Archivos de categoría: Comunicados

Comunicados oficiales de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas dirigidos a prensa, medios especializados, funcionarios públicos en todos sus niveles, activistas y otros integrantes de la sociedad civil.

Juicio Oral en Punta Tombo

Organizaciones querellantes celebran que se avance a juicio oral por la masacre de pingüinos en Punta Tombo

Por primera vez llega a juicio oral en Chubut una causa por crueldad animal y daño ambiental agravado

Las organizaciones querellantes Greenpeace Argentina, Fundación Patagonia Natural, y Asociación Argentina de Abogadas/os Ambientalistas celebraron el resultado de la audiencia que estuvo a cargo de la Jueza Penal Dra. Ana Karina Breckle. Luego de la instancia sucedida  el viernes pasado, la jueza convocó una nueva audiencia para el día de hoy para dar lectura a su decisión de elevar el caso a juicio oral y público. 

Desde las organizaciones consideraron que es un paso más para se haga justicia en nombre de los cientos de Pingüinos de Magallanes que fueron víctimas de atroces crímenes en la Reserva Punta Tombo, en la provincia de Chubut, entre agosto y noviembre de 2021. La decisión de la magistrada en favor ocurrió pese a que la defensa había solicitado el sobreseimiento del acusado; lo cual hubiera minimizado la gravedad de los delitos y abierto la posibilidad de que estos crímenes ambientales queden impunes.

El caso de la masacre de pingüinos en la Reserva Punta Tombo de Chubut no sólo representa un acto de violencia contra la naturaleza, sino que también subraya la importancia de avanzar en figuras del delito ambiental que terminen con la impunidad de estas acciones contra los ecosistemas. 

La denuncia presentada señala la configuración del delito de Crueldad contra los animales, establecido en la Ley 14.346 de Maltrato Animal, y el daño agravado sobre los ecosistemas, solicitando la adopción de medidas inmediatas para proteger a los pingüinos afectados, su entorno y hábitat natural. Asimismo, las organizaciones resaltan la necesidad de sancionar un proyecto de ley que incorpore un Capítulo Penal Ambiental en el Código Penal Argentino, para garantizar una respuesta adecuada frente a los delitos ambientales.

Sobre la Reserva Punta Tombo:

La Reserva Punta Tombo, ubicada en la provincia del Chubut, alberga una de las mayores colonias continentales de pingüinos de Magallanes del planeta. Lamentablemente, en el año 2021, esta reserva fue testigo de una masacre sin precedentes, en la cual mediante el uso de maquinaria pesada removieron el suelo pasando  por encima de la mayor colonia de pingüinos de Magallanes del mundo, desmontando la vegetación nativa y colocando cerco perimetral electrificado afectando el desplazamiento de la especie afectada, todas estas acciones sin autorización alguna. Este acto atroz constituye un ecocidio, un daño grave e irreversible contra la biodiversidad, los ecosistemas y los derechos de la naturaleza. 

Punta Tombo se extiende a lo largo de más de 210 hectáreas en la estepa patagónica, ubicándose sobre la costa del Océano Atlántico, en el departamento Florentino Ameghino, a 110 km de la ciudad de Rawson, capital provincial. ​El pingüino Magallánico, cuyo ​Estado de Conservación de acuerdo a la catalogación en la lista roja  de la IUCN es de Casi Amenazado, no sólo ha sufrido los impactos de la actividad humana en tierra, sino que también está amenazado por actividades que avanzan sobre el mar, ​principalmente la industria​ petr​olera​, la pesca intensiva y los efectos del cambio climático sobre los océanos.

Este mes se conmemora el Día Mundial del Pingüino. Estos animales desempeñan un papel importante en el ecosistema marino. Su salud es un indicador de la salud de los océanos, del Mar Argentino. Su presencia en las costas, particularmente en la Reserva Punta Tombo, enriquece la biodiversidad local y contribuye a mantener el equilibrio ecológico de la zona. Los pingüinos de Magallanes son una especie emblemática que simboliza la riqueza natural del país y el patrimonio de la biodiversidad. 

Link con fotos de Pingüinos de Magallanes aquí

📷 Laura Reyes y Pablo Borboroglu

Contactos de prensa: 

Lucas Micheloud (Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas) +54 9 341 304-2305

Florencia Rey  (Fundación Patagonia Natural) +54 9 280 430-5115

El Pacto Ecosocial del Sur fortalece lazos en Perú: Cooperación para un futuro ecosocial en Nuestra América

Lima, Perú – 12 de abril de 2024 – Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, desde nuestro rol como capítulo argentino del Pacto Ecosocial del Sur, nos enorgullecemos de anunciar el éxito de las reuniones y foros públicos celebrados en Lima y Cusco como parte de nuestra Asamblea Anual 2024.

Bajo el lema “Crisis Climática, Extractivismos y Conflictos Sociales”, el Pacto Ecosocial del Sur reunió a referentes y activistas de América Latina para avanzar en las respuestas ante los desafíos urgentes que enfrenta nuestra región y explorar vías hacia la cooperación entre pueblos para la transformación colectiva. 

Los foros públicos, realizados el 9 y 10 de abril a salas llenas, representaron un espacio vital de diálogo y reflexión crítica, abordando la compleja intersección entre la crisis climática, los extractivismos y los autoritarismos que emergen en América Latina. En el Foro Público de Lima contamos con la participación de figuras destacadas como Edgardo Lander (Venezuela), Esperanza Martínez (Ecuador), José De Echave (Perú), Olivia Bisa (Perú) y Breno Bringel (Brasil). Mientras que en el Foro Público de Cusco, nos honraron con su presencia Maristella Svampa (Argentina), Enrique Viale (Argentina) Marilyn Machado (Colombia), Carmen Aliaga (Bolivia/México), Rocío Silva Santiesteban (Perú), Raúl Santillán (Perú), Diana Flores (Perú), Mario Rodríguez (Bolivia) y Elsa Merma (Perú), entre otros.

El Pacto Ecosocial del Sur reconoce la necesidad imperiosa de construir dinámicas sociales capaces de contrarrestar las tendencias del reacomodo capitalista y la concentración de riqueza, así como de proteger nuestros ecosistemas amenazados. Enter nuestras propuestas o lineamientos de trabajo se encuentran:

  • Anulación de las Deudas Externas y Reclamo de la Deuda Ecológica: Abogamos por la construcción de una nueva arquitectura financiera global que priorice el bienestar humano y ambiental sobre los intereses financieros.
  • Autonomía y sostenibilidad de las sociedades locales: Reconocemos la importancia de fortalecer las comunidades locales y promover modelos económicos y sociales sostenibles.
  • Fortalecimiento de la autodeterminación de los pueblos indígenas y comunidades locales: Defendemos el derecho de los pueblos indígenas, campesinos y comunidades locales a gestionar sus recursos de manera autónoma y sostenible.
  • Integración regional y mundial soberana: Abogamos por sistemas de intercambio que promuevan la autonomía y la diversificación económica, alejándose del monopolio corporativo.
  • Priorización de la soberanía alimentaria: Instamos a desarrollar políticas que redistribuyan la tierra y promuevan sistemas agrícolas sostenibles y equitativos.
  • Construcción de un Estado Ecosocial dentro de economías y sociedades postextractivistas: Promovemos una transición hacia modelos económicos que protejan la diversidad cultural y natural de nuestra región.

Estas propuestas reflejan nuestro compromiso con la construcción de un futuro con justicia social y ecológica para toda Nuestra América. Es fundamental que seamos cada vez más quienes trabajamos en la región para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo.

Estas actividades fueron posibles gracias al valioso apoyo de instituciones como CooperAcción, Red Muqui, BD, 11.11.11, Oxfam, DHSF y CBC, cuyo compromiso con la justicia ambiental y social es fundamental para el éxito de nuestra misión.

Causa por el Mar Argentino

Desarrollo Legal en la Causa por el Mar Argentino: Avances judiciales en un clima de presión mediática

Ante los recientes avances en la causa concerniente a la exploración petrolera en el Mar Argentino

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) se emitió una respuesta en la causa por el Mar Argentino frente a la acción de amparo ambiental. La causa cuestiona la validez del avance del modelo petrolero offshore en aguas ultraprofundas en nuestro país. Representa para un gran porcentaje de la población una batalla crucial por la defensa del Mar Argentino, de nuestras costas, de sus entornos naturales y de los derechos de las generaciones futuras.

La resolución cuestionada es la que otorga permisos a la exploración sísmica en la zona del Mar Argentino llamada Cuenca Argentina Norte. Esto representa una amenaza inminente para nuestras costas y ecosistemas marinos. Situada a meros 300 km de las costas de la ciudad de Mar del Plata, esta actividad propuesta por empresas como Equinor, YPF y Shell, es un golpe directo a dimensiones fundamentales para una sociedad social y ambientalmente justa. Representa un ataque a la soberanía argentina sobre su territorio y sobre sus aguas, una profundización de la matriz fósil en un contexto de crisis ambiental, una incapacidad de cumplir los compromisos climáticos argentinos en espacios internacionales y un detrimento absoluto para el avance hacia transición energética popular y justa que nuestro país merece. 

Incluso, al día de la fecha, continúa la presión mediática constante en la cual se celebra la llegada de las embarcaciones para la explotación offshore, a pesar de que la causa sigue completamente en curso. 

Desde la presentación de la acción específica contra el pozo exploratorio Argerich I en octubre de 2023, hasta la más reciente presentación del jueves 4 de abril de 2024, ha surgido información con la que la comunidad no contaba. 

Dentro de los argumentos presentados por las empresas y el Estado, se encuentran datos realmente preocupantes. La falta de legitimación y la interpretación sesgada del principio precautorio son solo el comienzo de una lista de manipulaciones y omisiones flagrantes. Las confesas conversaciones a puertas cerradas entre el Estado y las empresas petroleras, previas a la emisión de los decretos y resoluciones en cuestión, son a su vez, evidencia de lo viciado que se encuentra este proceso. La ausencia real de una inversión que puede generar el llamado “derrame económico” ya que todo lo que invierten ahora es sísmica.

Saqueo en el Mar Argentino: Análisis del marco regulatorio, fiscal e impositivo del offshore de hidrocarburos
Análisis del marco regulatorio, fiscal e impositivo del offshore donde se demuestra la ausencia de “derramamiento de inversiones”

La reciente aparición de más de 14 mil páginas reflejan la falta de transparencia y responsabilidad que manejaron hasta ahora las empresas y el Estado. La negativa a reconocer las graves implicaciones ambientales de este proyecto y la escasa atención prestada al cambio climático son una afrenta a la sostenibilidad de nuestro planeta y una falta de justicia con las generaciones futuras.

Es necesaria una acción inmediata por parte de las autoridades judiciales para detener este atentado contra nuestro ambiente y nuestras comunidades. Apelamos a la responsabilidad de todos los involucrados en este proceso para hacer lo correcto y proteger nuestros bienes comunes.

La causa por el Mar Argentino

La causa cuestiona no solo  la resolución 436/21 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que autoriza la exploración sísmica en la mencionada cuenca, asignada a empresas como Equinor, YPF y Shell. Se busca además que la Justicia declare la nulidad e inconstitucionalidad de los decretos y resoluciones que dieron origen a la Ronda I, adjudicando áreas marítimas a múltiples compañías internacionales sin el debido proceso. 

La respuesta presentada destaca los vicios administrativos en la motivación del acto, la ausencia de consideraciones ambientales en la normativa hidrocarburífera y las falencias en los estudios de impacto ambiental del proyecto Argerich. Además, se ha denunciado la falta de comunicación sobre el daño transfronterizo y el reconocimiento por parte del Estado de la imposibilidad de cumplir los acuerdos internacionales climáticos.

Contacto de prensa AAdeAA/CAJE: Alejo di Risio +541123904594

pingüinos en Punta Tombo

Audiencia clave por la masacre de pingüinos en Punta Tombo: preocupación ante el pedido de impunidad 

8 de abril, 2024

 Ante las novedades en el caso de la masacre de Pingüinos de Magallanes en 2021 

Como organizaciones querellantes, Greenpeace Argentina, Fundación Patagonia Natural, y Asociación Argentina de Abogadas/os Ambientalistas expresan su profunda preocupación ante una audiencia clave en el caso de la masacre de Pingüinos de Magallanes en 2021 . La defensa solicitó que el acusado sea sobreseído, minimizando la gravedad de los delitos,  empujando la posibilidad de que estos crímenes ambientales queden impunes. Es imperativo que se haga justicia en nombre de los cientos de Pingüinos de Magallanes que fueron víctimas de estos atroces  crímenes en la Reserva Punta Tombo, en la provincia de Chubut.

El caso de la masacre de pingüinos en la Reserva Punta Tombo de Chubut no sólo representa un acto de violencia contra la naturaleza, sino que también subraya la importancia de avanzar en figuras del delito ambiental que terminen con la impunidad de estas acciones contra los ecosistemas. La sociedad tiene el derecho y la responsabilidad de exigir a las autoridades una acción determinante en la prevención y sanción de acciones que pongan en riesgo nuestros ecosistemas y biodiversidad. 

La denuncia presentada señala la configuración del delito de Crueldad contra los animales, establecido en la Ley 14.346 de Maltrato Animal, y el daño agravado sobre los ecosistemas,  solicitando la adopción de medidas inmediatas para proteger a los pingüinos afectados, su entorno y hábitat natural. Asimismo, resaltamos la necesidad de sancionar un proyecto de ley que incorpore un Capítulo Penal Ambiental en el Código Penal Argentino, para garantizar una respuesta adecuada frente a los delitos ambientales.

En el mes en que se conmemora el Día Mundial del Pingüino, recordamos que estos animales desempeñan un papel importante en el ecosistema marino. Su salud es un indicador de la salud de los océanos, del Mar Argentino. Su presencia en las costas, particularmente en la Reserva Punta Tombo, enriquece la biodiversidad local y contribuye a mantener el equilibrio ecológico de la zona. Los pingüinos de Magallanes son una especie emblemática que simboliza la riqueza natural del país y el patrimonio de la biodiversidad. A su vez, son benefician enormemente al turismo que deja enormes beneficios en las economías y sociedades regionales. Proteger su población no solo es un acto de justicia ambiental, sino también una responsabilidad compartida para las generaciones presentes y futuras.

Sobre la Reserva Punta Tombo:

La Reserva Punta Tombo, ubicada en la provincia del Chubut, alberga una de las mayores colonias continentales de pingüinos de Magallanes del planeta. Lamentablemente, en el año 2021, esta reserva fue testigo de una masacre sin precedentes, en la cual mediante el uso de maquinaria pesada  removieron el suelo pasando  por encima de la mayor colonia de pingüinos de Magallanes del mundo, desmontando la vegetación nativa y colocando cerco perimetral electrificado afectando el desplazamiento de la especie afectada, todas estas acciones sin autorización alguna. Este acto atroz constituye un ecocidio, un daño grave e irreversible contra la biodiversidad, los ecosistemas y los derechos de la naturaleza. 

Como señalamos, se instaló un alambrado electrificado a lo largo de 900 metros. En diferentes sectores, dicho alambrado impidió la libre circulación de los pingüinos al encontrarse a una altura inferior a la de esta especie. Este hecho ocurrió en el momento crítico del ciclo reproductivo, donde los pichones están eclosionando o tienen muy pocos días de vida, y deben ser alimentados con frecuencia por los pingüinos adultos.

Punta Tombo se extiende a lo largo de más de 210 hectáreas en la estepa patagónica, ubicándose sobre la costa del Océano Atlántico, en el departamento Florentino Ameghino, a 110 km de la ciudad de Rawson, capital provincial. ​El pingüino Magallánico, cuyo ​Estado de Conservación de acuerdo a la catalogación en la lista roja  de la IUCN es de Casi Amenazado, no sólo ha sufrido los impactos de la actividad humana en tierra, sino que también está amenazado por actividades que avanzan sobre el mar, ​principalmente la industria​ petr​olera​, la pesca intensiva y los efectos del cambio climático sobre los océanos.

Link con fotos de Pingüinos de Magallanes aquí. 

Contactos de prensa: 

Lucas Micheloud (Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas) +54 9 341 304-2305

Florencia Rey  (Fundación Patagonia Natural) +54 9 280 430-5115

Basureros Petroleros

Un guiño a la impunidad: Convocan a una conferencia de prensa por el caso de basureros petroleros

Debido a los más recientes hechos en el caso de basureros petroleros, llamamos a una conferencia de prensa desde las organizaciones querellantes: la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA)-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén y la Confederación Mapuche. La misma será realizada frente al Tribunal Superior de la Provincia de Neuquén, en calle Juan Bautista Alberdi 52, el lunes 25 de marzo a partir de las 13hs. 

La misma se realiza para actualizar a la comunidad sobre los gravísimos impactos socio-ambientales que produce la basura petrolera del fracking sobre el territorio neuquino y, a su vez, para exigir mayores compromisos al Poder Judicial en relación a la criminalidad ambiental de los poderosos. 

Esa misma mañana, AAdeAA y APDH Neuquén, presentarán un Recurso de Impugnación Extraordinario contra la resolución que decidió revocar las medidas cautelares contra COMARSA y sus principales socios (embargos sobre bienes e inhibiciones generales sobre sus patrimonios), dispuestas oportunamente por el Juez de Garantías y confirmadas por unanimidad por el Tribunal Revisor. Las mencionadas cautelares fueron dictadas para asegurar la responsabilidad financiera tanto de Comarsa como de los acusados, incluyendo un embargo por un total de 7 millones de dólares sobre los bienes de los acusados. Además, se había impuesto otro embargo preventivo sobre los activos intangibles de la empresa, como sus 4 galpones y 3 hornos pirolíticos en la planta ubicada en la localidad de Añelo. La finalidad de las cautelas es, principalmente, asegurar la existencia de fondos con los cuales garantizar la remediación del pasivo ambiental que ha dejado COMARSA.

La decisión que revocó las medidas interpreta erróneamente el Código Procesal Penal Neuquino y viola los principios ambientales de responsabilidad por daño y que fijan la obligación de recomponer, en protección, a su vez, del derecho a un ambiente sano de las generaciones futuras.

Frente a ello, las organizaciones mencionadas, conjuntamente con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)y el Centro de Investigación y Prevención de Criminalidad Económica (CIPCE), presentarán una carta ante los miembros del máximo tribunal provincial, solicitando la implementación de la Ley Yolanda, que tiene por objeto capacitar al Poder Judicial provincial, y a los funcionarios de los demás poderes, en materia ambiental. Resulta central el rol de los representantes del Estado a la hora de interpretar las normas y tomar decisiones, para garantizar el acceso a un ambiente sano y equilibrado, y la protección de los bienes públicos colectivos.

Asimismo, se informa a la comunidad que el martes 26/3 a las 18:00 hs. se llevará a cabo el taller “El lado B de Vaca Muerta: a propósito del escandaloso negocio millonario de la basura petrolera del fracking”, el cual tendrá lugar en el Salón Azul de la Universidad Nacional del Comahue.

Accesos a la información 

Durante el mes de febrero, la AAdeAA presentó una serie de accesos a la información ante las autoridades provinciales, municipales y legislativas de Neuquén, en el marco de la Investigación Criminal por contaminación y defraudación de la empresa Comarsa. Lo hizo en su carácter de parte querellante en el proceso penal que se investiga desde la Fiscalía de Delitos Ambientales del Ministerio Público Fiscal de Neuquén. Se encuentra actualmente en trámite una investigación preliminar con intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales y Leyes Especiales (MPFNQ LEG nro. 178123/20).

Las cuestiones planteadas a estas autoridades están relacionadas con el vínculo de las mismas con COMARSA, abarcando temas como la cesión irregular de terrenos fiscales a la empresa, los plazos de relocalización. Pero también con motivo de trascendidos en relación a obras de urbanización, en casi todos los casos, también solicitando que nos brinden información sobre los Estudios de Impacto Ambiental, entre otros detalles. Los posibles desarrollos urbanos en el límite del Parque Industrial Neuquén, donde existe un pasivo ambiental con residuos peligrosos, todo ello en el marco de la causa penal iniciada. 

Hemos solicitado lo siguiente a cada autoridad:

  • Al Sr. Secretario de Ambiente de la Provincia de Neuquén Lic. Santiago Nogueira: un informe detallado sobre el estado actual de cierre, remediación ambiental y abandono de la planta de Comarsa, así como las acciones llevadas a cabo por esa Secretaría al respecto. También hemos requerido una reunión presencial para discutir estos temas.
  • Al Sr. Subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana Municipalidad de la Ciudad de Neuquén Francisco Martín Baggio: detalles sobre las acciones realizadas por el Municipio para que la empresa sane el predio y lo restituya, inspecciones realizadas y medidas preventivas ante el loteo en curso. Asimismo, solicitamos información sobre el Estudio de Impacto Ambiental relacionado con dicho loteo.
  • A la Sra. Presidente del Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén Claudia Argumero: un informe sobre la situación actual de cierre, remediación ambiental y abandono de la planta de Comarsa, considerando la solicitud de prórroga realizada por la empresa en 2021. También hemos preguntado si se planea revocar la cesión de terrenos públicos debido al incumplimiento de los compromisos establecidos en la Ordenanza nro. 12.912 de 2013, incluida la obligación de forestar una franja envolvente de 300 metros de ancho con riego por goteo.
  • Al Sr. Intendente de la Ciudad de Neuquén, Mariano Gaido: información sobre posibles proyectos de urbanización, loteo y construcción de un estadio de fútbol en los terrenos adyacentes, así como sobre la posible relocalización de viviendas precarias. También sugerimos la realización de un Estudio de Impacto Ambiental Estratégico.

Contactos de prensa 

Rafael Colombo (AAdeAA-CAJE) 342 614-4658

Bruno Vadala (APDH) – 2994 15-1099

Lefxaru Nawel (Confederación Mapuche de Neuquén)- 2996 34-0448

Encuentro de organizaciones para avanzar en propuestas para la Transición Ecosocial

Buenos Aires, 12 de marzo de 2024

El día de ayer, representantes de diversas organizaciones sociales, ambientales, académicos y activistas, economistas y expertos en energía se congregaron para abordar los desafíos y oportunidades inherentes a la transición ecosocial. En un esfuerzo conjunto, este equipo de equipos reconoció la necesidad imperante de proponer y seguir lineamientos que conduzcan hacia una transición ecosocial integral. Si bien el abordaje inicial de muchas organizaciones es a raíz de la urgencia de la transición energética, la indisoluble relación de la misma con una transición ecosocial más amplia y holística es parte de este encuentro. 

La jornada contó con la participación activa de organizaciones comprometidas con el debate y la acción en torno a la transición energética justa y popular. Entre las entidades presentes se encontraban el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, la Fundación Rosa Luxemburgo (Cono Sur), el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), Geopolítica y Bienes Comunes (GYBC), Taller Ecologista – Rosario, Observatorio Petrolero Sur, Trama Tierra y el Centro de Tecnologías Ambientales y Energía de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN).

Durante la jornada, se abordaron temáticas de vital importancia para los movimientos sociales y ambientales, desde el estado actual del sistema energético nacional hasta la imperiosa necesidad de una transición que conciba la energía como un bien común y no como una mercancía. Se alentó también el intercambio de miradas interdisciplinarias sobre la construcción desde el Estado, las políticas públicas, la legislación vigente y las alternativas locales, así como los desafíos que enfrentamos en todos los niveles para avanzar en estos procesos de transformación.

Se debatió también la importancia de la agenda de alimentos, energía y agua, y se resaltó la necesidad de profundizar propuestas de políticas públicas que puedan aumentar el bienestar de la población y avanzar en agendas que estén a la altura del desafío de la crisis civilizatoria, incluida la energética, social, de los cuidados y climática. A su vez, las organizaciones y expertos reunidos reafirmaron la importancia de fortalecer la colaboración entre los movimientos socioambientales, la academia, los pueblos originarios, los movimientos campesinos y agrarios, los sindicatos, los feminismos y los movimientos por los derechos humanos.

Desde las organizaciones afirman que el espacio continúa en crecimiento y que la expansión de su agenda en el futuro contribuirá significativamente a la construcción de consensos y propuestas concretas para abordar los desafíos de la transición ecosocial en nuestra región. 

La justicia de Catamarca da lugar a reclamos comunitarios y frena obras de minería de litio

Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas (AAdeAA) celebramos el reciente fallo de la Corte de Justicia de Catamarca que hace parcialmente lugar a una acción de amparo en defensa de las poblaciones, la naturaleza y los bienes comunes en el territorio de Antofagasta de la Sierra. Los daños irreparables que produce la minería de litio en el Salar de Hombre Muerto son denunciados hace años por la Comunidad Atacameños del Altiplano, la red de asambleas socioambientales PUCARÁ y diversos movimientos sociales e indígenas de la provincia .

Este salar, está ubicado y compartido entre las provincias de Catamarca y Salta, e integra la subcuenca hídrica del Hombre Muerto y la subcuenca glaciaria del Salar Pocitos. Territorios habitados desde tiempos ancestrales por comunidades indígenas que desarrollan sus actividades comunitarias, culturales y económicas.

El tratamiento de la acción cautelar presentada evidencia que la provincia de Catamarca ha entregado 6 permisos de exploración y explotación sobre este territorio. Esto  viola la normativa aplicable, dado que no se proveyó la debida información a la población, como tampoco se ha garantizado su participación ni la Consulta Previa Libre e Informada, ni se ha realizado la evaluación de impacto ambiental integral y acumulativo.

Conforme los arts. 41 y 124 de la Constitución Nacional corresponde a las provincias el ejercicio de control ambiental por ser titulares del dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio, y deben aplicar los presupuestos mínimos previstos en la Ley General de Ambiente N° 25675

A su vez, el Estado Nacional debe garantizar la efectividad y ejercicio de los derechos de los pueblos originarios, reconocidos en los tratados de Derechos Humanos incorporados en el art. 75 inc. 22 de la CN, y el Convenio N° 169 de la OIT, ratificado por ley nacional y por el art. 75 inc. 17 de la CN. El Estado Nación es responsable de garantizar el derecho a un ambiente sano conforme el artículo 41 de la CN y del art. 12 inc. b y le corresponde intervenir en virtud del art. 4 de la Ley General de Ambiente en casos de impacto ambiental interjurisdiccional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de los organismos creados al efecto como el Consejo Federal de Ambiente (COFEMA). Finalmente, el Estado Nación debe intervenir conforme a la Ley N° 26639 dado que en la zona afectada existen diferentes tipos de glaciares.

La acción legal presentada solicitaba suspender las autorizaciones a las empresas norteamericana Livent (ex Minera del Altiplano S.A.) y Galaxy Lithium S.A., para las diversas obras que construyen en el marco de los proyectos Fénix. Al menos hasta que se realizara una evaluación de impacto ambiental integral y acumulativo, se estableciera la línea de base ambiental de la Subcuenca del Hombre Muerto con la adecuada y oportuna participación y consulta de la Comunidad Atacameños del Altiplano, y con la intervención de las autoridades nacionales. Esto implicaba el cese de: la construcción del acueducto Río Los Patos, la ampliación del proyecto Fénix y su respectiva ampliación para la extracción de agua y para el proyecto Sal de Vida la ampliación del campamento, la construcción de pozos y piletas de evaporación y expansión de extracción de agua.

La decisión de la corte fue limitada a “dar lugar parcialmente a la acción cautelar”, ordenando en concreto:

  • Al Ministerio de Minería de la Provincia de Catamarca la realización de un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral del desarrollo de la actividad minera (litio), que deberá versar sobre el impacto ambiental acumulado sobre el Río Los Patos – Salar del Hombre Muerto –
  • A brindar el libre acceso a la información, como su consecuente participación a la Comunidad aborigen Atacameños del Altiplano y a los miembros de la localidad afectada -Antofagasta de la Sierra.
  • Al Ministerio de Minería de la Provincia de Catamarca y el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, a abstenerse de otorgar nuevos permisos, o declaración de impacto ambiental (en los términos del Código de Minería y Ley de Aguas de la Provincia) con respecto a obras u actividades en el Río Los Patos – Salar del Hombre Muerto – Dpto. Antofagasta de las Sierras, hasta tanto se cumpla con la realización del estudio de impacto ambiental acumulativo e integral.-

Celebramos este fallo que representa un freno al avance descontrolado del extractivismo de litio en el salar de Hombre Muerto y creemos indispensable este precedente en la defensa de los bienes comunes, agua, salar, humedales altoandinos y glaciares en la provincia, así como en el conjunto de los territorios y poblaciones afectadas en nuestro país.

 Contacto de prensa AAdeAA/CAJE: Alejo di Risio +541123904594

Contaminación del Río Paraná

Solicitan conocer el contenido del acuerdo con la Embajada de Estados Unidos por la gestión y control del Río Paraná

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, expresamos nuestra preocupación ante la reciente noticia sobre el inicio de actividades conjuntas entre la Administración General de Puertos y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, en el marco de un “proceso de colaboración conjunta e intercambio de información y gestión“. Esta colaboración se enmarca en un Memorándum de Entendimiento conjunto, cuyo contenido y alcance nos resultan desconocidos.

Dada la relevancia de esta colaboración para la gestión de la vía navegable troncal, específicamente el río Paraná, consideramos fundamental el acceso público a la totalidad del Memorándum de Entendimiento y cualquier otra información pertinente. Específicamente, solicitamos detalles sobre los objetivos, alcances y procedimientos establecidos en este acuerdo, así como cualquier evaluación de impacto ambiental realizada o prevista.

Es importante recordar que el río Paraná, conocido erróneamente como “Hidrovía Paraná-Paraguay”, opera sin una Evaluación Ambiental Estratégica ni Estudios de Impactos Acumulativos. Esta situación es aún más preocupante debido a la ausencia de un Comité de Cuencas que coordine políticas y acciones a nivel federal para mitigar los impactos ambientales en el río.

Reafirmamos la necesidad de garantizar el pleno cumplimiento de las herramientas de la democracia ambiental en la gestión de la cuenca del río Paraná. Esta cuenca ha sufrido consecutivamente impactos en la salud de la población y sus ecosistemas, como lo demuestra la crisis que enfrenta el sistema de humedales del Delta del Paraná, afectado por quemas indiscriminadas y cambios en los usos del suelo, exacerbados por la sequía histórica y el cambio climático.

Las solicitudes de acceso a la información pública han sido presentadas ante la Cancillería Argentina, y mediante esta, a la Administración General de Puertos. Asimismo, hemos notificado al Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, reafirmando nuestro compromiso con la transparencia y la participación ciudadana en asuntos ambientales de relevancia nacional.

Finalmente, no podemos dejar de señalar que esta preocupación y acción de la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas como del CAJE,  ahora de petición de acceso al conocimiento de lo acordado por las partes intervinientes, se expone y formaliza institucionalmente, frente a la posibilidad de profundización en la pérdida de soberanía sobre el río Paraná y todo lo que esto implica en el agravamiento del modelo extractivista vigente, como en los posibles pasos de concreción de anuncios electorales que convocaron en dicha oportunidad a la privatización de nuestros ríos, el agua, como un reciente llamado oficial a la explotación de los recursos naturales por parte de los inversores extranjeros.

Contacto de prensa AAdeAA/CAJE: Alejo di Risio +541123904594

Pedimos acceso a la información pública por nuestros Ríos

14 de Febrero 2024

La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas solicitó a la Cancillería Argentina y a la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación,  provea información pública ambiental relevante acerca de la intervención que dichos Ministerio y Secretaría, han desplegado en el marco del “Proyecto de Profundización y Extensión del Canal de Acceso al Puerto de Montevideo a 14 metros.”

Puntualmente se peticiona:

1- Se haga llegar copia del Acto Administrativo de aceptación y/o aprobación de los EIAs (Estudios de Impactos Ambientales) como las consecuentes instrucciones emitidas hacia la Delegación Argentina en el marco del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, todo en el contexto de la información pública oficial. 

2- Se entregue también copia de la Declaración de Impacto Ambiental emitida por la autoridad competente de la Rca. Oriental del Uruguay y documento final emitido por ésta Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte de la República Argentina. 

3. Se entregue copia de la Evaluación de Impacto Ambiental final, aprobada por el Estado hermano de la República Oriental del Uruguay. 

4. En esta inteligencia, se entregue copia completa del Expediente de intercambios y requerimientos de cumplimiento de las solicitudes  y respuestas técnicas de la Delegación Uruguaya, en su totalidad, tanto de la gestión o delegación saliente del gobierno precedente, como de la nueva Delegación Argentina. 

5. Sin perjuicio de lo anterior, solicitamos la documentación integral correspondiente al acto administrativo del Ministerio de Ambiente de la República Oriental del Uruguay de clasificación o categorización, de acuerdo al Decreto 349/005 del Proyecto de profundización a – 14 m. 

6. En reemplazo de la documentación expuesta, se identifiquen los links de acceso a los mismos de encontrarse así publicados. De no existir dichos vínculos informáticos, se nos informe las razones de su no publicación. 

7. En nuestra comprensión, atento la difusión pública más que amplia de la noticia del acuerdo arribado, la Delegación de la República Oriental del Uruguay, a través siempre de la Comisión Administradora del Río de la Plata CARP, en enero de 2024, habría presentado “papeles” y la República Argentina comunicó, casi de inmediato, 4 días después, a través de la CARP, que la documentación presentada “resulta completa y suficiente para que la República Argentina evalúe el efecto probable que la obra ocasionará a su Interés de la navegación o al régimen del río.” Y “que en consecuencia la República Argentina comunica a la República Oriental del Uruguay que, analizada que fuera la documentación completa recibida, no tiene objeciones que formular respecto del Proyecto de Profundización y Extensión del Canal de Acceso al Puerto de Montevideo a 14 metros.” Solicitamos, de no estar en los puntos requeridos precedentemente, toda la documentación final acompañada y aquí precedentemente señalada, que dio viabilidad al proyecto que nos ocupa. 

8. Se nos informe las publicaciones realizadas en el Boletín Oficial de la Nación de la totalidad de los actos administrativos e informes precedentemente enunciados y solicitados. 

9. Se nos haga llegar copia certificada de todos estos documentos, de no existir oficialmente en portal web, y se nos entregue copia del acuerdo bilateral suscripto, conforme el anuncio oficialmente. 

La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas manifiesta su particular preocupación por la celeridad del proceso señalado y la conformidad prestada, más aún teniendo en cuenta los antecedentes existente en la cuenca del río Uruguay, sobre la importancia del intercambio de información sensible en términos ambientales como de reciprocidad en la gestión de las cuencas compartida con la hermana República del Uruguay, por lo que sorprende la celeridad de la nueva gestión de gobierno en la viabilización técnica como política y el comunicar su consentimiento para la obra señalada. Estas razones dan fundamento a la necesidad de acceder a la documentación requerida por medio del instrumento de acceso a la información pública ambiental utilizado por la Asociación. 

Contacto: Jorge Daneri / jorgedaneri@hotmail.com

Emergencia ambiental: Incendios revelan los riesgos de avanzar con la Ley Ómnibus

Estamos en medio de la emergencia desatada por los devastadores incendios forestales que azotan nuestras tierras. Por eso, desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) expresamos nuestra más profunda preocupación y rechazo categórico hacia las regresiones ambientales que se intentan avanzar, incluidas la Ley de Manejo de Fuego y de Control de Quema, en el marco de la Ley Ómnibus.

En un contexto de crisis climática, con récords de sequías y altas temperaturas, avanzar en la derogación de leyes como la de manejo de fuego y quemas es un grave retroceso. La crisis ambiental y sus desafíos requieren de una intervención activa y coordinada por parte de autoridades nacionales, provinciales y locales para garantizar el cuidado de nuestros bienes comunes y la salud de la población.

La lógica mercantilista, basada únicamente en la rentabilidad y la explotación desregulada de los ecosistemas, ha demostrado una y otra vez ser totalmente ineficiente y perjudicial para el ambiente y las comunidades. El rol del Estado es protagónico a la hora de establecer y promover políticas ambientales sólidas, que puedan sentar los primeros pasos hacia una verdadera justicia ecosocial. 

La situación en las áreas afectadas, como el Centinela dentro del Parque Nacional Los Alerces, el Alto Río Percy, y el Arroyo Crettón en el Parque Nacional Nahuel Huapi, refleja la urgencia de fortalecer nuestras leyes ambientales en lugar de debilitarlas. Los incendios actuales son una clara muestra de por qué es imperativo mantener y reforzar la estructura institucional y social que es capaz de ofrecer respuestas rápidas ante este tipo de catástrofes. 

Los incendios forestales requieren de una acción coordinada de los organismos estatales como el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y Parques Nacionales. La precarización laboral, falta de recursos y la intención de derogar el presupuesto mínimo destinado a combatir estos desastres ambientales representarían una enorme negligencia de cara a los escenarios que, científicos y especialistas, vaticinan para estos ecosistemas. 

La flexibilización de las acciones de quema y la derogación de prohibiciones en el cambio de uso del suelo después de un incendio son medidas inaceptables. Que benefician solamente a ciertos sectores de alto poder adquisitivo que pueden realizar negocios sobre las tierras arrasadas, y van en detrimento de la población que depende de estos ecosistemas para su salud y bienestar. 

Desde nuestras organizaciones, exigimos a los/as diputados/as nacionales que rechacen categóricamente las modificaciones propuestas a la Ley de Glaciares y otras normativas ambientales. La preservación de nuestros ecosistemas y el bienestar de nuestras comunidades precisa de estructuras que trasciendan a los intereses particulares. La defensa de los bienes comunes y la preservación de nuestro patrimonio natural son cuestiones que trascienden cualquier agenda política o económica. 

La mirada vigilante de toda la sociedad está puesta en este momento crucial sobre ustedes.