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La Derecha Fest: extractivismo, odio y guerra cultural

En nombre de la libertad del mercado, los libertarios siguen braceando la reducción (sino demolición) del Estado-Nación, la ridiculización de las disidencias de pensamiento, la criminalización de las protestas ecosociales y la banalización de la agenda vinculada a la ampliación de derechos

Por Lucas Micheloud para el Ciudadano

Este martes 22 la ciudad de Córdoba fue escenario de un evento que, si bien podría entenderse como una excentricidad libertaria, refleja muy bien el momento político y cultural que atraviesa nuestro país: “La Derecha Fest” fue promocionada como “el evento más anti-zurdo del mundo”, organizado por think tanks de extrema derecha (Fundación Faro, Gaucho Agencia de la Batalla Cultural, Hojas del Sur, La Derecha Diario, entre otros) que reunió a influencers y operadores ideológicos de la ultraderecha, con entradas valuadas en $35.000 pesos, y que incluyó un discurso del presidente Javier Milei.

Sin embargo, La Derecha Fest no fue sólo un espectáculo ideológico, sino otro intento por instalar un nuevo sentido común que presenta al mercado como el único horizonte posible. De esta forma, en nombre de la libertad del mercado, los libertarios siguen braceando la reducción (sino demolición ) del Estado-Nación, la ridiculización de las disidencias de pensamiento, la criminalización de las protestas ecosociales y la banalización de la agenda vinculada a la ampliación de derechos.

Los buenos y los malos, simplificar para esconder

Por lo general los discursos de los libertarios (así sucedió en La Derecha Fest) tienen una estratégica simplificadora, que divide el mundo entre “progreso o zurdos”, “libertad o comunismo” ,“ciudadanos de bien o militantes rentados”, construyendo una lógica binaria que no sólo niega la complejidad de los debates políticos y el alcance de los conflictos ecosociales actuales, sino que elimina deliberadamente las causas estructurales de la crisis ecológica, social y democrática que atravesamos.

En este marco, el ambientalismo ha sido designado por el oficialismo nacional como uno de los principales enemigos internos del gobierno, acusado de liderar un supuesto “marxismo cultural” que conspiraría contra la soberanía nacional y el desarrollo económico nacional que se postula como “punto de partida para la libertad de los argentinos” (así calificado en el nombre de la denominada Ley Bases).

Todas las derechas en sintonía

Esta estrategia no es un invento argentino, sino parte de un patrón común transnacional que une a las extremas derechas, y vincula concretamente a Milei con figuras como Trump, Bolsonaro o Vox, todos ellos paladines de una cruzada contra la llamada “agenda woke”, término comodín que les permite rechazar cualquier política de ampliación de derechos, protección ecológica, igualdad de género, saberes campesinos y ancestrales o reconocimiento de diversidades.

Así, bajo la simulación de “combatir el adoctrinamiento”, lo que hacen los libertarios locales es despolitizar el conflicto, deslegitimar al adversario (calificado frecuentemente como “enemigo”) y naturalizar un modelo que se estructura en la desigualdad social, la desregulación y promoción del extractivismo y el vaciamiento del Estado.

Todo ambientalismo es político, y está bien

En el plano socioambiental, esto se traduce en una ofensiva directa contra la institucionalidad ambiental a partir de la derogación o modificaciones regresivas de leyes ambientales que fueron el fruto de décadas de luchas y movilizaciones populares en nuestro país, por ejemplo, las leyes de Bosques (26.331) y Glaciares (26.639).

Frente a esta avanzada debemos reafirmar el carácter profundamente político del ambientalismo en Argentina, que no es conservador sino profundamente revolucionario.

Tampoco es teórico ni surge del romanticismo con la naturaleza, sino que nace de las necesidades emergentes de los territorios de nuestro país: desde Andalgalá a Jáchal, de Uspallata al Impenetrable Chaqueño, del Delta del Paraná a la Costa Atlántica, de los Salares Altoandinos al Golfo San Matías, del Lago Mari Menuco al Quebracho en Villa Allende.

Este ambientalismo que el presidente desprecia y califica como enemigo lleva también en su génesis las históricas resistencias de las comunidades campesinas y pueblos originarios que defienden la tierra y los bienes comunes hace décadas –sino siglos– denunciando los impactos del modelo extractivista.

Más que ideología, una disputa por el bien común

Por eso lo que está en juego no es simplemente un debate ideológico, sino una disputa profunda sobre el sentido de lo común, sobre la organización del tejido social y sobre la posibilidad de un futuro vivible en nuestro planeta tierra, rechazado las distopías escapistas hacia Marte o planetas distantes en nuestro Sistema Solar como la solución para gestionar el colapso climático y ecológico.

Mientras la extrema derecha siga banalizando las múltiples crisis socioecológicas y reduzcan los territorios a zonas de sacrificio o tierras raras, el ambientalismo deberá intensificar su radicalidad, potenciar su pensamiento crítico (y creativo), insistiendo en que no hay justicia social sin justicia ambiental.

La guerra como modelo de acción de los libertarios

No sorprende que la guerra cultural sea explícita cuando el abogado y biógrafo de Milei, Nicolás Márquez, declara sin tapujos en La Derecha Fest: “No crean que estamos en una democracia noruega, estamos en guerra. A nuestros enemigos tenemos que exterminarlos políticamente, ideológicamente, espiritualmente.” Esta declaración revela la naturaleza autoritaria y beligerante del proyecto político que hoy amenaza no solo las conquistas sociales, culturales y democráticas, sino también la justicia ecosocial.

El ambientalismo no está en guerra. Todo lo contrario. Venimos a proponer un nuevo Pacto Ecosocial, basado en la ética del cuidado, la solidaridad, justicia y paz con la naturaleza y todas las formas de vida que habitan nuestro planeta. En un clima de época que celebra el saqueo de los bienes naturales y se rinde culto a la libertad de mercado, seguiremos reafirmamos nuestros principios y convicciones, sin retroceder ni condicionar nuestras acciones.

(*) Co-Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas

Nos proponen más extractivismo y menos democracia: hay que reaccionar ahora

El autor, abogado ambientalista, considera uno de los puntos del acuerdo ofrecido a los gobernadores habilita un “pacto para el saqueo” y señala la gravedad de querer declarar “organización terrorista” a Greenpeace, como propuso un legislador de LLA. Llama a la acción: “Lleva décadas recuperar derechos, conquistas sociales y bienes perdidos”.

por Enrique Viale para elDiarioAr

Ahora es la agencia Télam. Después será un hospital público, una Universidad también pública vallada, una escuela desmantelada. Hoy un diputado libertario sentencia que la organización Greenpeace es terrorista, mañana lo dirán de todas las organizaciones ambientalistas, pasado buscarán cerrarlas.

Hoy vacían el Conicet, la institución de investigación pública académica más prestigiosa de América Latina, después irán por ARSAT, como ya han ido por el INADI, el INAI, y quieren hacerlo con instituciones culturales.

Tenemos que reaccionar, urgente, ya.

En el marco de medidas económicas totalmente deshumanizadas que están destruyendo a la clase media, empujándola a la pobreza, y a la pobreza a la indigencia, la vertiginosidad de los retrocesos es alarmante. Solo anunciadas con “likes” en cuentas random en la frenética actividad orgiástica del Presidente en X (ex Twitter). El vaciamiento del Conicet es ya una realidad concreta y la imposibilidad de pagar los gastos corrientes de las universidades e institutos de investigación públicos hará inviable cualquier presente consistente.

Esta semana el propio Ministerio de Seguridad, comandado por Patricia Bullrich, anunció en un comunicado oficial que se detuvo a un joven por una discusión en Instagram por su “pensamiento apegado a la propaganda de la ex Unión Soviética” y que “contaba con vínculos con grupos comunistas” (el entrecomillado es textual). 40 años de Democracia y se detiene a una persona por su ideología. En otras palabras, la persecución política ya es una realidad en la Argentina distópica de Milei.

En la apertura de las sesiones legislativas en el Congreso Nacional, el presidente Milei anunció el denominado “Pacto de Mayo”. El punto 6 incluye “un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”. Un “Pacto para el Saqueo” denuncian las organizaciones socioambientales. Reformar, derogar o modificar leyes y normas ambientales por el DNU o en el intento en la Ley Ómnibus (Ley de Tierras, Ley de Manejo del Fuego, Ley de Glaciares, Ley de Bosques, entre otras), solo profundizan las crisis ecológica y apuntalan la desigualdad producida por el modelo extractivista. En definitiva nos proponen más extractivismo y menos democracia. Más colonialismo y reprimarización de la economía. Ganancia de las grandes transnacionales mineras, petroleras y del agronegocio.

Con este contexto preocupan las declaraciones del Legislador bonaerense de la Libertad Avanza, Agustín Romo, que pide declarar “organización terrorista” a Greenpeace. Sabemos que es un disparate, pero estamos rodeados de disparates que luego se consuman. Desde un Decreto Nacional para prohibir el “lenguaje inclusivo y la perspectiva de género”, hasta un Presidente que habla con el perro muerto (ojo que hablar con los perros, todos hablamos, pero no todos le entendemos cuando ladran y, seguro, ninguno puede hablar con un perro muerto). Por eso en el contexto actual las declaraciones del referente del partido de gobierno preocupan. Señalar de “terrorista” a una reconocida organización ambientalista, que lleva la palabra “paz” en su nombre, es parte de la construcción del enemigo. Y eso es peligroso, máxime en América Latina que ostenta el triste récord de más defensores/as ambientales asesinados y perseguidos.

Y este ataque al movimiento socioambiental también viene de sectores de la ¿oposición? El exsenador eterno Miguel Pichetto, ahora devenido en diputado nacional señaló que el ambientalismo es una construcción “de la izquierda boutique de la Capital que llevó a todo el país al rechazo a la minería”. Cuando es exactamente al revés, los que más resisten al extractivismo son las poblaciones de las provincias, no son ambientalistas de CABA: Famatina (La Rioja) Esquel (Chubut) Mendoza Jachal (San Juan) Pueblos Fumigados Mar del Plata (PBA) Jujuy, son solo algunos ejemplos. De ellas tenemos que aprender a cuidar derechos y conquistas sociales. Fueron los movimientos populares más grandes y efervescentes de los últimos tiempos. Desde el Famatinazo, hasta los más recientes Chubutazos y Mendozazos. Con gran protagonismo de las mujeres y maestras.

Es fundamental comprender que lleva décadas recuperar derechos, conquistas sociales y bienes perdidos. Fijense con todo lo entregado, retrocedido y saqueado de la fiesta menemista. Todavía no pudo ser recuperado, desde los trenes hasta retrocesos legales que continúan aún hoy intactos como toda la legislación minera de saqueo.

¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo meros espectadores pasivos de este brutal retroceso de derechos y conquistas sociales? Lo abrumador de la realidad no puede quitarnos la solidaridad ni la ternura (si, la ternura, no hay nada más político que reivindicarla en estas épocas de crueldad). Tampoco la indignación, que debemos transformarla en acción. Resistir en este contexto es una obligación histórica. Hay que dejar de lado las especulaciones, las mezquindades y los cálculos políticos. Las bases mismas de la democracia y donde se asienta, están más que en peligro, ya están siendo vertiginosamente erosionadas.

Estado de excepción - Ley omnibus

Amplio espectro de organizaciones de la sociedad civil rechazan la “Ley Ómnibus” 

Más de 80 organizaciones ambientales y sociales rechazaron la Ley Omnibus presentada por el Poder Ejecutivo. Entre ellas, el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas. Se remitió una comunicación a la Cámara de Diputados de la Nación, expresando desacuerdo con el proyecto de “Ley Ómnibus” presentado por el Poder Ejecutivo nacional en diciembre. En la misiva, se destaca la preocupación ante las medidas propuestas, resaltando que estas representan significativos retrocesos en la legislación ambiental lograda con esfuerzo y eluden el derecho a un ambiente sano, reconocido en el artículo 41 de la Constitución de la Nación.

El proyecto pretende realizar reformas a leyes cruciales para la protección del ambiente, entre las cuales se incluyen la Ley de Bosques (26.331), la Ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema (26.562), la Ley de Glaciares (26.639) y la Ley Federal de Pesca (24.922).

En la carta, las organizaciones advierten que el proyecto de ley contraviene el principio de no regresión ambiental del Acuerdo de Escazú, un pacto internacional que establece que la legislación no puede empeorar la situación del derecho vigente. Evidentemente, las modificaciones propuestas en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo implicarían una disminución en los niveles de protección ambiental y, por ende, tendrían un impacto negativo en el bienestar de las personas.

Peor que en los 90s: DNU, autocracia, extranjerización y regresión socioambiental

Peor que en los 90s: DNU, autocracia, extranjerización y regresión socioambiental 

Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo al DNU Nº 70/2023. Lo consideramos manifiestamente inconstitucional y en contradicción con los principios fundamentales de la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

El DNU carece de argumentos sólidos y no cumple con los requisitos constitucionales de “necesidad” y “urgencia”. A su vez, ignora los mecanismos constitucionales al eludir la aprobación legislativa, contraviniendo la jurisprudencia de la CSJN. También la emisión del DNU, de 336 artículos y dictado de manera apresurada, viola la prohibición constitucional establecida en el Artículo 29 de la Constitución Nacional, lo que puede ser considerado una “traición a la patria” como establece nuestra Carta Magna. A su vez, esto se intenta implementar en conjunto con un protocolo antipiquetes que viola el Derecho a la Protesta social, en un intento por acallar cualquier tipo de respuesta popular a las medidas. 

Compartimos a la sociedad un primer análisis (ver abajo link a documento completo) de los aspectos socioambientales del mencionado Decreto, que muestra su carácter abiertamente regresivo. Entre los principales puntos que el documento analiza se encuentran: 

Ley de Tierras Rurales: Sancionada en 2011, la Ley de tierras rurales expresó la necesidad de colocar un freno al proceso de extranjerización de tierras. La ley busca limitar la extranjerización de las tierras, colocando un régimen restrictivo para la compra de tierras rurales por extranjeros. Un artículo importante es el que prohíbe a extranjeros ser propietarios de inmuebles que sean ribereños de cuerpos de agua (ríos, lagos o cuencas) y zonas de seguridad de frontera.

La derogación de esta Ley conlleva directamente la liberación total de la compra o posesión a capitales extranjeros. Extranjerizar nuestros suelos se traduce en perder nuestra soberanía sobre los bienes comunes asociados al suelo y agua. A su vez esto implica el desplazamiento de poblaciones vulnerables; comunidades campesinas e indígenas podrán ser expulsados por la megaminería metalífera y de litio, la expansión de la frontera sojera-ganadera, foresto-industrial y el corrimiento de la explotación hidrocarburífera. 

Leyes de Minería: la derogación de la Ley N° 24.523 del Sistema Nacional de Comercio Minero, y la Ley N° 24.695 del Banco Nacional de Información Minera implica aún una mayor opacidad en una actividad que ya se encuentra absolutamente desregulada y con la habilitación a una minería a gran escala que flexibiliza controles, estableciendo un sistema de regalías irrisorios a las corporaciones mineras y que continúa intacto.

Impacto en el Sector Energético: Abre la puerta a la privatización total de las empresas públicas  (su transformación de sociedades mixtas a sociedades anónimas). Representa un riesgo para la aceleración en la expansión de la frontera hidrocarburífera, en un contexto de crisis climática. Establece la liberalización tarifaria sin salvaguardas, lo cual amenaza el mercado interno y aumenta riesgos ambientales y sociales. A su vez la eliminación del Fondo para el Desarrollo de la Generación Distribuida (FODIS) y afectación de certificados de crédito fiscal representan un retroceso en la implementación de energías renovables de baja escala necesarias para la transición ecosocial

Lo más llamativo es la absoluta ausencia de cualquier tipo de regulación o modificación de los grandes subsidios existentes para las grandes petroleras y empresas energéticas. Es decir, se seguirá subsidiando a las grandes petroleras multinacionales, no para el consumo interno, sino para la exportación.

Modificación de la Ley del Fuego: Si bien no aparece en el DNU publicado, la modificación -anunciada expresamente por el presidente en la cadena nacional- permitiría el cambio de uso del suelo de zonas afectadas por el fuego, alentando la destrucción de bosques, humedales y áreas protegidas por el agronegocio y la especulación inmobiliaria

Riesgo Alimentario: La derogación de normas como la Ley de Abastecimiento o la Ley de Góndolas favorecen la exportación del agronegocio en detrimento del abastecimiento interno. Esto representa un riesgo que profundiza la crisis alimentaria global y obtura la soberanía alimentaría. 

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