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Autorizan por decreto agua para el fracking en Chubut

Solicitamos información pública ante el proyecto para reconvertir a fracking dos áreas de Chubut

El pasado 10 de abril el Gobierno de la Provincia del Chubut publicó el decreto 340/25 mediante el cual permite a la empresa Pan American Energy reconvertir explotaciones de hidrocarburos tradicionales a unas en las cuales se usa la técnica del fracking. Esto fue realizado por el término de 45 años para las áreas “Anticlinal Grande-Cerro Dragón, Chulengo (en la parte comprendida en la Provincia del Chubut) y Cerro Tortuga-Las Flores”. 

La autorización, si bien fue aprobada por la legislatura mediante Proyecto N°44/2025, fue realizada sin consulta pública ni estudios ambientales disponibles. Esta reconversión implica la explotación no convencional por fractura hidráulica “fracking”, método con graves consecuencias para el ambiente. Desde la utilización de enormes cantidades de agua, el uso de más de 500 productos químicos, la mayoría considerados tóxicos, cancerígenos y mutagénicos, producen además la contaminación del aire, los acuíferos y el agua y la posibilidad cierta de que causen sismos por la magnitud de la fractura que se produce en la tierra. 

Entre las sustancias potencialmente tóxicas se incluyen los destilados de petróleo, como el queroseno y el diésel (que contienen benceno, etilbenceno, tolueno, xileno, naftaleno y otras sustancias químicas); los hidrocarburos aromáticos policíclicos; el metanol; el formaldehído; el etilenglicol; los éteres de glicol; el ácido clorhídrico; y el hidróxido de sodio (https://earthworks.org/issues/hydraulic-fracturing-101/)

El fracking utiliza químicos contaminantes que quedarán en el suelo entre un 20% y 80% del total con la posible afectación de los acuíferos subterráneos, y consume más de 15 millones de litros de agua pura, lo cual resulta alarmante en un contexto de crisis hídrica y climática, donde las ciudades aguas abajo de la ubicación del proyecto ya sufren escasez y cortes en el suministro de agua potable. 

Ante la falta de aviso sobre el origen del agua a utilizar, estudios de Evaluación de Impacto Ambiental y otros, desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial presentamos un pedido de información pública ambiental. Exigimos datos precisos sobre:

  • La situación hidrogeológica de la zona afectada.
  • Los estudios técnicos previos que respaldan la decisión del gobierno provincial.
  • La calidad, disponibilidad y acceso al agua en el área de influencia.
  • Las estimaciones del volumen total de agua a utilizar durante los 45 años de concesión.
  • El posible impacto sobre el abastecimiento de agua potable en las comunidades cercanas.

En una provincia que ya enfrenta serios conflictos por el acceso al agua, avanzar con un proyecto de fracking sin estudios previos ni consulta pública es lisa y llanamente una irresponsabilidad institucional. Estas reconversiones no son un proyecto aislado: son un nuevo episodio del avance de las empresas petroleras sobre los territorios más afectados por el modelo energético. 

Exigimos al gobierno del Chubut detenga el proceso hasta tanto se hagan públicos los estudios pertinentes y se garantice el derecho de las comunidades a participar en las decisiones que afectan sus territorios. La política energética no puede seguir avanzando a espaldas de la sociedad ni a costa del agua, la salud y los derechos colectivos.

derecho a la energía

YPF en riesgo, derecho a la energía, frío polar

por Alejo di Risio para Revista Anfibia

Esta semana, mientras Argentina se convertía en el segundo lugar más frío del mundo, casi medio país se quedó sin gas, y hubo muchas ciudades aisladas y paralizadas. ¿Cuánto tiene que ver la ola polar y cuánto las políticas energéticas alrededor de Vaca Muerta? Eso no fue todo: mientras tanto, se conoció un fallo de la justicia estadounidense que pretende que el Estado entregue el 51% de YPF, es decir los bienes de nuestra naturaleza y su gestión. Pone en peligro, además, la estrategia de YPF de Milei. Y hace que el derecho a la energía gane el centro del debate.

Para pasear en Mar del Plata en invierno siempre hay que respirar hondo. Pero estas vacaciones de julio no hay abrigo que alcance: llegó a amanecer con casi diez grados bajo cero. Por falta de gas se suspendieron las clases, y hasta cortaron la luz en el shopping del centro y en los restaurantes. Cayó nieve en Atacama, en las sierras cordobesas, hasta en Los Polvorines. Los vecinos de Lugano salieron a las calles para denunciar que llevaban más de una semana sin agua, y encima les habían interrumpido el servicio de luz: “Pagamos tarifas cada vez más caras, ¡y nadie nos explica nada!”. Los pediatras del Garrahan levantaron cartelitos pidiendo a las familias refuerzos de mantas y frazadas “ya que el servicio no cuenta con suficientes”. En Trevelin prohibieron usar el agua corriente para evitar que se congelen los tanques, y por el hielo de los caminos rurales los camiones que transportan leña no pudieron entrar a los pueblos. Muchas industrias pararon. 

En esta semana que termina, Argentina fue el segundo país más frío del mundo. Y gran parte del territorio, estuvo sin acceso al gas. ¿Culpa de la ola de frío o de las políticas energéticas? Spoiler: de ambas.

A CABA no le tocó lo peor de este fenómeno extremo, pero igual registró temperaturas mínimas de –1,9 °C, la más baja desde 1991. Ayer, 3 de julio, el consumo residencial de gas llegó a su record histórico 100,3 millones de m³/día, aún mayor que el último pico de consumo, 96 millones m³ del año pasado. Las distribuidoras activaron medidas de emergencia: interrumpieron el servicio a industrias, estaciones de GNC (incluidas con contrato firme) y se redujeron exportaciones a Chile. En La Plata, la baja presión con la que llegaba el gas fue acompañada por cortes de luz y paralización en la distribución de GNC, lo que paralizó el transporte urbano. En Mar del Plata la activación de un “Protocolo de Crisis” también interrumpió actividades con alto consumo de gas, como piletas climatizadas. 

Si bien es normal que la demanda residencial de gas se quintuplique en invierno, este año hubo un récord. Pero uno que el Servicio Meteorológico Nacional ya había advertido. Y a pesar del poco tiempo de aviso del SMN, ¿es posible hablar de imprevisibilidad si en un contexto de crisis climática sabemos que cada año será récord? La demanda residencial picó en 100 millones de m³/día; es un 25 % por encima de niveles habituales, pero apenas superior a los 96 millones de m³/día que había alcanzado el año pasado. Las fallas técnicas debidas al frío extremo, que congeló equipos y tuberías, y la presión sobre la infraestructura de transporte generó múltiples problemas. Por un lado, una caída de presión que activó mecanismos de protección, cerrando el circuito que alimentaba algunas zonas. Por otro lado, las usinas térmicas que dependen del gas operaron por debajo de su capacidad, lo que generó cortes eléctricos a más de 100.000 usuarios sin luz en AMBA. Las estufas se apagaron, incluso en los hogares que pagan más caro (contratos priorizados) para que esto no pase. 

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En esta semana, en la que en el sur casi no hablábamos de otra cosa que del frío, la estadounidense Loretta Preska podía andar de camisa. Desde los casi 30ºC que rodeaban su oficina de Nueva York tomó una decisión que algunos diarios titularon “una pesadilla para la Argentina”. Sentenció que en dos semanas nuestro país debería entregar el 51 % de YPF para saldar parte de una deuda megamillonaria (USD 16.1 mil millones) con los fondos buitre Burford Capital.

Las primeras declaraciones del oficialismo apuntaron a que el fallo se apelará. Pero los primeros descargos del presidente Javier Milei dirigieron la culpa al gobernador Axel Kiciloff, y como consecuencia se fortaleció la posición de la justicia estadounidense. Las declaraciones presidenciales pueden ser usadas como evidencia en el proceso legal.  Si nuestro país acata el fallo y entrega el 51% de YPF, las consecuencias pueden ser nefastas para la estabilidad del sistema energético nacional. A pesar de que los ultralibertarios se jactan de ser anti-Estado, saben que la principal herramienta para asegurar el suministro -tanto de energía como de balanza comercial- es YPF. Si Argentina pierde el control de su principal empresa estatal, podría pulverizar la capacidad de definir una política energética en un sector fuertemente controlado por enormes jugadores en términos de poder. 

Las acciones de YPF están protegidas por la Ley de Expropiaciones que el Congreso argentino ratificó y que la Constitución Argentina permite: avanzar en activos estratégicos. No hay antecedentes en el mundo de que se haya avanzado sobre un patrimonio de otro país de esta manera. El caso no tiene precedentes, puede sentar jurisprudencia a nivel global y por eso otros países se presentaron a favor de la posición argentina. Como así lo hizo el Departamento de Justicia estadounidense, durante el gobierno de Biden, dos veces. 

El Presidente Milei apelará, argumentando un impacto negativo en el ingreso de divisas. Esto le llevaría respiro al establishment energético local: Paolo Rocca, Marcelo Mindlin, Miguel Gallucio y los Bulgheroni, entre otros. Sus empresas privadas dependen fundamentalmente del Estado, a través de subsidios o de sociedades con la petrolera nacional. Al cierre de esta nota, ninguno de ellos había hecho declaraciones públicas para apoyar la soberanía nacional sobre YPF. 

El fallo de Preska pretende quedarse con nuestros bienes naturales y su gestión, y pone en peligro la estrategia de la YPF de Milei. La petrolera estatal es la principal operadora en Vaca Muerta, donde se produce el gas que puede salvar vidas cada invierno y durante olas de frío como esta. La pérdida de control de YPF clausuraría definitivamente cualquier atisbo de planificación energética argentina, tanto actual como futura. 


En el escenario actual a nivel global, la crisis climática avanza tanto como los discursos negacionistas en torno a su origen en la actividad humana. Sin embargo, hasta la Agencia Internacional de Energía diagnostica que el pico de demanda de petróleo y gas será para 2030. La extrema derecha, tanto en Argentina como en el resto del mundo, combate la certeza científica para demorar la acción climática. Esto aparece, incluso, en el recientemente revelado Plan de Inteligencia Nacional de la SIDE. Entre sus objetivos, monitorear a personas y organizaciones que intenten frenar los combustibles fósiles o acelerar la transición energética. Esta vaga definición podría incluir no sólo a periodistas, activistas o académicos sino también a empresas privadas que se dediquen al sector de energías renovables, como la subsidiaria  YPF Luz. 

Las empresas estatales energéticas tienen un rol clave en diseñar y moldear cómo nos vinculamos socialmente con la energía, en la actualidad y en el panorama futuro. YPF, como empresa estatal, tiene un potencial único para ser parte de las respuestas que nuestro país necesita, pero es necesario asegurar que sirva al interés público y pueda gestionar su vínculo con el territorio de manera responsable y segura. Su capacidad no es solamente definir políticas sectoriales, sino también articular con el resto de organismos estatales, incluidas las empresas energéticas provinciales. De dirigir, desde su rol como empresa estatal líder, un verdadero proceso de transición y transformación a la altura del contexto actual.

Muchos de estos organismos estatales hoy están bajo ataque . Tienen la capacidad de proyectar el rumbo del país en sectores fundamentales para garantizar la vida como el agua, el aire o los alimentos. Una transformación a la altura del contexto no implica solamente dejar atrás los combustibles fósiles, sino que es mucho más amplio, implica rediseñar la mirada energética integral con una perspectiva ecosocial.

Esto implica el compromiso con un descenso planificado y seguro de nuestra dependencia de los combustibles fósiles.  Implica, también, diseñar una transición segura, con una agenda basada en evidencia científica antes que en los compromisos con accionistas. Que la reinversión pública permita planificar e implementar una infraestructura que facilite el acceso a energías limpia,  seguras y accesibles para la población. Para que esto suceda, los activos nacionales energéticos no pueden seguir siendo instrumentos de apuesta constante, comportamiento usual del volátil mercado petrolero y gasífero. 

Por otro lado, desde YPF se podría avanzar enormemente en la descentralización geográfica del suministro, la producción y el consumo energético. La energía como vector de la federalización se encuentra inscripta en la identidad histórica de la empresa. También podría promover la desconcentración del sector, en términos de poder, para que el sector no sea controlado por grandes actores extranjeros, de cuya inversión nos volvemos dependientes, sino por un entramado de actores locales y regionales, que sí tengan los intereses territoriales en mente. La expansión desde YPF Luz podría impulsar los proyectos de generación distribuida de energía, donde cooperativas o PyMes puedan generar la electricidad que consumen, y hasta obtener rédito vendiendo el excedente a la red. No se trata sólo de tener un sistema que dependa de las grandes centrales sino que estructure materialmente una distribución de los beneficios que la energía otorga y permite. 


Esta ola polar demuestra que pensar la energía como una mercancía es un error desde una perspectiva social. El sector energético opera históricamente bajo la lógica de inversión mínima en interés público. Hace décadas que las petroleras se dedican sistemáticamente a sembrar duda sobre la crisis climática que hoy profundiza esta ola polar que quiebra récords. Existen todavía enormes deudas por saldar, no sólo políticas, sino ambientales y sociales. Los pozos abandonados sin remediación, la impunidad de los derrames petroleros o deudas como la de Shell con el municipio bonaerense de Magdalena: el derrame de petróleo en agua dulce más grande de la historia sigue impune, y la deuda de $20 millones de dólares, insignificante para Shell, sigue sin haber sido abonada a los bonaerenses.

La política energética nacional sigue orientada a la generación de divisas antes que al bienestar social. La apuesta actual del sector es a la exportación. Esta misma semana el Ministro de Economía prometió ductos exportadores al Mercosur. El Ministro de Desregulación (sic) permitió la exportación sin límite de las mismas garrafas de gas que no llegan a hogares y escuelas. Y desde el comienzo de la gestión que avanza el inseguro proyecto de puerto exportador del Golfo San Matías. El gobierno, desprovisto de todo sentido de la ética, apuesta nuevamente a la crueldad, esta vez con la energía como vector. 

Cuando los climas extremos se intensifiquen, como lo harán cada año, las redes de abastecimiento volverán a colapsar y a entrar en estado de emergencia social y sanitaria. La punta del iceberg son los casos más extremos con víctimas fatales. En este invierno, en Argentina ya murieron diez personas por hipotermia y por intoxicación con monóxido de carbono. Imposible  cuantificar el sufrimiento que ocasionan estas bajas temperaturas en una población que no tiene cómo refugiarse del frío.

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La física define a la energía como la capacidad de producir un cambio. Entenderla como un derecho implica pensar en el derecho a producir esos cambios no solo sobre nuestra realidad material sino también en el mundo que nos rodea. El derecho a la energía implica imaginar y proyectar un país en el cual ninguna persona tenga que sacrificar su salud para no pasar frío. Que no haya shoppings iluminados y piletas calefaccionadas mientras personas sufren el frío de manera profunda. En ese contexto el precio de la garrafa (o la falta de límite para su exportación) se convierten en decisiones profundamente éticas. 

Argentina se enfrenta a un invierno potenciado por variables estructurales y coyunturales. La ola polar expone un sistema frágil, con infraestructura insuficiente y debilidad institucional en proveedoras clave como YPF. Si los Estados no refuerzan el sistema energético, y comienzan a fortalecer el entramado del sistema energético ante las adversidades del contexto global, corremos el riesgo de que la energía se convierta en un vector de desigualdad, en vez de uno que potencie las vidas. Una salida exige visión estratégica, evidencia científica e inversión pública-privada responsable con los territorios la vida y la salud. Es posible integrar la seguridad energética con la justicia socioambiental, pero esto requiere una mayor democratización de las decisiones sobre la energía.

En simultáneo, existe un enorme potencial en estos momentos de crisis para revalorizar lo local y cercano. Las más de 600 cooperativas que llevan electricidad a los hogares en Argentina, o las incipientes comunidades energéticas son modelos de gestión de nuestra energía que permiten controlar mejor el sistema, decidir sobre nuestras propias vidas. En un contexto de crisis climática, en el cual los cambios bruscos de temperatura y la amplitud térmica sólo aumentarán, la decisión sobre la energía es también la decisión sobre la salud.

La prioridad de un sistema energético debe ser transportar y distribuir energía con una misión principal: mejorar la calidad de vida de las personas. Esto no significa negar al mercado ni a los actores privados sino avanzar hacia sistemas mixtos, con fuerte participación estatal, para garantizar el acceso al bienestar. El enfoque exclusivamente mercantilista falla cada vez más. Si bien se habla mucho de los activos estratégicos, suele quedar al margen del debate que toda estrategia tiene una ética implícita. La gestión de los bienes naturales es siempre estratégica. Ya que los beneficios que permiten son capaces de permitir la vida, no sólo en términos de supervivencia, sino de producir un cambio en su calidad. Las olas polares no deciden quién las sufre y quien no, pero hoy existe una élite de empresarios, que sí tiene ese poder. Y el desafío es trabajar para un futuro en el cual nadie tenga que padecerlas. 

COMARSA BAJO LA LUPA: ALLANAMIENTO EN LOS BASUREROS PETROLEROS DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NEUQUÉN


La justicia avanza sobre la responsabilidad empresarial en la acumulación de residuos petroleros en la región de Vaca Muerta

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén realizó el día de hoy un allanamiento en la planta de Comarsa, ubicada en el Parque Industrial de Neuquén, con autorización de la jueza de garantías Natalia Peloso. La acción fue realizada dentro del marco de la causa denunciada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, conocida como Basureros Petroleros.

El operativo tuvo como objetivo principal tomar muestras de suelo en zonas hasta ahora inaccesibles, utilizando maquinaria pesada, e incautar documentación física y digital relacionada con el tratamiento, traslado y disposición de residuos petroleros. También se busca constatar el cumplimiento efectivo del plan de remediación autorizado por la Secretaría de Ambiente en 2024, que implicaba el traslado de los residuos acumulados a un relleno de seguridad.

Este avance se da en el marco de una causa penal en curso, donde ya fueron imputados tres responsables de la empresa: dos directivos y un empleado, por los delitos de contaminación peligrosa para la salud pública y administración fraudulenta. En términos concretos, se investiga si Comarsa simuló el tratamiento de residuos, acumulándolos sin control, y emitió certificados falsos para encubrir prácticas ilegales. También se analiza la posible utilización irregular de tierras fiscales, así como la sobreocupación de capacidad autorizada.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas impulsamos esta causa desde 2020 y advertimos tempranamente que Comarsa acumulaba toneladas de barros petroleros sin tratamiento real, con alta concentración de hidrocarburos y metales pesados, exponiendo a las comunidades cercanas a un riesgo sanitario inaceptable. Las inspecciones realizadas en 2023 y 2024 constataron que gran parte del predio estaba completamente ocupado por residuos, impidiendo incluso verificar el daño real al suelo natural. Recién cuando comenzó el retiro parcial de residuos en 2024 se pudo acceder a nuevas zonas clave para la investigación.

En 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén restableció los embargos preventivos contra la empresa por más de siete millones de dólares, como garantía ante la magnitud del daño ambiental ocasionado. El operativo de hoy representa un paso decisivo en la producción de pruebas, y podría derivar en nuevas imputaciones o medidas cautelares, según el resultado de los análisis y el material secuestrado.

Nos enfrentamos a un modelo extractivo que externaliza sus costos, degrada territorios y luego exige que el Estado y la sociedad se hagan cargo de la limpieza. Este caso es paradigmático: muestra cómo el fracking, lejos de ser una solución energética, genera pasivos ambientales de altísimo riesgo. Exigimos que la justicia avance con firmeza, que se impongan sanciones ejemplares y que los costos de remediación no sean trasladados a las comunidades ni al erario público. No se trata solo de castigar delitos pasados, sino de impedir que se repitan bajo nuevas formas.

Desde la Asociación llamamos a todas las organizaciones sociales, dependenicas estatales, movimientos territoriales y medios comprometidos con la justicia ambiental a seguir este proceso con atención crítica. La salud pública, la integridad del territorio patagónico y el derecho al ambiente y la salud de las futuras generaciones están en juego. No habrá procesos de transición ecosocial sin memoria, sin reparación y sin freno a la impunidad empresarial.

Nueva encuesta: Amplio apoyo en Argentina contra el cambio climático y la contaminación por metano

La ciudadanía responsabiliza a las empresas de petróleo y gas, de gestión de residuos y grandes productores agropecuarios por los daños ambientales

BUENOS AIRES – Una nueva encuesta muestra que en Argentina hay un apoyo abrumador a las acciones para minimizar los impactos del cambio climático (91% de apoyo total, incluyendo un 45% de apoyo firme), incluyendo medidas específicas contra la contaminación por metano (82% de apoyo total, con un 33% de apoyo firme). El estudio internacional, realizado en Argentina y en otros 16 países, fue encargado por el Global Methane Hub para conocer el nivel de respaldo público a soluciones climáticas, en particular la reducción de las emisiones de metano.

Si bien temas económicos como la reducción de la pobreza y la generación de empleo encabezan las prioridades políticas de la población, las personas encuestadas expresaron un fuerte apoyo a políticas que reduzcan la contaminación por metano en distintos sectores de la economía. Por ejemplo, actualizar el plan nacional de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) para incluir una meta específica de reducción de emisiones de metano (82%) o crear un programa de monitoreo y medición de metano en el sector agropecuario (84%) despertaron un respaldo sustancial. Este apoyo supera incluso el nivel de creencia en el cambio climático causado por actividades humanas (78%).

“El metano es uno de los contaminantes climáticos más potentes, y reducirlo es una de las herramientas más eficaces y eficientes que tenemos para limitar el calentamiento global, limpiar el aire, proteger la salud pública y generar oportunidades económicas”, afirmó Marcelo Mena, Director Ejecutivo de Global Methane Hub. “Tenemos una gran oportunidad de trabajar con responsables políticos para canalizar este apoyo social hacia soluciones colaborativas que mejoren el bienestar colectivo”.

En un contexto de ciudades que enfrentan inundaciones y un país golpeado por olas de frío antártico sin precedentes, el 97% de las personas encuestadas manifestó creer en el cambio climático, y 9 de cada 10 apoyan acciones para minimizar sus efectos. Sin embargo, comparado con otros países de América Latina, en Argentina se perciben menos impactos personales: solo 3 de cada 10 personas dijeron sentir impactos fuertes o extremos, frente a 6 de cada 10 en Brasil, Colombia y México.

“Esta encuesta confirma lo que sostenemos hace tiempo: la sociedad argentina respalda claramente acciones concretas frente a la crisis climática. Sin embargo, el país aún carece de metas específicas y mecanismos rigurosos para reducir el metano, un gas sumamente nocivo vinculado al avance de la industria fósil. Proyectos como Vaca Muerta operan con niveles alarmantes de fugas de metano y sin control estatal real. Esta ausencia de regulación efectiva es, en la práctica, una licencia para contaminar. Necesitamos una política climática basada en la ciencia, el interés público y el mandato popular para frenar el calentamiento global”, declaró Lucas Micheloud, Codirector Ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.

Los resultados de esta encuesta confirman una verdad cada vez más evidente: existe un consenso social amplio que exige una acción climática urgente, con medidas específicas para reducir las emisiones de metano y desmantelar el modelo basado en fósiles. Esta voluntad popular debe orientar políticas que prioricen la justicia ecológica y social, respeten los derechos territoriales y promuevan transiciones ecosociales justas. Es hora de que los gobiernos escuchen este mandato y actúen con firmeza frente a los intereses corporativos que perpetúan la crisis.


La ciudadanía argentina responsabiliza a las grandes corporaciones por los daños ambientales y respalda planes de acción climática

Consultadas sobre quiénes son los principales responsables de los daños ambientales como el cambio climático, las personas en Argentina señalaron en primer lugar a las grandes empresas de petróleo y gas, seguidas por las compañías de gestión de residuos y los grandes productores agropecuarios. Recién después aparece la ciudadanía individual.

En la pregunta relacionada sobre quiénes tienen mayor capacidad para mitigar los efectos del cambio climático, las mismas corporaciones (petróleo y gas, gestión de residuos) encabezan el listado, seguidas por organizaciones internacionales no gubernamentales.


Encuesta internacional revela fuerte apoyo global a la mitigación del metano

La encuesta se realizó en 17 países de cinco continentes: Argentina, Botsuana, Brasil, Colombia, Egipto, Francia, Alemania, Indonesia, Kazajistán, México, Marruecos, Omán, Pakistán, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos. Se recopilaron al menos 600 respuestas por país mediante encuestas online, incluyendo preguntas sobre percepciones del cambio climático, preocupaciones ambientales, conocimiento sobre el metano y apoyo a políticas específicas para reducir sus emisiones.

Los resultados globales muestran una tendencia clara y positiva: una gran mayoría apoya la reducción del metano, con un 82% de apoyo promedio en los países encuestados. En momentos donde sectores de alta emisión amenazan con retrocesos en las políticas climáticas, este respaldo amplio y sostenido confirma que la opinión pública respalda el avance climático.

Aunque las preocupaciones económicas siguen siendo prioritarias, los países del Sur Global —más golpeados por los impactos del cambio climático— tienden a mostrar mayor apoyo a la mitigación del metano, mientras que en el Norte Global, donde los impactos se perciben menos, el apoyo es más moderado.


La urgencia de reducir el metano

Las emisiones de metano han sido responsables de aproximadamente la mitad del calentamiento actual. Reducirlas es clave para enfriar el planeta luego del año más caluroso registrado. Un recorte del 45% en las emisiones de metano permitiría reducir el calentamiento global en 0,3°C para 2040, acercándonos a un futuro saludable y al cumplimiento de los compromisos climáticos internacionales.

El metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono:

  • 86 veces más potente que el CO₂ en un período de 20 años
  • 28 veces más potente que el CO₂ en un período de 100 años

“Esta encuesta, encargada por Global Methane Hub y realizada por Burson, brinda una mirada sin precedentes sobre las actitudes del público frente al metano y el cambio climático. Aporta información clave para que quienes toman decisiones entiendan mejor las perspectivas sociales sobre la reducción del metano”, explicó Bob Torongo, Vicepresidente Ejecutivo de Burson.

Global Methane Hub y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas están disponibles para entrevistas. Para solicitar más información o coordinar una entrevista, escriba a jerralyn.davis@berlinrosen.com


Sobre Global Methane Hub

Global Methane Hub coordina a filántropos, expertos, organizaciones sin fines de lucro y gobiernos para garantizar una estrategia conjunta de máxima reducción del metano. Ha recaudado más de 200 millones de dólares de más de 20 de las principales organizaciones filantrópicas climáticas del mundo para acelerar la mitigación del metano a escala global. Más información en nuestro sitio web.


Sobre la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas

Desde hace más de veinte años, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas impulsa la defensa de los bienes comunes desde una perspectiva de justicia ecológica, climática y social. Fundada por profesionales y activistas de todo el país, integra saberes interdisciplinarios, militancia territorial e incidencia pública para acompañar a comunidades y organizaciones en conflictos socioambientales. Su trabajo combina litigio estratégico, debates públicos, construcción legislativa colectiva y apoyo territorial. Ha sido protagonista en luchas históricas como la Ley de Glaciares, las prohibiciones a la megaminería y las acciones contra desmontes, basurales petroleros, destrucción de humedales y exploración offshore. También impulsa propuestas de transición ecosocial en energía, producción y hábitat, desafiando proyectos fósiles como Vaca Muerta y promoviendo la justicia climática. Más información en nuestro sitio web.


Metodología de la encuesta

La encuesta fue realizada por Burson Insights, Data & Intelligence (anteriormente BSG) mediante entrevistas online de 10 minutos entre el 13 de enero y el 8 de febrero de 2025, traducida a 14 idiomas y aplicada en 17 países de América, Europa, África y Asia.

Las personas encuestadas fueron mayores de 18 años, residentes en cada país y con acceso a internet. Se aplicaron ponderaciones por edad, género, geografía y nivel educativo para que la muestra sea representativa de la población adulta con acceso a internet en cada país.

Se recolectaron al menos 750 respuestas en 12 países (Argentina, Brasil, Colombia, Egipto, Francia, Alemania, Indonesia, México, Filipinas, Sudáfrica, Estados Unidos y Reino Unido), con un margen de error de ±3,58%. En los otros 5 países (Marruecos, Omán, Botsuana, Kazajistán y Pakistán), se obtuvieron al menos 600 respuestas, con un margen de error de ±4,00%.

Nota: Cuando se mencionan cifras “globales” o del “estudio total”, se refieren al promedio de los 17 países encuestados.


La Justicia neuquina amplía la investigación en el caso Comarsa

La Justicia neuquina amplía la investigación en el caso Comarsa: se profundiza en la cadena de contaminación y fraude

Neuquén, 17 de febrero de 2025 – Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial celebramos la decisión de a Sala 6 del Poder Judicial de la provincia de Neuquén que decidió aceptar nuestra solicitud y extender por seis meses la investigación contra Comarsa S.A., la empresa responsable de la acumulación y traslado ilegal de residuos petroleros. 

Esta medida responde a la necesidad de esclarecer la responsabilidad de todas las empresas involucradas en el fraude y la contaminación denunciados. El juez Gustavo Ravizzoli ordenó la ampliación de la investigación y la solicitud de información al gobierno provincial, Comarsa, YPF y otras compañías que enviaron residuos a la tratadora.

La justicia aceptó la reformulación de cargos, reafirmando que se trata de un caso de contaminación peligrosa y fraude. Se mantendrá la calificación de “causa compleja” y se extendió el plazo de investigación por seis meses más. Además, se confirmó la continuidad de los embargos preventivos sobre la empresa para garantizar recursos en caso de una eventual condena y reparación del daño ambiental.

Desde 2013, Comarsa ha acumulado 300.000 metros cúbicos de residuos peligrosos en terrenos que no le fueron habilitados, incluyendo espacios públicos. La empresa recibió material contaminante de la industria petrolera, lo trató deficientemente y lo depositó de manera ilegal en el Distrito 6 de Neuquén. Durante años, las autoridades provinciales y municipales permitieron este accionar, avalando una práctica que pone en riesgo la salud de la población y el equilibrio ecológico de la región.

El traslado de residuos iniciado en diciembre de 2024 hacia la localidad de Añelo genera nuevas sospechas. La fiscalía y las querellas exigen conocer en detalle dónde están depositando los contaminantes y qué tipo de tratamiento se les está dando. Sin embargo, hasta el momento, solo hay información fragmentaria obtenida de comunicados oficiales sin verificación independiente.

El fiscal jefe Maximiliano Breide amplió la acusación, imputando a los dueños y gerentes de Comarsa por contaminación peligrosa para la salud pública y defraudación. La investigación contable reveló ocultamiento del pasivo ambiental, falsificación de balances y omisión deliberada de información a YPF y otras empresas contratantes. Se encontraron registros en cuadernos personales del dueño de Comarsa, que detallan una operatoria paralela para encubrir la situación real de la empresa.

A pesar de la evidencia, la defensa intentó sin éxito frenar la investigación. Los abogados de los acusados minimizaron el daño, incluso comparándolo con “las deposiciones de un perro en la vía pública”. Pero como demostró la fiscalía,  Comarsa contaminó suelos de manera ilegal, operando sin habilitación y ocupando terrenos de la municipalidad de forma clandestina.

El juez Gustavo Ravizzoli definirá si la investigación se extiende a nuevas empresas involucradas en la cadena de contaminación y fraude. La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas exige que se garantice el derecho a la información pública y que se detenga la impunidad de los responsables.

La crisis climática y ecológica no es solo consecuencia de decisiones políticas fallidas, sino de un modelo que sacrifica territorios y comunidades en favor de la rentabilidad petrolero-gasífera. La crisis de residuos provocada por la explotación hidrocarburífera del megaproyecto Vaca Muerta es una advertencia ineludible. La contaminación en Neuquén es un eslabón más de este esquema de saqueo y expoliación. Seguiremos impulsando que la justicia actúe con independencia y que los responsables paguen por los daños causados. Urge avanzar en una transición ecosocial justa y popular, que promueva un modelo energético descentralizado, democrático y basado en fuentes limpias, que garantice acceso universal a la energía y respete los territorios y comunidades. 

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas – Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Península Valdés y Golfo San Matías

Península Valdés y Golfo San Matías: organizaciones reclaman audiencia pública por el puerto petrolero 

Un colectivo que agrupa a cámaras empresariales, organizaciones territoriales y ambientales solicitaron una medida cautelar para garantizar la participación de la ciudadanía de Chubut en el debate por la realización del proyecto Vaca Muerta Oil Sur.

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur contempla la realización de un ducto que transportará hidrocarburos desde Vaca Muerta atravesando toda la provincia de Río Negro y parte de Neuquén y finalizará en un puerto de carga con dos monoboyas en el Golfo San Matías, en Río Negro.

Cámaras empresariales, organizaciones territoriales y ambientales se presentaron en el Juzgado Federal de Viedma, provincia de Rio Negro, solicitando una medida cautelar que garantice la participación social de las ciudadanas y ciudadanos de Chubut, a partir de la celebración de una nueva audiencia pública en la que puedan expresarse respecto de los impactos ambientales del mencionado proyecto.

“La biodiversidad no entiende de fronteras y quienes trabajan por su conservación al igual que los colectivos sociales y comunidades potencialmente afectadas tienen derecho a participar, expresarse y ser escuchados”, dijo Roxana Schteinbarg, del Instituto de Conservación de Ballenas.

La planificación del oleoducto con las monoboyas en el Golfo San Matías fue posible debido a  la modificación de la Ley 3308 que lo protegía. La reforma, a cargo de la Legislatura de Río Negro, fue realizada de manera inconsulta y vulnerando los principios de no regresión y de progresividad en las condiciones de protección ambiental incluídos en la normativa ambiental vigente, como la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. La ley reformada otorgaba explícitamente protección a las aguas jurisdiccionales de los impactos que produce la actividad petrolera, como la contaminación por hidrocarburos. 

En julio de 2023, las autoridades provinciales convocaron a una audiencia pública presencial para el 17 de agosto, en la ciudad de Sierra Grande, donde solamente podían participar residentes de Río Negro que se desplazasen hasta alli. Esto suscitó una fuerte oposición por parte del movimiento socio-ambiental vecinal y de las comunidades de pueblos originarios de la zona, no sólo a raíz de las restricciones y obstáculos que debieron enfrentar en el acceso a la audiencia, sino también por la documentación presentada por YPF en torno al Estudio de Impacto Ambiental, las cuales viciaron el proceso democrático. 

“Restringir la participación a una pequeña porción de la población donde este proyecto tiene incumbencia, es una afrenta a los principios democráticos que nos rigen como Nación. El Golfo San Matías, la Península Valdés y el mar Argentino son patrimonio de la humanidad y las decisiones que afecten este patrimonio no pueden tomarse a puertas cerradas”, dijo Fabricio Di Giacomo, de Las Grutas.

“El retroceso en la protección del Golfo San Matías es inconstitucional y el oleoducto atenta contra la biodiversidad de Península Valdés, sitio de patrimonio de la humanidad que atrae el turismo en la provincia de Chubut, una actividad fundamental para dinamizar la economía de nuestras comunidades que desde hace 22 años le decimos no a la megaminería, no al extractivismo y sí al turismo, al agua y la vida”, agregó Cristina Aguero, de “Asamblea Esquel No a La Mina”.

Entre los demandantes, se incluyen: la Cámara de Turismo y Servicios dept Península de Valdés; la Asociación Argentina de Guías Balleneros; Península Valdés Orca Research; la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas; la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn; la Fundación Patagonia Natural; la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de la Península de Valdés; la Asociación de Guías Profesionales de Turismo del Chubut; la Asamblea No A La Mina de Esquel; la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB); la Fundación Inalafquen y Surfrider Argentina.

La Justicia neuquina amplía la investigación en el caso Comarsa

Causa Basureros Petroleros: Victoria Legal en el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén


Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) celebramos el fallo trascendental del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén que investiga el escandaloso negocio millonario de los basurales petroleros en Vaca Muerta. El Tribunal dictó una resolución donde reinstauró embargos por 7 millones de dólares sobre los bienes que COMARSA – empresa acusada por delitos de contaminación y defraudación – posee en tanto en el Parque Industrial de Neuquén como en su planta en Añelo. 

La decisión surge tras una impugnación presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén y la fiscalía de Delitos Ambientales local. 

Con este fallo, se abren nuevas oportunidades para la judicialización de prácticas contaminantes, en áreas donde la industria fósil suele actuar con impunidad como Vaca Muerta. La reinstauración de los embargos por 7 millones de dólares refuerza la capacidad de las organizaciones ambientales para exigir responsabilidad y rendición de cuentas a las empresas que operan de manera negligente o ilícita.

Los embargos no solo afectan a los bienes de Comarsa, sino también a las cuentas bancarias y billeteras virtuales de dos de los tres imputados: J.M.L, presidente y accionista mayoritario de Comarsa desde 2014, y H.E.B, quien tuvo funciones de administración y control hasta enero de 2021. 

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén, anuló un fallo previo que limitaba el embargo al monto correspondiente a las multas vigentes por contaminación según la legislación específica. El nuevo fallo restaura el embargo original. Coincide con el criterio de la fiscalía y las querellas particulares, considerando que las medidas cautelares también pueden alcanzar el decomiso de bienes obtenidos a partir de actividades ilícitas. Esto marca un precedente importante para futuros casos de contaminación ambiental.

Desde 2014, Comarsa ha sido objeto de investigaciones impulsadas a partir de denuncias de organizaciones y colectivos locales de Neuquén, por haber contaminado el ambiente y puesto en peligro la salud de la población local. Estas acciones han tenido lugar en un predio ubicado en el parque industrial de Neuquén capital, donde la empresa realiza supuestas actividades de recuperación de residuos peligrosos. El modelo de combustibles fósiles asociado a Vaca Muerta inherentemente involucra casos como el de Comarsa donde los residuos peligrosos y radioactivos no son tratados de manera adecuada. De incorporar este costo, los márgenes apenas rentables de la industria petrolera nacional no serían suficientes.

La maniobra investigada abarca desde 2014 hasta la actualidad, y se centra en un predio ubicado en el parque industrial de Neuquén capital. Comarsa es acusada de contaminar el ambiente y poner en peligro la salud de la población, en violación de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos y el Código Penal. Los imputados enfrentan cargos por contaminación peligrosa para la salud pública (artículos 57 y 55 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, con remisión al artículo 200 del Código Penal) y administración fraudulenta (artículo 173, inciso 7, del Código Penal).

Al reafirmar y ampliar las medidas cautelares, la corte envía un mensaje contundente a las empresas y actores involucrados en actividades contaminantes: la justicia está dispuesta a actuar con firmeza en casos de delitos ambientales y de afectación a la salud pública.

Basureros Petroleros

Un guiño a la impunidad: Convocan a una conferencia de prensa por el caso de basureros petroleros

Debido a los más recientes hechos en el caso de basureros petroleros, llamamos a una conferencia de prensa desde las organizaciones querellantes: la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA)-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén y la Confederación Mapuche. La misma será realizada frente al Tribunal Superior de la Provincia de Neuquén, en calle Juan Bautista Alberdi 52, el lunes 25 de marzo a partir de las 13hs. 

La misma se realiza para actualizar a la comunidad sobre los gravísimos impactos socio-ambientales que produce la basura petrolera del fracking sobre el territorio neuquino y, a su vez, para exigir mayores compromisos al Poder Judicial en relación a la criminalidad ambiental de los poderosos. 

Esa misma mañana, AAdeAA y APDH Neuquén, presentarán un Recurso de Impugnación Extraordinario contra la resolución que decidió revocar las medidas cautelares contra COMARSA y sus principales socios (embargos sobre bienes e inhibiciones generales sobre sus patrimonios), dispuestas oportunamente por el Juez de Garantías y confirmadas por unanimidad por el Tribunal Revisor. Las mencionadas cautelares fueron dictadas para asegurar la responsabilidad financiera tanto de Comarsa como de los acusados, incluyendo un embargo por un total de 7 millones de dólares sobre los bienes de los acusados. Además, se había impuesto otro embargo preventivo sobre los activos intangibles de la empresa, como sus 4 galpones y 3 hornos pirolíticos en la planta ubicada en la localidad de Añelo. La finalidad de las cautelas es, principalmente, asegurar la existencia de fondos con los cuales garantizar la remediación del pasivo ambiental que ha dejado COMARSA.

La decisión que revocó las medidas interpreta erróneamente el Código Procesal Penal Neuquino y viola los principios ambientales de responsabilidad por daño y que fijan la obligación de recomponer, en protección, a su vez, del derecho a un ambiente sano de las generaciones futuras.

Frente a ello, las organizaciones mencionadas, conjuntamente con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)y el Centro de Investigación y Prevención de Criminalidad Económica (CIPCE), presentarán una carta ante los miembros del máximo tribunal provincial, solicitando la implementación de la Ley Yolanda, que tiene por objeto capacitar al Poder Judicial provincial, y a los funcionarios de los demás poderes, en materia ambiental. Resulta central el rol de los representantes del Estado a la hora de interpretar las normas y tomar decisiones, para garantizar el acceso a un ambiente sano y equilibrado, y la protección de los bienes públicos colectivos.

Asimismo, se informa a la comunidad que el martes 26/3 a las 18:00 hs. se llevará a cabo el taller “El lado B de Vaca Muerta: a propósito del escandaloso negocio millonario de la basura petrolera del fracking”, el cual tendrá lugar en el Salón Azul de la Universidad Nacional del Comahue.

Accesos a la información 

Durante el mes de febrero, la AAdeAA presentó una serie de accesos a la información ante las autoridades provinciales, municipales y legislativas de Neuquén, en el marco de la Investigación Criminal por contaminación y defraudación de la empresa Comarsa. Lo hizo en su carácter de parte querellante en el proceso penal que se investiga desde la Fiscalía de Delitos Ambientales del Ministerio Público Fiscal de Neuquén. Se encuentra actualmente en trámite una investigación preliminar con intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales y Leyes Especiales (MPFNQ LEG nro. 178123/20).

Las cuestiones planteadas a estas autoridades están relacionadas con el vínculo de las mismas con COMARSA, abarcando temas como la cesión irregular de terrenos fiscales a la empresa, los plazos de relocalización. Pero también con motivo de trascendidos en relación a obras de urbanización, en casi todos los casos, también solicitando que nos brinden información sobre los Estudios de Impacto Ambiental, entre otros detalles. Los posibles desarrollos urbanos en el límite del Parque Industrial Neuquén, donde existe un pasivo ambiental con residuos peligrosos, todo ello en el marco de la causa penal iniciada. 

Hemos solicitado lo siguiente a cada autoridad:

  • Al Sr. Secretario de Ambiente de la Provincia de Neuquén Lic. Santiago Nogueira: un informe detallado sobre el estado actual de cierre, remediación ambiental y abandono de la planta de Comarsa, así como las acciones llevadas a cabo por esa Secretaría al respecto. También hemos requerido una reunión presencial para discutir estos temas.
  • Al Sr. Subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana Municipalidad de la Ciudad de Neuquén Francisco Martín Baggio: detalles sobre las acciones realizadas por el Municipio para que la empresa sane el predio y lo restituya, inspecciones realizadas y medidas preventivas ante el loteo en curso. Asimismo, solicitamos información sobre el Estudio de Impacto Ambiental relacionado con dicho loteo.
  • A la Sra. Presidente del Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén Claudia Argumero: un informe sobre la situación actual de cierre, remediación ambiental y abandono de la planta de Comarsa, considerando la solicitud de prórroga realizada por la empresa en 2021. También hemos preguntado si se planea revocar la cesión de terrenos públicos debido al incumplimiento de los compromisos establecidos en la Ordenanza nro. 12.912 de 2013, incluida la obligación de forestar una franja envolvente de 300 metros de ancho con riego por goteo.
  • Al Sr. Intendente de la Ciudad de Neuquén, Mariano Gaido: información sobre posibles proyectos de urbanización, loteo y construcción de un estadio de fútbol en los terrenos adyacentes, así como sobre la posible relocalización de viviendas precarias. También sugerimos la realización de un Estudio de Impacto Ambiental Estratégico.

Contactos de prensa 

Rafael Colombo (AAdeAA-CAJE) 342 614-4658

Bruno Vadala (APDH) – 2994 15-1099

Lefxaru Nawel (Confederación Mapuche de Neuquén)- 2996 34-0448

Comienza el Juicio a la contaminación de Vaca Muerta

Neuquén 15 de Febrero del 2024

Acusan y embargan a empresarios investigados por contaminación y defraudación

El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y la asistente letrada Julieta González formularon cargos hoy a dos empresarios y un empleado que, teniendo a su cargo la operación de una planta de residuos peligrosos, simularon ganancias por la realización de tratamientos que finalmente no se concretaron con el objetivo de obtener ventajas patrimoniales.

La empresa es Comarsa (Compañía De Saneamiento y Recuperación de Materiales Sociedad Anónima) y la maniobra investigada, que abarca desde 2014 hasta la actualidad y sobre un predio ubicado en el parque industrial de Neuquén capital, consiste en haber contaminado el ambiente y puesto en peligro la salud de la población.

Además de acusar a quienes apuntaron como responsables por la maniobra, el y la representante de la fiscalía solicitaron un embargo de los bienes de la empresa y de dos de los imputados hasta cubrir un total de U$7.000.000.

Los imputados son J.M.L, presidente desde el 1 de abril de 2014; accionista mayoritario y controlante de Comarsa; H.E.B; director suplente entre abril de 2014 y mayo de 2017, pero que permaneció en posición de decisión hasta enero de 2021 y que tuvo funciones delegadas de administración y control; y F.A.P, quien entre principios de 2013 y septiembre de 2016 fue gerente general y responsable técnico de la firma, tenía la dirección del personal a su cargo y reportaba en forma directa a los otros dos acusados.

Desde la unidad fiscal de Delitos Ambientales se les atribuyó los delitos de contaminación peligrosa para la salud pública (artículos 57 y 55 de la ley 24.051 de residuos peligrosos, con remisión al artículo 200 del Código Penal; y 45 del Código Penal, en calidad de coautores); en concurso real con administración fraudulenta (artículo 173, inciso 7, del Código Penal).

La participación de los tres comienza a partir de abril de 2014, pero por diferentes períodos: el fiscal jefe precisó la acusación hasta la actualidad sólo respecto de J.M.L, mientras que sobre las otras dos personas acusadas definió límites: H.E.B hasta enero de 2021 y F.A.P hasta septiembre de 2016. Además, los dos primeros fueron imputados como coautores, mientras que el último como partícipe necesario.

La acusación también es impulsada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y por la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén, ambas entidades en carácter de querellantes particulares. Su intervención en la causa tiene el aval de la fiscalía, pero ante un cuestionamiento de parte de las defensas, el juez de garantías ratificó su legitimidad.

Investigación

Los hechos ocurrieron a partir de 2014, en el predio de Comarsa en el parque industrial de Neuquén. En ese momento, la empresa se comprometió contractualmente con YPF S.A., su principal cliente; a recibir y someter a tratamiento residuos semi-sólidos, consistentes en lodo contaminado con hidrocarburos, mediante un horno de desorción térmica.

Según precisó el fiscal, Comarsa recibió residuos “por sobre su capacidad instalada de tratamiento”, lo que generó una acumulación de éstos dentro del predio. Breide Obeid agregó que mientras eso ocurría, la empresa emitió certificados y cobró por tratamientos no realizados. “Esta maniobra les permitió disimular la situación real para continuar recibiendo residuos peligrosos, mantener sus contratos y justificar ganancias para luego distribuir; y entorpeció las labores de contralor sobre la empresa”, afirmó.

Comarsa se ubica a menos de 500 metros de barrios densamente poblados de la Ciudad de Neuquén. Breide Obeid relató que en 2014  comenzaron las manifestaciones públicas en contra de la empresa ante “los malos olores y el humo negro que emanaban los hornos”.

En 2015 se publicó el decreto 2263, que obliga a las empresas que tratan residuos peligrosos a reubicarse fuera del ejido municipal y, al menos, a 8 kilómetros de distancia de asentamientos poblacionales estables. Comarsa presentó ante los organismos de control un plan de cierre y traslado de sus actividades a la localidad de Añelo. En tanto, la subsecretaría de Ambiente de la Provincia le prohibió a la empresa recibir nuevos residuos a mediados de 2017, pese a lo cual se detectaron ingresos de residuos peligrosos en al menos seis oportunidades más.

En Marzo de 2018, la empresa reconoció la existencia de volúmenes de residuos superiores a los inicialmente informados, lo que implicaba continuar operando los hornos más allá del cronograma establecido por el plan de cierre. “La empresa solicitó entonces autorización para tratar los residuos a través de biorremediación dentro de la misma planta; y para enviar al menos 200 mil metros cúbicos de suelo contaminado a un relleno de seguridad en Añelo”, precisó el fiscal jefe. Agregó que “este plan fue nuevamente incumplido por la empresa, que en marzo de 2023 abandonó totalmente el tratamiento de los residuos por biorremediación y el envío a disposición final”.

“Actualmente, permanecen acopiados en el predio y sin tratamiento alguno más de 210.000 metros cúbicos de residuos peligrosos, solo separados de la población circundante por 500 metros y un paredón de hormigón que se encuentra prácticamente caído”, afirmó.

De acuerdo con la acusación, los contratos con YPF S.A. le reportaron a Comarsa ingresos por más de $700 millones; que “se cobraron sin haber realizado el tratamiento de los residuos y sin asentar entre sus deudas los residuos pendientes de tratamiento”. Esto permitió a la empresa “simular ganancias y justificar la distribución de honorarios y dividendos”.

Caso complejo y embargos

Luego de que el juez a cargo de la audiencia tuviera por formulados los cargos, el fiscal jefe y la asistente letrada solicitaron la declaración de caso complejo. Argumentaron la necesidad de contar con plazos mayores de investigación –pidieron 1 año- dado el elevado número de víctimas, la complejidad de las pericias que restan realizar y que “la fiscalía considera que se trata también de un caso de delincuencia organizada”.

El magistrado hizo lugar al pedido del fiscal Breide Obeid y de la asistente letrada González y declaró el caso complejo. Igualmente, dispuso el embargo de bienes por la suma y las precisiones indicadas respecto de la empresa y, en el caso de los imputados como coautores, también de las cuentas bancarias.

Prohibición de salir del país

Los representantes de la unidad fiscal de Delitos Ambientales solicitaron también al juez que disponga la prohibición de salir del país durante, al menos, 4 meses, respecto de J.M.L y de H.E.B. Breide Obeid sostuvo que existe respecto de ambos el riesgo de no sometimiento al proceso. En este caso, el juez también hizo lugar.

El único planteo de la fiscalía que no prosperó tiene que ver con establecer una restricción de 1.000 metros desde los límites del predio para la radicación o avance de urbanizaciones. Respecto de esto, el magistrado consideró que se trata de iniciativas que deben regirse por trámites específicos y que requieren, por caso, la presentación de estudios que son evaluados en otras sedes administrativas que, además, no están representadas en la causa.

fuente: mpfneuquen

Península Valdés en Peligro: Cámaras de la economía regional, asambleas vecinales y organizaciones conservacionistas presentan una acción legal cuestionando la terminal petrolera en el Golfo San Matías 

Ante el irregular avance del oleoducto desde Vaca Muerta al golfo San Matías.

Un amplio colectivo por el ambiente, la economía y la cultura le reclamó judicialmente al estado Chubutense prevenir y evitar el daño por la terminal petrolera del proyecto Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur. El bloque diverso presentó una acción legal en la provincia de Chubut por el ilegítimo avance del del proyecto para la realización de un ducto que transportará hidrocarburos desde Vaca muerta atravesando toda la provincia de Río Negro y parte de Neuquén y finalizará en un puerto de carga con dos monoboyas en el Golfo San Matías (Río Negro).

La iniciativa, presentada en el marco del segundo aniversario del Atlanticazo, destaca los riesgos y las consecuencias devastadoras que la terminal portuaria representa para la región. Es clave destacar que la fuerte conectividad oceanográfica y biológica entre el enclave donde se establecerá la terminal portuaria y el Golfo San José y el Golfo Nuevo; estos dos últimos componentes claves del entorno de la Península Valdés. Área ampliamente protegida, no solo a nivel provincial, sino también a nivel internacional por la Convención de Ramsar y por UNESCO en su carácter de Sitio de Patrimonio Mundial.

La acción fue interpuesta con fundamento en la inacción previa de la Provincia de Chubut en relación al puerto petrolero con enorme impacto en la región. Quedó radicada en el Juzgado Civil y Comercial de Puerto Madryn Titular del Juzgado Dra. María Laura Eroles. A través de un escrito se solicitó a las dependencias provinciales, conforme lo establece la ley XI 18, a tomar medidas preventivas y transparentar el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental e intervenir eficaz y activamente en él.

Entre las organizaciones que conforman la alianza están la Cámara de Turismo y Servicios de Península Valdés (CAPENVAL), la Asociación Red de Alquileres Temporarios de Puerto Madryn, el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), Asamblea Vecinal de Puerto Pirámides, la Asociación Argentina de Guías Balleneros, la Cámara Patagónica de Empresas de Avistajes de Ballenas, la Fundación Península Valdés Orca Research, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, la Fundación Greenpeace Argentina, la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación Patagonia Natural, la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo Península Valdés, la Asociación de Guías Profesionales de Turismo del Chubut y la Asamblea No a la Mina de Esquel.

Este colectivo refleja la preocupación de varios sectores de la sociedad civil que advierten que este puerto con dos monoboyas se emplazará a 30 km de la Península Valdés, afectando claramente la biodiversidad y la economía de las áreas marinas involucradas. Las infraestructuras costeras, se emplazarán en importantes enclaves de biodiversidad, con inmenso valor para las comunidades locales y actividades económicas que esta sustenta. El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, y su terminal petrolera es una clara amenaza al patrimonio biocultural, histórico, socio-productivo en la zona. En definitiva, a los bienes comunes, afectando principal pero no excluyentemente a la pesca artesanal y deportiva, turismo de avistaje de fauna, deportes acuáticos y buceo, entre otros. 

Las organizaciones exponen la omisión antijurídica del estado chubutense al no implementar acciones y políticas preventivas, exponiendo al territorio, su biodiversidad y a miles de familias a un riesgo previsible de daño social y ambiental. 

La reforma de la ley 3308 de Rio Negro, que protegía las aguas y costas del Golfo San Matias de la industria petrolera, hizo que vecinos, vecinas y organizaciones de distintas partes del país llevaran a la Justicia la modificación de la referida Ley con una acción de inconstitucionalidad que fue presentada ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en diciembre de 2022. El caso se encuentra actualmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La reforma que quitó la protección a San Matias viola el Acuerdo de Escazú, al carecer de transparencia y verdadera participación ciudadana. Además, atenta contra principios constitucionales de progresión y no regresión en materia ambiental, ya que desprotege al Golfo ante el avance petrolero. 

Las organizaciones explicitan que, según la normativa provincial y nacional, la autoridad provincial de Chubut tiene la responsabilidad de adoptar medidas necesarias para la preservación de las condiciones naturales. La acción se funda en los artículos 38, 41 y 155 de la ley XI N° 35, Código Ambiental de la provincia, y el artículo 39 de la ley de Áreas Naturales Protegidas. 

En la acción, las organizaciones manifiestan actuar en nombre de un interés colectivo: la preservación de los ecosistemas costeros marinos, su equilibrio ecológico, biodiversidad y las actividades turísticas, productivas y comerciales asociadas. 

Las monoboyas petroleras amenazan a más de 150 especies marinas únicas en la región, la rica biodiversidad del Área Natural Protegida Península Valdés, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Se pueden mencionar entre ellas: 

Colonias reproductivas del pingüino de Magallanes; una de las principales zonas de reproducción de la Ballena Franca Austral; sitios de anidación de aves playeras y costeras; colonias de lobos y elefantes marinos; sitios de caza de Orcas entre otros dependen de la calidad de las aguas del Golfo San Matias y se ponen en riesgo con este proyecto.

Un evento como el sucedido el pasado 28 de diciembre en la Ría de Bahía Blanca con la rotura de un ducto de carga de una monoboya similar a la instalarse en San Matías, tiñendo de petróleo crudo las aguas, tendría un impacto directo en la Península Valdés, ya que la circulación oceánica indefectiblemente lo arrastraría hacia allí. (1)

(2) también se puede citar como caso de derrame de crudo lo sucedido en Caleta Córdova en el 2007 con aproximadamente 300m3 de petróleo que impactaron negativamente a lo largo de 5km de costa en el Golfo San Jorge (es un ejemplo puntual de la Provincia)

En concordancia con el principio constitucional de no causar daño ambiental (Artículo 19 de la Constitución Nacional), las organizaciones exigen información detallada a la Provincia de Chubut sobre las medidas preventivas y la participación de los Chubutenses en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. Además, instan a la provincia a iniciar diálogos interprovinciales para abordar colectivamente los desafíos de la conservación de los bienes comunes.

Este llamado se basa en el derecho constitucional al ambiente sano, reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, respaldado por tratados internacionales como el Convenio de Escazú, que destaca la importancia del acceso a la información ambiental y la participación ciudadana en asuntos ambientales. Las organizaciones subrayan que la prevención es fundamental y que el acceso a la información es clave para tomar decisiones informadas y responsables. Se espera que la provincia de Chubut, en su papel de garante del derecho humano al ambiente sano, tome medidas efectivas y transparentes.

  1. https://www.eldia.com/nota/2023-12-31-13-35-0-preocupa-un-tremendo-derrame-de-petroleo-en-bahia-blanca-que-paso–informacion-general