El 16 de septiembre, en San Antonio Este, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro realizará la audiencia pública del Proyecto fLNG Etapa 2 – Buque MK II, promovido por el consorcio Southern Energy S.A.. La iniciativa prevé instalar una segunda planta flotante de licuefacción de gas a 4,5 km de la costa, conectada por un nuevo gasoducto submarino de 6 km y un sistema de amarre para barcos metaneros.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial presentamos impugnaciones cuestionando la ubicación alejada de la audiencia, su formato exclusivamente presencial y la restricción de participación a quienes residen en Río Negro. El gobierno provincial rechazó los planteos y sigue adelante sin garantizar el derecho a una participación amplia, tal como ordenan la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.
Este megaproyecto busca exportar 3,5 millones de toneladas de GNL al año, pero a costa de profundizar la dependencia de los combustibles fósiles e incluir al mar argentino los impactos de la industria del gas. No representa ninguna solución energética: consume parte de la energía que produce, genera descargas térmicas y salinas al agua y expone al ecosistema marino a un tráfico constante de barcos metaneros.
El Golfo San Matías es uno de los ecosistemas más valiosos del Atlántico Sur. Allí habitan la ballena franca austral —Monumento Natural Provincial—, el delfín franciscana, lobos marinos, pingüinos y aves migratorias. También es el sostén de la pesca artesanal, hoy en crisis por la emergencia pesquera de la merluza hubbsi, y del turismo de naturaleza en Las Grutas y Península Valdes.
El proyecto implica riesgos directos para la salud. La infraestructura de gas licuado además libera fugas de metano en cada etapa: extracción, transporte, licuefacción y carga, un gas altamente contaminante. En un contexto de crisis climática, avanzar con este tipo de proyectos no es la transición energética que puede beneficiar a la población argentina, sino que es expansión fósil para un puñado de empresas, en búsqueda de mayores beneficios económicos.
A pesar de estas limitaciones, logramos inscribir representantes de doce provincias argentinas. Esa presencia confirma que este proyecto no afecta solo a Río Negro: compromete bienes comunes nacionales, el mar argentino y el clima global.
Vamos a estar presentes en la audiencia, acompañando a las comunidades costeras y territoriales que defienden el golfo. La transición energética justa y popular debe construirse con participación democrática, priorizando la salud y la protección de la vida toda.
Hace una década, en septiembre de 2015, la mina Veladero, operada por Barrick Gold y Shandong Gold, derramó 5 millones de litros de solución cianurada en la cuenca del Río Jáchal. Fue el peor desastre minero ambiental en la historia argentina, que contaminó al menos cinco cursos de agua vitales para comunidades enteras. En conjunto con la Asamblea de Jachal, y como representantes de la querella judicial desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial hacemos un llamado público para exigir justicia por nuestros ríos y por nuestra salud.
El agua del Jáchal, del Blanco y de sus afluentes sostiene la vida en un territorio semiárido donde miles de familias dependen de estos ríos para beber, regar y producir alimentos. La contaminación con arsénico, aluminio y manganeso comprobada por la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Tecnológica Nacional es un golpe irreversible para la salud y para la vida de toda la región. Desde entonces, las comunidades han debido comprar agua embotellada mientras la minera sigue operando con total impunidad.
La empresa ocultó el derrame y el gobierno de San Juan intentó minimizarlo. Fue recién gracias a la presión de la Asamblea Jáchal No Se Toca y a las investigaciones académicas que se confirmó lo ocurrido: una compuerta abierta permitió que el cianuro bajara por la cuenca, contaminando ríos que aún hoy arrastran las secuelas. Veladero está emplazada en zona periglacial, en violación abierta de la Ley de Glaciares. La misma norma que hoy la minera presiona para que se elimine, con el aval de sectores políticos y judiciales.
La causa federal avanzó en la imputación de funcionarios nacionales por violar la Ley de Glaciares e incumplir sus deberes. Sin embargo, la jueza María Servini de Cubría se convirtió en garante de la impunidad: dilató el proceso durante años y luego decretó la prescripción de la causa por los mismos retardos que ella misma permitió. Un verdadero pacto de silencio entre poder político, justicia y megaminería.
Desde 2015 se denunciaron otros cinco derrames en Veladero, sistemáticamente ocultados por el gobierno provincial y la empresa. Mientras tanto, Barrick y Shandong siguen extrayendo oro y dejando pasivos ambientales en una provincia donde la gente vive con miedo a abrir la canilla.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA)-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) exigimos:
Cierre definitivo de Veladero
Remediación ambiental integral de la cuenca del Jáchal y todos los cursos de agua afectados
Juicio y castigo a los responsables políticos y empresariales
Cumplimiento estricto de la Ley de Glaciares y protección del agua como derecho humano
La megaminería no trae desarrollo: trae contaminación, corrupción y territorios sacrificados. Lo dijimos hace diez años y lo repetimos ahora: no hay ninguna región en el mundo que haya logrado un futuro digno con la megaminería.
Sin montañas sanas no hay agua. Sin agua, no hay vida.
Lanzamos el documento “Metano en Argentina: una guía básica para entender desde cero”, una introducción clara y accesible para comprender qué es este gas, su vínculo con el sector de petróleo y gas y por qué es urgente hablar de él en Argentina.
El metano es un gas invisible, incoloro e inodoro. Una molécula simple, pero con un efecto enorme en el sistema climático global. Si bien existen contribuciones del sistema agroalimentario y desde los residuos, la acción de nuestro sistema energético lo convierte en un problema mayúsculo. Se estima que el 60% del metano en la atmósfera proviene de actividades humanas. En Argentina, aparece en la agricultura, en los basurales urbanos y, sobre todo, en la producción de energía fósil, responsable por más de un tercio de sus emisiones.
Lo que conocemos como “gas natural” es en realidad gas fósil, y está compuesto en un 70 a 90% por metano. En cada paso de su cadena —desde la extracción, pasando por el transporte hasta su posterior combustión— libera emisiones que empeoran la inestabilidad climática.
¿Por qué importa el metano?
El metano calienta el planeta mucho más rápido que el dióxido de carbono (CO₂). En un plazo de 20 años, atrapa 82 veces más calor. Por eso su reducción es considerada una de las medidas más urgentes y efectivas para frenar el desbalance climático.
La ventaja es que permanece menos tiempo en la atmósfera: entre 7 y 12 años. Eso significa que cada reducción inmediata en las emisiones de metano tiene un efecto positivo casi al instante.
Metano en Argentina: un debate pendiente
En la discusión pública suele hablarse de “reducir el carbono” como sinónimo de acción climática. Sin embargo, esa simplificación esconde que el metano es uno de los principales gases de efecto invernadero y que en Argentina todavía no cuenta con una regulación específica y fuerte.
En el país, la extracción de gas y petróleo no convencional en Vaca Muerta, son focos de emisiones preocupantes. Los venteos, las fugas y la quema en antorcha hacen del metano un tema central para cualquier estrategia seria de transición energética y justicia climática.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial lanzamos el documento “Metano en Argentina: una guía básica para entender desde cero”, una introducción clara y accesible para comprender qué es este gas, cómo se vincula con el sector energético y por qué es urgente hablar de él en Argentina.
El objetivo es abrir la conversación pública, sumar evidencia y poner sobre la mesa un tema clave que suele quedar opacado por el debate centrado en el carbono.
Un informe de la Asociación de Abogados Ambientalistas advierte que, desde diciembre de 2023, el país atraviesa el mayor retroceso en materia socioambiental desde la recuperación democrática. Denuncia un programa de desregulación y desmantelamiento de organismos, leyes y políticas públicas que habilita el avance del extractivismo y consolida el negacionismo climático. Desde el inicio del gobierno libertario de Javier Milei, la Argentina se encuentra atravesando un vertiginoso proceso de despojo de derechos (sociales, laborales, económicos, culturales, ambientales), que abre aún más las puertas a la desprotección y explotación de los bienes comunes naturales, así como al desmantelamiento de la normativa ambiental generada en los últimos treinta años, a partir de una arquitectura jurídica basada en una serie de políticas regresivas de tipo regulatorias, institucionales y presupuestarias.
Desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas – Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (AAdeAA – CAJE) realizamos una sistematización de las regresiones socioambientales registradas desde diciembre de 2023 hasta el 8 de julio de 2025, fecha en la que finalizó el plazo de las atribuciones extraordinarias concedidas al Poder Ejecutivo a través de la “Ley Bases”. También incluimos aquellos hitos que implican una continuidad y/o aceleración de políticas públicas con impacto ambiental, que además de comprometer los bienes comunes naturales, afectan el cumplimiento de los acuerdos internacionales contraídos por la Argentina en materia de cambio climático en foros multilaterales.
A lo largo de casi ochenta páginas, el informe pone de manifiesto el carácter rotundamente regresivo y desregulador asumido de modo explícito por el gobierno de Milei en el marco de un proceso ultraneoliberal de reforma del Estado, lo cual amenaza la sostenibilidad socioambiental y la vida democrática en su conjunto. Por regresión socioambiental nos referimos al deterioro y retroceso en las condiciones ambientales y sociales, impulsada por el desmantelamiento, la desregulación, la derogación y/o modificación acelerada y de carácter negativo de un conjunto de normativas, organismos estatales y políticas públicas asociadas a la protección de los bienes comunes naturales, la lucha contra el cambio climático, la reducción de desigualdades socioambientales y el acceso a la participación ciudadana y la justicia.
Queda evidenciado como la Argentina atraviesa el mayor retroceso en derechos económicos, sociales, ambientales y culturales desde la recuperación de la democracia. El negacionismo climático se convirtió en política de Estado. En nombre de una supuesta libertad, el gobierno de Milei ejecuta un programa de saqueo planificado: se derogan leyes, se destruyen organismos públicos, se entregan ríos y montañas, y se criminaliza a quienes defienden el agua, la tierra y la vida. Un plan sistemático de desguace que abre aún más a la desprotección y explotación de los bienes naturales, mientras nos deja indefensos ante los graves impactos de la crisis climática.
En la introducción analizamos las consecuencias de la Ley Bases y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que no son solo reformas sino blindajes jurídicos para legalizar y perpetuar el despojo. Luego, el informe se despliega en dos partes.
En primer lugar, describe la aceleración del extractivismo en todas sus facetas y evidencia el modo en que los gobernadores, envalentonados, se han montado sobre la ola libertaria, para avasallar resistencias y avanzar con megaproyectos extractivos en las distintas provincias. Combustibles fósiles, desmontes, minería del litio, minería metálica a cielo abierto, privatización de ríos y de represas, criminalización de la protesta, plan de inteligencia antidemocrático. También se abordan las consecuencias de eventos extremos como incendios e inundaciones, que han golpeado regiones o ciudades, ante los cuales la población se encuentra cada vez más desprotegida.
En segundo lugar, analiza hasta qué punto el negacionismo climático convertido en política de Estado implica la destrucción, vaciamiento y/o desfinanciamiento de organismos públicos y el desmantelamiento de normativa ambiental trabajosamente instalada en los últimos 30 años. Desde el Ministerio de Ambiente hasta el INTA, el INA (Instituto Nacional de Agua) y ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo), INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), Dirección Nacional de Emergencias, entre otros. Y directamente la disolución de organismos como la Dirección Nacional de Agroecología, el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, entre otros. Innumerables leyes y fondos afectados, desmantelados o derogados, como la ley 26160, de emergencia territorial de comunidades indígenas, o la Ley de tierras (esto último, frenado por la justicia).
El delirio de desregulación del gobierno arremete incluso en contra de lo poco que en este país había de promoción de energías renovables (la ley de generación distribuida y el plan de fabricación nacional de calefones solares), así como desregula normativas de protección animal, que habilitan la exportación de ganado vivo (prohibida desde 1973) y desregula la exportación de fauna silvestre, lo que abre la puerta al tráfico de animales.
Es importante tener en cuenta que el programa político que se propone el actual gobierno de extrema derecha es integral, pues en lo económico, apunta a la ultraliberalización de la economía que se ejecuta a través de la desregulación del Estado en áreas clave, el endeudamiento externo y el ajuste fiscal, en favor de los sectores más concentrados de la economía. Esto se ha ido expresando en el desmantelamiento de políticas públicas ligadas a lo ambiental, a la salud, a la educación, a los sectores más vulnerables (comedores barriales, jubilados, movimientos sociales y sectores de la economía popular, personas con enfermedades graves, con discapacidad), los pueblos originarios, las mujeres, las diversidades. No es que dichas políticas públicas y organismos funcionaran de manera óptima, pero sin duda constituían una base regulatoria desde la cual reclamar derechos y reducir desigualdades.
En lo cultural,el actual gobierno se propone suprimir toda narrativa centrada en la defensa de la justicia (sea social, ambiental, étnica, de género, entre otros). La llamada “batalla cultural” conlleva un ataque a gran escala contra el campo de la cultura, la ciencia, la salud y la educación pública, el periodismo, incluso artistas populares, así como a la totalidad de los colectivos y sectores que buscan instalar una agenda de derechos (mujeres, indígenas, minorías sexuales, ambientalismo, entre otros), a quienes el gobierno libertario responsabiliza de un supuesto “adoctrinamiento”. Ya dijimos del alineamiento del gobierno con las posiciones más retrógradas del negacionismo climático, algo asociado a las extremas derechas a nivel global.
En lo social, este programa de destrucción se articula con la implementación de una política de criminalización y represión de la protesta social, en todos sus aspectos. Se advierte un retroceso en términos de derechos y garantías, en la tendencia abiertamente iliberal y antipluralista que se propone abiertamente obstaculizar la posibilidad misma de expresarse (contra la libertad de expresión y manifestación). Las reformas introducidas otorgan un poder punitivo a las fuerzas policiales y confirman la tendencia a la militarización de territorios extractivos, lo que aparece como altamente peligroso e inconstitucional. En suma, el objetivo no es solo producir confusión sino también miedo y desmovilización, a fin de generar una sumisión social absoluta que suprima no solo los derechos sino la posibilidad misma de manifestar. Todo lo dicho es de tal gravedad política e institucional que coloca en un tembladeral los cimientos mismos de la democracia en Argentina.
Así, el escenario regresivo que está en marcha desde diciembre de 2023 es claro y contundente. Una de las mayores características del programa de la extrema derecha libertaria es la vertiginosidad y aceleración de las reformas en curso, posibilitadas por las facultades extraordinarias, de alto impacto económico, cultural y social.
Por último, este Primer Informe de Regresiones Ambientales será presentado formalmente ante la Cámara de Diputados y el Senado Nacional, así como en organismos internacionales como las autoridades del Acuerdo de Escazú. Como acto de memoria colectiva, es necesario dejar constancia sobre los retrocesos y violencias de estos últimos tiempos. Pero también creemos que dicho informe puede ser una herramienta de contestación y resistencia, para imaginar y defender otro futuro, fundado en la protección de la vida, la defensa de los derechos y la participación democrática. Al sistematizar la regresión, también se busca señalar caminos para resistir y, pensar claves para reconstruir y defender lo común, activar redes de solidaridad y cooperación, exigir justicia. Porque narrar el saqueo y el negacionismo climático es urgente. Pero imaginar salidas también es un acto político. La política ambiental de Milei no es una anomalía: es el proyecto. Y hay que frenarlo.
Hemos tomado conocimiento de una sentencia dictada por la Justicia Sudafricana hace muy pocos días, frente al incumplimiento en la realización de estudios de impacto ambiental completos, como su evaluación y aprobación oficial, en razón de la precariedad y debilidad de los mismos, liderados por empresas petroleras que pretenden desarrollar la exploración y explotación de combustibles fósiles en alta mar al sur del continente Africano.
Lo llamativo y alentador del fallo judicial, es que en diversas oportunidades, cita en la extensa fundamentación de su decisión aspectos no menores del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el caso de las plantas de celulosa en la cuenca del río Uruguay.
Los medios regionales en África han trasmitido que resulta ser una victoria histórica para la sociedad civil y las comunidades costeras. El Tribunal Superior del Cabo Occidental ha anulado la decisión del gobierno sudafricano de otorgar autorización ambiental para la perforación en alta mar en el Bloque 5/6/7, a lo largo de la costa suroeste de Sudáfrica.
Se probaron graves errores en la forma en que se evaluaron los riesgos ambientales y sociales. El tribunal requiere ahora nuevas evaluaciones, información adicional y participación pública.
Conforme las organizaciones ecologistas demandantes, el “tribunal encontró que la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) no examinó completamente las consecuencias de un gran derrame de petróleo en las comunidades costeras locales y vecinas, ignoró las leyes de protección costera y omitió consideraciones críticas sobre el clima y la equidad. Una omisión crítica, los Planes de Contingencia de Derrames y Explosiones de Petróleo se retuvieron del público hasta después de la aprobación, negando a las comunidades la oportunidad de comentar sobre la preparación para emergencias. Total y Shell tendrán que realizar estudios adicionales, poner estos planes a disposición del público y evaluar adecuadamente los riesgos costeros y transfronterizos antes de tomar cualquier decisión. Esta es una victoria significativa para la transparencia, la precaución y los derechos de las comunidades costeras y los pescadores a pequeña escala que se niegan a ser marginados en las decisiones que afectan sus medios de vida y el futuro de nuestros océanos”.
Este precedente, nos ayuda a contemplar y actuar en caminos parecidos en el contexto de lo que está sucediendo actualmente en el mar argentino, y particularmente en el Golfo San Matías y por lo tanto, ni más ni menos en Península Valdés, declarada Patrimonio de la Humanidad (Unesco/ Organización de las Naciones Unidas), ámbito central desde donde venimos peticionando su intervención con una diversidad de organizaciones ecologistas, turísticas, pescadores, de derechos humanos, a los efectos de frenar la construcción de un mega puerto de exportación de combustibles fósiles de la reserva denominada Vaca Muerta.
Uno de los puntos centrales de la sentencia fue sobre la inexistencia de evaluación del perjuicio transfronterizo. Se expone que el océano no reconoce fronteras nacionales. El modelo científico de derrames para el proyecto mostró que el petróleo de un desastre podría llegar a las aguas y costas de Namibia. El derecho internacional, y las propias leyes de Sudáfrica, requieren que se consideren los impactos en nuestros países vecinos, y que existía la obligación de que la evaluación del impacto ambiental considerara los daños causados por los impactos transfronterizos, y que esto fuera considerado por los tomadores de decisiones. El tribunal determinó que simplemente no lo hicieron.
Los accionantes, referencia la sentencia, “… citan el caso de las Plantas de Celulosa, (Referencia 73 del fallo), donde la Corte Internacional de Justicia (CIJ) aceptó que el derecho internacional exige que se realice una evaluación de impacto ambiental cuando una actividad represente un riesgo de daño transfronterizo.”
La sentencia ratifica al determinar que “… [176] El tribunal de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso Plantas de Celulosas : 84 “La Corte señala que el principio de prevención, como norma consuetudinaria, tiene su origen en la debida diligencia que se exige a un Estado en su territorio. Es ‘la obligación de todo Estado de no permitir que, a sabiendas, su territorio se utilice para actos contrarios a los derechos de otros Estados’ […]. Por lo tanto, un Estado está obligado a utilizar todos los medios a su disposición para evitar que las actividades que se realicen en su territorio, o en cualquier zona bajo su jurisdicción, causen daños al medio ambiente de otro Estado. Esta Corte ha establecido que esta obligación “forma parte ahora del corpus del derecho internacional relativo al medio ambiente”.
Finalmente no podemos dejar de destacar lo expuesto por la abogada directora de Cullinan & Associates, Lesai Seema: “Damos la bienvenida a esta sentencia que se basa en las sentencias históricas en el litigio para evitar que Shell realice estudios sísmicos en la Costa Salvaje y alinea la ley sudafricana con el derecho internacional. La sentencia deja claro que la concesión de una autorización medioambiental para la explotación de petróleo y gas en alta mar será ilegal si el responsable de la toma de decisiones no considera cuidadosamente una serie de factores necesarios para salvaguardar los intereses colectivos a largo plazo de las personas y otros organismos vivos que dependen del medio ambiente costero y marino”.
El equipo de Cullinan se enorgullece de haber representado a Natural Justice y The Green Connection y está agradecido con nuestro destacado equipo de defensores, Matthew Chaskalson SC, Ian Learmonth y Jane Blomkamp”.
Compartir que el buen ejemplo de la comunidad organizada de Gualeguaychú, acompañado por el pueblo de Entre Ríos y los gobiernos de aquellos tiempos, de llevar a la Corte Internacional de Justicia de la Haya el conflicto de las plantas de celulosa en la cuenca del río de los pájaros, ha rebotado e incidido positivamente en el continente saqueado de las diversidades todas más que originarias, las otras venas abiertas del sur, África, que en estos tiempos pretenden las mega corporaciones del petróleo desplegarse en los mares del sur del planeta, violentando Convenciones Internacionales, los vitales informes técnicos del IPCC (máxima autoridad científica de la Convención de Cambio Climático ONU) y negando brutalmente el principio de equidad intergeneracional, garantía inapelable para la continuidad del ser humano en la tierra.
En una respuesta judicial inédita, el ex Ministerio de Ambiente admite que no intervino en ningún Estudio de Impacto Ambiental del dragado en el Río Paraná
La máxima autoridad ambiental nacional acaba de reconocer ante la justicia que en las últimas dos décadas no posee registros, antecedentes técnicos ni intervenciones vinculadas al dragado del río Paraná. Así lo confirmó la ex cartera de Ambiente de la Nación —hoy degradada a Subsecretaría— en el marco de la causa impulsada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la organización UPVA Ramallo ante la Cámara Federal de Rosario.
En su respuesta oficial al tribunal, el ex Ministerio reconoce explícitamente que no participó en ningún Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ni en instancias de consulta pública respecto a las obras de dragado, ensanchamiento y cambio de traza del Paraná desde 2011 hasta la actualidad. La respuesta fue emitida frente a un requerimiento expreso de la Sala B de la Cámara Federal, que ordenó al Estado nacional entregar, en un plazo de diez días, los estudios de impacto ambiental con participación ciudadana correspondientes a las obras realizadas en el tramo frente a la ciudad bonaerense de Ramallo.
La respuesta es clara: no hay absolutamente nada. Ninguna intervención del organismo. Ninguna solicitud de otros entes estatales. Ningún estudio registrado. Ninguna evaluación técnica o instancia de participación. El propio Estado reconoce así la ausencia total de control ambiental estatal sobre uno de los proyectos de infraestructura más significativos del país.
Este nuevo documento judicial es, además, la segunda vez que el ex Ministerio de Ambiente admite no haber tenido ninguna actuación vinculada a la aplicación de la legislación ambiental nacional ni de los tratados internacionales en el marco del desarrollo de la mal llamada hidrovía.
Este reconocimiento, que no solo se expone en relación al caso del paso denominado Las Hermanas frente a la localidad de Ramallo, en el Paraná Inferior, sino que además desnuda la total inexistencia del área ambiental en todo el contexto político y temporal expuesto en la causa judicial ambiental en trámite. Es decir, durante años, las autoridades responsables de proteger los bienes comunes se mantuvieron ausentes frente a la intervención masiva sobre uno de los principales ríos del continente.
La gravedad de esta revelación se potencia al considerar que el dragado y redragado del Paraná, especialmente en el paso conocido como “Las Hermanas”, frente a Ramallo, ha avanzado sin evaluaciones actualizadas, sin consulta pública y sin control sobre los efectos ecológicos, sociales y económicos. Todo esto, en pleno contexto de crisis hídrica, acelerada por la crisis climática global y las bajantes que ocasiona.
El expediente judicial también incorpora como prueba un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) del Ministerio Público Fiscal, que detectó graves irregularidades en la licitación nacional prevista para 2025, y ahora pospuesta. Ese informe fue clave para frenar el proceso licitatorio y es uno de los elementos centrales considerados por la Cámara Federal para ordenar la entrega de la información ambiental faltante.
Además, lo expuesto ratifica lo ya advertido por el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, creado en la gestión anterior y desmantelado por el actual gobierno nacional. Ese organismo había reclamado expresamente la intervención de la autoridad ambiental y había exigido la realización de los EIA correspondientes, así como una Evaluación Ambiental Estratégica para el conjunto del megaproyecto.
Hoy, ese ente de control fue extinguido por decreto, en una decisión que deja al Paraná sin monitoreo, sin regulación efectiva y sin garantías mínimas de legalidad ni protección ambiental.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la organización UPVA reiteramos: no puede haber obras sin estudios, sin información pública y sin la participación de las comunidades. La planificación de la infraestructura hídrica del país no puede seguir bajo lógicas extractivas, opacas y a espaldas de la sociedad.
La protección del Paraná es una cuestión de derechos humanos, justicia ambiental y soberanía. La desidia estatal reconocida en este expediente no solo viola la ley: pone en riesgo la vida.
Nuevo libro de Melisa Argento (AAdeAA/CAJE, Equipo Transiciones, GyBC) y Bruno Fornillo (Equipo Transiciones)
Desde hace más de quince años nuestros dispositivos electrónicos cotidianos usan baterías de litio. Eso, sumado a la conciencia del cambio climático y la necesidad de descarbonizar las fuentes de energía, fue generando un fetichismo en torno a este elemento, que parece etéreo y quedó asociado a la fabricación de autos eléctricos y a la innovación infinita. Así, se empezó a hablar del oro blanco, un recurso que se encuentra en los salares altoandinos de la región de Atacama y que permitiría almacenar electricidad en dispositivos tan livianos como potentes.
Escrito por dos de los principales especialistas en el tema, este libro propone revisar esas imágenes idealizadas del futuro. ¿Dónde se encuentran las mayores reservas de litio? ¿Quiénes viven en esos territorios y cómo se ven afectados? ¿Cuánta agua dulce demanda la técnica de extracción más utilizada? ¿Su explotación debe quedar exclusivamente en manos privadas? Y lo más importante: ¿para qué necesitamos el litio? ¿Para alimentar la electromovilidad individual en los países del Norte o para volver sostenible el transporte público y garantizar energía para hospitales o escuelas? Al desarmar la supuesta magia de una economía verde, empezamos a ver el litio en su contexto: la disputa entre los Estados Unidos y China por asegurarse el recurso en la carrera por la transición, el lugar de América Latina como cantera inicial y residuo final, el interés de las corporaciones transnacionales por marcos desregulados de inversión, las luchas de poblaciones y territorios por la reproducción de sus vidas.
Todo sobre el litio no busca cerrar la discusión defendiendo sin más la conservación de una naturaleza prístina. Por el contrario, propone abrir un diálogo que reconozca la multidimensionalidad del problema, integrando el conocimiento científico y tecnológico más avanzado con las necesidades y proyectos de las comunidades y de los países del Sur.
Frente a las imágenes idealizadas del futuro que desata el fetichismo por el litio, Bruno Fornillo y Melisa Argento revisan las aristas ecológicas, económicas y políticas del problema. Este libro viene a abrir un diálogo sobre el supuesto “oro blanco” y sus consecuencias a nivel mundial. En el marco de este lanzamiento, lxs invitamos el martes 19 de agosto a las 19hs a Yunta Bar (Lavalle 3491, CABA), donde lxs autorxs estarán conversando con Ernesto Picco, autor de Crónicas del litio (ediciones Futurock).
Este jueves 7 de agosto de 2025 se presentó el primer Informe de Regresiones Ambientales de AAdeAA-CAJE durante los dos años del gobierno de Milei
Desde diciembre de 2023, Argentina atraviesa el mayor retroceso en derechos económicos, sociales, ambientales y culturales desde la recuperación de la democracia. El negacionismo climático se convirtió en política de Estado. En nombre de la libertad, el gobierno libertario ejecuta un programa de saqueo planificado: se derogan leyes, se destruyen organismos públicos, se entregan ríos y montañas, y se criminaliza a quienes defienden el agua, la tierra y la vida.
El nuevo Informe de Regresiones Ambientales, elaborado por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, documenta en detalle este proceso de desguace que abre aun más a la desprotección y explotación de los bienes naturales, mientras nos deja indefensos ante los graves impactos de la crisis climática.
La presentación pública se realizó este jueves 7 de agosto en Rodriguez Peña 356, en el Centro de Documentación e Investigación de la cultura de Izquierdas (CeDInCI).
10 ejes de regresión: combustibles fósiles, desmontes, incendios e inundaciones, minería del litio, minería metálica a cielo abierto, privatización de ríos, criminalización de la protesta, plan de inteligencia antidemocrático, vaciamiento de normativas y más.
Organismos debilitados, vaciados y/o reemplazados: desde el Ministerio de Ambiente hasta el INTA, el INA y ACUMAR, INAI, Dirección Nacional de Emergencias, entre otros.
Disolución de organismos: Dirección Nacional de Agroecología, INAFCI, INASE, ENOHSA, entre otros.
Innumerables leyes y fondos afectados, desmantelados o derogados
La Ley Bases y el RIGI no son reformas: son blindajes jurídicos para legalizar el despojo. El Estado deja de ser garante de derechos y se convierte en cómplice del extractivismo.
El Informe será presentado formalmente ante la Cámara de Diputados y el Senado Nacional así como en organismos internacionales como las autoridades del Acuerdo de Escazú.
Este informe no solo sistematiza una política de negacionismo climático y de profundización del extractivismo. Es también una herramienta para imaginar y defender otro futuro, fundado en la protección de la vida, la defensa de los derechos y la participación democrática.
Al trascender la denuncia, el informe representa un acto de memoria colectiva sobre los retrocesos y violencias de estos últimos tiempos. Sistematiza la regresión, pero también señala caminos para resistir y reconstruir. Propone claves para defender lo común, activar redes, exigir justicia.
Porque narrar el saqueo y el negacionismo climático es urgente. Pero imaginar salidas también es un acto político. La política ambiental de Milei no es una anomalía: es el proyecto. Y hay que frenarlo.
La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) manifiesta su profunda preocupación y repudio ante las recientes declaraciones del Ministro de Producción del Chaco, Oscar Pablo Dudik, quien anunció públicamente el envío de una carta documento a nuestra organización, exigiendo el cese de las denuncias públicas y solicitando “pruebas” sobre los desmontes ilegales en dicha provincia.
En primer lugar, informamos que dicha carta documento no ha sido aún recibida por nuestra organización. En caso de efectivizarse su recepción, será respondida en los términos legales y formales que correspondan. Sin embargo, consideramos indispensable manifestar públicamente que el accionar del ministro resulta temerario, impropio de un funcionario público, y constituye un apriete político y amenaza directa contra la libertad de expresión y el derecho a la defensa del ambiente, a la vez que afecta la institucionalidad social y ambiental y la independencia de los poderes del Estado en Chaco.
Es insólito e inadmisible que el titular de una cartera del Poder Ejecutivo pretenda exigir explicaciones o pruebas a una organización de la sociedad civil por una causa ya judicializada, en la que nuestra Asociación no solo es denunciante sino que participa activamente como parte querellante. El rol de evaluar la prueba corresponde al Juez, al Ministerio Público Fiscal, a las defensas de los imputados, y no al Poder Ejecutivo, que no tiene atribuciones para condicionar ni interferir en el desarrollo de un proceso penal en curso.
Consideramos que este tipo de acciones –replicadas además a través de los principales medios de comunicación, muchos de ellos que reciben pauta oficial–, persiguen el único objetivo de condicionar el trabajo de nuestra organización, presionar al Ministerio Público Fiscal e influir en el Poder Judicial, para frenar la investigación penal que involucra a empresarios locales, empresas transnacionales, funcionarios públicos, ex funcionarios públicos, y legisladores lobbistas, lo que atenta gravemente contra el Estado de Derecho.
Solicitaremos a los distintos medios el debido derecho a réplica, difundiendo este comunicado en su tapa, al igual que lo hicieron ampulosamente con las declaraciones del Ministro Dudnik.
Desde que iniciamos la denuncia penal en 2024, hemos aportado de manera sistemática y transparente múltiples pruebas al expediente y denunciamos con nombre y apellido, entre ellas:
Informes de docenas de páginas sobre el entramado que denunciamos (ej. “Análisis de datos del listado de permisos y guías aportados por la provincia del Chaco”, entre muchos otros)
Análisis detallado de Documentación oficial que demuestra el otorgamiento de permisos en zonas protegidas
Evidencia sobre el ingreso sistemático de camiones con madera de quebracho colorado a las tanineras INDUNOR y UNITAN, incluyendo unidades sin matrícula o identificación clara.
Imágenes satelitales, estudios de georreferenciación, videos, expedientes administrativos, documentación contable, etcétera.
Le sugerimos al Sr. Ministro Dudik que revise las actuaciones judiciales en la causa federal, donde consta información relevante que involucra penalmente a funcionarios y exfuncionarios públicos de la provincia, entre ellos Miguel López, Hernán Halavac, Luciano Olivares, entre otros.
¿Quién controla al que debe controlar?
Resulta preocupante, además, que la misma persona encargada de garantizar el cumplimiento de la Ley de Bosques Nativos esté intentando amedrentar a quienes denunciamos su violación sistemática. Más aún, cuando pesan sospechas de que un desmonte reciente podría involucrar al propio Ministro o a su entorno familiar directo, según se desprende de la ampliación de la denuncia penal que presentamos hoy ante la justicia federal (ver denuncia completa), y que podría ser una prueba más de un patrón de encubrimiento y permisividad institucional en Chaco hacia actos ilegales de desmontes.
No nos van a callar. No nos vamos a dejar amedrentar.
La defensa de los bosques nativos chaqueños, que son bienes comunes de toda la sociedad, no puede quedar sometida al poder de turno ni a los intereses de los desmontadores. Exigimos al Gobierno del Chaco que en lugar de perseguir a quienes luchamos por el ambiente, actúe con firmeza para frenar los desmontes ilegales, proteger los territorios y desarticular el entramado político-empresarial que está cometiendo sistemáticamente delitos penales para hacer negocios a costa del monte chaqueño.
En nombre de la libertad del mercado, los libertarios siguen braceando la reducción (sino demolición) del Estado-Nación, la ridiculización de las disidencias de pensamiento, la criminalización de las protestas ecosociales y la banalización de la agenda vinculada a la ampliación de derechos
Este martes 22 la ciudad de Córdoba fue escenario de un evento que, si bien podría entenderse como una excentricidad libertaria, refleja muy bien el momento político y cultural que atraviesa nuestro país: “La Derecha Fest” fue promocionada como “el evento más anti-zurdo del mundo”, organizado por think tanks de extrema derecha (Fundación Faro, Gaucho Agencia de la Batalla Cultural, Hojas del Sur, La Derecha Diario, entre otros) que reunió a influencers y operadores ideológicos de la ultraderecha, con entradas valuadas en $35.000 pesos, y que incluyó un discurso del presidente Javier Milei.
Sin embargo, La Derecha Fest no fue sólo un espectáculo ideológico, sino otro intento por instalar un nuevo sentido común que presenta al mercado como el único horizonte posible. De esta forma, en nombre de la libertad del mercado, los libertarios siguen braceando la reducción (sino demolición ) del Estado-Nación, la ridiculización de las disidencias de pensamiento, la criminalización de las protestas ecosociales y la banalización de la agenda vinculada a la ampliación de derechos.
Los buenos y los malos, simplificar para esconder
Por lo general los discursos de los libertarios (así sucedió en La Derecha Fest) tienen una estratégica simplificadora, que divide el mundo entre “progreso o zurdos”, “libertad o comunismo” ,“ciudadanos de bien o militantes rentados”, construyendo una lógica binaria que no sólo niega la complejidad de los debates políticos y el alcance de los conflictos ecosociales actuales, sino que elimina deliberadamente las causas estructurales de la crisis ecológica, social y democrática que atravesamos.
En este marco, el ambientalismo ha sido designado por el oficialismo nacional como uno de los principales enemigos internos del gobierno, acusado de liderar un supuesto “marxismo cultural” que conspiraría contra la soberanía nacional y el desarrollo económico nacional que se postula como “punto de partida para la libertad de los argentinos” (así calificado en el nombre de la denominada Ley Bases).
Todas las derechas en sintonía
Esta estrategia no es un invento argentino, sino parte de un patrón común transnacional que une a las extremas derechas, y vincula concretamente a Milei con figuras como Trump, Bolsonaro o Vox, todos ellos paladines de una cruzada contra la llamada “agenda woke”, término comodín que les permite rechazar cualquier política de ampliación de derechos, protección ecológica, igualdad de género, saberes campesinos y ancestrales o reconocimiento de diversidades.
Así, bajo la simulación de “combatir el adoctrinamiento”, lo que hacen los libertarios locales es despolitizar el conflicto, deslegitimar al adversario (calificado frecuentemente como “enemigo”) y naturalizar un modelo que se estructura en la desigualdad social, la desregulación y promoción del extractivismo y el vaciamiento del Estado.
Todo ambientalismo es político, y está bien
En el plano socioambiental, esto se traduce en una ofensiva directa contra la institucionalidad ambiental a partir de la derogación o modificaciones regresivas de leyes ambientales que fueron el fruto de décadas de luchas y movilizaciones populares en nuestro país, por ejemplo, las leyes de Bosques (26.331) y Glaciares (26.639).
Frente a esta avanzada debemos reafirmar el carácter profundamente político del ambientalismo en Argentina, que no es conservador sino profundamente revolucionario.
Tampoco es teórico ni surge del romanticismo con la naturaleza, sino que nace de las necesidades emergentes de los territorios de nuestro país: desde Andalgalá a Jáchal, de Uspallata al Impenetrable Chaqueño, del Delta del Paraná a la Costa Atlántica, de los Salares Altoandinos al Golfo San Matías, del Lago Mari Menuco al Quebracho en Villa Allende.
Este ambientalismo que el presidente desprecia y califica como enemigo lleva también en su génesis las históricas resistencias de las comunidades campesinas y pueblos originarios que defienden la tierra y los bienes comunes hace décadas –sino siglos– denunciando los impactos del modelo extractivista.
Más que ideología, una disputa por el bien común
Por eso lo que está en juego no es simplemente un debate ideológico, sino una disputa profunda sobre el sentido de lo común, sobre la organización del tejido social y sobre la posibilidad de un futuro vivible en nuestro planeta tierra, rechazado las distopías escapistas hacia Marte o planetas distantes en nuestro Sistema Solar como la solución para gestionar el colapso climático y ecológico.
Mientras la extrema derecha siga banalizando las múltiples crisis socioecológicas y reduzcan los territorios a zonas de sacrificio o tierras raras, el ambientalismo deberá intensificar su radicalidad, potenciar su pensamiento crítico (y creativo), insistiendo en que no hay justicia social sin justicia ambiental.
La guerra como modelo de acción de los libertarios
No sorprende que la guerra cultural sea explícita cuando el abogado y biógrafo de Milei, Nicolás Márquez, declara sin tapujos en La Derecha Fest: “No crean que estamos en una democracia noruega, estamos en guerra. A nuestros enemigos tenemos que exterminarlos políticamente, ideológicamente, espiritualmente.” Esta declaración revela la naturaleza autoritaria y beligerante del proyecto político que hoy amenaza no solo las conquistas sociales, culturales y democráticas, sino también la justicia ecosocial.
El ambientalismo no está en guerra. Todo lo contrario. Venimos a proponer un nuevo Pacto Ecosocial, basado en la ética del cuidado, la solidaridad, justicia y paz con la naturaleza y todas las formas de vida que habitan nuestro planeta. En un clima de época que celebra el saqueo de los bienes naturales y se rinde culto a la libertad de mercado, seguiremos reafirmamos nuestros principios y convicciones, sin retroceder ni condicionar nuestras acciones.
(*) Co-Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas
