo, en el Paraná Inferior, sino que además desnuda la total inexistencia del área ambiental en todo el contexto político y temporal expuesto en la causa judicial ambiental en trámite. Es decir, durante años, las autoridades responsables de proteger los bienes comunes se mantuvieron ausentes frente a la intervención masiva sobre uno de los principales ríos del continente.
La gravedad de esta revelación se potencia al considerar que el dragado y redragado del Paraná, especialmente en el paso conocido como “Las Hermanas”, frente a Ramallo, ha avanzado sin evaluaciones actualizadas, sin consulta pública y sin control sobre los efectos ecológicos, sociales y económicos. Todo esto, en pleno contexto de crisis hídrica, acelerada por la crisis climática global y las bajantes que ocasiona.
El expediente judicial también incorpora como prueba un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) del Ministerio Público Fiscal, que detectó graves irregularidades en la licitación nacional prevista para 2025, y ahora pospuesta. Ese informe fue clave para frenar el proceso licitatorio y es uno de los elementos centrales considerados por la Cámara Federal para ordenar la entrega de la información ambiental faltante.
Además, lo expuesto ratifica lo ya advertido por el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, creado en la gestión anterior y desmantelado por el actual gobierno nacional. Ese organismo había reclamado expresamente la intervención de la autoridad ambiental y había exigido la realización de los EIA correspondientes, así como una Evaluación Ambiental Estratégica para el conjunto del megaproyecto.
Hoy, ese ente de control fue extinguido por decreto, en una decisión que deja al Paraná sin monitoreo, sin regulación efectiva y sin garantías mínimas de legalidad ni protección ambiental.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la organización UPVA reiteramos: no puede haber obras sin estudios, sin información pública y sin la participación de las comunidades. La planificación de la infraestructura hídrica del país no puede seguir bajo lógicas extractivas, opacas y a espaldas de la sociedad.
La protección del Paraná es una cuestión de derechos humanos, justicia ambiental y soberanía. La desidia estatal reconocida en este expediente no solo viola la ley: pone en riesgo la vida.
El primer intento de privatizar el Río Paraná fracasó. El meganegocio del proyecto llamado “hidrovía” vuelve a un limbo administrativo. Alejo di Risio documenta las tramas geopolíticas alrededor de la cuarta cuenca de agua más importante del mundo por su tamaño y biodiversidad, y también las disputas colectivas por otros futuros posibles para nuestros ecosistemas. Proyectos y propuestas que luchan para proteger al río, para que nunca llegue la solastalgia, esa angustia por los paisajes que se pierden ante la avanzada del poder financiero.
La frase, que repetimos desde las organizaciones socioambientales, puede sonar vacía, slogan de publicidad. Pero más allá de la semántica, levanta una bandera por los futuros posibles para el Río Paraná, sus cuencas y ecosistemas. A otra escala, levanta también banderas por la capacidad que tengamos como pueblo de vincularnos con nuestras aguas.
El pasado 12 de febrero fue declarada vacía la licitación para el proyecto llamado hidrovía. Once empresas habían demostrado interés inicial, pero la que más había deslegitimado el proceso fue la única en llegar al final. Unas declaraciones de Adorni más tarde, la concesión volvió al limbo político en el que navega desde fines del 2021. Una administración estatal contrata a una empresa extranjera, y ninguna de ellas controla qué sale en los megabarcos que circulan por el río. Ni las obras ni el peaje son centrales en esta disputa, lo que está en juego es un nodo geopolítico. Uno que depende de la salud de vastos ecosistemas que están cada vez más frágiles.
Desde el fracaso de la licitación que vuelan sillazos. Los poderosos que se disputan el control del río hacen fuertes lobbys para definir las nuevas condiciones. Gobernadores, cámaras empresariales y la Sociedad Rural cruzan insultos en los titulares de grandes medios. El funcionario libertario de Puertos acusó de boicot, sabotaje y “una lluvia de operaciones” a Mauricio Macri, Guillermo Dietrich, el diario La Nación, diputados anónimos y la Sociedad Rural. En respuesta, el ex-presidente Macri arremetió contra Santiago Caputo, a quien acusó de crear una comisión trucha. En un año electoral, la alianza entre libertarios y macristas negocia, con reiterados golpes del ejército digital libertario al macrismo. Es que no solo está en disputa la caja de la actual licitación (calculada en doce mil millones de dólares), sino el nodo geopolítico que abre el Río Paraná. Para los grandes jugadores económicos es una salida de exportación. Pero para millones de personas que dependemos de él, la integridad del río y de la cuenca toda es parte de quienes somos, de cómo vivimos.
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¿Dónde empieza y dónde termina un río? Por definición, los ríos son cambio. Paradigma de lo que existe en constante flujo. Si bien toda topografía muta, los cauces son ese rincón del paisaje que más rápido escapa a la foto del pasado. Cada curva que toma la corriente vuelve a agrandar sus meandros, redibuja sus costas. Todos los deltas están definidos por su liminalidad. Y cada orilla, que cambia con cada atardecer, es una mala frontera.
La marea del río, inscripta en el pulso de cada chamamé, muta con el clima y las temporadas. En cada bajante y creciente, dibuja nuevas figuras sobre el territorio, propone otra forma de medir el tiempo y las épocas. Los sistemas de humedales a su alrededor reciben en cada creciente al caudal del canal central y lo devuelven dosificado cuando llegan las bajantes. Estos valles de inundación regulan el pulso natural, inspiran a identidades locales, y alojan incontables especies: un extenso archivo genético-biológico.
Pero dimensionar el patrimonio de biodiversidad no alcanza para describir el equilibrio milenario al cual la vida ha llegado en estos paisajes. Ese gran valle de inundación y sus sistemas de ríos, humedales y sociedades que llamamos la cuenca del Plata es el cuarto más grande del mundo. Si tomamos en cuenta todo el Acuífero Guaraní, es hogar de más de 100 millones de personas. Una geografía que nace en el Gran Pantanal, sur de Brasil, y atraviesa 50 represas para llegar a nuestro territorio, pasando por las cataratas del Iguazú, los esteros del Iberá e incontables ecosistemas en el camino. Hay ocho provincias argentinas, 12 millones de personas, cuyo bienestar está intrínsecamente ligado a la salud de la cuenca.
La potencia inmanente del río vive en tensión con el motor de la macroeconomía nacional: el mandato exportador. Si en algo coinciden los economistas -tanto neodesarrollistas como anarcolibertarios de escuela austríaca- es en la necesidad de exportar cada vez más como única salida de las crisis financieras. En este marco, los mares y ríos son reducidos a “autopistas líquidas”. Pero el Paraná es un río aluvial, de poca pendiente. Los sedimentos que arrastra a lo largo de kilómetros se depositan en su tramo bajo, creando islas, islotes o bancos de arena. El delta es un piquetero por definición.
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Desde hace unos años que la falta de agua tiene inquietos a los dueños del agronegocio. La sequía de 2023 redujo sus ganancias por casi dos tercios, y la bajante de los últimos años del Paraná también limitó la carga de los barcos. Ante la inestabilidad hidrológica su apuesta es una sola: dragar, dragar y dragar. Para que grandes megabarcos salgan al mar a capacidad repleta, y que nada detenga la libertad de la máxima recaudación.
Mientras tanto, la crisis climática hace que la atmósfera pueda absorber más agua. Esto significa que cada vez vamos a atravesar más inestabilidad hidroclimática. Las inundaciones y las sequías serán cada vez más profundas, y pasará menos tiempo entre una y otra. Para mitigar el impacto social de estos “latigazos climáticos” la ciencia establece que es clave gestionar de modo integral ambos períodos, o sea co-gestionar bajantes y crecientes como un sólo fenómeno. Desde el punto de vista ambiental, profundizar el dragado va absolutamente a contramano.
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Agosto del 2000, Brasilia. Veinte hombres en traje posan para la foto. Fernando de la Rua, Alberto Fujimori y Hugo Banzer entre ellos. Hay doce presidentes sudamericanos en total, a su lado, varios miembros de organismos internacionales. Todos juntos, presentan su visión de futuro para el continente: la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Un plan maestro de intervención continental , que cierra al tono de una década dominada por el Consenso de Washington. Define una serie de megaproyectos logísticos que cruzan de lado a lado el continente y facilitan así la salida de grandes volúmenes de naturaleza en forma de bienes primarios.
Uno de estos proyectos integra Sudamérica de forma vertical: recorre 3.400 kilómetros —desde Puerto Cáceres, Brasil, hasta el puerto de Montevideo, Uruguay—. Fue bautizado “hidrovía”, palabra que no existe en ningún diccionario, y que nombra a la compañía a cargo de las obras. Hidrovía S.A. está formada por una alianza entre la dragadora belga Jan de Nul y la empresa argentina EMEPA. Esta última del empresario Gabriel Romero, quien décadas más tarde participará de la “Causa Cuadernos”, confesando haber pagado coimas para extender la concesión de esta concesión.
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El historiador Alejandro Galliano describe con detalle la enorme capacidad de soñar que tiene el capitalismo. Intervenir a escalas colosales el territorio precisa mucha planificación, requiere una capacidad muy grande para mirar el futuro. Para el imaginario utópico financiero no hay límite físico o político. Cualquier obstáculo, como un Delta, puede atravesarse, excavarse. En las mesas de planificación todavía flota el sueño de conectar al Río Paraná con la cuenca del Amazonas. Atravesar el continente con un complejo de esclusas que compensen la diferencia de altura, similar a lo que sucede en el canal de Panamá.
Es el pasaje centroamericano el que da nombre a los modelos de buques oceánicos: Panamax y Post-Panamax. Garantizar la circulación de estos edificios flotantes es la tarea. La pequeña flota de barcos que remueve sedimentos suele presentarse como un proyecto de infraestructura. Pero la construcción es casi nula. Las obras de dragado no crean nuevas estructuras, sino que moldean la forma del río. La tarea suena a ciencia ficción capitalista: esculpir un surco en el fondo de uno de los torrentes más caudalosos del mundo. Todo para abaratar costos de flete con unos barcos que no ven la orilla, que están fuera de escala.
La profundidad es la métrica clave para la Bolsa de Comercio de Rosario, centro de operaciones de las grandes exportadoras. Cada centímetro ganado al río añade toneladas de cereal en la carga de cada barco que zarpa desde los alrededores de Rosario. Por año se estiman 130 millones de toneladas de productos agropecuarios e industriales (declarados). La mayor parte es proteína vegetal. Cultivada y crecida con nutrientes de nuestros suelos, mano de obra nacional, agua barata y energía subsidiada. Pero cuando importamos bienes pagamos dieciocho veces más caro cada una de estos insumos. Estamos regalando bienes comunes.
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Noviembre de 2024. Día de la Soberanía. Argentina recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, cuando en 1845 nuestra joven república rechaza en el Río Paraná el avance militar de Reino Unido y Francia. Aquella flota anglo-francesa venía con maquinaria militar de punta, para “pacificar” el conflicto entre Uruguay y Argentina. Su objetivo real era establecer la libertad de los mercados internacionales. La misma que defiende, 180 años después, el gobierno de Javier Milei al anunciar la privatización del control del río.
Las empresas más interesadas en la licitación son cinco. La china Shanghai Dredging Company y el grupo de las “Big Four” de la logística internacional: Van Oord, DEME, Boskalis y Jan de Nul. Pero no son sólo las dragadoras las únicas que miran la cuenca que mueve el 50% de la proteína vegetal global. En marzo de 2024, el interventor de la hidrovía, Gastón Benvenutto se reunió con el Embajador de Estados Unidos, Marc Stanley. Anunciaron un acuerdo de colaboración entre la Administración General de Puertos y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. El Memorando de Entendimiento no fue revelado, pero la noticia, publicada por Infobae, habló de “colaboraciones en seguridad” y “medidas para combatir actividades ilícitas”. Un mes después la generala Laura Richardon advirtió en el mismo medio sobre la inminente llegada del fentanilo al Gran Rosario y enfatizó “la necesidad de trabajar juntos” para prevenir “actividad maligna”.
Stanley volvería a Rosario junto al Embajador belga para celebrar el protagonismo de la empresa Jan de Nul y apoyar su continuidad en la zona. Más tarde se reveló que ese acuerdo había sido iniciado en 2023, durante el gobierno del Frente de Todos, bajo la firma del entonces interventor José Carlos Beni. La empresa Jan de Nul fue la acusada de haber recibido favoritismo en esta licitación caída. Más de doce organizaciones distintas accionaron judicial o administrativamente para exponer la licitación hecha a medida, tanto por razones técnicas y financieras. Entre los opositores a la actual licitación, también estaban los grandes actores del poder, con el macrismo a la cabeza.
El ex presidente tuvo su propio sueño para el río: reemplazarlo. Construir una verdadera autopista líquida, un canal exclusivo que corriera paralelo al Río Paraná, desde Rosario al Atlántico. No dragar el río, sino armar uno nuevo. Su metrobús fluvial no prosperó, pero el PRO está hoy en día en abierta disputa con La Libertad Avanza, con campaña abierta para evitar la licitación libertaria, fue acusado por ello. En tándem con Máxima Zorreguieta, hacen lobby a favor de la holandesa Boskalis, que en 2013 fue echada del canal Martín García por intentar sobornar a un funcionario uruguayo.
La licitación actual propone cavar el Paraná aún más: hasta los 44 pies, esto es más de 14 metros, denunciado como un ecocidio por organizaciones socioambientales. Deja la evaluación de impacto ambiental en manos de las empresas, y les concede el control del río por 30 años, extensible a otros 30 años más, hasta 2085. Por otro lado, el gobierno avanza en desregular las áreas estatales de control marítimo y fluvial. A pesar de que lo que pasa en el río en Misiones impacta en el Delta del Tigre, la visión de cuenca no empapa ninguna de las medidas. Por eso, también están en la mira el Instituto Nacional del Agua, AySA y sus once millones de usuarios, y las estructuras populares ambientales, culturales, organizacionales que promueven vínculos con nuestros ríos más allá de lo financiero.
Dime con quién andas y te diré qué futuro para el río quieres. Las agrupaciones portuarias y las cerealeras demandan una licitación rápida y cada vez más profunda. Los gobernadores buscan morder tajada en el control de la caja y expandir el dragado hasta puertos secundarios. Pero las organizaciones ambientales y sociales a lo largo de la cuenca reclaman otra forma de gestionar y habitar las cuencas. ¿Y quienes no tenemos poder, qué proponemos y qué buscamos para los futuros del río?
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¿Cómo dimensionar el impacto de estas intervenciones en la vidas cotidianas? Lxs vecinxs de Victoria llegaron a temer que sus humedales murieran de sed. Parte del sedimento que las dragas remueven termina en las costas. Esto obstruye la entrada de agua a las bocas que alimentan otros canales, como las tres que alimentan el humedal que brinda agua a la ciudad de Victoria. Con menor caudal, empeoró la calidad del agua potable. La seca puso en riesgo los entramados de la economía popular que dependen de la salud de los ecosistemas. Oficios, trabajos, cultivos, ganadería, alimentación que se deshidrataba con las lagunas, degradando los suelos irreversiblemente. Las organizaciones locales denunciaron que, por primera vez en la historia, los humedales podían morir de sed. ¿Cómo se recomponen las identidades definidas por el ambiente cuando éste muere? La licitación actual ignora estos brazos secundarios.
“Quedan cada vez menos ríos libres en el mundo y el Paraná ya no es uno de ellos”, escribe la periodista Jorgelina Hiba en Paraná Extremo. Al Paraná lo convirtieron en “curso multifragmentado”. Las quemas descontroladas, la pampeanización del delta, la especulación inmobiliaria y el efecto de los agrotóxicos sobre la biodiversidad afectan la integridad del río, lo que el río es. Si la identidad es definida por el ambiente, las heridas sobre el Paraná lastiman nuestra cultura.
Las bajantes de los últimos años dejan marcas a lo largo de la sensibilidad litoraleña. En muchos corazones todavía pesa una profunda solastalgia, esa angustia generada por la degradación ambiental de los lugares que sentimos hogar, que pensamos propios, de los cuales formamos parte. El entramado de organizaciones culturales, sociales y territoriales siente solastalgia pero a la vez está agitado, ebullece.
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Luis “Cosita” Romero pesca en medio del río. Escucha Radio Nacional desde el bambolear de su canoa, la Danielito 1º. Sube el volumen del noticiero de Radio Nacional cuando hablan del proyecto del Paraná Medio. El locutor informa que la represa generará un valle de inundación de un millón de hectáreas. Cubrirá islas, y vecinos de las costas de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes tendrán que desplazarse. Para hacerlo entregará el control de la represa a Estados Unidos por 30 años. Es 1996, pleno menemismo. “Cosita” arenga a su amigo y colega Raul Rocco. Están decididos. Irán pueblo por pueblo a lo largo del río compartiendo con la población las consecuencias de la represa, el territorio perdido, el exilio del propio hogar. Parten hasta la represa Yacyretá, que lleva el nombre de la isla que estaba allí antes de la represa: tierra (retã) de la luna (jasy). Navegan más de mil kilómetros, con una carpa prestada y dos bolsas de dormir, hasta la ciudad de Paraná. Como acto de inauguración de la travesía, Cosita y Raúl se acercan al enorme muro y escriben con tiza sobre el concreto “DESDE AQUÍ NUNCA MÁS”. La canoa en la que parten es la de Raul, se llama “La Enamorada del Río”.
Construir otras formas del futuro para nuestros ríos implica diseñar modelos alternativos de conexión identitaria y comunitaria con ellos. Recuperar el derecho al acceso público a las costas, crear reservas naturales naturales y políticas territoriales a la altura de la crisis climática. Curar y sanar nuestras aguas implica regular las aguas cloacales, controlar su tratamiento; realizar estudios integrales sobre el efecto de los agrotóxicos que caen al río implica, repensar el modelo del agronegocio y escalar las experiencias que cultivan alimento en sinergia con la naturaleza.
Para mucha gente el futuro ya no es significado de progreso; y la dimensión ambiental ocupa buena parte de esta crisis de esperanza. ¿Qué futuros deseables, plenos y potentes nos imaginamos para nuestro gigantesco río marrón? Una sociedad potente, con economías que garanticen el bienestar, pero donde las dimensiones ambientales, culturales y sociales del río sean incorporadas. Con Comités de Cuenca realmente efectivos y con comunidades organizadas en alianza con el saber científico. Reconstruir nuestros sistemas de transporte fluvio-marítimos, con barcos y barcazas que puedan integrar a la Argentina desde Misiones a Tierra del Fuego. Con una navegación a través de los ríos y mares, no sólo para la exportación, sino también para las personas.
La gesta de “Cosita” impulsó el movimiento ambiental entrerriano de la época que logró inscribir su voluntad en Ley Antirepresas 9092/97, y la posterior inclusión del Artículo 85 en la constitución provincial entrerriana. El 25 de septiembre se celebra la Ley de Libertad de los Ríos en su honor. Desde entonces, “Cosita” se dedica al turismo comunitario, pero ahora ha tomado nuevamente los remos. Su historia inspira militancias, contagia acción. Hoy 28 años después, Cosita viaja de nuevo; navega con una flota de canoas en la travesía Remar Contracorriente, en la cual más de 180 organizaciones convocan a remar en contra de la extranjerización de nuestros ríos. Llaman a retomar la rebeldía para defenderlo. Florecen así cientos de militantes que con remo en la mano, se disponen a recorrer de nuevo cientos de kilómetros para defender y proteger al Río Paraná. Salen a disputar la capacidad de soñar y dedicarse a imaginar lo imposible, para construir realidad.
25 de Octubre – En un contexto de crisis hídrica y ambiental en el río Paraná, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas ha solicitado al Gobierno Nacional el acceso a la información ambiental completa sobre las recientes modificaciones en el contrato de concesión de la Vía Navegable Troncal del Paranáque dispone mayores profundizaciones y ensanchamientos del canal.
La solicitud se ampara en el derecho de acceso a la información pública garantizado por la Ley Nacional 25.831 y el Acuerdo de Escazú, que establece el deber de brindar información ambiental de forma oportuna y accesible a toda la ciudadanía.
Importancia de la transparencia ambiental en el contrato del río Paraná
La transparencia en el manejo de la Vía Navegable Troncal del Paraná es esencial para garantizar un uso sostenible de este recurso vital para la región. La cuenca del Paraná, que atraviesa varias provincias y es clave para el ecosistema y la economía nacional, enfrenta actualmente una de sus peores bajantes registradas, lo cual afecta el suministro de agua potable y la salud de los humedales y ecosistemas asociados. El acceso a la información sobre el contrato de concesión permite que la sociedad y las organizaciones tengan claridad sobre las implicancias de las decisiones gubernamentales para la cuenca, la biodiversidad, y la calidad de vida en las comunidades locales.
Derechos de acceso a la información ambiental y Acuerdo de Escazú
La Ley 25.831, que garantiza el derecho de acceso a la información ambiental, establece que cualquier persona o entidad puede solicitar información sobre el ambiente sin tener que justificar un interés especial. Esta ley, junto con el Acuerdo de Escazú, firmado por Argentina, promueve el acceso libre y transparente a información ambiental relevante para la sociedad.
Enfatizamos también que el acceso a esta información es indispensable para la participación ciudadana en políticas públicas, ya que los ciudadanos tienen derecho a conocer y comprender las decisiones que afectan su ambiente y su calidad de vida. El Acuerdo de Escazú establece el “Principio de Máxima Publicidad”, que indica que el Estado debe ofrecer proactivamente esta información y ponerla a disposición pública, en un formato accesible y claro.
Información solicitada sobre la Vía Navegable Troncal
Específicamente, la Asociación ha solicitado la entrega del texto completo del contrato de concesión del río Paraná y todas sus modificaciones, además de los anexos de la Disposición 24/2024, los cuales no son publicados con el texto de la Disposición que los referencia, pero reiteramos, no son publicados de manera íntegra y accesible. Lo expuesto se manifiesta accediendo en el Boletín Oficial. Esta información es fundamental para comprender el alcance e impacto de las modificaciones introducidas.
En ese sentido, solicitamos especialmente la totalidad de los anexos obrantes en el expediente, ya que en el propio Boletín Oficial al final mencionan que “NOTA : El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición no se publica/n.”
La falta de acceso a esta información pública es una barrera a la participación de la ciudadanía en el control de decisiones estratégicas que afectan a un bien común. En caso de recibir una respuesta incompleta o falta de respuesta, la Asociación formulará la correspondiente reserva de acción judicial.
La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas exige acciones urgentes ante los inminentes proyectos de intervención sobre los ríos Paraguay y Paraná, que amenazan con desatar una crisis socioambiental sin precedentes. Las autoridades deben convocar de manera inmediata a una reunión de Cancilleres y las máximas autoridades ambientales de los países de la Cuenca del Plata, además del Sub Grupo 6 del Acuerdo Marco de Medio Ambiente del Mercosur, para debatir el impacto devastador que estas obras pueden tener sobre los ecosistemas y las comunidades locales.
Mega proyectos de destrucción: Impacto irreversible en la biodiversidad y las comunidades locales
Los anuncios recientes del gobierno nacional y los de Paraguay y Brasil detallan un conjunto de intervenciones sobre los ríos Paraguay y Paraná que buscan profundizar las vías navegables para aumentar el tránsito de barcazas. Esto incluye el derrocamiento de pasos rocosos en el río Paraguay y el dragado de más de 2.000 kilómetros desde Cáceres hasta Corumbá, en Brasil. Estas obras se realizarían en el contexto de una de las peores crisis hídricas de la cuenca en los últimos 77 años, una situación que ha afectado directamente la disponibilidad de agua en la región y exacerbado los procesos de desertificación.
El impacto ambiental de estas acciones es alarmante. Los humedales de la Cuenca del Plata, que albergan una biodiversidad invaluable y proveen recursos vitales para millones de personas, están en grave peligro. Según la Convención de Ramsar, cinco sitios prioritarios del río Paraná, reconocidos internacionalmente por su importancia ecológica, quedarían expuestos a un riesgo de degradación irreversible si se continúan estos proyectos sin una evaluación ambiental integral.
Un atentado contra los acuerdos internacionales
Los proyectos en marcha no solo violan la legislación ambiental argentina y las normas internacionales, sino que también pasan por alto compromisos clave como el Acuerdo de Escazú, el Tratado de la Cuenca del Plata y el Acuerdo Marco de Medio Ambiente del Mercosur. Según el Acuerdo de Escazú, las comunidades tienen derecho a acceder a información clara y participar en la toma de decisiones ambientales. Sin embargo, hasta la fecha, no se han realizado consultas públicas ni estudios de impacto ambiental (EIA) completos que respeten estos principios. La falta de transparencia y de participación ciudadana en este proceso es una flagrante violación de la ley.
Es fundamental recordar que la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y las EIA no son simples formalidades. Según el artículo 41 de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente 25.675, el Estado está obligado a garantizar que toda obra que pueda generar un impacto significativo en el ambiente cuente con estudios previos que evalúen sus consecuencias socioambientales. Estas herramientas legales permiten evitar los efectos negativos y proteger los derechos de las generaciones presentes y futuras.
Datos alarmantes: Impacto económico y ecológico
Las cifras de impacto de estas intervenciones son devastadoras. En 2022, la bajante histórica del río Paraná dejó más de 15.000 kilómetros cuadrados de humedales en riesgo de perder su capacidad de regulación hídrica. Según estudios del Instituto Nacional del Agua, el sistema de humedales del Paraná inferior ha reducido su capacidad de retención de agua en un 40% desde el inicio de las dragas y canalizaciones en la década de 1990. La flora y fauna de la región también se han visto gravemente afectadas, con una disminución del 30% en las poblaciones de peces y especies clave para la subsistencia de las comunidades locales.
La profundización del cauce del río Paraguay, prevista en este megaproyecto, podría incrementar aún más la frecuencia de inundaciones en la región. Expertos del Instituto Argentino de Recursos Hídricos advierten que el derrocamiento de los pasos rocosos naturales podría cambiar permanentemente el régimen hidrológico del río, generando desbordes en áreas pobladas y la pérdida de territorios agrícolas.
Exigencias y acciones inmediatas
Ante esta grave situación, desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas exigimos:
La inmediata convocatoria a una reunión de Cancilleres y autoridades ambientales de los países de la Cuenca del Plata para debatir el impacto ambiental de estos mega proyectos.
La realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que analice de manera integral los efectos socioambientales de estas intervenciones, en particular su compatibilidad con los compromisos internacionales, como el Acuerdo de Escazú y la Convención de Ramsar.
Un diálogo abierto y transparente con las comunidades afectadas y la sociedad civil, conforme lo estipulan la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental (25.831) y el Acuerdo de Escazú.
Que se suspenda cualquier avance en estas obras hasta que se cumplan con los procedimientos de participación ciudadana y se realicen estudios de impacto ambiental completos y rigurosos.
No más intervenciones sin control: Un llamado a la justicia socioambiental
Rechazamos de manera categórica cualquier avance en estos proyectos de intervención en ríos Paraguay Paraná, hasta que se respeten las normativas ambientales vigentes y los derechos de las comunidades. Es necesario que los barcos se adapten a los ríos, no los ríos a los barcos. En pleno siglo XXI y en un contexto de cambio climático sin precedentes, se siguen privilegiando los intereses de unos pocos por encima de la salud de los ecosistemas y las comunidades. Nuestros ríos no son meras autopistas para el comercio internacional; son fuentes de vida para millones de personas y hogar de miles de especies. Si no logramos que se actue ahora, el costo ambiental, social y económico será incalculable.
Los gobiernos regionales avanzan con decisiones políticas críticas sobre la profundización del modelo imperante en el río Paraná inferior: entre ellas el derrocamiento de pasos rocosos en el río Paraguay y el dragado en el tramo Cáceres-Corumbá. Estas acciones amenazan ecosistemas y violan acuerdos internacionales, lo que podría derivar en un ecocidio a lo largo de la Cuenca del Plata. Llamamos a organizaciones socioambientales a lo largo de la cuenca a movilizarse en cada territorio y espacio posible para frenar estas decisiones y avanzar hacia la gestión democrática de cuenca.
En estos días se comunica como hecho políticos en vía de inmediata consumación, la profundización del río Paraná inferior en compensación por el aumento del peaje de la “vía navegable” (Gobierno Nacional); derrocamiento de trece pasos rocosos en el río Paraguay, (Gobierno de la Rca. de Paraguay) y dragado para mayor profundidad de tránsito de barcazas en el tramo Cáceres Corumbá (Brasil), nacientes y primer tramo del río Paraguay. (1)
Luego de más de 25 años, nuevamente renace este drama ecosocial que se había logrado detener, frenar, particularmente en el segundo y tercer escenario, gracias a la movilización social e incidencia política fruto de una enorme diplomacia social en el seno de los parlamentos y las instituciones financieras internacionales interesadas, por parte de la Coalición Ríos Vivos que articulaba con aproximada trescientas organizaciones diversas de la cuenca, en plena ejecución del neoliberalismo en la región.
Derrocar, destruir diques naturales milenarios sumergidos en el río Paraguay, que regulan su régimen hidrológico, es un disparate de consecuencias previsibles como también impensadas, particularmente por falta de evaluaciones ambientales estratégicas, incluso previamente integradas en el marco de profundos debates sociales (democracia ambiental) y políticos a nivel de los Estados de la Cuenca del Plata. Es brutal el incumplimiento en la gestión de los gobiernos del Acuerdo Marco Ambiental del MERCOSUR, del propio Tratado de la Cuenca del Plata y el reciente Acuerdo Regional de Escazú.
Merece destacarse, que semejante mega proyecto de artificialización del segundo río más grande de Sudamérica, merecería un tratamiento mucho más amplio en el escenario ya inapelable del proceso antrópico de cambio climático que estamos viviendo y sufriendo, en particular los seres humanos y no humanos más vulnerables. No existe diálogo sistemático previo entre los órganos científicos y políticos de las Convenciones de Diversidad Biológica, Cambio Climático, Lucha contra la Desertificación y de protección de los Humedales de Importancia Internacional (RAMSAR) todas vigentes y aplicables al mega proyecto de la hasta hace poco denominada hidrovía Paraguay Paraná, tratados internacionales que el denominado Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) sancionado en Argentina, pretende ignorar como obstáculos para la profundización y mayor artificialización de este megaproyecto.
El Sub Grupo de trabajo Número 6 del MERCOSUR (Medio Ambiente), debería considerar semejantes anuncios, evaluar en conjunto con los Estados Provinciales, en el marco del federalismo de concertación en Argentina. Nada de esto sucede. Todo es poner la decisión delante de procesos participativos previos. Se agravian los principios preventivo y precautorio, nada que decir del principio de equidad intergeneracional, menos de no regresión y progresividad. Todos violados de una manera alevosa de avanzar estas decisiones de mercado para muy pocas corporaciones de la minería, la soja y los agrotóxicos, entre las más significativas.
Un dato no menor es que la visión canalizadora aún mayor del cauce principal del Paraguay Paraná, atraviesa en Argentina, por ejemplo, cinco Sitios de máxima protección internacional de humedales (Convención RAMSAR), sin intervención alguna de la representación Nacional y menos de su Secretaría Ejecutiva.
Los litigios serán infinitos, las Cortes Supremas de Justicia de estas Naciones, deberán, finalmente, expedirse.
No podemos aún afirmar si el “asesoramiento” del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EEUU de Norte América es determinante de estas decisiones en Paraguay y Argentina, firmantes los dos Gobiernos de “Memorándum de Entendimiento” sobre este tipo de mega proyectos de infraestructura (2)
Pero de lo que no queda duda, es que el ciclo del agua en la Cuenca del Plata, ingresa en un proceso de destrucción masiva, de concretarse estas sentencias de muerte dictadas contra nuestro sistema de humedales desde el gran Pantanal, los humedales Paraguayos, los esteros del Ibera, el Paraná Medio y el gran delta argentino.
Si avanzamos en una visión sudamericana y advertimos los procesos de descomposición de los Glaciares Andinos, la destrucción por desforestación del Chaco Americano y la herencia de la extrema derecha en Amazonia; la Cuenca del Plata, en particular la denominada pampa húmeda y más, están condenadas, con estas políticas negacionistas y violadoras de toda visión eco social, a la concreción de un ecocidio.
Y expresamos que el ciclo del agua, frente a la simplificación desoladora de los ecosistemas, será fusilado, es que más allá de profundizar y profundizar más y más el cauce de los dos ríos, frente a las sequías en la cuenca y la disminución de los ríos voladores de Amazonia, cada vez habrá menos y menos agua. Por lo tanto, el absurdo es brutal.
Dependerá de los pueblos de Entre Ríos, de la Mesopotamia y el Litoral todo, de la capacidad de articulación de sus organizaciones de derechos humanos, sindicatos docentes, pequeños productores, trabajadores con sentido de vida y organizaciones ecologistas, el poner freno a este delirio.
Esta convocatoria a una sinergia multidimensional de movilización social organizada, es crucial, más aún frente al dictado del Decreto Nacional (DNU) Número 699 del 5 de agosto (4) que extingue el órgano de control de la vía de navegación troncal, demuele la integración y participación de los Estados Provinciales en el mismo y desintegra el comité federal de la Hidrovía.
El Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (Ecovina), fue el único organismo estatal que emitió un conjunto de posiciones donde se señalaba la necesidad de la concreción de una evaluación ambiental estratégica (EAE) y la conformación del Comité de Cuenca del río mas grande del País, previo a cualquier escenario de mayores intervenciones antrópicas en el cauce del río, como en su valle de inundación. Estos documentos de Ecovina obran en la causa judicial en trámite en el Juzgado Federal de San Nicolás, donde las organizaciones ambientales actoras, demandan se cumpla con estos dos escenarios normativos y de urgente concreción. No resulta sorprendente, entonces, la demolición de un órgano estatal de control que intento actuar de modo coherente con el sistema de derecho ambiental, federal y convencional vigente.
El federalismo constitucional, es reformado y destruido en el caso, en el marco y sobre las “bases” de fundamentos inconstitucionales que nos traen hasta aquí, ejecutando la lógica del descontrol -de lo que en el río pueda suceder en los conceptos más amplios que se puedan imaginar: salud pública, agua saludable, sobrevivencia de ecosistemas y sus reinos de vida, mayores intervenciones de artificialización del cauce y su ensanchamiento, en las mayores crisis hídricas conocidas, etc- y desaparición del Estado.
Relevante será, que en términos globales, la figura jurídica del Ecocidio se concrete, así estos decisores políticos, como los gobernadores silenciosos y cómplices por negligencia, decisión, incumplimiento del federalismo en el ejercicio y protección de la titularidad de los bienes naturales provinciales, posibiliten y aún auspicien que el Gobierno Nacional avance con estas decisiones y no intervenga frente a los derrocamientos del río hermano anunciados, como de las mayores profundizaciones en el Delta Argentino, sin estudios de impacto ambiental acumulativo y Evaluación Ambiental Estratégica.
En la reflexión del periodista de investigación Eliezer Budasoff, más vigente que nunca en “Los Dueños del Río” expone: “No existe, en definitiva, una discusión real sobre las posibilidades de desarrollo de la cuenca del Plata. Aquello que mueve a miles de personas a oponer resistencia a los procesos de privatización de los recursos en América Latina, es lo mismo que mueve al poder económico a implementar estrategias para su apropiación: la cuenca del Plata cuenta con la tercera parte de las reservas mundiales de bosques, recursos hídricos y energéticos, potencial piscícola, agrícola, pecuario y forestal, riquezas ecológicas y socioculturales únicas. Si el valor de los territorios y de sus características ambientales está plenamente considerado, en su conjunto, como recurso productivo para la explotación, es la vida misma de la región en el más amplio sentido, la degradación acelerada de las posibilidades de subsistencia para su población, la que no ingresa a los cálculos del capital económico y financiero. La expresión de los buscadores de capitales, que señala a los inversionistas el beneficio adicional de «recursos humanos económicos», es exacta en el caso de la hidrovía: la vida de los habitantes de América Latina es más barata para las corporaciones. La vida, aquí, vale menos para las pizarras.” (3)
Contrapropuestas de evolución positiva
Una multiplicidad de organizaciones sociales y ecologistas han presentado tres escenarios que se complementan e integran para salir de este círculo cerrado y autodestructivo.
La Alianza Sistema de Humedales Paraguay Paraná presento una Propuesta de Estrategia de Sustentabilidad del Sistema de Humedales de los ríos Paraguay Paraná durante el año 2010 a los puntos focales RAMSAR en cabeza de las áreas ambientales nacionales de los cinco países de la Cuenca. Se puede acceder a la misma en https://eraverde.com.ar/uve/assets/estrategia.pdf
Finalmente, durante más de una década, cientos de organizaciones de todo el país promovieron el proyecto de Ley de presupuestos mínimos ambientales de protección de los humedales de la Argentina. Ninguno de los partidos políticos mayoritarios de la Argentina, los acompañó, finalmente.
Ingresamos a un escenario que nos convoca a la revitalización más que activa de las organizaciones diversas que integraron y conforman hoy una rica experiencia de resistencia y creatividad.
Deseamos profundamente que la oposición democrática y también diversa, pueda obrar a la altura de estas más que graves circunstancias así comunicadas oficialmente, y frenar semejantes decisiones, ilegales e inconstitucionales.
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Autores: Equipos de humedales y río Paraná de la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) integrados por Gimena Viviani, Fabian Maggi, Lucas Micheloud, Romina Arguas, Enzo Culasso Orué, Rafael Colombo y Jorge Oscar Daneri.
El Poder Ejecutivo Provincial envió a la Legislatura un proyecto de Ley que posibilita la venta de bienes inmuebles del Estado Provincial a través de la conformación de una Agencia Administradora a tales efectos, otorgándole o delegando facultades. La iniciativa simplifica, concentra, generaliza y no conforma excepciones. Así, quedan sus competencias, sus finalidades y su organización libradas a la reglamentación que haga luego el Poder Ejecutivo.
Ante esta propuesta, queremos recordar que el Delta del Paraná constituye el sistema de humedales que nuestra Constitución de Entre Ríos jerarquiza y protege, determinando que: ” …La Provincia concertará con las restantes jurisdicciones el uso y aprovechamiento de las cuencas hídricas comunes. Tendrá a su cargo la gestión y uso sustentable de las mismas, y de los sistemas de humedales, que se declaran libres de construcción de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo natural de sus ecosistemas asociados. El Estado asegura la gestión sustentable y la preservación de los montes nativos, de las selvas ribereñas y de las especies autóctonas, fomentando actividades que salvaguarden la estabilidad ecológica. El propietario de montes nativos tiene derecho a ser compensado por su preservación” (Artículo 85º, sexto y séptimo párrafos).
En este marco, debemos tener en cuenta que el Estado Provincial es titular de aproximadamente 188.773 hectáreas de islas en el sistema de humedales (información conforme a la respuesta de una solicitud de acceso a la información pública ambiental realizada oportunamente). Consideramos entonces que el iniciar un proceso de administración y posterior venta a privados sea cual fuera la escala, sería no solo vulnerable jurídicamente para el Estado, sino que podría conllevar consecuencias ecológicas negativas, produciendo un enorme impacto acumulativo y geométrico arrasador sobre las bondades de estos ecosistemas. Remarcamos por esto la necesidad de no habilitar su mercantilización, considerando para esto que el Delta, con todos sus bienes públicos, está fuera del comercio y las islas como sistema son inalienables e imprescriptibles conforme a sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Nos oponemos especialmente a lo establecido por el Artículo 16° del proyecto que exceptúa de lo dispuesto por el artículo 55° de la ley 5140, el cual dispone que “Los bienes inmuebles de la Provincia no podrán enajenarse ni gravarse en forma alguna sin expresa disposición de ley”. Así, todos los bienes de la provincia bajo administración de ésta Agencia podrán ser vendidos y gravados sin que intervenga el Poder Legislativo. Además en una Agencia que carece de representación equitativa y democrática, ya que el Poder Ejecutivo es quien decide la conducción, con la facultad de nombrar y remover los principales cargos (Artículo 6° del proyecto).
En un experimento que no prosperó por la maravillosa resistencia social, el ex gobernador Sergio Uribarri, junto con su fiscal de Estado, Julio Rodriquez Signes, ya intentó privatizar todas las tierras públicas en el Delta a través de la efímera y tristemente conocida “Ley del Arroz”. La normativa habilitaba la venta de estos territorios e incluía sus puertos en manos de los dueños -o algunos de ellos- de las corporaciones del agronegocio de exportación transgénica. Esa propuesta aspiraba otorgar por 99 años todas las tierras públicas en el Delta a una Sociedad Anónima y, a través de la misma, gestionar permisos para el cultivo del arroz y semillas genéticamente modificadas. Esta ley, la 10.092, estuvo en vigencia tan sólo dos meses, de diciembre de 2011 a febrero de 2012, gracias a la respuesta en movilización social que provocó semejante “negocio”. Esta experiencia constituye quizás uno de los mayores escándalos políticos vividos en la provincia en los últimos años y, seguramente la actual gestión no repetirá semejante equívoco.
Perder la memoria, es grave; no conocer su historia, también
La Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas con un conjunto de más de cuarenta organizaciones de la Cuenca y del País, presentó hace más de dos años una Propuesta de Sanación del Delta Argentino. Aquí dejamos el documento de acceso público a todos los que amen el ser naturaleza de nuestro ecosistema privilegiado en el planeta y los que tengan responsabilidades directas sobre la gestión de cuencas y del Delta en particular. Más aún, lo entregamos así con las manos abiertas a cada uno de los diputados y senadores de la provincia.
En razón de lo aquí expuesto y dejando expresado que la mayoría del sistema de humedales provincial son áreas naturales protegidas (ANP) -reconocidas por leyes específicasy sentencias relevantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, debemos decir que este sistema de humedales, el más grande de la Argentina, debe ser excluido expresamente del proyecto de ley que ha sido remitido para la consideración del Poder Legislativo entrerriano. Y que al ser bienes de dominio público que pertenecen a toda la comunidad, está prohibida su venta, como así también limitados sus usos, conforme las funciones ecológicas y sociales que cumplen, más relevantes aún frente a los delicados y graves escenarios de cambio climático. (Artículo 240 Código Civil y Comercial).
La construcción del concepto de “sistema” fue un debate relevante en la Convención Constituyente de Entre Ríos. Fue esculpido y tallado a la luz de concebirlo como una unidad biocultural abrazada de la diversidad de sus reinos de vida. Desconocer ese anclaje, esa multiplicidad de seres humanos y no humanos desde el concepto del derecho real o los que sean, sin comprender los procesos de reconocimiento y respeto para con la Pachamama y el ciclo del agua, es negar que somos entre ríos. Y como decimos y hemos defendido maravillosamente: somos Entre Ríos Sí, entre represas No. Por eso también entre endicamientos No, ni privados ni públicos; No a la pampeanización y destrucción del sistema de humedales que nos conforma y del que somos parte. Porque, señor gobernador, señores legisladores, el Delta no se vende; somos humedal.
* Enzo Culasso Orué y Jorge Oscar Daneri, miembros de la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE). Integrantes de la Unidad de Vinculación Ecologista de la Fundación La Hendija, Paraná.
🟢 Acompañamos con alegría el estreno del documental Por El Paraná: La Disputa por el Río, dirigido por Alejo di Risio (AAdeAA/CAJE) y Franco Gonzalez. El documental se encuentra en la plataforma cine.Ar.
Trailer
La película retrata una travesía a lo largo del Río Paraná en la cual se relatan las tensiones entre los proyectos exportadores globales y la mirada que comprende a la cuenca hídrica más importante de Sudamérica. En un contexto político en el cual el futuro del proyecto hidrovía es absolutamente incierto, el debate sobre la importancia del cuidado del río en un contexto de sequías agravadas por la crisis climática es fundamental para la sociedad argentina.
Desde hace años, el Paraná es testigo de un constante devenir marcado por la disputa entre cuidar sus bienes comunes y los intereses económicos que buscan explotarlos. Proyectos de dragado y profundización amenazan el paleocauce (lecho del río) su biodiversidad y la subsistencia de las comunidades que dependen de él. ¿Pero hay otros futuros posibles para el Río Paraná?
Mientras los titulares nacionales informaban sobre la coyuntura macropolítica alrededor de la gestión del río, un pequeño bote avanzaba por el río retratando sus vaivenes. Tan sólo dos semanas antes de su partida fue que los realizadores decidieron embarcarse en esta travesía que remonta el Paraná en busca de otras voces.
Por El Paraná: La Disputa Por El Río es un documental que invita al espectador a un viaje revelador a lo largo de la cuenca del Paraná, uno de los ríos más importantes de América del Sur. Dos apasionados documentalistas y amantes del río se embarcan en una travesía para capturar las diversas voces y perspectivas que rodean una de las cuencas más afectadas por la crisis climática en los últimos tiempos. Desde naturalistas y pescadores hasta investigadores y comunidades ribereñas, la película pinta un cuadro contundente sobre la relación con el río a través de las voces que dependen de él.
La película profundiza en las tensiones entre los proyectos alrededor de la gestión del Río Paraná (la mal llamada Hidrovía), el comercio internacional y las comunidades locales que buscan construir otras formas de vivir y vincularse con el río.
A medida que los documentalistas navegan por el río se encuentran con los desafíos y obstáculos de atravesar la cuenca durante la bajante más grande en la historia del Paraná, resaltando la urgencia de la salud ambiental y ecológica del río y sus sistemas de humedales. A través de entrevistas con expertos, activistas, economistas e isleros, la película desentraña la identidad cultural entrelazada a lo largo de la cuenca más grande de Argentina.
