Archivos de categoría: Comunicados

Comunicados oficiales de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas dirigidos a prensa, medios especializados, funcionarios públicos en todos sus niveles, activistas y otros integrantes de la sociedad civil.

Organizaciones Ambientalistas Denuncian Lobby Minero Contra La Ley De Glaciares

Desde las organizaciones ambientalistas y sociales expresamos nuestra profunda preocupación y nuestro total repudio ante la escandalosa maniobra de lobby que están realizando las grandes mineras transnacionales en el Congreso Nacional en el tratamiento de la Ley Ómnibus.

El intento de modificar regresivamente la Ley de Glaciares es un claro ataque a la protección ambiental y a los bienes naturales estratégicos de nuestro país. La Ley de Glaciares es una pieza fundamental de legislación ambiental que busca preservar uno de los ecosistemas fundamentales para la vida y trabajo de nuestra población. Este ataque es inaceptable y evidencia la influencia desproporcionada que las grandes corporaciones mineras tienen sobre nuestra democracia, específicamente sobre los gobiernos provinciales y el Congreso Nacional. Estas modificaciones regresivas buscan autorizar la actividad minera en zonas actualmente protegidas, donde se encuentran glaciares y ambiente periglaciar, permitiendo su destrucción, perjudicando gravemente el equilibrio ecológico y la calidad de vida de las comunidades que dependen de estos ecosistemas.

Si las regresiones a la Ley de Glaciares efectivamente son aprobadas será únicamente porque los poderes provinciales y diputados nacionales han cedido ante el lobby de las grandes mineras transnacionales. No hay otra explicación posible para ir en contra de la vida y salud de la población y de las aguas de nuestro territorio. Los representantes provinciales tienen la responsabilidad histórica e institucional de demostrarle a la población que no ceden ante el lobby minero.

Desde las organizaciones sociales y ambientales de todo el país, exigimos a los diputados nacionales (de todos los partidos) que rechacen categóricamente las modificaciones a la Ley de Glaciares. La mirada vigilante de todo el país, la memoria popular y la historia política observan de cerca lo que sucede en este momento crucial.

#LaLeyDeGlaciaresNoSeToca

ADHESIONES ORGANIZACIONALES

Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nóbel de la Paz y Presidente Honorario del Servicio Paz y Justicia

Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE)

Amnistía Internacional Argentina

Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas (AAdeAA)

Greenpeace Argentina

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Multisectorial Humedales (MH)

Multisectorial Golfo San Matías

Rebelión Científica Argentina

Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur

Colectiva Ecofeminista y Socioambiental Mirá

Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra – UTT

ANDHES (Abogados y abogadas del noroeste argentino derechos humanos y estudios sociales)

Frente Popular Darío Santillan (FPDS)

Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP)

Asamblea en defensa del Agua y del Territorio, Ing. Jacobacci, Río Negro

Asamblea No a la Mina Esquel. Chubut

Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes (GyBC – UBA- IEALC)

Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y Colectivos Afines (Red Calisas)

Pañuelos en Rebeldía

XR Argentina
Asamblea El Algarrobo. Andalgalá

Tierra para Vivir – Marabunta”

Museo del Hambre

Observatorio Petrolero Sur

El Paraná no se Toca

Asociación Patrimonio Natural

Viernes por el Futuro Rosario

Diálogo 2000 – Jubileo Sur Argentina

Frente Rural La Dignidad Córdoba

Asociación de Guías de Turismo de la provincia de Santa Cruz.

Poder Popular

Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos

Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria Río Cuarto
Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos

Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir

Grupo Güerta y Energía Concepción del Uruguay Entre Ríos

Taller de Comunicación Ambiental (Rosario)

Movimiento político ecológico de raíz

Alianza por el Clima.

Movimiento para el reconocimiento y transformación del pueblo Mrtp

Campaña Fuera Mekorot

Ambiente en Lucha

Espartaco (organización de jóvenes humanistas)

Asamblea por un Mar Libre de petroleras, Mar del Plata

Defensores del Pastizal
Multisectorial Comarca Marítima Viedma-Patagones-El Cóndor

Asamblea Vecinal Ramallo

Observatorio de Derecho Indígena

Asamblea de la Comunidad Costera de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Asamblea por la Tierra y el Agua Fiske Menuco

Asociación civil por la Justicia ambiental AJAM

Asamblea no a los Agrotóxicos en San Jose y Colon (Asamblea de Perucho). Entre Rios

Asamblea de trabajadores del arte Nicoleñx

Kula Earth Asociación Civil

Asamblea Socio Ambiental Campana (ASAC)

Asamblea En Comunidad por la Cultura. Las Grutas

Asamblea Agüita Pura para San Juan

Ecoderecho ar

Asamblea vecinal autoconvocada “Yo amo a mis sierras”, de san Francisco del monte de oro, san Luis.

Nodo Argentina de la REd latinoamericana Iglesias y Minería

Be. Pe. – Bienaventurados los Pobres, asociación civil de Catamarca y Santiago del Estero, Personería Jurídica N° 108/85

Asociación Civil Tierra Unida Activa (Alpa Corral. Córdoba)

Comunidades Eclesiales de Base de Catamarca

Paren de Fumigarnos Mar del Plata

Red de Jóvenes en Defensa de los Territorios

Somos Monte Chaco

SoliVerde – Collectif

Consciente Colectivo

Movimiento Popular la Dignidad Córdoba

Movimiento Agroecológico de Córdoba

Equipo de Animación Provincial de Justicia, Paz e Integridad de la Creación. Misioneros Claretianos Provincia San José Del Sur

Fundación R.E.VERDECER-SALTA , la Creación. Misioneros Claretianos, Provincia San José del Sur

En Comunidad por la Cultura de del Golfo San Matías
Asamblea por la Tierra y el Agua Las Grutas
COLECTIVO LGBTTTIQ+ Golfo Diverso

Colectivo Organizado por la Salud de los Pueblos.

Centro Ecuménico de Educación Popular CEDEPO

Correntinos contra el cambio climático

Comunidad Warpe Lahue Xumec Hijos del Sol Colectivo Ciencia y Territorio (Puerto Madryn, Chubut)

Ecos de Mar, Mar del Plata

Asamblea Abierta en Defensa de la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria Costanera Norte

Red Ecosocialista

Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones

Multisectorial Humedales – Paraná

Asociación Ambientalista del Partido de Escobar ( Buenos Aires)

Asociación Ambientalista Los Talares (Maschwitz, Buenos Aires)

Agenda para el Futuro

Asamblea Vecinos de Viedma y Patagones
Asamblea Riojana Capital

Árbol de Pie, Bariloche

Asamblea Ecoambiental Luján (bs as)

Asociación Civil Un Árbol Más

Asamblea por la vida Chilecito

Defensoras del Agua del Famatina

Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps)

Agrupación Alternativa del CURZA, Universidad Nacional del Comahue

Red Bosques Políticas y Territorios

Solidaridad y Misión – Misioneros Claretianos de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay

Asociación Civil Vamos A Hacerlo

Asociación Civil Circuito Verde Bariloche

Salvemos los Humedales Villa Constitución

Somos Monte Chaco

Asamblea ciudadana ambiental de Gualeguaychú

Organización de Ambientalista Autoconvocados

Colectivo de investigación-acción “Al Borde. Construyendo pensamiento indisciplinado” (CIG/IdHICS – UNLP/CONICET)

Asociación civil Mujeres Emprendedoras Mendoza

Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA)

Mesa Provincial de Barrios Populares Mendoza

Fundación Cebil – Salta

Unión de Escritoras y Escritores

Sustentabilidad sin Fronteras

Vecinos en defensa de Los Cardales y Río Luján – Asociación Civil- Vecinos

del Humedal

Autoconvocades Ushuaia

Colectivo del Orgullo LGBTTIQ+ TDF (comisión organizadora de la marcha LGBTTIQ+)

Red Diversa Positiva (ONG)

Vecinos por la Ecología

Movimiento Político Ecológico De Raíz

Círculo Soberanía Alimentaria UNSAM
Revista Mutante, Mendoza. Medio de comunicación desde estudiantes y egresadxs de carreras audiovisuales y artísticas.

Colectivo de Derechos Humanos Yopoi.

SaSa (Tucumán)

Asamblea Popular Ushuaia

Movimiento por el agua (MoPEA), Santa Fe

Vecinos Autoconvocados por la vida.

Proyecto Montecito

Andalgalá Mujeres del silencio. Andalgalá.

Asamblea Agua Clara . Choya. Andalgalá

Defensas de la Costa, Santa Fe

Cooperativa Eco-Candioti, Santa Fe

Foro Santafesino por la Salud y el Ambiente
Asociación Defensa del Ciudadano (ADECI), Santa Fe

Alianza x el Clima

Asamblea del Mallín en Defensa del Agua y la Tierra (Comarca Andina, Rio Negro y Chubut)

RedGFU, Instituto de yoga Acuarius, Asociación civil sin fines de lucro Tunuyán, Mendoza.

Asamblea Popular por el Agua, Mendoza

Asociación De Profesionales De Salud La Matanza (A.P.S- La Matanzas)

Humedales La Plata, Berisso, Ensenada

Cátedra Ambiente y Nutrición, Facultad de Ciencias Médicas, UNLP

Asamblea por el Agua San Rafael.

Asamblea Socioambiental de la Zona Este de Mendoza

Asamblea Tupungato por Agua pura

Las Pibas del Agua. Mendoza

Asamblea de Técnicos en Conservación de la Naturaleza. Mendoza

Asamblea de Pibes Autoconconvocades San Carlos Mza

Conciencia Ecológica

AmbientArg

Adhesión Foro INFANCIA ROBADA-Comodoro Rivadavia-Chubut

Centro de Protección a la Naturaleza. CeProNat Santa Fe.

CADA (Cerro Azul Despierta Asamblea) Sierras Chicas de Córdoba

Asamblea Maipucina por el Agua (Maipú, Mendoza)

Fundacion Pedemonte-Mendoza

350 América Latina – Argentina

SOS Adoquines Platenses

Verdesierto: Divulgación Geológica y Natural

Vecinas Autoconvocadas Humedal Urbano Génova (VACHUG)

Red Plurinacional de Pueblos Fumigados

Asamblea por el Árbol – Mendoza

Asamblea de Gaiman en defensa del medioambiente (Chubut)

Feria de la Economía Solidaria por el Buen Vivir, Capilla del Monte

Asociación Be. Pe. Bienaventurados los Pobres, de Catamarca y Santiago del Estero, Personería jurídica N° 108/85

Asamblea Inundados Tolosa (AIT) de la ciudad de La Plata

Encuentro de Pueblos Fumigados de la Provincia de Buenos Aires

Propuesta Sur (Rosario)

Asociación Civil Capibara, Naturaleza, Derecho y Sociedad (Santa Fe)

Red Jarilla de Plantas de la Patagonia

Kalu Verde (comercializadora Agroecologica de Mendoza)

Asamblea por el Valle de Uspallata

Movimiento Político Ecológico De Raíz

Taller Ecologista

Ambiente Plurinacional (FPDS CP)

Colectiva corazón del tiempo

Asamblea en defensa de la Cuenca del Río Epuyén (AdCRE) Asociación Civil (Chubut)

Federación Argentina de Espeleología, Malargüe, Mendoza

Fundación Cullunche – Mendoza

Asamblea Ambiental Vecinal de Villa Las Selvas ( Córdoba, Salsipuedes)

Ecoasamblea El Boquerón (Pcia de bs as)

Exaltación Salud

Preservando el Parque de la Vida

Asamblea Provincial Pucará, Catamarca

Artículo 41

SUBVERSIÓN

Asamblea de Las Heras por el Agua Pura de Mendoza.

Radio Semilla – CABA

Asamblea barrial Sicardi, Garibaldi, Correas y Arana

Organización Ambientalista Unidos por Nuestras Acequias (Córdoba)

Pueblos por el Agua. Quebrada y Puna Jujeña

Comunidad por la Naturaleza, Santa F

Coordinadora por el Cambio Social

Federación Argentina de Espeleología

VECINOS POR EL AMBIENTE PUNILLA (CÓRDOBA)

Colectivo Habitantes del Arroyo El Pescado. La Plata, Provincia de Buenos Aires.Comarca Sustentable – El Bolsón – Río Negro

Asamblea Socioambiental de San Martín de los Andes

Madre Tierra – Grupo de estudio sobre Ecología Profunda – El Bolsón – Río NegroDaniel Gutiérrez

Un Árbol Asociación Civil

La Champa, Brigada Forestal Comunitaria – Traslasierra, Cba.

Liga Argentina por los Derechos Humanos Santa Fe

Área Protegida Ambá

Asociación de Medicina Rural

Asociación Civil Germinar Zona Norte

Asociación ambientalista Ecochutunzo de San Francisco del monte de oro prov. San Luis

Mercadito Agroecológico del Valle de Uco, Mendoza

Asamblea Por El Monte Salsipuedes Córdoba

Asamblea Salsipuedes Nopuede Dormir Córdoba

Asambleón de Asambleas Ambientales de Sierras Chicas Córdoba

Asociación. CIVIL Palabras santa fe

Asamblea Vecinal Inundados Villa Elvira ( AVIVE ) de la ciudad de La Plata.

Asociación civil Bahía Encerrada – Ushuaia (Tierra del Fuego)
Asamblea Mar Libre de Petroleras Partido de la Costa

Observatorio del Derecho a la Ciudad

El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos.

Colectivo Reciclador

El Reciclador Urbano

Escuela de Agroecología Urbana La Margarita

Conciencia Agroecológica 9 de Julio

Cátedra Libre de soberanía Alimentaria 9 de Julio

Red del Río Luján (Buenos Aires)

Conciencia Solidaria ONG – Al Cuidado del Medio

Mesa provincial no a las Represas(Misiones) Ambiente, El Equilibrio Ecológico y los DD.HH Asociación Civil

Museo del Hambre

Seminario Interdisciplinario sobre el Hambre y el Derecho a la Alimentación Adecuadachacra

Cátedra libre de Soberanía Alimentaria. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. UNCuyo. Mendoza

Asociación Civil Monte Vivo, Salsipuedes

GEA: Grupo de Ética Ambiental. SADAF

Red de Plantas Saludables por el Buen Vivir

Naturaleza de Derechos

Movimiento Agroecológico de Chaco

Consejo Ambiental Cuenca del Anisacate

Asociación de Guías de Turismo de la provincia de Santa Cruz.

Movimiento Antinuclear Zárate Campana

MARA Movimiento Antinuclear de la República Argentina

El Paraná No Se Toca- Rosario, Santa Fe.

Colectivo Marcha Plurinacional de los Barbijos.

Paren de Fumigarnos-Tucumán

Asociación Civil El Buen Vivir Luján

Feria Agroecológica El Buen Vivir Luján

MAyA – Mesa por el Agua y el Ambiente de Alta Gracia (Córdoba)

Colectivo Social Todxs por Nuestros Arroyos (Alta Gracia, Córdoba)

Grupo de Etnobiología-FCEyN-UBA

Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe (GEAL, IEALC)

Multisectorial Bariloche

Ecos de Saladillo

Defensa Animal Asociación Civi

La Dársena, Plataforma de Arte y Pensamiento Situado.

Grupo de estudio y trabajo junto a comunidades indígenas FAUBA

Multisectorial Somos Ambiente Colón Entre Ríos

Coop Feria Popular Colonense Ltda Colón ER

Asociación Civil CASa – Comunidad de Artistas de Salta. P. J. N° 7322

Consejo Ambiental Cuenca del Anisacate

Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria (REDASA)

La Dársena Plataforma de Arte y Pensamiento Situado

Círculo Argentino de Agroecología. CirAA.

Grupo Interdisciplinario de Trabajo por la Salud Ambiental (GITSA, Trenque Lauquen, provincia de Buenos AiCEYDAS (Centro para el Estudio y Defensa de las personas Aves Silvestres)

Asamblea Semillas Libres YA!

Multisectorial contra el Agronegocio- La 41

Red de Plantas Saludables por el Buen Vivir

Coordinación Multisectorial Bariloche

Espacio Intercuencas

Asamblea Barrial de Beccar

Asociación Civil para Todos lo que es de todos, San Isidro, Provincia de Buenos Aires

FAI – Feminismo Antiespecista Interseccional

Adarsa, Asociación de Amigos del Río San Antonio, San Antonio de Arredondo, Córdoba.

Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe

Asociación Civil Pro Eco grupo ecologista, RENACE

Xumek, Asociación civil para la promoción y protección de derechos humanos, Mendoza.

AMPU – Asamblea Multisectorial de Punilla – ONG Libera Tucumán

Equipo Misionero de Pastoral Aborigen (EMIPA)

Asamblea Vecinal de Valle Hermoso, Córdoba

Brigada de Defensa Ambiental Valle Grande, Córdoba

Somos Más Río, Menos Basura

COA (Club de Observadores de Aves) Calandria, Rafaela. Aves Argentinas.

Attac Argentina

Periódico Virginia Bolten

Comunidad verde/ Reserva natural Tigre

Asamblea Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente (Sastre/María Juana – pcia. Santa FE)

Colectivo Paren de Fumigar Cordoba

Batuqueres La Plata

Espacio EnRED contra las violencias hacia las mujeres y diversidades – INTA AMBA

Armando redes contra la violencia de género – Sáenz Peña, Chaco

Asociación Cultural Argentino Brasilera A Turma da Bahiana

Afrovoces

Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM)

Columna Antiracista

Red Feminista de Trabajadoras del Estado en Territorio – Chaco

Fundación Estepa Viva, Río Grande, Tierra del Fuego

Fundación Alas de las Yungas Tucumán

Asamblea Socioambiental de El Trapiche, San Luis.

Asocacion de Medicina Rural

Escritores Insurgentes y defensores de los bienes comunes y Derechos de los Pueblos Originarios

Sociedad Argentina de Bioética y Derechos Humanos

Asamblea Ecoambiental Luján (bs as)

Asamblea Autoconvocada Marcos Paz

Asamblea Vecinos del Chavascate. Sierras Chicas de Córdoba

Instituto de Salud Socioambiental, Asociación civil Salud Socioambiental

Sociedad Argentina de Bioética y Derechos Humanos

Rechazo al Proyecto de Dictamen de Ley Ómnibus

Lunes 22 de Enero 2024

CARTA ABIERTA A LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS NACIONALES POR EL DICTAMEN DE LEY ÓMNIBUS

Estimadas y estimados diputados y diputadas nacionales,

Nos dirigimos a ustedes en representación del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), con el propósito de expresar nuestra profunda preocupación y rechazo categórico hacia la versión de dictamen del proyecto de Ley Ómnibus que actualmente se encuentra en circulación. Consideramos que este dictamen, aún con las modificaciones propuestas, sigue representando una clara regresión ambiental y una amenaza seria para el estado democrático de derecho y los principios fundamentales de justicia republicana que son parte

Habiendo realizado un análisis detallado del borrador circulante, queremos destacar como especialistas en materia socioambiental que las modificaciones introducidas son altamente preocupantes, inadmisibles por lo profundamente regresivas respecto de la legislación de protección ambiental vigente y los estándares internacionales.

De manera concreta nos referimos a:

Ley de Glaciares: Glaciares y ambientes periglaciares, ahora protegidos, ya no lo estarán y podrían ser destruidos, de aprobarse el texto del dictamen. Las modificaciones propuestas allí para cambiar las definiciones de glaciar y ambiente periglaciar tienen un claro objetivo de reducir notoriamente el área protegida. Esta regresión de proyección ambiental será utilizada para avanzar con actividades extractivistas (megaminería fundamentalmente) sobre estos ecosistemas.
Ley de Bosques: A pesar de las modificaciones respecto de la redacción original, la desfinanciación de la ley y otros cambios impuestos siguen representando una amenaza significativa a la preservación de nuestros bosques, comprometiendo la biodiversidad y la sostenibilidad de nuestros ecosistemas.
Ley de Manejo del Fuego: Se derogan las prohibiciones de cambio de uso del suelo después de un incendio, lo cual representa una clara regresión en la protección de los ecosistemas, promoviendo actividades que se dicen “productivas” pero que pueden tener consecuencias ambientales devastadoras. Los humedales, pastizales y bosques serán los principales perjudicados que, además, fueron los protagonistas de los últimos grandes incendios intencionales para cambios de uso de suelos.
Autorización de Quema: Aumento de 30 a 90 días para la autorización de quema. Esto representa, de manera tácita, la aprobación y la desregulación de las quemas en todo el territorio nacional. Este cambio sigue siendo erróneo ya que nunca debiera haber una actividad de quema sin autorización expresa de autoridad competente. La necesidad de controlar actividades que perjudican la salud de la población, que tienen un impacto ambiental significativo y que pueden desencadenar megaincendios (como ya es habitual en el contexto de agravamiento de la crisis climática), afectan de manera directa a las economías regionales y el entramado social.

En definitiva, la combinación del DNU 70/23, la derogación de la Ley de Tierras Rurales y este proyecto de Ley Ómnibus constituyen una amenaza inminente y concreta sobre la totalidad de los bosques, glaciares y humedales.

OTRAS REGRESIONES AMBIENTALES QUE SE MANTIENEN EN EL PROYECTO

Adicionalmente, este proyecto representa otros peligros en materia socioambiental que por sí solos ameritarían su rechazo.

Si bien Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y Nucleoeléctrica ya no aparecen como empresas públicas sujetas a privatización total (aunque si aparecen sujetas a privatización parcial) en este proyecto, la privatización de las empresas públicas del sector energético, tanto nacionales como provinciales, intensificará y profundizará la dependencia en materia energética, en todas las etapas. Esto no solamente tiene un impacto social debido al valor de la tarifa energética, generando mayor pobreza energética, sino que también ocasiona desbalances macroeconómicos al afectar la balanza de pagos. Todo esto posterga y demora innecesariamente el inicio de una transición energética, a la cual el mundo se dirige inexorablemente y que Argentina precisa poner en su propia esfera, como un ámbito estratégico.

Se propone la privatización de la Administración General de Puertos (en adelante “AGP”), consolidándose las políticas hacia la privatización de los ríos, en particular, el Paraná, imposibilitando aún más el control nacional y provincial sobre nuestra principal vía de exportación y negando la gestión pública, en el contexto del federalismo de concertación, negando la titularidad de las provincias de sus bienes naturales.

A su vez son hechos altamente preocupantes la creciente desregulación del sector minero y la profunda desregulación sobre la propiedad de las semillas, aspectos que comprometerían la soberanía nacional y la salud de nuestras comunidades.

Décadas de experiencia acumulada como Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial nos llevan a concluir que este proyecto, en su forma actual, constituye un claro retroceso y debe ser rechazado en su conjunto.

FACULTADES DELEGADAS, DEMOCRACIA Y CRISIS ECOLÓGICA

Por otra parte, queremos manifestar expresamente nuestro rechazo a la propuesta de Declaración de Emergencia Pública y Delegación de Facultades sobre al menos 11 materias diferentes -sea cual sea el plazo fijado para el otorgamiento de esas “facultades delegadas”- puesto que colocarían al Poder Ejecutivo Nacional en la situación de volver a imponer -ya sin la intervención del Congreso de la Nación- las reformas regresivas que pretendió impulsar inicialmente, no solo en materia ambiental, sino en todos los demás asuntos y materias comprendidas en el proyecto de ley (Salud, Educación, Cultura, Jubilaciones, Consumidores, Privatizaciones, Retenciones, Impuestos y muchas otras).

Las Facultades Delegadas -expresamente prohibidas por la Constitución Nacional- provocarán un avasallamiento de la democracia constitucional argentina, configurándose con ello el supuesto en donde el Presidente de la Nación -por decisión del parlamento- adquiere “facultades extraordinarias” y la “suma del poder público”, con poder y discrecionalidad que lo habilitan a imponer “sumisiones” y ejercer “supremacías”, bajo la forma de únicato decisionista, convirtiendo nuestro estado en autocrático, de excepción e inconstitucional. El mismísimo Art. 29 de la Constitución originaría de 1853, advirtió que “…actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.

No podemos pasar por alto las groseras deficiencias y vicios democráticos que tiene este proceso en cuanto a la falta de deliberación, transparencia, publicidad, participación y sobre todo, tiempo razonable para debatir abiertamente. Todos sabemos, tanto la sociedad como los miembros del Congreso, que los funcionarios de gobierno que participaron en las audiencias públicas no fueron los que elaboraron el proyecto de Ley Ómnibus. Por el contrario, quienes lo elaboraron ni siquiera son parte del gobierno o del Estado. El mejor ejemplo de la inconducencia de estas audiencias es que el nuevo dictamen oficial es tan regresivo en materia ambiental como el original. Evidentemente, los sectores que se beneficiarán con estas reformas encontraron una oportunidad de hacer una política pública, escribiendo sin ningún escrutinio público ni pudor, leyes para beneficio propio.

Por último, la humanidad es cada vez más consciente de la emergencia climática y socioambiental que atraviesa nuestro planeta. Temperaturas cada vez más extremas y variables, eventos cada vez más frecuentes como los tornados, incendios, inundaciones y sequías, azotan nuestro país e interpelan de modo directo los modelos de desarrollo hegemónico. Para hacer sostenible la vida, se hace cada vez más necesario pensar una economía adaptada a la crisis climática y a la defensa del planeta. Más que nunca debemos fortalecer las legislaciones e institucionalidades ambientales, en lugar de debilitarlas. Sin embargo, en vez de preguntarnos por políticas públicas integrales que asuman desde una perspectiva a la vez nacional y global, los grandes desafíos del siglo XXI (protección de los bienes comunes, transición energética y ecosocial justa, adaptación y mitigación al cambio climático), la Argentina se instala a contramano, aislándose con posicionamientos negacionistas y retrocediendo con políticas públicas privatistas, corporativas y neocoloniales de corte devastador, propias de lo peor de los siglos XIX y XX.

Por todo ello, exhortamos a cada uno de ustedes a considerar la gravedad de las implicancias de este proyecto y a votar en contra del mismo. Cada voto en contra de estas iniciativas debe ser un acto de defensa de la soberanía, de la salud de nuestras comunidades y de respeto al ambiente y la Naturaleza.

Agradecemos su atención a este asunto crítico y confiamos en que tomarán la decisión que mejor responda a los intereses del pueblo argentino y la preservación de nuestros ecosistemas y sociedades que dependen de ellos.

Quedamos a entera disposición ante cualquier duda o consulta.

Atentamente,

Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas

Elsztain, Macri, Caputo y Barrick Gold, los beneficiados por el DNU y la Ley Ómnibus

enero 18, 2024

La Asociación de Abogadxs Ambientalistas alerta que las modificaciones que propone el Gobierno en materia ambiental son una “invitación a la destrucción”. La desprotección de bosques, glaciares y humedales favorece a un puñado de empresarios. “Los diputados deberán decidir si están del lado del lobby o de los intereses de la sociedad y la naturaleza”, afirman.

*Exposición de Enrique Viale realizada en representación de la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, el 15 de enero en la Cámara de Diputados de la Nación, en el marco del debate en comisiones por la aprobación del proyecto de Ley Ómnibus.

Publicada en Agencia Tierra Viva

Estamos en un momento clave, histórico, preocupante. El proyecto de Ley Ómnibus y el DNU 70/23 son manifiestamente inconstitucionales, afectan el Estado de derecho y el sistema republicano de gobierno. Atacan la república, violan el Acuerdo de Escazú, que no permite la regresión ambiental. Ambos son un claro ejemplo de regresión ambiental.

Hasta hace poco estábamos debatiendo en el Congreso de la Nación si sancionábamos una Ley de Humedales. Ahora retrocedimos y estamos debatiendo leyes sancionadas hace quince años: la Ley de Bosques y la de Glaciares. Estábamos discutiendo el siglo XXI y nos llevaron a discusiones del siglo XIX.

Estamos viviendo olas de calor nunca vistas, tormentas —como la reciente en Bahía Blanca o en la ciudad de Buenos Aires—, incendios forestales y de pastizales. En el último tiempo, el 12 por ciento de la provincia de Corrientes, por citar un ejemplo, se prendió fuego. En Rosario, otro ejemplo, la gente usaba mascarillas por el humo y los hospitales estuvieron colapsados. Todo esto parece una serie distópica de Netflix.

Hemos normalizado estos hechos. Vivimos en una ceguera ecológica.

Los diputados y las diputadas de la Nación saben de lo que estamos hablando porque la gente de sus provincias lo padecieron y lo van a seguir padeciendo.

También atravesamos una sequía histórica, potenciada por los efectos del cambio climático global y la destrucción local de bosques nativos y humedales, que nos hizo perder más de 20.000 millones de dólares. Las quemas de esos territorios destruyeron las economías regionales. La sequía mostró la relación estrecha que existe entre los modelos de (mal)desarrollo vigentes y crisis climática.

En la región más desigual del planeta, América Latina, no es casual que los mapas de la pobreza coincidan con los del extractivismo. Ese mismo extractivismo que alienta el proyecto de Ley Ómnibus y que nos va a salir muy caro, incluso económicamente.

Este año la Unión Europea anunció que no autorizará importaciones de carnes y granos de lugares con desmonte. Y en Argentina se busca cambiar la Ley de Bosques. En este país perdimos ocho millones de hectáreas de bosques, el equivalente a la provincia de Entre Ríos, desde que se aprobó la soja transgénica.

Todos los debates internacionales están atravesados por la problemática ambiental. Resulta geopolíticamente relevante abandonar la ceguera ecológica. Menos bosques y menos glaciares equivale a más crisis climática.

https://youtube.com/watch?v=DdfAoOCpj8s%3Ffeature%3Doembed

Una reforma a pedido de los empresarios

Pero esta Ley Ómnibus tiene nombres y apellidos. El cambio de la Ley de Bosques tiene nombre y apellido: Eduardo Elsztain. El dueño del hotel donde estaba alojado hasta hace poco el presidente Javier Milei es también dueño de Cresud. Es el mayor terrateniente de Argentina: tiene casi un millón de hectáreas. ¿Saben cuánto desmontó ya Eduardo Elsztain, el dueño de Cresud, en Salta? 120.000 hectáreas. Es el equivalente a seis veces la ciudad de Buenos Aires. ¿Saben cuánto tiene planificado desmontar en su finca Los Pozos, en una zona hoy protegida por la Ley de Bosques? 150.000 hectáreas más. Si sale esta ley, las va a destrozar.

Otro beneficiado: Mauricio Macri, a través de su empresa Socma y la Finca Yuto. Esta firma ya desmontó 6.000 hectáreas. Y está pidiendo recategorizar zonas amarillas, que es lo que se quiere cambiar con esta reforma; 10.000 hectáreas es lo que planifica desmontar.

Los beneficiados por la Ley Omnibus tienen nombre y apellido: Eduardo Elsztain, Cresud — El multimillonario Eduardo Elsztain y el presidente Milei – Foto: Télam

Otro beneficiado: Luis Caputo, actual ministro de Economía. Ya desmontó 500 hectáreas en el departamento Copo en Santiago del Estero y tiene miles de hectáreas más por desmontar.

Con la Ley de Glaciares ocurre lo mismo. Los glaciares son “fábricas de agua”, allí nacen muchos de los ríos de nuestro país que van dando vida y trabajo a su paso. Con esta reforma pretenden avanzar sobre estos ecosistemas, a pedido de otra empresa: Barrick Gold. Las modificaciones en la Ley de Glaciares que plantea la Ley Ómnibus fueron escritas por los abogados de Barrick Gold.

Con la Ley de Quemas ocurre lo mismo. Se quiere aplicar el mismo modelo que aplicó Jair Bolsonaro en Brasil, y que impactó severamente en la Amazonía, sus ecosistemas y los pueblos indígenas que la habitan. Los beneficiarios de esta reforma son las empresas forestales, las del agronegocio y las del negocio inmobiliario.

En definitiva, el combo DNU, derogación de Ley de Tierras Rurales y proyecto de Ley Ómnibus es una invitación a la destrucción. De aprobarse, todos los bosques argentinos podrían ser desmontados, todos los glaciares destruidos, todos los humedales quemados. Estos ecosistemas serán sacrificados en el altar del agronegocio y de las grandes mineras transnacionales.

Hoy los diputados tienen una responsabilidad histórica. Los de Unión por la Patria, los de la Unión Cívica Radical, los del bloque de Miguel Ángel Pichetto (quien votó a favor de la Ley de Bosques, de Glaciares y la media sanción de la Ley de Humedales), los de la Coalición Cívica (“vienen por el agua”, decía Lilita: estos vienen agua, por lo glaciares, por los bosques). Más allá de los partidos, cada diputado de cada provincia tiene que volver a sus pagos y explicar, en Corrientes o en Santa Fe, por ejemplo, por qué votó en contra de la Ley de Quemas. Un diputado de San Juan, Mendoza o Santa Cruz le va a tener que explicar a sus hijos y a sus nietos por qué votó contra la Ley de Glaciares.

Van a tener que decidir de qué lado están. Si del lado del fuego, de los desmontes, de la destrucción de los glaciares o de la vida. Si del lado del lobby o de los intereses de la sociedad y la naturaleza. Tendrán que explicarles a sus hijos y nietos qué hicieron en 2024, cuando estaban en juego los bosques, los glaciares, los humedales.

Salvá las leyes ambientales: Una iniciativa de las ONGs para frenar los avances sobre los bosques y glaciares

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BUENOS AIRES, 15 DE ENERO, 2024. Organizaciones ecologistas, sociales e indígenas (1) lanzaron una petición para salvar las leyes ambientales de las modificaciones que se proponen en la Ley Ómnibus, que complementa el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia, ya que supone una puerta de entrada a la destrucción de bosques y glaciares en Argentina, entre otros ecosistemas, y consecuentemente una regresión ambiental en materia legislativa.

“Es urgente que alcemos la voz en contra de estas modificaciones que buscan desmembrar las leyes ambientales y flexibilizar su protección. Hace más de una década, más de dos millones de personas pidieron por la sanción de las leyes de bosques y glaciares, los hitos ambientales más importantes en la historia de Argentina. Es momento de que los legisladores tomen la decisión correcta, velen por el ambiente y resguarden los avances previamente obtenidos. Modificar estas leyes nos afecta a todos, y niega la urgencia de hacerle frente a la crisis climática y de biodiversidad en la que estamos”, aseguró Diego Salas, director de programas de Greenpeace Andino. “Utilizaremos todos los medios necesarios para proteger la institucionalidad ambiental argentina, los logros conquistados por miles de argentinos y argentinas para proteger el ambiente, y continuaremos nuestro trabajo para defender a la naturaleza”.

Bajo la premisa “Salvá Las Leyes Ambientales”, la ciudadanía podrá suscribir su firma a través de la página web salvalasleyesambientales.org y así contribuir a detener las modificaciones planteadas en el proyecto de Ley Ómnibus.

“En materia socioambiental, el proyecto de Ley Ómnibus enviado por el presidente Milei al Congreso Nacional es un golpe al corazón de la legislación de protección ambiental argentina, ya que se propone liquidar las dos leyes que mayor esfuerzo ciudadano costaron en los últimos quince años: la Ley de Protección de Bosques y la Ley de Glaciares”, sostuvo Enrique Viale, Presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Para obtener más información y participar en la campaña, entre aquí , o ingresando en salvalasleyesambientales.org

(1) Organizaciones que promueven la iniciativa: Greenpeace Argentina, Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), Fundación Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo, Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF), Confederación Mapuche de Neuquén, Organización Ecologista Piuke, Fundación Plurales, Sin Azul No Hay Verde, Proyecto Quimilero, Banco de Bosques, Ambient.Arg, Isla Verde, Fundeps, Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA), Consciente Colectivo, Circuito Verde, Centro Cultural Tewok, Cebil Fundación Cultural, ASOCIANA, Asociación Amigos de la Patagonia, Alianza por el Clima y Ahora Qué?, entre otras.

Amplio espectro de organizaciones de la sociedad civil rechazan la “Ley Ómnibus”

Más de 80 organizaciones ambientales y sociales rechazaron la Ley Omnibus presentada por el Poder Ejecutivo. Entre ellas, el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas. Se remitió una comunicación a la Cámara de Diputados de la Nación, expresando desacuerdo con el proyecto de “Ley Ómnibus” presentado por el Poder Ejecutivo nacional en diciembre. En la misiva, se destaca la preocupación ante las medidas propuestas, resaltando que estas representan significativos retrocesos en la legislación ambiental lograda con esfuerzo y eluden el derecho a un ambiente sano, reconocido en el artículo 41 de la Constitución de la Nación.

El proyecto pretende realizar reformas a leyes cruciales para la protección del ambiente, entre las cuales se incluyen la Ley de Bosques (26.331), la Ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema (26.562), la Ley de Glaciares (26.639) y la Ley Federal de Pesca (24.922).

En la carta, las organizaciones advierten que el proyecto de ley contraviene el principio de no regresión ambiental del Acuerdo de Escazú, un pacto internacional que establece que la legislación no puede empeorar la situación del derecho vigente. Evidentemente, las modificaciones propuestas en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo implicarían una disminución en los niveles de protección ambiental y, por ende, tendrían un impacto negativo en el bienestar de las personas.

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Península Valdés en Peligro: Cámaras de la economía regional, asambleas vecinales y organizaciones conservacionistas presentan una acción legal cuestionando la terminal petrolera en el Golfo San Matías

Ante el irregular avance del oleoducto desde Vaca Muerta al golfo San Matías.

Un amplio colectivo por el ambiente, la economía y la cultura le reclamó judicialmente al estado Chubutense prevenir y evitar el daño por la terminal petrolera del proyecto Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur. El bloque diverso presentó una acción legal en la provincia de Chubut por el ilegítimo avance del del proyecto para la realización de un ducto que transportará hidrocarburos desde Vaca muerta atravesando toda la provincia de Río Negro y parte de Neuquén y finalizará en un puerto de carga con dos monoboyas en el Golfo San Matías (Río Negro).

La iniciativa, presentada en el marco del segundo aniversario del Atlanticazo, destaca los riesgos y las consecuencias devastadoras que la terminal portuaria representa para la región. Es clave destacar que la fuerte conectividad oceanográfica y biológica entre el enclave donde se establecerá la terminal portuaria y el Golfo San José y el Golfo Nuevo; estos dos últimos componentes claves del entorno de la Península Valdés. Área ampliamente protegida, no solo a nivel provincial, sino también a nivel internacional por la Convención de Ramsar y por UNESCO en su carácter de Sitio de Patrimonio Mundial.

La acción fue interpuesta con fundamento en la inacción previa de la Provincia de Chubut en relación al puerto petrolero con enorme impacto en la región. Quedó radicada en el Juzgado Civil y Comercial de Puerto Madryn Titular del Juzgado Dra. María Laura Eroles. A través de un escrito se solicitó a las dependencias provinciales, conforme lo establece la ley XI 18, a tomar medidas preventivas y transparentar el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental e intervenir eficaz y activamente en él.

Entre las organizaciones que conforman la alianza están la Cámara de Turismo y Servicios de Península Valdés (CAPENVAL), la Asociación Red de Alquileres Temporarios de Puerto Madryn, el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), Asamblea Vecinal de Puerto Pirámides, la Asociación Argentina de Guías Balleneros, la Cámara Patagónica de Empresas de Avistajes de Ballenas, la Fundación Península Valdés Orca Research, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, la Fundación Greenpeace Argentina, la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación Patagonia Natural, la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo Península Valdés, la Asociación de Guías Profesionales de Turismo del Chubut y la Asamblea No a la Mina de Esquel.

Este colectivo refleja la preocupación de varios sectores de la sociedad civil que advierten que este puerto con dos monoboyas se emplazará a 30 km de la Península Valdés, afectando claramente la biodiversidad y la economía de las áreas marinas involucradas. Las infraestructuras costeras, se emplazarán en importantes enclaves de biodiversidad, con inmenso valor para las comunidades locales y actividades económicas que esta sustenta. El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, y su terminal petrolera es una clara amenaza al patrimonio biocultural, histórico, socio-productivo en la zona. En definitiva, a los bienes comunes, afectando principal pero no excluyentemente a la pesca artesanal y deportiva, turismo de avistaje de fauna, deportes acuáticos y buceo, entre otros.

Las organizaciones exponen la omisión antijurídica del estado chubutense al no implementar acciones y políticas preventivas, exponiendo al territorio, su biodiversidad y a miles de familias a un riesgo previsible de daño social y ambiental.

La reforma de la ley 3308 de Rio Negro, que protegía las aguas y costas del Golfo San Matias de la industria petrolera, hizo que vecinos, vecinas y organizaciones de distintas partes del país llevaran a la Justicia la modificación de la referida Ley con una acción de inconstitucionalidad que fue presentada ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en diciembre de 2022. El caso se encuentra actualmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La reforma que quitó la protección a San Matias viola el Acuerdo de Escazú, al carecer de transparencia y verdadera participación ciudadana. Además, atenta contra principios constitucionales de progresión y no regresión en materia ambiental, ya que desprotege al Golfo ante el avance petrolero.

Las organizaciones explicitan que, según la normativa provincial y nacional, la autoridad provincial de Chubut tiene la responsabilidad de adoptar medidas necesarias para la preservación de las condiciones naturales. La acción se funda en los artículos 38, 41 y 155 de la ley XI N° 35, Código Ambiental de la provincia, y el artículo 39 de la ley de Áreas Naturales Protegidas.

En la acción, las organizaciones manifiestan actuar en nombre de un interés colectivo: la preservación de los ecosistemas costeros marinos, su equilibrio ecológico, biodiversidad y las actividades turísticas, productivas y comerciales asociadas.

Las monoboyas petroleras amenazan a más de 150 especies marinas únicas en la región, la rica biodiversidad del Área Natural Protegida Península Valdés, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Se pueden mencionar entre ellas:

Colonias reproductivas del pingüino de Magallanes; una de las principales zonas de reproducción de la Ballena Franca Austral; sitios de anidación de aves playeras y costeras; colonias de lobos y elefantes marinos; sitios de caza de Orcas entre otros dependen de la calidad de las aguas del Golfo San Matias y se ponen en riesgo con este proyecto.

Un evento como el sucedido el pasado 28 de diciembre en la Ría de Bahía Blanca con la rotura de un ducto de carga de una monoboya similar a la instalarse en San Matías, tiñendo de petróleo crudo las aguas, tendría un impacto directo en la Península Valdés, ya que la circulación oceánica indefectiblemente lo arrastraría hacia allí. (1)

(2) también se puede citar como caso de derrame de crudo lo sucedido en Caleta Córdova en el 2007 con aproximadamente 300m3 de petróleo que impactaron negativamente a lo largo de 5km de costa en el Golfo San Jorge (es un ejemplo puntual de la Provincia)

En concordancia con el principio constitucional de no causar daño ambiental (Artículo 19 de la Constitución Nacional), las organizaciones exigen información detallada a la Provincia de Chubut sobre las medidas preventivas y la participación de los Chubutenses en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. Además, instan a la provincia a iniciar diálogos interprovinciales para abordar colectivamente los desafíos de la conservación de los bienes comunes.

Este llamado se basa en el derecho constitucional al ambiente sano, reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, respaldado por tratados internacionales como el Convenio de Escazú, que destaca la importancia del acceso a la información ambiental y la participación ciudadana en asuntos ambientales. Las organizaciones subrayan que la prevención es fundamental y que el acceso a la información es clave para tomar decisiones informadas y responsables. Se espera que la provincia de Chubut, en su papel de garante del derecho humano al ambiente sano, tome medidas efectivas y transparentes.

https://www.eldia.com/nota/2023-12-31-13-35-0-preocupa-un-tremendo-derrame-de-petroleo-en-bahia-blanca-que-paso–informacion-general

Sin límites para el saqueo: ataque al corazón de la legislación de protección ambiental argentina

Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo al proyecto de Ley llamado “Ómnibus”. Un detallado análisis (ver más abajo) de todo el proyecto presentado por el Presidente Javier Milei, revela que las medidas representan una inaceptable y enorme regresión en materia socioambiental y socava los pilares de la legislación de protección ambiental en Argentina.

El proyecto amenaza de manera directa la legislación vigente de protección ambiental en Argentina ya que liquida dos leyes fundamentales: la Ley de Protección de Bosques y la de Glaciares. Estas leyes son producto de dos conquistas ciudadanas históricas, y son cruciales en un contexto de crisis climática global y degradación ambiental local.

Llamamos a la sociedad a rechazar y resistir estas propuestas que ponen en riesgo la naturaleza, sus ecosistemas y la capacidad del Estado para regular y proteger el ambiente. Exigimos a los legisladores nacionales que rechacen enérgicamente este proyecto y resguarden la poca legislación vigente que puede servir como un puntapié para la justicia ecosocial y la protección ambiental en Argentina. Misma exigencia realizamos con el inconstitucional DNU 70/2023 (ver nuestro informe sobre el DNU).

El análisis detalla las gravísimas regresiones ambientales del proyecto en la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares, destacando cambios que permitirían desmontes en todos los bosques del país y la actividad minera en ambientes periglaciares. La eliminación de regulaciones, el desfinanciamiento de fondos ambientales, la falta de acceso a información para comunidades afectadas y la persecución de manifestantes.

Existe también una profunda desregulación y liberalización del sector energético en el proyecto, incluyendo la privatización de empresas del sector y la afectación de la concesión sobre el Río Paraná (llamada Hidrovía Paraná-Paraguay). Asimismo, se destaca el sesgo liberalizador en sectores como hidrocarburos, minería y pesca, que amenaza la capacidad soberana del Estado en la regulación del capital trasnacional.

En cuanto a política climática, el proyecto de Ley Ómnibus propone la creación de un mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) con amplia participación del sector privado. Esta medida, similar al mercado voluntario de bonos verdes, permitiría la privatización de la capacidad de captura de dióxido de carbono, trasladando la destrucción ambiental y social a los territorios del sur global.

El proyecto propone cambios en la regulación de actividades de quema, permitiendo interpretar el silencio del Estado como una autorización “tácita” y autoriza a los productores a la quema incontrolada de pastizales, valiosos ecosistemas. Además, se destacan derogaciones en la Ley de Pesca que afectan la protección de los ecosistemas marinos y eliminan criterios de permisos que priorizan la mano de obra argentina y la construcción local de buques.

El análisis expone la desregulación total y profunda del sector energético, lo cual puede representar una aceleración en la expansión de la frontera hidrocarburífera y un aumento desmedido en los impactos socioambientales derivados de la industria fósil.

En un contexto mundial de crisis climática, ambiental y energética, la posibilidad de dar pasos concretos hacia una transición ecosocial enfrenta un peligro letal con este proyecto. El mismo muestra una combinación entre eliminación de intervenciones de actores estatales para el cuidado y la protección del ambiente, la absoluta financiarización del mercado energético subsumido a intereses internacionales y una política estatal de negacionismo climático.

Contacto de Prensa: +541123904594

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Peor que en los 90s: DNU, autocracia, extranjerización y regresión socioambiental

Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo al DNU Nº 70/2023. Lo consideramos manifiestamente inconstitucional y en contradicción con los principios fundamentales de la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

El DNU carece de argumentos sólidos y no cumple con los requisitos constitucionales de “necesidad” y “urgencia”. A su vez, ignora los mecanismos constitucionales al eludir la aprobación legislativa, contraviniendo la jurisprudencia de la CSJN. También la emisión del DNU, de 336 artículos y dictado de manera apresurada, viola la prohibición constitucional establecida en el Artículo 29 de la Constitución Nacional, lo que puede ser considerado una “traición a la patria” como establece nuestra Carta Magna. A su vez, esto se intenta implementar en conjunto con un protocolo antipiquetes que viola el Derecho a la Protesta social, en un intento por acallar cualquier tipo de respuesta popular a las medidas.

Compartimos a la sociedad un primer análisis (ver abajo link a documento completo) de los aspectos socioambientales del mencionado Decreto, que muestra su carácter abiertamente regresivo. Entre los principales puntos que el documento analiza se encuentran:

Ley de Tierras Rurales: Sancionada en 2011, la Ley de tierras rurales expresó la necesidad de colocar un freno al proceso de extranjerización de tierras. La ley busca limitar la extranjerización de las tierras, colocando un régimen restrictivo para la compra de tierras rurales por extranjeros. Un artículo importante es el que prohíbe a extranjeros ser propietarios de inmuebles que sean ribereños de cuerpos de agua (ríos, lagos o cuencas) y zonas de seguridad de frontera.

La derogación de esta Ley conlleva directamente la liberación total de la compra o posesión a capitales extranjeros. Extranjerizar nuestros suelos se traduce en perder nuestra soberanía sobre los bienes comunes asociados al suelo y agua. A su vez esto implica el desplazamiento de poblaciones vulnerables; comunidades campesinas e indígenas podrán ser expulsados por la megaminería metalífera y de litio, la expansión de la frontera sojera-ganadera, foresto-industrial y el corrimiento de la explotación hidrocarburífera.

Leyes de Minería: la derogación de la Ley N° 24.523 del Sistema Nacional de Comercio Minero, y la Ley N° 24.695 del Banco Nacional de Información Minera implica aún una mayor opacidad en una actividad que ya se encuentra absolutamente desregulada y con la habilitación a una minería a gran escala que flexibiliza controles, estableciendo un sistema de regalías irrisorios a las corporaciones mineras y que continúa intacto.

Impacto en el Sector Energético: Abre la puerta a la privatización total de las empresas públicas (su transformación de sociedades mixtas a sociedades anónimas). Representa un riesgo para la aceleración en la expansión de la frontera hidrocarburífera, en un contexto de crisis climática. Establece la liberalización tarifaria sin salvaguardas, lo cual amenaza el mercado interno y aumenta riesgos ambientales y sociales. A su vez la eliminación del Fondo para el Desarrollo de la Generación Distribuida (FODIS) y afectación de certificados de crédito fiscal representan un retroceso en la implementación de energías renovables de baja escala necesarias para la transición ecosocial.

Lo más llamativo es la absoluta ausencia de cualquier tipo de regulación o modificación de los grandes subsidios existentes para las grandes petroleras y empresas energéticas. Es decir, se seguirá subsidiando a las grandes petroleras multinacionales, no para el consumo interno, sino para la exportación.

Modificación de la Ley del Fuego: Si bien no aparece en el DNU publicado, la modificación -anunciada expresamente por el presidente en la cadena nacional- permitiría el cambio de uso del suelo de zonas afectadas por el fuego, alentando la destrucción de bosques, humedales y áreas protegidas por el agronegocio y la especulación inmobiliaria.

Riesgo Alimentario: La derogación de normas como la Ley de Abastecimiento o la Ley de Góndolas favorecen la exportación del agronegocio en detrimento del abastecimiento interno. Esto representa un riesgo que profundiza la crisis alimentaria global y obtura la soberanía alimentaría.

Contacto de Prensa: +541123904594

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Aspectos socioambientales del DNU 70/2023

21 de Diciembre de 2023, Argentina

DOCUMENTO DE ANÁLISIS

DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA (DNU 70/2023)

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) expresamos nuestro más enérgico repudio al Decreto Nº 70/2023 de Necesidad y Urgencia recientemente publicado por ser manifiestamente inconstitucional y contrario a los mandatos convencionales y de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia.

Consideraciones preliminares

En primer lugar, y sin perjuicio de los aspectos sustanciales y/o de fondo en materia socioambiental -sobre los cuales nos detendremos posteriormente-, advertimos con profunda preocupación la orfandad de fundamentos que presenta el referido decreto a fin de sustentar las reformas y derogaciones legales. No existe rigurosidad técnica ni argumentos jurídicos sólidos que justifiquen mínimamente las reformas postuladas.

No se configuran los requisitos exigidos por nuestra CSJN en cuanto a la acreditación de los requisitos de “necesidad” y “urgencia”, indispensables para que una norma de estas características pueda prosperar debidamente, puesto que pretende eludir los mecanismos constitucionales básicos para la sanción de leyes por parte del Congreso de la Nación mientras el Poder Ejecutivo emite arbitrariamente disposiciones de carácter legislativo.

Nuevamente, estamos frente a la configuración de la prohibición plasmada en el artículo 29 de la Constitución Nacional originaria de 1853, que castiga con la pena de ‘’infames traidores a la patria” a todos aquellos funcionarios que consientan el otorgamiento de “facultades extraordinarias” o “la suma del poder público” otorgando “sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna”.

Frente a esto la Constitución es clara y contundente: el DNU de 336 artículos, dictado entre gallos y medianoche, nace estructuralmente viciado y su nulidad es insanable.

En el marco de la grosera inconstitucionalidad del decreto 70/2023, y los efectos regresivos en materia socioambiental, la pérdida de soberanía y control público sobre nuestros bienes comunes, solicitamos urgente al Presidente de la Nación la urgente suspensión del mismo.

ASPECTOS SOCIOAMBIENTALES

1. Derogación de la Ley 26.737 (Denominada Ley de Tierras Rurales)

La ley de Tierras Rurales nació de una demanda social, a partir de la denuncia del acelerado proceso de extranjerización de las tierras. Fue sancionada en 2011 y establece un régimen restrictivo para la compra de tierras rurales por extranjeros, por lo que su derogación implica una cesión de soberanía de nuestro suelo y tierras fértiles a corporaciones extranjeras que históricamente vieron a nuestro país como una canasta de recursos a explotar y saquear. Esta derogación presenta una gravedad institucional y socioambiental porque se da en un contexto de profunda concentración de la tierra, la renta y riqueza en nuestro país, en manos de corporaciones y pulles de inversión ligados principalmente a la megaminería, los combustibles fósiles y agronegocios, sobre todo los monocultivos de soja, trigo, maíz y forestales como el pino y eucalipto.

La ley establece tres restricciones principales para el dominio o la posesión de “tierras rurales” en la Argentina por extranjeros:

(i) limita el dominio o posesión de “tierras rurales” por personas extranjeras al 15% de todas las “tierras rurales” en la Argentina;

(ii) adicionalmente, la ley determina que en ningún caso las personas físicas o jurídicas, de una misma nacionalidad extranjera, podrán superar o concentrar el 30% del 15% asignado a la titularidad o posesión extranjera sobre las “tierras rurales” (p. ej.: inversores de nacionalidad española, en el total, no podrán ser titulares o poseer más del 4,5% de todas las “tierras rurales” en Argentina); y

(iii) por último, la ley prohíbe que un mismo titular extranjero pueda ser titular o poseer más de mil hectáreas en la zona núcleo o superficie equivalente.

Por lo tanto, su derogación conlleva directamente la liberación total de la compra o posesión a capitales extranjeros. Este proceso de extranjerización de nuestros suelos fértiles se traduce en pérdida de soberanía sobre bienes comunes asociados al suelo y agua y desplazamientos de sectores vulnerables, como comunidades campesinas e indígenas que vienen resistiendo el avance de la megaminería metalífera y de litio, la expansión de la frontera sojera-ganadera, foresto-industrial y el corrimiento de la explotación hidrocarburífera.

Otro aspecto fundamental de la Ley 26.737 es que prohíbe la titularidad o posesión por parte de personas extranjeras de inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes, o los ubicados en zonas de seguridad de frontera, por lo que su derogación implica que capitales extranjeros puedan, además de comprar sin límite o restricción alguna nuestro suelo rural, también disponer de nuestros sistemas de cuencas fluviomarítimas, apropiándose de ríos, riachos, lagos, lagunas, incluso de aquellos que están en zona fronteriza. Esto no sólo significa una pérdida de soberanía sobre nuestros sistemas ecológicos integrados, sino además la cesión de nuestra seguridad nacional a privados en estos corredores biológicos y en zonas de frontera.

La entrega de nuestros suelos cultivables, cuencas y fronteras a corporaciones y capitales extranjeros, se da en un contexto de disputa geopolítica entre China y USA por el control de los recursos naturales de todo el Sur Global, por lo que resulta de extrema gravedad institucional y socioambiental. Asimismo, ceder soberanía sobre nuestros bienes comunes más preciados y estratégicos como la tierra y el agua, es preocupante frente a los eventos climáticos extremos que se han acelerado, como consecuencia del calentamiento global y la pérdida de biodiversidad, ya que los bosques y humedales son reguladores del clima, purifican el agua y regulan sus ciclos, generan infraestructura natural para mitigar los impactos climáticos como las intensas sequías, inundaciones, tornados e incendios que estamos viviendo, entre muchísimos servicios socioambientales. Dejar nuestros bienes comunes liberados al capital extranjero, sin restricciones y control alguno, implica favorecer y acelerar su mercantilización y privatización cuya lógica económica históricamente ha sido la explotación irracional y el saqueo. Esto conlleva no solo la flexibilización sino también el apartamiento total de nuestro país en relación con sus compromisos climáticos y de protección y defensa del ambiente y la salud pública.

Finalmente, esta Ley tuvo como objeto conservar el manejo de las tierras rurales en manos argentinas e impedir que la tierra se concentre en pocas manos de extranjeros. Entendemos que su derogación es la consolidación más acabada del extractivismo, colocando la riqueza de la tierra y sus ecosistemas asociados en dominio extranjero.

2. Derogaciones leyes mineras

El DNU derogó dos leyes: (i) la Ley N° 24.523 del Sistema Nacional de Comercio Minero, y (ii) la Ley N° 24.695 del Banco Nacional de Información Minera, aduciendo necesidad de reducir los costos de dicho sector, entendiendo que es un área subdesarrollada. Quitan transparencia a la ya tan opaca actividad extractiva que avanza en connivencia con sectores de las élites locales y provinciales.

En nuestro país no había mucho más para liberalizar en la actividad minera ya que la legislación sancionada en los años 90 –en el marco de la Reforma y Privatización del Estado (dejavu de la situación actual)– que habilitó la minería a gran escala flexibilizando controles, estableciendo un sistema de regalías irrisorios a las corporaciones mineras y que continúa intacto.

La libertad económica y los beneficios tributarios de las corporaciones mineras es absoluto, por lo que el fundamento del DNU de reducir sus costos es falso. La ley 24.196 de Inversiones Mineras fue promulgada el 24 de mayo de 1993, y cubre las siguientes actividades: la prospección, exploración, desarrollo explotación, extracción y demás actividades comprendidas en el Código de Minería (incluyendo la extracción de carbonato de litio).

El sistema de regalías que establece la Ley de Inversiones Mineras fija en su art. 22 que el monto de las mismas será tan solo del 3%, es decir, un negocio realmente formidable, ya que ese tres por ciento se cobrará sobre el valor del mineral extraído, en boca mina. Esto se agrava en el hecho que las regalías mineras sólo se aplican sobre aquellos minerales denunciados ante la Autoridad Minera, y tipificados por el mismo Código en la materia, haciendo abstracción de los subproductos, y/o sus derivados de la producción, existen en nuestro territorio yacimientos en plena explotación de oro y plata, pero no sólo se extraen estos metálicos, también se extraen por ejemplo, hierro, iridio, mercurio, cobre, etc.

Entonces, ¿debemos entender la reducción del costo que refiere el DNU como la extracción de nuestros minerales y carbonato de litio a costo 0%? Esto representa una forma acabada de entrega de soberanía nacional sobre nuestros bienes comunes.

3. Energía

La serie de medidas en el ámbito de la energía plantea una transformación sectorial, particularmente con la dimensión de la participación estatal mediante la gestión de empresas públicas. Esto se contextualiza en un marco global en el cual las grandes empresas energéticas son las que dominan el mercado, en detrimento específico y fundamental de los derechos humanos y ambientales de las poblaciones en las cuales se llevan a cabo estas actividades.

Se plantea la libre exportación desde Vaca Muerta, la privatización de empresas públicas y la liberalización tarifaria sin salvaguardias efectivas. Esto conlleva serios riesgos ambientales y sociales, ya que los datos demuestran que las privatizaciones de empresas estatales energéticas derivan en un aumento acelerado de la extracción, y una profundización del detrimento de la justicia social y ambiental.

La privatización de empresas públicas se realiza mediante la transformación de Sociedades del Estado (SE) y Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) en Sociedades Anónimas (SA), también derogando contratos con petroleras y el Plan Federal de Transporte de Energía Eléctrica.

Prohíbe al Poder Ejecutivo Nacional restringir la exportación por motivos económicos establecida en el Artículo 142 del DNU, y sustituyendo el artículo 609 del Código Aduanero (Ley N° 22.415). Es decir que vamos a seguir subsidiando a las grandes petroleras multinacionales, no para el consumo interno, sino para que exporten.

También otorga discrecionalidad a la Secretaría de Energía para retirar y otorgar subsidios de gas y electricidad. Esto le permitirá aumentar y segmentar tarifas, reiterando disposiciones del DNU 55/23. De acuerdo a lo mencionado en campaña, el aumento desmedido y desregulado de las tarifas energéticas, aumentará la desigualdad y la posibilidad de acceso a la energía, que debe ser considerada como un derecho. Esto también tendrá graves impactos en el aumento de la pobreza energética a nivel nacional.

También impacta en la legislación vigente al desactivar el Fondo para el Desarrollo de la Generación Distribuida (FODIS) establecido por la Ley 27.424, específicamente del artículo 17 en adelante. Esto afecta la disposición de certificados de crédito fiscal y otros instrumentos previstos en la misma normativa, introduciendo grandes retrocesos en la regulación de la Generación Distribuida y sus mecanismos de fomento.

4. Ley de manejo del Fuego

Si bien la Ley de Manejo de Fuego no ha sido mencionada en el Decreto de Necesidad y Urgencia, los 30 puntos que difundió la Presidencia hablaban de la modificación de la ley 26.815 (modificada por la ley 27.604) y el propio presidente señaló expresamente su modificación. Así se pretenderían derogar los artículos de dicha ley que prohíben el cambio de uso o destino de áreas protegidas y humedales, luego de que éstas hayan sido afectadas por el fuego.

De este modo se fomenta la utilización del fuego para reconvenir bosques, humedales, pastizales y todo tipo de ecosistemas protegidos, en predios dedicados a la agricultura, ganadería o la actividad inmobiliaria, permitiendo así la destrucción de ecosistemas enteros y áreas naturales protegidas, tan necesario en el actual contexto de aceleración de la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.

Semejante decisión viola principios relevantes que conforman el sistema ambiental internacional de la Argentina, violando los principios de no regresión, progresividad y sustentabilidad ratificados en la rica diversidad de Convenciones Ambientales Internacionales, Diversidad Biológica, Desertificación, Protección de los humedales, Cambio Climático y Acuerdo Regional de Escazú.

5. Riesgo alimentario

Sin dudas el mundo atraviesa una situación crítica en materia alimentaria, y nuestro país no es la excepción: niveles intolerables de indigencia implican que millones de argentinos/as no pueden acceder a la canasta básica de alimentos. Con la configuración propuesta la situación no mejorará. La derogación de diversas normas dentro del mencionado DNU no tiene otra función que favorecer la exportación de la producción, poniendo en riesgo cierto el abastecimiento interno. Por ello, podemos afirmar que la derogación de la Ley de Abastecimiento (20.680), Ley de Góndolas (27.545) y Ley de Promoción Industrial (21.608) parcialmente las leyes Compre Nacional (21.608) y Compre Argentino (27.437) atentan contra la soberanía nacional, favoreciendo a las grandes potencias del sector agropecuario y profundizando la crisis alimentaria y el modelo actual.

Maltrato y Crueldad Animal en el CEMIC: Solicitamos Medidas Urgentes

18 de diciembre de 2023

Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas informamos a la opinión pública que presentamos una denuncia penal ante la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA). Dicha unidad, a cargo del Dr. Carlos Romero Santurián, recibió nuestras denuncia contra las personas responsables del Centro de Investigaciones en Reproducción Humana y Experimental (CIRHE) del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno” (CEMIC), ubicado en el barrio porteño de Saavedra.

En la denuncia, suscrita por Rafael Colombo y Enrique Viale, integrantes del equipo legal de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, se señala la situación alarmante en la que se encuentran 74 animales no humanos. Los mismos son pertenecientes a las especies demo y macaca fascicularis, mantenidos cautivos en el bioterio del CIRHE desde el año 2021.

Estos animales fueron utilizados en experimentos científico-médicos y se encuentran ilegítimamente en cautiverio, privados del acceso a la luz natural, al aire libre y de desarrollar una vida digna y saludable en su entorno natural.

Reconocer el valor de la naturaleza y la biodiversidad nos permite colocar todas las formas de vida y existencia no humanas. Por eso, ante la evolución del estatus jurídico de los animales no humanos, los reconocemos también como sujetos de derechos. Existen a su vez, precedentes nacionales de esta concepción, como el caso “Orangutana Sandra” y otros.

Esta conducta podría constituir delitos de maltrato y crueldad animal, tipificados en la Ley N° 14.346. Además, se solicita la aplicación de medidas urgentes de resguardo, entre ellas, el inmediato traslado de los primates al santuario del Proyecto Carayá en La Cumbre, Provincia de Córdoba, garantizando su seguridad, salubridad e integridad física.

El CIRHE, ubicado en el subsuelo del CEMIC, ha mantenido cautiva a esta colonia de primates durante décadas, realizando experimentos científicos. A pesar de que las prácticas experimentales cesaron en 2021, los animales continúan en condiciones precarias, sin un proyecto concreto de traslado a un entorno natural adecuado.

Las gestiones para el traslado han sido inconsistentes, y pese a la consulta al Proyecto Carayá en 2017 y al CONICET en 2022, no se han tomado medidas concretas. La demora injustificada en el traslado pone en riesgo la vida de estos primates, algunos de los cuales se encuentran en avanzada edad y deberían gozar de sus últimos años en libertad.

Ante la gravedad de la situación, solicitamos al fiscal a cargo, Dr. Carlos Romero Santurián, la aplicación de medidas urgentes de resguardo. Esto incluye el traslado inmediato de los primates al santuario del Proyecto Carayá. Asimismo, se pide el allanamiento del bioterio del CIRHE-CEMIC para realizar una inspección ocular y recabar la información necesaria para la investigación. Para esto, ya ha sido solicitada la citación de testigos, la intervención del CONICET y la aplicación de medidas de reparación por parte de la institución responsable.

El Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas instan a las autoridades a actuar de manera inmediata para poner fin al maltrato y crueldad animal en el CIRHE-CEMIC, asegurando el resguardo y la integridad de los primates afectados.

La naturaleza es un fin en sí mismo no susceptible de objetivación, instrumentalización o mediatización alguna. La ética de la esencia y acción humana puede trasladarse, entonces, a una ética de la esencia y acción de la naturaleza. Sin ir más lejos, el imperativo categórico introduce la noción de dignidad, fundamento de los derechos humanos, presuponiendo que todo ser humano tiene un valor por el simple hecho de existir.

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