En una respuesta judicial inédita, el ex Ministerio de Ambiente admite que no intervino en ningún Estudio de Impacto Ambiental del dragado en el Río Paraná
La máxima autoridad ambiental nacional acaba de reconocer ante la justicia que en las últimas dos décadas no posee registros, antecedentes técnicos ni intervenciones vinculadas al dragado del río Paraná. Así lo confirmó la ex cartera de Ambiente de la Nación —hoy degradada a Subsecretaría— en el marco de la causa impulsada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la organización UPVA Ramallo ante la Cámara Federal de Rosario.
En su respuesta oficial al tribunal, el ex Ministerio reconoce explícitamente que no participó en ningún Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ni en instancias de consulta pública respecto a las obras de dragado, ensanchamiento y cambio de traza del Paraná desde 2011 hasta la actualidad. La respuesta fue emitida frente a un requerimiento expreso de la Sala B de la Cámara Federal, que ordenó al Estado nacional entregar, en un plazo de diez días, los estudios de impacto ambiental con participación ciudadana correspondientes a las obras realizadas en el tramo frente a la ciudad bonaerense de Ramallo.
La respuesta es clara: no hay absolutamente nada. Ninguna intervención del organismo. Ninguna solicitud de otros entes estatales. Ningún estudio registrado. Ninguna evaluación técnica o instancia de participación. El propio Estado reconoce así la ausencia total de control ambiental estatal sobre uno de los proyectos de infraestructura más significativos del país.
Este nuevo documento judicial es, además, la segunda vez que el ex Ministerio de Ambiente admite no haber tenido ninguna actuación vinculada a la aplicación de la legislación ambiental nacional ni de los tratados internacionales en el marco del desarrollo de la mal llamada hidrovía.
Este reconocimiento, que no solo se expone en relación al caso del paso denominado Las Hermanas frente a la localidad de Ramallo, en el Paraná Inferior, sino que además desnuda la total inexistencia del área ambiental en todo el contexto político y temporal expuesto en la causa judicial ambiental en trámite. Es decir, durante años, las autoridades responsables de proteger los bienes comunes se mantuvieron ausentes frente a la intervención masiva sobre uno de los principales ríos del continente.
La gravedad de esta revelación se potencia al considerar que el dragado y redragado del Paraná, especialmente en el paso conocido como “Las Hermanas”, frente a Ramallo, ha avanzado sin evaluaciones actualizadas, sin consulta pública y sin control sobre los efectos ecológicos, sociales y económicos. Todo esto, en pleno contexto de crisis hídrica, acelerada por la crisis climática global y las bajantes que ocasiona.
El expediente judicial también incorpora como prueba un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) del Ministerio Público Fiscal, que detectó graves irregularidades en la licitación nacional prevista para 2025, y ahora pospuesta. Ese informe fue clave para frenar el proceso licitatorio y es uno de los elementos centrales considerados por la Cámara Federal para ordenar la entrega de la información ambiental faltante.
Además, lo expuesto ratifica lo ya advertido por el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, creado en la gestión anterior y desmantelado por el actual gobierno nacional. Ese organismo había reclamado expresamente la intervención de la autoridad ambiental y había exigido la realización de los EIA correspondientes, así como una Evaluación Ambiental Estratégica para el conjunto del megaproyecto.
Hoy, ese ente de control fue extinguido por decreto, en una decisión que deja al Paraná sin monitoreo, sin regulación efectiva y sin garantías mínimas de legalidad ni protección ambiental.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la organización UPVA reiteramos: no puede haber obras sin estudios, sin información pública y sin la participación de las comunidades. La planificación de la infraestructura hídrica del país no puede seguir bajo lógicas extractivas, opacas y a espaldas de la sociedad.
La protección del Paraná es una cuestión de derechos humanos, justicia ambiental y soberanía. La desidia estatal reconocida en este expediente no solo viola la ley: pone en riesgo la vida.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), junto al Colectivo de Acción Jurídica por el Ecosistema (CAJE), realizamos cinco pedidos formales de acceso a información pública ambiental a distintos organismos del Estado, ante el avance del proceso administrativo para una nueva Licitación de la Vía Troncal Navegable del río Paraná. Esta licitación apunta, conforme sus recientes antecedentes, peligrosamente hacia un escenario de privatización absoluta, reproduciendo errores ya señalados por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas en la fallida licitación anterior.
Las solicitudes se dirigieron al Instituto Nacional del Agua, Consejo Hídrico Federal, Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte, Subsecretaría de Ambiente de la Nación, y Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, esta última responsable del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS), clave para garantizar el manejo interjurisdiccional y federal del río y sus ecosistemas asociados (las islas y humedales), en su tramo inferior, el que recibirá el mayor impacto en el contexto de profundización del cauce principal, que se impulsa oficialmente.
Los requerimientos incluyen:
La entrega completa de toda la documentación generada durante el proceso licitatorio previo, recientemente frustrado por decisión del propio gobierno nacional.
El acceso a los primeros borradores de los Términos de Referencia (TdeR) para los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) previstos en la nueva etapa técnica-administrativa de la licitación. Es imprescindible conocer qué criterios ambientales estarán presentes desde el inicio del proceso y cómo participarán los distintos organismos provinciales y nacionales.
En caso de no existir aún estos documentos preliminares, exigimos detalles precisos sobre el estado actual del proceso, las autorizaciones pendientes, audiencias públicas previstas, y cómo se respetará concretamente la normativa ambiental vigente.
Exigimos claridad sobre el organismo independiente o comité técnico responsable de evaluar objetivamente estos estudios ambientales una vez concluidos. Es fundamental además que los TdeR incluyan explícitamente alternativas concretas a la privatización total del río Paraná, en línea con los principios básicos de cualquier evaluación ambiental rigurosa.
Finalmente, requerimos de los organismos interpelados, se nos informe si disponen de los dictámenes emitidos oportunamente por todos los órganos de control del Estado Nacional en sus tres Poderes, como del extinto órgano de control, denominado ECOVINA, en relación a las temáticas que nos ocupan en el desarrollo de reformulación de los pliegos de la Licitación y en particular sobre la legislación ambiental aplicable y el proceso EIA, previo a la misma.
Necesitamos garantizar la trazabilidad y coherencia del proceso respecto a la legislación ambiental aplicable y el desarrollo efectivo de las Evaluaciones de Impacto Ambiental.
Para la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial esta documentación es crucial para asegurar un proceso transparente, participativo y ajustado a los estándares internacionales vigentes, particularmente los establecidos por el Acuerdo Regional Latinoamericano de Escazú, del que Argentina es signataria. Recordamos que este acuerdo obliga a los Estados a garantizar la transparencia, la participación pública efectiva y la protección de defensores/as ambientales ante decisiones trascendentales como ésta.
La gestión del río Paraná no puede quedar subordinada únicamente a intereses económicos o privados, en desmedro de los derechos colectivos y la justicia ambiental.
Exigimos al Estado Nacional cumplir con su deber institucional de brindar información clara y oportuna, garantizando una gobernanza pública, democrática y ecosocial del río Paraná.
Adhirieron a las presentaciones las siguientes organizaciones: Taller Ecologista Rosario, El Paraná No Se Toca y las Multisectoriales por los Humedales de Rosario y de Paraná.
*Las presentes acciones acompañan la campaña “Remar contracorriente, por el agua, la vida y la soberanía”, que partió el 1ro de marzo desde Formosa y llegará a Rosario el 22 de Marzo, día mundial del agua.
El primer intento de privatizar el Río Paraná fracasó. El meganegocio del proyecto llamado “hidrovía” vuelve a un limbo administrativo. Alejo di Risio documenta las tramas geopolíticas alrededor de la cuarta cuenca de agua más importante del mundo por su tamaño y biodiversidad, y también las disputas colectivas por otros futuros posibles para nuestros ecosistemas. Proyectos y propuestas que luchan para proteger al río, para que nunca llegue la solastalgia, esa angustia por los paisajes que se pierden ante la avanzada del poder financiero.
La frase, que repetimos desde las organizaciones socioambientales, puede sonar vacía, slogan de publicidad. Pero más allá de la semántica, levanta una bandera por los futuros posibles para el Río Paraná, sus cuencas y ecosistemas. A otra escala, levanta también banderas por la capacidad que tengamos como pueblo de vincularnos con nuestras aguas.
El pasado 12 de febrero fue declarada vacía la licitación para el proyecto llamado hidrovía. Once empresas habían demostrado interés inicial, pero la que más había deslegitimado el proceso fue la única en llegar al final. Unas declaraciones de Adorni más tarde, la concesión volvió al limbo político en el que navega desde fines del 2021. Una administración estatal contrata a una empresa extranjera, y ninguna de ellas controla qué sale en los megabarcos que circulan por el río. Ni las obras ni el peaje son centrales en esta disputa, lo que está en juego es un nodo geopolítico. Uno que depende de la salud de vastos ecosistemas que están cada vez más frágiles.
Desde el fracaso de la licitación que vuelan sillazos. Los poderosos que se disputan el control del río hacen fuertes lobbys para definir las nuevas condiciones. Gobernadores, cámaras empresariales y la Sociedad Rural cruzan insultos en los titulares de grandes medios. El funcionario libertario de Puertos acusó de boicot, sabotaje y “una lluvia de operaciones” a Mauricio Macri, Guillermo Dietrich, el diario La Nación, diputados anónimos y la Sociedad Rural. En respuesta, el ex-presidente Macri arremetió contra Santiago Caputo, a quien acusó de crear una comisión trucha. En un año electoral, la alianza entre libertarios y macristas negocia, con reiterados golpes del ejército digital libertario al macrismo. Es que no solo está en disputa la caja de la actual licitación (calculada en doce mil millones de dólares), sino el nodo geopolítico que abre el Río Paraná. Para los grandes jugadores económicos es una salida de exportación. Pero para millones de personas que dependemos de él, la integridad del río y de la cuenca toda es parte de quienes somos, de cómo vivimos.
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¿Dónde empieza y dónde termina un río? Por definición, los ríos son cambio. Paradigma de lo que existe en constante flujo. Si bien toda topografía muta, los cauces son ese rincón del paisaje que más rápido escapa a la foto del pasado. Cada curva que toma la corriente vuelve a agrandar sus meandros, redibuja sus costas. Todos los deltas están definidos por su liminalidad. Y cada orilla, que cambia con cada atardecer, es una mala frontera.
La marea del río, inscripta en el pulso de cada chamamé, muta con el clima y las temporadas. En cada bajante y creciente, dibuja nuevas figuras sobre el territorio, propone otra forma de medir el tiempo y las épocas. Los sistemas de humedales a su alrededor reciben en cada creciente al caudal del canal central y lo devuelven dosificado cuando llegan las bajantes. Estos valles de inundación regulan el pulso natural, inspiran a identidades locales, y alojan incontables especies: un extenso archivo genético-biológico.
Pero dimensionar el patrimonio de biodiversidad no alcanza para describir el equilibrio milenario al cual la vida ha llegado en estos paisajes. Ese gran valle de inundación y sus sistemas de ríos, humedales y sociedades que llamamos la cuenca del Plata es el cuarto más grande del mundo. Si tomamos en cuenta todo el Acuífero Guaraní, es hogar de más de 100 millones de personas. Una geografía que nace en el Gran Pantanal, sur de Brasil, y atraviesa 50 represas para llegar a nuestro territorio, pasando por las cataratas del Iguazú, los esteros del Iberá e incontables ecosistemas en el camino. Hay ocho provincias argentinas, 12 millones de personas, cuyo bienestar está intrínsecamente ligado a la salud de la cuenca.
La potencia inmanente del río vive en tensión con el motor de la macroeconomía nacional: el mandato exportador. Si en algo coinciden los economistas -tanto neodesarrollistas como anarcolibertarios de escuela austríaca- es en la necesidad de exportar cada vez más como única salida de las crisis financieras. En este marco, los mares y ríos son reducidos a “autopistas líquidas”. Pero el Paraná es un río aluvial, de poca pendiente. Los sedimentos que arrastra a lo largo de kilómetros se depositan en su tramo bajo, creando islas, islotes o bancos de arena. El delta es un piquetero por definición.
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Desde hace unos años que la falta de agua tiene inquietos a los dueños del agronegocio. La sequía de 2023 redujo sus ganancias por casi dos tercios, y la bajante de los últimos años del Paraná también limitó la carga de los barcos. Ante la inestabilidad hidrológica su apuesta es una sola: dragar, dragar y dragar. Para que grandes megabarcos salgan al mar a capacidad repleta, y que nada detenga la libertad de la máxima recaudación.
Mientras tanto, la crisis climática hace que la atmósfera pueda absorber más agua. Esto significa que cada vez vamos a atravesar más inestabilidad hidroclimática. Las inundaciones y las sequías serán cada vez más profundas, y pasará menos tiempo entre una y otra. Para mitigar el impacto social de estos “latigazos climáticos” la ciencia establece que es clave gestionar de modo integral ambos períodos, o sea co-gestionar bajantes y crecientes como un sólo fenómeno. Desde el punto de vista ambiental, profundizar el dragado va absolutamente a contramano.
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Agosto del 2000, Brasilia. Veinte hombres en traje posan para la foto. Fernando de la Rua, Alberto Fujimori y Hugo Banzer entre ellos. Hay doce presidentes sudamericanos en total, a su lado, varios miembros de organismos internacionales. Todos juntos, presentan su visión de futuro para el continente: la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Un plan maestro de intervención continental , que cierra al tono de una década dominada por el Consenso de Washington. Define una serie de megaproyectos logísticos que cruzan de lado a lado el continente y facilitan así la salida de grandes volúmenes de naturaleza en forma de bienes primarios.
Uno de estos proyectos integra Sudamérica de forma vertical: recorre 3.400 kilómetros —desde Puerto Cáceres, Brasil, hasta el puerto de Montevideo, Uruguay—. Fue bautizado “hidrovía”, palabra que no existe en ningún diccionario, y que nombra a la compañía a cargo de las obras. Hidrovía S.A. está formada por una alianza entre la dragadora belga Jan de Nul y la empresa argentina EMEPA. Esta última del empresario Gabriel Romero, quien décadas más tarde participará de la “Causa Cuadernos”, confesando haber pagado coimas para extender la concesión de esta concesión.
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El historiador Alejandro Galliano describe con detalle la enorme capacidad de soñar que tiene el capitalismo. Intervenir a escalas colosales el territorio precisa mucha planificación, requiere una capacidad muy grande para mirar el futuro. Para el imaginario utópico financiero no hay límite físico o político. Cualquier obstáculo, como un Delta, puede atravesarse, excavarse. En las mesas de planificación todavía flota el sueño de conectar al Río Paraná con la cuenca del Amazonas. Atravesar el continente con un complejo de esclusas que compensen la diferencia de altura, similar a lo que sucede en el canal de Panamá.
Es el pasaje centroamericano el que da nombre a los modelos de buques oceánicos: Panamax y Post-Panamax. Garantizar la circulación de estos edificios flotantes es la tarea. La pequeña flota de barcos que remueve sedimentos suele presentarse como un proyecto de infraestructura. Pero la construcción es casi nula. Las obras de dragado no crean nuevas estructuras, sino que moldean la forma del río. La tarea suena a ciencia ficción capitalista: esculpir un surco en el fondo de uno de los torrentes más caudalosos del mundo. Todo para abaratar costos de flete con unos barcos que no ven la orilla, que están fuera de escala.
La profundidad es la métrica clave para la Bolsa de Comercio de Rosario, centro de operaciones de las grandes exportadoras. Cada centímetro ganado al río añade toneladas de cereal en la carga de cada barco que zarpa desde los alrededores de Rosario. Por año se estiman 130 millones de toneladas de productos agropecuarios e industriales (declarados). La mayor parte es proteína vegetal. Cultivada y crecida con nutrientes de nuestros suelos, mano de obra nacional, agua barata y energía subsidiada. Pero cuando importamos bienes pagamos dieciocho veces más caro cada una de estos insumos. Estamos regalando bienes comunes.
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Noviembre de 2024. Día de la Soberanía. Argentina recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, cuando en 1845 nuestra joven república rechaza en el Río Paraná el avance militar de Reino Unido y Francia. Aquella flota anglo-francesa venía con maquinaria militar de punta, para “pacificar” el conflicto entre Uruguay y Argentina. Su objetivo real era establecer la libertad de los mercados internacionales. La misma que defiende, 180 años después, el gobierno de Javier Milei al anunciar la privatización del control del río.
Las empresas más interesadas en la licitación son cinco. La china Shanghai Dredging Company y el grupo de las “Big Four” de la logística internacional: Van Oord, DEME, Boskalis y Jan de Nul. Pero no son sólo las dragadoras las únicas que miran la cuenca que mueve el 50% de la proteína vegetal global. En marzo de 2024, el interventor de la hidrovía, Gastón Benvenutto se reunió con el Embajador de Estados Unidos, Marc Stanley. Anunciaron un acuerdo de colaboración entre la Administración General de Puertos y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. El Memorando de Entendimiento no fue revelado, pero la noticia, publicada por Infobae, habló de “colaboraciones en seguridad” y “medidas para combatir actividades ilícitas”. Un mes después la generala Laura Richardon advirtió en el mismo medio sobre la inminente llegada del fentanilo al Gran Rosario y enfatizó “la necesidad de trabajar juntos” para prevenir “actividad maligna”.
Stanley volvería a Rosario junto al Embajador belga para celebrar el protagonismo de la empresa Jan de Nul y apoyar su continuidad en la zona. Más tarde se reveló que ese acuerdo había sido iniciado en 2023, durante el gobierno del Frente de Todos, bajo la firma del entonces interventor José Carlos Beni. La empresa Jan de Nul fue la acusada de haber recibido favoritismo en esta licitación caída. Más de doce organizaciones distintas accionaron judicial o administrativamente para exponer la licitación hecha a medida, tanto por razones técnicas y financieras. Entre los opositores a la actual licitación, también estaban los grandes actores del poder, con el macrismo a la cabeza.
El ex presidente tuvo su propio sueño para el río: reemplazarlo. Construir una verdadera autopista líquida, un canal exclusivo que corriera paralelo al Río Paraná, desde Rosario al Atlántico. No dragar el río, sino armar uno nuevo. Su metrobús fluvial no prosperó, pero el PRO está hoy en día en abierta disputa con La Libertad Avanza, con campaña abierta para evitar la licitación libertaria, fue acusado por ello. En tándem con Máxima Zorreguieta, hacen lobby a favor de la holandesa Boskalis, que en 2013 fue echada del canal Martín García por intentar sobornar a un funcionario uruguayo.
La licitación actual propone cavar el Paraná aún más: hasta los 44 pies, esto es más de 14 metros, denunciado como un ecocidio por organizaciones socioambientales. Deja la evaluación de impacto ambiental en manos de las empresas, y les concede el control del río por 30 años, extensible a otros 30 años más, hasta 2085. Por otro lado, el gobierno avanza en desregular las áreas estatales de control marítimo y fluvial. A pesar de que lo que pasa en el río en Misiones impacta en el Delta del Tigre, la visión de cuenca no empapa ninguna de las medidas. Por eso, también están en la mira el Instituto Nacional del Agua, AySA y sus once millones de usuarios, y las estructuras populares ambientales, culturales, organizacionales que promueven vínculos con nuestros ríos más allá de lo financiero.
Dime con quién andas y te diré qué futuro para el río quieres. Las agrupaciones portuarias y las cerealeras demandan una licitación rápida y cada vez más profunda. Los gobernadores buscan morder tajada en el control de la caja y expandir el dragado hasta puertos secundarios. Pero las organizaciones ambientales y sociales a lo largo de la cuenca reclaman otra forma de gestionar y habitar las cuencas. ¿Y quienes no tenemos poder, qué proponemos y qué buscamos para los futuros del río?
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¿Cómo dimensionar el impacto de estas intervenciones en la vidas cotidianas? Lxs vecinxs de Victoria llegaron a temer que sus humedales murieran de sed. Parte del sedimento que las dragas remueven termina en las costas. Esto obstruye la entrada de agua a las bocas que alimentan otros canales, como las tres que alimentan el humedal que brinda agua a la ciudad de Victoria. Con menor caudal, empeoró la calidad del agua potable. La seca puso en riesgo los entramados de la economía popular que dependen de la salud de los ecosistemas. Oficios, trabajos, cultivos, ganadería, alimentación que se deshidrataba con las lagunas, degradando los suelos irreversiblemente. Las organizaciones locales denunciaron que, por primera vez en la historia, los humedales podían morir de sed. ¿Cómo se recomponen las identidades definidas por el ambiente cuando éste muere? La licitación actual ignora estos brazos secundarios.
“Quedan cada vez menos ríos libres en el mundo y el Paraná ya no es uno de ellos”, escribe la periodista Jorgelina Hiba en Paraná Extremo. Al Paraná lo convirtieron en “curso multifragmentado”. Las quemas descontroladas, la pampeanización del delta, la especulación inmobiliaria y el efecto de los agrotóxicos sobre la biodiversidad afectan la integridad del río, lo que el río es. Si la identidad es definida por el ambiente, las heridas sobre el Paraná lastiman nuestra cultura.
Las bajantes de los últimos años dejan marcas a lo largo de la sensibilidad litoraleña. En muchos corazones todavía pesa una profunda solastalgia, esa angustia generada por la degradación ambiental de los lugares que sentimos hogar, que pensamos propios, de los cuales formamos parte. El entramado de organizaciones culturales, sociales y territoriales siente solastalgia pero a la vez está agitado, ebullece.
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Luis “Cosita” Romero pesca en medio del río. Escucha Radio Nacional desde el bambolear de su canoa, la Danielito 1º. Sube el volumen del noticiero de Radio Nacional cuando hablan del proyecto del Paraná Medio. El locutor informa que la represa generará un valle de inundación de un millón de hectáreas. Cubrirá islas, y vecinos de las costas de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes tendrán que desplazarse. Para hacerlo entregará el control de la represa a Estados Unidos por 30 años. Es 1996, pleno menemismo. “Cosita” arenga a su amigo y colega Raul Rocco. Están decididos. Irán pueblo por pueblo a lo largo del río compartiendo con la población las consecuencias de la represa, el territorio perdido, el exilio del propio hogar. Parten hasta la represa Yacyretá, que lleva el nombre de la isla que estaba allí antes de la represa: tierra (retã) de la luna (jasy). Navegan más de mil kilómetros, con una carpa prestada y dos bolsas de dormir, hasta la ciudad de Paraná. Como acto de inauguración de la travesía, Cosita y Raúl se acercan al enorme muro y escriben con tiza sobre el concreto “DESDE AQUÍ NUNCA MÁS”. La canoa en la que parten es la de Raul, se llama “La Enamorada del Río”.
Construir otras formas del futuro para nuestros ríos implica diseñar modelos alternativos de conexión identitaria y comunitaria con ellos. Recuperar el derecho al acceso público a las costas, crear reservas naturales naturales y políticas territoriales a la altura de la crisis climática. Curar y sanar nuestras aguas implica regular las aguas cloacales, controlar su tratamiento; realizar estudios integrales sobre el efecto de los agrotóxicos que caen al río implica, repensar el modelo del agronegocio y escalar las experiencias que cultivan alimento en sinergia con la naturaleza.
Para mucha gente el futuro ya no es significado de progreso; y la dimensión ambiental ocupa buena parte de esta crisis de esperanza. ¿Qué futuros deseables, plenos y potentes nos imaginamos para nuestro gigantesco río marrón? Una sociedad potente, con economías que garanticen el bienestar, pero donde las dimensiones ambientales, culturales y sociales del río sean incorporadas. Con Comités de Cuenca realmente efectivos y con comunidades organizadas en alianza con el saber científico. Reconstruir nuestros sistemas de transporte fluvio-marítimos, con barcos y barcazas que puedan integrar a la Argentina desde Misiones a Tierra del Fuego. Con una navegación a través de los ríos y mares, no sólo para la exportación, sino también para las personas.
La gesta de “Cosita” impulsó el movimiento ambiental entrerriano de la época que logró inscribir su voluntad en Ley Antirepresas 9092/97, y la posterior inclusión del Artículo 85 en la constitución provincial entrerriana. El 25 de septiembre se celebra la Ley de Libertad de los Ríos en su honor. Desde entonces, “Cosita” se dedica al turismo comunitario, pero ahora ha tomado nuevamente los remos. Su historia inspira militancias, contagia acción. Hoy 28 años después, Cosita viaja de nuevo; navega con una flota de canoas en la travesía Remar Contracorriente, en la cual más de 180 organizaciones convocan a remar en contra de la extranjerización de nuestros ríos. Llaman a retomar la rebeldía para defenderlo. Florecen así cientos de militantes que con remo en la mano, se disponen a recorrer de nuevo cientos de kilómetros para defender y proteger al Río Paraná. Salen a disputar la capacidad de soñar y dedicarse a imaginar lo imposible, para construir realidad.
25 de Octubre – En un contexto de crisis hídrica y ambiental en el río Paraná, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas ha solicitado al Gobierno Nacional el acceso a la información ambiental completa sobre las recientes modificaciones en el contrato de concesión de la Vía Navegable Troncal del Paranáque dispone mayores profundizaciones y ensanchamientos del canal.
La solicitud se ampara en el derecho de acceso a la información pública garantizado por la Ley Nacional 25.831 y el Acuerdo de Escazú, que establece el deber de brindar información ambiental de forma oportuna y accesible a toda la ciudadanía.
Importancia de la transparencia ambiental en el contrato del río Paraná
La transparencia en el manejo de la Vía Navegable Troncal del Paraná es esencial para garantizar un uso sostenible de este recurso vital para la región. La cuenca del Paraná, que atraviesa varias provincias y es clave para el ecosistema y la economía nacional, enfrenta actualmente una de sus peores bajantes registradas, lo cual afecta el suministro de agua potable y la salud de los humedales y ecosistemas asociados. El acceso a la información sobre el contrato de concesión permite que la sociedad y las organizaciones tengan claridad sobre las implicancias de las decisiones gubernamentales para la cuenca, la biodiversidad, y la calidad de vida en las comunidades locales.
Derechos de acceso a la información ambiental y Acuerdo de Escazú
La Ley 25.831, que garantiza el derecho de acceso a la información ambiental, establece que cualquier persona o entidad puede solicitar información sobre el ambiente sin tener que justificar un interés especial. Esta ley, junto con el Acuerdo de Escazú, firmado por Argentina, promueve el acceso libre y transparente a información ambiental relevante para la sociedad.
Enfatizamos también que el acceso a esta información es indispensable para la participación ciudadana en políticas públicas, ya que los ciudadanos tienen derecho a conocer y comprender las decisiones que afectan su ambiente y su calidad de vida. El Acuerdo de Escazú establece el “Principio de Máxima Publicidad”, que indica que el Estado debe ofrecer proactivamente esta información y ponerla a disposición pública, en un formato accesible y claro.
Información solicitada sobre la Vía Navegable Troncal
Específicamente, la Asociación ha solicitado la entrega del texto completo del contrato de concesión del río Paraná y todas sus modificaciones, además de los anexos de la Disposición 24/2024, los cuales no son publicados con el texto de la Disposición que los referencia, pero reiteramos, no son publicados de manera íntegra y accesible. Lo expuesto se manifiesta accediendo en el Boletín Oficial. Esta información es fundamental para comprender el alcance e impacto de las modificaciones introducidas.
En ese sentido, solicitamos especialmente la totalidad de los anexos obrantes en el expediente, ya que en el propio Boletín Oficial al final mencionan que “NOTA : El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición no se publica/n.”
La falta de acceso a esta información pública es una barrera a la participación de la ciudadanía en el control de decisiones estratégicas que afectan a un bien común. En caso de recibir una respuesta incompleta o falta de respuesta, la Asociación formulará la correspondiente reserva de acción judicial.
La Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas con la organización ecologista UPVA de Ramallo, Provincia de Buenos Aires, presentó una solicitud de urgente resolución por parte de la Justicia Federal de San Nicolas, con la finalidad de que no se avance en más profundizaciones del cauce principal ni de ningún otro curso de agua en el valle de inundación del río Paraná -mal denominada hidrovía- en razón de la enorme crisis ambiental e hídrica que se manifiesta en la cuenca del Plata y Sudamérica toda.
Intentar, en semejante escenario, avanzar con intervenciones de ensanchamiento y profundización de cauces, a los efectos de garantizar bodegas completas en su capacidad de carga, de los barcos de ultramar o los que sean según los tramos del río Paraná Medio o Inferior, sin cumplir, aplicar y respetar los procesos necesarios de estudios de impacto ambiental acumulativos como la realización de una evaluación ambiental estratégica de la cuenca, frente al delicado escenario de cambio climático, es un agravamiento del proceso ecocida que se vive en estos territorios, que no podemos ni debemos consentir y menos acompañar con silencios o faltas de decisiones ejecutivas como judiciales, sean negacionistas o ignorantes de la significación y relevancia de los principios de precaución y prevención entre tantos otros del Derecho Ambiental y Convencional.
El proceso de vulneración del acceso al agua saludable en la ciudad de Victoria, Entre Ríos, como la enorme afectación a la diversidad biológica como cultural y productiva de las comunidades habitantes del valle de inundación y ecosistemas asociados, movilizan el dictado de la decisión cautelar requerida por los impulsores de la acción de amparo ambiental federal.
Solicitamos a la Justicia Federal, se haga cargo de semejante escenario y dicte la medida cautelar que prohíba mayores intervenciones en el sistema de humedales y su cauce principal, dejando descansar y libre de más procesos de artificialización del río y sus ecosistemas asociados, hasta tanto se dicte Sentencia definitiva en la causa judicial correspondiente, en la que se peticiona se ordene conformar el Comité de Cuenca del río más grande del País, garantizando el ejercicio de la democracia ambiental, con el debido respeto de sus herramientas de participación ciudadana.
Finalmente, en estas horas la Administración General de Puertos concrectó la modificación del contrato de concesión del servicio de mantenimiento y dragado, estando habilitada para desarrollar mayores profundizaciones del cauce y ensanchamientos. Expresamos nuestro total repudio a esta medida inconstitucional y violatoria de todos los procesos participativos previos como preventivos, de absoluto agravio al federalismo de concertación, en atención a que son las Provincias y sus pueblos las titulares de los bienes naturales existentes en el valle de inundación en todas sus diversidades y vitalmente, sus ríos. Ignorar las atribuciones y derechos de las Provincias y sus pueblos, es de una gravedad institucional, en el cotexto expuesto y en relación a sus impactos negativos, que nos lleva a denunciar como un ecocidio más que anticipado por el conjunto de los movimientos ambientales, sociales y de otras escalas humanas de la cuenca en su conjunto. Buenos Aires, San Nicolás y Paraná, 20 de octubre de 2024.
Contacto: Jorge Daneri +54 9 343 5113491 Fabián Maggi +54 9 3413 72-0859 Miembros del equipo de Litigio Estratégico de la AAdeAA.
Parece ridículo explicar sus consecuencias inhumanas. Quizás sí exponerlas para los seres vivos no humanos, pero ahora no es el objetivo de estas palabras. Victoria, la de las siete colinas, se está secando.
Cientos de causas se pueden exponer frente a semejante realidad. Los anti Estado que dicen que el libre mercado lo resolverá, los burócratas que no salen o no se animan a saltar de sus zonas de confort, o los militantes funcionarios de la Agenda negacionista, el no tenemos plata y los alienados al infierno mental de sus mundos digitales.
Mientras el pueblo de Victoria se queda sin acceso a las aguas, la política del auto proclamado “No” político Javier Milei, anunciará en las Naciones Unidas, la liberalización de todas y todos, más este río.
En su cauce principal, si existen dragas ¡y qué dragadoras!
Pero para abrir pasos taponados por décadas de descontrol por esas mismas mega dragas y que las aguas puedan fluir hacia el valle de inundación del ejido de Victoria, no existen urgencias ni tiempos prioritarios. Menos aún dragas públicas que solidaria y fraternalmente puedan brindar, esas manos. Las fundieron, las vaciaron, las hundieron o las regalaron a las corporaciones multinacionales.
El pueblo de Victoria se está quedando sin agua. ¿Se comprende?
Estas reflexiones, ojalá puedan servir para que algún fiscal de esos Ministerios Públicos mínimamente valiente, o esos jueces que sí tienen tiempo para avanzar en causas ambientales y resolverlas como el Derecho Constitucional y Ambiental disponen, puedan tomar estos hechos, como una solicitud de ejercicio de la ética del cuidado mutuo, de sus pueblos, como una ética del cuidado de las instituciones democráticas a escala humana, no digital, y disponer la inmediata convocatoria al Comité de Emergencia Ambiental del Delta conformado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 2020, para que se garantice todo eso que se debe poner para sostener el aún milagroso artículo 85 de la Constitución de la Provincia de los ríos libres, y el pueblo de Victoria no se sienta vulnerable y abandonado por los unos y los otros.
(*) Miembro Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y de la Unidad de Vinculación Ecologista de la Fundación La Hendija, Paraná.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) solicitamos la convocatoria urgente del Comité de Emergencia Ambiental en el marco del PIECAS-Delta. La situación en el Delta del Paraná ha alcanzado niveles críticos debido a la bajante extrema del río Paraná y los incendios irregulares que continúan devastando el área. Nos preocupa profundamente el impacto que esta crisis está teniendo sobre los ecosistemas del Delta y la seguridad hídrica de millones de personas que dependen de esta región.
Los humedales del Delta del Paraná cumplen una función vital en la preservación de la biodiversidad y el equilibrio ecológico de la Cuenca del Plata. Sin embargo, hoy enfrentan amenazas crecientes debido a la falta de medidas efectivas por parte del Estado. La crisis hídrica, los dragados descontrolados y la continuidad de incendios están acelerando la degradación de este ecosistema único.
Exigimos que el Licenciado Daniel Osvaldo Scioli, en su carácter de Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, convoque inmediatamente al Comité de Emergencia Ambiental en el marco del PIECAS-Delta. Este Comité tiene la responsabilidad de coordinar políticas y acciones para mitigar los efectos devastadores de la crisis hídrica y los incendios. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya estableció en su fallo del 11 de agosto de 2020 la necesidad de un espacio de coordinación entre las provincias afectadas y la Nación, y la creación del Comité fue justamente para enfrentar situaciones como la que vivimos hoy.
Pedimos que se tomen medidas concretas y urgentes, acordando un plan de acción que responda a la emergencia en curso y garantice el cuidado de los humedales. También solicitamos la apertura de un espacio público de diálogo con las organizaciones ambientales que trabajan en la región, para que puedan expresar sus observaciones y aportes sobre las acciones necesarias. Este tipo de intercambio es fundamental para asegurar que las decisiones que se tomen sean transparentes y respondan a las realidades locales.
Entendemos que la situación es extremadamente grave. De no obtener una respuesta inmediata, nos veremos en la obligación de informar a la Corte Suprema, solicitando su intervención directa debido a la inacción de las autoridades. La ley de Presupuestos Mínimos Ambientales, que establece bases claras para la protección de los ecosistemas del Delta y la prevención de incendios, debe ser aplicada de manera estricta.
Insistimos también en que las reuniones del Comité se realicen en la región afectada, ya sea en Rosario, Victoria o San Nicolás, para facilitar la participación de las comunidades locales y organizaciones involucradas. Es crucial que las decisiones se tomen cerca de los territorios afectados, en contacto directo con quienes viven y defienden estos espacios.
Reafirmamos nuestro compromiso con la justicia ecosocial y con la defensa de los derechos de la naturaleza. La crisis en el Delta del Paraná no solo afecta al ambiente, sino también a las personas que dependen de estos ecosistemas para su subsistencia. Precisamos acción con responsabilidad y urgencia.
Contacto de Prensa: Jorge Daneri +54 9 343 511-3491
Los gobiernos regionales avanzan con decisiones políticas críticas sobre la profundización del modelo imperante en el río Paraná inferior: entre ellas el derrocamiento de pasos rocosos en el río Paraguay y el dragado en el tramo Cáceres-Corumbá. Estas acciones amenazan ecosistemas y violan acuerdos internacionales, lo que podría derivar en un ecocidio a lo largo de la Cuenca del Plata. Llamamos a organizaciones socioambientales a lo largo de la cuenca a movilizarse en cada territorio y espacio posible para frenar estas decisiones y avanzar hacia la gestión democrática de cuenca.
En estos días se comunica como hecho políticos en vía de inmediata consumación, la profundización del río Paraná inferior en compensación por el aumento del peaje de la “vía navegable” (Gobierno Nacional); derrocamiento de trece pasos rocosos en el río Paraguay, (Gobierno de la Rca. de Paraguay) y dragado para mayor profundidad de tránsito de barcazas en el tramo Cáceres Corumbá (Brasil), nacientes y primer tramo del río Paraguay. (1)
Luego de más de 25 años, nuevamente renace este drama ecosocial que se había logrado detener, frenar, particularmente en el segundo y tercer escenario, gracias a la movilización social e incidencia política fruto de una enorme diplomacia social en el seno de los parlamentos y las instituciones financieras internacionales interesadas, por parte de la Coalición Ríos Vivos que articulaba con aproximada trescientas organizaciones diversas de la cuenca, en plena ejecución del neoliberalismo en la región.
Derrocar, destruir diques naturales milenarios sumergidos en el río Paraguay, que regulan su régimen hidrológico, es un disparate de consecuencias previsibles como también impensadas, particularmente por falta de evaluaciones ambientales estratégicas, incluso previamente integradas en el marco de profundos debates sociales (democracia ambiental) y políticos a nivel de los Estados de la Cuenca del Plata. Es brutal el incumplimiento en la gestión de los gobiernos del Acuerdo Marco Ambiental del MERCOSUR, del propio Tratado de la Cuenca del Plata y el reciente Acuerdo Regional de Escazú.
Merece destacarse, que semejante mega proyecto de artificialización del segundo río más grande de Sudamérica, merecería un tratamiento mucho más amplio en el escenario ya inapelable del proceso antrópico de cambio climático que estamos viviendo y sufriendo, en particular los seres humanos y no humanos más vulnerables. No existe diálogo sistemático previo entre los órganos científicos y políticos de las Convenciones de Diversidad Biológica, Cambio Climático, Lucha contra la Desertificación y de protección de los Humedales de Importancia Internacional (RAMSAR) todas vigentes y aplicables al mega proyecto de la hasta hace poco denominada hidrovía Paraguay Paraná, tratados internacionales que el denominado Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) sancionado en Argentina, pretende ignorar como obstáculos para la profundización y mayor artificialización de este megaproyecto.
El Sub Grupo de trabajo Número 6 del MERCOSUR (Medio Ambiente), debería considerar semejantes anuncios, evaluar en conjunto con los Estados Provinciales, en el marco del federalismo de concertación en Argentina. Nada de esto sucede. Todo es poner la decisión delante de procesos participativos previos. Se agravian los principios preventivo y precautorio, nada que decir del principio de equidad intergeneracional, menos de no regresión y progresividad. Todos violados de una manera alevosa de avanzar estas decisiones de mercado para muy pocas corporaciones de la minería, la soja y los agrotóxicos, entre las más significativas.
Un dato no menor es que la visión canalizadora aún mayor del cauce principal del Paraguay Paraná, atraviesa en Argentina, por ejemplo, cinco Sitios de máxima protección internacional de humedales (Convención RAMSAR), sin intervención alguna de la representación Nacional y menos de su Secretaría Ejecutiva.
Los litigios serán infinitos, las Cortes Supremas de Justicia de estas Naciones, deberán, finalmente, expedirse.
No podemos aún afirmar si el “asesoramiento” del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EEUU de Norte América es determinante de estas decisiones en Paraguay y Argentina, firmantes los dos Gobiernos de “Memorándum de Entendimiento” sobre este tipo de mega proyectos de infraestructura (2)
Pero de lo que no queda duda, es que el ciclo del agua en la Cuenca del Plata, ingresa en un proceso de destrucción masiva, de concretarse estas sentencias de muerte dictadas contra nuestro sistema de humedales desde el gran Pantanal, los humedales Paraguayos, los esteros del Ibera, el Paraná Medio y el gran delta argentino.
Si avanzamos en una visión sudamericana y advertimos los procesos de descomposición de los Glaciares Andinos, la destrucción por desforestación del Chaco Americano y la herencia de la extrema derecha en Amazonia; la Cuenca del Plata, en particular la denominada pampa húmeda y más, están condenadas, con estas políticas negacionistas y violadoras de toda visión eco social, a la concreción de un ecocidio.
Y expresamos que el ciclo del agua, frente a la simplificación desoladora de los ecosistemas, será fusilado, es que más allá de profundizar y profundizar más y más el cauce de los dos ríos, frente a las sequías en la cuenca y la disminución de los ríos voladores de Amazonia, cada vez habrá menos y menos agua. Por lo tanto, el absurdo es brutal.
Dependerá de los pueblos de Entre Ríos, de la Mesopotamia y el Litoral todo, de la capacidad de articulación de sus organizaciones de derechos humanos, sindicatos docentes, pequeños productores, trabajadores con sentido de vida y organizaciones ecologistas, el poner freno a este delirio.
Esta convocatoria a una sinergia multidimensional de movilización social organizada, es crucial, más aún frente al dictado del Decreto Nacional (DNU) Número 699 del 5 de agosto (4) que extingue el órgano de control de la vía de navegación troncal, demuele la integración y participación de los Estados Provinciales en el mismo y desintegra el comité federal de la Hidrovía.
El Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (Ecovina), fue el único organismo estatal que emitió un conjunto de posiciones donde se señalaba la necesidad de la concreción de una evaluación ambiental estratégica (EAE) y la conformación del Comité de Cuenca del río mas grande del País, previo a cualquier escenario de mayores intervenciones antrópicas en el cauce del río, como en su valle de inundación. Estos documentos de Ecovina obran en la causa judicial en trámite en el Juzgado Federal de San Nicolás, donde las organizaciones ambientales actoras, demandan se cumpla con estos dos escenarios normativos y de urgente concreción. No resulta sorprendente, entonces, la demolición de un órgano estatal de control que intento actuar de modo coherente con el sistema de derecho ambiental, federal y convencional vigente.
El federalismo constitucional, es reformado y destruido en el caso, en el marco y sobre las “bases” de fundamentos inconstitucionales que nos traen hasta aquí, ejecutando la lógica del descontrol -de lo que en el río pueda suceder en los conceptos más amplios que se puedan imaginar: salud pública, agua saludable, sobrevivencia de ecosistemas y sus reinos de vida, mayores intervenciones de artificialización del cauce y su ensanchamiento, en las mayores crisis hídricas conocidas, etc- y desaparición del Estado.
Relevante será, que en términos globales, la figura jurídica del Ecocidio se concrete, así estos decisores políticos, como los gobernadores silenciosos y cómplices por negligencia, decisión, incumplimiento del federalismo en el ejercicio y protección de la titularidad de los bienes naturales provinciales, posibiliten y aún auspicien que el Gobierno Nacional avance con estas decisiones y no intervenga frente a los derrocamientos del río hermano anunciados, como de las mayores profundizaciones en el Delta Argentino, sin estudios de impacto ambiental acumulativo y Evaluación Ambiental Estratégica.
En la reflexión del periodista de investigación Eliezer Budasoff, más vigente que nunca en “Los Dueños del Río” expone: “No existe, en definitiva, una discusión real sobre las posibilidades de desarrollo de la cuenca del Plata. Aquello que mueve a miles de personas a oponer resistencia a los procesos de privatización de los recursos en América Latina, es lo mismo que mueve al poder económico a implementar estrategias para su apropiación: la cuenca del Plata cuenta con la tercera parte de las reservas mundiales de bosques, recursos hídricos y energéticos, potencial piscícola, agrícola, pecuario y forestal, riquezas ecológicas y socioculturales únicas. Si el valor de los territorios y de sus características ambientales está plenamente considerado, en su conjunto, como recurso productivo para la explotación, es la vida misma de la región en el más amplio sentido, la degradación acelerada de las posibilidades de subsistencia para su población, la que no ingresa a los cálculos del capital económico y financiero. La expresión de los buscadores de capitales, que señala a los inversionistas el beneficio adicional de «recursos humanos económicos», es exacta en el caso de la hidrovía: la vida de los habitantes de América Latina es más barata para las corporaciones. La vida, aquí, vale menos para las pizarras.” (3)
Contrapropuestas de evolución positiva
Una multiplicidad de organizaciones sociales y ecologistas han presentado tres escenarios que se complementan e integran para salir de este círculo cerrado y autodestructivo.
La Alianza Sistema de Humedales Paraguay Paraná presento una Propuesta de Estrategia de Sustentabilidad del Sistema de Humedales de los ríos Paraguay Paraná durante el año 2010 a los puntos focales RAMSAR en cabeza de las áreas ambientales nacionales de los cinco países de la Cuenca. Se puede acceder a la misma en https://eraverde.com.ar/uve/assets/estrategia.pdf
Finalmente, durante más de una década, cientos de organizaciones de todo el país promovieron el proyecto de Ley de presupuestos mínimos ambientales de protección de los humedales de la Argentina. Ninguno de los partidos políticos mayoritarios de la Argentina, los acompañó, finalmente.
Ingresamos a un escenario que nos convoca a la revitalización más que activa de las organizaciones diversas que integraron y conforman hoy una rica experiencia de resistencia y creatividad.
Deseamos profundamente que la oposición democrática y también diversa, pueda obrar a la altura de estas más que graves circunstancias así comunicadas oficialmente, y frenar semejantes decisiones, ilegales e inconstitucionales.
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Autores: Equipos de humedales y río Paraná de la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) integrados por Gimena Viviani, Fabian Maggi, Lucas Micheloud, Romina Arguas, Enzo Culasso Orué, Rafael Colombo y Jorge Oscar Daneri.
🟢 Acompañamos con alegría el estreno del documental Por El Paraná: La Disputa por el Río, dirigido por Alejo di Risio (AAdeAA/CAJE) y Franco Gonzalez. El documental se encuentra en la plataforma cine.Ar.
Trailer
La película retrata una travesía a lo largo del Río Paraná en la cual se relatan las tensiones entre los proyectos exportadores globales y la mirada que comprende a la cuenca hídrica más importante de Sudamérica. En un contexto político en el cual el futuro del proyecto hidrovía es absolutamente incierto, el debate sobre la importancia del cuidado del río en un contexto de sequías agravadas por la crisis climática es fundamental para la sociedad argentina.
Desde hace años, el Paraná es testigo de un constante devenir marcado por la disputa entre cuidar sus bienes comunes y los intereses económicos que buscan explotarlos. Proyectos de dragado y profundización amenazan el paleocauce (lecho del río) su biodiversidad y la subsistencia de las comunidades que dependen de él. ¿Pero hay otros futuros posibles para el Río Paraná?
Mientras los titulares nacionales informaban sobre la coyuntura macropolítica alrededor de la gestión del río, un pequeño bote avanzaba por el río retratando sus vaivenes. Tan sólo dos semanas antes de su partida fue que los realizadores decidieron embarcarse en esta travesía que remonta el Paraná en busca de otras voces.
Por El Paraná: La Disputa Por El Río es un documental que invita al espectador a un viaje revelador a lo largo de la cuenca del Paraná, uno de los ríos más importantes de América del Sur. Dos apasionados documentalistas y amantes del río se embarcan en una travesía para capturar las diversas voces y perspectivas que rodean una de las cuencas más afectadas por la crisis climática en los últimos tiempos. Desde naturalistas y pescadores hasta investigadores y comunidades ribereñas, la película pinta un cuadro contundente sobre la relación con el río a través de las voces que dependen de él.
La película profundiza en las tensiones entre los proyectos alrededor de la gestión del Río Paraná (la mal llamada Hidrovía), el comercio internacional y las comunidades locales que buscan construir otras formas de vivir y vincularse con el río.
A medida que los documentalistas navegan por el río se encuentran con los desafíos y obstáculos de atravesar la cuenca durante la bajante más grande en la historia del Paraná, resaltando la urgencia de la salud ambiental y ecológica del río y sus sistemas de humedales. A través de entrevistas con expertos, activistas, economistas e isleros, la película desentraña la identidad cultural entrelazada a lo largo de la cuenca más grande de Argentina.
La Asociación Argentina de Abogadas/os Ambientalistas solicitó acceso a información pública ambiental con el objetivo de conocer el Memorándum de entendimiento con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos de América, impulsado desde la Administración General de Puertos del Estado nacional, información que trascendió a mediados de marzo de 2024 desde el área de comunicación oficial de la Presidencia.
Juan Bernasconi, en su carácter de subdirector de la Gerencia General de la Administración General de Puertos (AGP), respondió acompañando el siguiente texto oficial.
De esta manera tomamos conocimiento de que el acuerdo fue iniciado y firmado por la autoridad de la AGP durante la gestión del Presidente Alberto Fernández —pocos días antes de la finalización del mandato— y fue ratificado por el actual gobierno. El documento fue suscripto por Juan Carlos Mario Beni, Interventor de la AGP, dependiente directamente del ex ministro de Economía, Sergio Massa.
El representante del Cuerpo de Ingenieros Daniel H. Hibner, brigadier general del Comando del Ejército de los Estados Unidos de América —conforme obra en el documento oficialmente remitido— lo suscribió el 5 de enero de 2024.
En este, las partes se “comprometen al intercambio de información y cooperación sobre políticas diversas en todo lo relacionado a la gestión del río Paraná”, como a las cuencas argentinas en su conjunto, y se destacan los siguientes puntos acordados:
Cuestiones de políticas públicas hídricas.
Gestión de cuencas hidrográficas.
Políticas de control de inundaciones y gestión de recursos hídricos.
Preservación de ambientes fluviales, humedales y evaluación del hábitat.
Sedimentación y dragado.
Todo lo imaginable sobre la expansión de canales de navegación, puertos, su ampliación y profundizaciones. Los ingenieros, además, tienen la capacidad de “diseñar ecosistemas”, en función de adaptar, optimizar y rentabilizar para el capital, que es el objetivo supremo, interviniendo los ecosistemas originales que las artes de la naturaleza (o de los dioses…) supieron crear.
Se comprometen a establecer “la dirección estratégica” en la gestión política de las cuencas, ni más ni menos. Este punto es central en el modo lineal y extractivista de visualizar el río y la cuenca, simplificando y “emprolijando” la naturaleza, la complejidad y sinergias con tantos reinos de vida, diversidades todas.
Es importante destacar el punto 5, c, del Memorándum, en razón de que cualquier acuerdo destinado a ser ejecutado en las cuencas basado en un proyecto concreto o actividad deberá ser realizado por un convenio vinculante, puntual. Eso sí, en la cláusula 6 establece restricciones sobre la divulgación de informes, programas, etc.
Foto: Mauri Garin.
La Administración de Puertos como Jefatura de Gabinete
Es alarmante observar como la AGP se excede de manera alevosa en el ejercicio y abuso de facultades, competencias, que no le son propias. Así se invaden las de las áreas de mayor jerarquía ambiental del país, punto focal de convenciones internacionales directamente aplicables a la gestión de cuencas, en particular en el río Paraná (RAMSAR de protección de humedales, Adaptación al Cambio Climático). Se vulnera también el Acuerdo Regional de Escazú, por citar solo los más conocidos, además del Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos originarios, entre otros ministerios afectados.
En el Memorándum se ignoran tanto el Instituto Nacional del Agua (INA) y el ámbito de concertación de las políticas hídricas con las provincias (COHIFE), al que nos referimos seguidamente.
El federalismo de concertación, negado
Desde nuestra visión jurídica e institucional, el presente acuerdo no se encuentra vigente, debido a que las provincias involucradas —titulares de los bienes naturales (recursos) que las conforman— no lo han consensuado mediante un tratado inter-jurisdiccional.
Se debe tener presente que en las provincias existen legislaciones sobre el proceso de estudios de impacto ambiental que exigen la intervención previa en investigaciones, estudios, e incluso en la formulación de los términos de referencia (TdeR) de los mismos. Entre Ríos, aún más, presenta normas que determinan que no se pueden estudiar sus bienes naturales sin acuerdo de la provincia, sin previa intervención del Poder Legislativo. La Ley de Libertad de los Ríos (9092) puntualmente dispone:
“Art. 4. Todo estudio, evaluación, proyecto económico, social o ambiental sobre el desarrollo regional integrado y sostenible a ejecutarse en el territorio de la provincia, con incidencia en los ríos indicados en el artículo 1º y sus recursos naturales, es de atribución exclusiva de la provincia, en cuanto a su planificación y desarrollo.
Si para la ejecución de lo expresado en el párrafo anterior es necesaria la intervención de otros Estados provinciales y/o el Estado nacional, los convenios interjurisdiccionales a suscribirse se harán ad-referéndum del Poder Legislativo.
Los estudios e investigaciones, tanto del sector oficial como privado, que se realicen en relación a los recursos naturales comprendidos en el artículo 2, deberán ser comunicados a la comisión creada por el artículo 6º de la presente ley”.
En la misma inteligencia, un párrafo constitucional histórico (Entre Ríos) fue consolidado por un caso judicial concreto por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Majul, Julio Jesús c/ Municipalidad de Pueblo General Belgrano y otro s/Acción de Amparo Ambiental” el que dispone:
“La provincia concertará con las restantes jurisdicciones el uso y aprovechamiento de las cuencas hídricas comunes. Tendrá a su cargo la gestión y uso sustentable de las mismas, y de los sistemas de humedales, que se declaran libres de construcción de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo natural de sus ecosistemas asociados” (artículo 85, 6° párrafo, de la Constitución de Entre Ríos).
Lo expuesto aquí viene legitimado por la experiencia judicial, política y social llevada adelante en el caso de intento de construcción de la represa hidroeléctrica de Paraná Medio (1996-97), precisamente de la mano de ingenieros militares del mismo país asociados a mega empresas privadas diversas. La Justicia Federal de Entre Ríos destacó la relevancia del ejercicio del federalismo de concertación y su democracia ambiental, marcando la ausencia de acuerdos entre el Estado nacional y las provincias de la cuenca del Paraná, como ya lo había expresado el Defensor del Pueblo de la Nación, declarando inconstitucional el decreto de Carlos Menem que adjudicaba la construcción de la mega represa hidroeléctrica de manera directa.
Las historias se repiten, casi como sin grietas, visto los firmantes de un lado y del otro.
Las manifestaciones públicas de Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos de América, sobre los intereses de su país y de corporaciones en los bienes naturales del Cono Sur y la gestión del agua dulce, es claramente la visión estratégica que movilizan acuerdos de las características aquí consideradas.
La geopolítica de la alianza estratégica con China durante el gobierno presidido por Cristina Fernández y ratificada por Mauricio Macri, como ahora este Memorándum, ponen el acento en que, si desde las organizaciones de la sociedad civil no estamos atentos y alertas, el proceso de mega extractivismo voraz y desolador determinará finalmente la consolidación de nuestra región del Cono Sur como zona de sacrificio y expulsiones. Paraguay realizó un acuerdo casi calcado suscripto con el mismo cuerpo de ingenieros hace más de un año, aún no ratificado por su Poder Legislativo.
Foto: Mauri Garin.
Comité de cuenca para el ejercicio de la soberanía nacional
Este escenario político nos convoca a cerrar acuerdos mayores de confraternidad y solidaridad entre los sectores políticos y sociales, no solo en nuestro país, sino también en la cuenca toda.
La soberanía nacional, en sus dimensiones alimentaria, energética, de transporte público nacional, así como una transición agroecológica y de ordenamiento de los territorios y sus cuencas, se vienen entregando desde el menemismo a la fecha sin límites. Es un enorme desafío cívico de compromiso y convicciones desplegar, desde los sentires, gritos y esperanzas de la madre tierra, una inapelable e impecable resistencia y construcción constante de alternativas desde los territorios y sus organizaciones sociales y políticas diversas, democráticas, coherentes y con convicciones hacia transiciones democráticas y en paz de sociedades sustentables.
Diversos órganos de control criticaron y denunciaron todo el proceso de la denominada Hidrovía Paraná Paraguay, con decenas de observaciones de todo tipo, en particular, el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Troncal Navegable, conformado en la gestión nacional precedente, hoy casi inactivo.
Estos documentos y sus referencias, sino todos, obran en la causa judicial que llevamos adelante desde hace más de dos años frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Justicia Federal de San Nicolás, en el caso río Paraná, motivados por los incumplimientos de la legislación ambiental en el desarrollo del proyecto Hidrovía. Denunciamos y demandamos la realización de los estudios de impacto ambiental en pasos críticos concretos, respeto por la aplicación de las herramientas de la democracia ambiental, como la urgente realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), frente a la mayor crisis hídrica ambiental registrada.
Finalmente, hemos peticionado que sea la Justicia la que ordene la conformación del Comité de Cuenca del río Paraná. Diversas leyes y acuerdos federales así lo disponen, solo citamos dos:
La Ley del Régimen General del Agua, 25.688, en su artículo 4° dispone: “Créanse, para las cuencas interjurisdiccionales, los comités de cuencas hídricas con la misión de asesorar a la autoridad competente en materia de recursos hídricos y colaborar en la gestión ambientalmente sustentable de las cuencas hídricas”.
Los principios rectores de política hídrica de la República Argentina (2003), que fueron consensuados en el ámbito del Consejo Hídrico Federal (COHIFE) entre la nación y las provincias para convertirla en una política de Estado a largo plazo. Estas facultades han sido, como se expresa, gravemente vulneradas por la AGP, en cabeza de los funcionarios firmantes del Memorándum. Una navegación por estos es suficiente para ver la gravedad institucional del caso que nos ocupa.
El Régimen Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) que promueve el proyecto de ley Bases con media sanción en Diputados potenciaría de manera acumulativa los impactos de todo tipo sobre los ecosistemas y sus pueblos, violando las herramientas convencionales ya expuestas. Categóricamente el Presidente Javier Milei lo ha afirmado: el gobierno niega el cambio climático.
La Justicia tiene la palabra ante un Estado, ayer y hoy, violador sistemático del pacto federal originario de 1853, así como de la reforma constitucional de 1994, y también de las Constituciones provinciales todas, en la gestión de sus bienes naturales, bienes que conforman y constituyen el ser nación y Estado.
Este Memorándum intenta imponer ilegal y autoritariamente, modelos de gestión unitarios, parciales como lineales, que son precisamente los causantes de semejante crisis climática, ambiental, social y civilizatoria.
Sostenemos la necesidad imperiosa de la conformación del Comité de Cuenca del río Paraná en el tramo nacional. Rechazamos la mirada limitada y focalizada en una vía de circulación de mercaderías, que ahora, con este acuerdo imperial, nos aleja aún más de las necesarias concertaciones hacia una transición eco-social en el Cono Sur y Sudamérica toda, como lo están intentando, con esfuerzos políticos no menores, los Presidentes de Colombia y Brasil sobre “deforestación cero” en Amazonia, escenario clave para evitar la desertificación de la cuenca del Plata frente a la extinción en décadas de los ríos voladores que ella nos brinda como un misterio cuyo velo se va corriendo, dato inexistente en la política exterior argentina.
Quizás recibir una caricia del poema de Juan L. Ortiz, extraído de “Fui al río” (de El ángel inclinado, 1937), pueda conmover esta ceguera absurda y sentipensar de lo que se trata.
