Archivos de categoría: Comunicados

Comunicados oficiales de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas dirigidos a prensa, medios especializados, funcionarios públicos en todos sus niveles, activistas y otros integrantes de la sociedad civil.

Un buque de gas fósil amenaza el Golfo San Matías y la salud de las comunidades

El 16 de septiembre, en San Antonio Este, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro realizará la audiencia pública del Proyecto fLNG Etapa 2 – Buque MK II, promovido por el consorcio Southern Energy S.A.. La iniciativa prevé instalar una segunda planta flotante de licuefacción de gas a 4,5 km de la costa, conectada por un nuevo gasoducto submarino de 6 km y un sistema de amarre para barcos metaneros.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial presentamos impugnaciones cuestionando la ubicación alejada de la audiencia, su formato exclusivamente presencial y la restricción de participación a quienes residen en Río Negro. El gobierno provincial rechazó los planteos y sigue adelante sin garantizar el derecho a una participación amplia, tal como ordenan la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.

Este megaproyecto busca exportar 3,5 millones de toneladas de GNL al año, pero a costa de profundizar la dependencia de los combustibles fósiles e incluir al mar argentino los impactos de la industria del gas. No representa ninguna solución energética: consume parte de la energía que produce, genera descargas térmicas y salinas al agua y expone al ecosistema marino a un tráfico constante de barcos metaneros.

El Golfo San Matías es uno de los ecosistemas más valiosos del Atlántico Sur. Allí habitan la ballena franca austral —Monumento Natural Provincial—, el delfín franciscana, lobos marinos, pingüinos y aves migratorias. También es el sostén de la pesca artesanal, hoy en crisis por la emergencia pesquera de la merluza hubbsi, y del turismo de naturaleza en Las Grutas y Península Valdes.

El proyecto implica riesgos directos para la salud. La infraestructura de gas licuado además libera fugas de metano en cada etapa: extracción, transporte, licuefacción y carga, un gas altamente contaminante. En un contexto de crisis climática, avanzar con este tipo de proyectos no es la transición energética que puede beneficiar a la población argentina, sino que es expansión fósil para un puñado de empresas, en búsqueda de mayores beneficios económicos.

A pesar de estas limitaciones, logramos inscribir representantes de doce provincias argentinas. Esa presencia confirma que este proyecto no afecta solo a Río Negro: compromete bienes comunes nacionales, el mar argentino y el clima global.

Vamos a estar presentes en la audiencia, acompañando a las comunidades costeras y territoriales que defienden el golfo. La transición energética justa y popular debe construirse con participación democrática, priorizando la salud y la protección de la vida toda.

¡Queremos un Mar Libre de Petroleras!

El desguace como política de Estado: Informe demuestra las regresiones ambientales del gobierno libertario

Este jueves 7 de agosto de 2025 se presentó el primer Informe de Regresiones Ambientales de AAdeAA-CAJE durante los dos años del gobierno de Milei

Desde diciembre de 2023, Argentina atraviesa el mayor retroceso en derechos económicos, sociales, ambientales y culturales desde la recuperación de la democracia. El negacionismo climático se convirtió en política de Estado. En nombre de la libertad, el gobierno libertario ejecuta un programa de saqueo planificado: se derogan leyes, se destruyen organismos públicos, se entregan ríos y montañas, y se criminaliza a quienes defienden el agua, la tierra y la vida.

Informe Regresiones Ambientales 2025 – AAdeAA-CAJE Descarga

El nuevo Informe de Regresiones Ambientales, elaborado por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, documenta en detalle este proceso de desguace que abre aun más a la desprotección y explotación de los bienes naturales, mientras nos deja indefensos ante los graves impactos de la crisis climática.

La presentación pública se realizó este jueves 7 de agosto en Rodriguez Peña 356, en el Centro de Documentación e Investigación de la cultura de Izquierdas (CeDInCI).

10 ejes de regresión: combustibles fósiles, desmontes, incendios e inundaciones, minería del litio, minería metálica a cielo abierto, privatización de ríos, criminalización de la protesta, plan de inteligencia antidemocrático, vaciamiento de normativas y más.
Organismos debilitados, vaciados y/o reemplazados: desde el Ministerio de Ambiente hasta el INTA, el INA y ACUMAR, INAI, Dirección Nacional de Emergencias, entre otros.
Disolución de organismos: Dirección Nacional de Agroecología, INAFCI, INASE, ENOHSA, entre otros.
Innumerables leyes y fondos afectados, desmantelados o derogados

La Ley Bases y el RIGI no son reformas: son blindajes jurídicos para legalizar el despojo. El Estado deja de ser garante de derechos y se convierte en cómplice del extractivismo.

El Informe será presentado formalmente ante la Cámara de Diputados y el Senado Nacional así como en organismos internacionales como las autoridades del Acuerdo de Escazú.

Este informe no solo sistematiza una política de negacionismo climático y de profundización del extractivismo. Es también una herramienta para imaginar y defender otro futuro, fundado en la protección de la vida, la defensa de los derechos y la participación democrática.

Al trascender la denuncia, el informe representa un acto de memoria colectiva sobre los retrocesos y violencias de estos últimos tiempos. Sistematiza la regresión, pero también señala caminos para resistir y reconstruir. Propone claves para defender lo común, activar redes, exigir justicia.

Porque narrar el saqueo y el negacionismo climático es urgente. Pero imaginar salidas también es un acto político. La política ambiental de Milei no es una anomalía: es el proyecto. Y hay que frenarlo.

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas repudia el intento de amedrentamiento del Ministro de Producción del Chaco

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) manifiesta su profunda preocupación y repudio ante las recientes declaraciones del Ministro de Producción del Chaco, Oscar Pablo Dudik, quien anunció públicamente el envío de una carta documento a nuestra organización, exigiendo el cese de las denuncias públicas y solicitando “pruebas” sobre los desmontes ilegales en dicha provincia.

En primer lugar, informamos que dicha carta documento no ha sido aún recibida por nuestra organización. En caso de efectivizarse su recepción, será respondida en los términos legales y formales que correspondan. Sin embargo, consideramos indispensable manifestar públicamente que el accionar del ministro resulta temerario, impropio de un funcionario público, y constituye un apriete político y amenaza directa contra la libertad de expresión y el derecho a la defensa del ambiente, a la vez que afecta la institucionalidad social y ambiental y la independencia de los poderes del Estado en Chaco.

Es insólito e inadmisible que el titular de una cartera del Poder Ejecutivo pretenda exigir explicaciones o pruebas a una organización de la sociedad civil por una causa ya judicializada, en la que nuestra Asociación no solo es denunciante sino que participa activamente como parte querellante. El rol de evaluar la prueba corresponde al Juez, al Ministerio Público Fiscal, a las defensas de los imputados, y no al Poder Ejecutivo, que no tiene atribuciones para condicionar ni interferir en el desarrollo de un proceso penal en curso.

Consideramos que este tipo de acciones –replicadas además a través de los principales medios de comunicación, muchos de ellos que reciben pauta oficial–, persiguen el único objetivo de condicionar el trabajo de nuestra organización, presionar al Ministerio Público Fiscal e influir en el Poder Judicial, para frenar la investigación penal que involucra a empresarios locales, empresas transnacionales, funcionarios públicos, ex funcionarios públicos, y legisladores lobbistas, lo que atenta gravemente contra el Estado de Derecho.

Solicitaremos a los distintos medios el debido derecho a réplica, difundiendo este comunicado en su tapa, al igual que lo hicieron ampulosamente con las declaraciones del Ministro Dudnik.

Desde que iniciamos la denuncia penal en 2024, hemos aportado de manera sistemática y transparente múltiples pruebas al expediente y denunciamos con nombre y apellido, entre ellas:

Informes de docenas de páginas sobre el entramado que denunciamos (ej. “Análisis de datos del listado de permisos y guías aportados por la provincia del Chaco”, entre muchos otros)
Análisis detallado de Documentación oficial que demuestra el otorgamiento de permisos en zonas protegidas
Evidencia sobre el ingreso sistemático de camiones con madera de quebracho colorado a las tanineras INDUNOR y UNITAN, incluyendo unidades sin matrícula o identificación clara.
Imágenes satelitales, estudios de georreferenciación, videos, expedientes administrativos, documentación contable, etcétera.

Le sugerimos al Sr. Ministro Dudik que revise las actuaciones judiciales en la causa federal, donde consta información relevante que involucra penalmente a funcionarios y exfuncionarios públicos de la provincia, entre ellos Miguel López, Hernán Halavac, Luciano Olivares, entre otros.

¿Quién controla al que debe controlar?

Resulta preocupante, además, que la misma persona encargada de garantizar el cumplimiento de la Ley de Bosques Nativos esté intentando amedrentar a quienes denunciamos su violación sistemática. Más aún, cuando pesan sospechas de que un desmonte reciente podría involucrar al propio Ministro o a su entorno familiar directo, según se desprende de la ampliación de la denuncia penal que presentamos hoy ante la justicia federal (ver denuncia completa), y que podría ser una prueba más de un patrón de encubrimiento y permisividad institucional en Chaco hacia actos ilegales de desmontes.

AAdeAA – Ampliacion de denuncia Descarga

No nos van a callar. No nos vamos a dejar amedrentar.

La defensa de los bosques nativos chaqueños, que son bienes comunes de toda la sociedad, no puede quedar sometida al poder de turno ni a los intereses de los desmontadores. Exigimos al Gobierno del Chaco que en lugar de perseguir a quienes luchamos por el ambiente, actúe con firmeza para frenar los desmontes ilegales, proteger los territorios y desarticular el entramado político-empresarial que está cometiendo sistemáticamente delitos penales para hacer negocios a costa del monte chaqueño.

EL DESGUACE COMO POLÍTICA DE ESTADO: INFORME DEMUESTRA LAS REGRESIONES AMBIENTALES DEL GOBIERNO LIBERTARIO

Este jueves 7 de agosto a las 15hs se presentará en el CeDINCi el primer informe del retroceso ambiental durante los dos años del gobierno de Milei

La presentación pública se hará este jueves 7 de agosto a las 15hs. en Rodriguez Peña 356, en el Centro de Documentación e Investigación de la cultura de Izquierdas (CeDInCI)

10 ejes de regresión: combustibles fósiles, desmontes, incendios e inundaciones, minería del litio, minería metálica a cielo abierto, privatización de ríos, criminalización de la protesta, plan de inteligencia antidemocrático, vaciamiento de normativas y más.
Organismos debilitados, vaciados y/o reemplazados: desde el Ministerio de Ambiente hasta el INTA, el INA y ACUMAR, INAI, Dirección Nacional de Emergencias, entre otros.
Disolución de organismos: Dirección Nacional de Agroecología, INAFCI, INASE, ENOHSA, entre otros.
Innumerables leyes y fondos afectados, desmantelados o derogados.

La Ley Bases y el RIGI no son reformas: son blindajes jurídicos para legalizar el despojo. El Estado deja de ser garante de derechos y se convierte en cómplice del extractivismo.

📍 LA PRESENTACIÓN: Jueves 7 de agosto – 15 hs. CEDINCI –

La Justicia Federal exige al Estado un plazo de 10 días para la entrega de los estudios ambientales de la “hidrovía”

La Cámara Federal de Rosario le ordenó al Estado nacional presentar información urgente sobre el dragado y el uso de una nueva traza para buques de ultramar frente a Ramallo. El fallo responde a una causa impulsada por las organizaciones UPVA y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, que denuncian la ejecución de obras sin estudios de impacto ambiental ni participación ciudadana, en pleno contexto de crisis hídrica y climática.

La causa judicial por el dragado en la mal llamada Hidrovía Paraná-Paraguay alcanzó un hito este pasado 4 de julio. La Sala B de la Cámara Federal de Rosario dictó una medida clave. exigió a los organismos nacionales involucrados que entreguen en un plazo de diez días los informes técnicos, estudios de impacto ambiental y antecedentes administrativos vinculados al dragado, redragado, ensanchamiento y cambio de traza del río Paraná, en el tramo comprendido frente a la ciudad bonaerense de Ramallo. La Administración General de Puertos, Ministerio del Interior, Secretaría de Transporte y Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable deberán cumplir la medida.

La resolución judicial se basa en un principio claro: no puede haber licitación ni ejecución de obras sin Evaluación de Impacto Ambiental previa, participativa y pública. Menos aún cuando se trata de un proyecto de megainfraestructura que altera un curso de agua estratégico, vital para millones de personas y con una biodiversidad única. El hecho de que se pretendan justificar estos trabajos con estudios de hace más de 30 años es una señal de irresponsabilidad institucional inaceptable.

Esta causa se enmarca en una situación ambiental crítica. En los últimos cuatro años, Argentina atraviesa una de las peores crisis hídricas de su historia. El Paraná sufrió bajantes récord. Las comunidades costeras enfrentan cortes, contaminación y pérdida de acceso al agua. Todo esto mientras los informes del IPCC alertan con claridad: el cambio climático intensifica los extremos, pone en jaque los ecosistemas de agua dulce, y obliga a los Estados a actuar con máxima precaución. La opinión consultiva en curso en la Corte Internacional de Justicia de La Haya reafirma esta obligación: los países deben evaluar los impactos ambientales transfronterizos antes de iniciar cualquier proyecto con consecuencias significativas.

La resolución judicial también incorpora como prueba un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que detectó serias irregularidades durante el proceso de licitación para la nueva concesión de la llamada hidrovía. En su dictamen, la Procuraduría señaló que el Estado debe realizar el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental antes de emprender la licitación del dragado.

El Estado aún no explicó por qué no se hicieron estudios actualizados ni se convocó a audiencias públicas, como exige la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.

El tramo en cuestión —frente a las costas de Ramallo— incluye playas, humedales y zonas turísticas de alto valor ecológico. El desvío de la traza hacia el brazo derecho del río, sin estudios ni control público, incrementa los riesgos de erosión costera, pérdida de biodiversidad, dispersión de contaminantes y afectación del abastecimiento de agua.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la organización UPVA sostenemos: no puede haber obras sin información, sin estudios y sin la voz de las comunidades. La planificación de la infraestructura hídrica y portuaria del país no puede seguir bajo lógicas extractivas, opacas y a espaldas de la sociedad.

La protección del Paraná es hoy una cuestión de derechos humanos, justicia ambiental y supervivencia. Seguiremos exigiendo transparencia, participación y responsabilidad. Sin agua no hay vida. Y sin controles necesarios, no habrá justicia social y ecológica.

Autorizan por decreto agua para el fracking en Chubut

Solicitamos información pública ante el proyecto para reconvertir a fracking dos áreas de Chubut

El pasado 10 de abril el Gobierno de la Provincia del Chubut publicó el decreto 340/25 mediante el cual permite a la empresa Pan American Energy reconvertir explotaciones de hidrocarburos tradicionales a unas en las cuales se usa la técnica del fracking. Esto fue realizado por el término de 45 años para las áreas “Anticlinal Grande-Cerro Dragón, Chulengo (en la parte comprendida en la Provincia del Chubut) y Cerro Tortuga-Las Flores”.

La autorización, si bien fue aprobada por la legislatura mediante Proyecto N°44/2025, fue realizada sin consulta pública ni estudios ambientales disponibles. Esta reconversión implica la explotación no convencional por fractura hidráulica “fracking”, método con graves consecuencias para el ambiente. Desde la utilización de enormes cantidades de agua, el uso de más de 500 productos químicos, la mayoría considerados tóxicos, cancerígenos y mutagénicos, producen además la contaminación del aire, los acuíferos y el agua y la posibilidad cierta de que causen sismos por la magnitud de la fractura que se produce en la tierra.

Entre las sustancias potencialmente tóxicas se incluyen los destilados de petróleo, como el queroseno y el diésel (que contienen benceno, etilbenceno, tolueno, xileno, naftaleno y otras sustancias químicas); los hidrocarburos aromáticos policíclicos; el metanol; el formaldehído; el etilenglicol; los éteres de glicol; el ácido clorhídrico; y el hidróxido de sodio (https://earthworks.org/issues/hydraulic-fracturing-101/)

El fracking utiliza químicos contaminantes que quedarán en el suelo entre un 20% y 80% del total con la posible afectación de los acuíferos subterráneos, y consume más de 15 millones de litros de agua pura, lo cual resulta alarmante en un contexto de crisis hídrica y climática, donde las ciudades aguas abajo de la ubicación del proyecto ya sufren escasez y cortes en el suministro de agua potable.

Ante la falta de aviso sobre el origen del agua a utilizar, estudios de Evaluación de Impacto Ambiental y otros, desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial presentamos un pedido de información pública ambiental. Exigimos datos precisos sobre:

La situación hidrogeológica de la zona afectada.
Los estudios técnicos previos que respaldan la decisión del gobierno provincial.
La calidad, disponibilidad y acceso al agua en el área de influencia.
Las estimaciones del volumen total de agua a utilizar durante los 45 años de concesión.
El posible impacto sobre el abastecimiento de agua potable en las comunidades cercanas.

En una provincia que ya enfrenta serios conflictos por el acceso al agua, avanzar con un proyecto de fracking sin estudios previos ni consulta pública es lisa y llanamente una irresponsabilidad institucional. Estas reconversiones no son un proyecto aislado: son un nuevo episodio del avance de las empresas petroleras sobre los territorios más afectados por el modelo energético.

Exigimos al gobierno del Chubut detenga el proceso hasta tanto se hagan públicos los estudios pertinentes y se garantice el derecho de las comunidades a participar en las decisiones que afectan sus territorios. La política energética no puede seguir avanzando a espaldas de la sociedad ni a costa del agua, la salud y los derechos colectivos.

Mercedes Benz y Audi clientes de La Mafia Del Desmonte: La lista completa de empresas que se benefician del ecocidio del monte argentino

Entre las empresas beneficiadas por el ecocidio del quebracho argentino hay grandes marcas automotrices (BMW, Audi, Ford) de calzado e indumentaria

La mafia del desmonte no es un fantasma. Tiene máquinas, tiene nombres y hasta tiene puertos de exportación. A medida que avanza la investigación judicial que impulsamos sobre los desmontes ilegales en el Impenetrable chaqueño —causa penal FRE 3086/2024—desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA)-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) publicamos datos inéditos que presentamos ante la Justicia Federal: a través de las tanineras Indunor y Unitán, se alimenta una cadena global de negocios que va desde curtiembres hasta marcas de autos de lujo.

Son estas dos empresas, Indunor S.A. y Unitán SAICA, que producen tanino de quebracho fundamental para la elaboraciones de cuero. Sus plantas en Chaco y Formosa producen a partir del desmonte ilegal, lo cual luego se exporta en polvo o líquido a más de 50 países que la utilizan, entre otras cosas, para la industria del cuero y la alimentación animal. China, EE.UU., Italia, Brasil y México son países de destino.

Entre los compradores aparecen curtiembres que están vinculadas a marcas de lujo: Mercedes-Benz, Audi, BMW, Jeep, Toyota, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot, Citroën, Land Rover, Mini, Renault, Seat, Skoda, Volkswagen, Volvo, Chevrolet, Ram Trucks, GMC.

Entre las marcas de calzado e indumentaria figuran las marcas ECCO, 5.11, Ariat, Wolverine, Consuela, Tandy Leather Factory. Tanto las automotrices como las marcas de ropa, son beneficiadas del desmonte ilegal recibiendo el tanino chaqueño a través de intermediarios industriales como Bay Tanneries (Bangladesh), Shivam Chemicals (India), Tannin Corporation (EE.UU.), y curtiembres certificadas como Dezhou Xinghao Leather Industry o Industria de Peles Minuano.

Las tanineras tienen una compleja estructura societaria. Indunor forma parte del grupo italiano Silvateam, con filiales en América Latina, China y Europa. Según la información recopilada en bases comerciales globales, Silvateam canaliza exportaciones entre filiales, triangula desde Perú y oculta compradores: más del 69% de los envíos de Indunor en 2024 no tiene destino declarado en el registro. Unitán, por su parte, opera a través de intermediarios en EE.UU., India y China, vinculados con industrias del cuero, curtiembres y multinacionales alimentarias.

Mientras la sociedad chaqueña se queda sin monte, mientras comunidades indígenas y campesinas pierden agua, salud y territorio, los extractos del quebracho colorado llegan a fábricas de autos, curtiembres y a mercados de lujo. El modelo extractivo que arrasa el Chaco se sostiene con blindaje político, negocios en paraísos fiscales, y ahora también, intentos de desactivar la justicia.

Desde AAdeAA-CAJE, seguiremos investigando, denunciando y visibilizando el entramado empresarial, judicial y político que permite el ecocidio en Chaco. Trabajamos, y llamamos a la sociedad a crear mayor presencia para que:

Se garantice la continuidad de la causa penal en el fuero federal.
Se frenen ya todos los desmontes ilegales, de acuerdo a lo que la cautelar sostiene
Se sancione a todos los directivos de las empresas responsables, como también a funcionarios y operadores que violan constantemente la ley
Se impida que el negocio del tanino siga operando en zonas prohibidas por el ordenamiento territorial.

La mafia del desmonte tiene clientes: son marcas de lujo con nombres concretos, responsables y sedes.

La Justicia Federal de Chaco Bajo Presión: La Mafia Del Desmonte Busca Impunidad

La Mafia del Desmonte en Chaco acecha a la justicia federal de Chaco. Poderosos intereses económicos-gubernamentales presionaron para que la Jueza Federal se declare incompetente, sin siquiera petición de parte.

La Mafia del Desmonte arrasa con los bosques nativos y ahora también opera activamente para desarmar y frenar la mayor causa judicial en su contra.

En mayo de 2024 la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA)-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) presentó una megacausa penal. La investigación abierta es la más importante de la historia alrededor del entramado político empresarial detrás de la destrucción del monte chaqueño, sectores de poder económico y político ahora buscan garantizar impunidad presionando al Poder Judicial.

La reciente decisión de la Jueza Federal Zunilda Niremperger de declararse incompetente de la causa penal FRE 3086/2024 —en el cual están imputados funcionarios, ex-funcionarios, empresarios y operadores de desmontes ilegales— se alinea con las presiones que venimos denunciando. Esta intempestiva decisión de la magistrada de apartarse de la causa fue tomada sin siquiera petición de parte (de oficio), lo cual sorprende porque el proceso judicial, donde se investigan delitos complejos interconectados, está en pleno proceso probatorio y los hechos y evidencias que allí se generan demuestran la competencia federal que la Jueza intenta negar arbitrariamente.

La competencia federal en la causa es muy clara. No sólo por los delitos de carácter federal que se vienen investigando (lavado de dinero, trata de personas, entre otros), sino también porque se investigan funcionarios nacionales y que las consecuencias y efectos negativos ambientales del objeto de la denuncia (desmonte) excede largamente la jurisdicción de la provincia de Chaco ya que afecta a toda la región.

La causa judicial tiene un valor estratégico y de negarse la competencia federal, la investigación se desperdigaría en numerosos juzgados locales atentando contra la unidad de la pesquisa judicial y a merced de los lobbies locales. No se trata solo de desmontes ilegales, sino de una red sistemática que viola la Ley de Bosques, burla las medidas cautelares, recategoriza zonas protegidas para el agronegocio y desplaza comunidades. Los desmontes ocurren a pesar de estar prohibidos, porque quienes los ejecutan cuentan con protección política.

Por eso, el accionar del Poder Judicial no puede reducirse a juegos de competencia sin fundamentos. Ceder ante las presiones del poder económico significa avalar un modelo de saqueo y ecocidio en uno de los ecosistemas más frágiles del país.

La decisión arbitraria de la Jueza Niremperger no está firme: ha sido apelada por nuestra organización y por la Fiscalia Federal a cargo de Patricio Sabadini. Confiamos que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revocará esta decisión, mantendrá la evidente competencia federal y, de esta manera, seguirá protegiendo el monte chaqueño. La investigación penal tiene copiosas pruebas que no pueden ser ignoradas por la justicia.

Desde nuestra organización, vamos a seguir en los territorios y en los Tribunales. No vamos a permitir que la Mafia del Desmonte avance con complicidad judicial. El monte chaqueño no puede quedar a merced del ecocidio, ni las comunidades a merced del abandono.

Histórica decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: La Naturaleza es reconocida como sujeto de derechos

3 de julio de 2025 — En un fallo sin precedentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió hoy la Opinión Consultiva OC-32/25, en la que, por primera vez, reconoce a la Naturaleza y sus componentes como sujetos de derechos. La decisión marca un hito histórico para el movimiento global que, desde hace décadas, trabajamos por transformar la forma en que las sociedades y los marcos jurídicos se relacionan con los ecosistemas.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial celebramos este avance histórico como una herramienta clave para consolidar la justicia ecológica y climática. Este precedente abre nuevas posibilidades para el litigio estratégico, la protección efectiva de territorios amenazados y la incorporación de los Derechos de la Naturaleza en legislaciones nacionales y locales en toda la región.

En palabras de la propia Corte, este reconocimiento “constituye un desarrollo normativo que permite reforzar la protección de la integridad y funcionalidad de los ecosistemas a largo plazo, proporcionando herramientas jurídicas eficaces frente a la triple crisis planetaria y facilitando la prevención de daños existenciales antes de que alcancen un carácter irreversible”.

La Opinión Consultiva, aprobada por cuatro votos a favor y tres en contra, enfatiza que el reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de derechos no introduce conceptos ajenos al sistema interamericano, sino que representa una evolución coherente del principio de interdependencia entre los derechos humanos y el ambiente.

Como sostiene el propio fallo, “este enfoque fortalece un paradigma centrado en la protección de las condiciones ecológicas esenciales para la vida y empodera a comunidades locales y pueblos indígenas, quienes históricamente han sido guardianes de los ecosistemas” (OC-32/25, párr. 280).

🌿 Seguiremos trabajando junto a comunidades de toda la región, pueblos originarios, defensoras y defensores de la vida, para que este reconocimiento no sea solo simbólico, sino un punto de partida para una transformación concreta en defensa de los ecosistemas y las futuras generaciones.

[Leer el texto completo]

COMARSA BAJO LA LUPA: ALLANAMIENTO EN LOS BASUREROS PETROLEROS DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NEUQUÉN

La justicia avanza sobre la responsabilidad empresarial en la acumulación de residuos petroleros en la región de Vaca Muerta

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén realizó el día de hoy un allanamiento en la planta de Comarsa, ubicada en el Parque Industrial de Neuquén, con autorización de la jueza de garantías Natalia Peloso. La acción fue realizada dentro del marco de la causa denunciada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, conocida como Basureros Petroleros.

El operativo tuvo como objetivo principal tomar muestras de suelo en zonas hasta ahora inaccesibles, utilizando maquinaria pesada, e incautar documentación física y digital relacionada con el tratamiento, traslado y disposición de residuos petroleros. También se busca constatar el cumplimiento efectivo del plan de remediación autorizado por la Secretaría de Ambiente en 2024, que implicaba el traslado de los residuos acumulados a un relleno de seguridad.

Este avance se da en el marco de una causa penal en curso, donde ya fueron imputados tres responsables de la empresa: dos directivos y un empleado, por los delitos de contaminación peligrosa para la salud pública y administración fraudulenta. En términos concretos, se investiga si Comarsa simuló el tratamiento de residuos, acumulándolos sin control, y emitió certificados falsos para encubrir prácticas ilegales. También se analiza la posible utilización irregular de tierras fiscales, así como la sobreocupación de capacidad autorizada.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas impulsamos esta causa desde 2020 y advertimos tempranamente que Comarsa acumulaba toneladas de barros petroleros sin tratamiento real, con alta concentración de hidrocarburos y metales pesados, exponiendo a las comunidades cercanas a un riesgo sanitario inaceptable. Las inspecciones realizadas en 2023 y 2024 constataron que gran parte del predio estaba completamente ocupado por residuos, impidiendo incluso verificar el daño real al suelo natural. Recién cuando comenzó el retiro parcial de residuos en 2024 se pudo acceder a nuevas zonas clave para la investigación.

En 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén restableció los embargos preventivos contra la empresa por más de siete millones de dólares, como garantía ante la magnitud del daño ambiental ocasionado. El operativo de hoy representa un paso decisivo en la producción de pruebas, y podría derivar en nuevas imputaciones o medidas cautelares, según el resultado de los análisis y el material secuestrado.

Nos enfrentamos a un modelo extractivo que externaliza sus costos, degrada territorios y luego exige que el Estado y la sociedad se hagan cargo de la limpieza. Este caso es paradigmático: muestra cómo el fracking, lejos de ser una solución energética, genera pasivos ambientales de altísimo riesgo. Exigimos que la justicia avance con firmeza, que se impongan sanciones ejemplares y que los costos de remediación no sean trasladados a las comunidades ni al erario público. No se trata solo de castigar delitos pasados, sino de impedir que se repitan bajo nuevas formas.

Desde la Asociación llamamos a todas las organizaciones sociales, dependenicas estatales, movimientos territoriales y medios comprometidos con la justicia ambiental a seguir este proceso con atención crítica. La salud pública, la integridad del territorio patagónico y el derecho al ambiente y la salud de las futuras generaciones están en juego. No habrá procesos de transición ecosocial sin memoria, sin reparación y sin freno a la impunidad empresarial.

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas // Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Justicia Social y Ecológica