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20 mitos y realidades del fracking

20 mitos y realidades del fracking en Argentina – Las advertencias sobre los riesgos e incertidumbres causados por la dinámica industrial y la opción por un crecimiento económico exponencial e ilimitado, durante décadas desestimadas en nuestro país, actualmente ocupan un lugar en la agenda de amplios movimientos sociales y políticos. Así, aquellos megaproyectos que antes eran aceptados sin discusión por la población, hoy comienzan a convertirse en motivos de problematización y de intensos debates sociales. Los daños sistemáticos en el ecosistema –en algunos casos irreversibles–, que afectan y amenazan cada vez más el desarrollo y la reproducción de la vida, han volcado el tablero.

Los debates y decisiones que antes estaban reservados exclusivamente a los técnicos y las burocracias especializadas de las metrópolis hoy son disputados por la participación ciudadana, que en más de una oportunidad crece desde pueblos y parajes olvidados de la extensa geografía del país. Así ha sucedido con la megaminería a cielo abierto en nuestro país, alrededor de la cual, desde 2003, se han venido desarrollando fuertes resistencias y cuestionamientos. Asimismo, comienza a avizorarse con respecto al modelo sojero, sobre todo relacionado a sus impactos socio-sanitarios, al desplazamiento y criminalización de poblaciones campesinas e indígenas, al avance del desmonte y la tendencia al monocultivo.

La extracción de los hidrocarburos no convencionales, con la metodología de la fracturación hidráulica o fracking se inserta en este registro controversial, aún así posee rasgos propios que le dan un carácter más amplio y complejo. Los cuestionamientos científicos, las resistencias y los graves conflictos que está suscitando la imposición del fracking en diversas regiones del planeta, más aún, el horizonte civilizatorio que implica la consolidación de una determinada matriz energética, hacen necesaria la producción y divulgación de información plural, interdisciplinaria y crítica sobre el tema, así como la apertura de un debate verdaderamente democrático en nuestra sociedad.

Desde nuestra perspectiva, tres son los ejes esenciales en dicho debate colectivo. Uno, el eje que sostiene la necesidad de construir un enfoque integral y multidisciplinario; dos, el eje que defiende la pluralidad del saber científico y su independencia respecto de los diferentes poderes (económico, político, mediático, religioso); tres, el eje que conecta la discusión con la cuestión de la democracia y sus fronteras, esto es, que construye un abordaje complejo e interdisciplinario, en convergencia con una visión participativa de la democracia.

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10 mitos y verdades de las megafactorías de cerdos que buscan instalar en Argentina

A fin de informar a la opinión pública, hemos elaborado un libro colectivo cuyo título es “10 mitos y verdades de las megafactorías de cerdos que buscan instalar en Argentina”.

En dicho texto se analizan los impactos sociales, ambientales, sanitarios y económicos de las megafactorías de cerdos. También las resistencias a nivel mundial, su relación con la zoonosis y las pandemias. Hasta las razones de por qué en realidad estamos frente a una falsa solución, un modelo de maldesarrollo que en nada ayudará a la recuperación del país.

Nuestro propósito es caracterizar y analizar las consecuencias e impactos que tienen estos agronegocios, a fin de prevenir a la sociedad con información que no está
expuesta públicamente. Y aun cuando tiene implicancias muy significativas en términos
de políticas públicas. La evidencia que arrojan las experiencias en funcionamiento, hace
tiempo justifica la preocupación y estimula la investigación que aquí se presenta.

Así, trata de un escrito de urgencia, que apunta a contribuir a la apertura de un debate público, plural y democrático e interpelar a los sectores que defienden tal proyecto. Quienes sostenemos una postura crítica frente a este modelo productivo sabemos que nos encontramos ante una problemática compleja, con muchas capas y aspectos controversiales.

A modo de advertencia cabe agregar que, más allá de la indudable unidad que presenta este texto, cada uno de los mitos y verdades puede ser leído de modo independiente. En el orden que deseen, y según el interés de lxs lectorxs. Lo único que garantizamos es que, más allá del orden rayuelístico escogido para la lectura, el resultado será siempre el mismo.

Este libro de descarga y difusión gratuita, que cuenta con las ilustraciones de: María Alcobre, Che Alejandra, Ezequiel García, Isol, Mariana Ruíz Johnson, Maitena, Power Paola, Daniel Paz, Gabriel Serulnicoff y Tute. Es el resultado del trabajo colectivo de Soledad Barruti, Inti Bonomo, Rafael Colombo, Marcos Filardi, Guillermo Folguera, Maristella Svampa y Enrique Viale.

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Extractivismo Urbano

«Extractivismo urbano: debates para una construcción colectiva de las ciudades» es el resultado de un intercambio de ideas y debates que se llevó adelante durante el “Primer Seminario sobre Extractivismo Urbano”. Este encuentro, organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo y el Centro de Estudios y Acción por la Igualdad (CEAPI), en la ciudad de Buenos Aires el año pasado, contó con la presencia de referentes populares, intelectuales, periodistas y activistas comprometidos con los desafíos que supone la construcción de ciudades igualitarias, quienes realizaron aportes sustanciales para la comprensión de las problemáticas urbanas y la caracterización del modelo de desarrollo y planificación propio de ciudades neoliberales.

La categoría de Extractivismo Urbano es un concepto nuevo que busca aportar una matriz que permita atender a las problemáticas y las desigualdades en las ciudades, no como elementos aislados entre sí, sino como resultado de un modelo de desarrollo determinado y planificado.

Con la idea de constribuir con nuevos elementos para esta conceptualización, el libro recoge miradas situadas, invita al diálogo entre colectivos desde una visión crítica al modelo y a la idea misma de desarrollo.

Asimismo, abre debates en conversación con los postulados del derecho a la ciudad y el feminismo, promoviendo la producción conjunta de alternativas encaminadas a la construcción de ciudades igualitarias. Desde esta perspectiva, se resaltan distintas experiencias de resistencia al extractivismo urbano y se arrojan propuestas concretas para la construcción de ciudades igualitarias.

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Maldesarrollo: La Argentina del extractivismo y el despojo

Maldesarrollo: La Argentina del extractivismo y el despojo. – En las últimas décadas, la discusión pública estuvo concentrada en algunos temas clásicos: la dimensión y la presencia del Estado en la sociedad, los niveles de apertura de la economía, las relaciones con el capital trasnacional. Pocos, sin embargo, han ido más allá de esas cuestiones con el objeto de analizar las características mismas del modelo de desarrollo argentino.

Maristella Svampa y Enrique Viale proponen, en esta obra, ir justamente más allá, e interrogar aquello que el discurso político ha pasado por alto: los modelos que el capitalismo ha adoptado en nuestro país y que están conduciendo a lo que los autores denominan, con precisión y contundencia, “maldesarrollo”: “Estos modelos -señalan los autores- presentan en común una matriz extractiva que es necesario analizar en detalle, a la vez que alimentan una dinámica de despojo o desposesión de bienes naturales, de territorios y, por ende, de derechos individuales y colectivos”.

De la megaminería al modelo sojero, del “extractivismo urbano” al fracking, los autores ponen de manifiesto el rol protagónico que las corporaciones económicas y los grandes propietarios cumplen en la definición de lo que es legítimo e ilegítimo, de lo que es posible realizar y lo que no lo es, de lo justo y de lo injusto en lo que concierne a proyectos urbanos, actividades económicas, estilos de vida e identidades colectivas.

Un libro a la vez desgarrador por lo que muestra pero inspirador por lo que propone, pleno de evidencias y de gran aliento teórico, Maldesarrollo es, sin dudas, una lectura imprescindible para los debates sobre nuestro futuro común.

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Se vino el #Chubutazo – Qué significó la lucha en Chubut y cuáles son los problemas de la megaminería.

Por Enrique Viale para El Destape

Se vino el #Chubutazo – Qué significó la lucha en Chubut y cuáles son los problemas de la megaminería.

No hay megaminería sin contaminación, conflicto social y saqueo económico. Es así en todas partes del mundo, y más en el Sur Global.

En América Latina, la megaminería constituye una nueva forma de colonialismo, saqueo, dominación territorial y degradación ecológica.

Fue a partir del andamiaje jurídico montado en los 90` —sostenido y profundizado en la actualidad— que la Argentina se encontró con una nueva modalidad de explotación: la megaminería, hasta ese momento desconocida en nuestro país.

Esta se diferencia respecto de la minería tradicional fundamentalmente en su (gran) escala y en su modalidad de explotación.

Esto la hace inherentemente contaminante, insostenible e imposible de controlar. Para extraer los minerales diseminados en grandes extensiones de territorio, la megaminería se realiza a cielo abierto, con el uso de colosales cantidades de energía, explosivos, agua y sustancias extremadamente tóxicas para separar la roca del mineral.

Por ejemplo, el emprendimiento minero Pascua Lama (San Juan) removería rocas por 1.806 millones de toneladas en todo su proceso extractivo. La Alumbrera (Catamarca) tiene autorizado el empleo de más de 86 millones de litros de agua por día, más que el consumo de toda la provincia.

En materia de explosivos, también los datos son espeluznantes: Sólo en el emprendimiento minero Pascua Lama se arrojarían durante el proceso extractivo la friolera de 493.500 toneladas, casi el equivalente a la mitad de los lanzados en la 2da Guerra Mundial. En materia de sustancias tóxicas también los datos son aterradores 2 camiones diarios de cianuro durante más de 20 años.

Son también voraces energéticamente. Los tres principales proyectos mineros de nuestro país —La Alumbrera, Pascua Lama y Agua Rica— concentrarían un nivel de consumo energético (subsidiado) de 395 MW, lo que supera la producción de la central nuclear de Atucha (375 MW).

La Megaminería se configura como un modelo territorial excluyente frente a otras concepciones del territorio y a las débiles economías regionales. Así, las producciones agropecuarias, industriales y el turismo de las zonas cordilleranas y precordilleranas son incompatibles.

Por su parte es importante destacar que el destino casi exclusivo de este tipo de minería (oro, plata, cobre y otros minerales) es la exportación de un concentrado, con nulo valor agregado. Esto, asimismo, acentúa una desigual geografía de la extracción y el consumo general, que afecta a toda Latinoamérica.

Entonces nos preguntamos ¿Los Ambientalistas del sur no queremos celulares? América Latina extrae el 45,1% del cobre y consume el 6,1 por ciento. El 26,2% de la bauxita en el mundo pero sólo consume el 2,9%.

Respecto del oro, se extrae el 15,2%, pero se consume solamente el 3 % en nuestro territorio Lo que no queremos desde el Sur Global es sostener la demanda metalífera para el hiperconsumo, la obsolescencia programada, del Norte global. Ni financiarle (con nuestro territorio, nuestra agua, nuestra vida) su transición energética.

El 50% del presupuesto mundial de exploración en minería metalífera es para oro. El 90% del oro no tiene utilidades industriales (no es para celulares) sino que se usa como reserva de valor o joyería. Del subsuelo de nuestras montañas al subsuelo de las bóvedas de bancos suizos

En Argentina, además, el régimen jurídico aplicable a la minería cuenta con un tratamiento impositivo y financiero diferencial que genera que coexistan empresas inmensamente ricas y pueblos extremadamente pobres. En las provincias ligadas a la megaminería (Catamarca, San Juan y Santa Cruz), esta actividad está lejos de haberse convertido en un motor de desarrollo. Después de casi 25 años de explotación de la mina La Alumbrera y ya en su fase final, el paisaje socioeconómico de Catamarca no cambió favorablemente, sino todo lo contrario, los índices industriales y construcción cayeron y la pobreza siguen siendo más altos que la media nacional y con porcentajes de población asistida a través de los diversos programas sociales entre los más altos del país (es la provincia con más AUH proporcional).

Durante la pandemia, el 67% de su población económicamente activa tuvo que recurrir al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el 50% en la provincia “minera” de San Juan.

Las regalías del polémico proyecto minero Navidad, de la minera Pan American Silver, en Chubut, solo alcanzaría para pagar el 1,6% de los sueldos públicos de la provincia.

En San Juan, la empresa Barrick, por Veladero paga sólo US$ 1,7 por cada 100 de minerales que extrae y aporta en concepto de regalías menos del 1% del presupuesto provincial.

La minería metalífera actualmente emplea allí poco más de 2.500, menos del 1% del total del empleo. La minería metalífera representa menos del 0,045% de la población económicamente activa (PEA) de la Argentina.

Incluso en Perú, el país minero por excelencia, la minería ocupa el 2% de la PEA, contra el 23% de la agricultura, el 16% del comercio y el 10% de la manufactura.

A pesar del boom exportador de la minería metalífera en la provincia de Santa Cruz, recurrentemente declarada en “Emergencia Económica”, ni siquiera ha significado un “efecto derrame”. Por el contrario han sido escasas y frágiles las articulaciones de las actividades mineras respecto del tejido productivo provincial al mismo tiempo de un fuerte incremento de la dependencia de la población al Estado provincial a través del empleo público como amortiguador de la crisis laboral provincial. La propia Cámara de Proveedores y Servicios Mineros de Santa Cruz (CAPROMISA), de la que nadie puede sospechar de antiminera, emitió un comunicado en el año 2017 donde denunciaba: “Pan American Silver incrementa sus ganancias dejando nada a los Santacruceños” por el comportamiento de la empresa en la mina de su propiedad, Manantial Espejo, en dicha provincia.

Es así en todas las partes del mundo: Donde hay megaminería hay conflicto social y ambiental y saqueo económico. Mucho más en nuestra región, es la trágica historia de América Latina.

Para colmo, la megaminería deja como herencia pasivos ambientales, durante y tras el cierre de las minas por décadas (lo que configura verdaderas zonas de sacrificio), que quedarán a cargo del Estado nacional, las provincias y, sobre todo, las poblaciones.

Ahora bien, con el caso del “Chubutazo” resultó muy sorprendente como funcionarios nacionales, e incluso medios y periodistas “progres”, repetían -como loritos- el speech armado por la minera Panamerican Silver (la del proyecto “Navidad” en la meseta central chubutense). Pero calcado, como si lo estuvieran leyendo. Subestimando así a la población, media provincia en las calles en las principales ciudades de la provincia, y los importantísimos aportes de científicos del CONICET e investigadores de Universidades Nacionales que alertaban sobre los impactos socioambientales de la actividad: “la megaminería representa un escenario de amenaza, frente a un sistema ambiental vulnerable que cobra especial relevancia cuando se trata de una provincia donde los recursos hídricos superficiales son escasos” (extracto del documento oficial del Centro Científico CONICET-CENPAT). Una versión criolla de “Don`t look Up”, la nueva película de Leonardo Di Caprio y gran elenco.

Hace años que la provincia de Chubut está inmersa en una brutal crisis económica y social. Y no pocos se atreven a decir que es una “crisis de diseño”, la Doctrina del Shock de Naomi Klein, para generar la sensación que la única salida es habilitar la gran minería. Pero Chubut tiene 600 mil habitantes y tiene de las pesquerías más grandes del Atlántico, la industria de aluminio más grande del subcontinente, los vientos más poderosos, petróleo hace un siglo y de las riquezas turísticas más atrayentes de América del Sur. ¡Chubut no es inviable!

Lo cierto es que no hay nada más colonial que tener políticas públicas que profundicen el extractivismo en América Latina, a quien históricamente se nos ha reservado el papel de exportadora de naturaleza, sin considerar sus impactos sobre la población ni los efectos socioambientales y económicos.

Somos conscientes de la necesidad de divisas que tiene el país y la vinculación con la deuda externa financiera. Que además funciona como un círculo vicioso: necesitamos más extractivismo para conseguir los dólares para pagar, nos dicen ciegamente porque ni siquiera es así. Y, tal como señala la Encíclica Laudato Si del Papa Francisco, “la deuda externa de los países pobres se ha convertido en un instrumento de control, pero no ocurre lo mismo con la deuda ecológica”. Como país debemos liderar un movimiento regional para reclamar internacionalmente la deuda ecológica del Norte hacia el Sur global y preguntarse “¿quién le debe a quién?”. Los países denominados “desarrollados” basaron su bienestar material en el saqueo y expoliación de nuestra naturaleza y de la atmosfera en general. Somos acreedores ambientales.

Para finalizar, es el momento que la clase dirigente de nuestro país –fundamentalmente aquellos que se consideran progresistas- ponga en cuestionamiento el modelo extractivista, salga a recorrer los territorios a dar cuenta de las problemáticas socioambientales y compenetre con los nuevos debates que existen en todo el mundo sobre la transición ecosocial, antes que aceptar, de manera acrítica y desconectados con la realidad, la conversión en zonas de sacrificio a los territorios, sus ecosistemas y su gente.

Fuente: El Destape

La Patria Sojera: El modelo agrosojero en el Cono Sur

La Patria Sojera: El modelo agrosojero en el Cono Sur. – Los procesos de resistencias y de cambios siempre se han armado a dos puntas, en una suerte de confluencia entre los que sufren en llaga viva el sistema y aquellos que los apoyan desde la militancia y los conocimientos; ambos entrelazados y comprometidos en un hacer que los supera y consigue, a veces, parir algo nuevo.

Esos nacimientos son el fruto de años de búsquedas silenciosas, de denuncias que no son atendidas, de acciones audaces que se estrellan en el rompeolas de la indiferencia adobada por este consumismo pegajoso y suicida.

Cada denuncia es una piedra en una enorme barricada virtual que vamos armando como las abejas el panal: sin plan previo pero con tesón y determinación. Cada piedra-denuncia, sola, parece no ser nada. Pero sedimenta; una se apoya en la otra y se multiplican. […] Los trabajos que integran este ensayo muestran que buena parte de los agroquímicos que se utilizan proceden de la industria militar, ya que fueron utilizados en guerras y sobre todo en combates contra las guerrillas en todos los rincones del mundo.

El modo como se aplican replica el accionar de las fuerzas aéreas, con aviones cargados que desparraman la muerte sobre campesinos, escuelas, niñas y niños, hospitales y pueblos. Como en Vietnam. Finalmente, los medios se empeñan en ocultar, en distraer, en mentir, para evitar que se conozca la verdad. Es la historia de siempre, la de todas las guerras.

Libro fundamental para analizar y comprender el modelo agrosojero en el Cono Sur, sus efectos, consecuencias y beneficiarios.

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Chubut y la degradación social e institucional que provoca la megaminería

Por: Maristella Svampa y Enrique Viale para El diario AR.

A espaldas de la sociedad, con represión, con degradación institucional, con corrupción política: así se impone la megaminería en casi todo el mundo. No por casualidad es la actividad extractiva más resistida en el planeta, en América Latina, en Argentina. Oposición que se ha incrementado en contextos de escasez hídrica, como el actual, en plena crisis climática.

Hace años que venimos advirtiendo que la megaminería no sólo es sinónimo de contaminación ambiental sino también de una gran degradación social e institucional. Lo que ocurre en la provincia de Chubut es una demostración cabal de ello. En Chubut hubo un plebiscito, en 2003 donde el 82% de la población de Esquel dijo NO a la Mina, y la primera ley provincial del país que prohibía la minería a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas. Luego, ante la insistencia de los diferentes gobiernos y corporaciones, hubo también dos iniciativas populares (con decenas de miles de firmas de ciudadanxs), primero en 2014, y más recientemente otra, en 2020-2021, en plena pandemia, cuyo objetivo era el de reforzar la ausencia de licencia social para la minería.

Iniciativas populares que mostraron la perseverancia de la ciudadanía chubutense en los dispositivos institucionales, pese al comportamiento corrupto de muchos de sus legisladores, que lograron obturar su tratamiento en las dos ocasiones. Pese ello, la lucha popular y democrática lleva casi 20 años resistiendo, activa y de manera informada, las embestidas de la megaminería.

Sin embargo, la aprobación de la actividad sin licencia social siguió avanzado, cometiendo los atropellos institucionales más indignantes. Justo hace un año se viralizó el video de una cámara oculta que mostraba a un diputado provincial solicitando dinero para apoyar el ingreso de la mineria a la provincia. Ayer, 15 de diciembre, ese mismo diputado estuvo presente en la legislatura provincial -como si no hubiese habido ningún delito previo- y votó a favor, consumando de ese modo su parte del “trato”, en favor del ingreso de la actividad extractiva.

Leila Lloyd Jones, otra diputada provincial, aseguró en un audio -que también se viralizó- que la coima a los legisladores en Chubut para habilitar la minería a gran escala “es de 10 millones de pesos”. Luego ratificó estos dichos ante la Justicia, para lo cual aportó elementos de prueba e incluso señaló a Guillermo Corneo, el abogado del actual gobernador Mariano Arcioni, como el gestor del cohecho.

Todo este manoseo institucional y moral no nos sorprende. En 2014, en otro embate minero, se difundió la fotografía del celular de un diputado provincial recibiendo instrucciones de cómo redactar una ley, de parte del CEO de una transnacional minera, en plena sesión parlamentaria. La foto recorrió el mundo como símbolo de la corrupción política y del fuerte lobby de las corporaciones. Por unos años los sectores promineros se mantuvieron en silencio, avergonzados. Luego, favorecidos por la impunidad, volvieron a beber las aguas del olvido, para ir a la carga una vez más, y refrendar que en Chubut las grandes mineras, literalmente, pretenden redactar las normas.

Fue así que la Legislatura de Chubut con el apoyo del Ejecutivo provincial y en una sesión sin previo aviso, burlando la voluntad de una sociedad alerta y movilizada desde hace tantos años, decidió habilitar la zona de la meseta central para desarrollar la megaminería. No habían pasado 24 horas todavía, que el gobernador Arcioni presuroso promulgó la ley. Las compañías mineras ya deben estar bajando las maquinarias hacia la meseta. De eso se trata: de hacer tabula rasa –pues la corrupción política y el lobby empresarial en este país no se penalizan-, y de ir rápido, golpeando de manera inesperada, blindando al poder, antes de que la población salga a cortar los caminos con sus pretensiones antiguas de democracia, defendiendo el agua escasa y los territorios cada vez más indefensos.

¿Si Chubut es una provincia con un solo gran río, si la escasez hídrica es ya una realidad acuciante, qué sucederá entonces cuando avance la minería, que es una actividad sedienta de agua y de energía? Es sabido que la gran minería avanza sobre los territorios y entra en competencia con otras actividades por la utilización del agua, la tierra, energía y otros recursos. Para extraer los minerales diseminados en grandes extensiones de territorio, esta actividad se realiza a cielo abierto, con el uso de demenciales cantidades de energía, explosivos, agua y sustancias extremadamente tóxicas para separar la roca del mineral.

Un ejemplo nos sirve de muestra: La Alumbrera, en Catamarca, otra provincia con escasez hídrica, tiene autorizado la utilización de más de 86 millones de litros de agua dulce por día, mucho más que el consumo total provincial y, a su vez, en materia eléctrica representa el 85% del consumo de la energía de toda la provincia. Catamarca muestra hoy un paisaje socioeconómico desolador, a pesar de más 20 años de actividad.

En Chubut, miles de personas salieron a las calles en defensa de los territorios y el agua. Inmediatamente después, llegó la represión, con balas de gomas y detenciones. Según el CELS desde que el gobierno de Chubut presentó el proyecto de ley en el año 2020, la respuesta recurrente fue la represión sistemática de las protestas, la detención arbitraria de manifestantes y los allanamientos a las casas de asambleístas. Además, se identificaron personas infiltradas con el objetivo de generar disturbios en las protestas. Así, a los tiros, a la fuerza y manipulando las instituciones, la provincia es el modelo modelo por excelencia de la máxima que dice “A más extractivismo, menos democracia y más represión”.

¿Y qué hay del principio de no regresividad de las leyes? Claramente la ley de zonificación que aprobaron los diputados en Chubut es un retroceso en materia de protección ambiental. Por lo tanto es cuestionable judicialmente por violar el principio de no regresión ambiental.

Sin embargo, de modo maquiavélico, la legislatura buscó blindarse ya que en esta misma semana aprobó: 1) la designación de 3 nuevos jueces del Tribunal Superior de Justicia; 2) una reforma de Ley de amparo (con el objetivo de limitarlo); 3) La limitación de las medidas cautelares contra el Estado. Todo pensado, orquestado, planificado en la lógica de saqueo y la entrega. Como si fuese armado por el buffet de abogados de la empresa Panamerican Silver, que no se ha cansado de invertir en costosas acciones en favor de la minería. Según ha trascendido, la multinacional canadiense minera gastó 30 millones de dólares en Chubut entre 2013 y 2019, sin mover una roca.

El pueblo de Chubut saldrá a las calles. Las protestas no cesarán. “Se viene el Chubutazo”, anuncian ya desde varios lugares de la provincia, y aguarda un país demudado, que en medio de tanta indignación siente que no es posible avalar ni tragarse todo este entuerto antidemocrático gestado por el gobierno provincial, parte de la clase política y las corporaciones mineras. Porque ante la defensa de la vida, el agua, los territorios, ya no hay ciudadanía que aguante si no se respeta la voluntad popular y no se amplían los canales democráticos de representación. Deberían haberlo aprendido ya, después de lo ocurrido en Mendoza, con la gran pueblada en defensa del agua de fines de 2019.

Denuncia penal ante la masacre de pingüinos magallanes en la Reserva de Punta Tombo

➡️ Ante la masacre de pingüinos en Punta Tombo, desde Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace Argentina solicitamos el inmediato embargo del bien para que el terreno forme parte de la reserva. También la incorporación de otros delitos a la denuncia penal ante el Min. Público Fiscal de #Chubut.

🌎 Estamos ante un #Ecocidio. Se generó un daño grave, a gran escala e irreversible contra la biodiversidad, los ecosistemas y los derechos de la madre tierra, comprometiendo la reproducción y desarrollo de una de las colonias de pingüinos más importantes del mundo, alterando significativamente la continuidad de los ciclos vitales de la Naturaleza y afectando severamente su capacidad de regeneración

🌿 Es precisamente por la impunidad de este tipo de crímenes que necesitamos avanzar en la implementación de los #DerechosDeLaNaturaleza y en la sanción de un proyecto de ley que incorpore los #DelitosAmbientales en un Capítulo Penal Ambiental en el Código Penal Argentino. Argentina no posee regulaciones penales-ambientales que estén a la altura de la presente crisis ecológica y de eventos como el de la masacre de pingüinos.

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El Gran Pacto Eco Social y Económico: repensar el modelo de desarrollo que provocó la pandemia

Por Redacción La tinta

El Gran Pacto Eco Social y Económico: repensar el modelo de desarrollo que provocó la pandemia. – Más de 300 intelectuales, artistas y organizaciones sociales adhieren a la iniciativa impulsada por la filósofa Maristella Svampa y el abogado Enrique Viale, un Pacto urgente y necesario basado en cinco ejes: el ingreso ciudadano universal, la reforma tributaria progresiva, la suspensión de pagos de deuda externa, un sistema nacional público de cuidados y una transición socioecológica radical.

“La actual encrucijada civilizatoria puso en agenda grandes debates sociales; entre ellos, cómo reducir las desigualdades, qué Estado es necesario para la construcción de lo común, en clave social y ambiental, y cómo pensar lo local y lo global de aquí en más. Esto se agudiza en un país como la Argentina, sumergido en una profunda crisis económica prepandemia y al borde de un virtual default”, dicen la investigadora y socióloga Maristella Svampa, y el abogado ambientalista Enrique Viale.

Ambos plantearon, hace unas semanas, la idea de un Gran Pacto Eco Social y Económico, al cual han adherido ya más de centenares de académicxs, artistas y organizaciones sociales, con el objetivo de visibilizar y discutir el modelo de desarrollo detrás de la pandemia del COVID-19. Según Svampa y Viale, lo que se intenta es que el Pacto sea base de una agenda común entre organizaciones sociales y políticas, sectores culturales, académicos y el Estado.

Lxs impulsorxs de la iniciativa están convencidxs de que lo fundamental del Pacto Eco Social y Económico es el reconocimiento legal de los Derechos de la Naturaleza: “Los seres humanos debemos admitir a la Naturaleza como sujeto de derecho (y no como un mero objeto) con la cual debemos convivir armónicamente, respetar sus ritmos y capacidades. Necesitamos reconciliarnos con la naturaleza, reconstruir con ella y con nosotros mismos un vínculo de vida y no de destrucción. Nadie dice que será fácil, pero tampoco es imposible”.

A modo de manifiesto, la iniciativa se basa en cinco ejes: el ingreso ciudadano universal, la reforma tributaria progresiva, la suspensión de pagos de deuda externa, un sistema nacional público de cuidados y una transición socioecológica radical.

En diálogo con La tinta, Svampa cuenta cómo y por qué surgió el concepto del Gran Pacto. La socióloga aclara que con Viale vienen trabajando sobre estos temas, en términos de propuestas, desde hace tiempo, “juntos y con el grupo de Alternativas al Desarrollo, grupo permanente que trabaja a nivel regional, latinoamericano, en diálogo con intelectuales y activistas de Europa también”.

“Este grupo, como les decía, es, de algún modo, el grupo que instaló la crítica al neoextractivismo en América Latina y también discusiones como el postextractivismo, los derechos de la Naturaleza, así como la difusión de otras discusiones como la del Buen Vivir, los bienes comunes y la ética del cuidado. Con esto, lo que quiero decir es que hay una narrativa política, emancipatoria, gestada en América Latina en esa interfase entre luchas sociales y activismo académico o intelectual, del cual, con Quique (Viale), formamos parte hace mucho tiempo”, dice la investigadora.

Relata también que “por otro lado, terminando de escribir el libro “Una brújula en tiempos de colapso ecológico” con Quique, en uno de los capítulos -en donde hablamos, por un lado, de la transición energética y, por otro lado, de la agroecología-, proponemos pensar un “Pacto Eco Social y Económico” en clave nacional y en sintonía con las propuestas de Green New Deal que se están debatiendo hoy en día en EE.UU. de la mano de Alexandria Ocasio-Cortez y el candidato -o ex- demócrata Bernie Sanders y Naomi Klein. En Europa, también hay distintos sectores que están promoviendo desde una perspectiva radical esta articulación entre justicia social, justicia étnica, justicia de género y justicia ambiental, que son los cuatro ejes fundamentales para pensar la interseccionalidad de las luchas.

Por eso mismo es que, en el libro -que cerramos en febrero-, nosotros ya hablamos de un pacto eco social y económico, pero, con la crisis abierta por la pandemia, bueno… pensamos que sería bueno proponer una agenda de cambio, una agenda alternativa, en la cual la justicia re-distributiva y justicia ambiental estuvieran en el centro de la escena. Entonces, es en diálogo norte-sur sin duda, promoviendo un multilateralismo democrático y solidario, en diálogo también regional -porque, de hecho, ya lo estamos discutiendo con nuestros colegas, muchos de ellos de Alternativas al Desarrollo-, promoviendo una declaración regional hacia un pacto eco social desde el sur y también desarrollando propuestas a nivel nacional, como la que promovimos con Viale.

En fin, así surge: tiene que ver con un largo proceso de discusión que está muy ligado a esta interfase entre el activismo y la problematización intelectual-académica… este campo tan poroso que, en América Latina, es muy típico y que da lugar a esta conversación tan rica. Esto sumado a la oportunidad, en el sentido de que, en el Norte, están discutiendo bajo la denominación Green New Deal, a la cual nosotros re-bautizamos Gran pacto Eco Social y Económico, para dar lugar y expresión a toda esa narrativa y ese lenguaje emancipatorio que se ha venido pergeñando en nuestra Latinoamérica en los últimos años al calor de tantas luchas”, concluye la filósofa.

“Los modelos de desarrollo basados en las energías fósiles y en la deforestación para promoción del monocultivo transgénico no pueden tener lugar en ninguna reconstrucción pospandémica”, afirman desde el equipo.

El comunicador y activista Mauro Fernández, colaborador de Svampa y Viale, agrega en la charla con nuestro medio: “Esos modelos son responsables de la crisis actual y deben ser reformulados en forma urgente. Según la máxima autoridad científica de Naciones Unidas sobre cambio climático —el IPCC, por la sigla en inglés—, indica que las emisiones globales deben reducirse a la mitad en esta década.

Para evitar impactos gravísimos en la vida de las personas y en el planeta, la necesaria reconstrucción económica debe basarse en un rápido reemplazo de los fósiles —que hoy representan un 85% de la matriz energética argentina— por energías renovables y un modelo agroecológico que desconcentre la propiedad de la tierra y promueva prácticas más saludables, erradicando también la “vieja normalidad” de los agrotóxicos y el monocultivo. Esto, garantizando el acceso a la energía como derecho humano y repensando el concepto de urbanidad que hoy privilegia un individualismo extremo desasociado de la naturaleza, hacia una mayor integración que repiense esa relación de dominación con el medio del que dependemos y somos parte”.

El documento del Gran Pacto se difundió, primero, en la Revista Anfibia y fue visibilizado, luego, en “El futuro después del COVID-19”, la publicación del Programa Argentina Futura (una plataforma de pensamiento, plural y diversa, con perspectiva federal y global, creada por el Gobierno Nacional), dirigido por el Dr. Alejandro Grimson; la invitación a adherir sigue abierta y se reciben a la dirección de correo electrónico granpactoecosocialyeconomico@gmail.com.

15 Mitos y Realidades de la minería transnacional en Argentina

15 Mitos y Realidades de la minería transnacional en Argentina está pensado como una caja de herramientas y, a la vez, como un instrumento de lucha política. Fue concebido colectivamente al calor de la campaña en favor de la ley nacional de protección de los glaciares, sancionada por el Congreso nacional en septiembre de 2010, en un momento en el cual debíamos responder punto por punto los argumentos falaces y los indicadores económicos muchas veces mentirosos esgrimidos por el lobby minero.

En ese entonces varios investigadores que desde hace años y desde diversas provincias del país acompañamos a las luchas socioambientales que cuestionan la megaminería transnacional en Argentina, comenzamos a sistematizar información sobre el tema. Nuestro propósito era deconstruir los discursos y los lugares comunes del imaginario prominero, desmontar y desactivar dichos “mitos” que sobre la minería a gran escala repiten cotidianamente y con total impunidad sus defensores más acérrimos (corporaciones mineras, representantes del gobierno nacional y de las diferentes provincias promineras, voceros periodísticos), amparados en la escasa información y conocimiento que el argentino medio tiene sobre estos temas.

Fue entonces que nos encontramos con el artículo de Jennifer Moore (1), periodista canadiense, publicado en la Revista Memoria, de México, en octubre-noviembre de 2009, titulado “Mitos y realidades de la Minería Transnacional”.

Retomamos de esta fuente inspiradora el formato y partes de sus enunciados (bajo la forma de mitos), a los cuales ampliamos con más desarrollos, datos, ejemplos y otros tantos mitos.

Las semanas agitadas que pasamos en el Congreso, entre audiencias públicas, visitas a senadores, declaraciones, escritos periodísticos y dossier especiales, junto con numerosas organizaciones ambientalistas, vecinos de asambleas y representantes parlamentarios de diversos bloques y partidos políticos en defensa de la ley nacional de protección de los glaciares, nos convenció de la necesidad urgente de cerrar esta tarea y publicarlo bajo la forma de libro.

El texto sintetiza así diferentes saberes y discursos. La argumentación que se desarrolla combina consideraciones teóricas y de tipo general con referencias específicas a casos concretos. Éstas no aluden necesariamente a los casos más “graves”, “resonantes”, ni a los “únicos” disponibles; por el contrario, se trata sólo de algunos ejemplos tomados aleatoriamente de la vasta casuística disponible por su relevancia y cercanía a nuestra experiencia, a los solos fines de ilustrar con casos concretos el modus operandi, los impactos y las consecuencias de este tipo de explotaciones.

Asimismo, atendiendo a la complejidad de la problemática, se ha procurado construir una mirada eminentemente multidisciplinar como el propio objeto lo requiere, intentando con ello también desmontar las raíces epistémicas –profunda y primitivamente positivistas, encuadradas en perspectivas jerárquicas y unidisciplinares- sobre las que se suelen construir las falacias cientificistas y tecnicistas de las visiones “oficiales”. De tal modo, en la elaboración de este trabajo participaron geógrafos, especialistas en ciencias ambientales, abogados, sociólogos, analistas del discurso, economistas, periodistas, entre otros, muchos de los cuales conformamos el colectivo Voces de Alerta.

Dicho espacio, compuesto por científicos, artistas, intelectuales, profesionales, organizaciones de derechos humanos, de pueblos originarios, de campesinos y socioambientales, y todos aquellos/as interesados/as por la interrelación entre múltiples saberes y entramados sociales, políticos, culturales, surgió de un episodio en el ámbito científico argentino ocurrido en 2009 -un investigador dio a conocer hallazgos que tienen graves implicancias en la salud pública- a partir del cual se desencadenó un debate que puso de relieve el poco espacio que queda para la autonomía y libertad científica.

En esa ocasión y frente a la respuesta de intereses de cámaras empresariales, corporaciones e incomprensibles desligamientos de las autoridades científicas nacionales, un conjunto de personas de muy diversos mundos sociales, que hace tiempo trabajamos coordinada pero informalmente en diferentes espacios, decidió expresarse públicamente, asumiendo el nombre de Voces de Alerta.

Desde Voces de Alerta cuestionamos radicalmente la actual colonización que los grandes poderes económicos producen en las universidades, sistemas científicos y en la educación pública en general. Estamos convencidos de que no existe ninguna posibilidad de avanzar en la democratización de la sociedad si no se pone coto tanto al modelo extractivo (régimen social de acumulación y distribución de riqueza) que necesita dominar y doblegar bajo cualquier medio a las poblaciones que habitan esos territorios, como a las guardias pretorianas que los custodian.

Por último, deseamos dedicar este texto a quienes creemos son sus principales destinatarios y los grandes protagonistas de esta lucha: a todas las asambleas ciudadanas que, en nuestra extensa y rica geografía, en una situación de clara asimetría de fuerzas, abogan por la defensa del agua, por la vida, por el futuro de las próximas generaciones.

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Desde Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Mendoza, Tandil
Abril de 2011

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas // Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Justicia Social y Ecológica