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Ley de Glaciares: alerta por el proyecto del gobierno que busca aprobarse en el Senado

El gobierno impulsa una reforma regresiva de la Ley de Glaciares durante las sesiones extraordinarias

El gobierno nacional avanzó con un proyecto para modificar la Ley N.º 26.639, conocida como Ley de Glaciares, que ya ingresó al Senado y busca ser aprobado en sesiones extraordinarias durante el verano. La iniciativa apunta a desmantelar el régimen de presupuestos mínimos que hoy protege glaciares y ambiente periglacial, es decir, las reservas estratégicas de agua más importantes de la Argentina.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (AAdeAA–CAJE) advertimos que esta reforma representa un grave retroceso en la protección del agua, en un contexto de crisis climática, retroceso acelerado de glaciares y creciente estrés hídrico en todo el país.

Qué cambia el proyecto que modifica la Ley de Glaciares

Cuadro comparativo realizado AAdeAA-CAJE

Ley de Glaciares – comparativo con Proy Reforma (1)Descarga

El proyecto del gobierno introduce cambios estructurales que alteran por completo la letra y el espíritu de la ley vigente.

En primer lugar, todos los glaciares podrían ser destruidos. La reforma elimina la protección automática que hoy establece la ley y la reemplaza por un sistema discrecional: mediante una simple declaración de una autoridad provincial, un glaciar puede quedar fuera de la protección legal y ser habilitado para actividades extractivas.

En segundo lugar, el proyecto elimina la prohibición expresa de realizar minería sobre el ambiente periglacial. La Ley de Glaciares vigente reconoce que glaciares y periglaciares conforman un sistema único, indispensable para la regulación del agua. Desproteger el periglacial implica, en los hechos, permitir la destrucción del glaciar. Es como proteger el hielo pero apagar el freezer: el resultado es su desaparición.

Una falsa “federalización” de la protección del agua

La reforma propone que cada provincia decida qué glaciares y qué ríos pueden ser entregados a la megaminería y a la exploración hidrocarburífera. De este modo, se eliminan los presupuestos mínimos ambientales nacionales, que hoy garantizan un piso común de protección en todo el territorio argentino.

Esto no fortalece el federalismo : lo debilita. Los glaciares alimentan cuencas hídricas que atraviesan varias provincias. Permitir que una sola jurisdicción defina su destino afecta directamente a comunidades y territorios aguas abajo y abre la puerta a un dumping ambiental, donde las provincias compiten por ver quién flexibiliza más para atraer inversiones extractivas.

Un retroceso ambiental y jurídico inadmisible

Modificar la Ley de Glaciares en este sentido es ambientalmente riesgoso y jurídicamente ilegal. El proyecto viola el principio de no regresión ambiental, reconocido por la Constitución Nacional y por el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), que prohíbe disminuir los niveles de protección ya alcanzados.

En lugar de fortalecer la protección del agua frente a la crisis climática, el gobierno busca debilitar la única norma que pone un límite claro al avance de la megaminería en las cabeceras de los ríos.

Desde AAdeAA–CAJE reafirmamos un principio básico: proteger los glaciares y el ambiente periglacial es proteger el agua, las cuencas y el futuro de nuestras comunidades.

Llamamos a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, a las comunidades, al periodismo y a los representantes legislativos a defender la Ley de Glaciares y a impedir cualquier retroceso en la protección de las reservas estratégicas de agua de la Argentina.

Porque sin glaciares no hay agua.
Y sin agua, no hay vida.

La regulación del metano vinculada a los combustibles fósiles en Argentina

El metano es el segundo gas de efecto invernadero más importante después del dióxido de carbono, pero con un potencial de calentamiento mucho mayor en el corto plazo. A nivel global, se estima que causa el 30% del calentamiento asociado a las actividades humanas.

En Argentina representa el 32% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, principalmente provenientes de la ganadería (60%) y los combustibles fósiles (20%). Las emisiones de metano del sector de petróleo y gas se deben a fugas, venteo intencional y quema en antorcha, además de los pozos abandonados. Argentina es considerada un “super emisor” regional, junto con Brasil, Venezuela y Colombia.

En cuanto a la normativa en el país, a pesar de los compromisos internacionales asumidos —como el Global Methane Pledge y la participación en la Coalición Clima y Aire Limpio (CCAC) y la Iniciativa Global del Metano (GMI)—, la regulación nacional aún es incipiente y fragmentada.

A nivel nacional, el marco normativo se apoya en leyes generales de cambio climático (Ley 27.520) y planes estratégicos (Planes Nacionales de Adaptación, Mitigación y Transición Energética). Las normas específicas son escasas: la Resolución 143/1998 regula el venteo y la quema de gas, mientras que la Resolución 970/2023 crea el Programa Nacional de Medición y Reducción de Emisiones Fugitivas, aún pendiente de reglamentación.

El Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Gestión de Emisiones de Metano en el Sector de Hidrocarburos busca llenar ese vacío, proponiendo la creación de un Plan Nacional de Reducción de Emisiones de Metano, planes de gestión empresariales, programas de detección y reparación de fugas, y la introducción de créditos compensatorios. Sin embargo, el proyecto carece de metas cuantificables y mecanismos sancionatorios robustos.

Las provincias comenzaron a avanzar con regulaciones propias. Chubut aprobó en 2024 una resolución que obliga a las empresas a presentar planes anuales de gestión de emisiones y a realizar monitoreos y reportes públicos. Neuquén y Mendoza implementaron programas piloto y registros provinciales de gases de efecto invernadero, mientras que Río Negro y Santa Cruz incorporaron exigencias ambientales generales en sus marcos hidrocarburíferos. Varias provincias participan además del Sistema de Alerta y Respuesta al Metano del Programa de Naciones Unidas para el Ambiente, que utiliza datos satelitales para detectar emisiones.

A nivel internacional, la tendencia regulatoria muestra un endurecimiento progresivo. Canadá y Estados Unidos han establecido metas nacionales de reducción y exigencias tecnológicas estrictas; la Unión Europea aprobó en 2024 el primer reglamento específico de metano para el sector energético, con obligaciones de monitoreo, reparación de fugas y prohibición del venteo y flaring, mientras que China y Brasil avanzan en estándares técnicos y planes sectoriales.

El documento concluye que Argentina necesita fortalecer su marco jurídico y de política pública con metas de reducción claras, sanciones efectivas y mayor articulación institucional entre Energía, Ambiente y Salud. Asimismo, advierte que el enfoque actual —centrado en la mitigación de fugas y la valorización del gas— reproduce la dependencia de los combustibles fósiles. Propone avanzar hacia una desfosilización progresiva y una transición energética justa, que reduzca emisiones y proteja los derechos de las comunidades.

Acceder al informe:

Informe-metano-final Descarga

Se recomienda el documento “Metano en Argentina: una guía básica para entender desde cero” como una primera aproximación clara y accesible para comprender el metano, su vínculo con el sector de petróleo y gas y por qué es urgente hablar de él en Argentina.

El fallo de la Corte jerarquiza la democracia ambiental, el federalismo de concertación

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe y a las ciudades de Rosario y Victoria implementar acciones urgentes para preservar el Delta del río Paraná de los incendios. “Es un fallo histórico porque pone el punto de la i donde corresponde, jerarquiza la democracia ambiental, el federalismo de concertación y esto es muy importante, dijo a AIM Jorge Daneri, miembro de la Unidad de Vinculación Ecologista de la Fundación La Hendija, de la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas (Aaaa) y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (Caje).

“El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre los incendios en el Delta es un fallo histórico”, enfatizó Daneri a esta Agencia.

El abogado ambientalista señaló que el mismo, “pone en presencia, en valor, de alguna manera resucita o reinventa el Plan Estratégico de Desarrollo Sustentable del Delta que se acordó entre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y el Estado nacional en el año 2008 cuando aquellos mega incendios, que luego se han repetido durante la pandemia y estos últimos años. Es relevante porque no solo marca la incapacidad de los gobiernos de ejercer el federalismo de concertación, sino porque además pone en su lugar a las ambientales, las sienta en las sillas y en la mesa redonda donde otras áreas de los gobiernos, en esas escalas de gestión política, los niegan, las ignoran, las ningunean, las olvidan, las descartan en función de intereses corporativos, de simplificación de los territorios, de delimitaciones geográficas inventadas por nosotros los seres humanos que niegan la visión de Cuenca, que niegan la realidad sinérgica y sistémica de un ecosistema más que sensible”.

Además, este fallo es relevante “porque el fenómeno de los incendios, en cuanto a la aplicación que le exige la Corte a las provincias, a su implementación porque el plan ya existe, a su despliegue, se aplica a otros conflictos socioambientales en la misma área, y que directamente se relaciona con las causas de los incendios, que es la desertificación del Delta a partir de los intentos de mayor profundización, de mayor dragado, de que el Delta se adapte a los megabarcos de exportación, como así se pretende en el proyecto de licitación que el Gobierno nacional está impulsando y que fue frustrado por un dictamen también relevante de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Federal a principios de años, y que ahora se intenta nuevamente llevar adelante a partir de una audiencia pública ambiental ficticia, fraudulenta, donde se ponen estudios totalmente desactualizados; estudios totalmente privatizados, sin intervención de las áreas ambientales, del Piecas, de todos los ámbitos que establece la legislación de presupuestos mínimos ambientales”.

En este sentido, remarcó Daneri, “La Corte pone en valor el Piecas, que tiene que intervenir en todos los escenarios vinculados a la protección de la diversidad biológica, de la diversidad hictícola, de todo proyecto de mega infraestructura, desde un puente, un túnel, desde una mayor profundización y artificialización del río. Todos escenarios absolutamente negados desde el 2013-14 en adelante de una manera realmente muy grave”.

Finalmente, indicó el abogado ambientalista, “el fallo destaca un punto relevante, el 9, que invito a poder analizarlo y considerarlo. Especialmente, la Corte condena a los tres Estados provinciales y al Estado nacional a la implementación de algunos de sus anuncios, como son todos los mecanismos de monitoreo, los faros que se iban a construir y que quedaron en una ejecución totalmente lenta, sin conocimiento de los pueblos en cuanto a sus resultados; la falta de una dinámica, de un activismo en el funcionamiento de la dirección y de la coordinación del Piecas que es realmente muy grave”.

“Es notable lo que el fallo destaca de los informes que le han presentado a la Corte las provincias donde casi la palabra Piecas no existe, son informes sectoriales vinculados exclusivamente a lo hecho o no hecho en cada provincia, pero que no articula, no transversaliza, no hay sinergias, no hay concertación, no hay conversación, no hay acuerdos”.

“Es un fallo histórico porque pone el punto de la i donde corresponde, jerarquiza la democracia ambiental, el federalismo de concertación y esto es muy importante. Pero lo hace, poniendo en su lugar a las leyes de presupuestos mínimos ambientales y esto es relevante. La concertación federal no puede atacar las leyes de presupuestos mínimos ambientales ya vigentes que son aplicables para todo el territorio de la República Argentina, y esto es una ratificación de la Corte de la importancia de las áreas ambientales, negadas brutalmente en el proceso hidrovía Paraná-Paraguay hasta el día de hoy; y relevante para todos los escenarios, particularmente el sistema ambiental Delta y sus ecosistemas asociados”, concluyó Daneri.

Glaciares en riesgo: por qué más de 25 organizaciones rechazan cualquier retroceso en la ley que protege el agua de la Argentina

En las últimas semanas comenzó a circular la propuesta de modificar la Ley N.º 26.639, conocida como Ley de Glaciares. El planteo no es menor: se trata de la norma que protege las reservas de agua más estratégicas del país, ubicadas en la cordillera y en las zonas de altura donde el hielo, la roca y el frío regulan el flujo de los ríos que alimentan a ciudades enteras.

Frente a este escenario, más de 25 organizaciones de distintos territorios publicaron hoy un documento conjunto. El mensaje es claro: retroceder en la protección de glaciares y ambientes periglaciales es abrir la puerta a daños irreversibles en un ecosistema ya presionado por la crisis climática, y con ello comprometer el abastecimiento de agua de millones de personas.

La Ley de Glaciares fue sancionada en 2010 tras años de litigios, estudios científicos, movilización ciudadana y debates legislativos complejos. No es una norma simbólica: establece límites concretos a actividades que destruyen o alteran glaciares y ambientes periglaciales, especialmente la megaminería y la explotación hidrocarburífera en alta montaña.

En regiones áridas y semiáridas —que representan buena parte del país— la existencia misma de comunidades, economías regionales y ecosistemas depende del agua regulada por estos cuerpos de hielo. Debilitarlos no solo es imprudente: es una apuesta peligrosa en un escenario de calentamiento global acelerado y retroceso comprobado de los glaciares.

Glaciares y periglaciares no son entidades aisladas: funcionan como un solo sistema hídrico y ecológico. Almacenan agua en invierno, la liberan en verano y sostienen caudales cuando no llueve. Intervenir estas zonas, perforarlas, remover roca o construir infraestructura pesada altera esa función básica y desencadena impactos que pueden sentirse cientos de kilómetros río abajo.

Por eso la ley prohíbe actividades de alto impacto donde el daño sería permanente. No porque “se oponga al desarrollo”, sino porque define qué tipo de desarrollo no puede seguir destruyendo las bases físicas que lo hacen posible.

El documento publicado por las organizaciones reconoce el papel central del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Su trabajo permitió construir el Inventario Nacional de Glaciares, una herramienta científica única en la región que identificó, caracterizó y ubicó miles de cuerpos de hielo y áreas periglaciales.

Fortalecer al IANIGLA —en vez de debilitar las normas que sustentan su trabajo— es una condición mínima para enfrentar la crisis climática con información pública, independiente y confiable.

El planteo de modificar la ley no solo es ambientalmente riesgoso: es jurídicamente improcedente.
El Acuerdo de Escazú, incorporado al derecho argentino, obliga a los Estados a garantizar el principio de no regresión: ninguna política pública puede reducir los niveles de protección ya alcanzados.

Modificar la Ley de Glaciares para flexibilizar controles o habilitar actividades prohibidas chocaría frontalmente con ese compromiso internacional y abriría un conflicto jurídico de enorme escala.

Las organizaciones firmantes coinciden en un punto central: no hay desarrollo posible si se destruyen las fuentes de agua que sostienen al país.
En un escenario de sequías extremas, retroceso de glaciares, incendios y eventos climáticos cada vez más violentos, debilitar la única norma que protege las cabeceras de los ríos equivale a poner en riesgo la vida cotidiana, la producción y el futuro de regiones enteras.

La discusión no es técnica: es profundamente política. Se trata de elegir entre un modelo extractivo que sacrifica territorios enteros o un horizonte que reconoce que el agua es un bien común, esencial e irremplazable.

A continuación el documento completo firmado por más de 25 organizaciones de todo el país

Sin-agua-no-hay-desarrollo-posible-razones-por-las-cuales-la-Ley-de-Glaciares-no-debe-modificarse Descarga

Organizaciones firmantes:

Fundación Ambiente y Recursos Naturales

Fundación Biodiversidad Argentina

Fundación Habitar y Desarrollo

Agencia de Cooperación para el Desarrollo

Consciente Colectivo

Ecohouse

Aves Argentinas

Círculo de Políticas Ambientales

Natura Argentina

Proyectar

Red Universitaria para la Crisis Climática

Banco de Bosques

Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas Argentina

Wildlife Conservation Society Argentina

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas

Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza

Por el Mar

Greenpeace

Fundación Ambiente y Medio

Fundación Yuchan

Argentina Limpia

Fundación Vida Silvestre

Hora de Obrar

Los Verdes

Wetlands International

Asamblea Jáchal No Se Toca

Sin Azul No Hay Verde

Bios Argentina

Red Nacional de Acción Ecologista

Conservación Patagonica

Conciencia Solidaria

Fundación Espacios Verdes

FUNDEPS

Jóvenes por el Clima Argentina

Fundación Cambio Democrático

Red Ambiental OIKOS

Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos

Fundación Rewilding Argentina

Instancia Decisiva en la Justicia Federal por el derrame de la minera Barrick Gold en la cuenca del río Jachal en San Juan

Recurrimos ante la Cámara Federal de Casación Penal para reabrir el Juicio Oral contra los responsables nacionales

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, como representante de la Asamblea Jachal No Se Toca, declara su profunda preocupación ante la prescripción de la causa penal, por parte de la Jueza Servici de Cubría, contra los funcionarios nacionales responsables de haber frenado, manipulado e incumplido la Ley de Glaciares, en el marco del derrame tóxico de Barrick Gold en Veladero (Jáchal, San Juan) ocurrido en 2015.

El desastre de Jachal es el mayor derrame minero de la historia argentina y sigue impune a más de diez años: no hay juicio oral, no hay condenas y la minera Barrick Gold continúa operando en plena cordillera, dentro de la zona periglaciar protegida por ley.

La decisión de la jueza Cubría es un retroceso grave. No solo abandona la obligación del Estado de proteger las nacientes de agua de alta montaña, sino que además desconoce una década de pruebas que demuestran el rol del propio Gobierno Nacional de entonces en la manipulación del Inventario de Glaciares para permitir que Barrick operara donde la ley lo prohíbe. Sin esa intervención deliberada, Veladero no habría funcionado jamás: el derrame de cianuro, mercurio y metales pesados sobre la cuenca de Jáchal simplemente no habría ocurrido.

Por eso, desde la querella recurrimos ante la Cámara Federal de Casación Penal para reabrir el Juicio Oral contra los responsables nacionales.

El juicio de Jachal es la única vía para terminar con la impunidad política e institucional que rodea a Veladero desde hace años. Allí deben rendir cuentas quienes, desde el Estado Nacional, bloquearon la aplicación de la Ley de Glaciares y habilitaron la explotación minera en territorios que debían estar resguardados como reservas estratégicas de agua.

El pueblo de Jáchal carga con la contaminación, la incertidumbre y la negación sistemática de información. Su lucha es la que mantuvo viva esta causa cuando todos los resortes del poder quisieron cerrarla.

Veladero es el símbolo de un modelo extractivo basado en la desprotección de los territorios de alta montaña, el desprecio por el agua y el blindaje de las corporaciones mineras. La prescripción dictada por Servini solo fortalece ese modelo.

Por eso vamos a Casación: para impedir que esta causa se archive y para que, de una vez por todas, se escuche en un tribunal la verdad completa sobre cómo se violó la Ley de Glaciares para habilitar un proyecto que nunca debía haber existido.

La Argentina necesita justicia social y ambiental, transparencia y responsabilidad de las corporaciones mineras. Esta causa es una prueba decisiva: o se sostiene la impunidad minera, o se abre el camino para proteger de verdad los glaciares, el agua y las comunidades que dependen de ellos.

Exigimos Juicio Oral YA. El país está con Jáchal .

Basureros Petroleros: Allanamiento a la planta de COMARSA en Neuquén

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) informa que, a pedido de esta querella y de la Fiscalía de Delitos Ambientales, la Justicia autorizó el allanamiento en la planta de COMARSA, ubicada en el Parque Industrial Neuquén Oeste, en la capital provincial. Este paso clave se da en el marco de la causa por los Basureros Petroleros del proyecto Vaca Muerta. Se realiza para avanzar en la investigación penal por usurpación de tierras públicas y contaminación peligrosa en uno de los mayores pasivos petroleros del país y del cual las empresas petroleras son responsables.

El operativo tiene un objetivo concreto: permitir las tareas de campo necesarias para el informe técnico del perito agrimensor designado por la querella, cuyo trabajo es indispensable para reconstruir los límites reales del predio y su expansión.

Esta nueva inspección judicial busca despejar una pregunta central ¿hasta dónde avanzó Comarsa sobre tierras públicas que nunca le fueron cedidas?

Desde la querella afirmamos, en base a lo evidenciado en años de documentación:
COMARSA no solo operó dentro del inmueble concedido a precio vil por la Municipalidad de Neuquén y el Concejo Deliberante, sino que extendió ilegalmente sus actividades sobre terrenos públicos no cedidos, ampliando su huella operativa por fuera de toda autorización estatal.

Esa expansión no es inocua. Sobre esas tierras usurpadas, la empresa acumuló a cielo abierto residuos petroleros tóxicos, provocando la degradación del territorio y afectando el aire, el suelo y la salud de las comunidades que viven y trabajan en las zonas aledañas. A su vez, el lixiviado de estos residuos corre peligor de afectar las napas que existen en la región. Es exactamente el tipo de manejo que las comunidades y organizaciones de la sociedad civil denuncian hace años: montañas de residuos, vapores tóxicos, derrames y un modelo energético que deja contaminación y precariedad donde debería haber controles, reparaciones y políticas públicas serias.

Con este allanamiento, la fiscalía espera demostrar el delito de usurpación, al demostrar la ocupación y el uso ilegal de tierras públicas por parte de la empresa. Y también el delito de contaminación peligrosa, al evidenciar que COMARSA acumuló residuos petroleros en esas mismas tierras, agravando la afectación territorial y social a las comunidades cercanas.

La investigación avanza en un contexto donde Neuquén convive con basureors petroleros abiertos, pozos abandonados sin remediación y zonas saturadas de la infraestructura petrolera sin que ninguna autoridad provincial regule cómo afecta esto a la población. Frente a esa desidia estructural, el allanamiento puede recaba r más evidnecias y avanzar hacia terminar la impunidad actual sobre el entramado que sostiene el proyecto Vaca Muerta.

Desde AAdeAA, como parte querellante, vamos a seguir impulsando las medidas necesarias para que se esclarezcan los hechos, se identifiquen las responsabilidades y se garantice la reparación de los territorios y de las comunidades afectadas.

La contaminación petrolera no es un daño abstracto, ni puede seguir haciéndose en nombre de las divisas y el interés nacional. Las comunidades están afectadas en sus cuerpos y territorios y quienes las afectan deben responder ante la ley

Sistema energético, metano y salud

Salud y enfermedad son parte de un proceso social complejo. Los daños en salud asociados al metano no son “accidentes” inevitables, sino consecuencias estructurales de una forma de desarrollo que privilegia la rentabilidad sobre la sustentabilidad socioambiental.

El metano actúa como precursor del ozono troposférico, constituyendo un contaminante atmosférico con efectos adversos comprobados sobre la salud respiratoria, cardiovascular, reproductiva entre otros. La exposición al ozono troposférico se asocia a aumento de mortalidad por causas respiratorias y cardiovasculares, exacerbaciones de asma y EPOC, y mayor vulnerabilidad en niños, personas mayores y poblaciones con enfermedades de base. Asimismo, se han documentado alteraciones en la fertilidad masculina y femenina, y efectos negativos en el desarrollo fetal.

Los estudios epidemiológicos en Estados Unidos y Canadá han evidenciado un aumento del riesgo de un tipo de leucemia en comunidades ubicadas en cercanía de pozos de fracking, así como posibles incrementos en linfomas y otros cánceres hematológicos. También se han descrito alteraciones endocrinas, disrupciones reproductivas, entre otras.

En este contexto, la combinación de incertidumbre científica, exposición múltiple a contaminantes y proximidad entre pozos y comunidades plantea la necesidad de adoptar medidas regulatorias preventivas. La falta de datos oficiales accesibles y la magnitud de la exposición comunitaria hacen imperativa la aplicación del principio precautorio y las evaluaciones de riesgo integrales en territorios afectados por fracking.

Sistema energético Metano y Salud 2025 (1)Descarga

Masivo y contundente rechazo popular al intento de legitimar las obras sobre el Río Paraná para convertirlo en “hidrovía”

El día de hoy se realizó la audiencia pública convocada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación para tratar el llamado “Informe de Gestión y Evaluación Ambiental” de la Vía Navegable Troncal del Paraná. Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas pedimos su impugnación y rechazamos el proyecto de dragado, profundización, ensanchamiento y cambio de trazas sobre el Río Paraná.

A pesar de los obstáculos deliberados para dificultar la participación —información técnica desordenada, formularios impresos, falta de difusión—, la respuesta es categórica: la participación de una enorme cantidad de expertos, referentes sociales, académicos, intelectuales y sindicales que rechazan este modelo de río.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial advertimos desde el primer día que esta audiencia era ilegítima:

No se presentó ningún Estudio de Impacto Ambiental válido.
Las obras de dragado ya están en curso
No existe línea de base ni evaluación de impactos acumulativos.
La información no fue clara, ni accesible, ni difundida en forma efectiva, violando el Acuerdo de Escazú.

Lo que se intentó fue convalidar por vía administrativa una licitación ya decidida.

En la participación territorial y de la sociedad civil se destacan organizaciones socioambientales, comunidades isleñas, trabajadores del río, universidades, sindicatos, colectivos artísticos y ciudadanos autoconvocados. Lo que se expresó fue una oposición transversal, masiva y bien argumentada, que dejó en evidencia la profundidad del rechazo a este modelo extractivo y defiende con fuerza:al río:

Como fuente de agua potable para millones.
Como corredor de biodiversidad y soporte de humedales.
Como territorio habitado por comunidades que resisten.
Como bien común que no puede seguir siendo gestionado a espaldas de la sociedad.

La audiencia, lejos de legitimar el proceso, demuestra la ilegitimidad de lo que se está intentando hacer con el Paraná. La voz colectiva desmontó el simulacro. Cada intervención señaló distintos aspectos en los cuales el Estado, y las empresas usuarias, violan la constitución y el deber de proteger los bienes naturales. Y cuando eso pasa, el pueblo se organiza y habla.

A esta altura, el Gobierno no puede alegar desconocimiento, ni ignorar la voluntad ciudadana. La oposición es contundente.

El modelo de río que intentan imponer no tiene licencia social. Exigimos la anulación del proceso y la suspensión inmediata de la licitación proyectada.

Denunciamos penalmente los intentos de justificar los avances ilegales que afectarán al Río Paraná

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial denunciamos penalmente a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) por la audiencia convocada. La misma está prevista para el 3 de noviembre de 2025 y busca convalidar un nuevo salto en el proceso de profundización de la Vía Navegable Troncal (VNT).

Lo que está en juego para nuestro país es crucial: el gobierno nacional pretende habilitar el paso del dragado de 36 a 40 pies —y eventualmente más— sin contar con Evaluación de Impacto Ambiental válida, sin intervención de las áreas ambientales nacional y provinciales, y sin garantizar el acceso a la información ni la participación pública efectiva.

El documento que se presenta no es un Estudio de Impacto Ambiental, tal como exige la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Es apenas un informe fragmentario de “gestión ambiental” sobre hechos consumados. Lo admite la propia ANPyN por escrito: las obras ya están en ejecución y no hubo una evaluación previa. Se trata de un intento de legalizar a posteriori el avance de un modelo extractivista que está destruyendo el río y desmantelando el control democrático sobre su gestión.

El daño es profundo: esta intervención busca modificar de forma definitiva los humedales y el cauce del Paraná, transformándolo en un canal exclusivamente al servicio de las corporaciones exportadoras, sin vida, sin control y sin retorno, desertificando el sistema de humedales, sus diversidades y culturas.

Además de impugnar su legalidad, hacemos un llamado urgente y masivo a la participación ciudadana. Si el Estado impide el acceso, somos nosotros quienes vamos a amplificarlo. Vamos a participar si la Justicia no detiene esta ficción y queremos que más personas y organizaciones lo hagan. La inscripción cierra el viernes 31 de octubre a las 23:59.

La denuncia fue presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) el dia 22 de octubre y se encuentra en curso de investigación por las graves irregularidades administrativas y las sospechas de corrupción. Invitamos a todas las organizaciones sociales, ambientales, sindicales, académicas y territoriales a inscribirse, a hacer oír su voz y a sumarse a esta convocatoria. Porque lo que se está decidiendo no es un trámite burocrático administrativo más: es el futuro del Paraná como ecosistema vivo o como zanja para el saqueo.

No hay democracia ambiental sin información, sin estudios y sin participación.
Sin río, no hay salud. Sin controles, no hay derechos.

ACCEDÉ AL INSTRUCTIVO PARA INSCRIBIRTE A LA AUDIENCIA

GRUPO DE WHATSAPP PARA DUDAS
📞 Contactos para asistencia: (+54 341 6098151) (+54 343 5050891)

Fuga de hidrocarburos en el lago Mari Menuco: nuevo desastre petrolero en Neuquén

La Confederación Mapuche de Neuquén denunció el miércoles 22 de octubre una fuga de hidrocarburos a partir de la explosión de un ducto de la empresa Pan American Energy (PAE) en el área petrolera conocida como Lindero Atravesado, que se encuentra a orillas del lago Mari Menuco.

Esta fuga de hidrocarburos “creó una nube tóxica que se veía desde las comunidades mapuche aledañas y que claramente contaminó la orilla del lago”, alertaron desde la Confederación.

Estos desastres ambientales, con graves impactos tanto en los ecosistemas como en la salud de las comunidades cercanas, no son accidentes aislados, sino una consecuencia ineludible de la actividad hidrocarburífera extractiva –tanto convencional como no convencional–. Entre 2015 y marzo de 2022, se registraron 9,242 incidentes, muchos de los cuales incluyen derrames de petróleo, contaminación del agua y gases de efecto invernadero altamente peligrosos. En este contexto, la técnica de fracturación hidráulica –conocida como fracking– no solo intensifica los riesgos, sino que lo hace a un ritmo alarmante: entre enero y septiembre de este año se realizaron 18.263 etapas de fractura, un aumento significativo respecto de las 14.722 registradas en 2023.

A esto se suma la falta de control y transparencia en la información sobre la magnitud real de los daños, como quedó demostrado en desastres anteriores, donde las empresas reportaron afectaciones mínimas o inexistentes de las superficies contaminadas, lo que resulta inverosímil dada la envergadura de los derrames.

El lago Mari Menuco es un embalse que, junto a Los Barreales, regula el caudal del río Neuquén, genera energía y brinda agua a las poblaciones y actividades productivas de la región. Es una de las principales fuentes de agua potable de la Patagonia norte. Los Barreales abastece el acueducto que provee a las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul, mientras que el Mari Menuco suministra agua a Neuquén capital, Centenario y, con la ampliación de la planta potabilizadora, también a Plottier y Vista Alegre.

En febrero de este año el gobierno de Rolando Figueroa le extendió la concesión de Lindero Atravesado a PAE a través del decreto N° 228/2025, que autoriza a la empresa a realizar fracturas en el entorno del lago hasta el año 2060. Además, el decreto N° 276/2025, habilitó el fracking en La Angostura Sur I y II, incluyendo el istmo de los embalses Mari Menuco y Los Barreales, y prevé más de 500 pozos en esa frágil zona.

La extracción de hidrocarburos en estos territorios pone en riesgo una fuente de agua potable vital para más de 600 mil personas. La explosión y fuga del pasado 22 de octubre es una muestra más de está situación. Las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación por este nuevo desastre ambiental y reiteramos el reclamo por el cierre de todas las actividades extractivas en la zona.

Firma:

Campaña “Salvemos el Mari Menuco”

Acompañan:

Fundación Ambiente y Recursos Naturales

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas

Observatorio Petrolero Sur

Confederación Mapuche de Neuquén

Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas

Tierra para Vivir – Marabunta

Izquierda Socialista – Ambiente en Lucha – FITU

Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha – Neuquén

Alerta Roja Ambiental / PTS – FITU

Red Ecosocialista – MST en el FITU

Colectiva Feminista La Revuelta

Multisectorial Golfo San Matías

APDH Neuquén

Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones

Asamblea de la Comunidad Costera de Tierra del Fuego, AeIAS

Ambiente en Lucha de Tierra del Fuego, AeIAS

Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande

Asamblea Mar Libre de Petroleras Partido de la Costa

Asamblea por un Mar Libre de petroleras Uruguay

APDH EL BOLSON

ASAMBLEA MULTISECTORIAL de Cipolletti. Río Negro

RED de DDHH de CIPOLLETTI

Asamblea en Defensa del Territorio, Puerto Madryn

Comunidad Katrawletuain, Rawson, Chubut

Lof Newentuaiñ Inchin de Costa de Lepa, Chubut

APDH ESQUEL TREVELIN

APDH Tucumán

Coordinadora Socioambiental Bahia Blanca

Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata

Observatorio de Sismicidad Inducida

Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Patagones

Red de Comunidades Costeras

Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego

La Revuelta Comunicacion, Mar del Plata

Asociación Mane’kenk

APCA Neuquen

FASE Espírito Santo

ANAFAE Honduras

CEDIB, Bolivia

Más datos sobre desastres ambientales de la industria petrolera:

Durante el año 2021 ocurrieron al menos 2049 incidentes ambientales. Un promedio de 5,6 por día, más del doble de los que constan para 2017, cuando el promedio diario era de 2,8 (información extraída a partir de los datos oficiales de incidentes ambientales declarados por empresas operadoras de la Dirección Provincial de Gestión de Situaciones Ambientales y Residuos Especiales).
Entre los principales desastres ambientales de los últimos años se encuentran el del yacimiento Bandurria Sur, del 19 de octubre de 2018, operado por YPF S.A. y Schlumberger, que afectó entre 47,6 (según la empresa) y 80 hectáreas (según Greenpeace y FARN), y por el cual fueron succionados 4076 m³ de hidrocarburos y removidos 22.529 m³ de suelo contaminado; y el incendio en Pozo Loma la Lata Oeste, el 15 de septiembre de 2019, con llamas de 30 metros cerca del lago Los Barreales, controladas en un mes por Wild Well Control.
A esta accidentalidad propia de la industria petrolera se le debe sumar los más de 500 sismos producidos en la zona desde el 2019 por el fracking, de acuerdo a la información producida por el Observatorio de Sismicidad Inducida. Esta actividad sísmica afecta a las comunidades y poblaciones cercadas, en particular a las localidad de Sauzal Bonito y Añelo, con daños materiales, impactos en la salud y seguridad.

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas // Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Justicia Social y Ecológica