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Desmonte en Chaco

De madrugada, la Legislatura de Chaco habilitó el desmonte de más de un millón de hectáreas de bosque nativo

En una sesión escondida y disimulada por la discusión de la ley Bases en Buenos Aires, los diputados provinciales elaboraron una nueva zonificación que revierte la protección de algunos territorios. Cambios a medida de las grandes empresas tanineras y el agronegocio. La Mafia del Desmonte en acción.

por Enrique Viale para elDiarioAr

Martes 30 de abril, 2.40 de la madrugada, Legislatura de la provincia de Chaco. De espaldas a la sociedad, diputados provinciales votaron modificar el mapa de la Ley de Bosques, habilitando que más de un 1 millón de hectáreas puedan ser desmontadas, arrasadas. Escondieron una sesión dentro de otra. Los flashes en la Capital (en el mismo momento se estaba tratando en el Congreso Nacional la Ley Bases) permitieron el camuflaje perfecto para aprobar un negociado mayúsculo. Así, en un tratamiento express, la legislatura de Chaco votó una ley que reduce dramáticamente la protección de sus bosques y permitirá el avance de las topadoras sobre el monte nativo, territorios de campesinos e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté, entre otros.

Y todo a medida de las grandes empresas tanineras y el agronegocio. La Mafia del Desmonte en acción.

A partir de la sanción, en el año 2007, de la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos, cada provincia tiene que realizar un mapa donde se pintan –de rojo, amarillo y verde– los bosques nativos para su preservación (Ordenamiento Territorial de  Bosques Nativos, OTBN). Sólo en el área verde (de bajo valor de conservación) se permite el desmonte pero dentro de los criterios establecidos en la ley. Este ordenamiento, señala la ley nacional, tiene que realizarse mediante un proceso participativo y respetando los criterios de sustentabilidad ambiental que establece la norma. 

Chaco realizó su OTBN en el año 2009. Debería haberlo actualizado cada 5 años, siempre para más protección, nunca para menos. Jamás lo hizo, hasta ahora que lo hizo en sentido inverso al espíritu y letra de la Ley de Bosques. Una carta blanca al Ecocidio. 1.250.000 hectáreas de monte nativo a merced del negocio de unos pocos.

Es que la norma votada en la madrugada es manifiestamente ilegal e inconstitucional ya que dispone un mapa regresivo, yendo contra principios reconocidos por el Acuerdo de Escazú (del cual Argentina forma parte), de la Ley General del Ambiente, de la Ley de Bosques Nativos y hasta de los laxos criterios de sustentabilidad del Consejo Federal de Medioambiente (COFEMA).

La organización ecologista Greenpeace advirtió que la nueva normativa forestal de Chaco “no respeta el principio de no regresión ambiental ya que permitirá el desmonte en zonas actualmente clasificadas en la Categoría II (amarillo), al pasarlas a Categoría III (verde), algo prohibido por la normativa nacional. Se trata de un área de corredores de conservación y de amortiguamiento del Parque Nacional Copo, la Reserva La Pirámide y la Reserva Provincial Loro Hablador. Esto pone en riesgo la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté. De esta forma no se cumple con los Criterios 1, 2, 3, 4 y 5 de Sustentabilidad Ambiental establecidos por la Ley Nacional de Bosques”.

Incluso el nuevo mapa pretende “legalizar” las recategorizaciones prediales (que permitieron desmontar ilegalmente miles de hectáreas), otorgadas fundamentalmente en la gestión del exgobernador Domingo Peppo, que fueron realizadas en contra de las normas ambientales vigentes, como denunció la organización APDH. 

Por otra parte, Greenpeace destacó la falta de participación de pueblos originarios en la elaboración de la nueva zonificación. “No se realizaron talleres en sus territorios y en su idioma originario, requisito para cumplir con la consulta libre, previa e informada establecida en tratados internacionales firmados por Argentina. La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos  obliga a poner fin a los desmontes y promover el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos, respetando los derechos y territorios de las comunidades indígenas”, apuntó. 

Como señala la antropóloga e investigadora del Conicet Malena Castilla, y según los datos del Monitoreo de los Bosques Nativos, en Chaco, desde el año 1998 (década en la cual se aprobó la utilización de la soja transgénica) hasta el 2022 se deforestaron 859.503 hectáreas de bosques nativos. Solo en el año 2023 se desmontaron en esa provincia más de 57.000 hectáreas, de manera completamente ilegal.

Las causas del desmonte en Chaco se deben, fundamentalmente, a dos factores: 

En primer lugar, el aumento de la frontera del agronegocio (soja transgénica principalmente y pasturas para ganado) sobre monte y territorio campesino e indígena. 

Y, por otro lado, a la actividad de extracción del tanino, subproducto de los quebrachos desmontados, por parte de las poderosas empresas tanineras. El tanino se usa principalmente para el procesamiento y curtido del cuero y también, en menor medida, para el encamisamiento de tubos petroleros. Actividad netamente extractivista y colonial (recordemos la británica La Forestal hace más de un siglo) que promueve una economía de enclave, que se realiza de manera cuasi minera y basada en la destrucción del monte. Monopolio controlado por un puñado de corporaciones, ligadas siempre al poder político, con escaso eslabonamiento local y concentración fundiaria (también se da en la soja). La megaempresa Indunor S.A., del grupo Italiano Silvateam, y Unitan, también de capitales transnacionales, son las dos tanineras responsables de, al menos, la pérdida de 30.000 hectáreas anuales de masa boscosa en la provincia.

Chaco es uno de los grandes ejemplos de lo que venimos denunciando hace décadas en América Latina: las actividades extractivistas solo dejan como resultado más pobreza y exclusión. Es que a pesar del brutal retroceso de los montes chaqueños y que la producción agroganadera incrementó sus superficies cultivadas, los índices de pobreza e indigencia de la provincia no sólo no se modificaron sino que empeoraron notablemente.

Pero aquí siquiera el debate gira en torno al enfrentamiento entre “ambiente o desarrollo”. Es importante entender que detrás de la destrucción del monte chaqueño hay una concentrada y millonaria maquinaria político/corporativa que se enriquece y maneja los hilos de la provincia según sus propios intereses. A este comportamiento la sociología lo ha bautizado como “la Puerta Giratoria”. Funcionarios/Empresarios que pasan de un lado a otro del mostrador sin disimulo y para favorecer sus propios negocios. Esto no solo es indignante e inmoral sino que está previsto como un delito por nuestra legislación: “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”, conforme al artículo 265 del Código Penal.

Con la organización Greenpeace iremos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a denunciar esta ilegalidad y solicitaremos que, mediante una medida cautelar, suspenda la aplicación de esta regresión normativa. Lo haremos en la causa conocida como “Yaguareté” (porque la iniciamos en nombre y representación de esa especie animal que se encuentra casi extinta como consecuencia de la pérdida de su hábitat, el monte). Iniciada en el año 2019 ante el máximo Tribunal tiene como demandadas a las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta y al Estado Nacional y Parques Nacionales en preservación de los bosques nativos en una de las zonas de mayor desmonte del mundo (el Gran Chaco Argentino). 

También acompañaremos las acciones judiciales que harán organizaciones locales, como Somos Monte o Conciencia Solidaria que histórica y valientemente le pusieron el cuerpo a la protección de los bosques. Con una justicia independiente no habría ninguna duda de la suspensión judicial del nuevo ordenamiento que permite el Ecocidio, la ilegalidad e inconstitucionalidad es tan manifiesta que no se requiere un gran proceso.

Pero no alcanzará sólo con conseguir la anulación judicial de la regresión normativa que se votó en la Legislatura chaqueña. Hay que ir más allá. Es indispensable desarticular a esta Mafia del Desmonte de Chaco y eliminar su cooptación sobre el Estado Chaqueño (en sus tres poderes). Esa organización criminal que se enriquece a costa del Ecocidio dejando exclusión, pobreza y destrucción. Si sigue en funcionamiento, el futuro de uno de los ecosistemas más importantes de América del Sur, el gran Chaco Argentino (y la población, flora y fauna que allí viven) tienen solo como destino su desaparición definitiva.

ley de bases

Peor que en diciembre: Rechazo a la Ley de Bases

Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, en defensa de los derechos ambientales y sociales de la población, expresamos nuestro más enérgico repudio hacia el proyecto de Ley Bases. Instamos a cada miembro/a de la honorable Cámara de Diputados de la Nación que rechace el proyecto en su totalidad.

Esta legislación es impulsada bajo la falsa narrativa de una estabilización económica. Pero la realidad es que representa un grave retroceso para nuestro país; profundiza el saqueo de nuestros bienes comunes y socava las bases necesarias para avanzar hacia un horizonte de justicia ambiental y social.

Es de un profundo rechazo por la democracia y los valores sociales que este país ostenta como base en los últimos cuarenta años avanzar con una propuesta que otorga facultades extraordinarias al presidente. Se pretende así avanzar en la disolución de organismos nacionales clave. Entre ellos los destinados a la conservación o la investigación científica, como la Administración de Parques Nacionales, ACUMAR, CONICET e INTI.

En primer lugar, es imperativo destacar que el proyecto contempla una serie de disposiciones relativas al sector energético que están hechos a la medida de las grandes empresas petroleras. Se propone una modificación de al menos 72 artículos vinculados a la normativa energética, abarcando aspectos cruciales. La Ley de Hidrocarburos 17.319 (y 27.007) modifica 51 artículos, deroga 9 e incorpora 2 en formato “bis”; la Ley Gas Natural 24.076 modifica 6 artículos, la Ley de Autoabastecimiento Hidrocarburífero 26.741 también 2 artículos, y también en los entes reguladores de gas y energía, y el régimen de energía eléctrica. Esta amplia reforma energética, no solo destruye la poca soberanía nacional restante en el sector. Sino que también va absolutamente a contramano de los cambios que sabemos necesarios al sistema energético.

Asimismo, resulta alarmante la propuesta de declaración de Emergencia en Materia Energética por un período de un año, junto con la consiguiente delegación de facultades al Poder Ejecutivo. Esta medida, lejos de garantizar una respuesta eficaz a los desafíos energéticos, climáticos y ambientales en nuestro país, abre la puerta a decisiones unilaterales y arbitrarias por parte de un sector ya altamente concentrado en términos de poder. 

Por otro lado, el proyecto incluye el denominado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el cual plantea una serie de beneficios fiscales y administrativos para que las corporaciones de gran escala tengan libre acción. El RIGI como está planteado, es la base para el saqueo. Fomenta la precarización laboral y la concentración de la riqueza. Debilita aún más los ya exiguos mecanismos de control y regulación del Estado sobre las actividades económicas. 

Dentro de este contexto, es importante resaltar que la Ley Bases también contempla disposiciones que afectarían negativamente la estructura administrativa y regulatoria del Estado. Se propone una modificación de 31 artículos de la Ley de Procedimiento Administrativo que, en la práctica, favorece tajantemente a los grandes intereses corporativos.

Ante este panorama preocupante, desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas instamos a los representantes del pueblo en la Cámara de Diputados a rechazar la ley en su totalidad.

Colapso Ambiental y democratico

El colapso no es solo ambiental, sino democrático

Además de los límites ecológicos del planeta y el agotamiento de recursos, hay una fuerte erosión del sistema democrático y la tendencia a la refeudalización de las sociedades.

por Maristella Svampa para elDiarioAr

Aunque soy ecologista, estoy lejos de pensar que el colapso de las sociedades es o sólo puede ser ambiental. En realidad, si miramos con perspectiva histórica, la desaparición de determinadas sociedades no refleja solamente causas climáticas o ecológicas, como la deforestación, la erosión del suelo, la pérdida de biodiversidad, la mala gestión del agua, entre otros factores, hoy agravados por el extractivismo y la crisis climática, así como por la gran escala de los fenómenos. El colapso involucra también factores determinantes de orden político y geopolítico. 

Autores como el ya fallecido español Ramón Fernández Durán, cofundador de Ecologistas en Acción (quien dejó una gran obra que analiza el rol de la energía en el declive del capitalismo global) incluyen, además de los límites ecológicos del planeta y el agotamiento de recursos, una fuerte erosión del sistema democrático y la tendencia a la refeudalización de las sociedades, en el marco de una clima de guerra.

De hecho, hoy está de moda hablar de policrisis para caracterizar el momento postpandémico, en el cual se entrecruzan crisis múltiples, desde la crisis social vinculada al aumento de las desigualdades, la aceleración de la crisis climática, la crisis energética, la escalada de la guerra a nivel global y, por supuesto, la expansión de las extremas derechas, de fuerte vocación anti-igualitaria y antidemocrática. Asimismo suele decirse que la policrisis civilizatoria podría adquirir rasgos de “tormenta perfecta”, en la medida en que estas dimensiones tienden a superponerse y potenciarse, generando escenarios de mayor incertidumbre, incluso de (auto)destrucción política a gran escala. Así que, a la hora actual, las sociedades no solo se encaminan conscientemente al ecocidio, sino antes que nada, al suicidio político de sus instituciones democráticas. 

En Argentina, el triunfo de Javier Milei y los primeros meses de su gobierno nos han instalado de modo hiperbólico en el campo del suicidio político, en lo que se refiere a valores, ideas y creencias democráticas. Nada mejor que recordar el libro “Cómo mueren las democracias”, escrito en 2018, en el cual S.Levitsky y D. Ziblatt, impulsados por el caso de Donald Trump, desarrollan cuatro indicadores de un comportamiento autoritario. Según los autores, el hecho de incurrir en uno solo de ellos, colocaría ya a un gobierno en la vía del autoritarismo. Sin embargo, en sólo cuatro meses Milei cumple acabadamente con los cuatro puntos, y pretende avanzar a pasos acelerados hacia un modelo autocrático.

El primer indicador se refiere al “rechazo (o débil aceptación) de las reglas democráticas de juego”. Así, la escasa vocación republicana del nuevo presidente arrancó con el inconstitucional DNU (todavía vigente) y en la fracasada Ley Ómnibus; se hizo visible en el trato violento y despectivo hacia el Congreso Nacional (al que ha tratado de “nido de ratas”); También lo reflejan sus declaraciones previas acerca de si cree o no en el régimen democrático. Como otras extremas derechas hoy en boga, Milei dice creer en la libertad (a la que entiende como “libertad individual”, sobre la base de mercados libres y propiedad privada), pero no en la democracia (que en su formato constitucional requiere el equilibrio de poderes y de una mirada colectiva de la sociedad basada en el bien común).

El segundo indicador alude a la “negación de la legitimidad de los adversarios políticos”. En esto Milei ha dado más que pruebas suficientes, a través del insulto y la agresión reiterada. En el plano nacional, los adversarios políticos son tratados de “delincuentes”, “traidores”, “corruptos” y “extorsionadores”. En el plano internacional, tampoco ha ahorrado calificativos: se ha referido  a Gustavo Petro de Colombia como “asesino” y “terrorista”, y durante la campaña electoral había tildado a Lula da Silva de “corrupto” y “ladrón”. 

El tercero refiere a la “Tolerancia y /o fomento de la violencia”. Dicha intolerancia se manifiesta en una tendencia a la obscenidad serial, muy particularmente a través del uso de las redes sociales, en las que Milei invierte horas de su trabajo presidencial. Con estupor, hemos visto como repostea publicaciones vulgares y violentas contra gobernadores (como sucedió con el de Chubut, Ignacio Torres), o como en reuniones dejaba trascender la promesa de “mear a todos” los gobernadores, si no aprobaban su paquete de leyes. Hemos asistido al ensañamiento con algunos artistas (Lali Espósito) y en general para con todo aquel/la y que tenga cierta visibilidad pública y que critique o se atreva a discrepar con algunos de sus dichos o medidas.

El último indicador se refiere a la “predisposición a restringir libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación”. En aras de ser expeditiva, enumero aquí solo dos elementos: uno, el alarmante dispositivo represivo puesto en marcha a nivel nacional para disuadir o no permitir movilizaciones sociales opositoras, de la mano de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El llamado “protocolo antipiquetes” ha sido cuestionado por la totalidad de los organismos de Derechos Humanos, y ha generado en marzo de este año pedidos de informe de la OEA –y la CIDH– en relación “a la libertad de expresión y de reunión pacífica”, así como por “las constantes agresiones a periodistas y obstáculos a la cobertura periodística”. Dos, los desaforados insultos a periodistas o medios que se atrevan a cuestionar mínimamente al presidente y sus políticas, más allá de cual sea la filiación político-ideológica. Lo escuchamos hablar con frecuencia de “periodistas ensobrados” (que cobran coimas), pese a lo cual no ha hecho ninguna denuncia judicial. Recientemente calificó el espacio periodístico como “corrompido, ensuciado, prostituido”; acusándolo de ejercer “la extorsión, la mentira, la difamación y la calumnia”. En fin, ya son más de veinte los periodistas de relieve nacional que han sufrido sus ataques de ira y vulgaridad.

Todo ello sin mencionar que en tan sólo cuatro meses Milei implementó una brutal política de ajuste económico neoliberal que potencia el fenómeno de la pobreza y la exclusión; que su política se encamina no solo a reducir sino decididamente a destruir la capacidad reguladora del Estado; y que su ataque virulento contra la educación pública, la ciencia y la cultura constituye un primer paso en la tarea de disciplinamiento de la sociedad. 

Nunca, en tiempos de régimen institucional, los y las argentinas hemos estado tan cerca de un gobierno autocrático y de un Estado de excepción como hasta ahora. Sin embargo, este inventario rápido que acabo de hacer, está lejos de ser secreto o clandestino; al contrario, opera a plena luz del día, con grandilocuencia y crueldad, frente a la sorpresa muchos, pero también de cara a la complicidad y el silencio de otros tantos. En este punto,  poco vale responsabilizar a la gestión anterior o al conjunto de las anteriores administraciones. Ningún fracaso político-económico anterior ni tampoco las disfunciones o problemas que pudiera tener el Estado argentino en sus diferentes facetas –político, social, de derechos humanos, cultural, educativo, sanitario, entre tantos otros- justifican la actual liquidación del legado democrático, que hoy el gobierno de Milei viene realizando con una brutalidad desenfrenada. 

Este es el punto que quisiera subrayar para cerrar este artículo. Las democracias no sólo se quiebran porque una sociedad harta de frustraciones decide votar a un presidente de abierta vocación autoritaria, y éste avanza sobre las instituciones. Las democracias mueren porque cuentan con la anuencia y complicidad de una parte importante del arco político- partidario; que en este caso involucra a las fuerzas de centroderecha y derecha; esas mismas fuerzas que hasta hace poco se consideraban a sí mismas como parte del campo democrático y republicano. Y que jamás hubieran permitido a un gobierno opositor ni el diez por ciento de los atropellos institucionales que a gran escala  está llevando a cabo Javier Milei. La centroderecha y la derecha argentina, que hoy están siendo absorbidas aceleradamente por la extrema derecha antidemocrática, son  corresponsables de esta tragedia mayor que estamos viviendo como país.  

En suma, los indicadores que proponen Levistky y Zibaltt para leer el quiebre de las democracias, son ante todo un mensaje-recordatorio que deberían tener en cuenta el conjunto de las fuerzas políticas argentinas que aun hoy se siguen diciendo y considerando democráticas.

Abogados ambientalistas

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas: dos décadas de militancia socioambiental con los territorios

En este Día de la Tierra, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) se enorgullecen en celebrar dos décadas de dedicación al servicio de la justicia ambiental y social en Argentina. Desde su fundación en el año 2004, hemos trabajado incansablemente para defender los derechos de los territorios y las comunidades afectadas por conflictos socioambientales en todo el país.

Este aniversario significa para toda la organización un gran momento de reflexión y celebración de nuestros logros colectivos. Durante este año, honraremos esta trayectoria con una serie de eventos especiales y encuentros presenciales en diversas provincias argentinas. Asimismo, estamos comprometidos a seguir impulsando propuestas inclusivas y participativas desde los territorios.

Lo que comenzó hace dos décadas como un humilde sueño, una utopía de jóvenes abogados/as, ahora es una realidad palpable. Desde el primer día, pusimos nuestros conocimientos profesionales al servicio de la justicia ambiental, litigando en nombre de aquellos que resisten los impactos del extractivismo y defendiendo la unión entre la justicia social y ecológica.

Durante estos 20 años, hemos trabajado incansablemente en casi todas las provincias argentinas, litigando y buscando justicia para los conflictos socioambientales que amenazan los derechos humanos y la integridad de los ecosistemas locales. Desde la lucha contra la deforestación hasta la defensa del acceso al agua potable, hemos estado del lado de las comunidades más vulnerables, brindándoles apoyo legal y solidaridad en su lucha por un futuro sostenible.

En el año 2022, dimos un paso adelante al ampliar nuestro alcance de acción y nuestros objetivos con el lanzamiento del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE). Esta iniciativa representa nuestro compromiso renovado con la defensa de los derechos ambientales y sociales en Argentina, así como nuestra voluntad de trabajar en colaboración con organizaciones y comunidades para abordar los desafíos socioambientales de manera integral y sostenible.

Seguimos adelante con la misma pasión, amor y esperanza que nos han guiado durante estos primeros 20 años. Nuestro compromiso con la justicia ambiental y social es inquebrantable, y estamos preparados para enfrentar los desafíos futuros con determinación y solidaridad.

perforacion exploratoria offshore

Alerta inminente por el comienzo de la perforación exploratoria en el Mar Argentino

Buenos Aires, 19 de abril de 2024.-

Las organizaciones Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas alertaron sobre la inminente llegada del buque que realizará la perforación exploratoria, Valaris 17, que ya está rumbo a la ciudad de Mar del Plata. Se estima que llegue el próximo martes 23 de abril para comenzar con las operaciones de perforación exploratoria para determinar la existencia de hidrocarburos en el pozo Argerich-1, de la zona del Mar Argentino denominada Cuenca Argentina Norte. 

Las organizaciones manifestaron su total preocupación por el comienzo de esta actividad en una zona clave para la cría y reproducción de especies del Mar Argentino, llamada el talud continental. El 4 de abril, realizaron una nueva presentación al Juzgado Federal N°2, mediante la cual se solicitó la reconsideración de la medida cautelar, rechazada en diciembre de 2023. Esa presentación se realizó en el marco del amparo sistémico presentado por Greenpeace, Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y otras siete organizaciones civiles en enero de 2022. 

La perforación exploratoria del pozo Argerich-1 sería la primera operación realizada en aguas ultra profundas en el Mar Argentino. Las organizaciones sostienen que estas empresas están yendo a ciegas a perforar el fondo marino del talud continental. Hay una falta de conocimiento sobre la biodiversidad que habita en el fondo marino a perforar y, por ende, incertidumbre sobre los efectos que la actividad puede generar hacia dicha fauna y flora. 

La decisión de la justicia de rechazar la medida cautelar el pasado diciembre, fue acompañada de nuevas solicitudes de información al Estado nacional y Equinor e YPF. Estas fueron realizadas, entre otras razones, por daño transfronterizo y comunicación oficial a Uruguay, para determinar la compatibilidad con los compromisos climáticos argentinos la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y la incompatibilidad con acuerdos internacionales en materia de cambio climático, como por ejemplo, el Acuerdo de París. 

En cuanto a los impactos sociales y ambientales, las organizaciones sostienen que existen incongruencias y expresos reconocimientos de ausencia de información fundamental para el procedimiento. Muchos de ellos surgen de los propios documentos presentados por Equinor, YPF y el Estado Nacional. 

Por ejemplo, el Estado Argentino dice: “ “De modo que teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y según informa el área competente de mi representado, no es posible determinar de   manera inequívoca, la compatibilidad de las actividades del proyecto de referencia con los compromisos climáticos, toda vez que se debe evaluar el conjunto de la economía para el año de meta y estimar impacto en la totalidad de las categorías de emisión y absorción de GEI.” (pág. 184 de su contestación). Este reconocimiento  comprueba la desatención del Estado frente a sus compromisos climáticos, y revela la falta de conocimiento y/o certeza científica que torna aplicable el principio precautorio, ya que es el propio Estado quien reconoce que no sabe si podrá cumplir con los acuerdos climáticos asumidos, si efectivamente, libera al ambiente 200.000 barriles diarios, tal como surge de estimaciones propias de las empresas. 

La negativa a reconocer las graves implicancias ambientales de este proyecto y el escaso compromiso con respecto a los compromisos climáticos argentinos son de grave preocupación en un contexto de crisis ambiental global. A su vez, las organizaciones expresaron preocupación por la enorme cantidad de información recientemente incorporada al expediente, lo que demuestra que el avance de estos proyectos no se ha realizado de forma transparente, ni comprometida con el debido proceso. Desde la presentación de la acción específica contra el pozo exploratorio Argerich I en octubre de 2023, hasta la más reciente presentación del jueves 4 de abril de 2024, han surgido más de catorce mil páginas nuevas.

Juicio Oral en Punta Tombo

Organizaciones querellantes celebran que se avance a juicio oral por la masacre de pingüinos en Punta Tombo

Por primera vez llega a juicio oral en Chubut una causa por crueldad animal y daño ambiental agravado

Las organizaciones querellantes Greenpeace Argentina, Fundación Patagonia Natural, y Asociación Argentina de Abogadas/os Ambientalistas celebraron el resultado de la audiencia que estuvo a cargo de la Jueza Penal Dra. Ana Karina Breckle. Luego de la instancia sucedida  el viernes pasado, la jueza convocó una nueva audiencia para el día de hoy para dar lectura a su decisión de elevar el caso a juicio oral y público. 

Desde las organizaciones consideraron que es un paso más para se haga justicia en nombre de los cientos de Pingüinos de Magallanes que fueron víctimas de atroces crímenes en la Reserva Punta Tombo, en la provincia de Chubut, entre agosto y noviembre de 2021. La decisión de la magistrada en favor ocurrió pese a que la defensa había solicitado el sobreseimiento del acusado; lo cual hubiera minimizado la gravedad de los delitos y abierto la posibilidad de que estos crímenes ambientales queden impunes.

El caso de la masacre de pingüinos en la Reserva Punta Tombo de Chubut no sólo representa un acto de violencia contra la naturaleza, sino que también subraya la importancia de avanzar en figuras del delito ambiental que terminen con la impunidad de estas acciones contra los ecosistemas. 

La denuncia presentada señala la configuración del delito de Crueldad contra los animales, establecido en la Ley 14.346 de Maltrato Animal, y el daño agravado sobre los ecosistemas, solicitando la adopción de medidas inmediatas para proteger a los pingüinos afectados, su entorno y hábitat natural. Asimismo, las organizaciones resaltan la necesidad de sancionar un proyecto de ley que incorpore un Capítulo Penal Ambiental en el Código Penal Argentino, para garantizar una respuesta adecuada frente a los delitos ambientales.

Sobre la Reserva Punta Tombo:

La Reserva Punta Tombo, ubicada en la provincia del Chubut, alberga una de las mayores colonias continentales de pingüinos de Magallanes del planeta. Lamentablemente, en el año 2021, esta reserva fue testigo de una masacre sin precedentes, en la cual mediante el uso de maquinaria pesada removieron el suelo pasando  por encima de la mayor colonia de pingüinos de Magallanes del mundo, desmontando la vegetación nativa y colocando cerco perimetral electrificado afectando el desplazamiento de la especie afectada, todas estas acciones sin autorización alguna. Este acto atroz constituye un ecocidio, un daño grave e irreversible contra la biodiversidad, los ecosistemas y los derechos de la naturaleza. 

Punta Tombo se extiende a lo largo de más de 210 hectáreas en la estepa patagónica, ubicándose sobre la costa del Océano Atlántico, en el departamento Florentino Ameghino, a 110 km de la ciudad de Rawson, capital provincial. ​El pingüino Magallánico, cuyo ​Estado de Conservación de acuerdo a la catalogación en la lista roja  de la IUCN es de Casi Amenazado, no sólo ha sufrido los impactos de la actividad humana en tierra, sino que también está amenazado por actividades que avanzan sobre el mar, ​principalmente la industria​ petr​olera​, la pesca intensiva y los efectos del cambio climático sobre los océanos.

Este mes se conmemora el Día Mundial del Pingüino. Estos animales desempeñan un papel importante en el ecosistema marino. Su salud es un indicador de la salud de los océanos, del Mar Argentino. Su presencia en las costas, particularmente en la Reserva Punta Tombo, enriquece la biodiversidad local y contribuye a mantener el equilibrio ecológico de la zona. Los pingüinos de Magallanes son una especie emblemática que simboliza la riqueza natural del país y el patrimonio de la biodiversidad. 

Link con fotos de Pingüinos de Magallanes aquí

📷 Laura Reyes y Pablo Borboroglu

Contactos de prensa: 

Lucas Micheloud (Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas) +54 9 341 304-2305

Florencia Rey  (Fundación Patagonia Natural) +54 9 280 430-5115

Las abejas, los tóxicos comisionados y la ética de la sustentabilidad

Por Jorge Daneri (*) para Era Verde

Las abejas contemplan a los nuevos presidentes electos de las comisiones de Agricultura y otras yerbas de las cámaras del Congreso de la Nación. Y convocan a asambleas en todos los montes aún en pie. Están evaluando elegir una delegación para conversar con el yaguareté sabio, aparecido hace un tiempo en la selva misionera. El gran felino de los verdes tupidos, negados por los deforestadores tan bien representados y no pocos jueces que deben velar por preservarlos. Entonces las abejas deciden concretar el encuentro. En el salto encantado de sus aguas, donde los monos carayá dorados y negros harán de facilitadores para tejer la conversación.

¿Seguirán estos seres siendo responsables no menores de la degradación, la desolación y la devastación de nuestros rincones de vida y sus milagros?, pregunta la abeja delegada.

El yaguareté responde: Abeja querida ¿No te das cuenta, no comprendes que ellos miran el mundo desde Davos, montados a ese mismo relato de los noventa que surca como aguas envenenadas a través del Gran Chaco Walambá? Son esos mismos que arrasan nuestras tierras de montes y selvas, de culturas milenarias, con las corporaciones de la soja y de otras simplificaciones químicas.

LOS NO REPRESENTANTES

La presidencia de la comisión de Agricultura de la Cámara Alta nacional quedó en manos de Alfredo De Ángeli, proveniente originariamente de la Federación Agraria Argentina. Pero no la del “Grito de Alcorta”, sino de la complicidad con las corporaciones del agronegocio de mega exportación, extractivismo depredador y voraz.

Atilio Benedetti en la misma comisión, pero en Diputados. ¿Radical? No de aquellos que lideraban la causa de los desposeídos, la causa contra el “Régimen” y la Reforma Universitaria, para plantar aquí tres sentipensares de aquella ideología de «reformas extremas en sentido democrático», hoy tan vaciada y funcional a cualquier otra cosa, salvo honrosas excepciones.

Estos dos legisladores representan al pueblo de Entre Ríos. Lo hacen en un contexto en donde en la provincia se debate un proyecto de Ley de Agroquímicos que resulta ser más y peor de lo mismo, el proyecto de la casta dirigencial de los agrotóxicos, venenos de tierras, aguas y seres humanos y no humanos. De Transición hacia la Agroecología, ni mu.

Son los mismos representantes en donde en el circo de intereses giratorios, se vienen vaciando a paso sostenido la educación pública, la autonomía Universidaria, los derechos inclusivos, el INCAA, Télam y ahora Pro Huerta, tan necesario para esa continuidad de recuperar los saberes de cultivar la tierra y que, con aciertos y errores, también aporta dignidad y compromiso. No les importa; simplifican y engloban despidos y expulsiones en paquete, en container, envueltos en esa transversalidad maldita entre región de sacrificio y expulsiones en donde se nos condena desde la denominada Republiqueta de la Soja de Syngenta, a la desertificación de los territorios y las mentes. Y levantan la mano, mano muda de solidez alguna, para acompañar necesidades y urgencias, en las antípodas de las raíces ideológicas de sus “no representaciones”.

EN EL MONTE

Las abejas finalmente decidieron con el yaguareté conformar la coordinación asamblearia del Chaco Walambá, con un Ministerio de los Seres No Humanos y Humanos. No aceptan eso de Capital. El Ministerio de Economía se denominará de la Soberanía Alimentaria y la Sanación de los Reinos de Vida. Se reconformarán los de Memoria Milenaria de las Diversidades Culturales y la Reciente; la de los Derechos Humanos y los la Pachamama y la Naturaleza.

En sus colmenas seguirán creando y sembrando las semillas de las diversidades del amor de y para la tierra, con la sabiduría ignorada como agraviada de estos modos de hacer política agraria retrógrada y para pocos, muy pocos.

LA VIDA

Debemos convocarnos a construir una política de la vida y para la vida y una potencia afectiva de actuar ante la devastación y la guerra que nuestra especie le ha declarado al mundo, nos convocan Omar Giraldo e Ingrid Toro, hacia una ética del saber habitar1.

Y el Manifiesto por la Vida, precisamente nos enseña que «la ética para la sustentabilidad va más allá del propósito de otorgar a la naturaleza un valor intrínseco universal, económico o instrumental. Los bienes ambientales son valorizados por la cultura a través de cosmovisiones, sentimientos y creencias que son resultado de prácticas milenarias de transformación y co-evolución con la naturaleza. El reconocimiento de los límites de la intervención cultural en la naturaleza significa también aceptar los límites de la tecnología que ha llegado a suplantar los valores humanos por la eficiencia de su razón utilitarista. La bioética debe moderar la intervención tecnológica en el orden biológico. La técnica debe ser gobernada por un sentido ético de su potencia transformadora de la vida»2.

Y como las luchas amorosas por las vidas es también una celebración de las existencias y esos otros mundos posibles, las gurisas y los gurises de nuestras escuelas rurales fumigadas, como sus maestras y maestros, contemplan con convicción y esperanza, abrazados a los tiempos de la naturaleza, sosteniéndose en la dignidad de sus saberes, afectos y sueños, esa sentencia luminosa que seguramente la Corte Interamericana de Derecho Humanos sabrá brindar en beneficio de los más vulnerables y las futuras generaciones de familias agroecológicas, bien a escala humana, hacia la curación de los territorios, transitando la sanación y celebración de sus diversidades. Es demasiada la trascendencia y relevancia de este grito de la tierra y sus seres pequeños y adolescentes, sus docentes, para no gritar a todos los vientos: ¡Basta!.

(*) Abogado ambientalista, integrante de la Unidad de Vinculación Ecologista (UVE) de la Fundación La Hendija y de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA).

  • Afectividad Ambiental. Sensibilidad, empatía, estéticas del habitar. Ed. Ecosur, México. Octubre 2020.
  • Manifiesto por la Vida, por una ética para la sustentabilidad. Bogotá, 2002.

El Pacto Ecosocial del Sur fortalece lazos en Perú: Cooperación para un futuro ecosocial en Nuestra América

Lima, Perú – 12 de abril de 2024 – Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, desde nuestro rol como capítulo argentino del Pacto Ecosocial del Sur, nos enorgullecemos de anunciar el éxito de las reuniones y foros públicos celebrados en Lima y Cusco como parte de nuestra Asamblea Anual 2024.

Bajo el lema “Crisis Climática, Extractivismos y Conflictos Sociales”, el Pacto Ecosocial del Sur reunió a referentes y activistas de América Latina para avanzar en las respuestas ante los desafíos urgentes que enfrenta nuestra región y explorar vías hacia la cooperación entre pueblos para la transformación colectiva. 

Los foros públicos, realizados el 9 y 10 de abril a salas llenas, representaron un espacio vital de diálogo y reflexión crítica, abordando la compleja intersección entre la crisis climática, los extractivismos y los autoritarismos que emergen en América Latina. En el Foro Público de Lima contamos con la participación de figuras destacadas como Edgardo Lander (Venezuela), Esperanza Martínez (Ecuador), José De Echave (Perú), Olivia Bisa (Perú) y Breno Bringel (Brasil). Mientras que en el Foro Público de Cusco, nos honraron con su presencia Maristella Svampa (Argentina), Enrique Viale (Argentina) Marilyn Machado (Colombia), Carmen Aliaga (Bolivia/México), Rocío Silva Santiesteban (Perú), Raúl Santillán (Perú), Diana Flores (Perú), Mario Rodríguez (Bolivia) y Elsa Merma (Perú), entre otros.

El Pacto Ecosocial del Sur reconoce la necesidad imperiosa de construir dinámicas sociales capaces de contrarrestar las tendencias del reacomodo capitalista y la concentración de riqueza, así como de proteger nuestros ecosistemas amenazados. Enter nuestras propuestas o lineamientos de trabajo se encuentran:

  • Anulación de las Deudas Externas y Reclamo de la Deuda Ecológica: Abogamos por la construcción de una nueva arquitectura financiera global que priorice el bienestar humano y ambiental sobre los intereses financieros.
  • Autonomía y sostenibilidad de las sociedades locales: Reconocemos la importancia de fortalecer las comunidades locales y promover modelos económicos y sociales sostenibles.
  • Fortalecimiento de la autodeterminación de los pueblos indígenas y comunidades locales: Defendemos el derecho de los pueblos indígenas, campesinos y comunidades locales a gestionar sus recursos de manera autónoma y sostenible.
  • Integración regional y mundial soberana: Abogamos por sistemas de intercambio que promuevan la autonomía y la diversificación económica, alejándose del monopolio corporativo.
  • Priorización de la soberanía alimentaria: Instamos a desarrollar políticas que redistribuyan la tierra y promuevan sistemas agrícolas sostenibles y equitativos.
  • Construcción de un Estado Ecosocial dentro de economías y sociedades postextractivistas: Promovemos una transición hacia modelos económicos que protejan la diversidad cultural y natural de nuestra región.

Estas propuestas reflejan nuestro compromiso con la construcción de un futuro con justicia social y ecológica para toda Nuestra América. Es fundamental que seamos cada vez más quienes trabajamos en la región para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo.

Estas actividades fueron posibles gracias al valioso apoyo de instituciones como CooperAcción, Red Muqui, BD, 11.11.11, Oxfam, DHSF y CBC, cuyo compromiso con la justicia ambiental y social es fundamental para el éxito de nuestra misión.

Causa por el Mar Argentino

Desarrollo Legal en la Causa por el Mar Argentino: Avances judiciales en un clima de presión mediática

Ante los recientes avances en la causa concerniente a la exploración petrolera en el Mar Argentino

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) se emitió una respuesta en la causa por el Mar Argentino frente a la acción de amparo ambiental. La causa cuestiona la validez del avance del modelo petrolero offshore en aguas ultraprofundas en nuestro país. Representa para un gran porcentaje de la población una batalla crucial por la defensa del Mar Argentino, de nuestras costas, de sus entornos naturales y de los derechos de las generaciones futuras.

La resolución cuestionada es la que otorga permisos a la exploración sísmica en la zona del Mar Argentino llamada Cuenca Argentina Norte. Esto representa una amenaza inminente para nuestras costas y ecosistemas marinos. Situada a meros 300 km de las costas de la ciudad de Mar del Plata, esta actividad propuesta por empresas como Equinor, YPF y Shell, es un golpe directo a dimensiones fundamentales para una sociedad social y ambientalmente justa. Representa un ataque a la soberanía argentina sobre su territorio y sobre sus aguas, una profundización de la matriz fósil en un contexto de crisis ambiental, una incapacidad de cumplir los compromisos climáticos argentinos en espacios internacionales y un detrimento absoluto para el avance hacia transición energética popular y justa que nuestro país merece. 

Incluso, al día de la fecha, continúa la presión mediática constante en la cual se celebra la llegada de las embarcaciones para la explotación offshore, a pesar de que la causa sigue completamente en curso. 

Desde la presentación de la acción específica contra el pozo exploratorio Argerich I en octubre de 2023, hasta la más reciente presentación del jueves 4 de abril de 2024, ha surgido información con la que la comunidad no contaba. 

Dentro de los argumentos presentados por las empresas y el Estado, se encuentran datos realmente preocupantes. La falta de legitimación y la interpretación sesgada del principio precautorio son solo el comienzo de una lista de manipulaciones y omisiones flagrantes. Las confesas conversaciones a puertas cerradas entre el Estado y las empresas petroleras, previas a la emisión de los decretos y resoluciones en cuestión, son a su vez, evidencia de lo viciado que se encuentra este proceso. La ausencia real de una inversión que puede generar el llamado “derrame económico” ya que todo lo que invierten ahora es sísmica.

Análisis del marco regulatorio, fiscal e impositivo del offshore donde se demuestra la ausencia de “derramamiento de inversiones”

La reciente aparición de más de 14 mil páginas reflejan la falta de transparencia y responsabilidad que manejaron hasta ahora las empresas y el Estado. La negativa a reconocer las graves implicaciones ambientales de este proyecto y la escasa atención prestada al cambio climático son una afrenta a la sostenibilidad de nuestro planeta y una falta de justicia con las generaciones futuras.

Es necesaria una acción inmediata por parte de las autoridades judiciales para detener este atentado contra nuestro ambiente y nuestras comunidades. Apelamos a la responsabilidad de todos los involucrados en este proceso para hacer lo correcto y proteger nuestros bienes comunes.

La causa por el Mar Argentino

La causa cuestiona no solo  la resolución 436/21 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que autoriza la exploración sísmica en la mencionada cuenca, asignada a empresas como Equinor, YPF y Shell. Se busca además que la Justicia declare la nulidad e inconstitucionalidad de los decretos y resoluciones que dieron origen a la Ronda I, adjudicando áreas marítimas a múltiples compañías internacionales sin el debido proceso. 

La respuesta presentada destaca los vicios administrativos en la motivación del acto, la ausencia de consideraciones ambientales en la normativa hidrocarburífera y las falencias en los estudios de impacto ambiental del proyecto Argerich. Además, se ha denunciado la falta de comunicación sobre el daño transfronterizo y el reconocimiento por parte del Estado de la imposibilidad de cumplir los acuerdos internacionales climáticos.

Contacto de prensa AAdeAA/CAJE: Alejo di Risio +541123904594

Conocimiento Colectivo para la Justicia Ecosocial

Nos complace compartir el éxito de nuestros eventos en colaboración con Wikimedia Argentina (WMAR) y la Asamblea No a la Mina Esquel para sumar conocimiento a Wikipedia y Wikimedia Commons, relevando las realidades de quienes defienden el agua y los derechos humanos en Argentina.

Fue genial ver a tantas personas comprometidas con la protección del ambiente y los derechos humanos participando activamente. Nos proponemos mejorar los contenidos sobre temas como incendios, humedales, minería y energías extremas, documentando experiencias reales y evidencias científicas que son fundamentales para la defensa y preservación de nuestros bienes comunes a lo largo de todo el territorio.

Queremos agradecer a todas las personas que se sumaron en cada una de las instancias. También queremos invitar a seguir construyendo y fomentando espacios en los cuales aprovechemos Wikipedia y Wikimedia Commons para poner en el centro el legado de conocimiento colectivo que promueva la justicia ambiental y social en nuestro país.

Si estás interesado en seguir contribuyendo, te invitamos a visitar los siguientes enlaces donde encontrarás información sobre cómo empezar a editar en Wikipedia y cómo aportar contenido a Wikimedia Commons:

Seguiremos trabajando para relevar conocimiento, mantener viva la memoria y construir el futuro con más justicia social y ambiental.