La extrema derecha en el gobierno: en guerra contra el ambiente y la democracia

En medio del complejo entramado político actual en Argentina, se vislumbra una amenaza latente que compromete significativamente los avances alcanzados en materia ambiental y social. Sectores de extrema derecha, en alianza con los llamados sectores “dialoguistas” de otros partidos que han decidido abiertamente colaborar, han propuesto una serie de medidas regresivas que ponen en riesgo décadas de progreso en la protección de los ecosistemas y el bienestar de la sociedad.

La regresión ambiental impulsada por estos sectores busca desmantelar los logros alcanzados en materia de conservación ecológica y ambiental. A su vez, pretende erosionar los fundamentos mismos de la democracia y la institucionalidad republicana. Bajo el pretexto de una supuesta liberalización de los mercados financieros, estas acciones representan una amenaza directa. Tanto para el patrimonio natural, los bienes naturales, la salud pública, los equilibrios ecológicos como para el debido proceso democrático. En el camino socava cualquier intento de avanzar hacia una transición ecosocial que promueva el bienestar de las personas y las comunidades de nuestro país.

Ante este escenario crítico, el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas han intensificado sus esfuerzos para enfrentar estas tendencias regresivas. A través de un exhaustivo análisis técnico y legal, hemos identificado las múltiples aristas de esta amenaza, poniendo de relieve los ataques directos a la legislación ambiental, legitimadas por ser producto de conquistas populares y sociales, y a los principios democráticos que estas propuestas conllevan.

Es crucial resistir con firmeza estas medidas que menoscaban las bases necesarias para avanzar en una verdadera transición ecosocial, que se sustente en la justicia social y ecológica, esenciales para construir un futuro para todos los argentinos y argentinas, así como para las generaciones venideras.

En este sentido, es imperativo que los representantes del pueblo actúen en consonancia con los intereses de la ciudadanía y se comprometan a salvaguardar el bienestar y la prosperidad de la nación y la región en su conjunto.

Rechazo al Proyecto de Dictamen de Ley Ómnibus
Elsztain, Macri, Caputo y Barrick Gold, los beneficiados por el DNU y la Ley Ómnibus
Sin límites para el saqueo: ataque al corazón de la legislación de protección ambiental argentina
No se comprende, gobernador Rogelio Frigerio
El ambiente también era la casta
Salvá las leyes ambientales: Una iniciativa de las ONGs para frenar los avances sobre los bosques y glaciares
Amplio espectro de organizaciones de la sociedad civil rechazan la “Ley Ómnibus” 
Peor que en los 90s: DNU, autocracia, extranjerización y regresión socioambiental 
Aspectos socioambientales del DNU 70/2023
Rondas de escucha, frente a la política de shock

El ambiente también era la casta

Gonzalo Vergez, 30 de Enero de 2024.

Al final la casta eran las tierras rurales productivas que hoy puede comprar sin limite cualquier extranjero adinerado. Al final, la casta eran los glaciares y los bosques que se entregan sin vueltas a las empresas, en un contexto de grave crisis hídrica y climática de la cual son los bosques quienes nos protegen. 

Al final la casta eran las tierras y humedales que protegíamos, y que pronto van a poder quemar para cambiarles “el uso de suelo”: dejará de ser un humedal, para luego de ser rellenado, cultivar más soja o maíz con todo el paquete químico que fomenta la agricultura agro-oncológica. Si, esa forma de hacer cultivar que produce cáncer y que mata a los niños y adultos. 

Al final la casta eran la tierra de Neuquén y el Mar Argentino, de donde se saca el petróleo, que pronto se va a extraer a un ritmo desconocido, impensado hasta ahora. Todo eso mientras los vecinos de vaca muerta no tienen gas ni asfalto y los nenes se despiertan asustados cuando les tiembla la cama por los sismos del fracking.

Al final la casta eran los minerales, el cobre, plomo, uranio, la plata y el litio, sobre los que la industria extractiva ya no tiene que informarnos. Todo, mientras las cuencas se hídricas se secan.   

La casta terminó siendo nuestra casa común. La tuya, la mía y la de los otros animales y seres vivos. 

Sepamos que, si esto avanza, si la “libertad avanza”, no hay vuelta atrás. No es posible restituir los glaciares a donde estaban. No podemos devolver los humedales. Reforestar nos llevará una vida, o dos.  Los daños ambientales son, en general, irreversibles. Tengámoslo claro: donde hubo fuego, apenas cenizas quedan.

Hoy es un día para reflexionar, cada quien como pueda. Algunos marchan, yo escribo. Lo que no se puede hacer, lo que no está permitido es no hacer nada. 

¿Se necesitan cambios? Seguro. Pero seguro que así no. 

Tampoco podemos entregar “facultades extraordinarias” a una persona que niega el cambio climático, para que haga a su gusto y necesidad lo que quiera con lo de todos.

Tenemos la obligación de proteger las leyes ambientales que tanto nos costaron, que no son perfectas, pero que aún con su imperfección, ofrecían un resguardo a nuestros bienes comunes. A nuestros bosques, glaciares, humedales, tierras productivas, minerales y a nuestros recursos energéticos.  

A los nuestros, y a los de los que vienen al lado, adelante y atrás. 

Por eso, gritemos fuerte: señoras y señores “representantes”, TIENEN EL DEBER DE PRESERVAR nuestro derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. 

Que quede claro: no se nos ocurre a nosotros caprichosamente, sino que los obliga el Art. 41 de nuestra Constitución Nacional. 

Gonzalo Vergez, Enero de 2024.

Dictamen de Ley Ómnibus

Rechazo al Proyecto de Dictamen de Ley Ómnibus

Lunes 22 de Enero 2024

CARTA ABIERTA A LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS NACIONALES POR EL DICTAMEN DE LEY ÓMNIBUS

Estimadas y estimados diputados y diputadas nacionales,

Nos dirigimos a ustedes en representación del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), con el propósito de expresar nuestra profunda preocupación y rechazo categórico hacia la versión de dictamen del proyecto de Ley Ómnibus que actualmente se encuentra en circulación. Consideramos que este dictamen, aún con las modificaciones propuestas, sigue representando una clara regresión ambiental y una amenaza seria para el estado democrático de derecho y los principios fundamentales de justicia republicana que son parte 

Habiendo realizado un análisis detallado del borrador circulante, queremos destacar como especialistas en materia socioambiental que las modificaciones introducidas son altamente preocupantes, inadmisibles por lo profundamente regresivas respecto de la legislación de protección ambiental vigente y los estándares internacionales. 

De manera concreta nos referimos a:

  1. Ley de Glaciares:  Glaciares y ambientes periglaciares, ahora protegidos, ya no lo estarán y podrían ser destruidos, de aprobarse el texto del dictamen. Las modificaciones propuestas allí para cambiar las definiciones de glaciar y ambiente periglaciar tienen un claro objetivo de reducir notoriamente el área protegida. Esta regresión de proyección ambiental será utilizada para avanzar con actividades extractivistas (megaminería fundamentalmente) sobre estos ecosistemas.
  2. Ley de Bosques: A pesar de las modificaciones respecto de la redacción original, la desfinanciación de la ley y otros cambios impuestos siguen representando una amenaza significativa a la preservación de nuestros bosques, comprometiendo la biodiversidad y la sostenibilidad de nuestros ecosistemas.   
  3. Ley de Manejo del Fuego: Se derogan las prohibiciones de cambio de uso del suelo después de un incendio, lo cual representa una clara regresión en la protección de los ecosistemas, promoviendo actividades que se dicen “productivas” pero que pueden tener consecuencias ambientales devastadoras. Los humedales, pastizales y bosques serán los principales perjudicados que, además, fueron los protagonistas de los últimos grandes incendios intencionales para cambios de uso de suelos.
  4. Autorización de Quema: Aumento de 30 a 90 días para la autorización de quema. Esto representa, de manera tácita, la aprobación y la desregulación de las quemas en todo el territorio nacional. Este cambio sigue siendo erróneo ya que nunca debiera haber una actividad de quema sin autorización expresa de autoridad competente. La necesidad de controlar actividades que perjudican la salud de la población, que tienen un impacto ambiental significativo y que pueden desencadenar megaincendios (como ya es habitual en el contexto de agravamiento de la crisis climática), afectan de manera directa a las economías regionales y el entramado social. 

En definitiva, la combinación del DNU 70/23, la derogación de la Ley de Tierras Rurales y este proyecto de Ley Ómnibus constituyen una amenaza inminente y concreta sobre la totalidad de los bosques, glaciares y  humedales.

OTRAS REGRESIONES AMBIENTALES QUE SE MANTIENEN EN EL PROYECTO 

Adicionalmente, este proyecto representa otros peligros en materia socioambiental que por sí solos ameritarían su rechazo. 

Si bien Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y Nucleoeléctrica ya no aparecen como empresas públicas sujetas a privatización total (aunque si aparecen sujetas a privatización parcial) en este proyecto, la privatización de las empresas públicas del sector energético, tanto nacionales como provinciales, intensificará y profundizará la dependencia en materia energética, en todas las etapas. Esto no solamente tiene un impacto social debido al valor de la tarifa energética, generando mayor pobreza energética, sino que también ocasiona desbalances macroeconómicos al afectar la balanza de pagos. Todo esto posterga y demora innecesariamente el inicio de una transición energética, a la cual el mundo se dirige inexorablemente y que Argentina precisa poner en su propia esfera, como un ámbito estratégico. 

Se propone la privatización de la Administración General de Puertos (en adelante “AGP”), consolidándose las políticas hacia la privatización de los ríos, en particular, el Paraná, imposibilitando aún más el control nacional y provincial sobre nuestra principal vía de exportación y negando la gestión pública, en el contexto del federalismo de concertación, negando la titularidad de las provincias de sus bienes naturales.

A su vez son hechos altamente preocupantes la creciente desregulación del sector minero y la profunda desregulación sobre la propiedad de las semillas, aspectos que comprometerían la soberanía nacional y la salud de nuestras comunidades.

Décadas de experiencia acumulada como Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial nos llevan a concluir que este proyecto, en su forma actual, constituye un claro retroceso y debe ser rechazado en su conjunto. 

FACULTADES DELEGADAS, DEMOCRACIA Y CRISIS ECOLÓGICA 

Por otra parte, queremos manifestar expresamente nuestro rechazo a la propuesta de Declaración de Emergencia Pública y Delegación de Facultades sobre al menos 11 materias diferentes -sea cual sea el plazo fijado para el otorgamiento de esas “facultades delegadas”- puesto que colocarían al Poder Ejecutivo Nacional en la  situación de volver a imponer -ya sin la intervención del Congreso de la Nación- las reformas regresivas que pretendió impulsar inicialmente, no solo en materia ambiental, sino en todos los demás asuntos y materias comprendidas en el proyecto de ley (Salud, Educación, Cultura, Jubilaciones, Consumidores, Privatizaciones, Retenciones, Impuestos y muchas otras).  

Las Facultades Delegadas -expresamente prohibidas por la Constitución Nacional- provocarán un avasallamiento de la democracia constitucional argentina, configurándose con ello el supuesto en donde el Presidente de la Nación -por decisión del parlamento- adquiere “facultades extraordinarias” y la “suma del poder público”, con poder y discrecionalidad que lo habilitan a imponer “sumisiones” y  ejercer “supremacías”, bajo la forma de únicato decisionista, convirtiendo nuestro estado en autocrático, de excepción e inconstitucional. El mismísimo Art. 29 de la Constitución originaría de 1853, advirtió que “…actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.

No podemos pasar por alto las groseras deficiencias y vicios democráticos que tiene este proceso en cuanto a la falta de deliberación, transparencia, publicidad, participación y sobre todo, tiempo razonable para debatir abiertamente. Todos sabemos, tanto la sociedad como los miembros del Congreso, que los funcionarios de gobierno que participaron en las audiencias públicas no fueron los que elaboraron el proyecto de Ley Ómnibus. Por el contrario, quienes lo elaboraron ni siquiera son parte del gobierno o del Estado. El mejor ejemplo de la inconducencia de estas audiencias es que el nuevo dictamen oficial es tan regresivo en materia ambiental como el original. Evidentemente, los sectores que se beneficiarán con estas reformas encontraron una oportunidad de hacer una política pública, escribiendo sin ningún escrutinio público ni pudor, leyes para beneficio propio.

Por último, la humanidad es cada vez más consciente de la emergencia climática y socioambiental que atraviesa nuestro planeta. Temperaturas cada vez más extremas y variables, eventos cada vez más frecuentes como los tornados, incendios, inundaciones y sequías, azotan nuestro país e interpelan de modo directo los modelos de desarrollo hegemónico. Para hacer sostenible la vida, se hace cada vez más necesario pensar una economía adaptada a la crisis climática y a la defensa del planeta. Más que nunca debemos fortalecer las legislaciones e institucionalidades ambientales, en lugar de debilitarlas. Sin embargo, en vez de preguntarnos por políticas públicas integrales que asuman desde una perspectiva a la vez nacional y global, los grandes desafíos del siglo XXI (protección de los bienes comunes, transición energética y ecosocial justa, adaptación y mitigación al cambio climático), la Argentina se instala a contramano, aislándose con posicionamientos negacionistas y retrocediendo con políticas públicas privatistas, corporativas y neocoloniales de corte devastador, propias de lo peor de los siglos XIX y XX.  

Por todo ello, exhortamos a cada uno de ustedes a considerar la gravedad de las implicancias de este proyecto y a votar en contra del mismo. Cada voto en contra de estas iniciativas debe ser un acto de defensa de la soberanía, de la salud de nuestras comunidades y de respeto al ambiente y la Naturaleza.

Agradecemos su atención a este asunto crítico y confiamos en que tomarán la decisión que mejor responda a los intereses del pueblo argentino y la preservación de nuestros ecosistemas y sociedades que dependen de ellos.

Quedamos a entera disposición ante cualquier duda o consulta. 

Atentamente,

Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas

Beneficiados por la Ley Omnibus

Elsztain, Macri, Caputo y Barrick Gold, los beneficiados por el DNU y la Ley Ómnibus

enero 18, 2024

La Asociación de Abogadxs Ambientalistas alerta que las modificaciones que propone el Gobierno en materia ambiental son una “invitación a la destrucción”. La desprotección de bosques, glaciares y humedales favorece a un puñado de empresarios. “Los diputados deberán decidir si están del lado del lobby o de los intereses de la sociedad y la naturaleza”, afirman.

*Exposición de Enrique Viale realizada en representación de la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, el 15 de enero en la Cámara de Diputados de la Nación, en el marco del debate en comisiones por la aprobación del proyecto de Ley Ómnibus.

Publicada en Agencia Tierra Viva

Estamos en un momento clave, histórico, preocupante. El proyecto de Ley Ómnibus y el DNU 70/23 son manifiestamente inconstitucionales, afectan el Estado de derecho y el sistema republicano de gobierno. Atacan la república, violan el Acuerdo de Escazú, que no permite la regresión ambiental. Ambos son un claro ejemplo de regresión ambiental.

Hasta hace poco estábamos debatiendo en el Congreso de la Nación si sancionábamos una Ley de Humedales. Ahora retrocedimos y estamos debatiendo leyes sancionadas hace quince años: la Ley de Bosques y la de Glaciares. Estábamos discutiendo el siglo XXI y nos llevaron a discusiones del siglo XIX.

Estamos viviendo olas de calor nunca vistas, tormentas —como la reciente en Bahía Blanca o en la ciudad de Buenos Aires—, incendios forestales y de pastizales. En el último tiempo, el 12 por ciento de la provincia de Corrientes, por citar un ejemplo, se prendió fuego. En Rosario, otro ejemplo, la gente usaba mascarillas por el humo y los hospitales estuvieron colapsados. Todo esto parece una serie distópica de Netflix.

Hemos normalizado estos hechos. Vivimos en una ceguera ecológica. 

Los diputados y las diputadas de la Nación saben de lo que estamos hablando porque la gente de sus provincias lo padecieron y lo van a seguir padeciendo. 

También atravesamos una sequía histórica, potenciada por los efectos del cambio climático global y la destrucción local de bosques nativos y humedales, que nos hizo perder más de 20.000 millones de dólares. Las quemas de esos territorios destruyeron las economías regionales. La sequía mostró la relación estrecha que existe entre los modelos de (mal)desarrollo vigentes y crisis climática.

En la región más desigual del planeta, América Latina, no es casual que los mapas de la pobreza coincidan con los del extractivismo. Ese mismo extractivismo que alienta el proyecto de Ley Ómnibus y que nos va a salir muy caro, incluso económicamente. 

Este año la Unión Europea anunció que no autorizará importaciones de carnes y granos de lugares con desmonte. Y en Argentina se busca cambiar la Ley de Bosques. En este país perdimos ocho millones de hectáreas de bosques, el equivalente a la provincia de Entre Ríos, desde que se aprobó la soja transgénica.

Todos los debates internacionales están atravesados por la problemática ambiental. Resulta geopolíticamente relevante abandonar la ceguera ecológica. Menos bosques y menos glaciares equivale a más crisis climática.

https://youtube.com/watch?v=DdfAoOCpj8s%3Ffeature%3Doembed
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Una reforma a pedido de los empresarios

Pero esta Ley Ómnibus tiene nombres y apellidos. El cambio de la Ley de Bosques tiene nombre y apellido: Eduardo Elsztain. El dueño del hotel donde estaba alojado hasta hace poco el presidente Javier Milei es también dueño de Cresud. Es el mayor terrateniente de Argentina: tiene casi un millón de hectáreas. ¿Saben cuánto desmontó ya Eduardo Elsztain, el dueño de Cresud, en Salta? 120.000 hectáreas. Es el equivalente a seis veces la ciudad de Buenos Aires. ¿Saben cuánto tiene planificado desmontar en su finca Los Pozos, en una zona hoy protegida por la Ley de Bosques? 150.000 hectáreas más. Si sale esta ley, las va a destrozar.

Otro beneficiado: Mauricio Macri, a través de su empresa Socma y la Finca Yuto. Esta firma ya desmontó 6.000 hectáreas. Y está pidiendo recategorizar zonas amarillas, que es lo que se quiere cambiar con esta reforma; 10.000 hectáreas es lo que planifica desmontar.

Los beneficiados por la Ley Omnibus tienen nombre y apellido: Eduardo Elsztain, Cresud
El multimillonario Eduardo Elsztain y el presidente Milei – Foto: Télam

Otro beneficiado: Luis Caputo, actual ministro de Economía. Ya desmontó 500 hectáreas en el departamento Copo en Santiago del Estero y tiene miles de hectáreas más por desmontar. 

Con la Ley de Glaciares ocurre lo mismo. Los glaciares son “fábricas de agua”, allí nacen muchos de los ríos de nuestro país que van dando vida y trabajo a su paso. Con esta reforma pretenden avanzar sobre estos ecosistemas, a pedido de otra empresa: Barrick Gold. Las modificaciones en la Ley de Glaciares que plantea la Ley Ómnibus fueron escritas por los abogados de Barrick Gold.

Con la Ley de Quemas ocurre lo mismo. Se quiere aplicar el mismo modelo que aplicó Jair Bolsonaro en Brasil, y que impactó severamente en la Amazonía, sus ecosistemas y los pueblos indígenas que la habitan. Los beneficiarios de esta reforma son las empresas forestales, las del agronegocio y las del negocio inmobiliario.

En definitiva, el combo DNU, derogación de Ley de Tierras Rurales y proyecto de Ley Ómnibus es una invitación a la destrucción. De aprobarse, todos los bosques argentinos podrían ser desmontados, todos los glaciares destruidos, todos los humedales quemados. Estos ecosistemas serán sacrificados en el altar del agronegocio y de las grandes mineras transnacionales.

Hoy los diputados tienen una responsabilidad histórica. Los de Unión por la Patria, los de la Unión Cívica Radical, los del bloque de Miguel Ángel Pichetto (quien votó a favor de la Ley de Bosques, de Glaciares y la media sanción de la Ley de Humedales), los de la Coalición Cívica (“vienen por el agua”, decía Lilita: estos vienen agua, por lo glaciares, por los bosques). Más allá de los partidos, cada diputado de cada provincia tiene que volver a sus pagos y explicar, en Corrientes o en Santa Fe, por ejemplo, por qué votó en contra de la Ley de Quemas. Un diputado de San Juan, Mendoza o Santa Cruz le va a tener que explicar a sus hijos y a sus nietos por qué votó contra la Ley de Glaciares.

Van a tener que decidir de qué lado están. Si del lado del fuego, de los desmontes, de la destrucción de los glaciares o de la vida. Si del lado del lobby o de los intereses de la sociedad y la naturaleza. Tendrán que explicarles a sus hijos y nietos qué hicieron en 2024, cuando estaban en juego los bosques, los glaciares, los humedales.

Ley Omnibus Rogelio Frigerio

No se comprende, gobernador Rogelio Frigerio

por Jorge Daneri para Analisis

Es importante que nuestro pueblo, pueda saber de lo que se trata, ser claros, muy claros en semejante crisis de credibilidad, de la palabra, angustia social, cultural, ambiental, laboral y particularmente, constitucional, en un contexto de cambio de época, de crisis de civilización.

Las palabras tienen mucha significación, relevancia e impacto. Seguramente lo tienen muy claro.

En la reunión que el primer mandatario de Entre Ríos mantuvo hace horas con el ministro del Interior, “(…) el gobernador manifestó su apoyo “a la mayoría de las leyes enviadas al Congreso”, y afirmó que “Argentina necesita avanzar con reformas profundas”. Además, subrayó que “es un momento histórico para generar cambios que sean sostenibles en el tiempo y terminen con los privilegios de unos pocos”. Así se expone en el sitio oficial del Gobierno de la Provincia (1).

Parece se refiere entonces a las reformas profundas enviadas no en leyes, sino en el proyecto de Ley ómnibus ingresado al Congreso de la Nación, por medio del cual se intenta derogar, reformar, cientos de leyes vigentes. Y se manifiesta a favor de generar cambios, no se dicen puntualmente a cuáles se refiere; se manifiesta la convicción de terminar con los privilegios de unos pocos. No se identifican a los privilegiados, los pocos. No se comprende entonces quiénes son esos pocos.

En resumen, sería trascendente saber, conocer muy puntual y detalladamente, cuales cambios de la mega ley acompaña el Señor Gobernador, cuáles son las reformas profundas que apoya y los pocos privilegiados que dejarán de serlo, muy bien identificados.

Ensayamos una lectura, ¿sería entonces que Frigerio acompaña las siguientes reformas profundas impulsadas por el Presidente Javier Milei en su iniciativa legislativa?: Realmente, ojalá estemos equivocados.

1) La propuesta del Presidente de la Nación implica el más grave retroceso posible en materia de protección de bosques nativos .”El proyecto de ley hiere de muerte a nuestros bosques nativos, su biodiversidad y los medios y modos de vida de comunidades enteras, atenta con una norma paradigmática de consensos alcanzados entre diversos actores para que prosperara en el Parlamento tras largos debates legislativos y condicionaría las leyes provinciales de ordenamiento territorial de bosques nativos”.

Aquí mejor ni comentar los tres años de incendios en el delta y la Provincia toda, el descontrol, falta de presupuestos y equipamientos, etc. Ni hablar de selvas en galerías y montes nativos. Menos de fondos que con la propuesta de la mega ley, desaparecen y queda la ley protectoria de los montes, totalmente desfinanciada. ¿Esto apoya el Gobernador?

2) El proyecto de ley pretende modificar la ley de presupuestos mínimos de protección de Glaciares “con el fin explícito de habilitar la actividad económica en la zona periglacial. Lo expuesto es una respuesta al constante lobby del sector minero en detrimento de la protección ecosistémica y constituye una clara vulneración al principio de no regresión ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú.

¿Se acompaña violar el Acuerdo de Escazú en el ejercicio de sus herramientas de democracia participativa y ambiental?

3) El Señor Gobernador ¿acompaña la propuesta de reformas a la ley de presupuestos mínimos para el control de actividades de quema (Ley 26.562)? El proyecto mantiene la prohibición de actividad de quema sin autorización, pero establece una trampa infernal, precisamente. Determina un plazo de 30 días hábiles para que la autoridad competente responda a la solicitud de autorización. En caso de falta de respuesta, se considerará que la quema ha sido autorizada “tácitamente”. Notable privilegio, el silencio es interpretado de manera positiva generando una ficción legal que autoriza de manera tácita a avanzar con quemas sin presencia ni control de parte de las autoridades locales especializadas en manejo del fuego, sin ponderación de parámetros ambientales de ningún tipo.

Y así podríamos seguir, detallando los verdaderos privilegiados de las reformas, el poder de unos pocos personajes miembros del sindicato de las corporaciones del agronegocio, la mega minería y los combustibles fósiles, entre otros conglomerados de intereses, algunos aún impensados en la cultura de los paraísos fiscales.

Como la lista es interminable, incluso hace unos pocos días aún el Gobernador no había terminado de leer el DNU y el proyecto de mega ley que parece todo lo puede, recomendamos a la máxima autoridad constitucional de la provincia pueda acceder con sus equipos técnicos, donde se designó -en algunos casos- a seres humanos interesantes y competentes, se acceda a tres documentos relevantes, para no cansar al lector y observador interesado en tan delicado contexto que no se puede dejar de calificar, como brutal, ya lo hemos dicho, de terapia de Shock, en palabras de Naomi Klein:

Sin límites para el saqueo: ataque al corazón de la legislación de protección ambiental argentina

https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2024/01/FARN-sobre-Ley-Omnibus.pdf

https://aadeaa.org/la-sociedad-civil-le-dice-no-a-la-ley-omnibus/ (2)

Finalmente, el proyecto de mega Ley y el DNU atentan contra lo estipulado por acuerdos internacionales y los principios fundamentales del derecho ambiental reconocidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Usted sabe, o el Fiscal de Estado sin lugar a duda alguna, le puede narrar la historia social y judicial sobre la derrota legal de la provincia en el caso liderado por el colega Julio Majul y los derechos de la naturaleza de la cuenca del río Gualeguaychú. 

Este intento de retroceder en la protección y preservación del ambiente debe ser considerado ilegal e inconstitucional si logra, Señor gobernador, con el apoyo así manifestado en estas horas, ser sancionado por el Congreso de la Nación, lo que además, demostraría que las bases más sólidas e inapelables de la Unión Cívica Radical, se habrían fundido en el magma del mayor vacío ideológico de la historia argentina, en lo que ya dejaría de ser el centenario Partido de Alem, Yrigoyen, Ilia y Alfonsín.

El proyecto de Ley y el DNU, Señor Gobernador, es un ataque final frente a la posibilidad del ejercicio de la ética del cuidado de los territorios argentinos en todas nuestras fronteras, Entre Ríos, una de ellas, nacientes de cuencas, soberanía alimentaria y de nuestros ríos. La vida no se privatiza, sus reinos menos. No sea usted cómplice con todo su gobierno, de semejante agravio a la Constitución Argentina y al Programa Constitucional de nuestra provincia, una de las normas reformadas (2008) más avanzadas sobre ambiente y sustentabilidad de sus ecosistemas, de su territorio. Es éste su contrato y mandato social e institucional, no puede apoyar reformas nacionales extremas que violan groseramente la Constitución que el Señor Gobernador juró defender.

Referencias

1) https://noticias.entrerios.gov.ar/noticias/nota.php?id=76703

2) El presente texto se redactó sobre la base de los tres documentos citados en el mismo.

(*) Jorge Daneri es miembro de la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, (CAJE).

Salvá las Leyes Ambientales

Salvá las leyes ambientales: Una iniciativa de las ONGs para frenar los avances sobre los bosques y glaciares

Fotos en este link

BUENOS AIRES, 15 DE ENERO, 2024. Organizaciones ecologistas, sociales e indígenas (1) lanzaron una petición para salvar las leyes ambientales de las modificaciones que se proponen en la Ley Ómnibus, que complementa el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia, ya que supone una puerta de entrada a la destrucción de bosques y glaciares en Argentina, entre otros ecosistemas, y consecuentemente una regresión ambiental en materia legislativa.

“Es urgente que alcemos la voz en contra de estas modificaciones que buscan desmembrar las leyes ambientales y flexibilizar su protección. Hace más de una década, más de dos millones de personas pidieron por la sanción de las leyes de bosques y glaciares, los hitos ambientales más importantes en la historia de Argentina. Es momento de que los legisladores tomen la decisión correcta, velen por el ambiente y resguarden los avances previamente obtenidos. Modificar estas leyes nos afecta a todos, y niega la urgencia de hacerle frente a la crisis climática y de biodiversidad en la que estamos”, aseguró Diego Salas, director de programas de Greenpeace Andino. “Utilizaremos todos los medios necesarios para proteger la institucionalidad ambiental argentina, los logros conquistados por miles de argentinos y argentinas para proteger el ambiente, y continuaremos nuestro trabajo para defender a la naturaleza”.

Bajo la premisa “Salvá Las Leyes Ambientales”, la ciudadanía podrá suscribir su firma a través de la página web salvalasleyesambientales.org y así contribuir a detener las modificaciones planteadas en el proyecto de Ley Ómnibus.

“En materia socioambiental, el proyecto de Ley Ómnibus enviado por el presidente Milei al Congreso Nacional es un golpe al corazón de la legislación de protección ambiental argentina, ya que se propone liquidar las dos leyes que mayor esfuerzo ciudadano costaron en los últimos quince años: la Ley de Protección de Bosques y la Ley de Glaciares”, sostuvo Enrique Viale, Presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Para obtener más información y participar en la campaña, entre aquí, o ingresando en salvalasleyesambientales.org

(1)      Organizaciones que promueven la iniciativa: Greenpeace Argentina, Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), Fundación Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo, Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF), Confederación Mapuche de Neuquén, Organización Ecologista Piuke, Fundación Plurales, Sin Azul No Hay Verde, Proyecto Quimilero, Banco de Bosques, Ambient.Arg, Isla Verde, Fundeps, Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA), Consciente Colectivo, Circuito Verde, Centro Cultural Tewok, Cebil Fundación Cultural, ASOCIANA, Asociación Amigos de la Patagonia, Alianza por el Clima y Ahora Qué?, entre otras.

Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza declara como ecocidio los impactos provocados por el actual modelo forestal

COMUNICADO DE PRENSA. 11vo Tribunal Local de los Derechos de la Naturaleza

Biobío, Concepción, Chile. Domingo 14 de enero de 2024

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza celebró su 11vo Tribunal Local en la región del Biobío, Chile, el viernes 12 de enero, centrando su atención en las violaciones de los Derechos de la Naturaleza derivadas del modelo forestal y los devastadores incendios forestales de 2023.

Presidido por el destacado abogado ambientalista Enrique Viale y con el respaldo del Fiscal de la Tierra Ricardo Frez, el Tribunal se propuso investigar las responsabilidades de entidades públicas y privadas en la implementación de un modelo forestal destructivo. El Tribunal contó con un panel de jueces y juezas destacados: Claudio Donoso (Chile), Antonio Elizalde (Chile), Jacqueline Arriagada (Chile), Lucio Cuenca (Chile), y Karina Riquelme (Chile).

El jueves 11, el Tribunal pudo realizar una visita in situ al territorio y recorrió Agua Amarilla, Coroney, Cerro Neuque, Bosque de Queules, en la comuna de Tomé; y, Patagual, Quetra, la Quebrada y la comuna de Santa Juana; para dialogar con personas afectadas, comunidades y juntas de vecinos, conociendo los monocultivos forestales y constatando de primera mano los impactos del modelo forestal y los incendios en la vida de las personas y de la Naturaleza. También se visitó una reserva de Queule, donde se pudo apreciar la resiliencia de este y otros árboles nativos como el Quillay que resistieron el fuego, así como ejemplos de manejo sostenible del bosque que protege pequeños refugios de vida.

Durante la sesión, los jueces tuvieron la oportunidad de escuchar testimonios conmovedores y pruebas contundentes de expertos, comunidades afectadas y activistas, que reflejaron el impacto catastrófico del modelo forestal en las comunidades y el ecosistema. Se destacó que los megaincendios del 2023 arrasaron más de 479,000 hectáreas, afectando gravemente el 61% de la superficie forestal y el 9,4% de la superficie total de la región. Estos incendios tuvieron un costo humano significativo, con más de 7.000 personas afectadas, 26 víctimas fatales y la pérdida de 33.000 animales domésticos.

Se escuchó la voz técnica de representantes e investigadores de EULA, ONG Conciencia Sur, y Earth Law Center. Adicionalmente, se expusieron los testimonios de integrantes de comunidades y organizaciones locales de Tomé, Patagual, Nacimiento, San Ramón-Quillón y Santa Juana, cerrando la jornada con el relato de representantes de la Comunidad Indígena Pewenche del Alto Biobío, quienes revelaron el dolor y la desesperación que sienten al ver sus tierras ancestrales devastadas. Relataron cómo la contaminación del agua, la pérdida de biodiversidad y el desplazamiento territorial han sido antecedentes que han afectado significativamente a sus sistemas de vida, afectando culturalmente sus raíces y espiritualidad. 

Expertos en ecología y ciencias ambientales presentaron datos alarmantes sobre la degradación de los ecosistemas a causa de la instalación y operación del sistema forestal en el territorio. Describiendo, en concreto, evidencias de la pérdida y contaminación del agua, afectación y pérdida crítica de especies relevantes de flora y fauna y, en general, las consecuencias directas de la explotación forestal intensiva. A su vez, fue abordada la necesidad imperante de reevaluar el uso de agroquímicos, la deforestación y las prácticas de monocultivo.

Tras un análisis exhaustivo, los jueces emitieron declaraciones contundentes. Las empresas forestales como Arauco y CMPC, las más grandes de Chile, fueron señaladas como responsables por tal destrucción ambiental, y por comprometer los derechos fundamentales de las comunidades locales. La Secretaría del Tribunal invitó a comparecer a las siguientes instituciones y empresas: CORMA, CONAF, Empresas ARAUCO (titular del proyecto M.A.P.A.) y CMPC (titular del proyecto Planta Santa Fe), quienes no concurrieron a la audiencia. Una importante presentación realizó la Alcaldesa de Santa Juana, quien dio cuenta del sufrimiento de los habitantes de su comuna, de la historia de la instalación del modelo Forestal y del absoluto abandono del gobierno central en orden a mitigar y prevenir estos desastres.

Además, se hizo un llamamiento urgente para reformar una legislación ambiental insuficiente, la necesidad de establecer políticas que prioricen la justicia ambiental y comunitaria, instando a las autoridades chilenas a reconocer los derechos intrínsecos de la Naturaleza que se encuentra recogidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. 

Se denunciaron las consecuencias históricas de la implementación del Decreto Ley N°701 y se propuso modificar el artículo 19 de la Ley N°20.283, sobre “Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal”, y que sea la ciencia comunitaria quien aporte a entender y proteger los territorios afectados y, de esta manera, promover un sistema de restauración que respete los ecosistemas locales.

Claudio Donoso, uno de los jueces del Tribunal, señaló: “La intervención de las montañas y cordilleras ha afectado gravemente el suministro de agua, creando una escasez alarmante. Estamos observando un deterioro acelerado del territorio que, a su vez, provoca graves impactos en las comunidades locales”.

Lucio Cuenca, por su parte, denunció la influencia de las grandes empresas forestales en la política y la institucionalidad, alegando que “existe una especie de captura de grupos como Arauco y CMPC, que han moldeado la política en función de sus intereses”.

El Tribunal subrayó la necesidad urgente de replantear las políticas forestales en Chile, resaltando las demandas de las comunidades indígenas y locales que han sufrido directamente las consecuencias devastadoras de este modelo. Karina Riquelme, otra voz crítica del Tribunal, expresó: “Las comunidades han realizado denuncias que han sido ignoradas durante años. Es hora de actuar y reconocer profundamente su dolor que pudimos constatar ha tenido consecuencias vitales.”.

Los jueces y las juezas del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza emitieron un veredicto oral la tarde del viernes 12 de enero en la que declararon:

1.- Que el actual modelo forestal chileno ha provocado un ecocidio en el territorio y contra todos los seres vivos que lo habitan, humanos y no humanos;

2.- Que el modelo forestal viola los derechos de la naturaleza e incluso las débiles normas de protección ambiental existentes en el país;

3.- Que ha constatado la ausencia del Estado chileno en la regulación y fiscalización de la propia normativa existente la que además declaramos completamente insuficiente;

4.- Que el accionar de las grandes empresas forestales viola los derechos de la naturaleza;

5.- Se insta al Estado de Chile a generar un reconocimiento de los derechos de la Naturaleza en su normativa interna, como única forma de pervivencia de la humanidad y la biodiversidad, y que promueva un plan de superación del actual modelo forestal;

6.- Se exige con urgencia un plan de restauración y regeneración integral que nazca desde los territorios y espacios locales;

7.- Se exige la declaración de una moratoria o prohibición de establecimiento de especies invasoras y pirrofitas en el territorio;

8.- Considera al Queule, la cordillera de Nahuelbuta, el cerro Cayumanqui y el río Biobío; entre los demás elementos de la naturaleza, como sujetos de derechos inherentes que son reconocidos y amparados por la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra; mismos que deben ser reconocidos, garantizados y respetados por el Estado de Chile.

La iniciativa del XI Tribunal Local caso Biobío contra Modelo Forestal fue organizado por el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza y convocada desde el nivel local por la Alianza de los Derechos de la Naturaleza del Biobío, compuesta por diversas organizaciones, entre ellas: Red por la Superación del Modelo Forestal, Entramas por el Biobío, ONG We Kimün y ONG Defensa Ambiental; y, desde un plano internacional, por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN).

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CUÑAS VEREDICTO DE JUECES

–   Claudio Donoso (Ingeniero Forestal, Chile)

“Cuando llegan las forestales cambia un poco ese escenario (deforestación en terrenos planos para uso agrícola) y se empieza a intervenir las cordilleras y las montañas, las grandes surtidoras de agua; allí es cuando comienza a notarse más el impacto sobre el equilibrio natural y los suelos, comenzando la escasez hídrica. En la medida que se sigue destruyendo ese territorio el tema del agua se va agravando, lo que se acrecienta con el monocultivo forestal de especies exóticas de rápido crecimiento, donde todos los árboles son de la misma especie y la misma edad, consumiendo enormes cantidades de agua y nutrientes desde el suelo. Estos monocultivos, que otorgan grandes utilidades para unos pocos, han secado gran parte del territorio, ya es escasa el agua y a pesar de que vemos los ríos correr, el suelo está seco y hoy día este territorio qué tratamos tan mal, se está quemando”.

–       Lucio Cuenca (OLCA, Chile)

“Sin duda acá se ha repetido, y lo hemos constatado en terreno, que hay una omisión e irresponsabilidad del estado en la expansión de este modelo nefasto que lleva ya más de 50 años. Hay antecedentes que nos permiten aproximarnos a una conclusión: Existe una especie de captura de los grupos como Arauco y Mininco, CMPC, Masisa, para moldear la institucionalidad y la política en función de sus mezquinos intereses”.

–       Jacqueline Arriagada (ANAMURI, Chile),

“Un agradecimiento profundo de cómo nos abrieron las puertas de casas, juntas de vecinos, espacios, en las cuales fuimos testigos presenciales y pudimos constatar el avasallamiento de lo que nos hacen vivir cada cierto tiempo, y de los infiernos en los que nos sumergen. Hoy los testimonios están diciendo que no lo imaginamos, que no nos pasa solo a pocos en un espacio, sino que es todo un territorio que viene siendo dañado por un modelo forestal que nos hace daño, y que no respeta los derechos de la naturaleza”.

–       Karina Riquelme (Chile).

“Por muchos años las comunidades han realizado denuncias a través de la legislación y no han sido escuchadas, Desgraciadamente la feble legislación ambiental genera hoy día las terribles situaciones que hemos podido constatar en poco tiempo de manera presencial. El día de ayer vimos situaciones en las que no creo que sea posible en 24 horas, tener la capacidad espiritual de poder entenderla y poder comprenderla profundamente. La mayoría de los jueces nos encontramos en un estado de shock, por el gran dolor que quienes habitan estos territorios han tenido que sufrir durante gran cantidad de años”.

11vo Tribunal Local de los Derechos de la Naturaleza

Ley de Bosques: en riesgo con la Ley Ómnibus

Nuevamente, la Ley de Bosques Nativos, N° 26.331, se encuentra en la esfera pública debido al reciente ataque que recibió durante el debate de la Ley Ómnibus presentada en el Congreso.

Esta legislación, que busca la conservación de los bosques nativos, ha aportado cambios significativos en el ordenamiento territorial a nivel nacional y la preservación ambiental en el país. Según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, desde su implementación en 2007, la ley ha contribuido a la protección de más de 22 millones de hectáreas de bosques nativos en Argentina.

El proyecto de Ley Ómnibus, presentado por el gobierno nacional, genera inquietud entre los especialistas y las organizaciones de la sociedad civil. Esta propuesta contempla la sustitución de los artículos 26 y 31 de la ley mencionada, lo que permitiría desmontes en áreas actualmente designadas como de alto y mediano valor de conservación.

El Equipo Técnico Asesor encargado del nuevo mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en Salta expresó su oposición, calificando la modificación como “técnicamente errónea, económicamente innecesaria, ambientalmente perjudicial, socialmente regresiva, legalmente irrelevante y políticamente cuestionable”. Esta postura se respalda con informes técnicos que detallan los logros ambientales alcanzados bajo la actual legislación.

Según datos del mismo Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la ley ha demostrado ser un motor para el turismo sustentable y la generación de empleo en las áreas boscosas protegidas. La eliminación de restricciones podría revertir estos avances y comprometer el aporte en materia económica para las regiones afectadas.

Además, la modificación amenaza los modos de vida de comunidades indígenas y campesinas, ya que elimina protocolos de consulta previa sobre proyectos de manejo del suelo. Datos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) indican que, en áreas bajo protección de la ley actual, se ha fortalecido la participación activa de las comunidades originarias en la toma de decisiones sobre el uso de la tierra.

Desde una perspectiva legal, la modificación ignora el Principio de Progresividad, establecido en la Ley Nacional N°25.675, y la participación pública, perdiendo legitimidad social. Según jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la Ley de Bosques ha sentado un precedente importante en materia ambiental, y cualquier retroceso podría ser objeto de cuestionamiento legal.

Las provincias, a pesar de la modificación propuesta, tienen la autonomía para mantener leyes más estrictas. Datos del Observatorio de Desarrollo Regional indican que varias provincias han fortalecido sus legislaciones locales en concordancia con la Ley de Bosques Nacional, logrando así un marco legal más sólido para la protección ambiental.

Si bien no de una manera absoluta, la Ley de Bosques ha logrado hacer un aporte en la protección de la biodiversidad y la prevención de desmontes indiscriminados. Según informes del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico, la ley ha contribuido a la conservación de especies amenazadas y la preservación de ecosistemas únicos en Argentina.

En un contexto en el cual el desafío a nivel ambiental que enfrenta todo el movimiento no tiene precedentes, todos los posibles aportes que la estructura institucional existente tenga han de ser mantenidos. La posible eliminación de restricciones y la falta de consideración hacia la sostenibilidad ambiental plantean una amenaza significativa para la conservación de los bosques nativos en Argentina. La ciudadanía, en este contexto, se encuentra llamada a la acción para proteger uno de los patrimonios naturales más importantes del país.

Ley de Glaciares: Nuestro patrimonio hídrico en Riesgo

Hace más de trece años, Argentina dio un paso crucial en la preservación de sus bienes naturales, cuando decidió sancionar la Ley de Glaciares N°26.639. Esta legislación ambiental se destaca como una de las más trascendentales del país, por ser producto de una conquista de la sociedad civil. La norma establece presupuestos mínimos para que el Estado garantice la protección de los glaciares y el ambiente periglacial. También reconoce su papel estratégico en la preservación de las cuencas hídricas, al declarar a los cuerpos glaciares como bienes de carácter público.

La promulgación de leyes orientadas a la protección ambiental en Argentina representa un desafío monumental. Los poderosos intereses de la economía extractiva poseen una considerable capacidad e influencia política. La defensa del ambiente implica un interés colectivo, por lo cual debe ser abrazado por la población en su conjunto para hacer frente los lobbys. Al alcanzar niveles altos de legitimidad social es que se puede avanzar hacia legislaciones más comprometida con la justicia social y ecológica.

El interés de las personas por proteger nuestros ecosistemas se enfrenta a las ambiciones de grandes corporaciones internacionales y élites locales, ansiosas de apropiarse del territorio y de los bienes comunes. Esta apropiación implica sacrificar estos recursos para convertirlos en commodities destinados a la exportación, sin que los supuestos beneficios económicos lleguen a la ciudadanía.

Bajo este modelo, la salud de la población local se ve afectada. Los ríos se contaminan y los ecosistemas sufren una explotación desmedida, todo en nombre de un progreso nacional, que nunca logra mejoras tangibles para la sociedad.

Es por eso que la Ley de Glaciares marcó un hito significativo en la historia legislativa argentina. Es producto de las luchas populares y de la organización de la sociedad civil. Fueron fundamentales estos impulsos para que el Congreso promulgue una norma que no favorecía a los grandes intereses corporativos. Esta legislación, la segunda de presupuestos mínimos tras la Ley de Bosques, enfrentó incluso un veto presidencial en 2008.

Avances y Desafíos

Desde su implementación, la ley ha enfrentado recibió varios ataques de intereses de empresas mineras, en connivencia con ciertas autoridades provinciales. Logró resistir gracias al apoyo popular y su legitimidad.

Los embates legales y estrategias para limitar su alcance llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que intervino en procesos legales para confirmar su vigencia. Empresas mineras, como Barrick Gold, intentaron desafiarla judicialmente, evidenciando su desdén por la legislación ambiental argentina.

A pesar de los avances significativos, como la re-evaluación de 44 proyectos mineros que pretendían operar en áreas en las cuales afectarían directamente a los glaciares o sus cuencas, las amenazas que buscan eludir su aplicación vuelven.

En defensa del Agua

Esta legislación es un escudo vital para la preservación de nuestros glaciares, que alimentan el 70% del agua dulce de Argentina y son necesarios para la vida y el desarrollo de actividades económicas. A pesar de esto, la presión constante del sector minero para modificar las normativas provinciales suele desencadenar movilizaciones sociales en diversas provincias. Las más recientes son el Chubutazo (2021) y el Mendozazo (2022) evidenciando la preocupación que tiene la población por sus fuentes de agua.

Desafíos Pendientes:

A pesar de que en 2018 se presentó el primer Inventario Nacional de Glaciares, este aún está incompleto y excluye ciertos glaciares, dejándolos desprotegidos. En un contexto de crisis climática y ecológica mundial, la implementación plena de esta ley se convierte en una decisión estratégica de nuestro país, no solo para preservar el ambiente, sino para garantizar el acceso vital al agua de toda la población.

Minería y Derechos Humanos:

Derogar esta ley sería abrir las puertas al avance de una minería que, históricamente, ha basado su rentabilidad en violaciones de derechos humanos y ambientales. Contrario a las afirmaciones de beneficios para las poblaciones locales, la realidad muestra que las comunidades no han experimentado mejoras económicas significativas debido a la minería.

Beneficios para la Población

La ley no solo protege nuestros glaciares como reservas estratégicas de agua sino que también resguarda la biodiversidad, proporciona información científica y contribuye al atractivo turístico. La preservación de los glaciares y de las cuencas hídricas de nuestro territornio no puede ser interpretado solamente como un condicionamiento a la minería. Es una decisión estratégica superior para preservar la fuente vital para las presentes y futuras generaciones.

La Ley de Glaciares es un hito en las conquistas ambientales argentina, pero su plena implementación es esencial. A medida que las consecuencias de la crisis climática se hacen más intensas sobre nuestros territorios, proteger los ecosistemas que nos otorgan resiliencia no es solo una elección ambiental, sino un compromiso con el bienestar y el futuro de la población argentina. Mantener y fortalecer esta legislación es crucial para resguardar la integridad de nuestros glaciares y garantizar un acceso sostenible al agua, un recurso invaluable para todos.

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza sesionará en el Biobío por modelo forestal y megaincendios de 2023

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza sesionará en la región BioBío.

Caso: Incendio Forestales.

● En la instancia, diversas comunidades denunciarán los graves impactos del modelo forestal y los incendios de 2023, buscando identificar a los responsables y contribuyendo a la judicialización de esta causa.

● Los megaincendios superaron las 326.000 hectáreas entre las regiones de Ñuble y Araucanía, correspondiendo un 61,3% a monocultivo forestal y un 9,4% a bosque nativo.

Concepción, enero de 2023. Las denuncias han sido preparadas por comunidades afectadas de Tomé, Coronel, Nacimiento y Santa Juana entre otras, en diferentes encuentros realizados en los meses de noviembre y diciembre. En todos estos casos, las personas denunciantes identifican acciones que tendrían como responsables tanto a empresas forestales como entidades estatales, lo que en conjunto con otras situaciones, han propiciado no solo los incendios, sino muchas de las graves afectaciones tanto para la población humana como también para la naturaleza. Estas denuncias serán formalizadas mediante la acción de un Fiscal de la Tierra, cargo que desempeñará el abogado Ricardo Frez de la ONG Defensa Ambiental.

Por otra parte, el Tribunal contará con importantes jueces y jueces de renombre nacional e internacional. Enrique Viale de Argentina presidirá el Tribunal, y serán jueces del mismo Claudio Donoso (Chile), Antonio Elizalde (Chile), Jacqueline Arriagada (Chile), Lucio Cuenca (Chile), y Karina Riquelme (Chile). Los diversos especialistas que integrarán el Tribunal de los DDNN en calidad de jueces, serán quienes recibirán y analizarán las acusaciones, dando en primera instancia un veredicto al finalizar la jornada, lo que se complementará con la redacción de un fallo que será entregado con posterioridad, y que sintetizará los antecedentes considerados para el veredicto, lo que probablemente constituirá una fuente para la jurisprudencia desde un enfoque biocéntrico y exhibirá de una forma concreta como la teoría de los derechos de la naturaleza se aplica a la problemática forestal.

La Sesión del Tribunal se iniciará a las 08:30 hrs. del viernes 12 de enero en Concepción, en dependencias del Sindicato de ENAP. El Tribunal examinará las evidencias, argumentos y testimonios presentados por los denunciantes, considerando los principios fundamentales de los derechos de la Naturaleza, dictaminando sentencias desde esta perspectiva. Natalia Greene (Ecuador), llevará la Secretaría del Tribunal.

Pero no sólo se trata de una audiencia, ya que durante la jornada previa del jueves 11 los jueces realizarán visitas a terreno en Tomé y Santa Juana, con el fin de conocer presencialmente la magnitud de los siniestros y recoger las vivencias de las propias personas que enfrentaron la catástrofe.

Megaincendios en el Biobío

Respecto a la magnitud de los megaincendios, cabe recordar que durante el verano del año 2023 se multiplicaron los incendios forestales de manera descontrolada, llegando a extenderse alrededor de 326.000 hectáreas entre las regiones de Ñuble y Araucanía, y que de la superficie quemada, un 61,3% corresponde a monocultivo forestal y un 9,4% a bosque nativo. Específicamente en la región del Biobío, un solo evento quemó un total de 112.622 hectáreas, que comprende el 60% de la comuna de Santa Juana y más del 40% de la comuna de Nacimiento. La intensidad de los incendios fue tan elevada que incluso se generó el fenómeno conocido como Tormenta de fuego, lo que de acuerdo a CONAF constituye una categoría que supera a las cinco anteriores dado la alta intensidad de la línea de fuego y la elevada velocidad de propagación.

Sesión del Tribunal

La instancia reunirá a expertos en el campo de la justicia ambiental y los derechos humanos, quienes compartirán sus perspectivas y experiencias, fomentando un diálogo constructivo respecto a los mega incendios forestales desde este nuevo enfoque jurídico que supone a la naturaleza como sujeto de derechos. De esta forma la sesión del Tribunal de los Derechos de la Naturaleza es una oportunidad que permite, por un lado, el fortalecimiento de las organizaciones y comunidades locales, así como también el reconocimiento de los derechos de ecosistemas como el río Biobío, la cordillera de Nahuelbuta, o de especies endémicas protegidas como el Queule, que actualmente tiene la categoría de Monumento Natural. Todos afectados no solamente por los eventos de incendios, sino además por el impacto constante del monocultivo forestal de pino y eucalipto. Silvana Ceballos, miembro de la Red por la Superación del Modelo Forestal, sostiene: “Para muchos de nosotros y nosotras estos incendios son consecuencia directa de la operación irresponsable de las empresas forestales, la fiscalización ausente o negligente del Estado y la reacción negligente de ambos”.

Mientras que para el abogado ambiental y miembro permanente del Tribunal en Latinoamérica, Enrique Viale, este es un hito relevante dado que: “Mirar los territorios desde los derechos de la naturaleza es muy importante porque cambia esa visión antropocéntrica, solo funcional de la naturaleza como una cosa, que está ahí para ser explotada de manera ilimitada”.

Organizan

La iniciativa es organizada por el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza y convocada desde el nivel local por la Alianza de los Derechos de la Naturaleza del Biobío y desde un plano internacional por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza-GARN. La primera, compuesta por diversas organizaciones como la Red por la Superación del Modelo Forestal, Entramas por el Biobío, ONG We Kimün y ONG Defensa Ambiental, las que comparten la perspectiva de los derechos de la naturaleza como una vía válida y necesaria para enfrentar las afectaciones a los derechos del río Biobío y otros elementos bioculturales. Mientras que la segunda corresponde a una diversa Red mundial de científicos, abogados, economistas, autores, políticos, actores, amas de casa, estudiantes, activistas, líderes indígenas, espirituales y empresariales: personas de múltiples ámbitos de la vida en más de 100 países, en 6 continentes.

Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza sesionará en el Biobío

Fecha: Viernes 12 de enero, 08:30 hrs.

Lectura del veredicto: 16:00 hrs.

Contacto: Ricardo Frez, abogado ONG Defensa Ambiental. +56973255852 . Rodrigo Mellado, comunicaciones. +56975468417