Archivos de categoría: Comunicados

Comunicados oficiales de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas dirigidos a prensa, medios especializados, funcionarios públicos en todos sus niveles, activistas y otros integrantes de la sociedad civil.

Un protocolo sin consulta

La Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, con el patrocinio legal de la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, interpuso el martes 30 de diciembre una demanda judicial solicitando que se declare la inconstitucionalidad del Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada (Ley N° 5755/2024) y de su decreto reglamentario, sancionados por la Legislatura de Río Negro durante el año 2024.

Dicho protocolo fue sancionado de manera unilateral por el Estado provincial, sin consultar a las comunidades originarias, incluso desoyendo sus disidencias y observaciones expresamente formuladas durante el proceso previo.

Sostenemos, sin margen de duda, que no existió participación alguna de autoridades indígenas, comunidades ni de pobladores dispersos en la confección y redacción del protocolo de consulta, incumpliendo de este modo los estándares constitucionales y convencionales vigentes.

La norma impugnada deriva en un procedimiento de consulta altamente restrictivo respecto de la participación de los pueblos indígenas, sus autoridades, comunidades y pobladores dispersos, limitando su intervención en la toma de decisiones vinculadas a leyes o disposiciones administrativas que afectan directa o indirectamente a sus territorios.

Desde el punto de vista jurídico, este esquema resulta contrario al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y a los artículos 75 incisos 17 y 22 de la Constitución Nacional.

En los hechos, esta “consulta sin consulta” se reduce a un trámite administrativo diseñado a la medida de proyectos extractivistas, mineros e hidrocarburíferos, que buscan avanzar sobre territorios ancestrales sin garantizar la participación real de los pueblos indígenas.

Es claro que el Gobierno de Rio Negro, no quiere incluir en la participación real de un Protocolo de Consulta, Libre, Previa e informada a las comunidades ni mucho organizaciones indígenas. Solo quiere que las mismas asientan sin debate previo, a los fines de legitimar iniciativas unilaterales.

La consulta previa, libre e informada es un derecho colectivo de los pueblos indígenas. Desde la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas acompañamos esta demanda porque defender la participación real es defender los territorios, la democracia y el respeto por los derechos de los pueblos originarios.

Una vez más vemos como se consolida un modelo de toma de decisiones autoritario, funcional a intereses extractivistas y ajeno a toda lógica democrática. Frente a este escenario, reafirmamos que no habrá licencia social ni legitimidad posible sin consulta real, libre, previa e informada, construida desde y con las comunidades, y no a espaldas de ellas.

La inacción climática estatal vuelve a empeorar los incendios en la Patagonia

Una vez más, la sociedad es testigo de cómo el fuego avanza sobre el bosque andino patagónico y sus poblaciones aledañas. Un enorme patrimonio milenario de flora y fauna autóctonas, y las sociedades que dependen de ellos, es arrasado año tras año. Lejos de ser fenómenos aislados, estos megaincendios son consecuencia directa de decisiones humanas.

Los incendios que actualmente atraviesan la Patagonia son otro de los síntomas alarmantes de los impactos de la crisis climática global, cuya causa principal es la quema de combustibles fósiles. Las condiciones meteorológicas cada vez más extremas y frecuentes, que propician sequías prolongadas y cambios en los patrones climáticos locales, favorecen la propagación del fuego directamente empeorados por la crisis climática.

A esto se le suma la inacción estatal en materia de mitigación y prevención, que podría mejorar las condiciones territoriales de cara a la temporada de incendios. El crecimiento desmedido de extensas plantaciones forestales con especies exóticas invasoras y profundamente adaptadas a un régimen mayor de incendios, como los pinos, sumado al desmanejo y la falta de regulación respecto de estos pinares y el riesgo que implican en la población y el ecosistema nativo, generan un caldo de cultivo para estos fenómenos. Además, el crecimiento demográfico exponencial y la falta de planificación urbana, la desinformación y los reiterados intentos de modificar la legislación respecto del uso del suelo, con marcados intereses inmobiliarios y de otro tipo, crean las condiciones para agravar los efectos devastadores del fuego.

Durante la última temporada de incendios en la Patagonia, la superficie de bosques afectados por incendios forestales se cuadruplicó: pasó de 7.747 hectáreas entre octubre de 2023 y marzo de 2024, a 31.722 hectáreas entre octubre de 2024 y marzo de 2025. Investigadores del CONICET advierten que esta tendencia creciente aumentaría por seis hacia fines del siglo XXI. Este escenario se inscribe en un contexto de desfinanciamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que pone en riesgo la estructura del organismo responsable no solo de la supresión y el combate de incendios, sino también de las indispensables tareas de prevención.

Es necesario que el Estado responda de manera coordinada a los megaincendios. Los recursos para la prevención del fuego, en todo el territorio nacional, deben emplearse en su máxima capacidad. Para esto es necesario avanzar en el refuerzo del equipamiento y la formalización laboral del personal de brigadas, restablecer el financiamiento pleno del Servicio de Manejo del Fuego, y coordinar los operativos necesarios entre los múltiples actores estatales, tanto de Nación, como provinciales y municipales. La creación de comités de crisis, que incluyan la participación comunitaria local en la alerta temprana y monitoreo, son cruciales.

La crisis climática está aquí y es ahora, podemos elegir responder ante ella o seguir intentando mirar para otro lado mientras el fuego incrementa cada vez más.

Más datos sobre el manejo del fuego y la promoción de los fósiles

Durante 2024, el Gobierno ejecutó apenas el 22 % del presupuesto estatal asignado al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), pese a tratarse del año con la mayor cantidad de focos ígneos de al menos los últimos ocho años. En 2025, la subejecución presupuestaria volvió a repetirse: el SNMF dejó sin ejecutar el 25 % de los recursos asignados, lo que equivale a casi $20.000 millones que podrían haberse destinado a mejorar la infraestructura, el equipamiento, las capacitaciones y las condiciones laborales de las y los brigadistas.
De acuerdo a la Ley de Presupuesto 2026, la partida presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) contará con $20.131 millones, lo que implica una caída real del 69% con respecto a 2023 y del 78,5% con respecto a 2025.
Las metas físicas del SNMF tendrán una marcada reducción en las horas de vuelo previstas y ejecutadas. Mientras que en 2023 estaban programadas 5.100 horas —aunque solo se concretaron 3.058—, para 2026 se proyectan 3.100. A esta disminución se le suma la caída en los informes de alerta temprana y de evaluación de peligro de incendios, instrumentos clave para un enfoque preventivo. En este caso, se pasa de 2.310 informes previstos en 2025 a apenas 1.850 en 2026.
El Presupuesto 2026 asigna $651.600 millones a los subsidios a la oferta de hidrocarburos, lo que representa un aumento real del 6% respecto al valor de 2025. Esto equivale al 0,44% del presupuesto total nacional.

Organizaciones firmantes

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
Observatorio Petrolero Sur (OPSur)
Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas/Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial
Sustentabilidad Sin Fronteras (SSF)
SurfRider Argentina
Gabriel Blanco, autor coordinador de los informes de evaluación 5 y 6 del IPCC
Multisectorial Golfo San Matías
Colectiva Mirá Socioambiental
Tramatierra
Taller Ecologista
Multisectorial de la Comarca Marítima, Viedma, Carmen de Patagones, El Condor
Casa Río Lab
Consciente Colectivo
Fundación Ambiente, Desarrollo y Hábitat Sustentables
Asociación de Amigos de la Patagonia
Instituto de Salud Socioambiental (InSSA)
Greenpeace Argentina
Defensores del Pastizal

Ley de Glaciares: alerta por el proyecto del gobierno que busca aprobarse en el Senado

El gobierno impulsa una reforma regresiva de la Ley de Glaciares durante las sesiones extraordinarias

El gobierno nacional avanzó con un proyecto para modificar la Ley N.º 26.639, conocida como Ley de Glaciares, que ya ingresó al Senado y busca ser aprobado en sesiones extraordinarias durante el verano. La iniciativa apunta a desmantelar el régimen de presupuestos mínimos que hoy protege glaciares y ambiente periglacial, es decir, las reservas estratégicas de agua más importantes de la Argentina.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (AAdeAA–CAJE) advertimos que esta reforma representa un grave retroceso en la protección del agua, en un contexto de crisis climática, retroceso acelerado de glaciares y creciente estrés hídrico en todo el país.

Qué cambia el proyecto que modifica la Ley de Glaciares

Cuadro comparativo realizado AAdeAA-CAJE

Ley de Glaciares – comparativo con Proy Reforma (1)Descarga

El proyecto del gobierno introduce cambios estructurales que alteran por completo la letra y el espíritu de la ley vigente.

En primer lugar, todos los glaciares podrían ser destruidos. La reforma elimina la protección automática que hoy establece la ley y la reemplaza por un sistema discrecional: mediante una simple declaración de una autoridad provincial, un glaciar puede quedar fuera de la protección legal y ser habilitado para actividades extractivas.

En segundo lugar, el proyecto elimina la prohibición expresa de realizar minería sobre el ambiente periglacial. La Ley de Glaciares vigente reconoce que glaciares y periglaciares conforman un sistema único, indispensable para la regulación del agua. Desproteger el periglacial implica, en los hechos, permitir la destrucción del glaciar. Es como proteger el hielo pero apagar el freezer: el resultado es su desaparición.

Una falsa “federalización” de la protección del agua

La reforma propone que cada provincia decida qué glaciares y qué ríos pueden ser entregados a la megaminería y a la exploración hidrocarburífera. De este modo, se eliminan los presupuestos mínimos ambientales nacionales, que hoy garantizan un piso común de protección en todo el territorio argentino.

Esto no fortalece el federalismo : lo debilita. Los glaciares alimentan cuencas hídricas que atraviesan varias provincias. Permitir que una sola jurisdicción defina su destino afecta directamente a comunidades y territorios aguas abajo y abre la puerta a un dumping ambiental, donde las provincias compiten por ver quién flexibiliza más para atraer inversiones extractivas.

Un retroceso ambiental y jurídico inadmisible

Modificar la Ley de Glaciares en este sentido es ambientalmente riesgoso y jurídicamente ilegal. El proyecto viola el principio de no regresión ambiental, reconocido por la Constitución Nacional y por el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), que prohíbe disminuir los niveles de protección ya alcanzados.

En lugar de fortalecer la protección del agua frente a la crisis climática, el gobierno busca debilitar la única norma que pone un límite claro al avance de la megaminería en las cabeceras de los ríos.

Desde AAdeAA–CAJE reafirmamos un principio básico: proteger los glaciares y el ambiente periglacial es proteger el agua, las cuencas y el futuro de nuestras comunidades.

Llamamos a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, a las comunidades, al periodismo y a los representantes legislativos a defender la Ley de Glaciares y a impedir cualquier retroceso en la protección de las reservas estratégicas de agua de la Argentina.

Porque sin glaciares no hay agua.
Y sin agua, no hay vida.

Glaciares en riesgo: por qué más de 25 organizaciones rechazan cualquier retroceso en la ley que protege el agua de la Argentina

En las últimas semanas comenzó a circular la propuesta de modificar la Ley N.º 26.639, conocida como Ley de Glaciares. El planteo no es menor: se trata de la norma que protege las reservas de agua más estratégicas del país, ubicadas en la cordillera y en las zonas de altura donde el hielo, la roca y el frío regulan el flujo de los ríos que alimentan a ciudades enteras.

Frente a este escenario, más de 25 organizaciones de distintos territorios publicaron hoy un documento conjunto. El mensaje es claro: retroceder en la protección de glaciares y ambientes periglaciales es abrir la puerta a daños irreversibles en un ecosistema ya presionado por la crisis climática, y con ello comprometer el abastecimiento de agua de millones de personas.

La Ley de Glaciares fue sancionada en 2010 tras años de litigios, estudios científicos, movilización ciudadana y debates legislativos complejos. No es una norma simbólica: establece límites concretos a actividades que destruyen o alteran glaciares y ambientes periglaciales, especialmente la megaminería y la explotación hidrocarburífera en alta montaña.

En regiones áridas y semiáridas —que representan buena parte del país— la existencia misma de comunidades, economías regionales y ecosistemas depende del agua regulada por estos cuerpos de hielo. Debilitarlos no solo es imprudente: es una apuesta peligrosa en un escenario de calentamiento global acelerado y retroceso comprobado de los glaciares.

Glaciares y periglaciares no son entidades aisladas: funcionan como un solo sistema hídrico y ecológico. Almacenan agua en invierno, la liberan en verano y sostienen caudales cuando no llueve. Intervenir estas zonas, perforarlas, remover roca o construir infraestructura pesada altera esa función básica y desencadena impactos que pueden sentirse cientos de kilómetros río abajo.

Por eso la ley prohíbe actividades de alto impacto donde el daño sería permanente. No porque “se oponga al desarrollo”, sino porque define qué tipo de desarrollo no puede seguir destruyendo las bases físicas que lo hacen posible.

El documento publicado por las organizaciones reconoce el papel central del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Su trabajo permitió construir el Inventario Nacional de Glaciares, una herramienta científica única en la región que identificó, caracterizó y ubicó miles de cuerpos de hielo y áreas periglaciales.

Fortalecer al IANIGLA —en vez de debilitar las normas que sustentan su trabajo— es una condición mínima para enfrentar la crisis climática con información pública, independiente y confiable.

El planteo de modificar la ley no solo es ambientalmente riesgoso: es jurídicamente improcedente.
El Acuerdo de Escazú, incorporado al derecho argentino, obliga a los Estados a garantizar el principio de no regresión: ninguna política pública puede reducir los niveles de protección ya alcanzados.

Modificar la Ley de Glaciares para flexibilizar controles o habilitar actividades prohibidas chocaría frontalmente con ese compromiso internacional y abriría un conflicto jurídico de enorme escala.

Las organizaciones firmantes coinciden en un punto central: no hay desarrollo posible si se destruyen las fuentes de agua que sostienen al país.
En un escenario de sequías extremas, retroceso de glaciares, incendios y eventos climáticos cada vez más violentos, debilitar la única norma que protege las cabeceras de los ríos equivale a poner en riesgo la vida cotidiana, la producción y el futuro de regiones enteras.

La discusión no es técnica: es profundamente política. Se trata de elegir entre un modelo extractivo que sacrifica territorios enteros o un horizonte que reconoce que el agua es un bien común, esencial e irremplazable.

A continuación el documento completo firmado por más de 25 organizaciones de todo el país

Sin-agua-no-hay-desarrollo-posible-razones-por-las-cuales-la-Ley-de-Glaciares-no-debe-modificarse Descarga

Organizaciones firmantes:

Fundación Ambiente y Recursos Naturales

Fundación Biodiversidad Argentina

Fundación Habitar y Desarrollo

Agencia de Cooperación para el Desarrollo

Consciente Colectivo

Ecohouse

Aves Argentinas

Círculo de Políticas Ambientales

Natura Argentina

Proyectar

Red Universitaria para la Crisis Climática

Banco de Bosques

Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas Argentina

Wildlife Conservation Society Argentina

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas

Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza

Por el Mar

Greenpeace

Fundación Ambiente y Medio

Fundación Yuchan

Argentina Limpia

Fundación Vida Silvestre

Hora de Obrar

Los Verdes

Wetlands International

Asamblea Jáchal No Se Toca

Sin Azul No Hay Verde

Bios Argentina

Red Nacional de Acción Ecologista

Conservación Patagonica

Conciencia Solidaria

Fundación Espacios Verdes

FUNDEPS

Jóvenes por el Clima Argentina

Fundación Cambio Democrático

Red Ambiental OIKOS

Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos

Fundación Rewilding Argentina

Instancia Decisiva en la Justicia Federal por el derrame de la minera Barrick Gold en la cuenca del río Jachal en San Juan

Recurrimos ante la Cámara Federal de Casación Penal para reabrir el Juicio Oral contra los responsables nacionales

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, como representante de la Asamblea Jachal No Se Toca, declara su profunda preocupación ante la prescripción de la causa penal, por parte de la Jueza Servici de Cubría, contra los funcionarios nacionales responsables de haber frenado, manipulado e incumplido la Ley de Glaciares, en el marco del derrame tóxico de Barrick Gold en Veladero (Jáchal, San Juan) ocurrido en 2015.

El desastre de Jachal es el mayor derrame minero de la historia argentina y sigue impune a más de diez años: no hay juicio oral, no hay condenas y la minera Barrick Gold continúa operando en plena cordillera, dentro de la zona periglaciar protegida por ley.

La decisión de la jueza Cubría es un retroceso grave. No solo abandona la obligación del Estado de proteger las nacientes de agua de alta montaña, sino que además desconoce una década de pruebas que demuestran el rol del propio Gobierno Nacional de entonces en la manipulación del Inventario de Glaciares para permitir que Barrick operara donde la ley lo prohíbe. Sin esa intervención deliberada, Veladero no habría funcionado jamás: el derrame de cianuro, mercurio y metales pesados sobre la cuenca de Jáchal simplemente no habría ocurrido.

Por eso, desde la querella recurrimos ante la Cámara Federal de Casación Penal para reabrir el Juicio Oral contra los responsables nacionales.

El juicio de Jachal es la única vía para terminar con la impunidad política e institucional que rodea a Veladero desde hace años. Allí deben rendir cuentas quienes, desde el Estado Nacional, bloquearon la aplicación de la Ley de Glaciares y habilitaron la explotación minera en territorios que debían estar resguardados como reservas estratégicas de agua.

El pueblo de Jáchal carga con la contaminación, la incertidumbre y la negación sistemática de información. Su lucha es la que mantuvo viva esta causa cuando todos los resortes del poder quisieron cerrarla.

Veladero es el símbolo de un modelo extractivo basado en la desprotección de los territorios de alta montaña, el desprecio por el agua y el blindaje de las corporaciones mineras. La prescripción dictada por Servini solo fortalece ese modelo.

Por eso vamos a Casación: para impedir que esta causa se archive y para que, de una vez por todas, se escuche en un tribunal la verdad completa sobre cómo se violó la Ley de Glaciares para habilitar un proyecto que nunca debía haber existido.

La Argentina necesita justicia social y ambiental, transparencia y responsabilidad de las corporaciones mineras. Esta causa es una prueba decisiva: o se sostiene la impunidad minera, o se abre el camino para proteger de verdad los glaciares, el agua y las comunidades que dependen de ellos.

Exigimos Juicio Oral YA. El país está con Jáchal .

Basureros Petroleros: Allanamiento a la planta de COMARSA en Neuquén

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) informa que, a pedido de esta querella y de la Fiscalía de Delitos Ambientales, la Justicia autorizó el allanamiento en la planta de COMARSA, ubicada en el Parque Industrial Neuquén Oeste, en la capital provincial. Este paso clave se da en el marco de la causa por los Basureros Petroleros del proyecto Vaca Muerta. Se realiza para avanzar en la investigación penal por usurpación de tierras públicas y contaminación peligrosa en uno de los mayores pasivos petroleros del país y del cual las empresas petroleras son responsables.

El operativo tiene un objetivo concreto: permitir las tareas de campo necesarias para el informe técnico del perito agrimensor designado por la querella, cuyo trabajo es indispensable para reconstruir los límites reales del predio y su expansión.

Esta nueva inspección judicial busca despejar una pregunta central ¿hasta dónde avanzó Comarsa sobre tierras públicas que nunca le fueron cedidas?

Desde la querella afirmamos, en base a lo evidenciado en años de documentación:
COMARSA no solo operó dentro del inmueble concedido a precio vil por la Municipalidad de Neuquén y el Concejo Deliberante, sino que extendió ilegalmente sus actividades sobre terrenos públicos no cedidos, ampliando su huella operativa por fuera de toda autorización estatal.

Esa expansión no es inocua. Sobre esas tierras usurpadas, la empresa acumuló a cielo abierto residuos petroleros tóxicos, provocando la degradación del territorio y afectando el aire, el suelo y la salud de las comunidades que viven y trabajan en las zonas aledañas. A su vez, el lixiviado de estos residuos corre peligor de afectar las napas que existen en la región. Es exactamente el tipo de manejo que las comunidades y organizaciones de la sociedad civil denuncian hace años: montañas de residuos, vapores tóxicos, derrames y un modelo energético que deja contaminación y precariedad donde debería haber controles, reparaciones y políticas públicas serias.

Con este allanamiento, la fiscalía espera demostrar el delito de usurpación, al demostrar la ocupación y el uso ilegal de tierras públicas por parte de la empresa. Y también el delito de contaminación peligrosa, al evidenciar que COMARSA acumuló residuos petroleros en esas mismas tierras, agravando la afectación territorial y social a las comunidades cercanas.

La investigación avanza en un contexto donde Neuquén convive con basureors petroleros abiertos, pozos abandonados sin remediación y zonas saturadas de la infraestructura petrolera sin que ninguna autoridad provincial regule cómo afecta esto a la población. Frente a esa desidia estructural, el allanamiento puede recaba r más evidnecias y avanzar hacia terminar la impunidad actual sobre el entramado que sostiene el proyecto Vaca Muerta.

Desde AAdeAA, como parte querellante, vamos a seguir impulsando las medidas necesarias para que se esclarezcan los hechos, se identifiquen las responsabilidades y se garantice la reparación de los territorios y de las comunidades afectadas.

La contaminación petrolera no es un daño abstracto, ni puede seguir haciéndose en nombre de las divisas y el interés nacional. Las comunidades están afectadas en sus cuerpos y territorios y quienes las afectan deben responder ante la ley

Masivo y contundente rechazo popular al intento de legitimar las obras sobre el Río Paraná para convertirlo en “hidrovía”

El día de hoy se realizó la audiencia pública convocada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación para tratar el llamado “Informe de Gestión y Evaluación Ambiental” de la Vía Navegable Troncal del Paraná. Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas pedimos su impugnación y rechazamos el proyecto de dragado, profundización, ensanchamiento y cambio de trazas sobre el Río Paraná.

A pesar de los obstáculos deliberados para dificultar la participación —información técnica desordenada, formularios impresos, falta de difusión—, la respuesta es categórica: la participación de una enorme cantidad de expertos, referentes sociales, académicos, intelectuales y sindicales que rechazan este modelo de río.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial advertimos desde el primer día que esta audiencia era ilegítima:

No se presentó ningún Estudio de Impacto Ambiental válido.
Las obras de dragado ya están en curso
No existe línea de base ni evaluación de impactos acumulativos.
La información no fue clara, ni accesible, ni difundida en forma efectiva, violando el Acuerdo de Escazú.

Lo que se intentó fue convalidar por vía administrativa una licitación ya decidida.

En la participación territorial y de la sociedad civil se destacan organizaciones socioambientales, comunidades isleñas, trabajadores del río, universidades, sindicatos, colectivos artísticos y ciudadanos autoconvocados. Lo que se expresó fue una oposición transversal, masiva y bien argumentada, que dejó en evidencia la profundidad del rechazo a este modelo extractivo y defiende con fuerza:al río:

Como fuente de agua potable para millones.
Como corredor de biodiversidad y soporte de humedales.
Como territorio habitado por comunidades que resisten.
Como bien común que no puede seguir siendo gestionado a espaldas de la sociedad.

La audiencia, lejos de legitimar el proceso, demuestra la ilegitimidad de lo que se está intentando hacer con el Paraná. La voz colectiva desmontó el simulacro. Cada intervención señaló distintos aspectos en los cuales el Estado, y las empresas usuarias, violan la constitución y el deber de proteger los bienes naturales. Y cuando eso pasa, el pueblo se organiza y habla.

A esta altura, el Gobierno no puede alegar desconocimiento, ni ignorar la voluntad ciudadana. La oposición es contundente.

El modelo de río que intentan imponer no tiene licencia social. Exigimos la anulación del proceso y la suspensión inmediata de la licitación proyectada.

Fuga de hidrocarburos en el lago Mari Menuco: nuevo desastre petrolero en Neuquén

La Confederación Mapuche de Neuquén denunció el miércoles 22 de octubre una fuga de hidrocarburos a partir de la explosión de un ducto de la empresa Pan American Energy (PAE) en el área petrolera conocida como Lindero Atravesado, que se encuentra a orillas del lago Mari Menuco.

Esta fuga de hidrocarburos “creó una nube tóxica que se veía desde las comunidades mapuche aledañas y que claramente contaminó la orilla del lago”, alertaron desde la Confederación.

Estos desastres ambientales, con graves impactos tanto en los ecosistemas como en la salud de las comunidades cercanas, no son accidentes aislados, sino una consecuencia ineludible de la actividad hidrocarburífera extractiva –tanto convencional como no convencional–. Entre 2015 y marzo de 2022, se registraron 9,242 incidentes, muchos de los cuales incluyen derrames de petróleo, contaminación del agua y gases de efecto invernadero altamente peligrosos. En este contexto, la técnica de fracturación hidráulica –conocida como fracking– no solo intensifica los riesgos, sino que lo hace a un ritmo alarmante: entre enero y septiembre de este año se realizaron 18.263 etapas de fractura, un aumento significativo respecto de las 14.722 registradas en 2023.

A esto se suma la falta de control y transparencia en la información sobre la magnitud real de los daños, como quedó demostrado en desastres anteriores, donde las empresas reportaron afectaciones mínimas o inexistentes de las superficies contaminadas, lo que resulta inverosímil dada la envergadura de los derrames.

El lago Mari Menuco es un embalse que, junto a Los Barreales, regula el caudal del río Neuquén, genera energía y brinda agua a las poblaciones y actividades productivas de la región. Es una de las principales fuentes de agua potable de la Patagonia norte. Los Barreales abastece el acueducto que provee a las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul, mientras que el Mari Menuco suministra agua a Neuquén capital, Centenario y, con la ampliación de la planta potabilizadora, también a Plottier y Vista Alegre.

En febrero de este año el gobierno de Rolando Figueroa le extendió la concesión de Lindero Atravesado a PAE a través del decreto N° 228/2025, que autoriza a la empresa a realizar fracturas en el entorno del lago hasta el año 2060. Además, el decreto N° 276/2025, habilitó el fracking en La Angostura Sur I y II, incluyendo el istmo de los embalses Mari Menuco y Los Barreales, y prevé más de 500 pozos en esa frágil zona.

La extracción de hidrocarburos en estos territorios pone en riesgo una fuente de agua potable vital para más de 600 mil personas. La explosión y fuga del pasado 22 de octubre es una muestra más de está situación. Las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación por este nuevo desastre ambiental y reiteramos el reclamo por el cierre de todas las actividades extractivas en la zona.

Firma:

Campaña “Salvemos el Mari Menuco”

Acompañan:

Fundación Ambiente y Recursos Naturales

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas

Observatorio Petrolero Sur

Confederación Mapuche de Neuquén

Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas

Tierra para Vivir – Marabunta

Izquierda Socialista – Ambiente en Lucha – FITU

Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha – Neuquén

Alerta Roja Ambiental / PTS – FITU

Red Ecosocialista – MST en el FITU

Colectiva Feminista La Revuelta

Multisectorial Golfo San Matías

APDH Neuquén

Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones

Asamblea de la Comunidad Costera de Tierra del Fuego, AeIAS

Ambiente en Lucha de Tierra del Fuego, AeIAS

Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande

Asamblea Mar Libre de Petroleras Partido de la Costa

Asamblea por un Mar Libre de petroleras Uruguay

APDH EL BOLSON

ASAMBLEA MULTISECTORIAL de Cipolletti. Río Negro

RED de DDHH de CIPOLLETTI

Asamblea en Defensa del Territorio, Puerto Madryn

Comunidad Katrawletuain, Rawson, Chubut

Lof Newentuaiñ Inchin de Costa de Lepa, Chubut

APDH ESQUEL TREVELIN

APDH Tucumán

Coordinadora Socioambiental Bahia Blanca

Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata

Observatorio de Sismicidad Inducida

Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Patagones

Red de Comunidades Costeras

Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego

La Revuelta Comunicacion, Mar del Plata

Asociación Mane’kenk

APCA Neuquen

FASE Espírito Santo

ANAFAE Honduras

CEDIB, Bolivia

Más datos sobre desastres ambientales de la industria petrolera:

Durante el año 2021 ocurrieron al menos 2049 incidentes ambientales. Un promedio de 5,6 por día, más del doble de los que constan para 2017, cuando el promedio diario era de 2,8 (información extraída a partir de los datos oficiales de incidentes ambientales declarados por empresas operadoras de la Dirección Provincial de Gestión de Situaciones Ambientales y Residuos Especiales).
Entre los principales desastres ambientales de los últimos años se encuentran el del yacimiento Bandurria Sur, del 19 de octubre de 2018, operado por YPF S.A. y Schlumberger, que afectó entre 47,6 (según la empresa) y 80 hectáreas (según Greenpeace y FARN), y por el cual fueron succionados 4076 m³ de hidrocarburos y removidos 22.529 m³ de suelo contaminado; y el incendio en Pozo Loma la Lata Oeste, el 15 de septiembre de 2019, con llamas de 30 metros cerca del lago Los Barreales, controladas en un mes por Wild Well Control.
A esta accidentalidad propia de la industria petrolera se le debe sumar los más de 500 sismos producidos en la zona desde el 2019 por el fracking, de acuerdo a la información producida por el Observatorio de Sismicidad Inducida. Esta actividad sísmica afecta a las comunidades y poblaciones cercadas, en particular a las localidad de Sauzal Bonito y Añelo, con daños materiales, impactos en la salud y seguridad.

Un buque de gas fósil amenaza el Golfo San Matías y la salud de las comunidades

El 16 de septiembre, en San Antonio Este, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro realizará la audiencia pública del Proyecto fLNG Etapa 2 – Buque MK II, promovido por el consorcio Southern Energy S.A.. La iniciativa prevé instalar una segunda planta flotante de licuefacción de gas a 4,5 km de la costa, conectada por un nuevo gasoducto submarino de 6 km y un sistema de amarre para barcos metaneros.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial presentamos impugnaciones cuestionando la ubicación alejada de la audiencia, su formato exclusivamente presencial y la restricción de participación a quienes residen en Río Negro. El gobierno provincial rechazó los planteos y sigue adelante sin garantizar el derecho a una participación amplia, tal como ordenan la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.

Este megaproyecto busca exportar 3,5 millones de toneladas de GNL al año, pero a costa de profundizar la dependencia de los combustibles fósiles e incluir al mar argentino los impactos de la industria del gas. No representa ninguna solución energética: consume parte de la energía que produce, genera descargas térmicas y salinas al agua y expone al ecosistema marino a un tráfico constante de barcos metaneros.

El Golfo San Matías es uno de los ecosistemas más valiosos del Atlántico Sur. Allí habitan la ballena franca austral —Monumento Natural Provincial—, el delfín franciscana, lobos marinos, pingüinos y aves migratorias. También es el sostén de la pesca artesanal, hoy en crisis por la emergencia pesquera de la merluza hubbsi, y del turismo de naturaleza en Las Grutas y Península Valdes.

El proyecto implica riesgos directos para la salud. La infraestructura de gas licuado además libera fugas de metano en cada etapa: extracción, transporte, licuefacción y carga, un gas altamente contaminante. En un contexto de crisis climática, avanzar con este tipo de proyectos no es la transición energética que puede beneficiar a la población argentina, sino que es expansión fósil para un puñado de empresas, en búsqueda de mayores beneficios económicos.

A pesar de estas limitaciones, logramos inscribir representantes de doce provincias argentinas. Esa presencia confirma que este proyecto no afecta solo a Río Negro: compromete bienes comunes nacionales, el mar argentino y el clima global.

Vamos a estar presentes en la audiencia, acompañando a las comunidades costeras y territoriales que defienden el golfo. La transición energética justa y popular debe construirse con participación democrática, priorizando la salud y la protección de la vida toda.

¡Queremos un Mar Libre de Petroleras!

El desguace como política de Estado: Informe demuestra las regresiones ambientales del gobierno libertario

Este jueves 7 de agosto de 2025 se presentó el primer Informe de Regresiones Ambientales de AAdeAA-CAJE durante los dos años del gobierno de Milei

Desde diciembre de 2023, Argentina atraviesa el mayor retroceso en derechos económicos, sociales, ambientales y culturales desde la recuperación de la democracia. El negacionismo climático se convirtió en política de Estado. En nombre de la libertad, el gobierno libertario ejecuta un programa de saqueo planificado: se derogan leyes, se destruyen organismos públicos, se entregan ríos y montañas, y se criminaliza a quienes defienden el agua, la tierra y la vida.

Informe Regresiones Ambientales 2025 – AAdeAA-CAJE Descarga

El nuevo Informe de Regresiones Ambientales, elaborado por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, documenta en detalle este proceso de desguace que abre aun más a la desprotección y explotación de los bienes naturales, mientras nos deja indefensos ante los graves impactos de la crisis climática.

La presentación pública se realizó este jueves 7 de agosto en Rodriguez Peña 356, en el Centro de Documentación e Investigación de la cultura de Izquierdas (CeDInCI).

10 ejes de regresión: combustibles fósiles, desmontes, incendios e inundaciones, minería del litio, minería metálica a cielo abierto, privatización de ríos, criminalización de la protesta, plan de inteligencia antidemocrático, vaciamiento de normativas y más.
Organismos debilitados, vaciados y/o reemplazados: desde el Ministerio de Ambiente hasta el INTA, el INA y ACUMAR, INAI, Dirección Nacional de Emergencias, entre otros.
Disolución de organismos: Dirección Nacional de Agroecología, INAFCI, INASE, ENOHSA, entre otros.
Innumerables leyes y fondos afectados, desmantelados o derogados

La Ley Bases y el RIGI no son reformas: son blindajes jurídicos para legalizar el despojo. El Estado deja de ser garante de derechos y se convierte en cómplice del extractivismo.

El Informe será presentado formalmente ante la Cámara de Diputados y el Senado Nacional así como en organismos internacionales como las autoridades del Acuerdo de Escazú.

Este informe no solo sistematiza una política de negacionismo climático y de profundización del extractivismo. Es también una herramienta para imaginar y defender otro futuro, fundado en la protección de la vida, la defensa de los derechos y la participación democrática.

Al trascender la denuncia, el informe representa un acto de memoria colectiva sobre los retrocesos y violencias de estos últimos tiempos. Sistematiza la regresión, pero también señala caminos para resistir y reconstruir. Propone claves para defender lo común, activar redes, exigir justicia.

Porque narrar el saqueo y el negacionismo climático es urgente. Pero imaginar salidas también es un acto político. La política ambiental de Milei no es una anomalía: es el proyecto. Y hay que frenarlo.

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas // Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Justicia Social y Ecológica