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YPF en riesgo, derecho a la energía, frío polar

por Alejo di Risio para Revista Anfibia

Esta semana, mientras Argentina se convertía en el segundo lugar más frío del mundo, casi medio país se quedó sin gas, y hubo muchas ciudades aisladas y paralizadas. ¿Cuánto tiene que ver la ola polar y cuánto las políticas energéticas alrededor de Vaca Muerta? Eso no fue todo: mientras tanto, se conoció un fallo de la justicia estadounidense que pretende que el Estado entregue el 51% de YPF, es decir los bienes de nuestra naturaleza y su gestión. Pone en peligro, además, la estrategia de YPF de Milei. Y hace que el derecho a la energía gane el centro del debate.

Para pasear en Mar del Plata en invierno siempre hay que respirar hondo. Pero estas vacaciones de julio no hay abrigo que alcance: llegó a amanecer con casi diez grados bajo cero. Por falta de gas se suspendieron las clases, y hasta cortaron la luz en el shopping del centro y en los restaurantes. Cayó nieve en Atacama, en las sierras cordobesas, hasta en Los Polvorines. Los vecinos de Lugano salieron a las calles para denunciar que llevaban más de una semana sin agua, y encima les habían interrumpido el servicio de luz: “Pagamos tarifas cada vez más caras, ¡y nadie nos explica nada!”. Los pediatras del Garrahan levantaron cartelitos pidiendo a las familias refuerzos de mantas y frazadas “ya que el servicio no cuenta con suficientes”. En Trevelin prohibieron usar el agua corriente para evitar que se congelen los tanques, y por el hielo de los caminos rurales los camiones que transportan leña no pudieron entrar a los pueblos. Muchas industrias pararon. 

En esta semana que termina, Argentina fue el segundo país más frío del mundo. Y gran parte del territorio, estuvo sin acceso al gas. ¿Culpa de la ola de frío o de las políticas energéticas? Spoiler: de ambas.

A CABA no le tocó lo peor de este fenómeno extremo, pero igual registró temperaturas mínimas de –1,9 °C, la más baja desde 1991. Ayer, 3 de julio, el consumo residencial de gas llegó a su record histórico 100,3 millones de m³/día, aún mayor que el último pico de consumo, 96 millones m³ del año pasado. Las distribuidoras activaron medidas de emergencia: interrumpieron el servicio a industrias, estaciones de GNC (incluidas con contrato firme) y se redujeron exportaciones a Chile. En La Plata, la baja presión con la que llegaba el gas fue acompañada por cortes de luz y paralización en la distribución de GNC, lo que paralizó el transporte urbano. En Mar del Plata la activación de un “Protocolo de Crisis” también interrumpió actividades con alto consumo de gas, como piletas climatizadas. 

Si bien es normal que la demanda residencial de gas se quintuplique en invierno, este año hubo un récord. Pero uno que el Servicio Meteorológico Nacional ya había advertido. Y a pesar del poco tiempo de aviso del SMN, ¿es posible hablar de imprevisibilidad si en un contexto de crisis climática sabemos que cada año será récord? La demanda residencial picó en 100 millones de m³/día; es un 25 % por encima de niveles habituales, pero apenas superior a los 96 millones de m³/día que había alcanzado el año pasado. Las fallas técnicas debidas al frío extremo, que congeló equipos y tuberías, y la presión sobre la infraestructura de transporte generó múltiples problemas. Por un lado, una caída de presión que activó mecanismos de protección, cerrando el circuito que alimentaba algunas zonas. Por otro lado, las usinas térmicas que dependen del gas operaron por debajo de su capacidad, lo que generó cortes eléctricos a más de 100.000 usuarios sin luz en AMBA. Las estufas se apagaron, incluso en los hogares que pagan más caro (contratos priorizados) para que esto no pase. 

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En esta semana, en la que en el sur casi no hablábamos de otra cosa que del frío, la estadounidense Loretta Preska podía andar de camisa. Desde los casi 30ºC que rodeaban su oficina de Nueva York tomó una decisión que algunos diarios titularon “una pesadilla para la Argentina”. Sentenció que en dos semanas nuestro país debería entregar el 51 % de YPF para saldar parte de una deuda megamillonaria (USD 16.1 mil millones) con los fondos buitre Burford Capital.

Las primeras declaraciones del oficialismo apuntaron a que el fallo se apelará. Pero los primeros descargos del presidente Javier Milei dirigieron la culpa al gobernador Axel Kiciloff, y como consecuencia se fortaleció la posición de la justicia estadounidense. Las declaraciones presidenciales pueden ser usadas como evidencia en el proceso legal.  Si nuestro país acata el fallo y entrega el 51% de YPF, las consecuencias pueden ser nefastas para la estabilidad del sistema energético nacional. A pesar de que los ultralibertarios se jactan de ser anti-Estado, saben que la principal herramienta para asegurar el suministro -tanto de energía como de balanza comercial- es YPF. Si Argentina pierde el control de su principal empresa estatal, podría pulverizar la capacidad de definir una política energética en un sector fuertemente controlado por enormes jugadores en términos de poder. 

Las acciones de YPF están protegidas por la Ley de Expropiaciones que el Congreso argentino ratificó y que la Constitución Argentina permite: avanzar en activos estratégicos. No hay antecedentes en el mundo de que se haya avanzado sobre un patrimonio de otro país de esta manera. El caso no tiene precedentes, puede sentar jurisprudencia a nivel global y por eso otros países se presentaron a favor de la posición argentina. Como así lo hizo el Departamento de Justicia estadounidense, durante el gobierno de Biden, dos veces. 

El Presidente Milei apelará, argumentando un impacto negativo en el ingreso de divisas. Esto le llevaría respiro al establishment energético local: Paolo Rocca, Marcelo Mindlin, Miguel Gallucio y los Bulgheroni, entre otros. Sus empresas privadas dependen fundamentalmente del Estado, a través de subsidios o de sociedades con la petrolera nacional. Al cierre de esta nota, ninguno de ellos había hecho declaraciones públicas para apoyar la soberanía nacional sobre YPF. 

El fallo de Preska pretende quedarse con nuestros bienes naturales y su gestión, y pone en peligro la estrategia de la YPF de Milei. La petrolera estatal es la principal operadora en Vaca Muerta, donde se produce el gas que puede salvar vidas cada invierno y durante olas de frío como esta. La pérdida de control de YPF clausuraría definitivamente cualquier atisbo de planificación energética argentina, tanto actual como futura. 


En el escenario actual a nivel global, la crisis climática avanza tanto como los discursos negacionistas en torno a su origen en la actividad humana. Sin embargo, hasta la Agencia Internacional de Energía diagnostica que el pico de demanda de petróleo y gas será para 2030. La extrema derecha, tanto en Argentina como en el resto del mundo, combate la certeza científica para demorar la acción climática. Esto aparece, incluso, en el recientemente revelado Plan de Inteligencia Nacional de la SIDE. Entre sus objetivos, monitorear a personas y organizaciones que intenten frenar los combustibles fósiles o acelerar la transición energética. Esta vaga definición podría incluir no sólo a periodistas, activistas o académicos sino también a empresas privadas que se dediquen al sector de energías renovables, como la subsidiaria  YPF Luz. 

Las empresas estatales energéticas tienen un rol clave en diseñar y moldear cómo nos vinculamos socialmente con la energía, en la actualidad y en el panorama futuro. YPF, como empresa estatal, tiene un potencial único para ser parte de las respuestas que nuestro país necesita, pero es necesario asegurar que sirva al interés público y pueda gestionar su vínculo con el territorio de manera responsable y segura. Su capacidad no es solamente definir políticas sectoriales, sino también articular con el resto de organismos estatales, incluidas las empresas energéticas provinciales. De dirigir, desde su rol como empresa estatal líder, un verdadero proceso de transición y transformación a la altura del contexto actual.

Muchos de estos organismos estatales hoy están bajo ataque . Tienen la capacidad de proyectar el rumbo del país en sectores fundamentales para garantizar la vida como el agua, el aire o los alimentos. Una transformación a la altura del contexto no implica solamente dejar atrás los combustibles fósiles, sino que es mucho más amplio, implica rediseñar la mirada energética integral con una perspectiva ecosocial.

Esto implica el compromiso con un descenso planificado y seguro de nuestra dependencia de los combustibles fósiles.  Implica, también, diseñar una transición segura, con una agenda basada en evidencia científica antes que en los compromisos con accionistas. Que la reinversión pública permita planificar e implementar una infraestructura que facilite el acceso a energías limpia,  seguras y accesibles para la población. Para que esto suceda, los activos nacionales energéticos no pueden seguir siendo instrumentos de apuesta constante, comportamiento usual del volátil mercado petrolero y gasífero. 

Por otro lado, desde YPF se podría avanzar enormemente en la descentralización geográfica del suministro, la producción y el consumo energético. La energía como vector de la federalización se encuentra inscripta en la identidad histórica de la empresa. También podría promover la desconcentración del sector, en términos de poder, para que el sector no sea controlado por grandes actores extranjeros, de cuya inversión nos volvemos dependientes, sino por un entramado de actores locales y regionales, que sí tengan los intereses territoriales en mente. La expansión desde YPF Luz podría impulsar los proyectos de generación distribuida de energía, donde cooperativas o PyMes puedan generar la electricidad que consumen, y hasta obtener rédito vendiendo el excedente a la red. No se trata sólo de tener un sistema que dependa de las grandes centrales sino que estructure materialmente una distribución de los beneficios que la energía otorga y permite. 


Esta ola polar demuestra que pensar la energía como una mercancía es un error desde una perspectiva social. El sector energético opera históricamente bajo la lógica de inversión mínima en interés público. Hace décadas que las petroleras se dedican sistemáticamente a sembrar duda sobre la crisis climática que hoy profundiza esta ola polar que quiebra récords. Existen todavía enormes deudas por saldar, no sólo políticas, sino ambientales y sociales. Los pozos abandonados sin remediación, la impunidad de los derrames petroleros o deudas como la de Shell con el municipio bonaerense de Magdalena: el derrame de petróleo en agua dulce más grande de la historia sigue impune, y la deuda de $20 millones de dólares, insignificante para Shell, sigue sin haber sido abonada a los bonaerenses.

La política energética nacional sigue orientada a la generación de divisas antes que al bienestar social. La apuesta actual del sector es a la exportación. Esta misma semana el Ministro de Economía prometió ductos exportadores al Mercosur. El Ministro de Desregulación (sic) permitió la exportación sin límite de las mismas garrafas de gas que no llegan a hogares y escuelas. Y desde el comienzo de la gestión que avanza el inseguro proyecto de puerto exportador del Golfo San Matías. El gobierno, desprovisto de todo sentido de la ética, apuesta nuevamente a la crueldad, esta vez con la energía como vector. 

Cuando los climas extremos se intensifiquen, como lo harán cada año, las redes de abastecimiento volverán a colapsar y a entrar en estado de emergencia social y sanitaria. La punta del iceberg son los casos más extremos con víctimas fatales. En este invierno, en Argentina ya murieron diez personas por hipotermia y por intoxicación con monóxido de carbono. Imposible  cuantificar el sufrimiento que ocasionan estas bajas temperaturas en una población que no tiene cómo refugiarse del frío.

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La física define a la energía como la capacidad de producir un cambio. Entenderla como un derecho implica pensar en el derecho a producir esos cambios no solo sobre nuestra realidad material sino también en el mundo que nos rodea. El derecho a la energía implica imaginar y proyectar un país en el cual ninguna persona tenga que sacrificar su salud para no pasar frío. Que no haya shoppings iluminados y piletas calefaccionadas mientras personas sufren el frío de manera profunda. En ese contexto el precio de la garrafa (o la falta de límite para su exportación) se convierten en decisiones profundamente éticas. 

Argentina se enfrenta a un invierno potenciado por variables estructurales y coyunturales. La ola polar expone un sistema frágil, con infraestructura insuficiente y debilidad institucional en proveedoras clave como YPF. Si los Estados no refuerzan el sistema energético, y comienzan a fortalecer el entramado del sistema energético ante las adversidades del contexto global, corremos el riesgo de que la energía se convierta en un vector de desigualdad, en vez de uno que potencie las vidas. Una salida exige visión estratégica, evidencia científica e inversión pública-privada responsable con los territorios la vida y la salud. Es posible integrar la seguridad energética con la justicia socioambiental, pero esto requiere una mayor democratización de las decisiones sobre la energía.

En simultáneo, existe un enorme potencial en estos momentos de crisis para revalorizar lo local y cercano. Las más de 600 cooperativas que llevan electricidad a los hogares en Argentina, o las incipientes comunidades energéticas son modelos de gestión de nuestra energía que permiten controlar mejor el sistema, decidir sobre nuestras propias vidas. En un contexto de crisis climática, en el cual los cambios bruscos de temperatura y la amplitud térmica sólo aumentarán, la decisión sobre la energía es también la decisión sobre la salud.

La prioridad de un sistema energético debe ser transportar y distribuir energía con una misión principal: mejorar la calidad de vida de las personas. Esto no significa negar al mercado ni a los actores privados sino avanzar hacia sistemas mixtos, con fuerte participación estatal, para garantizar el acceso al bienestar. El enfoque exclusivamente mercantilista falla cada vez más. Si bien se habla mucho de los activos estratégicos, suele quedar al margen del debate que toda estrategia tiene una ética implícita. La gestión de los bienes naturales es siempre estratégica. Ya que los beneficios que permiten son capaces de permitir la vida, no sólo en términos de supervivencia, sino de producir un cambio en su calidad. Las olas polares no deciden quién las sufre y quien no, pero hoy existe una élite de empresarios, que sí tiene ese poder. Y el desafío es trabajar para un futuro en el cual nadie tenga que padecerlas. 

Ambiente, Clima y Energía

Seminario virtual: Ambiente, Clima y Energía en América Latina y el Caribe

Debates en torno a la transición ecosocial desde el Sur Global. Noviembre 2023

OBJETIVOS

Generales
● Contribuir a la formación de funcionarios/as y empleados/as municipales, provinciales y nacionales, referentes de movimientos sociales y ambientales, organizaciones sindicales y partidos políticos, comunidades estudiantiles y religiosas, docentes de enseñanza media, en torno a temas y problemas relacionados con el ambiente, cambio climático y transición energética, con perspectiva sudamericana y con énfasis en el estado de situación de la República Argentina.
● Crear, desarrollar y mantener de espacios de formación que tengan por objeto educar desde una perspectiva socio-ambiental y de derechos humanos.

Particulares
● Presentar y exponer un panorama general, aunque especializado, y dialogar con los/as participantes, en torno a contenidos curriculares sobre derecho, ambiente, cambio climático y transición energética, con perspectiva sudamericana y con énfasis en el estado de situación de la República Argentina.
● Aproximar a los/as participantes hacia temas fundamentales sobre ambiente, cambio climático y transición energética, haciendo énfasis en políticas públicas, dispositivos legales, diseños institucionales, matrices económico productivas, sistema científico-tecnológico y rol movimientos sociales.
● Compartir discursos, saberes y experiencias provenientes de diversas formas de asociación colectiva de base comunitaria, territorial, no gubernamental, científicas y académicas, con escalas nacionales y trasnacionales, en torno a las alternativas a los modelos hegemónicos de maldesarrollo.
● Compartir insumos bibliográficos que contengan literatura sobre ambiente, cambio climático y energía, como así también materiales normativos, jurisprudenciales, documentos oficiales, informes, investigaciones científicas, insumos pictóricos, literarios y cinematográficos.
● Propiciar la participación en clase de los/as participantes desde una perspectiva humanista y ecocéntrica.

METODOLOGÍA DE CURSADO
Los/as participantes deberán asistir a la totalidad de los 4 encuentros a los fines recibir la certificación en calidad de ASISTENTES.

DURACIÓN
El seminario estará estructurado a partir de 4 encuentros semanales consecutivos, con carácter virtual, de 90 minutos de duración, distribuidos entre 60 minutos expositivos y 30 de diálogo colectivo abierto.

CALENDARIO

INSCRIPCION
Completar el siguiente formulario: https://forms.gle/n92xtvHHPDSs9KHC7

PROGRAMA

MODULO 1: “ACUERDO DE ESCAZÚ: DERECHOS HUMANOS Y AMBIENTE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”.

Docentes

  • Romina Araguas. Abogada, Mag. en Derecho Ambiental y Urbanístico – Limoges; Especialista en Derecho Ambiental y Tutela del Patrimonio Cultural UNL. Miembro de El Paraná No se Toca. Docente de Prácticas Profesionales Comunitaria en la UNR Facultad de Derecho.
  • Lucas D. Micheloud. Abogado. Especialista en Derecho Ambiental. Docente Universitario. Asesor Parlamentario. Consultor independiente especializado en Ambiente y Cambio Climático. Co-Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA).

MODULO 2: “TRANSICIÓN ECOSOCIAL EN AMÉRICA LATINA. EL CASO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA”.

Docentes

  • Melisa Argento. Investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y El Caribe. Dra. en Ciencias Sociales por la UBA. Mg. En Ciencia Política FLACSO Ecuador y Lic. en Ciencia Política por la UNR. Forma parte del Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes del IEALC, de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial. Es docente universitaria, actualmente en la Facultad de Ciencia Política y RRII de la Universidad Nacional de Rosario.
  • Rafael Colombo. Abogado ecologista (FCJS-UNL). Docente e investigador universitario. Entre 2019 y 2022 fue Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, desempeñándose actualmente como Project Manager y Asesor Legal de dicha ONG. Ha trabajado como asesor y consultor para la Fundación Humedales; asesor legal y abogado litigante en representación de Greenpeace Argentina. Coordinador regional de GARN Latinoamérica y miembro fundador del Frente Parlamentario Global por los Derechos de la Naturaleza y del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur.

MODULO 3: “CONSTITUCIONALISMO AMBIENTAL EN AMÉRICA LATINA”

Docentes

  • Jorge Cuello. Abogado. Especialista en Derecho Ambiental. Es docente en la
    Universidad Andina Simón Bolívar (UASB. Miembro de la Asociación Civil
    Econciencia. Secretario de la Catedra Libre José G. Artigas para la integración de
    la UNLP desde donde impulso la creación de la Red Latinoamericana de
    Universidades frente al Cambio Climático (REDLUCC) y la Escuela de Formación
    para la Integración Latinoamericana. Autor del libro Pintemos de Verde la Educación
    y de numerosos artículos relacionados con la temática ambiental.
  • Liliana Oropeza Acosta. Economista y abogada con maestría en Relaciones Internacionales, doctoranda en Estudios Globales y postgrados en género. Con experiencia académica y laboral en Argentina, Austria, Suecia, Alemania y Estados Unidos. Experiencia con el sector público y ONG’s y enlace con el sector privado. Coordinadora y gestora de proyectos sociales y desarrollo sostenible. Docente en la Escuela de Formación Política y Sindical en México.

MODULO 4: “EXTRACTIVISMO Y NEO-EXTRACTIVISMO EN AMÉRICA LATINA”.

Docentes

  • Enrique Viale. Abogado, fundador de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, miembro del Tribunal Ético por los Derechos de la Naturaleza y la Madre Tierra e integrante del Comité Ejecutivo de la Global Alliance for the Rights of Nature (GRAN).
  • María Marta Di Paola. Licenciada en Economía y Administración Agraria (UBA). Master en Relaciones Económicas Internacionales. Consultora independiente en tema de transiciones energéticas y políticas ambientales. Vicepresidenta de Sociedad y Naturaleza. Realizó diferentes tareas vinculadas a la investigación en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) por 12 años.
mitos y realidades del fracking

20 mitos y realidades del fracking

20 mitos y realidades del fracking en Argentina – Las advertencias sobre los riesgos e incertidumbres causados por la dinámica industrial y la opción por un crecimiento económico exponencial e ilimitado, durante décadas desestimadas en nuestro país, actualmente ocupan un lugar en la agenda de amplios movimientos sociales y políticos. Así, aquellos megaproyectos que antes eran aceptados sin discusión por la población, hoy comienzan a convertirse en motivos de problematización y de intensos debates sociales. Los daños sistemáticos en el ecosistema –en algunos casos irreversibles–, que afectan y amenazan cada vez más el desarrollo y la reproducción de la vida, han volcado el tablero.

Los debates y decisiones que antes estaban reservados exclusivamente a los técnicos y las burocracias especializadas de las metrópolis hoy son disputados por la participación ciudadana, que en más de una oportunidad crece desde pueblos y parajes olvidados de la extensa geografía del país. Así ha sucedido con la megaminería a cielo abierto en nuestro país, alrededor de la cual, desde 2003, se han venido desarrollando fuertes resistencias y cuestionamientos. Asimismo, comienza a avizorarse con respecto al modelo sojero, sobre todo relacionado a sus impactos socio-sanitarios, al desplazamiento y criminalización de poblaciones campesinas e indígenas, al avance del desmonte y la tendencia al monocultivo.

La extracción de los hidrocarburos no convencionales, con la metodología de la fracturación hidráulica o fracking se inserta en este registro controversial, aún así posee rasgos propios que le dan un carácter más amplio y complejo. Los cuestionamientos científicos, las resistencias y los graves conflictos que está suscitando la imposición del fracking en diversas regiones del planeta, más aún, el horizonte civilizatorio que implica la consolidación de una determinada matriz energética, hacen necesaria la producción y divulgación de información plural, interdisciplinaria y crítica sobre el tema, así como la apertura de un debate verdaderamente democrático en nuestra sociedad.

Desde nuestra perspectiva, tres son los ejes esenciales en dicho debate colectivo. Uno, el eje que sostiene la necesidad de construir un enfoque integral y multidisciplinario; dos, el eje que defiende la pluralidad del saber científico y su independencia respecto de los diferentes poderes (económico, político, mediático, religioso); tres, el eje que conecta la discusión con la cuestión de la democracia y sus fronteras, esto es, que construye un abordaje complejo e interdisciplinario, en convergencia con una visión participativa de la democracia.

Mitos y realidades sobre la aventura petrolera offshore

Por: Maristella Svampa y Enrique Viale para El diario AR.

Las concesiones petroleras offshore sobre el mar Argentino realizadas por el expresidente Mauricio Macri, ahora validadas y defendidas a capa y espada por el actual gobierno nacional, abrieron un nuevo frente de conflicto en el siempre resbaloso y asimétrico debate entre Ambiente y Desarrollo.

Luego de la resolución que da luz verde (licencia ambiental) a la actividad off shore, rubricado el 30 de diciembre pasado por el Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, asistimos a importantes movilizaciones en defensa del mar Argentino en las ciudades de la costa bonaerense, principalmente en Mar del Plata. Como una continuidad inmediata del “Chubutazo”, cuyo impacto social preocupa cada vez más al establishment político y económico, las movilizaciones de la costa dieron cuenta de la importancia creciente de las problemáticas ambientales, en un contexto nacional en el cual se conjugan crisis climática (voracidad de los incendios forestales, crisis hídrica y mayor frecuencia de eventos extremos) y avance de las políticas neoextractivistas del gobierno argentino (en nombre de la necesidad de divisas para pagar la deuda externa). 

Volvamos un segundo atrás para recordar que la cartera ambiental fue la encargada de llamar a la audiencia pública, realizada en julio de 2021, en la cual manifestaron su rechazo más de 400 participantes entre científicos de diferentes campos, ciudadanos de todo el país y organizaciones ecologistas. Tomando en cuenta la postura negativa que predominó en la audiencia pública, así como los acuerdos internacionales de descarbonización y el mandato de la transición energética, al interior del gobierno circularon mensajes de que Cabandié no otorgaría la licencia ambiental a la actividad hidrocarburífera offshore. Sin embargo, meses más tarde, éste hizo tabula rasa de los reclamos ambientales y los compromisos internacionales, reorientando su discurso hasta ponerlo en sintonía fina con la narrativa extractivista del Ministerio de Producción. Vaya a saber cómo operó el disciplinamiento partidario al interior del gobierno, pero resulta evidente que el Ministerio de Ambiente cedió ante las presiones internas y comenzó a hablar otra lengua. Así, los planetas se alinearon.

Ante las enormes movilizaciones costeras que advirtieron sobre la ausencia de licencia social, la respuesta del gobierno nacional no tardó en llegar. La semana pasada, luego de una reunión con el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, distintos funcionarios –de energía, producción y ambiente- salieron en amables giras mediáticas a defender la exploración y explotación offshore. También boletines informativos webs se encargaron de replicar, casi calcadamente, la información falaz y maliciosa que hacían circular desde el Ministerio de Producción. Otros medios atacaban al ambientalismo calificándola de “prohibicionista” y “antidesarrollo”, buscando incluso expulsar la palabra “extractivismo” del vocabulario político-social. Para defender el proyecto oficial, desde la cartera liderada por Matías Kulfas, funcionarios de tercer rango pero con numerosos seguidores en las redes sociales, comenzaron a utilizar como máxima autoridad en estos temas al IAPG –Instituto Argentino de Petróleo y Gas- que pese a su nombre, es un ente creado y financiado por las grandes corporaciones petroleras transnacionales como Shell, Chevron, Exxomovil, Total, varias de las cuales forman parte de esta aventura offshore.

Resulta curioso que las grandes corporaciones petroleras, muchas de las cuales durante décadas financiaron a nivel global “estudios científicos” para alimentar el discurso negacionista en relación al cambio climático, buscando exculpar a los combustibles fósiles y ocultando su responsabilidad, hoy sean usadas por funcionarios públicos como fuente de información veraz y legítima. Sin embargo, acá no nos interesa abocarnos al tema (el artículo de Marina Aizen en este mismo diario refutó de modo contundente uno a uno los argumentos del IAPG), como indagar sobre otros mitos y realidades de la explotación off shore, difundidos por el gobierno, para contrarrestar la oposición social y cancelar una vez más las voces del ambientalismo crítico.

Mitos offshore

Para comenzar, muchos repitieron hasta el cansancio que en realidad la explotación off shore no es nada nuevo en el país, pues ya hay plataformas marítimas y que el 19% del gas que llega a nuestras casas remite a este origen. No es un tema menor. Hay aquí también información tramposa. En realidad, la actual autorización es algo incomparable con el off shore que ha habido hasta ahora en el Mar Argentino. No es lo mismo la actividad en plataformas fijas sobre aguas someras – poco profundas de hasta 100 m- tal como se realiza en la cuenca austral (en aguas de Tierra del Fuego), que la extracción en aguas ultraprofundas, que se pretende hacer ahora en el mar Argentino. Como señaló en redes sociales el geógrafo de la Universidad Nacional de Cuyo, Marcelo Giraud “algo que no dicen los funcionarios, el IAPG y demás defensores de la autorización a la empresa Equinor, es que de los actuales 36 pozos gasíferos off shore en el mar Argentino, sólo 1 está sobre una columna de agua mayor a 100 metros, todos los demás son en aguas poco profundas. En cambio en el polígono donde autorizaron a Equinor a hacer exploración sísmica de hidrocarburos, el fondo marino está a unos 1.700 a 3.800 metros de profundidad, califica como off shore ultraprofundo, que jamás se ha hecho en Argentina.” A mayor profundidad del mar, mayores son los riesgos, las operaciones mucho más complejas, todo ello en un contexto bastante más exigente.

En realidad, la actual autorización es algo incomparable con el off shore que ha habido hasta ahora en el Mar Argentino

Tampoco es cierto que los accidentes petroleros ocurridos en aguas marítimas no sean relevantes o que Equinor sea una empresa sin prontuario. Por ejemplo, el desastre de la plataforma de aguas ultra-profundas Deepwater Horizon, ​ en abril de 2010 en el golfo de México, fue el resultado de una explosión que provocó 11 trabajadores muertos y el más importante vertido de petróleo de la historia, al menos, 779.000 toneladas de petróleo crudo. Junto con el hundimiento de la plataforma Petrobras 36 en las costas brasileras, en el año 2001, fue hasta ahora la peor tragedia en una plataforma petrolera desde la explosión de la plataforma británica Piper Alpha en 1988, en el Mar del Norte, que provocó 167 muertos. Todas estas plataformas estaban ubicadas a menor profundidad de la que estarán en el Mar Argentino.

No es cierto, como se difundió hartamente esta semana, que Equinor no tenga antecedentes en accidentes ambientales. En abril de 2021, el regulador noruego de seguridad en alta mar (Autoridad de Seguridad del Petróleo PSA) calificó como “grave” un derrame de petróleo de la plataforma Gullfaks C de Equinor en el Mar del Norte. Antes de ello y según información oficial suministrada por la propia empresa Equinor, durante los primeros tres meses del año 2021, se registraron dos fugas de gas, una en el campo Visund en el Mar del Norte y una fuga de hidrógeno en la refinería de Mongstad. Y también informaron seis fugas para el mismo período del año 2020. 

Por otro lado, hay que consignar también que de los 38 campos hidrocarburíferos propios que el sitio web de Equinor enumera en su página web en el mar noruego, sólo 1 tiene 1.300 m de perfil de agua: Aasta-Hansteen. Todos los demás tienen sólo entre 70 y 380 m de profundidad de agua.

Sucede que la explotación offshore es una energía extrema. En el marco de la crisis socioecológica, el concepto de energías extremas es muy útil, pues como dicen Hernan Scandizzo de Observatorio Petrolero Sur, de Argentina, y Tatiana Roa Avendaño, de Censat-Colombia, ésta se refiere no sólo a las características de los hidrocarburos, sino también a un contexto en el que la explotación de gas, crudo y carbón entraña cada vez mayores riesgos geológicos, ambientales, laborales y sociales; además de una alta accidentalidad comparada con las explotaciones tradicionales o llamadas convencionales. Para el caso argentino hay que agregar que la localización (aguas ultra profundas), además de la envergadura (la gran escala), juega un rol fundamental. 

El mapa de la zona del Mar Argentino en el que se autorizó la exploración de petróleo y gas

Hay que destacar que hasta la propia técnica de exploración es severamente cuestionada desde el punto de vista científico: el reconocimiento sísmico funciona efectuando disparos submarinos con cañones de aire que crean sonidos muy fuertes, que provocan un impacto en más de 300.000 km2 (una superficie equivalente a toda la provincia de Buenos Aires). Las ondas sonoras de estos disparos viajan al fondo del océano, se reflejan y son captadas por sensores remolcados detrás del buque de exploración. Los datos recolectados se utilizan para crear mapas del fondo marino detallados, que las compañías petroleras usan para determinar las ubicaciones para la perforación. Esta práctica impacta sobre la biodiversidad, como la ballena franca austral (monumento natural), el delfín franciscana, orcas, lobos marinos y pingüinos que se encuentran expuestas a la desorientación, cambios en su comportamiento, estrés, discapacidad auditiva, lesiones masivas y hasta la muerte por ahogamiento o varamientos.

Desde el punto de vista científico: el reconocimiento sísmico funciona efectuando disparos submarinos con cañones de aire que crean sonidos muy fuertes en más de 300.000 km2 (una superficie equivalente a toda la provincia de Buenos Aires).

Incluso el sector pesquero argentino se encuentra muy preocupado por el impacto ambiental que tienen las actividades hidrocarburíferas offshore en el Mar Argentino donde actualmente se llevan adelante actividades pesqueras, que emplean a miles de personas. Cabe recordar que la petrolera Pan American Energy (subsidiaria de la petrolera británica BP y la China National Offshore Oil Company) en el año 2009 realizó prospecciones sísmicas en el Golfo San Jorge y a posteriori se evidenció una merma significativa en la captura de merluza durante 16 meses.

Nadie ignora que la situación económica y social de la Argentina es muy grave, mucho más frente al legado macrista ligado a la enorme e impagable deuda externa. Pero resulta lamentable que el único “proyecto” del gobierno actual sea pagar la deuda con el FMI. Y que acompañe este mandato con el falso argumento de que la exportación a gran escala de commodities servirá para reducir la pobreza. Ya hemos dicho acá que es un disparate vincular subdesarrollo con protección ambiental. No es que Argentina no logra el desarrollo porque tiene limitaciones ambientales. El agronegocio, el fracking en Vaca Muerta y la megaminería, son todas actividades que se llevan a cabo casi sin límites, ni controles ambientales y estatales. Nuestro país está profundamente liberalizado desde el punto de vista ambiental.

Un ejemplo es el monocultivo de la soja que hoy ocupa 24 millones de hectáreas, el cual avanzó en gran parte sobre bosque nativo (desde la autorización en Argentina de la soja transgénica se perdieron 8 millones de hectáreas de bosque nativo), produciendo cambios en el uso del suelo y un nivel de deforestación entre los más altos del mundo, uno de los indicadores responsables de la actual crisis climática. Así, pretender vincular el “subdesarrollo” de Argentina con políticas de protección ambiental es una falacia. Es exactamente al revés: son los modelos de maldesarrollo, que buscan imponerse sin licencia social sobre las poblaciones, los que mantienen a más de la mitad de los niños bajo el nivel de pobreza.

O para decirlo de otro modo: si con fracking, agronegocios y minería a cielo abierto tenemos más del 40% de la población bajo la línea de pobreza, una gran concentración de riqueza, y una expansión cada vez mayor de conflictos ambientales, no parece razonable que, haciendo más de lo mismo, en nombre de la reactivación de la economía o de la búsqueda desesperada de dólares (que por otro lado no llegan nunca), vayamos a tener resultados distintos. Desde la propia cartera ambiental se dijo que había que pagar la deuda con el FMI y volvió a hablarse de los millones de pobres, como si el ambientalismo se opusiera a la justicia social. En realidad, no existe un debate sobre los modelos de desarrollo, tampoco un Plan de transición energética. La exacerbación del “mandato exportador” (el concepto es de F. Cantamutto y M. Schorr), nos entrampa en un círculo cada vez más perverso: a más deuda externa, más exportación de commodities, mayor deuda ecológica, mayor sacrificio de poblaciones y territorios.

El derrame de un tanque pequeño de petróleo llegó a las costas de las Islas de Salamis en Grecia en 2017. Greenpeace

Lo cierto es que, tal como señaló el licenciado en Ciencias Ambientales Inti Bonomo, “Ibamos a cambiar deuda por acción ambiental y terminamos cambiando ambiente para pagar la deuda”. Pero hay que preguntarse si siquiera servirá para esto, porque incluso en términos estrictamente económicos son bastante dudosos los beneficios de esta actividad. Por la Ley 27.007 (que modifica la Ley 17.319) la producción proveniente de grandes concesiones hidrocarburíferas offshore cuentan con la libre disponibilidad del 60% de las divisas generadas en la explotación de las mismas (es decir, ni siquiera entran al país) y una reducción del 50% de las regalías a pagarse. Si ya el 12% era bajísimo, muy por debajo de otros países de la región como Ecuador y Bolivia, imagínense lo que significa su reducción al 6%. Resulta también difícil incorporar el argumento menemista de que habrá beneficios financieros y económicos porque se trata de grandes inversiones. Con ese discurso se construyó toda la legislación minera de saqueo en los 90 que permite que coexistan empresas mineras inmensamente ricas con poblaciones enormemente pobres. 

Entramos de lleno en la lógica del saqueo, que el gobierno quiere encubrir con una falsa narrativa “soberanista”, en relación al mar Argentino. Más bien, en este sentido, presenta problemas. Como es sabido además de la firma anglo-holandesa Shell también está la petrolera noruega Equinor que tiene como una de sus directoras a Anne Drinkwater, asesora en temas petroleros del gobierno kelper en las Islas Malvinas, como denunció Pino Solanas, cuando era Senador nacional. Más claro, una empresa que tiene como directora a una asesora del gobierno kelper será quien tenga a cargo la exploración y mapeo de los recursos hidrocarburíferos en Mar Argentino.

Preocupa, como ocurrió en Mendoza (a fines de 2019) y hace semanas en Chubut, la desconexión con la realidad de gran parte de la clase dirigente, que –además- acepta pasivamente el extractivismo como si fuese un destino inevitable y no una decisión geopolítica mundial. Llegó el momento de que salgan a recorrer los territorios, vean las problemáticas socioambientales y se compenetren con los nuevos debates que existen en todo el mundo sobre la transición ecosocial.

En fin, batallar para empezar a salir de la civilización del petróleo y avanzar en la transición energética no es una tarea fácil, aún si la crisis climática y la preservación de la vida en el planeta nos lo exige de manera urgente y necesaria. Todos formamos parte de la cultura del petróleo; no solo nuestras estructuras económicas y sociales están arraigadas en ella sino también nuestras estructuras cognitivas y mentales. Pero no por eso debemos capitular ante el lobby de los poderes fácticos, bastardeando nociones como la de Justicia Social y Transición energética. No hay modo en que la ampliación de la frontera hidrocarburífera a través del offshore en aguas profundas pueda ser aceptada en el marco de la transición energética. Esto es claramente un retroceso. De lo que se trata es de dar la batalla cultural, para empezar a salir de la cultura del petróleo, no de sumergirnos más en ella, para iniciar el camino de una transición energética justa, que beneficie y proteja a nuestras poblaciones y territorios.